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400 Arrests This Year as Honduras Cracks Down on Extortion

Data released by a special Honduras police unit formed to combat extortion indicates the country is making progress against an illegal industry responsible for many deaths and massive economic losses.

Origen: 400 Arrests This Year as Honduras Cracks Down on Extortion

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Periodista pide protección para su hijo de seis años y denuncia extorsión en su contra

Alerta 141-16 | Honduras, domingo 7 de agosto de 2016
Comité por la Libre Expresión (C-Libre). La estatal Dirección Policial de Investigaciones (DPI) investiga la denuncia por supuesta extorsión en contra del corresponsal de un canal de televisión hondureño, el periodista Santiago López.
«Hace mes y medio me dijeron que una persona de la granja penal habían mencionado antes de salir que iban a  tomar acciones contra mí porque a veces cubrimos casos de personas que son detenidas por delitos», dijo López a C-Libre.
El reportero es corresponsal del canal HCH, hace dos años, en el departamento de Copán al occidente de Honduras.
«La DPI ha estado  investigando para ver de qué se trata, yo digo que es extorsión  porque me han estado llamando que deposite dos mil lempiras para no mal informarme en el trabajo en HCH», relató.
López indicó que  la DPI ya está tras la pista de las personas que desean afectarlo, la policía investiga si es una represalia por el puesto que ocupa como corresponsal hace dos años o por el contenido de su trabajo periodístico, según indicó.
«Me gustaría protección para mi familia y para mi casa, me preocupa que me estén mencionando a mi hijo de sies años, me dicen que ya saben en que escuela está hace un mes más o menos».
«La DPI ha estado investigando  los cuatro números de teléfono que reporté».
El corresponsal indicó que hace varios días le han venido amenazando y no le daba importancia porque pensó que no era nada serio. Le pedían dos mil lempiras a cambio de no “malinformarlo”, sin embargo, según López empezaron a pedirle noticias que supuestamente habían pasado en la zona como accidentes y muertos y que aparentemente él no iba a cubrir por falta de diligencia.
Al ver eso, López denunció,  «hago formal  y de conocimiento de ustedes mi denuncia de extorsión, me están llamando  casi  a diario para que les de de mil a dos mil lempiras  semanales y la amenaza es no ponerme  en mal ni inventar cosas de mi en HCH con Eduardo  Maldonado y de no atacan a mi hijo  se 6 años se edad. La DPI  ya tiene  conocimiento de esto. Los números de los que me llaman  para solicitar el dinero son 4:
+504 9994-1079,
+504 3299-0606
+504 9663-4105,
+504 9880-1400».
Esta denuncia fue reportada a C-Libre por la presidenta de la Red de Alertas a Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales (Rapcos) en Copán, Gladis López.
En los últimos tres años, C-Libre ha emitido 13 alertas por agresiones de diferente índole, sufridas por los periodistas de HCH.

Origen: http://www.clibrehonduras.com/alerta/periodista-pide-protección-para-su-hijo-de-seis-años-y-denuncia-extorsión-en-su-contra

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Presentarán ante directiva del CN iniciativa para crear tribunales especiales contra corrupción y extorsión

Tegucigalpa – El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, llegará este martes hasta la sede del Poder Legislativo con el fin de reunirse con miembros de la junta directiva del Congreso Nacional, a quienes entregará varias iniciativas de ley entre las que destaca una mediante la cual se crean los tribunales especiales contra la corrupción y la extorsión.

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EXTORSIÓN SIGUE DEMOSTRANDO FRACASO EN POLÍTICA DE SEGURIDAD

La previa de un Tsunami siempre se caracteriza por tranquilidad en el mar, un pequeño presagio de lo que está por llegar. Las últimas semanas el sector transporte disfrutó de esa calma, generando olvido de los acontecimientos recientes y produciendo confianza para trabajar con un poco más de libertad; al final todo fue un espejismo. La tormenta estaba por llegar y la amnesia junto a la infructuosa política de seguridad cobró factura una vez más.

La marea de violencia desbordó nuevamente sobre cuerpos inocentes, la última semana los transportistas vivieron otro capítulo de terror. Los epicentros de ese sismo sangriento fueron en La Ceiba donde la empresa de Transporte Cristina por segunda ocasión en menos de tres meses fue víctima de un incidente que dejó a tres personas muertas y una unidad incendiada. Mismo destino vivieron tres personas en Puerto Cortés quienes después de un ataque a una unidad de la Empresa “Elias”, fallecieron. Un día después en la Entrada, Copán desconocidos bajaron a los pasajeros de la empresa Tilpa para incendiar la unidad y enviar un mensaje a sus propietarios.

“Después del trueno, Jesús, María”, dice el refrán. En Honduras así se manejan los problemas, solo al presentarse sucesos de impacto, los flagelos vuelven a las mesas del debate. La extorsión, inseguridad y una nueva Ley de Transporte que haga cambios en las reglas actuales del juego se han convertido en temas pendientes por resolver.

La realidad es más dura que los datos. El registro del observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras expone que en lo que va del 2016, se contabilizan 63 homicidios, adjunto a ello siete unidades de autobús han sido incendiadas por rehusarse al pago de extorsión.

Las víctimas aumentan en comparación al año pasado y la dirigencia del transporte gestiona con resultados estériles ante un gobierno que desatinó en la política para combatir la criminalidad.

A la espera de la ley en un país sin justicia

El gobierno responde a cada amenaza con una ley desde el Congreso Nacional. La extorsión y asesinatos de transportistas no fueron la excepción y para ello los legislativos en concordancia con el Presidente Juan Orlando Hernández aprobaron una Ley de Transporte que incluirá medidas preventivas y de auxilio a los afectados.

De la mano a esto, el gobierno ideó una política de combate criminal, que se centra en la militarización, cobro de tasa de seguridad, que sin fiscalización alguna genera dudas sobre el uso de sus fondos, aunado a esas tácticas también se creó una Fuerza Nacional Antiextorsión que pretende desarticular bandas que se dedican a ese delito y hacer bajar los índices de extorsión en el país.

La Ley de transporte según el diputado nacionalista Rolando Bueso y encargado de dirigir el proceso, contendrá medidas preventivas a ser instaladas en las unidades de transporte, entre ellas: botones de alerta, cámaras de seguridad, tarjetas prepagos y vigilancia permanente, entre otros.

Para el vocero de los transportistas Jorge Lanza, la Ley que además de estar retrasada en su aplicación también ha generado debates, no solucionará la problemática, porque no solo se trata de prevenir, sino de combatir la extorsión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Por el momento la Ley no se aplica porque el Presidente no ha nombrado a los 13 comisionados que afinarán la normativa y Rolando Bueso dijo que esa dinámica no pasará del mes de junio.

“Es una Ley bastante moderna y contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo de los transportistas y atacar a los grupos criminales que han causado estragos en las unidades urbanas”, recalcó Bueso.

Para Jorge Lanza es imposible ocultar sentimientos en medio de esta coyuntura: “Estamos tristes por la situación que se vive, ya no aguantamos el ambiente de violencia e indefensión, las autoridades deben poner su esfuerzo, porque no podemos seguir viviendo así”.

Asimismo cuestionó el papel de las autoridades, quienes no han podido resolver la interrogante sobre el método de operación delincuencial, y también el origen de la indumentaria militar para perpetuar sus ataques y como esas múltiples preguntas más.

“El Consejo Nacional del Transporte sigue exigiendo medidas concretas de prevención y combate ante este grave problemática de inseguridad”, continuó expresando el transportista.

Lanza cree que los ataques son producto de la extorsión, lo anterior a pesar de las declaraciones de autoridades de la Fuerza Nacional Antiextorsión quienes aseguraron que los tres sucesos de esta semana no tienen vinculación alguna.

Por su parte el analista en temas de seguridad Celso Alvarado dice que el momento violento que vivimos es el reflejo de una política de seguridad fracasada.

“Realmente lo que se invierte en materia económica en seguridad no se ve reflejada en la realidad, desde el momento en que los asesinatos se incrementan y podemos decir que la política que implementa el gobierno no ha dado resultado.

Es una política fallida que tiene muchos espacios y  en realidad la militarización, la tasa de seguridad y la orientación del combate a la inseguridad no tiene lo resultados que a esta fecha esperaría la población”, culminó el analista.

No se puede negar la campaña mediática que hay alrededor de los flagelos hondureños. El gobierno se empecina en mostrar cifras que reflejan descensos en la violencia, pero la realidad palpita otro contexto.

“El gobierno insiste que la criminalidad ha bajado y es porque estamos en un gobierno que aprovecha las plataformas mediáticas que tiene, entonces quiere hacer creer a la gente que ha bajado y que hay más seguridad, que al final es una realidad poco proporcional a lo que se vive día a día”, sentenció Alvarado.

La extorsión se ha convertido en una rama de la violencia que el gobierno no ha podido contrarrestar mediante ninguna política de seguridad aplicada.

La industria del poder

Siempre hay curiosidad por conocer cómo funciona la extorsión y de qué forma llegó al transporte. El analista Javier Canales experto en estos temas relata generalidades que muestran la historia del origen de este problema que tiene contra las cuerdas al transporte, población y gobierno.

(No se pierda próximamente entregas periodísticas para conocer más sobre el mundo de la extorsión)

Según Canales la extorsión la inició la pandilla “MS” entre 1998 y 2000, en ese momento se comenzó con prácticas que incluso hasta la fecha se aplican y es que los jóvenes de esa pandilla en sus primeras experiencias pedían uno o dos lempiras para ellos.

La evolución fue inminente y el segundo momento donde se practicó fue en los barrios y colonias controladas por las pandillas, y ahí vieron en los carros repartidores de productos una mina inmediata para explotar.

El transporte fue el tercer lugar donde llegó la extorsión a lo largo de su desarrollo, y fue ahí cuando se dieron cuenta que existía un gran negocio, finalmente ampliaron su industria a los negocios y comercios.

Fue más tarde, en el 2010 cuando la Pandilla “18” se sumó a la faena. Ahí se origina otro conflicto y es la disputa de territorios, la “18” en medio de su inexperiencia empieza a introducirse en el mundo de la extorsión organizada y a pesar del retraso con que lo hicieron también sacaron capital de ese trabajo.

En esos 10 años de retraso, la disputa fue desigual, pues la “MS” ya había acumulado además de experiencia, poder económico, influencia política y policial, así que la “18” llega de forma confusa a meterse y quitar terreno y agudizar las disyuntivas con la “MS”.

Todo este periodo hasta el 2016, la extorsión se ha posicionado y ha girado a tal punto que las pandillas no sólo piden extorsión, sino que ahora llegan a puntos de buses y les dicen la cantidad que pagarán a la semana por cada vehículo, asimismo le dan instrucciones y operan de esa forma, en ese sentido obligan a sus víctimas a no entregar dinero a otro grupo que no sean ellos y respeten el territorio que dominan.

Una fuente que conoce a profundidad el tema de la extorsión pero que prefirió omitir su identidad por motivos de seguridad, la duda de quién o quiénes están detrás de ese delito no puede responderse, pues además de los pandilleros también se sospecha de la policía. Él en medio del temor que lo rodea nos brindó datos generales entre tarifas y totales.

Y es que la extorsión es una ostentosa industria de poder y dinero, solo para citar un ejemplo, San Pedro Sula calificado como una de las ciudades más violentas del mundo, es un paraíso para el negocio. Cada taxi que se ubica sus terminales en la ciudad, pagan 400 lempiras por taxi a la semana, entregando un aproximado de 1 millón 280 mil lempiras al mes a los extorsionadores.

