Entradas etiquetadas como Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública

Transparencia Internacional maquilla datos para favorecer sistema sanitario del gobierno

Por: Redacción CRITERIO redaccion@crietrio.hn Tegucigalpa.-Sectores de la sociedad civil y de la prensa hondureña esperaban datos contundentes que devalaran la podredumbre que aún persiste en el sistema sanitario, pero Transparencia Internacional prefirió presentar un informe que dista de la realidad y lo acerca más a la manipulación oficial. El organismo internacional, que en el 2014 […]

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MACCIH y ley de secretos

La llegada de miembros de la Misión de Apoyo y Combate a la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) al país genera expectativas en el pueblo hondureño. Hay esperanza que los saqueadores del Seguro Social serán llevados a la cárcel, incluyendo no solo a los autores materiales sino también intelectuales donde según ha trascendido figuran políticos de turno.

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Sin la derogación de la ley de secretos oficiales, la MACCIH será una farsa más –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- Sin la ratificación del convenio que le da vida por el Congreso Nacional, se instaló en Honduras la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), el 22 de febrero del 2016. La Misión se ha constituido para un sector de la población, en una “esperanza” […]

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Con recurso de inconstitucionalidad buscan derogar Ley de Secretos Oficiales

Organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron dos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Secretos Oficiales por violentar el principio de transparencia que debe primar en un Estado de derecho.

En un país donde la sospecha, descrédito y desconfianza están a la orden del día, el Estado lejos de transparentar su administración crea cajas de seguridad para guardar sus secretos. El 14 de enero del 2014 el Congreso Nacional creó la Ley de Secretos Oficiales que entró en vigencia el 7 de marzo del 2014. La nueva norma puso en marcha cuatro categorías de información que han sido objeto de clasificación o secretividad: Reservado, confidencial, secreto y ultrasecreto.

Después de entrar en vigencia se aprobó la resolución 69-2014 que emitió el Consejo Nacional de Defensa y seguridad que implementó la secretividad en unas 20 instituciones del Estado que abarca actos, contratos y negociaciones que se generen desde el Estado.

La Ley generó oposición desde su aprobación y publicación en el Diario Oficial La Gaceta, y fue hasta el mes de febrero del 2016 donde varias organizaciones presentaron dos recursos de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Entre las organizaciones que interpusieron el recurso legal está el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias (CPTRT), el Comité para la Libre Expresión (C-Libre) y el Observatorio Ecuménico de los Derechos Humanos.

“Hemos presentado dos recursos de inconstitucionalidad, uno contra la Ley de Secretos Oficiales y otro contra la resolución 69-2014 que emitió el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Lo presentamos para que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional establezca que la Ley no reúne los estándares internacionales sobre publicidad y acceso a la información pública que se establecen desde los convenios internacionales y la misma constitución como un derecho humano”, manifestó Edy Tabora director de C-Libre.

Por su parte Wilfredo Méndez director de Ciprodeh considera que la Ley es un escudo de impunidad para los corruptos del país, porque con él la prensa no puede tener acceso a la información y tampoco la ciudadanía.

Los argumentos de los recursos plantean que la normativa violenta además de varios derechos fundamentales también a la independencia de poderes del Estado.

Entre algunas de las entidades que están protegidas por la secretividad están: Secretaría de Seguridad, Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional, Ministerio Público, Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Fuerzas Armadas, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Dirección Ejecutiva de Ingresos, Instituto de la Propiedad, Instituto Hondureño de Seguridad Social, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Unidad de Inteligencia de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, Registro Nacional de las Personas, Dirección Nacional de Marina Mercante, Dirección General de Aeronáutica Civil, Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, entre otras.

La norma violenta dos derechos fundamentales, el de libertad de expresión y acceso a la información pública, que desde ya están establecidos en los convenios internacionales y en la Constitución de la República.

Tabora expresa que: “el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tiene varias funciones a nivel de la institucionalidad pública, ahí se define toda la política sobre seguridad e inteligencia, además tiene una facultad que le otorga la Ley de Secretos que es decretar los secretos oficiales en el país y asimismo decretar en caso de solicitarse si accede y publica los secretos sobre cualquier dependencia.

Esto quita el derecho de petición a la ciudadanía sobre la solicitud de información, porque en este momento solo el Fiscal puede hacer ese trámite.

Este Consejo ha roto el principio de separación de poderes, porque estos deben ser separados e independientes pero este Consejo los junta y da facultades de decretar secretos, por ejemplo la Tasa de Seguridad que se maneja bajo estricta clandestinidad y solo el Fiscal puede solicitar la desclasificación de los mismos. La gente no puede saber cómo se están manejando los fondos públicos.

Ante el planteamiento de los recursos se espera que la Sala de lo Constitucional resuelva, si ese no es el caso pasaría al pleno de la Corte Suprema de Justicia y si ésta no resuelve de forma positiva entonces se abre el camino de una demanda a través de la justicia internacional al Estado hondureño.

“En el contexto actual no tiene  futuro el recurso, porque el sistema de justicia está a servicio de grupos nefastos en el país.

La idea es ir avanzando en la recuperación de información y luego pasar estos procesos a instancias internacionales pero igual la esperanza la mantenemos para que cambie esta situación.

Además buscamos crear incidencia en la población y que juntos tomemos responsabilidad y exijamos nuestro derecho a conocer como se manejan los fondos públicos”, puntualizó Wilfredo Méndez.

 

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C-LIBRE, CIPRODEH, OEDDHH: Política de secretividad estatal violenta principios fundamentales

El Comité por la Libre Expresión. C-LIBRE, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH y el Observatorio Ecuménico de Derechos Humanos, OEDDHH, demandaron al Estado de Honduras mostrar coherencia entre la norma interna y los Tratados Internacionales suscritos, lo que en la práctica está muy lejos de practicarse, como ejemplo señalan el un mensaje manipulados del Gobierno al haber firmado el convenio con la MACCIH, sin haber derogado la Ley de Secretos Oficiales que obstaculiza el acceso a la información.

En una cata pública difundida en una conferencia de prensa el pasado 10 de febrero, exigieron la derogación de la Ley de Secretos porque viola la norma constitucional relacionada con el acceso a la información pública y normas del Sistema Interamericano de Derechos humanos.

Criticaron la dinámica la extrema secretividad en el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia debido a que es una dinámica impuesta que profundiza la crisis política y la desconfianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

También denunciaron el uso del derecho penal para restringir la libre divulgación de la información. Esta acción ha violentado los derechos de  Elvin Francisco Molina (33), por suponerlo responsable de atentar contra el sistema financiero del país, al hacer uso de legítimo derecho de la libertad de expresión en las redes sociales.

“Demandamos la eliminación del paralelismo legal con el mismo rango de legalidad, entre la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa; pues produce una crisis en materia de acceso a la información por parte de los ciudadanos y ciudadanas, ya que una ley les confiere garantías plenas para el ejercicio de acceso, pero a su vez existe una ley que les restringe este mismo derecho”, señalaron.

Esta es la carta pública emitida por las tres organizaciones:

CARTA PÚBLICA

A favor de declarar inconstitucional la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa conocida como la “Ley de Secretos”, considerando que se viola la norma constitucional relacionada el derecho de Acceso a la Información Pública, así como las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Creemos que es urgente remover los obstáculos legales para el  ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información pública, utilizados como censura previa, el extremo de la secretividad es que se implementó en el proceso de selección de magistrados/as a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), siendo una dinámica impuesta que profundiza la crisis política y la desconfianza de la ciudadanía en un sistema de justicia.

Creemos que es un mensaje ambiguo y manipulador del Estado hondureño a través del Gobierno de la República, haber firmado el Convenio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), sin haberse derogado entre otras leyes, la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública.

Más allá de este convenio, instamos a investigar y sancionar a todas y todos las y los responsables de violaciones a derechos humanos ya sean civiles o funcionarios públicos, incluyendo los casos por delitos de corrupción.

Denunciamos el uso del derecho penal para restringir la libre divulgación de la información. Esta acción ha violentado los derechos de  Elvin Francisco Molina (33), por suponerlo responsable de atentar contra el sistema financiero del país, al hacer uso de legítimo derecho de la libertad de expresión en las redes sociales.

