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2015: Un año gris para defensores y defensoras de Derechos Humanos en Honduras

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La grave situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en Honduras no ha mejorado en los últimos años, reveló en su más reciente informe la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa).

Y es que la falta de investigación y la impunidad en la que permanece la mayoría de violaciones a los derechos humanos en un escenario en donde las personas dedicadas a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos es precaria y deben retar diariamente.
Aparentemente la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia aprobada en abril del 2015 es un paso importante, pero “no garantiza el ejercicio seguro de la labor de estos grupos, ya que se requiere una enorme voluntad política”, indicaron.
El informe establece que las y los defensores de derechos humanos son personas que individual o colectivamente trabajan para promover y defender los derechos humanos que se establecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las distintas normas de derechos humanos dentro del marco legal del país.
Contexto
Dentro del escenario violencia extrema que viven las y los hondureños debido a la inseguridad ciudadana y a la ineficaz respuesta de militarización del actual gobierno, Honduras es considerada el país no en guerra más violento y peligroso del mundo, detalla el documento.
Algunos factores son la posición geográfica que hace que el territorio sea utilizado por el crimen internacional, la pobreza y la miseria generada por un sistema inequitativo y excluyente que ha obligado a algunos sectores a participar en actividades vinculadas a la narcoactividad, sicariato, extorsiones, crimen organizado de políticos, altos mandos policiales, la indefensión remarcada por la corrupción e impunidad en que está envuelto el Ministerio Publico y el Poder Judicial.
Mujeres
Históricamente las mujeres han lidiado con la exclusión y la discriminación pero en los últimos años en el país sus derechos atraviesan por una precariedad, sumado a lo anterior la violencia familiar, la violencia sexual, la estigmatización y otras formas de violencias de género. Lo que ha llevado a calificar como una epidemia la muerte violenta de mujeres por razones de género y en abril del 2013 se tipifico en el Código Penal en la figura del Femicidio.
En este sentido, el 95% de los femicidios se encuentran en total impunidad, solo en el 2014 se produjeron 531 muertes violentas de mujeres, esto es 12 asesinatos por cada 100 mil mujeres.
Según Migdonia Ayestas del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras “al menos una mujer pierde la vida violentamente cada 18 horas”. Las medidas tomadas por el gobierno al bajarle el rango ministerial al Instituto de la Mujer INAM a una simple dirección y la negación de aprobar el protocolo Facultativo de la CEDAW.
Otro factor de vulnerabilidad es la criminalización de las defensoras de derechos humanos es una práctica continuada como en los casos de Gladys Lanza (Comité de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”)  y Bertha Cáceres (COPINH).
Por la defensa del ambiente más de mil mujeres enfrentan procesos judiciales pendientes y 800 tienen medidas cautelares; la defensora del CONADEH de la regional sur sufrió persecución y hostigamiento por darle seguimiento al asesinato de Héctor Orlando Martínez Mortiño (presidente SITRAUNAH seccional 6); Aurora Pineda madre del universitario asesinado junto al hijo de la rectora de la UNAH denunció que sufre constantemente intervenciones electrónicas en sus cuentas de correo, redes sociales, espionaje telefónico y que apareció un cadáver con señales de ejecución frente a su vivienda.
La criminalización de Irma Lemus y Martha Ligia Arnold Dubond subcoordinadora  y coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA), y Ada Zenaida López de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA), entre otros son parte de los casos documentados.
Niñas, Niños y Jóvenes
Los derechos humanos de la niñez y juventud se siguen violentando a pesar de las múltiples recomendaciones al Estado de Honduras y a la suscripción a la Declaración de los Derechos del Niño y en el derecho interno enmarcado en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Según el monitoreo de medios de comunicación en el transcurso del gobierno de “JOH” se han registrado 1,631 muertes violentas y ejecuciones arbitrarias de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años. El INE registro 2,850 niños trabajando en minas y canteras; desde el 2010 al 2014 han sido asesinados 972 estudiantes.
La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indico que entre el 2009 al 31 octubre del 2014 fueron detenidos 31,206 hondureñitos no acompañados.
Cuatro niños con medidas sustitutivas en el departamento de La Paz con edades de 11, 13, 14 y 16, cada viernes acuden a firmar al Palacio Judicial de ese lugar; “nos tuvieron unas horas en el patio mirando al sol” es lo que recordaran el resto de sus vidas.
Los niños mineros de la comunidad de El Pedernal presentan picazón, afecciones cutáneas, problemas de piel y calvicie, son algunas de las secuelas que dejo en las comunidades del Valle de Siria la minera “Entre Mares”.
Medios de comunicación también informaron que los niños mineros torturados por miembros de las Fuerzas Armadas en la Zona de San Juan de Arriba, El Corpus, Choluteca; los pequeños relataron que fueron maniatados de las extremidades, les cubrieron la cabeza con una capucha, forzándoles a tomar agua para ahogarse.
Diversidad sexual
Uno de los colectivos sociales más vulnerables son las y los miembros de la comunidad LGTBI, por épocas han sido víctimas de hostigamiento, estigmatización, acoso y exclusión en diferentes espacios como la familia, iglesias, centros educativos, asistenciales, laborales, de recreación, entre otros.
Arely Victoria Gómez defensora de derechos humanos de la comunidad de Diversidad Sexual es una de las víctimas de agresión por parte de entes de seguridad del Estado relato que uno le dijo “Vos sos el que pasa hablando por los medios de comunicación defendiendo a los culeros”, ha sido objeto de persecución y hostigamiento.
Angie Ferreira Midence joven trans de la Asociación Arcoíris asesinado con impactos de arma de fuego; Juan Carlos Cruz promotor de los derechos de la comunidad y comunicador social asesinado con arma blanca en el interior de su vivienda; Esdra Yaveth Sosa coordinadora de la asociación fue víctima de hostigamiento, vigilancia y amenazas; Marco Aurelio López director de la Asociación Manos Amigas (AMAS) fue secuestrado en una patrulla de la Policía Militar quienes lo agredieron físicamente y violado por los agentes de moteado. Desde el golpe de Estado del 2009 han sido asesinados y asesinadas entre 100 y 150 hombres y mujeres LGTBI (Lesbianas, Gay, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales).
Campesinos
Los logros de la Reforma Agraria de los 70’s fueron vilmente borrados por el gobierno de Rafael Leonardo Callejas cuando con la ayuda de Miguen Facusse aprobaron la “Ley de Modernización Agrícola”, la que permitió a los viejos y nuevos terratenientes el acaparamiento de las tierras del sector reformado y nuevas cuentas.
Desde ese tiempo la “tierra nostra hondureña” se ha ido tragando la sangre de campesinos y campesinas por la defensa de su tierra, en la mañana del 15 de noviembre del 2010 la masacre de cinco campesinos en la finca “El Tumbador” por guardias de Facussé; el desalojo violento de más de 300 familias en las comunidades de Boquita y Morales de Aldea Quebrada Seca; el brutal desalojo en la Empresa “Juan Almendarez Bonilla” que dejo hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes y personas de la tercera edad lesionados; el asesinato de Eliseo Rodríguez del Movimiento Campesino de Recuperación del Aguan (MOCRA); el secuestro del joven campesino Cristian Alberto Martínez Pérez de la Empresa Asociativa “Gregorio Chávez”, encontrado en la finca de Paso del Aguan amarrado con un pañuelo negro en los ojos y tape en la boca; Juan López Miranda asesinado por dos sicarios que le dispararon desde una motocicleta.
Santos Marcelo Torres Ruiz víctima de detención ilegal en Tocoa acusado por daños, incendio y hurto agravado.
Mientras sembraba su parcela de tierra en el sector de Planon, Villa Nueva, Cortes, tres hombres se acercaron sigilosamente y le quitaron la vida a Margarita Murillo lideresa campesina; mientras José Isabel Morales conocido como “chabelo” se encontraba tras las rejas.
Defensores de derechos laborales
También han perecido sindicalistas en la arremetida contra defensoras y defensores de derechos humanos.
Donatilo Jiménez Euceda dedico 22 años de su vida a la promoción y defensa de los derechos de la clase trabajadora en el Sindicato seccional 6 del SITRAUNAH, fue secuestrado el 08 de abril de 2015, a pesar de la valiente insistencia de su hermana por esclarecer el paradero de su familiar, las autoridades no dan respuestas. Héctor Martínez Motiño del SITRAUNAH  fue asesinado el día que cumplió 19 años de trabajar para la máxima casa de estudios; Elizabeth Zúniga comunicadora, docente, también miembra del SITRAUNAH de la seccional 6 del CURL, ha sido víctima de difamación, audiencias de descargo, despido injustificado, acoso y amenazas.
Acusado de dar información a medios de comunicación por un lote de medicamentos enterrados en los predios de la región sanitaria N. 7 José Armando Flores sindicalista del  Sindicato de Trabajadores de la Salud en el Oriente de Honduras (SITRASOAH). Tomas Membreño Pérez fue víctima de amenazas a muerte, hostigamiento, Nelson Geovanny Núñez Chávez sufrió intimidación, vigilancia y seguimiento en el marco de un proceso de organización de trabajadores y trabajadoras de la agroindustria en la zona norte (Azucarera AZUNOSA) ambos del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS).
Isela Juárez Jiménez presidenta del Sindicato de Trabajadores de Servicios Municipales, Comunales y Afines (SITRASEMCA) víctima de vigilancia por parte de una patrulla policial, sufrió un atentado automovilístico, amenazas a muerte; y Heber Rolando Flores del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA) víctima de detención ilegal, acusado por el Ministerio Publico por manifestación ilícita, lesiones, sedición y alterar el orden público.
Ambientalistas e indígenas
Honduras se convirtió en el país más riesgoso para los defensores del medio ambiente a nivel mundial, ya que la oleada de concesiones de los ríos, mineras, forestales y la aprobación de la Zonas Especiales de Desarrollo Económicas (ZEDES), se debe a que los dos gobiernos de facto han visto como ingreso económico el concesionamiento de los territorios y recursos naturales.
Las y los defensores han sido víctimas de detenciones arbitrarias, procesos judiciales, hostigamiento, persecución, vigilancia, amenazas a muerte, torturas, agresión policial y militar, y asesinatos.
De esto han sido víctimas Calixto Vásquez, Luis de los Reyes Marcia, Moisés Duron Sánchez, Erasio Vieda Ponce, Los Tolupanes, Maicol Ariel Rodríguez, miembros del grupo indígena San Isidro Labrador las niñas (Selenia Vásquez, Roxana Vásquez), niño (José Alejandro López), Mujeres (María Felicita López, Ana Mirian Romero). Así Juan Francisco Martínez, Silvestre Manueles Gómez.

http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/2015-un-a%C3%B1o-gris-para-defensores-y-defensoras-de-derechos

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Hostigamiento contra periodista y Catedrática en el CURLP por denunciar sabotaje a su vehículo

Wednesday, 02 September 2015 04:04 Written by  Published in Contexto Read 101 times

Elizabeth Zúniga, periodista y catedrática del Centro Regional del Litoral Pacífico, CURLP, fue llamada a una audiencia de descargo en la Oficina de Recursos Humanos de ese centro, este día 01 de septiembre  por haber denunciado el 17 de agosto de este año que a su vehículo le aflojaron las tuercas para que pareciera un accidente.

Ella denunció el grave hecho  ante la Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI-PARTICIPA, donde les explicó que tres tuercas de su vehículo fueron aflojadas intencionalmente, después de que su auto permaneciera todo el día estacionado en el parqueo de su centro de trabajo, el CURLP.

“..temo por mi vida considerando tan delicado antecedente por lo que quiero dejar constancia del mismo ante ustedes..”, señaló la denunciante quien argumentó que esta situación le mantiene en vilo porque “a dos meses del vil asesinato de nuestro compañero y amigo,  presidente del sindicato del CURLP-UNAH y defensor de Derechos Humanos y Laborales Héctor Martínez Motiño, su crimen está en la más completa impunidad, y los hechos que lo antecedieron se vuelven a repetir en otros docentes del CURL y como no se castigó al responsable no tendría sentido acudir a las autoridades correspondientes mucho menos a las universitarias”, decía la denuncia enviada a ACI-PARTICIPA.

Una ruta hacia criminalización e intimidación

En vez de iniciar una investigación pronta de los hechos para evitar daños irreparables contra la vida de Zúniga, las autoridades de ese centro la llamaron hoy 01 de septiembre y le tenían un listado de preguntas, para que relatara los hechos y se centraron en que ella dijera por qué denunciaba hostigamiento. Era una especie de intimidación combinada con la misma estrategia de criminalización ya utilizada en la UNAH central.

En la audiencia de descargo participó ella sola, mientras que del CURLP estaban Vilma Lily Salinas Motiño, Jefa Regional de Recursos Humanos y el abogado Horacio Baquedano, Asistente Legal, del CURLP, por lo que a distancia se nota una flagrante violación al Debido Proceso pues Zúniga debía llegar con un apoderado legal a la audiencia.

La denuncia ya traspasó las fronteras y la organización Front Line Defenders con sede en Irlanda, emitió una alerta urgente titulada “Honduras – Intimidación y amenazas en contra de la defensora de derechos humanos Elizabeth Zúñiga”, donde señalaba que esa institución  “..está extremadamente preocupado por la seguridad de Elizabeth Zúñiga, dado que es probable que esté siendo vigilada y está siendo sometida a un patrón de intimidación similar al que precedió el asesinato de un defensor de derechos humanos”.

Este es el texto íntegro de la acción urgente emitida:

El 17 de agosto de 2015 la periodista y defensora de derechos humanos Elizabeth Zúñiga denunció públicamente sabotaje a su vehículo, un acto que posiblemente tenía fin de matarla.