Mientras que cada unidad de autobús paga 600 lempiras semanales, generando un capital para los extorsionadores de cuatro millones 320 mil lempiras mensuales, todo esto según los cálculos sobre la cantidad de unidades de autobús existentes y la cuota de sobrevivencia.

(No se pierda próximamente más datos sobre el capital que deja la industria de la extorsión en Honduras)

La extorsión tiene muchas formas de funcionar, desde la distribución de municipios, barrios y colonias, hasta las visitas rutinarias de los cobradores. Todas estas generalidades ya las conocen las autoridades de investigación, pero han sido incapaces de combatir el flagelo que cada día cobra además de dinero vidas inocentes.

Origen: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2952-extorsión-sigue-demostrando-fracaso-en-pol%C3%ADtica-de-seguridad

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Extorsiones no pueden pasar sin conexión con gobierno, asegura ex juez de sentencia

Tras la noticias que más empresas, grandes y pequeñas, están cerrando obligados por no poder pagar el “impuesto de guerra” o extorsión, el ex juez de sentencia, Ramón Enrique Barrios afirma que “este delito de extorsión no puede pasar no tiene asociados a grupos y agentes de seguridad, a grupos y agentes del gobierno”.

En los últimos años, la Fuerza Nacional Antiextorsión ha identificado a unas 15 peligrosas estructuras criminales dedicadas al cobro del mal llamado “impuesto de guerra” que atacan al comercio de pequeños y grandes empresarios, así como al rubro del transporte.

Entre esas bandas se ha identificado a la Mara Salvatrucha “MS-13”, la Pandilla “18”, Los Chirizos, el “Combo que no se deja”, Los Benjamines, la Banda de la Mafia, Los Olanchanos, la Banda del Río Blanquito, y Los Tercereños. Además están Los Independientes, la Banda de Transportistas, la de Los Copanecos, la de Pinocho, la Banda Pechuga, y la de Scarfa.

“No es cierto que sólo las maras son los grandes grupos de extorsionadores. No confundir a la persona que pasa cobrando la cuota al taxista, a la pulpería. Ése simplemente es la punta del iceberg, ese es el que cobra, pero ese no es el extorsionador” aseguró el abogado Barrios.

Radio Progreso (RP) dialogó sobre este grave delito con el ex juez de sentencias Ramón Barrios (RB).

RP. ¿Cómo sabe usted del tema de la extorsión?
RB. Muchas veces, en mi labor como juez en el Tribunal de Sentencia, dimos las primeras condenas y están las primeras sentencias por el delito de la extorsión. Encontrábamos a los diferentes testigos, a los diferentes testimonios. Escuchamos sus historias, como operaba este delito de extorsión.

RP. ¿De dónde nace la extorsión?
RB. La extorsión no es una cuestión nueva. En los años 40´s y 50´s, en las grandes ciudades de los Estados Unidos: Nueva York, Chicago, Los Ángeles, los grupos de gánsters empezaron extorsionando a los negocios, es decir, pasaba un representante de los gánster cobrando una cuota a los negocios a cambio de protección. Eso empieza con los grandes mafiosos italianos, irlandeses, los inmigrantes estaban en Estados Unidos.

RP. ¿Y en Honduras, por qué no se paró?
RB. Lamentablemente nos ha pegado en los últimos cinco años en el país. Yo creo que el Estado se dio cuenta que comenzaba este delito y no se paró. Uno más o menos puede tener la respuesta en el sentido que los grandes grupos de la extorsión de este país, no hay duda, que estaban ligadas a miembros de la Policía Nacional y a miembros y grupos de políticos activos de este país.

RP. La extorsión, ¿es un asunto de maras?
RB. No es cierto que sólo las maras son los grandes grupos de extorsionadores. No confundir a la persona que pasa cobrando la cuota al taxista, a la pulpería. Ese simplemente es la punta del iceberg. Ese es el que cobra, pero no es el extorsionador. Mientras el gobierno y mientras que los grupos de investigación no le caigan, no golpeen a la estructura que está arriba, entonces la extorsión no va a desaparecer y al contrario, va a pasar lo que tenemos ahora que es una industria.

RP. ¿La extorsión tiene una intención únicamente económica?
RB. Inicialmente es una intención económica ya que busca cobrar una cantidad de dinero a cambio de una supuesta protección pero si usted no cumple esa cuota económica pues este delito de la extorsión pasa al sicariato, al asesinato, al robo, al homicidio. Entonces tiene una secuela el delito de la extorsión que va más allá del simple cobro de una cuota económica.

RP. ¿Qué piensa usted de la Operación Avalancha: el gobierno contra la Mara MS por la extorsión?
RB. Ha sido la única operación de investigación del Ministerio Público donde se atacó no solamente al pequeño extorsionador que cobra la cuota sino que se llegó a miembros importantes de la estructura.

RP. Pero la extorsión sigue…
RB. Porque la Mara MS no es la única. Usted ha visto como en las últimas semanas se ha recrudecido la industria y como se han hecho sentir los grupos de extorsión como un mensaje al gobierno de decirle aquí estamos y seguimos controlando la actividad económica del país. Yo creo que el delito de extorsión ha desbordado a los entes de investigación del país.

RP. ¿Por qué va en crecimiento este delito?
RB. El delito de extorsión no puede pasar si usted no tiene asociados a grupos y agentes de seguridad, a grupos y agentes del gobierno.

RP. ¿Cómo operan?
RB. Mire, el país está repartido. Hay grupos de extorsión de acuerdo al territorio. Una ciudad está estructurada en territorio, y un territorio le pertenece a cada grupo de extorsionadores. Dentro de ese territorio hay otra clasificación: grupos de negocios. Están los negocios comerciales, están las industrias. Luego se llega al barrio y están las cuadras, a quién le toca esta cuadra, a quién le toca la siguiente cuadra. No es tan fácil, es toda una nomenclatura compleja, es toda una industria, es toda una empresa.

RP. ¿Aprendió la ciudadanía a vivir con la extorsión?
RB. Sí, la ciudadanía, el comerciante, todos somos afectados por la extorsión. Hemos aprendido a convivir más por temor que realmente lo hagamos como una manera de vivir. El problema es que si usted no paga la extorsión en realidad tiene consecuencias para sus bienes y para su persona.

RP. ¿Por qué hemos llegado a esta dramática situación?
RB. El principal responsable, no hay duda, es el gobierno. Y aquí quiero decir que no sólo el actual gobierno, sino los gobiernos pasados cuando empezó, incipientemente, esta industria de la extorsión. Me parece a mí que son responsables este gobierno y los dos gobiernos anteriores por no haber previsto hasta dónde iba a llegar este delito de la extorsión.

RP. ¿Qué representa la extorsión para los grupos delictivos?
RB. Un financiamiento enorme. Por ejemplo, de cada 100 taxis que hay en San Pedro Sula, 98 pagan el delito de extorsión. Otro ejemplo son las dos grandes compañías de telefonía que tienen en su presupuesto el pago de la extorsión.

RP. ¿Quién se enriquece?
RB. El problema es que se está enriqueciendo un pequeño grupo en el país. Además se están enriqueciendo con actividades delictivas. Pero además están infiltrados, no tengo ninguna duda, dentro de la Policía Nacional,  dentro de los órganos de investigación, dentro de la clase política del país.

RP. ¿Cómo incide esto en la vida ciudadana?
RB. Una inseguridad total. Usted tiene una inseguridad ciudadana por un lado, porque usted ya no quiere invertir en ningún rubro comercial industrial, y por otro lado, la falta de seguridad jurídica porque por mucho que haya una promoción a la inversión por parte del gobierno, esto es muy difícil, nadie va querer venir a invertir al país donde nadie quiere pagar el delito de extorsión, pero además de que si no lo hace puede pagar hasta con sus bienes, y si no con su vida.

RP. ¿Cómo se conecta la extorsión con los centros penales?
RB. No hay duda que dentro de los centros penales hay actividad ilícita. Muchas de las extorsiones provenían de los centros penales. Esto ha mermado bastante porque hay un poco más de control. Sigue habiendo llamada para extorsionar pero la industria es tan lucrativa, tan expansiva que ya no es necesario que los grandes dirigentes de la extorsión en Honduras estén en los centros penales. Al contrario, los grandes grupos organizados de la extorsión están fuera de los centros penales y yo me atrevo a decir que están incrustado en la Policía, en los órganos de investigación y en algunos políticos que están ejerciendo funciones de mando en el gobierno actual.

RP. ¿Ha sido víctima de un intento de extorsión o está siendo extorsionado actualmente?
RB. Afortunadamente no, pero tengo familiares muy cercanos que tienen negocios en barrios populares. Alguien que tiene una pulpería, alguien que tiene una venta de pollo, están siendo obligados a pagar 500 lempiras semanales, y si no los tiene sencillamente no puede operar.

RP. ¿Cómo contrarrestarlo?
RB. Mire, hay que hacerle una reingeniería al país. Hay que hacerle una depuración pero no solamente una depuración a la Policía. La depuración tiene que llegar al ejército, la depuración tiene que llegar al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a todo el gobierno de la República de Honduras. El gobierno, en muchos aspectos, está extorsionando al país. Nos extorsiona económicamente, nos está extorsionando políticamente.

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Honduras Authorities Grapple with Social, Economic Impacts of Extortion

Honduran authorities recently mounted a new operation aimed at dismantling extortion rackets, suggesting a growing concern within the government about the crime’s devastating impact on society and the economy.

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Cierre masivo de negocios en Honduras por extorsión – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-El delito de extorsión ha obligado en las últimas horas al cierre de varios negocios en las ciudades más importantes de Honduras. Los cierres han trascendido en las últimas horas a través de las redes sociales donde los propietarios de los negocios informan a sus clientes que por culpa de los […]

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Presidente hondureño asegura que en 2016 “combatirá la extorsión”

“Vamos a apoyar fuertemente las fuerzas nacionales contra la extorsión,  y la idea es que a Fusina  se siga apoyando aún con más con recursos  y también con más apoyo en todos los sentidos”, dijo el presidente hondureño.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El presidente hondureño Juan Hernández aseguró que la lucha contra la extorsión será uno de los principales objetivos de la denominada Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).

La entidad que abarca varios organismos de seguridad, dijo, sufrirá un replanteamiento en sus distintas unidades, “para ganarle la batalla a la delincuencia y la criminalidad”.

Entre los logros alcanzados este año –añadió– “estamos hablando de 20 puntos a la baja en los últimos años en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, que oscila en una reducción de entre un 56 y 55 por ciento”.

“Pero también de cara al 27 de enero  próximo tenemos que iniciar en los dos años por venir un replanteamiento, que pasa por un trabajo de análisis con diferentes sectores de la sociedad,  que en este caso tenemos a los empresarios de la Cámara de Comercio Industria de Cortés (CCIC), quienes han trabajado muy de cerca con Fusina”, acotó.

Asimismo, dijo que el registro de cero homicidios el 24 y 25 de diciembre en San Pedro Sula, “demuestra que no es la ciudad más violenta del mundo, tal como lo corrobora el Índice de Paz Global”.

“Tienen que sentirse orgullosos los sampedranos  y sacudirse ese mal de tildar a la ciudad como la más violenta”,  resaltó Hernández y aseguró que la gente tiene la confianza de salir a las calles ante la presencia de policías y militares.