Molina, ex empleado de Alimentos Continental, destacó en los medios comunicación como vocero de los ex trabajadores que protestaron exigiendo el pago de sus prestaciones, días después fue presentado a los juzgados acusado por el delito de divulgación falsa  sobre las instituciones supervisadas, poniendo en riesgo el sistema económico de Honduras. Expuesto a una condena de reclusión de tres a seis años y multa de hasta cincuenta mil lempiras, según cita el Código Penal en su artículo 295.

Para C-Libre, CPTRT, CIPRODEH y el Observatorio Ecuménico de Derechos Humanos es importante mantener la debida coherencia entre la norma interna y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado hondureño:

Partiendo de todo lo antes dicho, manifiesta:

Que la política de secretividad estatal violenta  los principios fundamentales de: legalidad, proporcionalidad, taxatividad,  división de poderes, máxima divulgación y buena fe.

Que el Estado hondureño a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CONADESE) exhibe una política de secretividad que se extiende a la información  de la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional, Ministerio Público, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Fuerzas Armadas.

Asimismo, información de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Instituto Nacional de Migración, Dirección Ejecutiva de Ingresos, Registro Nacional de las Personas (RNP), Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Instituto de la Propiedad, Unidad de Inteligencia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, Dirección General de la Marina Mercante, Dirección General de Aeronáutica Civil, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y otras que se puedan incorporar en el futuro

Que condenamos la falta de transparencia en el proceso de elección de una nueva Corte Suprema de Justicia y llamamos a mantenernos vigilantes para exigir procedimientos honestos, más transparencia, más participación popular y más democracia

Demandamos la eliminación del paralelismo legal con el mismo rango de legalidad, entre la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa; pues produce una crisis en materia de acceso a la información por parte de los ciudadanos y ciudadanas, ya que una ley les confiere garantías plenas para el ejercicio de acceso, pero a su vez existe una ley que les restringe este mismo derecho

Exigimos que la Corte Suprema de Justicia que sea electa decrete la inconstitucionalidad de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa.

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Secretividad del gobierno en la información pública violenta libertad de expresión en Honduras

La secretividad de la información pública que aplica el actual gobierno violenta la libertad de expresión porque impide a la ciudadanía recibir y difundir información vital para la mejor toma de decisiones relacionada con la gestión pública, coincidieron periodistas.

La actual gestión gubernamental goza de la Ley de Secretos Oficiales que impide el acceso a información relacionada con el Fondo de Seguridad Poblacional conocido popularmente como “Tasa de Seguridad”.

Además de los más de 4 mil millones de lempiras que los hondureños tributan anualmente para la referida tasa, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se reservó la potestad de decidir qué información será pública y reservada, hasta por 25 años.

A la secretividad se sumaron varias instituciones que niegan a la población el acceso a información pública, alegando razones de seguridad nacional y sin fundamentar la valoración de la prueba de fuego sobre beneficio y daño nacional y colectivo, sobre el particular.

Una población informada correctamente sobre la gestión pública central y local puede realizar rendición de cuentas, formular mejores demandas ciudadanas y acompañamiento a iniciativas de interés general, aportar al combate de la corrupción y la eficiencia de la gestión pública, y de esa manera  tomar las mejores decisiones en pro de la satisfacción de necesidades colectivas.

La actual normativa no sólo obstaculiza la rendición de cuentas sino también establece sanciones para aquellas personas que en caso de obtener información secreta opten por difundirla.

Restricción atemoriza

signy

Signy Fiallos: El gobierno decide a qué información deben 

acceder los periodistas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicadora y consultora Signy Fiallos indicó que “en Honduras la libertad de expresión está restringida porque aunque se puede hablar, entre la gente la eventual represión causa miedo”.

Y es así “porque las personas que denuncian son enjuiciadas o se convierten en víctimas de la violencia y cuando ocurre esto último la justificación es que se trata de delincuencia común”.

Fiallos  fundamentó su apreciación con el caso del periodista de una televisora de Choluteca, Selvin Euceda, que por denunciar corrupción en una camaronera ahora es víctima de una querella en los juzgados del sector.

“No tenemos libertad de expresión plena, es a medias, está condicionada”,  y muchos de los denunciados por periodistas o ciudadanos son amedrentados o silenciados.

Ejemplificó  que además de la amenaza con querellas existe la Ley de Secretos Oficiales que obliga a periodistas a no informar adecuadamente a la población. El gobierno decide a qué información pueden acceder los periodistas y qué puede y no puede conocer la población.

La normativa establece sanciones para los comunicadores que divulguen la información estatal que no conviene al gobierno y esa restricción de acceder a la información pública limita la libertad de expresión.

Secretividad obstaculiza la investigación

El periodista Eduardo López comentó que la libertad de expresión se ha fortalecido en las redes sociales pero para que Honduras avance en este campo se requiere la eliminación de la secretividad oficial.

Recordó que en el actual proceso de escogencia de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los periodistas no han tenido acceso a información vital que permita a la ciudadanía conocer los méritos y trayectoria de los postulantes.

romarin

Robert Marín: Los periodistas podemos hacer la diferencia para

aportar a la democracia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hubo acceso oportuno de esa información para  periodistas y ciudadanos porque la Junta Nominadora consideró que se trataba de información privada, obstaculizando así el acceso a la información pública porque es un escrutinio cuyo objetivo es seleccionar a los mejores candidatos a magistrados.

Eduardo López agregó que aunque en las redes sociales hay más ejercicio de la libertad de expresión, existe la debilidad de que muchas personas confunden esa libertad insultando y denigrando a otros.

“Lo mejor sería eliminar la secretividad de la información pública porque la actual restricción obstaculiza e impide la investigación y que la ciudadanía se empodere de información vital para el fortalecimiento de la democracia. Hay que eliminar la actual barrera informativa, el control estatal”, puntualizó López.

“Hay que respetar el acceso a la información”

El periodista Robert Marín dijo que en todos los medios de comunicación del mundo, así como en otros espacios ciudadanos, hay limitantes para el ejercicio de la libertad de expresión muchas veces relacionadas con la política editorial.

Sin embargo, continuó, “los periodistas podemos hacer la diferencia buscando siempre la información que aporta a la democracia, a la construcción de ciudadanía y justicia social,  al combate de la corrupción”.

Marín lamentó que en Honduras existan leyes que violenten el acceso a la información pública como la Ley de Secretos Oficiales, la de intervenciones telefónicas y otras que niegan a la ciudadanía información de interés nacional.

Los tres entrevistados coincidieron que Honduras, con altos niveles de pobreza y corrupción, requiere de acceso a la información pública y de rendición de cuentas.

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Honduras: frustración en Tribunal de Cuentas por no poder auditar “Tasón”

La Tasa de Seguridad no puede ser auditada por estar protegido por la denominada Ley de Secretos Oficiales, según denuncia la magistrada del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) Daisy Oseguera de Anchecta.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Fondo de Seguridad Poblacional o “Tasa de Seguridad” no podrá ser auditada durante 15 años por estar protegida por la Ley de Secretos Oficiales, creada por el Parlamento hondureño.

Este extremo fue confirmado por la magistrada del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Daysi Oseguera, quien aseguró que por existir la traba legal no se puede auditar.

Tampoco puede ser objeto de supervisión, por la naturaleza de la ley aprobada por el Congreso anterior, a iniciativa del exdiputado Rodolfo Zelaya; puede ser supervisado el fondo si el Congreso determina reformar o derogar la Ley de Secretos y la anulación del decreto por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, dijo Oseguera.

Respecto al extremo hermetismo de la normativa, temas relacionados con la defensa y seguridad “son asuntos reservados”, informó la magistrada del TSC y tampoco descarta que en el corto o mediano plazo se pueda modificar.

Estas declaraciones surgen luego que se revelara déficit en el ingreso de recursos a la Tasa de Seguridad, que ascienden a unos 1,500 millones de lempiras, según señaló el coordinador del Comité Técnico del Fideicomiso, Juan Ramón Molina.

Asimismo, EL LIBERTADOR investigó que se han efectuado compras con los recursos del fideicomiso para la compra del avión presidencial, que asciende a unos 300 millones de lempiras.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/866-honduras-frustracion-en-tribunal-de-cuentas-por-no-auditar-tason

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Oliva defiende Ley de Secretos Oficiales: “No todo puede ser público”, dice

Choluteca – El jefe del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, defendió las reformas a la Ley del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), así como la Ley de Escuchas Telefónicas y la Ley de Secretos Oficiales, de esta última refirió: “No todo puede ser público”.