Elizabeth Zúñiga es una periodista quien había trabajado en colaboración con el defensor de derechos humanos, Héctor Orlando Martínez Motiño, quien fue asesinado el 17 de junio del 2015. Héctor Orlando Martínez Motiño fue presidente de la sección 6 del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras – SITRAUNAH. Juntos estaban trabajando 34 casos de violaciones de derechos humanos, inclusive algunos relacionados al personel de la universidad, siendo Elizabeth Zúñiga ahora la única persona con información en dichos casos.

El 12 de agosto de 2015, Elizabeth Zúñiga se dio cuenta que su vehículo estaba emitiendo ruidos extraños después de haberlo recogido del estacionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, lo cual cuenta con vigilancia privada. Grabó los ruidos pero seguía usando el automóvil durante los tres días siguientes. El 15 de agosto de 2015, la defensora de derechos humanos llevó el automóvil a ser revisado por un mecánico. Tras inspeccionar su vehículo, el mecánico le informó que tenía tres tuercas de la llanta delantera izquierda flojas, hecho que fácilmente pudiera haber provocado un accidente grave. Durante el mismo periodo, la madre de Elizabeth Zúñiga también recibió una llamada en la cual le dieron “Digale a su hija que se calle ya, sino se le dará en lo que más le duele”.

Este incidente es sumamente preocupante, dado que el vehículo de Héctor Orlando Martínez Motiño sufrió sabotaje del mismo estilo algunos meses antes de que fuera asesinado. Front Line Defenders publicó una acción urgente en cuanto a la intimidación hacía la abogada trabajando en su caso, Reina Lilian Rodríguez. Desde el asesinato de Héctor Orlando Martínez Motiño, no han habido avances en el caso, hecho que crea un clima de impunidad que facilita este tipo de intimidación y acoso hacía defensores de derechos humanos.

Front Line Defenders está extremadamente preocupado por la seguridad de Elizabeth Zúñiga, dado que es probable que esté siendo vigilada y está siendo sometida a un patrón de intimidación similar al que precedió el asesinato de un defensor de derechos humanos.

Front Line Defenders insta a las autoridades hondureñas a que:

Tomen todas las medidas necesarias para garantizar en todo momento la integridad física y psicológica de Elizabeth Zúñiga;

Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de Héctor Orlando Martínez Motiño, con el fin de identificar a los responsables, con el fin de llevarlos a la justicia conforme con los estándares internacionales;

Tomen todas las medidas necesarias para garantizar en todo momento la integridad física y psicológica de Reina Lilian Rodríguez;

Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, en el desarrollo de sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.

Estas es parte de la audiencia realizada en las instalaciones del CURLP este 01 de septiembre del año en curso:

Acá señala la fecha de la audiencia:

encabezado acta integra elizabeth

 

Algunas de las preguntas dirigidas  y al final no se comprometen a protegerla tal como debería de ser:

texto importante acta

Firmas de quienes estuvieron en la audiencia:

firmas curlp

 

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Pretendían ocasionar accidente a catedrática de periodismo de CURLP-UNAH

Alerta 141-15 | Honduras, 19 de agosto de 2015

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Uno de los mecanismos de agresión contra defensores de derechos humanos y líderes sociales en Honduras es aflojar las tuercas a las llantas de sus vehículos, esta vez este modo de operar tuvo como escenario el Centro Universitario del Litoral Pacífico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (CURLP-UNAH).

La periodista y catedrática del CURLP-UNAH, Elizabeth Zúniga, envió una denuncia a ocho instituciones, estatales y no gubernamentales, para alertar el riesgo que corre puesto que unos días antes de ser asesinado, el presidente del Sindicato de CURLP-UNAH, Héctor Martínez Motiño, sufrió una situación similar.

“Con profundo respeto y una gran esperanza acudo nuevamente ante ustedes para informarles de un hecho que me ha dejado muy preocupada y con mucho temor aunque no sorprendida en virtud de que a dos meses del vil asesinato de nuestro compañero y amigo, presidente del sindicato del CURLP-UNAH y defensor de Derechos Humanos y Laborales Héctor Martínez Motiño, su crimen está en la más completa impunidad, y los hechos que lo antecedieron se vuelven a repetir en otros docentes del CURLP y como no se castigó al responsable no tendría sentido acudir a las autoridades correspondientes mucho menos a las universitarias”, dice la denunciada de Zúniga, publicada por la organización no estatal, ACI-Participa.

“Sucede que el día miércoles 12 de Agosto del año en curso al terminar como de costumbre mi jornada laboral, después de marcar mi salida como todos los días, nos subimos a mi vehículo dos compañeras y yo para trasladarnos a nuestras viviendas y cuando inició a circular el automóvil empezó a emitir un sonido completamente extraño ajeno al mismo, tanto que me llamo la atención porque era muy ruidoso, de hecho tome mi grabadora para capturar ese ruido mientras rodaba para que lo escuchara mi esposo”.

“Pese a las condiciones del vehículo lo use el resto de la semana (Jueves 13 y viernes 14) para ir a trabajar a la Universidad, ya que es imposible que nos den un permiso y faltar a mis labores, debido al hostigamiento laboral que padece el personal docente y de servicio en esta institución. Este vehículo es el que uso para ir al CURLP y pasa casi todo el día estacionado en el parqueo del centro que por cierto ahora cuenta con vigilancia privada y es precisamente cuando están pasando estos hechos”.

“Para el viernes 14 cuando salíamos de nuestras labores diarias en el CURLP, le comenté a mi compañera Hilda lo extraño que me parecía ese ruido que se escuchaba más intenso y la forma rara con que se balanceaba el carro y le dije que lo llevaría al mecánico al día siguiente. Efectivamente el carro fue revisado el sábado 15 por el mecánico Walter Castillo, persona de mucho conocimiento en su trabajo y de gran credibilidad en su oficio, revisó el carro y reportó que el mismo tenía tres (3) tuercas de la llanta delantera izquierda flojas por lo que debíamos tener mucho cuidado, ya que ello podría provocar un accidente fatal para mí y mis acompañantes”, denunció la periodista.

“Cabe destacar que es la tercera vez que pasa esta situación en el CURLP, la primera ocasión sucedió el año pasado contra el licenciado Héctor Motiño ahora asesinado, evento del cual ustedes conocen en detalle, así como la DGIC y la fiscalía de Choluteca, el CONADEH y los medios de comunicación porque mi compañero lo denunció oportunamente. El segundo vehículo que resultó afectado es el de un compañero de la jornada de la noche (quien no denuncia por temor) y ahora en la misma semana aparece mi carro”.

El 6 de octubre de 2012, C-Libre emitió otra alerta a favor de Zúniga, titulada, “Orden de captura obliga a periodista a permanecer oculta durante tres días”, porque debido a una orden de captura, emitida por el Tribunal de Sentencia de la zona sur del país, el día martes 2 de octubre, la periodista Elizabeth Zuniga, directora del programa radial “Hechos y Noticias”, se vio en la necesidad de permanecer oculta porque desde 2007, el entonces regidor de la Corporación Municipal de Choluteca, Doctor Luis Alonzo Narvaez, había interpuesto una querella en su contra por comentarios emitidos a través de su programa radial “Hechos y Noticias”.

Fuente: http://www.clibrehonduras.com/alerta/pretend%C3%ADan-ocasionar-accidente-catedr%C3%A1tica-de-periodismo-de-curlp-unah

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Más estudiantes criminalizados en el CURLP-UNAH

Alerta 142-15| Honduras, 19 de agosto de 2015

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). La Fiscalía ha criminalizado a tres estudiantes más del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (CURLP-UNAH).

Los estudiantes criminalizados son Henry Orlando Rodríguez, Josué Nahúm Gutiérrez y Ana Jackelin O’Hara, por los supuestos delitos de usurpación y detentación, informó ACI Participa.

Es decir, que según las autoridades al realizar la toma de edificios en protesta querían apropiarse de las instalaciones de la UNAH.

Por haber participado en la misma protesta, el Juzgado Primero de Letras Departamental de Choluteca decretó sobreseimiento definitivo el 14 de agosto pasado a favor de los estudiantes, Juan Carlos Amador, Norberto Cardona y Tatiana Hernández Quintana.

El CURLP-UNAH atraviesa una situación de inseguridad desde el asesinato contra el presidente del Sindicato de Trabajadores (SITRAUNAH-CURLP), Héctor Martínez Motiño, y los empleados de esta institución han denunciado hostigamiento laboral, hostigamiento judicial mediante querellas y atentados en contra de su integridad física.

Fuente: http://www.clibrehonduras.com/alerta/m%C3%A1s-estudiantes-criminalizados-en-el-curlp-unah

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Periodista y Catedrática de la UNAH-CURLP denuncia sabotaje a su vehículo en Choluteca

Wednesday, 19 August 2015 03:55 Written by  Published in Denuncia Read 12 times

 Elizabeth Zúniga, periodista y Catedrática del Centro Regional del Litoral Pacífico, CURLP, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, denunció ante la Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI-PARTICIPA, que tres tuercas de su vehículo fueron aflojadas intencionalmente, después de que su auto permaneciera todo el día estacionado en el parqueo de su centro de trabajo, hecho ocurrido el 12 de agosto recién pasado.

Este es el tercer sabotaje ocurrido en el CURLP, el primero le ocurrió al sindicalista y defensor de derechos humanos, Héctor Motiño, asesinado en junio anterior y cuyo crimen está en la impunidad; el otro le pasó a un catedrático de ese mismo centro que por temor no quiere denunciar, y el tercero es el que refiere Zúniga.

En una denuncia urgente enviada este lunes 17 de agosto a ACI-PARTICIPA, la catedrática y periodista expresó “…el día miércoles 12 de Agosto del año en curso  al terminar como de costumbre mi jornada laboral, después de marcar mi salida como todos los días, nos subimos a mi vehículo dos compañeras y yo para trasladarnos a nuestras viviendas y cuando inició a circular el automóvil  empezó a emitir un sonido completamente extraño ajeno al mismo, tanto que me llamo la atención porque era muy ruidoso…”

Este  vehículo es el que uso para ir al CURLP  y pasa casi todo el día estacionado en el parqueo del centro que por cierto ahora cuenta con vigilancia privada y es precisamente cuando están pasando estos hechos, agregó.

Zúniga se sintió muy preocupada por el ruido que se escuchaba más intenso y el carro se balanceaba de forma rara, por lo que llevó el auto a un mecánico el 15 de agosto. El mecánico después de revisarlo le reportó  que el mismo tenía tres tuercas de la llanta delantera izquierda  flojas, “ por lo que debíamos tener mucho cuidado, ya que ello podría provocar un accidente fatal para mí y mis acompañantes”.

“..temo por mi vida considerando tan delicado antecedente por lo que quiero dejar constancia del mismo ante ustedes..”, señaló la denunciante quien argumentó que esta situación le mantiene en vilo porque “a dos meses del vil asesinato de nuestro compañero y amigo,  presidente del sindicato del CURLP-UNAH y defensor de Derechos Humanos y Laborales Héctor Martínez Motiño, su crimen está en la más completa impunidad, y los hechos que lo antecedieron se vuelven a repetir en otros docentes del CURL y como no se castigó al responsable no tendría sentido acudir a las autoridades correspondientes mucho menos a las universitarias”.

Acciones paramilitares contra quienes apoyan a los estudiantes o fueron amigos de Martínez

Es importante señalar que catedráticos y estudiantes son víctimas a diario de acciones paramilitares que ponen en riesgo su vida.

Una estudiante relató a pasosdeanimalgrande.com que dentro del centro hay hombres vestidos de civil que se mezclan entre los estudiantes pero que el objetivo es escuchar las conversaciones y los planes desde el movimiento estudiantil para defender sus derechos, “a mí me chequean el vehículo y cada uno de mis movimientos, por lo que tengo que estar muy atenta que no me vayan a hacer daño, pues son guardias de seguridad los responsables y seguro ellos tienen instrucciones”.

La semana pasada Roger Aguilar, jefe de seguridad de la UNAH, llegó al CURLP en momentos en que se realizaba una acción de apoyo a tres estudiantes criminalizados, insultó a los jóvenes y les amenazó.

Este tipo de actos tienen similitud con las que se realizan en Colombia donde el Estado recurrió y recurre a un modelo de represión parainstitucional para realizar acciones criminales y  operaciones encubiertas para combatir movimientos políticos de oposición, sociales y alternativos de base.

En el caso de la UNAH ya son varios los actos reiterativos entre ellos los sabotajes, atentados , en este caso contra Martínez Motiño, antes de su crimen; amenazas a muerte, vigilancia y seguimiento como en el caso de Cesario Padilla, quien es defensor de derechos humanos, líder estudiantil y miembro del Centro Pen Honduras. Hombres armados le vigilan sus movimientos, por lo que se solicitó protección ante el CONADEH y Pen internacional emitió una serie de alertas mundiales para demandar que se le proteja.

Fuente: http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/denuncias/item/960-periodista-y-catedratica-de-la-unah-curlp-denuncia-sabotaje-a-su-vehiculo-en-choluteca

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Nuevos incidentes ponen en peligro a una docente del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico

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Tegucigalpa.

Nuevos incidentes en contra de una docente del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP) evidencian el grado de vulnerabilidad a que están expuestos los trabajadores y trabajadoras de la máxima casa de estudios del país en la zona sur.

En testimonio brindado a la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACi-Participa), la periodista y docente universitaria Elizabeth Zúniga narró que el jueves 12 de agosto de este año, luego de salir de su jornada de trabajo, escuchó ruidos extraños al conducir su vehículo.

Tres días más tarde y tras persistir el ruido en el sistema mecánico del carro decidió llevarlo a un taller, en el cual el mecánico que la atendió le informó que el vehículo tenía tres (3) tuercas de la llanta delantera izquierda flojas “por lo que debíamos tener mucho cuidado, ya que ello podría provocar un accidente fatal para mí y mis acompañantes”.