“Vamos a apoyar fuertemente las fuerzas nacionales contra la extorsión,  y la idea es que a Fusina  se siga apoyando aún con más con recursos  y también con más apoyo en todos los sentidos”, recalcó.

No obstante, organizaciones locales e internacionales de derechos humanos siguen considerando a Honduras como una de las naciones más violentas del mundo.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/889-presidente-hondureno-asegura-que-en-2016-combatira-la-extorsion

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Gobierno anuncia jueces contra extorsión e incautación de bienes a personas que cometan ese delito

Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn

Tegucigalpa. El presidente, Juan Hernández,  anunció hoy la creación de jueces de jurisdicción nacional para casos de extorsión y que se contempla la incautación de bienes a las personas que cometan ese delito,  como parte del replanteamiento de la estrategia de seguridad del Gobierno para los próximos dos años.

JOH-CADENA

“Hemos  atacado fuertemente a quienes se dedican al narcomenudeo y es posible que algunos de ellos se estén moviendo hacia la extorsión y por eso es que ahora la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) le va a dar un apoyo constante, directo y completo a la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA)”, señaló Hernández.

El mandatario expresó que se instaurarán jueces con jurisdicción nacional para atender los casos de extorsión, ya que el Ministerio Público (MP) ha mejorado mucho en la lucha contra el narcotráfico, lavado de activos, la corrupción y delitos contra la vida, pero hay serios problemas en el Poder Judicial, como la recarga de muchos casos de distinta índole en un solo juez.

Ante esta situación,  señaló que  ha girado una solicitud oficial al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, para que junto al Consejo de la Judicatura “nos apoyen con los jueces con jurisdicción nacional para trabajar con la FNA, al igual que ya tenemos fiscales especiales antiextorsión, y eso va a venir a ayudar de manera importante” a combatir ese delito.

Explicó que se está en el proceso de revisar los avances y de aquí al 27 de enero, en la segunda etapa de la “Operación Morazán”, se empezará  con  la creación y operación de los jueces de jurisdicción nacional dentro de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA).

El mandatario indicó  que ha  aumentado la confianza del pueblo en las autoridades de seguridad, ya que ahora  se registran más denuncias al número 911, pero se necesita avanzar porque se tiene que llegar a los cabecillas de las organizaciones que se dedican a las extorsiones, a quienes “se les van a incautar los bienes y el dinero” que obtengan como producto de ese delito.

“Así como todos los operadores de justicia han coincidido en que la incautación de bienes a los narcotraficantes, lavadores de activos, implicados en actos de corrupción,  esperamos que también se haga ahora a los que se benefician con la extorsión”, remarcó el Presidente.

Señaló la importancia de que FUSINA se centre en la persecución del delito de la extorsión en apoyo a la FNA y de igual modo  se puedan mover a las ciudades pequeñas e inclusive a zonas rurales, hacia donde se  han trasladado muchos de esos delincuentes.

Origen: Gobierno anuncia jueces contra extorsión e incautación de bienes a personas que cometan ese delito –

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Escuchas telefónicas pueden llevar a situaciones delictivas como la extorsión: CONADEH

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn; 

 

Según el defensor del pueblo hondureño toda escucha telefónica tiene que partir de una orden judicial y no se puede utilizar  para fines distintos para los cuales fue ordenada judicialmente.

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres

Tegucigalpa.-El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, recomendó investigar  si existe autorización judicial para realizar cualquier escucha telefónica de lo contrario, advirtió,  todas las personas en  Honduras corren el peligro, sin razón alguna,   de ser víctimas de situaciones delictivas como la extorsión.

“Se debe  investigar si existe o no autorización judicial porque, de lo contrario, todas las personas, en Honduras,  van a estar sujetas, sin razón alguna, a ser objeto de escuchas y a que los estén afectando e incluso  esto puede llevar hasta situaciones delictivas como la extorsión y otro tipo de acciones  que esperamos no sucedan en el país”, expresó el defensor del pueblo.

Explicó que en  materia de escuchas telefónicas,  estas solo se pueden realizar  con autorización de juez competente y que exista  un juicio en curso.

“Es la única forma de poder realizarlo porque de otra manera seria vulnerar el derecho a la intimidad, a la imagen  y a una serie de derechos humanos”, explicó.

Agregó que las personas  que realicen estas escuchas sin la autorización correspondiente estarían cometiendo un abuso de autoridad, que es penado en la legislación hondureña.

“Nosotros debemos cuidar que nuestros ciudadanos no estén sujetos a los riesgos de ser víctimas del abuso de poder”, comentó el Comisionado de los Derechos Humanos.

Reiteró que las escuchas telefónicas solo se pueden realizar si existe una orden judicial emanada de juez competente.

De lo contrario, según el ombudsman hondureño, toda  escucha que se haga sin tener una orden judicial implica  un abuso de autoridad y vulneración de derechos  humanos.

Indicó que  toda escucha telefónica tiene que partir de una orden judicial y no se puede utilizar  para fines distintos para los cuales fue ordenada judicialmente.

La Ley Especial  sobre  Intervención de las Comunicaciones Privadas entró en vigencia el 26 de enero de 2012, con el objeto de intervenir escuchas telefónicas a casos concretos determinados por un juez.

La finalidad es que la misma sea un mecanismo excepcional de investigación y se constituya en una herramienta esencial en la lucha contra la criminalidad organizada o no convencional.

La ley establece que el procedimiento de intervención será reservado. Tanto el personal del órgano jurisdiccional, el juez de garantía, el fiscal y el personal de la Unidad de Intervención de las Comunicaciones  que participen de las investigaciones tendrán exclusiva responsabilidad para el cumplimiento de la reserva o confidencialidad.

En el capítulo “De los delitos…”, indica  que se castigará, con reclusión de  6 a 10 años de reclusión al funcionario judicial, policial, del Ministerio Público o Procuraduría General de la República en su caso, o de la empresa generadora de la información, que la divulgue o utilice cuando sea la intervención de las comunicaciones, con un propósito deferente del establecido en el ordenamiento jurídico.

Origen: Escuchas telefónicas pueden llevar a situaciones delictivas como la extorsión:CONADEH –

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Northern Triangle is World’s Extortion Hotspot

Extortionists burn buses to intimidate victims

Statistics suggest that the Northern Triangle — El Salvador, Guatemala, and Honduras — constitutes the world’s epicenter for extortion, illustrating the importance of street gangs and the extent this crime has taken root.

The statistics, compiled by La Prensa in Honduras, show that Salvadorans pay an estimated $400 million annually in extortion fees, followed by Hondurans, who pay an estimated $200 million, and Guatemalans, who pay an estimated $61 million. These figures may be higher given that extortion is one of the most underreported crimes.

Public transportation is one of the most affected sectors, with buses and taxis annually paying an estimated $25 million in Honduras and $34 million in El Salvador, La Prensa said.

Small businesses are also hard hit. El Salvador’s small business association (CONAPES) estimated the economic sector it represents pays $30 million monthly to criminal organizations in extortion payments.

Poor neighborhoods in urban areas are particularly vulnerable, the newspaper noted. (See maps of Tegucigalpa and San Pedro Sula below, which show where the newspaper says the transport sector is extorted)

According to La Prensa, extortionists employ similar strategies across the three countries, intimidating victims through death threats, burning or destroying the property of those who do not pay, or killing an employee or a relative of the owner of the business.

Over 300 workers in the Honduran transportation sector have been killed in the last four years, and more than 36 Salvadoran transportation workers have been killed in 2015 alone. Being a bus driver in Guatemala has also become an extremely dangerous professional occupation with hundreds being killed in the last decade.

Extortion in Honduran Cities

InSight Crime Analysis

What makes the Northern Triangle an extortion epicenter can be described in one word: gangs. In the last two decades, powerful local and regional street gangs have spread throughout the region. Most of them target small businesses and public transportation cooperatives for extortion.

Honduran gangs, for instance, earn an estimated $54 million annually by charging a “war tax,” the newspaper said.

Jailing gang members en masse, the preferred approach of Northern Triangle governments to deal with gangs, has not slowed the rates of extortion. Many extortionists in the Northern Triangle simply operate from prison via cell phone.

SEE ALSO: Coverage of Extortion

Nonetheless, extortion is not unique to the Northern Triangle countries. On June 30, Colombian authorities arrested 27 members of an extortion ring, three of whom were conducting extortions from behind prison bars.

What’s more, gangs are not the only groups extorting. As noted, Hondurans pay an estimated $200 million per year in extortion, only $54 million of which is going to the gangs. But authorities say other groups and individuals use the specter of gangs to scare people into paying extortion fees.

Fuente: http://www.insightcrime.org/news-briefs/northern-triangle-world-extortion-hotspot

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El 47 por ciento de los extorsionadores del país son mujeres y menores de edad

El 47 por ciento de las extorsiones en el país son realizadas por mujeres y menores de edad, según las autoridades de la FNA.

El 47 por ciento de las extorsiones en el país son realizadas por mujeres y menores de edad, según las autoridades de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA).

Las estadísticas de la institución, el porcentaje de las personas detenidas por cobrar el “impuesto de guerra” esta dividido en un 25 por ciento que son mujeres, en su mayoría embarazas.

Mientras que el 22 por ciento de los capturados son menores de edad entre los 12 y 16 años, detalló la portavoz de la FNA, Norma Moreno.

Moreno explicó que ese 47 por ciento, representa a parte de la población más vulnerable del país y que viven expuestos a las bandas criminales.

El pasado sábado dos menores fueron detenidos en Tegucigalpa, por cobrar extorsiones en distintos negocios de la ciudad.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/el-47-por-ciento-de-los-extorsionadores-del-pa%C3%ADs-son-mujeres-y-menores-de-edad

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FNA ha capturado 178 personas por extorsión este 2015, 104 han sido judicializados

Domingo, 19 Abril 2015 10:01


FNA ha capturado 178 personas por extorsión este 2015, 104 han sido judicializados

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – Las autoridades de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), informaron que en lo que va del presente año, han realizado 178 detenciones por el delito de extorsión, de los que 104 fueron judicializados.

En ese sentido, en las últimas horas, mediante acciones de investigación y seguimiento, la FNA capturó a una supuesta extorsionadora y presunta miembro de la banda de “Los Chirizos” en el sector de la colonia El Porvenir en Comayagüela, ciudad gemela con Tegucigalpa.

extorLa mujer detenida responde al nombre de María Ester Castañeda de 37 años, quien es originaria del municipio de Azacualpa, El Triunfo, Choluteca.

Según la portavoz de la FNA, Norma Moreno, a la fémina se le supone responsable del delito de extorsión de acuerdo a denuncias interpuestas en esta unidad.

Agregó que al momento de la captura se le decomiso una considerable suma de dinero producto de la extorsión.

Además Moreno señaló que según investigaciones, la detenida pertenece a la banda de “Los Chirizos”, organización criminal que opera en los mercados capitalinos.

“Cabe mencionar que este tipo de organización delictiva está utilizando mujeres en estado de gestación para cobrar las extorsiones”, subrayó Moreno.