Origen: Oliva defiende Ley de Secretos Oficiales: “No todo puede ser público”, dice

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Honduras: Ley de secretos es un obstáculo para la investigación

CNA elabora un proyecto de reforma a la ley que será presentado al Congreso Nacional.

08.11.2015

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) elebora un proyecto de reforma a la ley de secretos, la cual aseguran atenta contra la investigación de actos de corrupción.

La ley de secretos fue aprobada por el Congreso Nacional el 20 de enero de 2014.

Esta normativa permite al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa declarar en secretividad información hasta por 25 años bajo el argumento de protección de la seguridad nacional.

Según Gabriela Castellanos, directora del CNA, esta ley ha comenzado a convertirse en “un obstáculo” para la investigación de la corrupción. “Como instancia de sociedad civil nosotros investigamos con información pública y esta información pública no la encontramos, muchas instituciones no asumen la responsabilidad de subir la información”, dijo.

“Y por otro lado tenemos una ley de secretos, un decreto donde ya existe una gran cantidad de instituciones que se suman a esa secretividad, al final parece que en nuestro país la secretividad es una regla y el dar información es la excepción”, agregó.

Esto ha obligado al CNA a trabajar en un proyecto de reforma a la ley de secretos para que se eliminen de esa norma algunas disposición que definen como secreta información que debe ser dada al público. Este proyecto será entregado ante el Congreso Nacional para que sea sometido a discusión

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Periodistas de Tegucigalpa conocen impacto de la “Ley de Secretos”

Noviembre 10 del 2015

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Más de 30 periodistas de diversos medios de comunicación con sede en la capital de Honduras participaron  en el conversatorio “Impacto de la  Ley de Secretos en la prensa hondureña”, desarrollado este martes por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), gracias al auspicio de Diakonía.
El encuentro sirvió para discutir sobre los estragos que esta normativa con amplias atribuciones, produciría en el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y las contradicciones legales implícitas.
“En un principio podríamos pensar que la Ley solo se destina a las cosas relacionadas con seguridad y defensa, pero la Resolución 169, amplía los procesos de secretividad a otras instituciones estatales no relacionadas con seguridad o defensa, es asó que se clasifica de manera antojadiza la secretividad de la información pública en: reservado, confidencial, secreto y ultrasecreto, limitando desde cualquier ángulo el derecho al acceso a la información pública y a la publicación de la misma”, indicó Edy Tábora, Director Ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Para Sandra Maribel Sánchez, periodista de Radio Progreso, la normativa “cercena las posibilidades de la población hondureña de estar informada sobre el quehacer de los y las funcionarias públicas, el uso de los fondos estatales entre otros, es por tal razón que junto a la Ley que permite las intervenciones telefónicas y otras disposiciones legales se pone en alto riesgo el ejercicio del periodismo en Honduras”.
Alianzas para exigir la nulidad
De igual forma, para los profesionales de la comunicación es urgente que se establezcan alianzas entre diferentes sectores para hacerle frente a la opacidad con la que se pudieran  actuar los funcionarios amparados en la Ley de Clasificación de Documentos Oficiales Relacionados con Defensa y Seguridad, más conocida como la “Ley de Secretos”.
“Debe unirse para pedir la nulidad de la ley, que atenta contra el Estado de Derecho, porque es  una ley de secretividad, sin regulación precisa”, comentaron.
Según el análisis presentado por los abogados, Edy Tábora y Mario Rojas, la ley podría permitir  abusos y generar mayor discrecionalidad en el uso de los fondos públicos del Estado provenientes de los impuestos que paga sobre todo la clase media.
Los abogados refutaron  que la clasificación de la información esté en manos del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CONADESE), integrado por el presidente de la República, presidente del Poder Judicial, presidente del Poder Legislativo, Ministerio Público y por las secretarías de Estado en los  despachos de Seguridad y Defensa, pues estos funcionarios son parte involucrada en la toma de las decisiones fundamentales e interesados en esconder la información.
Tábora y Rojas, también cuestionaron el paralelismo del Estado de Honduras, ya que por un lado aprueba una ley de secretos y por el otro firma un convenio con Transparencia Internacional.
Por su parte la defensora de derechos Humanos, Reina Rivera, apuntó que la Ley de Secretos Oficiales, forma parte del conjunto de normas que aprobó el presidente Juan Hernández, cuando fungía como titular del Congreso Nacional,  con el propósito de  recibir el poder absoluto del país.
De acuerdo con la defensora de derechos humanos, Reina Rivera, esta ley le permite al gobierno de Juan Orlando Hernández “tener plenos poderes sobre toda la información que el Estado es capaz de producir.
La “Ley de Secretos”
El 13 de enero de 2014 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública. Esta legislación, imprecisa, discrecional y votada apresuradamente, constituye una nueva derrota para la libertad de información en uno de los países más peligrosos del continente para los actores de la información. Reporteros sin Fronteras espera que se presente un recurso por anticonstitucionalidad que invalide una ley que convierte a la información pública en un verdadero coto privado.
Presentada en el Congreso por el diputado del Partido Nacional (derecha conservadora), Rodolfo Zelaya, y adoptada rápidamente casi sin debate, la legislación dispone: “Reservado, es toda aquella información, documentación, o material, referida al ámbito estratégico interno de los entes del Estado y que su revelación podría producir efectos institucionales no deseados, si estuviera públicamente disponible, en contra del efectivo desarrollo de las políticas del Estado o del normal funcionamiento de las instituciones del sector público. Esta clasificación es facultad propia del titular de cada ente del Estado”.
La información clasificada como “reservada” no podrá publicarse durante un periodo de cinco años. Esta definición la decidirán unilateralmente los jefes de instituciones centralizadas o descentralizadas, quienes también tendrán la facultad de declarar la información “confidencial” –que no podrá hacerse pública durante diez años– en caso de que consideren que pueda “originar riesgo inminente o amenaza directa contra la seguridad y la defensa del orden público”.
Existe una tercera categoría: la de información “secreta”. Es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad quien podrá declararla de esta manera, e impedirá su publicación por un periodo de quince años, en caso de que considere que hay “amenaza directa contra el orden constitucional”. Finalmente, existe la clasificación de “ultrasecreta”. Corresponde al presidente de la República decretarlo sobre la información “que al ser de uso público cause peligro contra la seguridad, defensa nacional, soberanía e integridad territorial”. Esta información no podrá divulgarse durante 25 años.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/periodistas-de-tegucigalpa-conocen-impacto-de-la-%E2%80%9Cley-de-secretos%E2%80%9D

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Hasta siete años de prisión enfrentarían hondureños que incumplan Ley de Secretos Oficiales

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn; 

Tegucigalpa.-Varios periodistas fueron persuadidos  de las implicaciones nefastas que conlleva para la libertad de expresión y otras garantáis constitucionales, la polémica Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de Información, que incluso contempla penas que van de cuatro a siete años y multas que oscilan entre 100 mil a 500 mil lempiras, para quienes revelen “secretos”.

Las panelistas, Ana Ortega (presidenta de C-Libre; Reina Rivera, defensora de DD.HH. y Claudia Mendoza (Vicepresidenta de C-Libre).

Las panelistas, Ana Ortega (presidenta de C-Libre); Reina Rivera, defensora de DD.HH. y Claudia Mendoza (Vicepresidenta de C-Libre).

Los alcances de la normativa, que contiene 17 artículos, fueron analizados este martes durante un desayuno patrocinado por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), en el que se concluyó que la sociedad hondureña debe unirse para pedir la nulidad de la ley, que atenta contra el Estado de Derecho, porque es  una ley de secretividad, sin regulación precisa.

Las penas para quienes infrinjan la Ley de Secretos Oficiales están contempladas en el artículo 307 del Código Procesal Penal que establece: Quien revele los secretos políticos, diplomáticos o militares referentes a la  seguridad del Estado, ya comunicando o publicando documentos, dibujos, planos u otros datos relativos al material, fortificaciones u operaciones  militares o cualquier otro asunto esencial para la defensa de los intereses nacionales, o ya facilitando de otra manera su divulgación, incurrirá en reclusión de cuatro (4) a siete (7) años, multa de cien mil (L.100,000.00) a  quinientos mil lempiras (L.500,000.00), más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión.

Argumentando la protección de la seguridad y defensa nacional, la ley clasifica de manera antojadiza la secretividad de la información pública en: reservado, confidencial, secreto y ultrasecreto, limitando desde cualquier ángulo el derecho al acceso a la información pública y a la publicación de la misma.