Zúniga aseguró que estos mismos hechos le acontecieron al presidente del sindicato del CURLP-UNAH, docente y defensor de los derechos humanos Héctor Martínez Motiño, asesinado por sicarios el 17 de junio de 2015 en la ciudad de Choluteca.

En julio de 2014, Martínez Motiño  denunció que desconocidos le habían extraído 5 tuercas de una de las llantas traseras de su vehículo que estaba estacionado en el parqueo del  Centro Universitario Regional de Choluteca.

Martínez Motiño denunció  que era la tercera vez que le sucedían situaciones de ese tipo que atentaban contra su vida y que con ello buscaban intimidarle y acosarle por las denuncias de violaciones a derechos humanos, económicos y laborales cometidas al interior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Su última denuncia fue en el mes de marzo de 2015, cuando acudió a las oficinas del Ministerio Público (MP) para denunciar “abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos, coacciones, amenazas, acoso, persecución, usurpación de funciones y atentados contra mi vida” de las que responsabilizó a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Martínez Motiño gozaba de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las constantes denuncias de persecución y amenazas en su contra.

Sobre este caso la periodista y docente universitaria Elizabeth Zúniga expresó que “del vil asesinato de nuestro compañero y amigo, presidente del sindicato del CURLP-UNAH y defensor de derechos humanos, Héctor Martínez Motiño, su crimen está en la más completa impunidad, y los hechos que lo antecedieron se vuelven a repetir en otros docentes del CURL y como no se castigó al responsable no tendría sentido acudir a las autoridades correspondientes mucho menos a las universitarias”.

En otro caso relacionado a docentes y trabajadores y trabajadoras de la UNAH, el 8 de abril de este año, y tras recibir amenazas a muerte, desapareció de los predios del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), el ex presidente del Sindicato de Trabajadores seccional de aquella ciudad, Donatilo Jiménez Euceda.
El caso de Jiménez Euceda se ventila en la Unidad de Delitos Contra la Vida del Ministerio Público en Tegucigalpa. Hasta el momento no se conocen avances de las investigaciones.

El pasado 4 de agosto las autoridades del Ministerio Público (MP) y de Medicina Forense practicaron la exhumación de un cadáver  en un lugar localizado entre Bonito Oriental, en el departamento de Colón y de San Esteban, departamento Olancho. Se presume que los restos podrían pertenecer al líder sindical, sin embargo se está a la espera de los análisis forenses.

Finalmente Zúniga declaró en su testimonio que “cabe destacar que es la tercera vez que pasa esta situación en el CURLP, la primera ocasión sucedió el año pasado contra el licenciado Héctor Motiño ahora muerto, evento del cual ustedes conocen en detalle, así como la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) y la Fiscalía de Choluteca, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos CONADEH y los medios de comunicación porque mi compañero lo denunció oportunamente. El segundo vehículo que resultó afectado es el de un compañero de la jornada de la noche (quien no denuncia por temor) y ahora en la misma semana aparece mi carro.

“Soy madre de tres hijos menores e igualmente responsable de mi mamá por lo que temo por mi vida considerando tan delicado antecedente por lo que quiero dejar constancia del mismo ante ustedes”, puntualizó Elizabeth Zúniga, periodista y catedrática universitaria.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3676:nuevos-incidentes-ponen-en-peligro-a-una-docente-del-centro-universitario-regional-del-litoral-pacifico&catid=54:den&Itemid=171

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Amenazan a sindicalista de la salud en la misma ciudad donde asesinaron a periodista

Alerta 133-15| Honduras, 5 de agosto de 2015

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). La Asociación Para Una Ciudadanía Participativa (Aci Participa) y la Red de Sindicalistas contra la Violencia Antisindical denunciaron amenazas a muerte contra el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud en el Oriente de Honduras, José Armando Flores. Las amenazas habrían ocurrido después que la denuncia del sindicalista se convirtiera en noticia.

Esta amenaza a muerte ocurre 20 meses después del asesinato del periodista Juan Carlos Argeñal que fue liquidado en su casa, situada en una colonia del municipio de Danlí.

Su muerte coincidió con una serie de denuncias por supuestas irregularidades en el hospital del oriente Gabriela Alvarado.

El presidente del sindicato fue víctima de amenazas de muerte a raíz del descubrimiento de un lote de medicamentos enterrados en los predios de la Región Sanitaria nº7.

“Producto de este descubrimiento publicado por un diario de circulación nacional, el Ministerio Público inició un proceso de investigación a fin de determinar los responsables de tal delito; a raíz de esta situación, los funcionarios de la Región Sanitaria nº7 del departamento de El Paraíso, que han sido señalados como responsables de este hecho, culpan al Sindicalista de ser quien habría brindado la información al medio de comunicación”.

“En este contexto, el viernes 24 de julio, el señor Edwin Castillo (motorista de la Región Sanitaria y asignado como conductor privado a la señora Directora Departamental de Salud) acompañado del señor Conrado Álvarez (Jefe de Personal de la Región Sanitaria) le advirtieron al compañero José Armando Flores que estas personas manifestaron que los iban a mandar a matar (haciendo referencia a Edwin Castillo y a José Armando Flores) y que para ello habrían contactado a un sicario llamado Jaime, el cual reside en la Colonia Nueva Esperanza, en la ciudad de Danlí, El Paraíso”, cita la denuncia de ACI-Participa.

“Todos los detalles de esta denuncia se encuentran ya en el Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía Local de Danlí, el Paraíso, en la denuncia nº 194-2015, hecha por el señor José Armando Flores”. En la denuncia, se hace un llamado público a la Fiscalía de Derechos Humanos, Policía Nacional, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Subsecretaría de Derechos Humanos y demás Instituciones del Estado a quienes ponemos en copia, a tomar las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad física de Flores.

 

Para pedir protección a la vida de Flores usted puede escribir a:

Abogada Soraya Morales

Fiscal Especial de Derechos Humanos Email: sorymrz@yahoo.com

 

Abogado Oscar Fernando Chinchilla

Fiscal General de la República

fg@ministeriopublico.gob.hn

 

Doctor Roberto Herrera Cáceres

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Email: central@conadeh.hn

CONADEH-El Paraíso Email: elparaiso@conadeh.hn

 

Abogada Karla Cuevas

Subsecretaría de Derechos Humanos Email: ygudiel@yahoo.com

Fuente: http://www.clibrehonduras.com/alerta/amenazan-sindicalista-de-la-salud-en-la-misma-ciudad-donde-asesinaron-periodista

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ACCIONES DE ESTIGMATIZACIÓN, HOSTIGAMIENTO, PERSECUCIÓN Y CRIMINALIZACIÓN CONTRA ESTUDIANTES Y TRABAJADORES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, UNAH.

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La Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI PARTICIPA, manifiesta su preocupación ante el contexto de estigmatización, hostigamiento, persecución y criminalización en contra de miembros de la Comunidad Universitaria de la UNAH.

En los últimos meses se han dado graves violaciones a los derechos humanos al interior de la máxima casa de estudios, situación que ha generado un ambiente de zozobra e inestabilidad en la comunidad universitaria a nivel nacional.

Violaciones de Derechos Humanos contra miembros del SITRAUNAH.

El pasado 8 de abril de 2015, fue secuestrado el ex presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), seccional número 3, señor Donatilo Jiménez, mientras éste desarrollaba sus actividades laborales al interior del Centro Universitario del Litoral Atlántico – CURLA, hasta el día de hoy se desconoce su paradero y se encuentra en calidad de Desaparecido.

La noche del 17 de junio, mientras se conducía de su trabajo a su vivienda, fue asesinado el licenciado Héctor Martínez Motiño, Presidente de la seccional número 6 del SITRAUNAH, del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, CURLP. Martínez Motiño gozaba de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

En virtud de tales medidas, el señor Martínez Motíño tenía asignada una escolta policial a la que las autoridades del CURLP le prohibieron su ingreso, la que además, el día de su asesinato no se presentó para darle protección. Previamente en 2014 había sufrido un atentado dentro de las instalaciones del Centro Universitario y había sido sometido a más de un centenar de audiencias de descargo, en una evidente actitud de persecución y acoso laboral.

Persecución y criminalización de la protesta estudiantil

El 1 de julio, estudiantes de odontología acompañados de estudiantes de otras carreras, tomaron las instalaciones de la UNAH, Valle de Sula, como mecanismo de protesta en contra de la imposición de una tabla de unidades valorativas que controla la matrícula de los estudiantes, la nula participación estudiantil en la toma de decisiones y exigiendo el mejoramiento de las condiciones de las clínicas odontológicas donde realizan sus clases prácticas.

Como respuesta, el día 8 de julio, autoridades de la Universidad decidieron cancelar el periodo académico para todo el estudiantado de la carrera de odontología.
El 13 de julio, estudiantes de la ciudad universitaria en Tegucigalpa se tomaron las instalaciones en solidaridad con los estudiantes de odontología a quienes se les suspendió el periodo y exigiendo la suspensión de la tabla de unidades valorativas. A esta acción se sumaron otros estudiantes a nivel nacional, quienes tomaron las instalaciones de los demás Centros Regionales en el país.

El 14 de julio, la joven Waleska Herrera, estudiante de la carrera de psicología, denunció públicamente a las autoridades universitarias por haberle cancelarle sin ningún argumento su práctica profesional que desarrollaba desde hace un mes en el Centro de Artes y Cultura de la UNAH. La joven manifiesta que la razón de esa acción estaría motivada por su militancia en el movimiento estudiantil de indignados y por ser hija de dos defensores de los derechos humanos.

El 16 de julio, el Ministerio Publico presentó requerimientos fiscales en contra de tres estudiantes de la Ciudad Universitaria; el 17 de julio hizo otro tanto contra cuatro del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico; y 12 de la Universidad de la regional Valle de Sula; criminalizando, una vez más la protesta estudiantil. Además, autoridades judiciales anunciaron la decisión de desalojar los y las estudiantes que están al interior de las instalaciones de la UNAH-VS para las 6:00 am del día domingo, 19 de julio.

Estigmatización de estudiantes

“Muchos estudiantes que promueven las tomas no tienen buenos índices académicos”.

En el marco de las protestas estudiantiles autoridades universitarias han declarado públicamente en medios de comunicación que los estudiantes al frente de las protestas son malos estudiantes, que “porr lo mismo no les afecta perder un período académico (…) para algunos de los referidos estudiantes que han tomado las instalaciones de la UNAH, este período ya estaba perdido.”  Sin duda este tipo de declaraciones tienen el propósito de deslegitimar las protestas; con ellas pretenden atribuir características negativas para incluirlos en categorías sociales a los que culturalmente se les ve como inaceptables o inferiores.

Para este mismo fin se crearon perfiles y páginas en redes sociales donde se publicaban información académica personal de algunos estudiantes que participan de las protestas con el mismo fin supra mencionado. Testimonios tomados por la Unidad Técnica de Protección a Defensores de esta Asociación, atribuyen estas acciones a personal de la UNAH.

Además, la UNAH publica espacios pagados en medios de comunicación con textos como “Uno de ellos lleva alrededor de 10 años estudiando en la Universidad.

Otro matriculó 30 clases y solo aprobó 9 en el trascurso de 3 años”.

Ante esta preocupante situación, la Asociación para una Ciudadanía Participativa les solicita comunicarse con las autoridades hondureñas urgiéndolas a:
–    Desarrollar una investigación independiente y transparente sobre el desaparecimiento del señor Donatilo Jiménez y el asesinato del señor Héctor Martínez Motiño.
–    Cesar las acciones de hostigamiento en contra de trabajadores y estudiantes al interior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
–    Adoptar las medidas necesarias para asegurar la integridad física de los estudiantes que protestan al interior de la UNAH y de los defensores de derechos humanos que les dan acompañamiento.
–    Parar la campaña de desprestigio y estigmatización en contra de los y las estudiantes que dirigen y/o participan en la protesta.
–    Garantizar a estudiantes y trabajadores universitarios de las distintas sedes el goce de sus derechos y libertades fundamentales como: libre asociación, libre expresión, el derecho a la protesta y a la petición, protegidos todos por la legislación nacional y convenios internacionales suscritos por el Estado de Honduras.
Hacer sus llamados a:

Abogado JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ, Presidente de la República de Honduras
Tel: (504)  2221-4545
Fax: (504) 2221-4570
Sitio web:  http://www.presidencia.gob.hn
Facebook.com/Juan Orlando Hernandez
Twiter.com/Juan Orlando H

Abogado JORGE ALBERTO RIVERA AVILES
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Tel (504) 2269-3000/ 2269-3069
Mail: cedij@poderjudicial.gob.hn

Abogado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA
Fiscal General de la República
Tel (504) 2221-5670/67
Mail: fg@ministeriopublico.gob.hn
Facebook.com/Ministerio Publico Honduras
twiter.com/MP_Honduras
http://www.mp.hn

Doctor ROBERTO HERRERA CÁCERES, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.                                 Telefax: +504 2231 0204 / 2231 0882 / 2235 7697 / 2235 3532.                                                              Mail: central@conadeh.hn

Licenciada JULIETA CASTELLANOS, Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Telefono: +504 2232-5403   Fax: 2232-1053
Mail: info@unah.edu.hn

Con copia a:
ASOCIACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA PARTICIPATIVA
Tel (504) 2228-1451
Mail: acipar_hn@yahoo.com
http://www.aci-participa.org
Facebook.com/aci.participa

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3639:acciones-de-estigmatizacion-hostigamiento-persecucion-y-criminalizacion-contra-estudiantes-y-trabajadores-en-la-universidad-nacional-autonoma-de-honduras-unah&catid=54:den&Itemid=171

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Piden a ombudsman hondureño proteger a defensora de la vida

Publicado: 01 Julio 2015

ACI-Pariticipa denuncia la persecución que padece la docente universitaria Lilian Rodríguez, por lo que ha pedido al Comisionado Nacional de Derechos Humanos que intervenga para protegerle le vida. 