Fuente: http://www.proceso.hn/component/k2/item/100845-fna-ha-capturado-178-personas-por-extorsi%C3%B3n-este-2015-104-han-sido-judicializados.html


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Extorsiones y amenazas a muerte generan migración masiva de hondureños y hondureñas

Abr 17, 2015

“Al principio sólo me cobraban el impuesto de guerra; apenas lo lograba pagar, pero me lograba mantener. Un día llegaron a pedirme que vendiera droga en mi negocio, les dije que no y me dijeron que me fuera o me mataban. Yo a ellos los conozco, son de la misma colonia y saben donde vivo. Por eso me tuve que ir”, es el testimonio de un hondureño de 33 años  que regresó deportado de Estados Unidos.

En Honduras, al igual que en otros países de Centroamérica, se observa que los problemas de inseguridad y violencia causados por el crimen organizado están forzando a la población a desplazarse internamente.

Sin embargo, la religiosa Lidia Mara Souza, coordinadora de la Pastoral de Movilidad Humana, explica que entre junio y diciembre de 2013 el Centro de Atención al Migrante Retornado –CAMR- entrevistó a más de 20 mil hondureñas y hondureños deportados, de los cuales el 5.3 por ciento migró hacia Estados Unidos por amenazas e inseguridad.

“Hace como cinco meses, le pagué al señor “X” 140 mil lempiras, quien es coyote y conocí en la terminal de buses; él me iba a pasar para Estados Unidos. Estando en México, él me encerró en unas casas tipo bodegas que tiene con otra gente, y tiene más gente secuestrada ahí. Fui a migración de México, pero no me quisieron ayudar a regresar a Honduras, me dijeron que así como me había ido que me regresara”, recordó una migrante retornada vía terrestre.

“Mi marido violaba a una de mis hijas y me maltrataba a mí”, era otro de los testimonios presentados, una mujer deportada de 33 años de edad.

La mayoría de las personas desplazadas por violencia son hombres, pero desde el año 2013, un 16 por ciento de las mujeres hondureñas emprenden  la ruta migratoria México-Estados Unidos “huyendo” de la violencia de sus parejas, ex parejas o familiares de sexo masculino, apunta un diagnóstico sobre la caracterización de la población hondureña retornada con necesidades de protección, que realizó la Pastoral de Movilidad Humana.

¿Qué departamentos son expulsores?

El diagnóstico revela que los departamentos que más expulsan personas por causa de violencia coinciden de manera general con los departamentos de mayor migración externa.

“Está Cortés, Atlántida, Colón, Olancho, Francisco Morazán y Yoro, entonces, esos son los principales departamentos de nuestro país de donde sale mayor número de personas con necesidad de protección internacional”, detalló Lidia Mara Sousa.

Los hondureños y hondureñas retornadas, cuyo origen o vida se desarrolló en dichos departamentos, comentan que su decisión para migrar fue la alta ola de homicidios, inseguridad en general, extorsiones e intimidaciones, señalando como principales agresores a los integrantes de maras o padillas, pero también la delincuencia común y narcotraficantes.

“Los pandilleros, bandas y todo eso no nos dejan salir de nuestras casas porque están peleado territorio. Nos tienen como prisioneros y siempre tienen a alguien vigilando cuando salimos a cualquier lado”, comenta una joven de 28 años, que también fue deportada.

Más mecanismos de identificación y protección

Fernando Protti, representante regional del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR-, insta al gobierno de Juan Orlando Hernández a crear un Centro de Atención al Migrante Retornado en la frontera de Corinto –departamento de Cortés-, para homologar e identificar los migrantes con perfiles de riesgo.

Es también importante “seguir adelante con acciones más concretas, que permitan empezar a proteger a la población afectada de una manera más efectiva: el seguimiento de las personas, seguimiento no persecución, que regresan y que tienen necesidad de protección y acompañamiento para ayudarles  a encontrar opciones, porque muchas de ellas no pueden regresas a sus comunidades de origen”, agregó Protti.

Mientras que la Pastoral de Movilidad Humana aboga por fortalecer la presencia de los consulados hondureños en la ruta migratoria hacia el norte, y asegurar que el cuerpo diplomático cuente con las capacidades técnicas e idóneas para identificación, referencia y asistencia de los migrantes y las migrantes.

Se estima que a finales de 2015 la relación de hondureños y hondureñas que emprenden la ruta migratoria hacia Estados Unidos por motivos de inseguridad general, extorsiones e intimidaciones, será de un 20 por ciento.

Datos

El retorno de la población migrante hondureña desde Estado Unidos y México ha aumentado en un promedio de 27 por ciento anual entre 2012 y 2014.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1996-extorsiones-y-amenazas-a-muerte-generan-migraci%C3%B3n-masiva-de-hondure%C3%B1os-y-hondure%C3%B1as

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What an Extortion Call in Honduras Sounds Like

A possible victim of extortionists in Honduras

A chilling phone call highlights some of the techniques that criminals in Honduras use to extort their victims, underscoring the ways in which extortion gangs take advantage of the country’s precarious security situation to instill fear.

In the recording of an extortion call obtained by the Honduran media, a man who identifies himself as “Mafia,” the leader of a gang with the same name, demands that the owners of a bus company pay him around $4,760 and a weekly “war tax.”

“If not,” the criminal states, “we are going to have it out with the owners of the buses and we’re going to burn them alive.”

During the call, “Mafia” tells the victim to meet him the following day at 11 a.m. and warns him not to contact the police or turn off his cellphone. He then describes threats the gang carried out in two of Tegucigalpa’s most violent neighborhoods, La Torre and Flor de Campo.

“We charged [another bus company] rent in Flor de Campo and we killed one of them because they didn’t believe us at the beginning. So if you don’t believe us, listen to me closely, because later I’m going to make you listen…if you don’t believe us the same thing is going to happen to you as happened in La Torre and Flor de Campo with me, get it?”

The extortionist then passes the phone to a man he identifies as his gunman, who also threatens the victim.

“If you don’t cooperate with us there will be a death tomorrow, do you understand?” the assassin says. “You have to take what Mafia said seriously because Mafia only has to say the word [to have you killed]. Are you listening to me?”

“Because I’m going to take care of you… [and] blow your brains out,” he adds.

The gunman then passes the phone back to “Mafia” and the victim asks “Mafia” if he can pay half of the extortion fee because he won’t be able to get all of the money together by the following day.

“Look,” the extortionist says. “It works like this. Here the gang has rules. I’m not going to let you pay half but we are going to help you, you are only going to give us 80,000 lempiras [around $3,800 dollars].”

In a final effort, the victim asks if he can make the payment in two installments, to which the caller simply replies: “You are not going to pay it in two payments.”

InSight Crime Analysis

The phone call illustrates the types of threats that criminals use to extort victims in Honduras, providing insight into a crime that forces thousands of businesses to close every year and serves as a major driver of violence in a country that has become one of the most violent on the planet.

The caller heard in the recording appears to be a member of an extortion gang known as La Mafia, which targeted the transportation sector and operated from prison with the help of accomplices on the outside. Honduras‘ National Anti-Extortion Force (FNA) has identified the caller in the recording as Orlin Javier Alvarado Peralta, alias “Mafia,” the leader of the group. The extortion gang has since been disbanded, thanks in part to a victim who reported the crime, and Alvarado Peralta has been moved to a maximum-security prison, according to La Tribuna.

However, victims are often reluctant to report extortion to police. As evidenced by the recording, whoever receives such a phone call is working with little information at every stage of the conversation, putting the recipient of the call at a severe disadvantage. In the recording, the extortionist could be telling the truth about the recent attack on another bus company; or he could simply be using an event that he saw in the news to his advantage. The victim may never know. There are very frequent attacks on buses, taxis, and other transport companies in Honduras (as in Guatemala, where over 400 people died in such attacks last year), but it is hard to know who is responsible for these attacks as few are investigated.

As heard in the recording, the transportation sector is a major target for extortion in Honduras, earning criminal groups an estimated $27 million dollars a year. Between 2012 and 2014, 153 taxi drivers were murdered in cases that appeared to be linked to extortion, along with 32 passengers. Bus companies are also frequent targets, with extortion reaching such high levels in some areas of capital city Tegucigalpa that drivers have been forced to suspend bus routes.

SEE ALSO: Honduras News and Profiles

Although extortion is the principal source of revenue for the country’s powerful street gangs — the Mara Salvatrucha (MS13) and Barrio 18 — the crime is also carried out by corrupt police officers, and common criminals posing as gang members. According to Honduras‘ National Anti-Extortion Force, as many as 70 percent of extortions are carried out by common criminals, rather than violent gangs, making it difficult, if not impossible, to discern between real threats and posers.

The deterioration of the Honduras‘ security situation has been rapid and widespread. Victims of extortion frequently have cash on hand, operate in dangerous areas, lack protection, and have little information on which to base their decision when it comes to paying up or ignoring the call. Extortionists, as evident above, count on an uninformed public to ply their trade.

Fuente: http://www.insightcrime.org/news-analysis/what-an-extortion-call-in-honduras-sounds-like

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Transportistas sampedranos pagan L30 millones anuales a mareros

05 Feb 2015 / 10:43 PM /

El impuesto de guerra se cobra cada semana en todos los sectores de San Pedro Sula.

Las medidas de seguridad son insuficientes para controlar las extorsiones en la ciudad.
Las medidas de seguridad son insuficientes para controlar las extorsiones en la ciudad.

San Pedro Sula, Honduras.

Tienen miedo, pero llegan al extremo de negarlo para proteger sus vidas y a sus familias.

En octubre de 2014, San Pedro Sula registraba 44 muertes, entre conductores de buses, rapiditos, taxis y mototaxis, atribuidas a la falta de pago del denominado impuesto de guerra.

En esa misma fecha, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) contabilizaba 280 homicidios en todo el país.

El año 2015 comenzó también con baños de sangre: más de 12 transportistas habían sufrido atentados al 24 de enero.

Entre las fechas más lamentables durante ese período figuran el 3 de enero, cuando un ayudante de la ruta de Chamelecón fue acribillado. El 8 de enero le ocurrió lo mismo a un motorista de 23 años de edad de la ruta 2, y el 12 de enero, un conductor de la ruta 4, con tan solo 21 años, falleció en un tiroteo, en el que también resultó dañada una unidad de taxi.

Recientemente, dirigentes del transporte alzaron la voz por esa cadena de muertes, al grado de no saber a quién pagarle primero, si a los empleados o a los grupos criminales.

Los temores

A raíz de las denuncias, LA PRENSA buscó conocer otras aristas del terror que abrigan las calles sampedranas.

La cita se lleva a cabo en un edificio que se asemeja a un complejo de apartamentos. Al subir las escaleras, de frente, hay una puerta polarizada que impide ver lo que hay adentro.

De pronto se escucha el sonido, parecido al de un timbre, que da la señal de que la puerta ha sido abierta. Hay varias oficinas, pero en una de ellas está un dirigente del transporte público de la ciudad.

Él da órdenes a su secretaria mientras su asistente le entrega una serie de documentos. Un saludo cordial y una pregunta común y corriente bastan para romper hielo, pero antes es tajante al decir que no quiere fotos y que concede la entrevista solo si su nombre pasa al anonimato. Además, dice que no tiene mucho tiempo.

Así como él, reconoce que los conductores de buses y rapiditos están aterrados por el aumento descomunal de las extorsiones, especialmente del impuesto de guerra.

“Solo en San Pedro Sula y Tegucigalpa pagamos a las maras un promedio de L70 millones al año y a nivel nacional más de L100 millones. Ya estamos cansados. No podemos trabajar en paz porque cada semana hay que pagarle a estos tipos para salvar nuestras vidas”, asevera el transportista.