La ley, que fue aprobada el 12 de enero de 2014 y que entró en vigencia el 7 de marzo de ese mismo año, también contraviene tratados y pactos supranacionales que garantizan principios democráticos y derechos universales, que dieron vida a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública (ILTAIP). En virtud de lo anterior, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ya no tiene facultados.

Un análisis presentado por los abogados, Edy Tábora y Mario Rojas, considera que la ley podría permitir  abusos y generar mayor discrecionalidad en el uso de los fondos públicos del Estado provenientes de los impuestos que paga sobre todo la clase media.

Edy Tábora, director de C-Libre.

Edy Tábora, director de C-Libre.

Los abogados refutaron  que la clasificación de la información esté en manos del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CONADESE), integrado por el presidente de la República, presidente del Poder Judicial, presidente del Poder Legislativo, Ministerio Público y por las secretarías de Estado en los  despachos de Seguridad y Defensa, pues estos funcionarios son parte involucrada en la toma de las decisiones fundamentales e interesados en esconder la información.

Tábora y Rojas, también cuestionaron el paralelismo del Estado de Honduras, ya que por un lado aprueba una ley de secretos y por el otro firma un convenio con Transparencia Internacional.

El análisis refiere que no era necesario la aprobación  de la ley, porque Honduras ya contaba  con la reserva legal mediante las siguientes leyes:  Ley de Inteligencia, Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, Ley Contra el Lavado de Activos, Ley del Sistema Penitenciario, Ley de Protección a Testigos, Ley del Juicio  Político y  Código Procesal Penal.

Asimismo apunta que existe el riesgo de opacidad con nuevas leyes como la Ley de Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), la Ley de Policía Militar del Orden Público, la Ley de Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE), la Ley de Promoción de la Alianza Público Privada, la Ley de Seguridad Poblacional y la Ley del Tribunal Superior de Cuentas.

La Ley de Secretos Oficiales tipifica la desclasificación de la información entre cinco a  25 años, de la siguiente manera:

Reservado: después de cinco años.

Confidencial: Después de 10 años.

Secreto: Después de 15 años.

Ultra Secreto: Después de 25 años

También refiere que la desclasificación solo podrá ser efectuada a petición del fiscal general de la República.

A juicio de la magistrada presidenta del IAIP, la normativa violenta tratados internacionales como el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

En tanto C-Libre considera que violenta el derecho a la libertad de expresión estipulados en los artículos del 72 al 75 de la Constitución de la República, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos y el inciso d) de los Principios de Johannesburgo sobre la seguridad nacional, la libertad de expresión y el acceso a la información.

Asimismo los numerales 2 y 3 de la Declaración de Chapultepec, el numeral 4 de la Declaración de Principios Sobre la Libertad de Expresión y el artículo 13 de la Convención Sobre los Derechos del Niño.

En virtud de las implicaciones negativas, el  director de C-Libre,  Edy Tábora, instó a los hondureños y en especial a los periodistas y/o comunicadores sociales para que piden a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la nulidad de la ley.

Por su parte la defensora de derechos Humanos, Reina Rivera, apuntó que la Ley de Secretos Oficiales, forma parte del conjunto de normas que aprobó el presidente Juan Hernández, cuando fungía como titular del Congreso Nacional,  con el propósito de  recibir el poder absoluto del país.

Reina Rivera

Reina Rivera

Explicó que esta ley le permite a Hernández tener plenos poderes sobre toda la información que el Estado es capaz de producir.

Ilustró que la normativa se complementó con la resolución 69, aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2014 y que va encaminada a declarar información secreta lo que se origine en 18 instituciones del Estado.

“El efecto que esto tiene sobre una democracia es sumamente dañino porque una democracia se caracteriza por mayor transparencia, mayor rendición de cuentas y la posibilidad de la ciudadanía de pedir información y reclamarle al Estado sobre su gestión”, sustentó.

 

Origen: Hasta siete años de prisión enfrentarían hondureños que incumplan Ley de Secretos Oficiales –

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Diputados deben reformar ley de secretos

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Doris Madrid
Omar Rivera, Coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), dijo que “resolución SE-001-2015 del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), pidiendo al Congreso Nacional que reforme la ley de secretos debe ser tomada como una extraordinaria oportunidad para rectificar.

La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionado con la Defensa y Seguridad Nacional está emitida bajo el Decreto Legislativo 418-2013 y ha sido ampliamente cuestionada por todos los sectores de la sociedad hondureña porque esconden datos que deben ser del dominio público.

“Ningún régimen que pretenda caracterizarse por transparente y comprometido con el combate a la corrupción, puede arropar sus ejecutorias en una legislación que privilegie lo secreto y confidencial” indico Rivera.

Finalmente, el dirigente de sociedad civil señaló que “Ley de Secretos” debe circunscribirse a lo que permite nuestra Carta Magna y los instrumentos internacionales relacionados a la temática de la transparencia, rendición de cuentas y lucha contra los actos ilícitos”.

Los señalamientos del IAIP fueron emitidos mediante resolución SE-001-2015 y  ayer fue notificada al CN y al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Nacional (CNDS) para que le dieran cumplimiento.

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) “ordenó” al Congreso Nacional (CN) reformar la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionado con la Defensa y Seguridad Nacional porque viola la Ley de Transparencia, la Constitución de la República y tratados internacionales.

La “orden” fue emitida mediante resolución SE-001-2015 que el pasado viernes 31  fue notificado al CN y al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Nacional (CNDS) para que le dieran cumplimiento.

La magistrada presidenta del IAIP, Doris Madrid, dijo que esa institución puede girar instrucciones y “órdenes” al CN y al CNDS porque están supeditados a la Ley de Transparencia.

Fuente: http://criterio.hn/diputados-deben-reformar-ley-de-secretos/

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IAIP no puede darle órdenes al Congreso: Rivera Callejas

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Doris Madrid

Los diputados del Congreso Nacional toman como una recomendación y no como una “orden” la petición del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) la resolución emitida para reformar la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Defensa y la Seguridad Nacional.

El IAIP ha “ordenado” poder legislativo la reforma de 15 artículos y la derogación de dos de dicha ley, relacionados con la defensa y la seguridad nacional, porque violan la Ley de Transparencia, la Constitución de la República y algunos tratados internacionales.

Ante esta petición u “orden”,  el vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, respondió que el IAIP no tiene iniciativa de ley ni tampoco está por encima de los poderes del Estado para dictar “órdenes”.

Agregó  que,  la comunicación que el IAIP ha girado al Congreso Nacional no ha sido recibida en la Secretaría de ese Poder del Estado, por tanto afirmó no tener conocimiento del texto de la misiva.

Los señalamientos del IAIP fueron emitidos mediante resolución SE-001-2015 y  ayer fue notificada al CN y al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Nacional (CNDS) para que le dieran cumplimiento.

Rivera Callejas reiteró que el  IAIP no puede ordenar al Congreso que reforme o que derogue una ley, así que “se puede considerar como una recomendación que habría que estudiar, pero jamás como una orden.

La “ley de secretos”, como se le conoce a la norma, no viola la Constitución ni ningún tratado internacional, sino más bien garantiza la seguridad del Estado, dijo Rivera Callejas en plena defensa a esa ley que es rechazada no solo por el IAIP sino por muchos organismos de sociedad civil y por el pueblo hondureño.

El parlamentario afirmó que,  la “ley de secretos” fue ampliamente analizada por el Congreso y que esta no viola ningún tratado y por consiguiente no trastoca ningún precepto constitucional.

Adelantándose a los hechos dijo que, cualquier diputado de la oposición puede introducir algún proyecto de reforma y al hacerlo,  se nombrará una comisión que analizará dicha iniciativa para que se pronuncie si procede o no, finalizó Rivera Callejas.

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) “ordenó” al Congreso Nacional (CN) reformar la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionado con la Defensa y Seguridad Nacional porque viola la Ley de Transparencia, la Constitución de la República y tratados internacionales.

La “orden” fue emitida mediante resolución SE-001-2015 que el pasado viernes 31  fue notificado al CN y al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Nacional (CNDS) para que le dieran cumplimiento.

La magistrada presidenta del IAIP, Doris Madrid, dijo que esa institución puede girar instrucciones y “órdenes” al CN y al CNDS porque están supeditados a la Ley de Transparencia.