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. Organizaciones defensoras de la vida, exigen al defensor del pueblo, Roberto Herrera Cáceres, que proteja la integridad física de la delegada del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Reina Lilian Rodríguez, víctima de acoso y hostigamiento.

 

La petición la ha solicitado la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa) al Comisionado, ya que hace unos días fue ultimado el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Sitraunah), Héctor Martínez Motiño.

 

A continuación, el comunicado:    

 

La Unidad Técnica de Protección a Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos (UTPDH) de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) ante la comunidad nacional e internacional denuncia la persecución y hostigamiento de la que es víctima la Delegada Regional del Sur del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Choluteca, abogada REINA LILIAN RODRÍGUEZ.

 

Estas acciones de intimidación se dan en el contexto del trabajo de seguimiento que ésta y su equipo hace en relación al caso del asesinato el pasado 17 de junio del presente año del presidente del SITRAUNAH, seccional 6, HÉCTOR ORLANDO MARTÍNEZ MOTIÑO.

ACI PARTICIPA y su Unidad de Protección ve con preocupación que en medios de comunicación se ha estigmatizado el trabajo de la abogada REINA LILIAN RODRÍGUEZ, tergiversando algunas de sus declaraciones públicas, en el aparente interés de deslegitimar su trabajo como defensora de los derechos humanos.

El día 30 de junio de 2015, a las 10:45, am una persona presuntamente docente del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, que se transportaba en un vehículo color beige, tipo turismo, tomó fotografías a los vehículos, edificio y personas que estaban apostados a las afueras del CONADEH oficina regional sur.

 

El incidente se dio mientras se documentaban denuncias de Docentes, miembros del SITRAUNAH seccional 6 y estudiantes organizados en relación a acciones de hostigamiento, persecución e intimidación al interior del Centro Regional Universitario. Luego de tomar los testimonios, la delegación que realizaba dicho trabajo se percató que su vehículo había sido golpeado, dado el contexto esta acción hace pensar que podría estar relacionada con el trabajo de la delegación.

 

Durante la noche del mismo día, un taxi se apostó a las afueras de la casa de habitación de la abogada REINA LILIAN RODRÍGUEZ, un hombre que lo conducía tomó fotografías de la casa y permaneció ahí durante más de 30 minutos. Inmediatamente se hizo la denuncia correspondiente a la Policía Nacional quien ya tiene en su poder el número de registro del taxi y así como de la placa del vehículo.

 

Firme y seriamente solicita al Estado de Honduras que a través de sus instituciones: Sub Secretaría de Derechos Humanos,  Fiscalía Especial de los Derechos Humanos y la Policía Nacional, proporcione las medidas de seguridad oportunas que garanticen la integridad física y la vida de la abogada REINA LILIAN RODRÍGUEZ, así como la continuidad de su trabajo de protección de los Derechos Humanos.

 

Al Señor titular del CONADEH, Doctor HÉCTOR HERRERA CÁCERES, le hace un respetuoso pero enérgico llamado a respaldar y proteger el trabajo de su equipo en la Delegación Regional Sur.

A las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales invitamos a estar atentos a la actual coyuntura que se vive en la zona sur en materia de violación de los Derechos Humanos, al mismo tiempo a permanecer vigilantes de la seguridad de la abogada Delegada Regional del Sur del CONADEH.

 

Tegucigalpa, MDC. 1 de julio de 2015.

 

Unidad Técnica de Protección a Defensores y Defensoras de Honduras (UTPDH)/ ACIPARTICIPA

Fuente: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/243-piden-a-ombudsman-hondureno-proteger-a-defensora-de-derechos-humanos

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Peligra defensora estatal por documentar asesinato de sindicalista

Alerta 100-15 | Honduras, 1 de julio de 2015

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). La Delegada Regional del Sur del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), con sede en la ciudad de Choluteca, abogada Reina Lilian Rodríguez, está sufriendo persecución y hostigamiento.

Estas acciones de intimidación ocurren en el contexto del trabajo de seguimiento del asesinato del presidente del Sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Sitraunah), seccional 6, Héctor Orlando Martínez Motiño, ocurrido el pasado 17 de junio, denunció la Unidad Técnica de Protección a Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos (UTPDH) de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA).

Aci Participa dio a conocer ante la comunidad nacional e internacional que ve con preocupación que “en medios de comunicación se ha estigmatizado el trabajo de la abogada Reina Lilian Rodríguez, tergiversando algunas de sus declaraciones públicas, en el aparente interés de deslegitimar su trabajo como defensora de los derechos humanos”.

“El día 30 de junio de 2015, a las 10:45, am una persona presuntamente docente del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, que se transportaba en un vehículo color beige, tipo turismo, tomó fotografías a los vehículos, edificio y personas que estaban apostados a las afueras del Conadeh oficina regional sur. El incidente se dio mientras se documentaban denuncias de docentes, miembros del Sitraunah seccional 6 y estudiantes organizados en relación a acciones de hostigamiento, persecución e intimidación al interior del Centro Regional Universitario. Luego de tomar los testimonios, la delegación que realizaba dicho trabajo se percató que su vehículo había sido golpeado, dado el contexto esta acción hace pensar que podría estar relacionada con el trabajo de la delegación”.

Vigilancia

“Durante la noche del mismo día, un taxi se apostó a las afueras de la casa de habitación de la abogada Reina Lilian Rodríguez, un hombre que lo conducía tomó fotografías de la casa y permaneció ahí durante más de 30 minutos. Inmediatamente se hizo la denuncia correspondiente a la Policía Nacional quien ya tiene en su poder el número de registro del taxi y así como de la placa del vehículo”.

Aci Participa, solicitó al Estado de Honduras que a través de sus instituciones: Sub Secretaría de Derechos Humanos, Fiscalía Especial de los Derechos Humanos y la Policía Nacional, proporcione las medidas de seguridad oportunas que garanticen su integridad física y su vida.

“A las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales invitamos a estar atentos a la actual coyuntura que se vive en la zona sur en materia de violación de los Derechos Humanos, al mismo tiempo a permanecer vigilantes de la seguridad de la abogada Delegada Regional del Sur del Conadeh”.

Periodista con amenazas a muerte

C-Libre denunció el 22 de junio amenazas a muerte contra el periodista de Choluteca, Mauricio Rivera, tras revelar supuestas anomalías que involucrarían al diputado de ese departamento y presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Rivera denunció nuevamente el 26 de junio ante C-Libre que hay una campaña de odio en su contra que estaría financiada por el diputado.

Fuente: http://www.clibrehonduras.com/alerta/peligra-defensora-estatal-por-documentar-asesinato-de-sindicalista

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Población debe conocer sentencias de la Corte-IDH y exigir al Estado su cumplimiento

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Juan Humberto Sánchez

Tegucigalpa.

En los últimos 30 años Honduras ha sido llevada a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH,  en nueve ocasiones.En ocho de ellas fue declarada internacionalmente responsable de la violación de Derechos Humanos consignados en 1969 en el “Pacto de San José”.

Sus víctimas han sido, en 1989 Saúl Godínez Cruz y Ángel Manfredo Velásquez, en el año 2003 Juan Humberto Sánchez, tres años después en 2006 Alfredo López Álvarez, y el caso Servellón García y otros. En 2009 por el asesinato de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernández, en el 2012 por el caso Pacheco Teruel y Otros, y el año pasado por Carlos Antonio Luna López.

Y para despertar el interés de que la sociedad conozca el contenido de estas sentencias, y además responsabilizar internacionalmente a Honduras de la violación de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, la  Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI-Participa, realiza grupos de análisis que recogen retazos tristes y vergonzosos de la historia reciente de Honduras que deben ser conocidos públicamente, según lo manifiesta la nota de prensa emitida durante la presentación de los avances en los grupos de análisis, la semana pasada.

Cabe señalar que en estos juicios, el Estado de Honduras ha sido la parte denunciada o acusada. Y el propósito de esta tarea es facilitar la comprensión de los criterios desarrollados en la jurisprudencia del tribunal interamericano y encontrar en ella los parámetros conducentes a la construcción de un Estado de Derecho, cuyas instituciones tengan a la persona humana como una sola finalidad.

La ciudadanía también debe conocer los impactos que las sentencias condenatorias de la Corte IDH, han tenido en el país en beneficio del acceso a la justicia para su población.

Por lo que después de escuchar las exposiciones de los diferentes casos, se propuso la necesidad de elevar el nivel del Estado respecto a su voluntad de difundir las sentencias en cuanto a la relación de los hechos, y no sólo la parte resolutiva como lo hizo en su momento a través de medios de comunicación.

También que se busque un mecanismo que institucionalice el uso de las sentencias en las facultades de Derecho, que sea obligatorio el estudio de las sentencias en las cátedras de universidades públicas y privadas del país, y la urgencia de pensar en una campaña pública que difunda los aspectos claves de las sentencias emitidas por la Corte IDH, campañas que sensibilicen sobre la vida como un derecho central de esta sociedad y relacionarlo con lo que ha pasado en el marco de estas sentencias.

Además, se dijo que es necesario el conocimiento específico de los casos, por ejemplo, en el de  Servellón García y otros, conocido como “Cuatro puntos Cardinales” porque cuatro jóvenes fueron capturados después de un desfile del 15 de septiembre, y sus cuerpos aparecieron en diferentes lugares de la ciudad, pero se le llama puente “Ricardo Álvarez”.

Como parte de la reparación se le nombró “cuatro puntos cardinales” al paso a desnivel contiguo al estadio Nacional

Como parte de la reparación se le nombró “cuatro puntos cardinales” al paso a desnivel contiguo al estadio Nacional “Tiburcio Carias Andino” en Tegucigalpa, inaugurado en 2008, se le conoció como puente “Ricardo Álvarez” nombre del entonces alcalde del municipio del Distrito Central, por lo que se hace hincapié en conocer y mantener la memoria de estos hechos de violaciones a los derechos humanos, cabe señalar que la placa que señala este monumento, fue robada y el Estado debería reponerla.

Muchas de las medidas de reparación contenidas en las sentencias, tienen como propósito corregir desde las estructuras estatales, prácticas aberrantes de los agentes del Estado que constituyen violaciones de los Derechos Humanos, por las cuales el país tiene que responder ante la justicia internacional. La falta de cumplimiento de los mandatos de la Corte IDH, ha llevado a la repetición, que es lo que las sentencias pretenden evitar.

Ya con el apropiamiento de estas herramientas jurídicas, debe servir para que cada organización se constituya en un veedor permanente del cumplimiento de las sentencias por parte del Estado, pues sólo así se contrarrestará el sistema de impunidad que prevalece, y se evitará que Honduras sea sentada con tanta frecuencia en el banquillo de Estados violadores de los Derechos Humanos.

Para este trabajo de investigación y análisis se contó con un grupo de voluntarios entre ellos profesionales del derecho, defensores y defensoras de derechos humanos entre ellos al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, que formó parte del circulo de estudio número 4, encargado de los casos Juan Humberto Sánchez, y Servellón García y otros, (Cuatro Puntos Cardinales).

En los últimos días de este mes, ACI-Participa que dirige el doctor Leo Valladares Lanza, ex Comisionado de los Derechos Humanos, dará a conocer el informe final de los resultados de los estudios de estos casos que se han llevado a la Corte IDH, por violaciones a derechos humanos en Honduras, desde finales de la década de 1980.

Incumplida sentencia por caso de Juan Humberto Sánchez  

Juan Carlos Sánchez, hermano de Juan Humberto Sánchez, lamenta que la sentencia emitida por la Corte IDH (2003), no se ha cumplido a cabalidad, ya que los asesinos de la muerte de Juan Humberto, no han sido castigados, pese a que el Estado sabe quiénes son.

“Con la muerte de mi hermano cambió la vida de toda la familia, tuvimos que cambiarnos de domicilio, crecimos con miedo de lo que podía suceder, pues a mi hermano se lo llevaron raptado en la noche, mi mamá no ha visto el castigo de quienes asesinaron a su hijo, la muerte de un ser querido no se olvida, es un pesar toda la vida”, expresó Juan Carlos.

Mi hermano luchaba para que tuviéramos una vida mejor, que saliéramos adelante, por ayudar a su mamá, y así mantenemos sus recuerdos vivos, su memoria entre nosotros, dijo Juan Carlos, hermano de Juan Humberto Sánchez, quien fue detenido en la casa de su madre, en Colomocagua, Intibucá, por 15 elementos del Décimo Batallón de Infantería que actuaron bajo órdenes directas del Jefe de las Fuerzas Armadas, Luis Alonso Discua Elvir, con la asesoría del coronel Manuel Flores Mejía, ambos oficiales eran miembros del Batallón 3-16.

Sánchez era ciudadano hondureño, pero trabajaba como operador de “Radio Venceremos” del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador.

Luego de la amnistía decretada número 87-91, en el gobierno del Presidente Rafael Callejas, regresó a Honduras donde fue detenido ilegalmente por el Ejército de Honduras el 10 de julio de 1992 en horas de la noche. Su cuerpo fue encontrado el 22 de julio del mismo año en las riberas del Rio Negro (límites de Honduras y El Salvador), con un disparo en la frente y señales de tortura.

Durante 10 días el Cofadeh realizó diligencias para dar con su destino; dos habeas corpus se interpusieron en su favor sin resultado alguno.

Como parte de la sentencia emitida por la Corte IDH, el Estado pidió perdón a los familiares en 2004, este reconocimiento presidencial fue el segundo paso en el cumplimiento de la sentencia emitida por el máximo órgano de justicia interamericano.

El primero se realizó el 25 de agosto de ese mismo año, cuando el Estado exhumó los restos de Sánchez.