De los L70 millones que se cancelan en las principales ciudades, L30 millones son facturados en San Pedro Sula y L40 millones en Tegucigalpa. Mientras, el resto se paga en otros municipios del Valle de Sula y en La Ceiba, Atlántida. Los cálculos indican que en San Pedro Sula se pagan actualmente L2.5 millones por mes. Esta cifra es confirmada por la Fiscalía de Delitos Comunes.

Carga pesada

Los buses y rapiditos de la Gran Central Metropolitana cargan también con el impuesto de guerra. “Suba, vamos, le llevo las maletas”. Esta es una de las frases que manifiesta el clamor y una lucha constante entre los ayudantes y conductores con el fin de llenar sus unidades lo más rápido posible. Quien lo necesita se sube de inmediato, otros prefieren esperar las ofertas que les ofrecen y las mujeres se asustan por ratos.

“Hermano, si no hacemos la tarifa de hoy nos quiebran”, expresa un angustiado despachador que la semana pasada debía pagar la cuota a una banda criminal.

Los vendedores en las ventanillas se notan nerviosos al ser consultados sobre amenazas recibidas y de golpe responden “no”, pero sus miradas delatan otra realidad.

Otro transportista dice que en Villanueva y otras regiones del noroccidente algunos antisociales son los dueños de mototaxis y rapiditos, y ponen las empresas a nombre de testaferros.

En muchos casos, mujeres son enviadas con lista y tarifas que cada ruta debe pagar para operar. “Si no les pagamos, nos pueden matar al siguiente día”, asegura un taxista que prefirió omitir su nombre.

Fuente: http://www.laprensa.hn/inicio/792354-410/transportistas-sampedranos-pagan-l30-millones-anuales-a-mareros

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Honduras: Las 10 denuncias de corrupción del 2014

31 de Diciembre de 2014

08:00PM  –   Redacción  

Nuevos actos de corrupción que golpearon al país fueron denunciados en 2014 gracias a las constantes investigaciones de EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras

1-. Robo de los Tigres: Al menos 22 elementos de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES) se dividieron 1.3 millones de los 12.5 millones de dólares (268 millones de lempiras) que le encontraron a la familia Valle Valle en una caleta.

El arresto de los Valle Valle se hizo el 5 de octubre en el sector de El Espíritu, en Florida, Copán, en el occidente de Honduras, y luego de haberlos aprehendido, los efectivos TIGRES hicieron un recorrido por zonas aledañas hasta descubrir que en un área denominada Las Crucitas estaba oculta en la tierra una gran cantidad de dinero.

Los TIGRES revisaron la caleta y descubrieron que en su interior estaba enterrado un barril de plástico, por lo que procedieron a romper ese depósito y en su interior había 19 bultos.

Después de ver los sacos, elementos de escala básica de TIGRES llamaron a miembros de otras dos unidades que participaron en el operativo de arresto de los Valle Valle, pero al descubrir que en los fardos había dinero, sacaron dos y los arrojaron a un matorral para que los efectivos que venían en camino no se dieran cuenta.

Estos efectivos de escala básica notificaron a los dos comisarios del hallazgo, estos superiores dieron el visto bueno para que se hiciera la repartición. Los policías fueron despedidos y actualmente enfrentan un proceso judicial.

2-. Saqueo en el IHSS: Una red se dedicó a crear “empresas fantasma” para provocar el descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

EL HERALDO informó sobre una red compuesta por exfuncionarios, familiares y amistades para conformar “empresas fantasma o de maletín” con la finalidad de saquear al Seguro Social. Un total de 11 empresas inexistentes sustrajeron 332 millones de lempiras para beneficiar a particulares.

EL HERALDO puso al descubierto como Ilsa Vanessa Molina Aguirre y su familia se enriquecieron con el dinero de los derechohabientes del Seguro Social. De acuerdo con las investigaciones, la modelo sirvió hasta como testaferro para apropiarse de bienes del IHSS por el orden de 9.2 millones de lempiras.

De igual forma detalló cómo la chilena Natalia Patricia Ciuffardi, amante de Mario Zelaya, cabecilla del saqueo del Seguro Social, también fue beneficiada con los recursos de los derechohabientes. Actualmente Molina Aguirre tiene orden de captura y Ciuffardi solicitud de extradición.

3-. “Terrenazo” en el INA: A mediados de febrero, EL HERALDO denunció cómo el exdirector del INA, César Ham, y otros exfuncionarios y particulares fueron favorecidos ilegalmente con regalía de lotes ubicados en la aldea de Yaguacire.

Se incurrió en responsabilidad penal por la regalía de terrenos en la pasada administración del Instituto Nacional Agrario (INA), concluyó el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) tras una investigación en torno a la denuncia publicada por EL HERALDO.

El ente contralor realizó la investigación especial durante el período comprendido del 19 de febrero al 6 de marzo de 2014. Indagó la denuncia referida ala adjudicación de terrenos propiedad del INA a César Ham, exdirector de esta institución, asimismo a funcionarios, empleados y sindicalistas que no reúnen los requisitos establecidos en la Reforma Agraria y el Contrato Colectivo para ser beneficiados con la titulación de estos terrenos.

Algunos de los exfuncionarios, entre ellos Ham, decidieron devolver los terrenos adjudicados ilegalmente.

4-. Facturas falsas salpican a Araujo: Recursos públicos que estaban destinados a combatir el mortal Aedes aegypti y salvar vidas de las garras del dengue fueron a parar a las cuentas particulares de funcionarios y empleados del Programa Nacional de Dengue de la Secretaría de Salud mediante una descarada falsificación de facturas en “giras fantasma”.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO detectó la existencia de recibos de pago de viáticos adulterados y falsificados a nombre de los servidores públicos en los períodos 2011 y 2012. En esos años, el programa estaba dirigido por la doctora Roxana Araujo.

Esos documentos también fueron constatados y cotejados por diario EL HERALDO mediante una labor de campo en los sitios donde se realizaron las supuestas giras de trabajo. A la cuenta 1203519804 de Banco Atlántida, de Roxana Araujo, exministra de Salud, se hicieron depósitos durante 2011 y 2012 que correspondían a gastos de viáticos de giras que no se efectuaron.

5-. Sobrevaloran insumos en el IHSS: El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) realizó erogaciones por más de 4,300 millones de lempiras sobre las cuales se investigan actos de corrupción. EL HERALDO conoció que esa institución pagó unos 2,000 millones de lempiras en las supuestas compras sobrevaloradas de equipo biomédico e insumos para hospitales.

Además, en muchos casos estos equipos e insumos no llegaron a su destino y no contaban con las garantías ni procesos de capacitación que deben acompañar estas compras. Entre esas adquisiciones fraudulentas está una central de comunicaciones usada por la que se pagaron más de 9 millones de lempiras y que no fue comprada al fabricante.

“No aparecen diagnósticos, no aparecen dictámenes de cuáles eran las necesidades del Seguro Social y creemos que ha sido una compra indiscriminada”, confirmó en enero el fiscal Roberto Ramírez Aldana quien lideraba la investigación.

6-. Escandalosa corrupción en el IP: Pérdida de expedientes, sustracción y adulteración de folios, falsificación de firmas, extensión y registro de títulos otorgados fraudulentamente, manipulación del sistema informático, cambio de claves y nomenclaturas y cobro de dinero para agilizar trámites son parte de lo actos de corrupción -denunciados por EL HERALDO en agosto- que estaban ocurriendo en el Instituto de la Propiedad.

Mafias conformadas por empleados, directores y hasta miembros del consejo directivo fueron señaladas como responsables.

A raíz de la denuncia, el gobierno ordenó al nuevo consejo directivo del IP proceder a contratar una firma internacional “que realice inmediatamente una auditoría interna a profundidad de lo que hay en el Instituto de Propiedad”, dijo en su momento Ebal Díaz, nuevo presidente del consejo directivo.
Las autoridades del IP también anunciaron que comenzarían un proceso de certificación del personal que se desempeña en la institución.

7-. Así se extorsiona: Un equipo infiltrado de la Unidad Investigativa de EL HERALDO fue testigo de un operativo de vigilancia y captura de un extorsionador efectuado en la capital por la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), el cerebro y músculo creado por la Secretaría de Seguridad para frenar este flagelo.
La FNA ha tenido que echar mano de algunas novedosas técnicas de investigación para atrapar a miembros de bandas de extorsionadores.

Una de las principales acciones ha sido la del arresto en entregas controladas, que consiste en monitorear las conversaciones de los extorsionadores con sus víctimas para así rastrear el punto donde se hará el pago. Los agentes dan a la víctima dinero marcado para que se lo dé a los criminales y cuando esto sucede se hace el arresto del delincuente. El dinero es usado como prueba irrefutable contra el extorsionador en el juicio que se entabla contra él.

De igual manera, la FNA emplea una reseña o perfil de los sospechosos (fotográfica, fenotípica -genes-, dactilar y telefónica). Mediante un equipo sofisticado se hacen registros de llamadas y de identificación de voces para reconocer el timbre de voz de los extorsionadores.

Al darse cuenta que son escuchados, los extorsionadores han recurrido a entregar notas con letras recortadas de periódicos para exigir el dinero, método que fue detectado por la FNA.

8-. Maestros violadores: El acoso sexual de maestros a escolares y colegialas comenzó a salir a la luz pública luego que EL HERALDO denunció cómo dos maestros del Instituto José Cecilio de Valle, de Choluteca, fueron acusados de haber tenido relaciones sexuales con una misma alumna que luego quedó embarazada de uno de los mentores.

Asimismo, en la Normal Mixta del Sur, siempre en Choluteca, se registraron otros dos casos más. En uno el docente le pedía besos y regalos a una alumna. En el segundo caso se acusó al profesor de acosar a través de Facebook y WhatsApp a una estudiante. Días después se conoció que en la normal mixta Pedro Nufio de esta capital otro maestro fue señalado de acosar sexualmente a una alumna a través de la telefonía móvil. Estos cinco casos están en la impunidad y sin un castigo severo de la Secretaría de Educación.

De igual manera, en otros puntos del país se conocieron más casos de actos de lujuria y acoso sexual de maestros en perjuicio de sus alumnas. Un caso se registró en la escuela Roberto Hasbum, ubicada en la comunidad de El Zamorano. Otro en el colegio de Lepaterique, Francisco Morazán, un tercer hecho similar ocurrió en el Instituto Departamental de Oriente. Asimismo, un profesor de la Universidad Pedagógica en El Paraíso también fue acusado por el delito de pornografía infantil.

9-. Rapiña acabó con el FNH: Cortado con acetileno, el Ferrocarril Nacional de Honduras (FNH) fue despedazado y vendido como chatarra.

En los últimos cinco años, el saqueo no tuvo límites. Las locomotoras, las plataformas, los ejes de los vagones que habían quedado en el taller de Puerto Cortés fueron cortados, robados y vendidos por las mismas autoridades que administraban este transporte. El HERALDO constató con fotografías y testigos que una gran cantidad de material ferroviario que se encontraba en el viejo taller del ferrocarril ubicado en el centro de esta ciudad fue saqueado por los mismos que administraban el ferrocarril nacional desde la oficina de San Pedro Sula.

A finales de noviembre de 2011, autoridades del ferrocarril llegaron a estas instalaciones con rastras, con cuadrillas equipadas con tanques de acetileno y custodiados por soldados de la 105 Brigada y comenzaron a cortar las plataformas, los ejes, los rieles y todo aquel material de hierro; decían que las llevaban para el taller de San Pedro Sula y que allá las iban a armar nuevamente, pero eso era mentira. En ese material había millones de lempiras, coincidieron testigos. Estas personas que vieron y conocieron del desbaratamiento del tren pidieron considerar a los responsables de este latrocinio como un grupo criminal que incluso está metido en la política.