Fuente: http://criterio.hn/iaip-no-puede-darle-ordenes-al-congreso-rivera-callejas/

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Honduras: IAIP “ordena” al Congreso Nacional reformar “ley de secretos”

30 de Julio de 2015

10:16PM  –  diario@elheraldo.hn  

Esa norma viola la Constitución y los tratados internacionales, según la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Tegucigalpa, Honduras

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) “ordenó” al Congreso Nacional (CN) reformar la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionado con la Defensa y Seguridad Nacional porque viola la Ley de Transparencia, la Constitución de la República y tratados internacionales.

La “orden” fue emitida mediante resolución SE-001-2015 que ayer fue notificada al CN y al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Nacional (CNDS) para que le dieran cumplimiento.

La magistrada presidenta del IAIP, Doris Madrid, dijo que esa institución puede girar instrucciones y “órdenes” al CN y al CNDS porque están supeditados a la Ley de Transparencia.

La “ley de secretos” fue aprobada el 20 de enero de 2014 mediante el decreto legislativo 418-2013 y publicada el 7 de marzo de 2014 en el diario oficial La Gaceta. Esta norma es ilegal, según el IAIP, porque, entre otras razones, permite de forma arbitraria al CNDS declarar hasta por 25 años en secretividad información bajo el argumento de protección de la seguridad nacional.

La resolución dice: “Ordenar al Poder Legislativo, a través del Congreso Nacional de la República y el Consejo Nacional de Defensa, como instituciones obligadas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que proceda a la reforma de Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Defensa y Seguridad Nacional”.

La modificación debe ser “a efecto de ajustar su contenido al artículo 72 de la Constitución, demás normativa legal y a las convenciones en materia de derechos humanos…” y otros acuerdos que versan sobre la transparencia, instruye la resolución.

El artículo 72 de la Carta Magna protege el derecho de las personas de emitir su pensamiento por cualquier medio de difusión y serán responsables ante la ley quienes por cualquier medio lo impidan.

Pide anular niveles

La también conocida como “ley de secretos” tiene 17 artículos y la resolución “ordena” modificar 15 y derogar 2, el número 4 y el 10, que establecen los años bajo los cuales debe permanecer oculta una información según el nivel de secretividad y la obligatoriedad de las personas de informar al CNDS sobre la existencia de un documento que ponga en riesgo la seguridad nacional, respectivamente.

Según el artículo 4, la información que se declara reservada estará en secretividad 5 años y la declarada como confidencial 10 años.

Mientras, la información secreta será desclasificada después de 15 años y la ultrasecreta después de 25 años.

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es el órgano que puede declarar clasificada una información de forma discrecional cuando considera que “se ponga en precario los objetivos nacionales” y para proteger la seguridad nacional.

La derogatoria del artículo 4 se “ordena” porque tiene “incompatibilidad con normas constitucionales, convencionales y de derecho interno”.

“Incluir diferentes niveles de clasificación como reservado, confidencial, secreto y ultrasecreto no hacen más que aumentar la discrecionalidad del Estado y la subjetividad de los servidores públicos que la valoren para restringir, en forma equívoca, el acceso a la información de carácter público”, dice la resolución.

Por otro lado, la anulación del artículo 10 se exige porque este numeral ordena que cualquier persona que reciba información clasificada o se entere que algún medio de comunicación pueda tener acceso debe notificar el hecho al CNDS para que se “respete su clasificación”, y eso es atentatorio contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

El artículo 49 de los Principios Globales sobre Seguridad Nacional y el Derecho a la Información (Principios de Tshwane) dice que si alguna información se ha obtenido por medios lícitos o ilícitos “se presumirá inválida cualquier medida destinada a impedir que continúe su difusión por el medio a través del cual ya ha tomado conocimiento público”, indica el fallo.

De igual forma se pide anular ese numeral porque viola el artículo 5 de la Ley de Emisión del Pensamiento, que prescribe que todo habitante de la República podrá libremente, sin censura previa, expresar su pensamiento, dar y recibir información y discutir sus opiniones o las ajenas, por medio de la palabra escrita o hablada o por cualquier otro procedimiento gráfico, oral o visual.

Para la discusión de las reformas planteadas, el Congreso Nacional debe escuchar la opinión del IAIP debido a que este es el órgano encargado de regular y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas en cuanto a la protección, clasificación y custodia de la información pública de conformidad con la Ley de Transparencia.

Conceptos

La “ley de secretos” tiene que hacer una reforma por adición para esclarecer el concepto de seguridad nacional para impedir “la utilización discrecional o subjetiva de dicho término como un mecanismo para ocultar posibles actos ilegales o que redunden en un perjuicio para la sociedad hondureña”.

La clasificación de la información por motivos de seguridad nacional se tiene que hacer por un “período razonable”.

De igual manera, la reserva se tiene que declarar sobre datos específicos y no a la totalidad de documentos u otros registros.

Cuando un documento tenga información exenta (sujeta a secretividad) y no exenta (de carácter público), la autoridad competente tendrá la obligación de separar y divulgar la información no exenta.

La persona que posea información sobre un acto de corrupción y esta se encuentre bajo secretividad, podrá declarar sobre la misma sin sufrir represalias.

El IAIP expone en la resolución una lista de casos en los que la información pueda ser declarada secreta como la producción, capacidades o uso de los sistemas de armamentos y otros sistemas militares, incluidos los sistemas de comunicaciones.

De igual manera, debería encontrarse disponible para el público la información sobre partidas presupuestarias relativas a armamento y otros sistemas militares, lo relacionado a medidas específicas destinadas a resguardar el territorio del Estado, la infraestructura crítica o instituciones nacionales fundamentales.

“Infraestructura crítica” hace referencia a recursos estratégicos, activos y sistemas, ya sea físicos o virtuales, de tal importancia para el Estado que su destrucción o incapacidad tendría un impacto debilitador en la seguridad nacional, según la resolución.

También tiene que ser secreta la información perteneciente o derivada de operaciones, fuentes y métodos de los servicios de inteligencia, siempre que concierna a asuntos relativos a la seguridad nacional, y la información relacionada con la seguridad nacional suministrada por un Estado extranjero u organismo intergubernamental con una expectativa expresa de confidencialidad.

Por el contrario, la “ley de secretos” debe establecer que la información pública tiene que ser aquella que haga referencia a la existencia de autoridades militares, de la policía, seguridad e inteligencia, así como las subunidades.

También leyes y reglamentos aplicables a dichas autoridades, sus organismos de supervisión y mecanismos internos de rendición de cuentas, así como los nombres de los funcionarios a cargo.

La información necesaria para evaluar y controlar la erogación de fondos públicos, incluidos presupuestos generales, principales rubros e información básica sobre los gastos de tales autoridades también tiene que ser pública.

Como información de libre acceso también tienen que ser declarada las reglas de contratación e informes redactados por instituciones estatales de auditoría y otros órganos responsables de la revisión de aspectos financieros del sector de la seguridad.

En la misma condición tiene que estar el presupuesto de las instituciones públicas con los principales rubros, las ejecuciones y las liquidaciones de presupuesto al cierre del ejercicio fiscal con los principales rubros.

El Congreso Nacional podrá interponer un recurso de reposición contra esta resolución, de lo contrario la misma quedará firme.

La “ley de secretos” dice en uno de sus considerandos que esta norma es necesaria porque el Estado no cuenta con un instrumento para clasificar y proteger la información en materia de seguridad y defensa nacional, “desconociendo” que la Ley de Transparencia tiene mecanismos para ello.