Y el 10 de mayo del 2007, acatando El fiscal general del Estado, Leónidas Rosa Bautista, encabezando a otras autoridades hondureñas, entregó a la familia Sánchez los restos de Juan Humberto Sánchez, y pidió disculpa a sus parientes y prometió continuar las investigaciones del caso.

Ese día Bertha Oliva, coordinadora general del COFADEH, dijo que “vamos a regresar los restos de Juan Humberto a la tierra que lo vio nacer, para recordarnos que su dolor por las torturas y la intolerancia, hará nacer la esperanza, en un mundo de justicia y de verdad”.

La denuncia e investigación sobre la desaparición de Sánchez fue presentada por el Cofadeh ante la CIDH, en octubre de 1992.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3316:poblacion-debe-conocer-sentencias-de-la-corte-idh-y-exigir-al-estado-su-cumplimiento-&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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Honduras: denuncian captura ilegal de dirigente indígena

La captura del indígena Vásquez se dio alrededor de las nueve de la mañana, del día de hoy 3 de noviembre de 2014, mientras se encontraban frente a la Represa Hidroeléctrica de Santa Elena.

La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), alerta a la comunidad nacional e internacional sobre la captura del compañero Calixto Vásquez, miembro activo de La Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH) y miembro del Consejo Indígena de Monte Copado.

La captura del indígena Vásquez se dio alrededor de las nueve de la mañana, del día de hoy 3 de noviembre de 2014, mientras se encontraban frente a la Represa Hidroeléctrica de Santa Elena.

Este hecho se suma a varios acciones de represión y criminalización de la protesta social contra el pueblo indígena que en una actitud de compromiso patrio se aferran a la defensa de su tierra, del agua y demás recursos naturales que necesitan para subsistir en un país donde prevale la violencia, la corrupción, la criminalización de la protesta y la violación sistemática de los Derechos Humanos.

Exigimos al Estado de Honduras cumpla el artículo 346 de la constitución de la república y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y proceda a proteger a las comunidades indígenas.

La Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), hace un formal llamado al gobierno de la República que preside el señor Juan Orlando Hernández, para que a través de la autoridad competente, de inmediato se proceda a realizar una investigación exhaustiva de este hecho, se aplique la ley a los responsables de la detención ilegal y se deje en libertad al Compañero Calixto Vásquez quien fuera trasladado a Marcala, La Paz.

La Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), en cumplimiento de su Misión en el país y preocupados por la vulnerable situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos, advierten que permanecerán vigilantes del tratamiento que brinden al presente caso, a fin de que se logre su pronta liberación.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/honduras-denuncian-captura-ilegal-de-dirigente-ind%C3%ADgena

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ACI-PARTICIPA Condena el atropello contra la integridad física del Defensor de Derechos Humanos José Moreno

Santa Rosa de Copán, 30 de Septiembre 2014

Licda. Hedme Castro y

Lic. Leo Valladares

ACI PARTICIPA.

Por este medio Denunciamos ante esta organización defensora de Derechos Humanos que el día miércoles 17 de Septiembre 2014 a las 6.30 P.M. fue atropellado nuestro compañero de la Red de Occidente JOSE AUGUSTO MORENO, por un Carro color blanco, vidrios polarizados, doble camina sin placa,  el cual aun teniendo túmulos enfrente no se detuvo sino que aceleró para atropellar a nuestro compañero.- Hecho sucedido en la carretera Internacional “Boulevard Jorge Bueso Arias” de Santa Rosa de Copán. Informamos que el compañero Moreno el día 15 de Septiembre iba dramatizando al Tío Sam manejando un Títere que era otro compañero disfrazado de Juan Orlando,  en la movilización de la Resistencia dentro del Desfile Patrio; este acto llamó la atención de la gente y los medios de comunicación.

Entendemos que ambos hechos se relacionan y que hubo clara intención de atentar contra la vida de nuestro compañero, por la intolerancia del presente gobierno a la crítica popular.

Agradecemos tomar nota de la presente Denuncia.

Atentamente,

LICDA. ELSA MARGARIT VILLEDA

RED DERECHOS HUMANOS DE OCCIDENTE.

Fuente: https://aci-participa.org/programas-y-proyectos/aci-participa-condena-el-atropello-contra-la-integridad-f%C3%ADsica-del-defensor-de

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Activistas denuncian asesinato de 5 defensores de DDHH en Honduras este año


  • Martes, 23 Septiembre 2014 11:50

La defensora de derechos humanos, Margarita Murillo, recientemente asesinada en Honduras. La defensora de derechos humanos, Margarita Murillo, recientemente asesinada en Honduras.

Autor del artículo: EFE

Tegucigalpa – Al menos cinco defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Honduras en lo que va de 2014 y alrededor de 50 activistas han recibido amenazas de muerte por defender los derechos de sus comunidades y los recursos naturales del país, según un informe difundido hoy en Tegucigalpa.

El “Informe Situacional 2014 sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Honduras: Defender los Derechos Humanos no es un Delito: ¡Es un Derecho!” fue difundido y elaborado por la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa), con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Según el documento, el último defensor de los derechos humanos asesinado en Honduras fue Margarita Murillo, quien fue atacada a tiros por tres hombres el 27 de agosto en el departamento de Cortés, en el norte del país.

Murillo, quien gozaba de medidas de protección desde 2009, también era coordinadora de la organización opositora Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) en Cortés, fundadora del partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) y líder del movimiento campesino.

En declaraciones a Efe, el director de la ACI-Participa y excomisionado hondureño de los derechos humanos, Leo Valladares, expresó su preocupación por las amenazas de las que son víctimas los defensores de derechos humanos y la violación de esos derechos en Honduras.

Agregó que este año han tenido “mayor significación” la muerte de defensores de los recursos naturales en Honduras.

Según el informe de ACI-Participa, Justo Sorto y Pedro Pérez, ambos dirigentes indígenas lenca, fueron asesinados el 21 de enero y el 18 de febrero, respectivamente, en los departamentos de Intibucá (occidente) y La Paz (centro).

En tanto, el cuerpo del defensor ambientalista del municipio de El Níspero, en el departamento occidental de Santa Bárbara, Rigoberto López fue hallado degollado el 3 de mayo; y el indígena ambientalista William Rodríguez falleció de manera violenta 21 días después en Intibucá, agrega el informe.

Valladares denunció también el “grave” estado de indefensión de los defensores de derechos humanos en el país centroamericano e instó al Gobierno a crear mecanismos para proteger la vida de los activistas.

Lamentó que “todos” los asesinatos y otras violaciones a los derechos humanos siguen impunes en Honduras.

“Ocho de cada diez delitos quedan en la impunidad por la falta de investigación” de las fuerzas de seguridad del país, enfatizó Valladares.

El exdefensor del pueblo hondureño destacó los avances que Honduras ha tenido en la reducción de la violencia, sin embargo, dijo que el país debe promover la prevención para atajar la inseguridad en la nación, que a diario registra en promedio 15 asesinatos.

“Hay avances pero no se debe bajar la guardia y no se debe olvidar que no solo son las medidas represivas las que se deben emitir, sino las preventivas también”, subrayó.

El informe indica que al menos 50 defensores de derechos humanos, así como periodistas y miembros de la comunidad homosexual, han recibido amenazas de muerte en lo que va de 2014.

Valladares responsabilizó a “terratenientes y concesionarias”, no identificadas, de la persecución y las amenazas de muerte que reciben los activistas.

El documento destaca también “la vulnerabilidad” que viven defensores de derechos humanos, comunicadores y miembros de la comunidad lésbica, bisexual, gay y transgénero (LGTB) en el país centroamericano.

Fuente: http://www.proceso.hn/index.php/component/k2/item/88194-activistas-denuncian-asesinato-de-5-defensores-de-ddhh-en-honduras-este-a%C3%B1o.html

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Sociedad civil condena asesinato de periodista Herlyn Espinal

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Sociedad civil condena asesinato de periodista Herlyn Espinal
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-  La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) y el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), lamentaron profundamente el desaparecimiento  y posterior asesinato del periodista Herlyn Iván Espinal.
Herlyn  desapareció  a las primeras horas del domingo anterior, se presume que mientras departía con amigos en un restaurante de Santa Rita, Yoro, al norte de Honduras este lunes 21 de los corrientes fue encontrado su cadáver en la aldea La  Danta, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
Espinal laboraba como coordinador del telenoticiero “Hoy Mismo”, del Canal 3, de la Corporación de Televicentro en San Pedro Sula. Condenamos la ola de violencia que prevalece en el país, elevando el porcentaje de asesinatos de periodistas, mujeres y niños.
De igual manera mostraron su solidaridad con la familia del periodista Herlyn Iván Espinal y solicitaron una investigación exhaustiva para dar con los responsables de este crimen y que se les aplique el peso de la Ley y demandamos que los responsables sean llevados ante la justicia.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/sociedad-civil-condena-asesinato-de-periodista-herlyn-espinal

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COMISIONADO UNIVERSITARIO TRABAJARÁ EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS

14 de Julio del 2014

 

Con el objetivo de aportar a la vinculación de la academia con la sociedad, el Comisionado Universitario se reunió con diferentes autoridades estatales e instituciones y asociaciones encargadas de  velar por los derechos humanos para sumarse al proyecto  “Protección a defender los derechos”.

“El objetivo fue crear mecanismos de comunicación entre las instituciones para cooperar mutuamente en el trabajo de defensoría de Derechos Humanos”, expresaron representantes del Comisionado Universitario de la UNAH.

Asimismo la titular de este ente universitario, María Antonia Navarro, expresó que “los ejes de trabajo del Comisionado están orientados al control de legalidad de las autoridades universitarias, proteger y garantizar los Derechos Humanos, administrar un área de quejas y denuncias en torno a fomentar una cultura de paz en el campus”.

Apoyo externo

La ejecución de este proyecto es realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y  la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI).

Entre las instituciones que apoyan y están vinculadas directamente con el Proyecto están la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público, Comisionado Nacional de los DDHH, Secretaría de Derechos Humanos, Justica, Gobernación y Descentralización, Instituto de Acceso a la Información Pública y el Comisionado Universitario por parte de la UNAH, entre otras antes mencionadas.

Al finalizar el evento se entregó una copia del Informe Situacional “Impunidad e Indefensión” sobre Defensores y Defensoras de derechos humanos en Honduras 2013, para que dichas instituciones tengan un contexto de la situación actual del país en esta materia.

Fuente: http://www.presencia.unah.edu.hn/vinculacion/articulo/comisionado-universitario-trabajara-en-la-proteccion-de-los-derechos-humanos-en-honduras

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Impunidad e indefensión, caracteriza la actividad de defensa de DDHH en Honduras

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Tegucigalpa.

Hoy se presentó un informe el cual recalca la impunidad e indefensión en la que se encuentran los Defensores y Defensoras de los  Derechos Humanos en Honduras que pretende  brindar  una  visión  cercana  a  la  realidad  que   viven  las  personas  que hacen de la defensa y promoción de los Derechos Humanos en Honduras, su actividad principal y aquellas  que  combinan  esta  labor  con  otras  actividades  productivas.

Y no sólo es ir más  allá  de  ofrecer  fríos  datos  estadísticos  a  quienes  se  interesan  en  el  tema y que desnudan la  precariedad en que los  defensores y defensoras hacen frente  a los  enemigos todopoderosos  que  se  niegan  a reconocer  que  todas  las  personas  tienen  los  mismos derechos  que ellos y que el Estado es un instrumento para garantizar tales derechos, relata el informe “Impunidad e indefensión, un vistazo a la realidad de las y los defensores en Honduras”, de la Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI-Participa.

También se pretende sensibilizar a los funcionarios  del  Estado,  al  frente  de  instituciones  especializadas, como ser la Fiscalía  Especial  de  los  Derechos Humanos,  Comisionado  Nacional  de  los  Derechos  Humanos,  CONADEH, el  Sistema  Judicial  hondureño  y  lo  que queda  de la  Secretaría  de  Justicia  y  Derechos  Humanos,  de  su  enorme  responsabilidad  en  el  tema  y de  lo  poco  efectivo  que  ha  sido  su  trabajo  hasta  ahora,  a  la  luz  de  los  hechos  señalados  aquí,  que  no es,  ni  por  cerca,  el  universo  de  las  violaciones  a  los  derechos  de  las  defensoras  y  defensores  durante el  2013.

Además despertar  el  interés  de funcionarios  y  funcionarias  de  los  organismos internacionales,  la  cooperación internacional  y la  representación diplomática en el país, para que revisen  si con  sus  políticas  de  cooperación,  han  estado  propiciando,  no  solo  la  violación  de  los derechos  humanos  de  la  población  hondureña,  sino  también,  la  persecución,  criminalización, judicialización, estigmatización  y  el  asesinato  de  los  defensores  y  de  las  defensoras  de  los  Derechos Humanos  en  Honduras.

El informe revela que los defensores y defensoras de Derechos Humanos con mayores ataques registrados son  aquellos  que  ejercen  su  derecho  a  la  defensa  de  sus  territorios  y  bienes  naturales, destacan entre ellos los  casos  de las  comunidades  de Nueva Esperanza, Atlántida; Río Blanco, Intibucá;  y Locomapa,  Yoro. También hay campesinos y campesinas; periodistas,   comunicadores y comunicadoras sociales; y miembros  de  la comunidad  de la diversidad sexual (LGBTI).

El  problema  de  la  inseguridad  ciudadana  se  torna  aún  más  complejo  con  la  profunda  crisis  de legitimidad  del  Estado,  potenciada  por  el  Golpe  Militar  de  Estado  en  2009  que  rompió  el  orden constitucional  y  el  estado  de  derecho.

Policía  Nacional, Fuerzas  Armadas  y   Poder  Judicial  carecen de  legitimidad  frente  a  la  ciudadanía,  generando  anomía  en  la  sociedad  al  no  aplicar  la  Ley  por  igual, no  combatir  la  inseguridad  y  tolerar  un  nivel  elevado  de  impunidad.