10-. Capturan a Digna Valle Valle: Bajo el cargo de posesión de cocaína para la venta, la Policía estadounidense arrestó el 24 de julio -en Miami- a la hondureña Digna Valle Valle, publicó EL HERALDO el 5 de agosto de este año.

La captura se registró en la página de la oficina del sheriff del condado de Broward, Miami, bajo el número 901400528 por el delito “PWID COCAINE” (posesión con la intención de vender cocaína).

Este arresto permitió conocer que Estados Unidos le seguía los pasos a varios miembros de la familia Valle Valle originaria de El Espíritu, Copán, por los delitos de narcotráfico. La desclasificación de una acusación judicial de diciembre de 2013 reveló “que entre 2009 y noviembre de 2013, Valle y sus hermanos Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle, junto con otro hombre identificado como Gerson Stanley Ortega Valle, conspiraron ilegalmente para traficar cocaína desde o a través de Colombia, Guatemala y México hacia Estados Unidos”.

Luego que se conociera públicamente la captura, las autoridades de honduras comenzaron a confiscarle las cuentas bancarias y los bienes a varios miembros del clan Valle Valle. El 20 de agosto el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los declaró como una banda criminal dedicada al tráfico de drogas e inició procesos de extradición.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/alfrente/781281-331/honduras-las-10-denuncias-de-corrupci%C3%B3n-del-2014

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Fuerza Nacional Antiextorsión somete al crimen Organizado

El impacto de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) de Honduras desde su creación en marzo del 2013: Desmantelamiento de 300 bandas de extorsión. Más de 1.100 sospechosos de extorsión arrestados. Y alrededor de 2.39 millones de euros ahorrados de sus planes de obtención ilícita de dinero.

Pero éstos son solamente números. Para los blancos y víctimas de la extorsión en Honduras, los esfuerzos de la FNA no tienen precio.

“Yo creo que el público tiene confianza en esta unidad porque los resultados hablan por sí mismos”, señaló Wilfredo Méndez, analista de seguridad y coordinador del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).

La FNA está integrada por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fiscales especiales y analistas de investigación, todos ellos dedicados a combatir la extorsión. Antes de la creación de la unidad, el Ministerio Público (MP) era el único organismo responsable de combatir la extorsión; desde 2011 a 2012, el mismo arrestó a 210 personas y logró 112 casos judiciales. Desde ese entonces, los números muestran un cambio drástico.

“Estos resultados positivos se deben al apoyo proporcionado por el Estado y a la cooperación de los países vecinos: entrenamiento de alto nivel, equipamiento y tecnología de alta calidad y, además de eso, los agentes son seleccionados con base en su trayectoria y su desempeño superiores”, dijo un funcionario de la FNA, quien pidió permanecer en el anonimato.

De acuerdo con Pacheco, los agentes reciben entrenamiento en operaciones especiales y técnicas de armas de fuego cada tres meses. La FNA puede solicitar el apoyo táctico del Grupo Especial Antiextorsiones (GEA) de El Salvador; de la Unidad de Antiextorsión y Secuestro (UNASE) y de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), de Colombia; además, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) proporciona recursos y apoyo técnico.

El país está dando prioridad a la lucha contra este delito, lo que se evidencia en el apoyo prestado por la rama judicial, que ha asignado 10 fiscales especiales en Tegucigalpa, seis en San Pedro Sula, dos en La Ceiba y uno en Comayagua, que son los lugares con la mayor incidencia de casos de extorsión. Cuentan también con jueces especiales para juzgar los casos.

La FNA logra resultados positivos

El éxito de la FNA goza del beneficio de una herramienta especial: la protección de testigos.

“La protección de la identidad de la víctima permite que la persona se sienta confiada para denunciar los delitos, ya que la base de datos se maneja con estricta confidencialidad hasta el punto de que, cuando se envían los archivos al MP, no se revelan los nombres, solo se asigna un código a cada caso y solamente el juez especial recibe la información completa en un sobre sellado”, dijo el funcionario de la FNA.

Mientras tanto, el gobierno hondureño ha tomado medidas adicionales para combatir la extorsión. En marzo de 2014, Diálogo informó que las autoridades hondureñas habían decidido bloquear las llamadas telefónicas desde teléfonos celulares en las 24 cárceles del país, pero incluso después de esta medida el público reportó que seguía sufriendo de extorsión originada en las cárceles.

“Nosotros descubrimos que algunas personas estaban siendo extorsionadas por presuntos delincuentes que se encontraban en la cárcel, pero las llamadas se efectuaban desde cabinas telefónicas públicas ubicadas dentro de las cárceles”, dijo el funcionario de la FNA.

Para impedir esto al mismo tiempo que se salvaguardan los derechos humanos de los prisioneros, la FNA solicitó que se reubicaran las cabinas a un área donde los guardias pudieran supervisar las llamadas.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/fuerza-nacional-antiextorsi%C3%B3n-somete-al-crimen-organizado

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65 mil teléfonos con reporte de robo se han bloqueado en Honduras

13 diciembre, 2014 – 11:13 am

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El presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Ricardo Cardona, informó este sábado que en los que va del 2014 se han bloqueado 65 mil teléfonos con reporte de robo.

La medida luego de aplicarse el proyecto “Lista Negra” que entró en vigencia el 17 de junio en todo el territorio nacional.

Cardona aseguró que con el bloqueo se ha logrado disminuir significativamente el robo de celulares.

Además indicó que los asaltos a las unidades de transporte público han experimentado un descenso.

La “Lista Negra” consiste en bloquear el teléfono, con el propósito que no pueda volver a ser habilitado.

El proceso para bloquear un teléfono celular se hace a través de la inhabilitación del código IMEI, por medio de un software que maneja la empresa a cargo de la implementación del programa.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/12/13/65-mil-telefonos-con-reporte-de-robo-se-han-bloqueado-en-honduras/

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In Honduran schools, gangs are in control

15 photos

In this photo Nov. 28, 2014 photo, a member of Hondura’s Military Police, stands guard at the entrance of a school, during the last day of class, in the Canaan neighborhood of Tegucigalpa, Honduras. Street gangs control most schools in Tegucigalpa, where a lot of the students are gangsters, along with their parents. (AP Photo/Esteban Felix)

TEGUCIGALPA, Honduras (AP) — In primary and secondary schools of this Central American capital, “hallway” is not just another word for corridor but slang for a gantlet of gangsters who hit up instructors for money on the way to the classroom.

Teachers who don’t pay, don’t teach.

Gang prevention police distribute US-funded pamphlets on manners and anger management in about two thirds of the 130 public schools of Tegucigalpa. Gang members, meanwhile, circulate catalogues of their girls offering sexual services for sale.

It can’t exactly be said that street gangs are recruiting in Honduran schools because gangs in Honduras don’t need to recruit. In a country of limited opportunities, more schoolchildren want to join the violent Mara Salvatrucha, 18th Street and other newly formed gangs than the illegal bands can absorb.

What can be said is that, just as they control most of the neighborhoods of Tegucigalpa, street gangs rule over most public schools in the capital. Gangsters are students and students are gangsters, as are some of their parents. The gangs lay claim to buildings with graffiti, and monitor the movements of police who are trying to monitor them. When the government sends in the military to retake a neighborhood and its schools, the ruling gang may lay low for a time, but they can’t stay quiet for long or competitors will move in, setting off a wave of violence.

“The schools are a base of organization for the gangs, and the point through which all children in the neighborhood pass,” said Lt. Col. Santos Nolasco, spokesman for the joint military and police force in charge of security in the country of 8.2 million people.

Gangs rely on kids to do much of their illegal grunt work, knowing that even if they get caught, they won’t face long jail sentences. More than a third of the estimated 5,000 gang members with criminal charges them against in 2010 were under 15 years old, according to the only study that examines age in gangs. This year, police say they have detained more than 400 minors for gang activity, including some as young as 12.

Poorly educated students may have to repeat a grade several times before passing exams, and police say some gangsters intentionally repeat years just to hold onto illegal operations in a school — their means of making a living. As a result, kids between the ages of 11 and 17 may be in the same class.

While most gang violence takes place outside of school, there have been rapes and kidnappings inside, and extortion is rampant. In addition to setting up the occasional gantlet, where a teacher has to cough up pocket money on the spot, gangs demand that educators pay 1,000 lempiras or about $50 a month, more than 10 percent of their salary.

“The extortion takes place through the school director, ” said Liliana Ruiz, the Ministry of Education’s director for Tegucigalpa. “They make an appointment with the director at the mall and he has to arrive with the money. In Honduras, the extortion has to be paid.”

In many schools, the power of the gangs is omnipresent and once a gang takes control of a school, Ruiz said, the teacher has no choice but to get along with the gangsters, or ask to be moved. If a gang grabs a child from a classroom, most teachers know to keep quiet, even if the student is never heard from again.

“The fear is indescribable … because these children are capable of anything,” Ruiz said. “It is a climate of shocking desperation.”

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Yojana Corrales, a police officer with the capital’s gang prevention unit, stops to speak with neighbors outside of El Sitio school for grades one through nine in northern Tegucigalpa, and immediately draws the attention of gangsters. One pulls up on a motorcycle, another on a bicycle, both carrying two-way radios, and they eavesdrop on her conversation.

“They’re just checking up on what we’re doing,” Corrales explained.

With 15 years on gang details, Corrales is used to the scrutiny.

“We’ll go into a school to hand out manuals and the gang will come in, take one and start reviewing it in front of us. They control what is said to the children,” she said.

The front of the Jose Ramon Montoya Institute in eastern Tegucigalpa is painted with MS-13 graffiti, tags of the Mara Salvatrucha. Until recently, dozens of gangsters controlled the second floor of this primary and secondary school, using it as a base to sell drugs and organize girls into prostitution.

“They begin with a photo in the halls of the school. Afterward, they take her to a mall to buy her clothes. They give her a cellphone and pay for beauty treatments. If the girls want to get out of this, they’re indebted for services rendered and receive threats,” said Corrales.

The attraction for the girls, however, is that a 14-year-old can earn $500 a month in prostitution — more than a police officer’s salary, Corrales says.

Last year, three students became pregnant after they were raped on the second floor of Montoya, according to a teacher. At the start of the new school year, officials called for protection, but when police tried to take back the school, gangsters threw furniture at them from the second floor. Police then took a softer approach — stationing officers at every door to keep a close eye on students. The gangsters retreated.

For the time being, authorities are back in control of Montoya, including the newly repainted second floor.

“We painted the walls inside the school three weeks ago. They’ll come put their tags on them again, and we will paint them again,” said teacher Marcio Pastrana. It is a routine he knows well after 35 years at the school.

“There are more good kids than bad,” Pastrana reflected. “We do everything humanly possible, but the problem isn’t in school, it’s in society.”

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Only about a third of Honduran school children live with two parents, according to administrators. Many of their parents have headed north to look for work in the United States, while others have been killed or simply left the household. Many students don’t have enough to eat, or work for several hours before and after school to help support their families. They are surrounded by violence in a country with the world’s highest homicide rate.

A majority of Honduran children see a limited future for themselves: work as a laborer, a taxi driver or perhaps as a bus conductor, collecting coins from passengers and earning far less than they might by selling drugs or wielding a gun for the gangs.