La resolución fue firmada por la comisionada presidenta del IAIP, el comisionado Gustavo Manzanares y la secretaria general Yamileth Torres. El comisionado Damián Pineda no la firmó porque se encuentra de vacaciones.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/alfrente/864349-209/honduras-iaip-ordena-al-congreso-nacional-reformar-ley-de-secretos

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“Resolución Secreta” del CONADESE es nula: IAIP

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“Resolución Secreta” del CONADESE es nula: IAIP
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó a 18 instituciones del gobierno, que se “abstengan de aplicar la resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CONADESE) contenida en la resolución número 069-2014,  que ordena a las autoridades no entregar información sobre las acciones de seguridad y defensa.
Según el IAIP, la resolución 69,  es  nula de pleno derecho tal como lo determina el artículo 18 de la LTAIP, por considerarse “una infracción a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, susceptible a ser castigada con las sanciones administrativas”.
De acuerdo a la resolución del IAIP, tras prescindir total y absolutamente del procedimiento establecido, se encuentra viciada por el “grado máximo de invalidez”, que acarrea por tanto consecuencias como imposibilidad de subsanación, imprescriptibilidad e ineficacia  concluyéndose, además, que no produce efectos jurídicos válidos.
El día 14 de julio de 2014 el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CONADESE), encabezado por el Presidente de la República, decidió restringir el derecho a la información en 18 instituciones estatales y en otras dependencias que se pueden incorporar en el futuro, mediante la Resolución 069/2014, emitida y clasificada también, como secreta.
El CONADESE dispuso reservar -sin precisar qué-, “asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y/o la defensa nacional”.
Según el expediente administrativo No. 006-2015-SN, la decisión del pleno de magistrados del IAIP, la resolución No.CNDS-069/2014 del 14 de julio 2014, fue emitida en contravención a deposiciones contenidas en la misma Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional.
De acuerdo con lo establecido en la parte dispositiva, específicamente en el ordinal segundo se clasifica como reservada la información pública; sin embargo el fundamento jurídico utilizado es el artículo 4 inciso c) que se refiere a la clasificación de la información como secreta.
Secreta y reservada no es lo mismo
Es importante señalar que en el marco de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional  los términos “Secreta” y “Reservada” no pueden ser considerados como sinónimos ya que tienen significados evidentemente diferentes no solo en cuanto al tipo de información a ser clasificada, sino en cuanto a los períodos de duración de las respectivas reservas.
Asimismo, el artículo 5 de la Ley De Clasificación prescribe que los titulares de las Secretarías en los Despachos de Defensa Nacional y Secretaría de Seguridad, u cualquier órgano del Estado en materia de Seguridad y Defensa Nacional deben hacer la correspondiente solicitud de clasificación.
Sin embargo, en la resolución 69, dicha clasificación se efectúa de oficio y lo más grave del caso es que la clasificación de la información se hace en una forma general, es decir, en ninguna parte de la resolución se detalla la información clasificada.
Además, al restringir la investigación y difusión de información de interés público sin acreditar que exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y que dicho daño es mayor que el interés público en general de tener acceso a la información, se convierte en un instrumento de fomento a la cultura del secretismo y la impunidad  y, por ende,  en uno de los mayores obstáculos para el combate frontal y efectivo en contra de la corrupción, puntualiza.
Procedimiento incorrecto
Del mismo modo, la resolución señala que el  Artículo 2 de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos, prescribe en su párrafo primero que los entes del Estado están sometidos en su actividad a los principios de transparencia y publicidad, de acuerdo con las normas que rijan su actuación, salvo los casos en que por la naturaleza de la materia sea ésta declarada expresamente clasificada.
Para el IAIP, el artículo antes citado no deroga las disposiciones que sobre la clasificación de información en materias de Seguridad y Defensa Nacionales contiene la LTAIP, sino que, por el contrario, las reconoce al  determinar que la referida clasificación queda amparada  “por la presente Ley, y la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública”. Consecuentemente se mantienen vigentes, en su totalidad,  las disposiciones de la LTAIP en materia de Clasificación y Custodia de la información.
Reservas “anuladas”
El Artículo 18 de la LTAIP, señala además que “para clasificar la información como reservada,  el titular de cualquier órgano público, deberá elevar la petición por medio de la instancia de máxima jerarquía de la institución a la cual pertenezca” y “remitir copia de la petición al Instituto de Acceso a la Información Pública” que analizará y hará del conocimiento del superior respectivo y éste denegará la solicitud”, por lo que “Si, contrariando esta opinión, se emitiere el acuerdo de clasificación, éste será nulo de pleno derecho”.
Por lo que el titular del  CONADESE, como paso previo a la emisión de la resolución 069, debió remitir copia de la petición de clasificación de información al IAIP, el que tiene la potestad legal de aceptar o denegar la solicitud de mérito.
Finalmente, el artículo 27 del reglamento de la LTAIP, establece que de aprobarse por el Instituto la petición de clasificación, la Institución Obligada emitirá el correspondiente Acuerdo debidamente motivado, explicando claramente las razones de hecho y de Derecho en las que fundamenta la clasificación de la información como reservada y debe contar con la aprobación previa del IAIP, caso contrario el mismo se vuelve nulo de pleno derecho.
En consecuencia, para clasificar la información pública como reservada o confidencial, sobre todo en materia de seguridad nacional debe establecerse un procedimiento efectivo de lo que se ha dado en llamar “prueba del daño”. Con lo que la responsabilidad de demostrar la validez de la restricción residirá en el gobierno.”
Antecedentes
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), interpuso ante este Instituto, recurso de revisión en contra del Registro Nacional De Las Personas (RNP), por negarse a entregar información pública referente a la contratación y administración de este ente estatal, como a la contratación de funcionarios públicos en esa institución.
El 19 de febrero de 2015, el IAIP resolvió el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado Dagoberto Aspra Iglesias actuando en su condición de Apoderado Legal del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ante este Instituto, en contra del RNP, declarando el mismo con lugar en virtud de que la información solicitada por el recurrente revestía el carácter de pública.
Igualmente, señala en su Considerando 2, la nota informativa publicada por el Periódico digital “CONEXIHON”: “Siete funcionarios del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CONADESE) decidieron restringir el derecho a la información“.
Sanciones administrativas
En ese sentido, las instituciones obligadas son susceptibles a ser castigadas con las sanciones administrativas que van desde las amonestación por escrito, suspensión, multa, cesantía o despido, dependiendo de la gravedad de la infracción, establecidos en el en el Artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
De igual forma, quienes obstruyan el acceso a la información pública podrían ser multados hasta con 50 salarios mínimos mensuales, impuestos por el IAIP.
A partir del 22 de julio, las instituciones incluidas en la orden deben atender lo resuelto por el IAIP, mientras que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad deberá analizar el documento y en un término de 10 días hábiles, deberán interponer el recurso de reposición, de lo contrario la determinación del Instituto quedará en firme y con eso permitirá eliminar la decisión de mantener en secreto la información de las 18 instituciones obligadas.
Contraviene compromisos y obligaciones internacionales
Honduras es signatario de importantes compromisos y obligaciones internacionales manifestadas tanto en Normas Convencionales como Declarativas, originarias tanto de la organización de las naciones unidas (ONU) como de la organización de los estados americanos (OEA), por lo que el Estado y sus autoridades devenimos obligados a observar su cumplimiento.

Ver: 

• Principios Globales Sobre Seguridad Nacional y el Derecho a la Información (“Principios De Tshwane”),
Declaración Conjunta de 2004, de los relatores para la libertad de expresión de la Organización De Las Naciones Unidas (ONU), la Organización De Estados Americanos (OEA) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (Osce).

Vea también

Constitución de la República: Artículos 15, 72,  321, 323
Ley de Procedimiento Administrativo de la República: Artículo 34 inciso c); 119 y 124.


NULO DE PLENO DERECHO -o está viciado de nulidad absoluta- cuando su ineficacia es intrínseca y por ello no produce efectos jurídicos  ab initio  –esto es, desde su nacimiento, pese incluso a su falta de impugnación. Este supuesto máximo de invalidez comporta una serie de consecuencias, entre ellas la ineficacia inmediata del acto a todos los efectos  (erga omnes)  y la imposibilidad de sanear el acto por confirmación o prescripción. El efecto inmediato de esta nulidad implica que el acto es ineficaz por sí mismo.