También muestra que distintos  informes  situacionales  de  Derechos  Humanos  señalan  a  la  Policía  Nacional  y  Fuerzas Armadas  de  Honduras  como  los  mayores  violadores  de  Derechos  Humanos.

Y que históricamente  la percepción  ciudadana  sobre  los  operadores  de  justicia  es  sumamente  desfavorable,  para  el  caso,  el 68.7%  de  los  habitantes  del  Distrito Central  no  confía  en  la  Policía  Nacional Preventiva,  el  60.1%  no cree  en  la  Dirección Nacional de Investigación Criminal, DNIC  y  61.4%  desconfía  de la Fiscalía.

En  parte  la  desconfianza  ciudadana  se  basa  en  el criterio  de  que  existen  policías  cómplices  con  la  delincuencia,  son  incompetentes  y  violentos  porque no  están  capacitados .

El asesinato de dos jóvenes universitarios en 201 1 (entre ellos un hijo de la rectora de la UNAH), evidenció  la  participación  directa  de  la  Policía  Nacional  y  otros  organismos  operadores  de  justicia  en ejecuciones  extrajudiciales,  deteriorando  la  ya  deslegitimada  institucionalidad  y  reabriendo  el debate  sobre  la  necesidad  de  una  reorientación  de  las  Políticas  Públicas  en  materia de  Seguridad  y Derechos  Humanos.

Ante el deterioro de los  operadores de justicia  y el clima de inseguridad  generalizado, los  mayores beneficiados  son  los  operadores  del  “negocio  del  miedo”,  por  un  lado  se  incrementa  la  compra  (legal e  ilegal)  de  armas  como  mecanismo  de  autoprotección,  generando  un  efecto  perverso  en  relación  al fenómeno  que  se  quiere  superar ,  por  otro  lado  aumenta  la  relación  entre  agentes  de  seguridad privada  y  agentes  de  seguridad  del  Estado, manifiesta el informe.

El  crecimiento  exponencial  de  compañías  de  seguridad  tiene  una  relación  directamente proporcional  con  el  fracaso  del  Estado  en  materia  de  seguridad,  en  su  mayoría  estas  compañías  son propiedad  de  ex  miembros de  la  Policía Nacional y  de  las  Fuerzas  Armadas (varios  involucrados  en violaciones graves a los  Derechos Humanos durante las  últimas décadas del pasado siglo), agrega el texto.

Según informe  de la  ONU ,  por cada miembro de la  Policía Nacional existen cinco Guardias de seguridad privada,  la  existencia  de  un  ejército  en  manos  de  la  empresa  privada  representa  una  amenaza peligrosa  para el resto de la población.

Hasta  el  día  de  hoy  se  encuentran  en  impunidad  decenas  de asesinatos  de  Defensores de  Derechos Humanos en  el  Bajo  Aguán, hechos  en  que  los  guardias  de seguridad  privada  al  servicio  de  terratenientes  (en  confabulación  con  agentes  de  seguridad  del Estado)  son  señalados  como  responsables  por  organizaciones  campesinas  y  de  Derechos Humanos.

El ex CONADEH, Leo Valladares Lanza, director ejecutivo de ACI-Participa,  dijo que es urgente convocar a un nuevo pacto social en materia de seguridad y Derechos  Humanos  con  amplia  participación de la sociedad  civil.

La población en general y particularmente, las defensoras y defensores de los  derechos humanos, esperan sin mayores expectativas que el nuevo comisionado nacional de los derechos humanos, sea  una  persona  comprometida  con  el  respeto  y  promoción  de  los  DDHH  y  con  demostrada capacidad  para  el  cargo.

Gasto inoficioso en seguridad

En cuanto a la relación Costo Resultado, de acuerdo  a  los  presupuestos aprobados  por  el  Congreso Nacional para  el  año  2013,  para  las  tres instituciones estatales que hacen la labor de operadores de justicia, éstas recibieron un total de 7, 786.8  millones  de  lempiras,  distribuidos  entre el Poder  Judicial1,825  millones  de  lempiras  del  Presupuesto  General,  más  6  millones  de  lempiras de  la  Tasa  de  Seguridad; Ministerio Público 996.7millones de  lempiras del Presupuesto General, más 65.3 millones  de lempiras  de  la  Tasa  de  Seguridad; y la Secretaría  de  Seguridad  4,370  millones  de  lempiras  del  Presupuesto  General,  más  523.8 millones  de  la  Tasa  de  Seguridad.

Vista  la  situación  actual  del  país,  convertido  en  el  país  más  violento  y  peligroso  del  mundo,  gracias  al clima de inseguridad de la ciudadanía, la criminalidad, la alta presencia del crimen organizado, la elevada incidencia  de violación a los  derechos humanos, etc., los  7,800 millones de lempiras  que invierte  el pueblo en justicia  y seguridad, se convierten en un gasto inoficioso,  dados los  magros resultados  que  estas  instituciones  entregan, expone el informe.

La  fracasada  depuración  policial  y  la  débil  institucionalidad  del  ente  estatal  llamado  a  proveer seguridad  a  la  ciudadanía,  da  vida  en  la  población  a  un  sentimiento  de  desamparo  e  indefensión  que obstaculiza  el  desarrollo  y  la  construcción  de  un  sistema  realmente  democrático.

Una  policía  ligada  a  la  delincuencia  común  y  al  crimen  organizado  es  verdadero  riesgo  para  la ciudadanía.  Contrario  a  lo  que  seguramente  sucede  en  otras  sociedades,  la  mayor  parte  de  la población teme  cuando se acerca un elemento policial o un militar, expuso Adalid Vega, al exponer el informe.

En el caso de los  defensores y defensoras  de  los  derechos  humanos,  esta  sensación  es  todavía  más  profunda,  habida  cuenta  de  la campaña permanente de estigmatización y criminalización de los y las  defensoras y su labor, aparte  de  las  denuncias  de  violación  de  los  derechos  que  éstos  hacen  y  que  señalan  casi  siempre a policías  y  militares  como  los  violadores.

Por lo que la impunidad  es el mayor enemigo de los  defensores de derechos humanos en Honduras, ya que más del  90%  de  los  asesinatos  y  otras  violaciones  a  los  derechos  humanos  siguen  impunes, y las estrategias  de  seguridad  pública  del  Gobierno no  han  funcionado.

Se cree que sacar a  los  militares a las  calles no ha sido factor  determinante en el control y disminución de la  violencia, de la delincuencia  común  y  del  crimen  organizado. Y que los  operadores  de  justicia  del  país,  siguen  teniendo  estructuras  débiles  lo  que  repercute  en la  falta  de  resultados  significativos.

Por lo que el  gobierno  es  garante  incapaz  de  la  integridad  de  los  defensores  de  los  derechos  humanos, manifiesta el informe “Impunidad e Indefensión: vistazo a la realidad de las/os defensoras/es en Honduras”, presentado este día por la organización de defensora de derechos humanos ACI-Participa .

Ver informe completo

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3186:impunidad-e-indefension-caracteriza-la-actividad-de-defensa-de-ddhh-en-honduras&catid=71:def&Itemid=166

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Conforman red para observar cumplimiento de DD.HH. en el Occidente

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Santa Rosa de Copán, Honduras (Conexihon).- Una red de voluntarios de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa), se conformó a nivel regional para velar por el cumplimiento de derechos humanos en los tres departamentos de la zona occidental. La directora de la organización no gubernamental recientemente nombrada, Elsa Margarita Villeda, indicó que como primer compromiso se tiene el tema de minería en el municipio de La Unión, Copán.
Villeda aseguró que  “por medios de comunicación nos dimos cuenta de violaciones a sus derechos de pobladores de Azacualpa, La Unión Copán, que estaban exigiendo un compromiso adquirido por una minera y que aparentemente ha sido incumplido”.
Y es que el pasado 16 de abril miembros de la Policía Nacional reportaron la detención de varios pobladores de dicho sector por mantener tomadas las calles de ingreso a la mina que está instalada en La Unión.
Medios de comunicación reportaron que algunos de los detenidos fueron agredidos por agentes de la Policía Nacional. “Queremos conformar una comitiva de voluntarios, miembros de la organización y medios de comunicación para ver qué pasó y que está pasando después del incidente de Semana Santa”, indicó Villeda.
ACI Participa en Copán se conformó para toda la región occidental con el apoyo de las personas que se interesen en apoyar a la ciudadanía cuyos derechos hayan sido violados. “Nuestro propósito de promover y difundir la defensa de los Derechos Humanos. Ahora mismo estamos en un proceso de instalación de una oficina y sobre todo poner a disposición de la población un número de teléfono para atender denuncias”, acotó.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-conflicto-agrario-y-minero/conforman-red-para-observar

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Aci-Participa condena brutalidad militar y policial contra director de Casa Alianza-Honduras

El uso de fuerza excesiva y violencia con saña, como es el caso que nos ocupa, es constitutivo de delito, lo que implica responsabilidad de quienes cometieron el hecho y del Estado y gobierno de Honduras, pues actuaron en su nombre y representación.

Edición Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. La organización hondureña de derechos humanos Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), con suma indignación condena los actos brutales cometidos contra el Director de Casa Alianza-Honduras, Sr. José Guadalupe Ruelas García, por elementos del Ejército hondureño y de la Policía Nacional, acto que por sí mismo niega la existencia del Estado de Derecho pregonado por el actual gobierno.

Según la versión de don Guadalupe Ruelas, los hechos se produjeron la noche del jueves 8 del presente mes de mayo, cuando se desplazaba en su vehículo por las cercanías de Casa Presidencial, luego de haber asistido a una reunión con funcionarios de Plan Internacional.

El señor Ruelas García al ser interceptado, fue sacado abruptamente de su automotor por los “defensores del orden público” y sin mediar explicaciones lo agredieron a puntapiés y puñetazos, al tiempo que con palabras soeces lo mandaban a callar cuando pretendía conocer los motivos de su detención y de las vejaciones de que era víctima.

Después de la golpiza, agentes policiales lo trasladaron a la posta policial de Tránsito de la Colonia Kennedy en calidad de detenido. Allí lo mantuvieron sin que pudiera recibir atención médica para curar sus heridas y golpes, hasta que la Fiscal de turno decidió su traslado a un centro asistencial en donde fue atendido y recuperado de los efectos de la brutal agresión.

Como suele suceder, irresponsablemente, quisieron justificar su salvaje acción, acusando a su víctima de andar en estado de ebriedad, extremo que ha sido desmentido por los resultados de los exámenes científicos que le fueron practicados en el centro asistencial.

ACI-PARTICIPA ante la gravedad de estos hechos, de manera clara expresa lo siguiente ante Honduras y el mundo:
1. Que ninguna autoridad está facultada para utilizar la violencia bajo ninguna circunstancia para someter a los supuestos infractores de la Ley, pues, se les supone profesionales en la materia con las capacidades para realizar su trabajo en forma civilizada. El uso de fuerza excesiva y violencia con saña, como es el caso que nos ocupa, es constitutivo de delito, lo que implica responsabilidad de quienes cometieron el hecho y del Estado y gobierno de Honduras, pues actuaron en su nombre y representación.

2. Que don JOSÉ GUADALUPE RUELAS GARCÍA, es un defensor de los derechos humanos comprometido con la defensa de los derechos de las niñas, niños y jóvenes de Honduras y que es merecedor del respeto y agradecimiento por parte del gobierno, ya que Casa Alianza-Honduras, institución que dignamente dirige, al rescatar esta población de las garras de las drogas, la delincuencia, la prostitución y el crimen organizado, realiza una labor altamente humanitaria, que es el gobierno el obligado a realizar, pues en representación del Estado es el garante de los derechos de esa niñez y esa juventud marginada por el mismo gobierno y por la sociedad.

3. Que resulta altamente sospechosa esta vil agresión al Señor Ruelas García, luego que en días anteriores ha señalado la poca efectividad del gobierno para afrontar el tema de la inseguridad, violencia y criminalidad, al no hacerlo de forma integral y además, haber cuestionado el proyecto “Guardianes de la Patria” que tiene como sujetos a los niños.

4. Demandamos del gobierno de Honduras, una investigación pronta, seria y objetiva, que establezca la verdad de los hechos, que se deduzcan responsabilidades a los hechores y se realicen las acciones propias de un sistema de leyes y de justicia.

ACI-PARTICIPA renueva su compromiso solidario con Casa Alianza-Honduras y su invaluable labor de rescate de esas niñas, niños y jóvenes, que la sociedad y el Estado han desechado y abandonado a su triste suerte. Así mismo, lamenta profundamente la cruel experiencia que don Guadalupe Ruelas ha tenido que vivir; pero, que conociendo la firmeza de su carácter, estos hechos fortalecerán sus convicciones, pues le demuestran la pertinencia del trabajo que realiza.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/aci-participa-condena-brutalidad-militar-y-policial-contra-director-de-casa-alianza-honduras

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Mujeres vulneradas en un sistema de impunidad y violencia

Feb 21, 2014

En Honduras la violencia sigue siendo progresiva, esa es la percepción de la gente, hombres y mujeres que a diario se rifan la vida en las calles. Miles ganan menos de lo que les permitiera sobrevivir, muchos y muchas se la pasan aguantando condiciones precarias de trabajo o sosteniendo la respiración mientras el cuerpo no se debilita sin alimentarse.

De la población total de Honduras, según el INE, unos 8 millones 535 mil 692;  el 52%  son mujeres y el 48% hombres. Concentrada mayor parte de esta población en el área urbana específicamente en el Distrito Central y San Pedro Sula, Cortés, la violencia es parte cotidiana de sus vidas. Estas dos ciudades han sido catalogadas como las más violentas del país y han sido el escenario en los últimos meses de los operativos militaristas propuestos como salida a la inseguridad por el actual gobierno nacionalista.