Many children leave Honduras out of fear or in search of opportunity in the United States, often long before they finish school. The school districts do not have global dropout numbers, but U.S. Customs and Border Protection says it apprehended 18,244 unaccompanied Honduran children in fiscal year 2014, up dramatically from the previous year, after rumors circulated that they were being allowed to stay in the country.

School administrators say that teachers generally are more afraid of the gangs than the remaining students are, because so many children admire gangsters. In their eyes, the children of gang members are made, and in some neighborhoods, the offspring of two gang members, known as the “pure ones,” are royalty. The gangs look for new members who have something to offer them: beauty, bravery or perhaps an empty house.

“An 11-year-old mentions at school that his grandmother has died and he can get the keys to the house that is empty,” said Corrales. “The gang grabs the house and begins to use it, and that child doesn’t get out of the gang.”

Teachers, administrators and police acknowledge that the government’s efforts to protect schools with military police and gang prevention programs are not yielding measurable results.

After the leader of a drug gang at the Republic of Panama School in the Buenos Aires neighborhood was killed in September, 20 gangsters were detained and their mates warned of reprisals. Thirty military police were deployed to provide protection, said Lt. Col. Nolasco. The result of the arrests, said a group of 11- to 14-year-olds, speaking on condition of anonymity, was more danger as another gang tried to muscle in.

“The situation is more complicated now,” said a student.

Corrales, the gang prevention officer, arrived at the La Hera school in the northern neighborhood by the same name, on a recent afternoon to distribute her prevention handbooks and meet with the kids. Before she even got out of her pick-up truck, however, a group of children climbed into the back and put their hands behind their heads, mimicking detained gang members.

“This is the image of the gang leader,” Corrales said. “The detainee is a somebody in the barrio, and those kids want to be a somebody.”

Fuente: http://bigstory.ap.org/article/f87ead82756b49739652601db71c6c43/honduran-schools-gangs-are-control

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Investigarán bancos que reciben depósitos de la extorsión

15 noviembre, 2014 – 12:05 am

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Gustavo Paz Escalante

» Gustavo Paz Escalante

El comandante de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), Gustavo Paz Escalante, anunció este día que investigarán a las instituciones bancarias que reciben depósitos producto de las extorsiones para llegar a los cabecillas, en Honduras.

Escalante manifestó que en la actualidad solo se capturaron a los que cobran, pero no se ha llegado a los verdaderos responsables o autores intelectuales del delito de extorsiones.

Informó además que los conductores que se estacionen en estaciones no autorizadas serán sancionados y mencionó que en estas bandas de extorsionadores hay policías infiltrados.

Aclaró que se está en un proceso de investigación, y determinar quiénes están detrás de las extorsiones y muchas instituciones bancarias se están prestando para ello, estas investigaciones serán fuertes y profundas.

Explicó que se le seguirá el rastro al dinero, hasta dar con el paradero de los responsables como apoyo para la Fuerza Nacional Anti Extorsión, pero para ello se requiere la participación de la población, transportistas para que proporcionen información, señaló  Escalante. (JAL)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/11/15/investigaran-bancos-que-reciben-depositos-de-la-extorsion/

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Transportisas pierden ingresos de tres días para pagar extorsiones

10 Nov 2014 / 11:13 PM /

El transporte sigue abatido por la delincuencia. Ya son 60 los muertos en buses y 120 en taxis.

Algunas empresas de buses se fueron a paro ayer en la capital por muerte de otro conductor.
Algunas empresas de buses se fueron a paro ayer en la capital por muerte de otro conductor.

Tegucigalpa, Honduras.

La sangre no deja de correr en el sector del transporte.

Con el deceso del conductor Luis Daniel Figueroa Elvir (40), el domingo en la capital, se eleva a 180 el número de transportistas victimados, entre conductores y ayudantes de buses y taxistas.

La escalofriante cifra se resume en 60 motoristas y ayudantes de buses y rapiditos asesinados y 120 motoristas de taxis atacados por no pagar a tiempo las extorsiones, según un informe que actualiza con cada crimen el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).

Figueroa Elvir falleció el domingo a causa de dos heridas de bala que recibió al ser atacado la semana pasada por un pistolero en el bulevar Los Próceres, de la capital.

Su muerte originó ayer la paralización de buses de la ruta Santa Lucía-Valle de Ángeles.

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Los transportistas de Tegucigalpa volvieron a paralizar sus unidades cansados de ataques de extorsionadores. a los ciudadanos les tocó viajar en pailas, caminar y esperar jalón.

Tras cinco horas de protestas, los transportistas que cubren los corredores de San Juancito, Cantarranas, Valle de Ángeles, Santa Lucía y la Villa de San Francisco lograron arrancar el compromiso de seguridad del Gobierno.

Gerardo Ochoa, uno de los transportistas de Santa Lucía, comentó que los problemas que atraviesan es que en dos meses les han quitado la vida a dos conductores, algo que les preocupa mucho.

“Hicimos el paro porque ya no soportamos la inseguridad, hoy (ayer) vamos a enterrar a uno de los conductores nuestros. Ya no podemos seguir pagando las extorsiones”, reiteró.

Hasta el lugar donde se realizó la protesta de los transportistas llegó el subcomisionado Otoniel Castillo Lemus, jefe de la Unidad Metropolitana I, ubicada en el barrio Los Dolores, quien con el teniente coronel José Colindres, en representación de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), se comprometieron en aumentar la seguridad a los transportistas que se sienten amenazados.

“Hemos dialogado con las transportistas y los estamos atendiendo por instrucciones del alto mando policial y se les dará respuesta inmediata”, destacó Castillo Lemus.

Con las medidas que se van a implementar se espera que se reduzca la muerte de conductores de las unidades del transporte interurbano que cubren las rutas que la mañana de ayer dejaron de prestar el servicio.

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A los ciudadanos afectados por el paro les tocó viajar en pailas.

Extorsionados

El domingo anterior en el programa de debates 30/30, los transportistas de la capital aseguraron que de los siete días de la semana, tres, o sea lunes, martes y miércoles, todo el dinero que ganan con el sudor de su frente los destinan al pago de extorsiones a las más de ocho bandas que operan en la capital.

El incumplimiento en los pagos, e incluso el retraso, provoca amenazas que se siguen concretando con los asesinatos de conductores y ayudantes, afirmaron los dirigentes del gremio.

Definirán paro

Este miércoles a las 9:00 am se definirá en Siguatepeque si los transportistas de todo el país se van a paro nacional.

Los transportistas de la capital desarrollaron una asamblea la tarde de ayer en la que determinaron un paro general en todo el país.

Esa determinación se va a ratificar en Siguatepeque, donde estarán los transportistas de la zona norte del país.

Entre los sectores que se van a paralizar se encuentran los microbuses, transporte de carga, interurbano, urbano y taxis.

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Algunos usuarios esperaron jalón.

“El paro será a escala nacional. Vamos a sitiar el país, pero eso se va a ratificar en la reunión que será en Siguatepeque”, informó Pedro Gómez, dirigente de los taxistas de la capital.

En la asamblea de ayer, todos los transportistas se pronunciaron a favor de la paralización. Sin embargo, hubo discrepancias porque muchos de los que asistieron querían que el paro fuera a partir de hoy y otros de que se debía consensuar para tener una mayor participación.

“Lo que queremos es que todo el sector transporte participe en esta lucha porque todos somos afectados de una u otra manera. El paro es un hecho y esperamos que sea lo más pronto posible. No se descarta que sea el próximo lunes”, dijo Gerardo Aguilar, dirigente de transporte de la capital.

“Pretendemos hacer una paralización como la que hicimos cuando el presidente Ricardo Maduro, que no pueda trabajar nadie”, advirtió Aguilar.

Hace dos semanas, los transportistas capitalinos se fueron al paro de labores como medida de presión para exigir seguridad al Gobierno.

TEGUCIGALPA. Que se ratifique la reforma constitucional para que la Policía Militar (PM) tenga un carácter permanente demandó ayer al Congreso Nacional el Consejo de Defensa y Seguridad.

El Consejo de Defensa, que encabeza el presidente de la república, Juan Orlando Hernández, sesionó por primera vez en la sede del Poder Legislativo.

Ellos demandan elevar de rango a la Policía Militar ratificando la reforma a la Carta Magna que se aprobó en la legislatura anterior.

Los miembros aprovecharon la ocasión para reunirse con los directivos del Congreso y los jefes de las siete bancadas para hacerles el planteamiento.

En conferencia de prensa, Hernández manifestó que el Consejo de Defensa considera que es una necesidad para el Estado de Honduras consolidar la reforma constitucional para elevar de rango a la Policía Militar y para ello quedan pocas semanas, a efecto de ratificar la reforma que se aprobó el año pasado.

“Todos hemos coincidido, y estoy seguro que una gran mayoría del pueblo hondureño sabe que la Policía Militar es una institución de alta confianza, de alta efectividad”, dijo el mandatario.

El decreto que deberá ser ratificado establece la reforma del artículo 274 constitucional. La reforma constitucional fue aprobada con el apoyo de la mayoría de bancadas, con 109 votos a favor y ningún voto en contra. El tema entrará a debate.

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/766567-417/transportisas-pierden-ingresos-de-tres-d%C3%ADas-para-pagar-extorsiones

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Honduras: Incontrolable muerte de conductores de rapiditos; otro es asesinado esta tarde // Transporte público bajo el fuego de los extorsionadores

viernes, 7 de noviembre de 2014

Así quedo el motorista asesinado esta tarde en Tegucigalpa. (Foto@RedinformativaH)

Autor del artículo: Proceso Digital / Viernes, 07 Noviembre 2014 -15:55
Tegucigalpa – La muerte violenta de motoristas, ruleteros y empleados del transporte público parece alcanzar niveles incontrolables en Honduras. Esta tarde se reportó el asesinato de un piloto de servicio ejecutivo, hecho ocurrido en un populoso bulevar de Tegucigalpa.
– Al menos 120 conductores del transporte público han sido ejecutados este 2014.
El violento suceso ocurrió en el bulevar Fuerzas Armadas a la altura de la colonia Miraflores, cuando dos sujetos desconocidos atacaron a balazos al motorista de la unidad de transporte 931, identificado únicamente como “El Lobo”.

Relatos de testigos dan cuenta que a la unidad de transporte se subieron dos sujetos que sin mediar palabras le dispararon a la víctima. Posteriormente, se bajaron y más adelante los esperaba un vehículo turismo, en el que huyeron con rumbo desconocido.