CLASIFICACIONES DE LEY DE SECRETOS OFICIALES Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 4. Las materias clasificadas serán calificadas en las categorías de Reservada, Confidencial, Secreta y Ultra Secreta, en atención al grado de protección que se requieran. En tal sentido se entenderá por:
Reservado: Nivel inferior en materias clasificadas en el orden nacional. Es toda   aquella   información,   documentación   o   material   referida   al   ámbito estratégico interno de los entes del Estado y que su revelación podría producir “efectos institucionales no deseados” si estuviera públicamente disponible en contra del efectivo desarrollo de las políticas del Estado o del normal funcionamiento de las instituciones del sector público. Esta calificación es facultad propia del Titular de cada ente del Estado.
Confidencial: Nivel intermedio en materias clasificadas en el orden nacional. Es   toda   aquella   información,   documentación   o   material   referida   al   ámbito estratégico   interno   del Estado   y   que   su   revelación   podría   originar   riesgo inminente o amenaza directa contra la seguridad, la defensa nacional y el orden público.  Este   material   podría  “dañar o perjudicar internamente” a la seguridad nacional si estuviera públicamente disponible. Esta calificación es facultad propia del Titular de cada ente del Estado.
Secreto: Nivel alto en materias clasificadas en el orden nacional. Es toda aquella información, documentación o material referida al ámbito estratégico del Estado tanto en lo externo e interno y que su revelación podría originar riesgo inminente o amenaza directa contra el orden constitucional, la  seguridad, la defensa  nacional, las relaciones internacionales y  el logro de  los  objetivos nacionales.  Este material eventualmente causaría “serios daños internos y externos” a la seguridad nacional si estuviera públicamente disponible. Esta   calificación   es   facultad   propia   del  Consejo   Nacional   de   Defensa   y Seguridad.
Ultra Secreto: Nivel más alto de clasificación en materias clasificadas en el orden nacional. Es toda aquella información, documentación o material que estando referido al ámbito político­estratégico del Estado, tanto en lo externo e interno  de la  defensa  nacional, su  revelación  originaría riesgo  inminente  o amenaza   directa   contra   la  seguridad,   la   defensa   nacional,   la  soberanía   e integridad territorial,    y el logro de los objetivos nacionales.  Esta información podría provocar un “daño interno y externo excepcionalmente grave” a la seguridad nacional si estuviera públicamente disponible. Esta calificación es facultad propia del Presidente de la Republica.

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“Patrulllazo” está blindado por ley de secretividad

Por: Redación CRITERIO

redacción@criterio.hn

iaip

“No hay que confundir el tema de seguridad nacional con el tema de derecho de acceso a la información pública, los fondos de la Tasa de Seguridad son del pueblo por lo tanto el pueblo tiene derecho a saber en qué se gastan esos fondos”, Doris Imelda Madrid.

La nueva Ley de Secretividad emitida por el presidente Juan Hernández cuando era titular del Congreso Nacional, ha comenzado a dar sus frutos en beneficio de la corrupción y la impunidad.

El Tribunal Superior de Cuentas quiso investigar el “Patrullazo” y al pretenderlo, fue informado que esos documentos fueron declarados en secretividad por 15 años por el Consejo de Defensa.

La presidenta del TSC, Daysi de Anchecta, informo que, el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad negó entregarle al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) los documentos sobre el proceso de contratación del alquiler de 250 patrullas que hizo la Secretaría de Seguridad.

La presidenta del ente contralor, detalló que los funcionarios de la Tasa de Seguridad no le suministraron la información requerida debido a que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad declaró en secretividad todas las resoluciones de esa entidad durante 15 años.

Anchecta señaló que, la reserva se decretó en aplicación de la Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de la Información y dijo que no se sienten atados por esta situación, pero reconoció que les limita la información, pero que buscarán los mecanismos para el acceso a esa información.

El TSC no ha podido conocer qué proceso de contratación se llevó a cabo para el arrendamiento de las unidades, porque el consejo de seguridad lo ha declarado en secretividad aduciendo que es un tema de seguridad nacional, cuando es un tema de seguridad ciudadana.

Ha sido un escándalo desde que se dio a conocer que a Secretaría de Seguridad alquiló a un costo de 140 millones de lempiras anuales erogados por la tasa de seguridad las 250 patrullas a razón de 40 o 50 dólares cada una, aunque otras fuentes aseguran que son 75 dólares diarios.

Doris Imelda Madrid, titular del Instituto de Acceso a la Información (IAIP), dijo que ellos no tienen ningún conocimiento de cómo se dio esta negociación, conocen del caso por lo que se ha ventilado en los medios y “allí es donde está el problema”, apuntó.

Los recursos que se manejan en la Tasa de Seguridad son del pueblo por lo tanto el pueblo debería conocer en que se gastan o invierten esos dineros que el pueblo aporta mediante sus impuestos.

Como IAIP no tienen acceso a la información y tampoco existen detalles en los portales, por lo tanto hay una violación a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, recalcó Madrid.

Las patrullas ya se encuentran distribuidas a nivel nacional y la empresa propietaria se responsabiliza por su mantenimiento

Fuente: http://criterio.hn/patrulllazo-esta-blindado-por-ley-de-secretividad/

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EDITORIAL: El derecho a la información y sus contrastes

Monday, 08 June 2015 01:17 Written by  Published in Editorial Read 6 times

Cierto es que no guardamos odio ni rencor, en contra de la nación de Estados Unidos de norte América, por el contrario nos identificamos con el pueblo trabajador y con los miles de indigentes, mismos que viven de los desperdicios del hartazgo de la clase dominante política, económica y religiosa, mafias que están por llevar al colapso a la federación Norte Americana. y nos identificamos especialmente con las y los periodistas que luchan por difundir la verdad y que, a mas de alguna o algún periodista ya le ha costado la vida por obtener la información que el gobierno de USA mantiene como” secreto de estado o clasificada”.

Estos  adefesios  jurídicos, son verdaderos contrastes con lo que pregona a los cuatro rumbos del planeta el “coloso del norte” que, pese a que desde 1776, el 12 de Junio, para ser más precisos se llevó a cabo lo que se conoce como la Declaración de los Derechos de Virginia y que, en el numeral 12  es contundente y ha quedado esculpido a fuego lento lo siguiente: “que la libertad de PRENSA es uno de los grandes baluartes y no puede ser restringida ¡JAMAS! a no ser por gobiernos despóticos”.

Decimos lo anterior, como una referencia histórica de cómo aquellos trece estados federados son hoy por hoy, el poderoso imperio armamentista y económico del mundo, empero es allí en donde, si bien es cierto se respeta la libertad de prensa es también allí en donde más se clasifica información, bajo o con el pretexto de INFORMACION CLASIFICADA O SECRETO DE ESTADO.

En este orden de exposiciones históricas, nos ubicamos en Honduras, país que,  sus gobernantes en su conjunto, sacado al mandato del gobierno Morazánico, son vasallos obedientes y no ripostantes a los mandatos del pentágono, poder real del imperio norteamericano. En nuestro país –estampa de la espera-los regímenes dicen, todos a  defender la libertad de prensa, pero es dicho del diente al labio, y para ser más dramático el tema del acceso a la información, han creado leyes y códigos sobre  de que hay que facilitar la información a las y los periodistas, principalmente aquellos que no se conforman con la información oficial, sino que quieren o exigen la versión que le interesa a las mayorías

Hoy en pleno siglo XXI, en donde han asesinado a casi 50 periodistas, el  actual gobernante al sentir PASOS DE ANIMAL GRANDE, y quien arrinconado por la comunidad internacional y, además señalado por la comunidad mundial como el gobernante y el país mas sanguinario de la tierra en donde, ser periodista es estar sentenciado a muerte. Aun así seguimos exigiendo una fluidez de información de la que el gobierno tiene como información clasificada, so pretexto de secreto de estado o por la seguridad nacional.

En el año 2006 de aprobó la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus  Reglamentos, la misma no es más que contradicciones con la misma ley y con la misma Constitución de la república. Esta ley primaria, dicho sea de paso no está vigente pues es un contrato social de facto. Solo por el derecho de ejemplarizar veamos en dicha ley las contradicciones en el artículo 3, numerales3, 4,5 son frenados por el numeral 6, que manda que“la información pública clasificada  como tal por esta ley, es de acceso restringido por esta ley y por otras resoluciones particulares”. Es chicha o limonada.

Esta ley, Acceso a la información entra en confrontación con la misma Constitución de la República en sus artículos 72 73 75 y otros que, el Estado suspende a la hora que le viene en gana so pretexto de seguridad nacional, misma que es vigente cada vez que el poder castrense, les da por dar un golpe de Gobierno….no de Estado como les gusta decir a los y las periodistas tarifadas. Hemos llegado al momento de las verdades.

Pero esta Ley quedó también obstruida por la normativa de Secretos oficiales y Clasificación de la Información que esconde la información a discreción de cualquier funcionario. El decreto legislativo señala que los tipos de información serán Reservado: Su desclasificación se hará después de cinco (5) años; confidencial: Su desclasificación se hará después de diez (10) años. Secreto: Su desclasificación se hará después de quince (15) años y Ultra Secreto: Su desclasificación se hará después de veinticinco (25) años.

Deseamos y exigimos una total transparencia y fluidez de información aunque tenga que afectar al mismo presidente  actual, tenemos y nos asiste el derecho de informar la verdad al pueblo de la podredumbre Estatal, y demás poderes, incluyendo los fácticos….Así lo exige el pueblo y así lo reclama el momento histórico en donde, expuestos ante la mirada inquisidora del mundo, este gobierno no lo deja en paz los pasos de animal grande.