En el Sondeo de Opinión Pública realizado por el ERIC el pasado diciembre, las mujeres expresaron su preocupación con respecto a la violencia que está quitando la vida a miles de hondureños y hondureñas y colocaron este problema como el principal al que se enfrenta el gobierno. A pesar que el 70.7% de las mujeres encuestadas se dedican a los quehaceres del hogar y manifestaban no ser víctimas directas de esta violencia, su percepción sobre la realidad es muy cercana a lo que se vive en las calles y no le ven una salida pronta a pesar de conocer las medidas de gobierno para atacar este flagelo.

Femicidios

A pesar que se ha visto como un avance la reforma al código penal para la instauración de la figura de femicidio como delito, esto no es suficiente, según lo expresó Carolina Sierra del Foro de Mujeres por la Vida.

Las cifras siguen alarmando a la población, porque aunque el gobierno se esfuerce por ocultarlas o trastocarlas, la realidad habla por sí sola. A penas corren los primeros meses de 2014 y ya van casi 50 mujeres asesinadas.

El ERIC y Radio Progreso, en coordinación con el Foro de Mujeres por la vida, una plataforma que aglutina distintas organizaciones de mujeres a nivel noroccidental, llevan desde hace algunos meses la campaña Ni encerradas Ni con miedos, cuyo propósito es construir y exigir una seguridad que abarque todos los derechos de las mujeres, una seguridad que se base en el acceso equitativo de estos derechos y a la oportunidad de desarrollarse plenamente. La violencia tiene muchas caras en Honduras.

Violencia económica

La mayoría de las mujeres encuestadas son jefas de hogar, un trabajo que en Honduras no tiene remuneración ni beneficios laborales por lo cual entran en la población económicamente activa que no trabaja y en muchos casos tampoco estudia.

De allí esta cifra: del total de la población que trabaja el 69.3% son hombres y el 30.7% son mujeres. Entre los que sólo estudian no existen diferencias significativas entre ambos sexos, pero sí la hay entre los que ni estudian ni trabajan (NINIS), donde las mujeres son mayoría: 80.3% contra 19.7% de hombres. Este dato solo corrobora que en Honduras no se considera como empleo el trabajo doméstico, una de las causas por las que en este país no existen las mejores condiciones para que las mujeres se desarrollen al igual que los hombres, otra forma de violencia contra las mujeres.

Hay analistas que coinciden en que el mayor problema de las mujeres no es el desempleo sino el subempleo que se traduce en trabajo doméstico no remunerado o trabajos a domicilio o por cuenta propia que no permiten a las mujeres ni trabajar formalmente ni estudiar.

Migración

Cada año, el Foro económico mundial publica el informe “The global gender gap report” en el cual enlista a los países según el acceso que como Estados garanticen a las mujeres para su desarrollo económico, político, de salud y educativo.

En conjunto, la disparidad de género se redujo ligeramente en todo el planeta en 2013, ya que 86 de los 136 países estudiados, que representan más del 93% de la población mundial, mostraron mejoras. Pero “el cambio es definitivamente lento”, dijo una de las autoras del reporte, Saadia Zahidi al presentarlo en noviembre pasado.

El único país latinoamericano que aparecía en la lista de los primeros diez, fue Nicaragua.

A pesar que frente al nuevo mundo, Honduras ha quedado atrás en el respeto y acceso a los derechos fundamentales, especialmente de las mujeres –que aún siguen en la lista de grupos vulnerables- las mujeres encuestadas en el sondeo de opinión del ERIC son mujeres estables que aseguran no tener deseos de migrar a pesar de que son conscientes de la realidad cruda que está afectando al país y a sus más allegados, su familia.

El 83% de los emigrantes hondureños en ruta hacia los Estados Unidos de América son hombres y 17% mujeres, según el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR).

Sin embargo esta migración afecta directamente a las mujeres ya sea que trabajen fuera de la casa o dentro. En la encuesta, estas mujeres señalaron como segundo problema grave a la pobreza y reflejan que ese problema es muy cercano pues la situación económica no ha mejorado en el ámbito personal y familiar, además es una de las principales causas de que los hondureños y hondureñas migren.

El 57% dijo que en su familia la situación económica siguió igual y el 24% que empeoró. El que los porcentajes entre Siguió igual y Empeoró sean tan reñidos o cercanos significa que la economía viene en picada y al decir que ha seguido igual, significa que ha seguido igual de mal.

En cuánto a la pobreza fueron claras: el 47% dijo que empeoró en el país y el 45% que siguió igual, ha seguido igual de mortífera para las familias hondureñas, que ya viven en un 70% con menos de un dólar diario.

Derechos humanos

Con el Sondeo de opinión pública se puede verificar que es una necesidad general hablar del respeto a los derechos humanos pues la mayoría de las encuestadas y encuestados identificó que está ausente por parte del aparato estatal encargado de velar por los mismos. Aunque la respuesta Siguió Igual predominó en estas preguntas, el panorama es desalentador pues el que siga igual, sin acceso a los derechos es reflejo de la impunidad con la que funciona el sistema estatal hondureño y denota cierta indiferencia o poca esperanza por parte de las mujeres en que las cosas puedan cambiar en este ámbito si se atiene a la voluntad política del Estado.

Si hablamos de la administración del Estado, a través de la cual las políticas públicas deberían canalizarse, actualmente el Estado de Honduras cuenta con un mecanismo nacional responsable de coordinar las políticas públicas para el avance de las mujeres, el Instituto Nacional de la Mujer, entidad cuenta con una planta de cincuenta empleados/as, los cuales generalmente son removidos con los cambios de las gestiones gubernamentales, perdiendo con ello la experiencia técnica y política acumulada, indispensable en un Estado históricamente androcéntrico.

A ello se suma el poco presupuesto otorgado que corresponde al 0.001% del presupuesto nacional y el 0.026% del presupuesto de la administración central.

Según el Centro de Derechos de Mujeres, en Honduras existen 75 instituciones de gobierno, dependientes de los tres poderes del estado y solo 4 de ellas tienen en su estructura organizacional una Unidad de Género que promueva las políticas públicas sectoriales en esta materia.

La Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa ha estado siguiendo de cerca la situación de los derechos humanos desde que ocurrió el golpe de estado el pasado 28 de junio, incluyendo la situación de los derechos humanos de las mujeres, y ha concluido que hubo un deterioro general en la protección de los derechos humanos en Honduras a raíz del golpe.  La Embajada ha reportado sobre el deterioro a la mínima protección que ya existía antes del 28 de junio hacia los derechos humanos de comunidades vulnerables, incluyendo las mujeres.

Asi también organizaciones como ACI-Participa ha segregado a la población, incluyendo en los grupos vulnerables a las mujeres.

“Las muertes de mujeres y de jóvenes en Honduras son “invisibilizadas”, cuestionó Leo Valladares en medios de comunicación nacional.

Ante esta situación, campañas como Ni encerradas Ni con miedos se enfrentan a la pared que el mismo Estado pone en la materia y aun se convierte en un enemigo cuando las políticas públicas sobre seguridad van en contra de los nuevos conceptos que de la misma tienen las mujeres. Hablamos de las políticas represivas de seguridad como la salida a las calles de los militares, acción por la cual la campaña y otras muchas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres se han pronunciado en contra.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/752-mujeres-vulneradas-en-un-sistema-de-impunidad-y-violencia

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El rol del nuevo titular del CONADEH

Imagen de Marvin Palacios

Escrito por Marvin Palacios en Mié, 02/19/2014 – 12:38

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Frente a la virtual escogencia del nuevo comisionado o comisionada nacional de los Derechos Humanos, la sociedad civil ha comenzado a gestar espacios de análisis, discusión, debates y propuestas en torno a un cargo que debe recaer en una persona cuyo primordial compromiso sea la de promover y proteger los derechos humanos de la ciudadanía.
Cumpliendo con este cometido, el doctor Leo Valladares Lanza (primer comisionado nacional de los derechos humanos) a través de la organización que dignamente preside como es la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), reunió el jueves 13 de febrero de este año, a reconocidas y reconocidos defensores y defensoras de derechos humanos del país.
Entre estos baluartes de la lucha por la vida, figuraron dos de las tres personas propuestas por la Coalición Contra la Impunidad, compuesta por más de 30 organizaciones de sociedad civil, para ocupar la titularidad del CONADEH, la abogada Reyna Rivera Joya, con amplia trayectoria en la defensoría del pueblo y el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Wilfredo Méndez. Se suma a ellos el doctor Joaquín Mejía, otro destacado defensor de los derechos humanos de la ciudad de El Progreso, Yoro, quien se ha destacado por su trabajo desarrollado desde el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús.
Al encuentro se sumaron el Grupo de Sociedad Civil (GSC), presidido por Omar Rivera y la reconocida defensora de los derechos humanos, Bertha Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
El encuentro denominado: “Rol del CONADEH en la promoción y defensa de los derechos humanos: Reflexiones previas ante la elección del nuevo comisionado o comisionada”, definió el perfil con que debe contar el “ombusman hondureño” (o defensor del pueblo), así como las funciones que está obligado a desempeñar para elevar la dignidad de la vida humana, de la cual en Honduras, no existe el menor respeto en los últimos años.
En su alocución la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda alabó la iniciativa para generar debate y opinión alrededor de un tema que en los últimos años ha estado reservado únicamente para la clase política. “Ha llegado el momento para que las organizaciones de sociedad civil hagan su parte, hagan su proceso de incidencia para que a esos espacios lleguen las personas más calificadas”, dijo Pineda.
Desde 1992 se instituyó la figura del despacho del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ya en 1994 el CONADEH se eleva a rango constitucional y en 1995 se aprueba su Ley Orgánica definiéndole un amplio mandato de acompañamiento y procuración para la defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Después del golpe de Estado de 2009, que rompió el orden constitucional y defenestró al presidente Manuel Zelaya, se desató una brutal represión, persecución y criminalización de opositores al golpe y de dirigentes del movimiento social, que desembocó en el asesinato de más de un centenar de personas.
Ante ese crudo escenario de graves violaciones a los derechos humanos, el pueblo fue abandonado por el Estado, que constitucionalmente le corresponde tutelar los derechos humanos y hacer prevalecer el derecho a la vida, como el fin supremo de la sociedad. Aquí, el Estado de Honduras a través del CONADEH, le dio la espalda al pueblo reprimido, golpeado, acusado criminalmente y abandonado a su suerte ante la indefensión manifiesta del actual ombusman hondureño.
Los expertos en este tema dejaron claros sus planeamientos en el sentido que la discusión en el Congreso Nacional el próximo mes de marzo, para la elección del nuevo comisionado o comisionada de derechos humanos debe ser regida por un proceso transparente, profesional y público, sin injerencias políticas motivadas por acuerdos bajo la mesa, sino de cara a la sociedad hondureña que vive cada vez más sumida en un negro manto de impunidad como recientemente lo señaló un informe de Human Rights Watch, cuando apuntó “aquí no hay investigaciones”, en referencia al centenar de muertes violentas surgidas por el conflicto de tierras en el Bajo Aguán.
El próximo titular del CONADEH además de contar con amplios conocimientos de la doctrina de derechos humanos, deberá estar cercano al pueblo, con una política de puertas abiertas y, presto a las denuncias oportunas, sin olvidar que está obligado a preservar la memoria histórica de las desapariciones forzadas y los asesinatos políticos del pasado y del presente.

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Discuten sobre el perfil del próximo titular del CONADEH

Friday, 14 February 2014 16:07 Marvin Palacios
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Tegucigalpa.

En torno a la nueva elección del titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) varios expertos demandaron que éste sea un defensor del pueblo, que no se ponga del lado de los opresores, que renueve las viejas estructuras que cerraron las puertas a las denuncias y que preserve la memoria histórica.

Las críticas, los señalamientos y las propuestas se ofrecieron en el foro promovido por la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), denominado: Rol del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), reflexiones previas, ante la elección del nuevo comisionado, auspiciado por la Unión Europea y Dan Church Aid (DCA) de Dinamarca.

El doctor Leo Valladares Lanza, convocante del foro, dijo que ACI- PARTICIPA ha venido abogando porque en el  tema de la elección del próximo comisionado o comisionada de derechos humanos, se lleven a cabo jornadas de discusión, amplias y participativas.

El foro contó con la participación de la abogada Reyna Rivera Joya de la organización Diakonia con amplia experiencia en el tema de la defensoría de derechos humanos, así como del director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos  de Honduras (CIPRODEH), Wilfredo Mendezl

Ambos profesionales del derecho han sido propuestos por la Coalición contra la Impunidad (conformada por unas 40 organizaciones de la sociedad civil) para ocupar el cargo de Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

En su alocución, Reyna Rivera Joya dijo a pesar que el titular del CONADEH puede reelegirse, existe la necesidad de renovar la institución y de buscar una nueva persona que la conduzca.

Rivera  Joya comentó en el Congreso Nacional se ha visto que en la figura de las audiencias públicas se han presentado la falta de procesos transparentes para la elección de altos cargos. “Hemos presenciado negociaciones, cabildeos intensos, personas que buscan que los cargos se paguen en Honduras, entre otras cosas; y deseamos que en el caso del cargo del CONADEH no suceda eso”.

Ese es un cargo que debe ser independiente, autónomo, que tiene la corresponsabilidad de complementar el estado de derecho, de complementar la democracia en el país, porque los derechos humanos son la razón de ser de la Constitución, comentó la profesional del derecho postulada por la Coalición contra la Impunidad.

En  el uso de la palabra, otro de los nominados por la Coalición contra la Impunidad, el director ejecutivo de CIPRODEH, Wilfredo Méndez destacó que la figura del CONADEH es muy importante.