El ahora occiso quedó en el asiento del motorista ya que recibió múltiples impactos de bala en su cabeza.
El bus, color azul, cubre la ruta Carrizal-UNAH-La Sosa circulaba a inmediaciones del centro de rehabilitación Teletón.
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La víctima mortal tenía casi cinco años de trabajar en el rubro del transporte público.
Los empleados del transporte público son cotidianamente asesinados por grupos criminales que se dedican al cobro del mal llamado “impuesto de guerra”.
Esta mañana, un conductor del servicio de transporte interurbano resultó herido luego de ser víctima de un atentado criminal en un sector de la capital hondureño.
El violento suceso se produjo en las inmediaciones del hospital San Felipe. La víctima fue el conductor de una unidad de transporte que cubre la ruta entre Tegucigalpa y Santa Lucía, Francisco Morazán.
Los propios dirigentes del Transporte aseguran que se trata de una “cacería” contra empleados del ramo por grupos criminales que cobran extorsiones.
Sólo esta semana, cinco conductores han perdido la vida violentamente, en tanto otro motorista sufrió un atentado donde resultó gravemente herido por lo que se debate entre la vida y la muerte en un centro asistencial.
 http://www.proceso.hn/component/k2/item/90912-incontrolable-muerte-de-conductores-de-rapiditos-otro-es-asesinado-esta-tarde.html
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Transporte público bajo el fuego de los extorsionadores

Autor del artículo: Proceso Digital / Viernes, 07 Noviembre 2014 – 19:35
Tegucigalpa – El transporte público hondureño se encuentra bajo el fuego de los extorsionadores, quienes arrebatan a diario la vida de taxistas, motoristas, ayudantes y pasajeros, especialmente en las principales ciudades del país.
– Dos ataques a buses del transporte público cobraron la vida de una persona, al tiempo que otra resultó gravemente herida durante hechos registrados este viernes.
– Semana cruenta para los empleados del ramo. En los primeros nueve meses de 2014, alrededor de 60 personas resultaron muertas y otras 25 heridas.
Los ataques por parte de grupos criminales dedicados al cobro del mal llamado “impuesto de guerra” no cesan, basta ver los espacios informativos con grandes desplegados a este flagelo que adquiere patrones gigantescos, pese a los esfuerzos de las autoridades que todos los días capturan a miembros dedicados a cobrar extorsiones.
Cada vez que se produce una muerte violenta en el rubro del transporte, el tema se mantiene en la palestra, sin embargo tras uno o dos días de relativa calma las alarmas vuelven a encenderse, pero sin acciones efectivas que no pasan de poner militares en una que otra unidad del ramo.
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Los taxistas y pilotos del servicio ejecutivo, denominado “rapidito”, son las principales víctimas de las organizaciones criminales que cobran “renta” en forma semanal, mensual e incluso para esta época de fin de año se suman los “aguinaldos”.
Sólo este viernes dos ataques distintos cobraron la vida de un conductor de bus ejecutivo, también otro de una unidad amarilla resultó gravemente herido, pero luego de una intervención quirúrgica en el Hospital Escuela Universitario (HEU), logró salvar su vida.
Tras estos dos hechos criminales, a cinco suman los conductores asesinados solamente en la presente semana.
De forma reiterada los empleados del transporte público paralizan sus unidades en forma de protesta para exigir mayor seguridad y detener la ola de muertes que los embiste, aunque de poco o nada sirven estas acciones porque la estela de crímenes no cesa.
Relato de taxista que piensa pedir asilo
Proceso Digital conoció el testimonio de un ruletero que trabaja en un reconocido centro comercial de la capital hondureña, quien además ocupa un cargo en la junta directiva.
El humilde conductor asegura que la delincuencia rebasó los límites de tolerancia, al grado que criticó que colegas suyos sigan pagando con sus vidas la negativa a pagar extorsiones.
“Mire estos documentos -muestra una hoja de contabilidad- pagamos cuota a tres grupos de muchachos (la cifra oscila entre 24 y 25 mil lempiras mensuales), eso le demuestra que no hay tal que el impuesto de guerra ha bajado, por el contrario…”, dijo.
Sin identificarse -por razones obvias- el conductor de taxi se mostró afligido porque se acerca el último mes del año y deberán pagar los denominados “aguinaldos”.
“Estoy pensando en agarrar a mi hija y esposa para ir a una embajada a pedir asilo, o no sé, alguna forma de colaboración para que nos den la oportunidad de viajar a otro país y vivir una vida tranquila, sin pensar que tarde o temprano sea yo el siguiente en la lista de muertos”, concluyó.
Ombudsman pide parar ola de muertes
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, hizo un enérgico llamado para detener la ola de crímenes en las unidades del transporte público y exhortó al gobierno a brindar mayor seguridad para conductores, ayudantes y pasajeros.
El Ombudsman hondureño se solidarizó con los familiares de las víctimas y condenó los constantes hechos violentos que desde 2012 a la fecha han dejado, sólo en las unidades de taxis, alrededor de 320 víctimas entre pasajeros y conductores.
A lo anterior se suma que en los primeros nueve meses de 2014, alrededor de 60 personas resultaron muertas y otras 25 con heridas de consideración en las unidades de buses, entre conductores, ayudantes y en su mayoría pasajeros.
Herrera Cáceres lamentó la forma como ha ido creciendo la inseguridad en las unidades del transporte público tanto para sus propietarios como para los conductores y los mismos pasajeros.
“Eso nos demuestra que el tema de la violencia delincuencial está afectando mucho la seguridad de nuestro país”, expresó.
Insistió en que el gobierno tiene que redoblar esfuerzos y la sociedad en su conjunto apoyarlo para hacerle frente a las personas que atentan contra el derecho a la vida y que a diario ponen en riesgo la integridad y a la propiedad privada.
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Radiografía de violencia esta semana
El lunes, el conductor de un bus ejecutivo identificado como Marco Contreras Figueroa (56), y Melvin Sagastume (22), fueron asesinados por sujetos desconocidos, el hecho se registró en el barrio El Centro, a inmediaciones del estadio de Choloma, en el norte de Honduras.
Un día después, el martes en horas de la mañana se reportó el asesinato de un taxista, el hecho criminal ocurrió en la séptima avenida de Comayagüela, cerca del mercado Las Américas. El ruletero respondía al nombre de Rony Hernández Méndez (29).
Ese mismo día en horas de la tarde, se produjo otro hecho criminal en contra de un taxista en el municipio de San Manuel, Cortés, norte de Honduras.
El jueves, a inmediaciones del puente Soberanía en la capital hondureña, fue ultimado Rony Alexander Rosales Cruz, quien conducía la unidad 319 de la ruta Carrizal- Miraflores.
Horas más tarde se reportó en Santa María del Real, Olancho, la muerte violenta de Lenin Medina un conductor de mototaxi, hecho cometido por sujetos desconocidos.
La mañana de este viernes, el conductor Daniel Figueroa fue herido gravemente por sujetos desconocidos cuando este había aparcado la unidad a inmediaciones del Hospital San Felipe, en la capital, el motorista conducía una de las unidades que cubre la ruta Tegucigalpa- Santa Lucia, Francisco Morazán. Por la tarde, en el bulevar Fuerzas Armadas a inmediaciones de la Fundación Teletón, otro piloto de transporte ejecutivo murió a manos de malvivientes.
 http://www.proceso.hn/component/k2/item/90924-transporte-p%C3%BAblico-bajo-el-fuego-de-los-extorsionadores.html

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Honduras Ends Strike with Promise to Confront Public Transport Gang Violence

Hondurans protest high levels of violence in the transportation sector

Public transport workers in Honduras called off a strike after the government agreed to new security measures to stem violence and extortion affecting bus drivers. However, other experiences around the region suggest that this move may not be enough.

The strike took place over the course of eight hours on October 22 in capital city Tegucigalpa and was resolved after the government agreed to boost police patrols and install security cameras in buses and bus stops, reported La Prensa. The government also agreed to introduce military patrols in markets, as well as bus terminals and stops.

The strikers called for the government to take action to halt a wave of violence that has seen 58 bus drivers killed so far in 2014, according to La Prensa. The most recent murder came just two days before the strike.

The head of the Honduran government’s transportation division claimed that the protesters were seeking to recuperate missed subsidy payments, a claim denied by the president of the Honduras National Transportation Council.

InSight Crime Analysis

Extortion of public transportation is rife in Honduras and other countries around the Northern Triangle region. Street gangs charge bus companies for the right to move through their territory; drivers are killed and buses torched if the payments aren’t made. Such incidents have become so common in places like Guatemala that being a bus driver there has been dubbed the “most dangerous job in the world.”

While these new measures could provide some additional security for bus drivers, it remains to be seen whether it will actually lead to decreased violence against public transport workers. Putting more security cameras at bus stops could yet prove to be just a band-aid solution, one that doesn’t fully address the power of the gangs that are able to harass and kill bus drivers with impunity.

SEE ALSO: Honduras News and Profile

Other countries have struggled to resolve the issue of violence against public transport workers. In neighboring El Salvador, the government once deployed anti-terrorist units to patrol bus routes, and also made it obligatory to use electric cards to pay for bus fare — a system Honduras is also exploring. However, these measures haven’t made much of a dent in El Salvadorextortion fees of bus companies reportedly doubled between 2013 and 2014.

Fuente: http://www.insightcrime.org/news-briefs/honduras-strike-seeks-reform-to-deadly-transportation-industry

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El impuesto de guerra continúa cobrando vidas

El delito de la extorsión y el mal llamado impuesto de guerra tiene literalmente de rodillas a varios sectores de nuestra sociedad.

El delito de la extorsión y el mal llamado impuesto de guerra tiene literalmente de rodillas a varios sectores de nuestra sociedad.

Esta perversa actividad se convirtió en unos de los más lucrativos negocios en el país, y un verdadero azote para vastas zonas residenciales, pequeñas y medianas empresas, centros de enseñanza y especialmente para el rubro del transporte público.

De acuerdo con investigaciones de HRN, se confirma esta mañana que solamente el transporte público que opera en Tegucigalpa y Comayagüela le pasa mensualmente 25 millones de lempiras al crimen organizado por concepto del pago del impuesto de guerra y las extorsiones. Dicha cantidad es igual a 300 millones de lempiras anuales.

Mientras, en la ciudad de San Pedro Sula los dueños de Taxis, buese rapiditos y buses grandes le pasan al crimen a aproximadamente 20 millones de lempiras al mes, es decir unos 240 millones de lempiras al año.
Lo anterior significa que el sector transporte público de la capital de la República y San Pedro Sula le dejan al crimen solo por concepto de impuesto de guerra y extorsión la abultada suma de 540 millones de lempiras al año.

Las investigaciones de esta casa de radio, revelan que los dueños de rapiditos en Tegucigalpa y San Pedro Sula son obligados a pagar 600 lempiras diarios y entre 300 y 400 lempiras por cada bus grande que opera en estas dos importantes ciudades.

En la capital existen unos 130 puntos de taxis colectivos y a cada uno de ellos se les cobra religiosamente entre 30 y 60 mil lempiras mensuales.

Actualmente en el Distrito Central operan unos seis mil 800 taxis y aproximadamente un mil 500 entre buses amarillos y rapiditos, mientras en San Pedro Sula hay cinco mil 200 taxis y unos mil 700 buses entre grandes y rapiditos.

90 conductores, ayudantes y empresarios del trasporte en Tegucigalpa.

80 en San Pedro Sula

350 en todo el país por cobro de impuesto de guerra y extorsión.

No hay ningún caso resuelto.
En Las torres, Los llanos, Sitio, La Peña, El Pedregal, Flor del Campo, San Francisco, Calpules y Cerro Grande, La Quezada.

Ministro de Seguridad les ha instruido a ser seguir pagando a los delincuentes por mientras el Estado hace algo.
20 millones al mes entre buses y taxis en Tegucigalpa.
600 lempiras diarios a los rapiditos y 400 a los buses amarillos.
En San Pedro Sula tanto a los buses grandes y rapiditos les sacan entre 500 y 600 lempiras diarios.
Los niveles de inseguridad han llegado a tal extremo que el crimen les han pedido hasta sus unidades hacer traspaso.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/el-impuesto-de-guerra-contin%C3%BAa-cobrando-vidas

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