“Nosotros somos, seremos y seguiremos siendo activistas de derechos humanos, esto no cambia nada, lo que sí, es que aspiramos a que exista un camino distinto en relación a un comisionado nacional de derechos humanos que le cerró las puertas al pueblo y se puso al lado del opresor”, señaló Méndez.

En los activistas de derechos humanos no hay miedo, lo que hay es compromiso absoluto del quehacer de todos y todas, he visto la ingratitud de aquellos hombres y mujeres que han dedicado su vida a la defensa de derechos humanos y los ataques de lo que somos objeto, pero eso tampoco detiene el caminar del activista de derechos humanos, porque sabemos contra qué nos enfrentamos y además para eso se constituyeron los derechos humanos, para proteger a las personas frente al abuso del poder o para garantizar sus derechos frente al poder, señaló el director ejecutivo del CIPRODEH

Por su parte la coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha  Oliva expresó que hemos visto cómo se ha dado la negación de las instituciones públicas del estado como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), por lo que debemos estar vigilantes de este proceso para que sea transparente y participativo.

Oliva expuso que es preocupante esa negación de la esencia de las instituciones que deben combatir la corrupción y defender los derechos humanos. La ausencia de esto ya es un síntoma que tenemos un reto por delante, que es el que hemos iniciado desde este espacio de reflexión.

Los desafíos que se plantean tienen que ver con hablar del pasado pero también construir el presente, debemos marcar la memoria, salvaguardar la memoria no es una tarea del COFADEH ni de Bertha Oliva, es una tarea de la ciudadanía que debería ser impulsada por el próximo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

La destacada defensora de derechos humanos añadió que la capacitación y organización es otra tarea para emprender y se convierte en otro desafío, “porque desde nuestras organizaciones hacemos esto, pero no hemos logrado que capacitar, organizar, transformar y empoderar a la ciudadanía de sus derechos, sea un mandato y una obligación en todas las instituciones públicas del estado”.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2974:discuten-sobre-el-perfil-del-proximo-titular-del-conadeh&catid=71:def&Itemid=166

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Honduras: Realizan primer foro de debate público para elegir al nuevo Comisionado de DD.HH.

Escrito por Miriam Elvir en Jue, 02/13/2014 – 17:22

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa), realizó el primer foro público enmarcado en las reflexiones previas de cara a la elección del nuevo Comisionado de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH).
Para el Excomisionado de Derechos Humanos en Honduras y actual Director Ejecutivo de ACI Participa, Leo Valladares, es saludable realizar debates abiertos y participativos que permitan a la ciudadanía conocer la importancia del nombramiento del nuevo defensor del pueblo.
Durante su participación Valladares enfatizó en la necesidad  de una elección ampliamente participativa donde se propongan a las mejores personas del país es decir aquellas que conozcan la doctrina y la práctica de los Derechos Humanos.
Valladares resaltó entre las cualidades del próximo Comisionado/a de Derechos Humanos la honestidad, energía, dinamismo, actitud conciliadora, capacidad de dialogo.
Según el Defensor de Derechos Humanos, hay  que dejar de lado la injerencia de los intereses políticos e individuales en el proceso de elección del nuevo defensor del pueblo, pues aunque su embestidura no es el de una autoridad de carácter judicial su poder radica en la fuerza moral, credibilidad y objetividad.
Durante la jornada de debate los panelistas plantearon interrogantes sobre el actual proceso de elección del comisionado (a) del CONADEH, también conversaron sobre los desafíos y posibles escenarios de las organizaciones en la defensa y promoción de Derechos Humanos ante un nuevo Comisionado.


Panelistas

 “El Comisionado debe de ser es un guía para la población y es muy importante para la sociedad, poder recuperar esta figura”
Leo Valladares
Ex Comisionado de DDHH
“Los cambios son importantes y hoy tenemos la posibilidad de cambiar el rostro del CONADEH”.
Omar Rivera
Director Ejecutivo del Grupo Sociedad Civil (GSC)
“Es necesaria una reestructuración del CONADEH”
Reina Rivera
Representante nacional de Diakonia
“El gran reto es la despolitización del CONADEH”
Bertha Oliva
Coordinadora del Comité de Familiares 
Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH)
 “Llegó la hora de hacer las cosas bien desde el CONADEH”
Wilfredo Méndez, Director Ejecutivo de (CIPRODEH)
“Hay que hacer de lado los interés partidarios y velar por los intereses del pueblo”.
Ana Pineda
Ex Secretaria de Justicia y Derechos Humanos

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ACI-Participa concluye campaña de promoción de defensores de DD.HH.

Escrito por Luis Vallecillo en Lun, 02/03/2014 – 11:12

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) concluyó una campaña radiofónica denominada a “Promover y defender la vigencia del derecho a defender derechos humanos en Honduras”.
Leo Valladares Lanza Director de ACI-PARTICIPA destacó que durante noventa días, ACI-PARTICIPA con el apoyo financiero de Front Line Defender, a través de diferentes medios radiales a nivel nacional, ha entregado a la población hondureña información relevante que visualiza la labor que realizan seis defensoras y defensores de derechos humanos en defensa de los derechos de la población en general.
“Queremos rendir un homenaje a estas personas por su trabajo distinguido de defensa de derechos no solo de ellas y de ellos sino de otros grupos a los que pertenece” agregó Valladares.
Durante estos días, los defensores de seis organizaciones con su propia voz han narrado sus experiencias como defensoras y defensores, el tipo de derechos que defienden y las consecuencias que ellos han traído como ataques agresiones, amenazas, intimidaciones, vigilancia, persecución, estigmatización y criminalización de su labor.



Testimonios 

José Zambrano, coordinador de APUVIMEH 
Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH/ SIDA en Honduras 
“Defender los derechos humanos se ha vuelto un peligro en Honduras, no solo por mi persona si no por defender mi derecho a la salud como la de las personas que viviendo con VIH, también la salud de todos aquellos y aquellas que conformamos esta sociedad no se está trabajando la parte de prevención”.
No cabe duda que la campaña ha tenido efectos positivos en la población hondureña en general ya que se ha visibilizado ante ella mediante spots radiales con la voz de estas defensoras y defensores de derechos humanos en alto riesgo.
“Las autoridades hay que estarles recordando su deber y ¿para que esta la Secretaria de Salud? ¿Para que esta el departamento de ETS-VIH? Así el ¿Cómo Mejorar las condiciones de los hospitales? Ya que es un trabajo arduo de manera integral que el Estado debe realizar y priorizar para mejorar a las personas que viven con esta enfermedad”.
Berta Cáceres, coordinadora del COPINH 
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
El apoyo recibido por ACI-Participa “tiene un valor profundo en lo que hacemos fundamentalmente como humanos, además “con nuestra parte individual a nivel de nuestra familia  eso es una riqueza y una ganancia para nosotros. Me siento muy satisfecha por esta labor de esta campaña”.
En ese sentido, ACI-Participa cree firmemente que la campaña tuvo efectos para lograr que se hiciese justicia en el juicio que se ha seguido a Berta Cáceres, Aureliano Molina y a Tomás Gómez Membreño, todos directivos y líderes indígenas lencas del COPINH a favor de quienes la Corte de Apelaciones de Comayagua dicto sobreseimiento provisional.

Cáceres añadió que “esta guerra contra los pueblos es mediática en todo el mundo, incluso las guerras ahora se dirigen así y estas son pequeñas ventanas para alzar nuestras voces y nos sentimos rodeadas y rodeados”.

Fuente: http://www.conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-ddhh/aci-participa-concluye-campa%C3%B1a-de-promoci%C3%B3n-de

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Persiste el riesgo para defensores y defensoras de DDHH en Honduras

Thursday, 30 January 2014 16:57 Marvin Palacios
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Tegucigalpa.

La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) reunió a defensores y defensoras de derechos humanos de varias organizaciones del país, para evaluar el impacto de la campaña de sensibilización denominada: Defendiendo y promoviendo el derecho a defender los derechos humanos en Honduras”.

La Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH), Berta Cáceres,  calificó la campaña de sensibilización, impulsada por  ACI-PARTICIPA en los medios radiales, como “una campaña de mucho poder”.

“Tiene mucho poder, porque ahora esta guerra contra los pueblos es mediática en todo el mundo, incluso las guerras ahora se dirigen así. Entonces esas son nuestras pequeñas ventanas para alzar nuestras voces”, dijo Cáceres.

Berta Cáceres fue acusada por los tribunales de justicia junto a los dirigentes lencas Tomás Gómez y Aureliano Molina, por su lucha en defensa de los bienes comunes que representan los recursos naturales y las tierras que ancestralmente les pertenecen a las comunidades lencas en el occidente del país.

Al respecto, Cáceres expresó que actualmente gozan de un sobreseimiento provisional por dichas acusaciones. “Estos últimos meses los grupos represivos no han descansado en hostigar los procesos sociales indígenas descolonizadores y eso no lo van a hacer nunca, y digo esto,  porque no se puede desvincular nuestra labor a todo un proceso colectivo, porque de ahí venimos, de una colectividad y a esa nos debemos, al pueblo lenca y al COPINH en la causa por la descolonización y contra el capitalismo depredador patriarcal y racista.

La dirigente del COPINH denunció que han continuado las amenazas en su contra y de otros líderes de su organización, a través de mensajes de texto por celulares, hostigamientos sexuales de parte de personal de seguridad de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

“Continuó la amenaza directa a mi familia, cuando personas rondan la vivienda de mi madre, e incluso penetran a la casa en horas de la noche, además de eso hemos venido siendo testigos del hostigamiento contra las comunidades, particularmente de aquellas localizadas en Río Blanco en su lucha contra el proyecto ilegal e ilegítimo de Agua Zarca”, apuntó Cáceres.

Leo Valladares, director ejecutivo de ACI- PARTICIPA y ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Agregó que los hostigamientos  han llegado al extremo que efectivos COBRAS de la policía nacional, encapuchados, les colocan los cañones de sus fusiles en las cabezas a los niños y niñas.

“Amenazan a toda la comunidad, y entran violentamente a sus casas y a su territorio sagrado. También se ha amenazado a los compañeros y compañeras del Consejo Indígena, al presidente Francisco Sánchez, a la compañera María Adelaida y muchas mujeres; luego existen campañas de desprestigio contra nosotras para desprestigiarnos”, denunció Cáceres.

Entretanto el director ejecutivo de ACI- PARTICIPA y ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza,  señaló que el grupo de personas participantes del evento, se salen de lo común, porque se preocupan por los demás.

En ese sentido estamos reunidos para hacer efectivo ese principio constitucional, “que a mi modo de ver es el artículo que debería ser pétreo, el único que no se debe cambiar, todos los demás, pueden adaptarse en uno y otro sentido, pero el objetivo de hacia dónde vamos, es el respeto de la persona humana”.

Es así que rendimos homenaje a las personas que se han distinguido por su trabajo en la defensa de derechos, no solo de ellas mismas, sino de otros grupos a las que pertenecen.

El ex comisionado de derechos humanos resaltó que el artículo 80 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones, ya sea por asuntos particulares o asuntos de interés general y que las autoridades están obligadas a dar respuesta a esas peticiones.

“Significa que todo derecho siempre tiene una correlativa obligación de alguna autoridad para que se pueda garantizar y hacer efectivo, sin embargo, pese a que Honduras tiene un catálogo completo de derechos y libertades, es un país donde desafortunadamente estos derechos no son garantizados como establece la propia Constitución”, consideró el defensor de derechos humanos.

Por su parte la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva alentó a los defensores y defensoras de derechos humanos a continuar con el trabajo de defensa, pese a que en su opinión, vienen tiempos difíciles.

Bertha Oliva, Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

“Pero también estoy consciente de que vendrán tiempos mejores, y esos tiempos mejores solo serán posibles cuando sigamos con nuestra mirada firme y con la creencia de que la fuerza está en la base social”, expresó Oliva.

Oliva, ganadora del Premio Tulipan a los derechos humanos en 2010, otorgado por el gobierno de Holanda, advirtió que enfrentamos una política de Estado militar, como la que tenemos hoy, que nos obliga a recrear la memoria en los años ochenta, cuando se decía que al que no se alineara, se le amenazaba con la herradura y la bota militar.

Una dictadura disfrazada de democracia

“Ese es el mensaje, pero las que creemos que la defensa de los derechos humanos es nuestro derecho, nos apropiamos de ello y seguimos esparciendo conocimiento y seguimos manteniendo el esfuerzo colectivo de la memoria, el pueblo seguirá su ruta; aunque nos quieran imponer el irrespeto, seguiremos adelante, porque lo peor que nos puede pasar es vivir estas dictaduras disfrazadas de democracia”, señaló Oliva.

Agregó que la situación de derechos humanos en el país no es grave, es calamitosa y pobre de aquellos y aquellas que la ignoran, porque les va a tocar la puerta. El movimiento social debe levantarse para exigir que se le devuelva lo que se les ha arrebatado, y cuando digo esto, es que se le devuelva la democracia formal”.

Integraron la mesa principal,  representantes del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) a través de su Coordinadora General, Berta Cáceres, así como Tomás Gómez y Aureliano Molina, el defensor de derechos humanos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Erick Martínez.

La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, también estuvo en la mesa principal, Josefa Escoto  de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y José Zambrano de la Asociación de Personas Viviendo con VIH-SIDA y sus Familiares en Honduras (APUVIMEH).

Y como invitados especiales comparecieron el embajador de la República de Alemania, Johannes Trommer, la representante de la Unión Europea, Vanessa Valladares, el Asesor Internacional en Derechos Humanos del Sistema de las Naciones Unidas para Honduras, Efraín Pérez  y el Director Ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), Héctor Longino Becerra, entre otras personalidades.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2940:persiste-el-riesgo-para-defensores-y-defensoras-de-ddhh-en-honduras&catid=71:def&Itemid=166

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