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Medios conocerán alcance de cuestionado convenio con Transparencia Internacional

 

 

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Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Ante la incertidumbre sobre sus alcances, las autoridades de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), discutirán este lunes con los representantes de los medios de comunicación, el convenio firmado entre el gobierno hondureño y la organización Transparencia Internacional (TI).

Por tal motivo la ASJ giró invitación a los medios de comunicación a fin de abordar el alcance del convenio  suscrito el 6 de octubre del año pasado, entre Transparencia Internacional (TI), la ASJ y el gobierno, dice una convocatoria girada a CRITERIO.

También expresa que es fundamental para la ASJ, informar a los directores y jefes de prensa de medios de comunicación, y periodistas que cubren la fuente de sociedad civil, sobre lo que es y lo que no es el convenio de colaboración orientado a fomentar y promover la transparencia y rendición de cuentas, combatir la corrupción y fortalecer las instituciones que componen el sistema de integridad del Estado.

El conversatorio se realizará a partir de las 11:00 de la mañana en un hotel capitalino, donde se espera se hagan los aportes sobre los resultados y alcances del convenio, suscrito el 6 de octubre por el presidente Juan Orlando Hernández y la presidenta de TI, Huguette Labelle, que visitó el país para esa ocasión.

Estratégicamente el gobierno insiste en ser  sr el primer Estado en firmar el convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate a la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad con la organización Transparencia Internacional.

No obstante en una clara contradicción que conlleva a un Estado transparente, el parlamento hondureño había aprobado antes, la Ley de Secretos Oficiales, blindando así información concerniente a compras, contrataciones y licitaciones.

El artículo 4 de la referida normativa establece la clasificación de la información en las categorías de reservada, confidencial, secreta y ultra secreta, en atención al grado de protección que se requiera, con lo que se le puso un candado a mucha información que los medios de comunicación desean trasladar a su público para cumplir su misión de informar y de paso garantizar un país más transparente.

Las trabas a la información pública para la prensa rebasaron los límites a partir del 22 de julio de 2014, con la entrada en vigencia de la resolución 069/2014,  emanada del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, cuya jefatura recae en el Presidente de la República.

Con dicha resolución se determinó clasificar como información reservada todo lo relacionado a asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos de 17 instituciones, “cuyo conocimiento por personas no autorizadas puede dañar o poner en riesgo la seguridad/ y/o defensa nacional, y el logro de los objetivos en esta materia”,  reza en su  artículo segundo.

Fuente: http://criterio.hn/medios-conoceran-alcance-de-cuestionado-convenio-con-transparencia-internacional-2/

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Freedom House: Decae estado de la libertad de expresión en Honduras

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Freedom House: Decae estado de la libertad de expresión en Honduras
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-  La nueva “Ley de Secretos Oficiales”, el acoso y la censura combinada contra la prensa crítica y las acusaciones legales contra un periodista son las principales causas por las que el Estado de la libertad de expresión en Honduras cayera en al menos cuatro puntos, según el más reciente informe de la organización internacional Freedom House.
De acuerdo con el documento, la puntuación de Honduras llegó a 64-68, en un ambiente de constante intimidación y violencia que afecta a los comunicadores a nivel nacional.
Leer informe: AQUÍ
En el reporte también figuran como países “reincidentes” en las prácticas restrictivas contra la prensa: Argelia, Azerbaiyán, Egipto, Honduras, Libia, Sudán del Sur y Tailandia.
“En un perturbadora la tendencia, varios países con un historial de más democrático prácticas han experimentado un deterioro grave. Desde el 2010 Grecia se ha reducido en 21 puntos, especialmente a los problemas estructurales existentes que se exacerbaron por la crisis económica y las presiones políticas relacionadas. La ampliación de cinco años, también muestra en Tailandia (13 puntos), Ecuador (12), Turquía (11), Hong Kong (9), Honduras (7), Hungría (7) y Serbia (7)”, señala.
La violencia física y zonas de difícil acceso
La organización compara además las áreas que son especial inseguras para el ejercicio de la profesión e incluye a países en conflictos bélicos como: Siria e Irak, controlado por Estado Islámico (ES) extremistas, los estados en el noreste de Nigeria, Libia y  Egipto.

Sin embargo, para Freedom House, también apunta la difícil cobertura periodística en México y Honduras debido a que la intimidación y violencia contra periodistas continuaron elevándose durante este año. Así como la presencia de pandillas, crimen organizado y corrupción.
Las libertades de expresión y de prensa están protegidas por la Constitución en Honduras, pero el ambiente para la libertad de prensa ha empeorado considerablemente en los últimos años, con un fuerte aumento de los asesinatos y la intimidación de periodistas.
La tendencia  continúa en caída ya que los periodistas que informan sobre el crimen organizado y la corrupción trabajaban en condiciones difíciles.
Conclusión: la libertad de información como un pilar de la democracia
La edición de este año de la Libertad de Prensa documenta un aumento en las amenazas para el periodismo independiente, de los gobiernos que utilizan medios legales para controlar la información, los grupos armados que hacen informes básicos de una actividad potencialmente peligrosa para la vida y los medios de propietarios que manipulan la cobertura de noticias para servir personal o intereses partidistas.
Al mismo tiempo, existe un renovado interés mundial por los valores de la libertad de expresión a raíz de una ola de violencia horrible contra los periodistas, en particular los asesinatos de James Foley, Steven Sotloff, y más recientemente reportero japonés Kenji Goto, así como el 01 2015 ataque a Charlie Hebdo en París. Aunque el público parece estar más en sintonía con los peligros que enfrentan los periodistas en una base diaria, aún no está claro qué impacto tendrán estas muertes en la lucha por la libertad de prensa, o si será sostenida el gran apoyo para la libre expresión.
La amplia y creciente gama de amenazas a la libertad de prensa en todo el mundo presenta un reto marcado con los valores democráticos. En respuesta a este reto requiere un reconocimiento colectivo que todas las infracciones de la libertad de prensa, tanto la brutalmente violenta y lo aparentemente mundano o racional-límite el mercado de las ideas que se encuentra en el núcleo de una sociedad libre y democrática.

 

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Honduras: Alianza Regional incide ante el Estado por aplicabilidad la “Ley de Secretos”

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Honduras: Alianza Regional incide ante el Estado por aplicabilidad la “Ley de Secretos”
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Diferentes acciones de incidencia para pedir al Estado la  reforma de la “Ley de Secretos Oficiales” realizó en Honduras el Secretario Ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Moisés Sanchez, en conjunto con el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y la Fundación Democracia Sin Fronteras (FDsF)
La Alianza Regional es una red de organizaciones no gubernamentales, independiente, apartidaria y sin fines de lucro, conformada por 23 organizaciones de 19 países del continente, con el objetivo de realizar intervenciones tendientes a mejorar las condiciones de acceso a la información y libertad de expresión en sus países y la región de las Américas.
Sánchez en compañía de los directores ejecutivos, Héctor Becerra del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y José León Aguilar de la Fundación Democracia Sin Fronteras (FDsF), se reunió el 15 de abril con representantes de la Dirección Presidencial de Transparencia, Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia y la Procuraduría General de la República.
Durante las reuniones se expresó la preocupación de la Alianza Regional por la aplicación de la “Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional”, a través de la  Resolución 69/2014 aprobada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (Conadese).

Con esta Resolución, el día 14 de julio de 2014, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (Conadese), encabezado por el Presidente de la República, decidió restringir el derecho a la información en 18 instituciones estatales y en otras dependencias que se pueden incorporar en el futuro. La reserva fue declarada con base en la referida Ley de Clasificación. El Conadese dispuso reservar -sin precisar qué-, “asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y/o la defensa nacional”.
La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional, más conocida como la “Ley de Secretos Oficiales” indica en su artículo 3 que, bajo el término de “seguridad nacional”, se pueden clasificar como reservados “los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y/o defensa nacional y el logro de los objetivos en estas materias”.

En su participación Sánchez fue categórico al expresar que como consecuencia de esta normativa y la Resolución hay una regresión del derecho de acceso a la información pública en Honduras que también ha despertado inquietudes del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza y otros organismos de derechos humanos.
Ese mismo día la Alianza Regional se reunió con organizaciones de la sociedad civil, quienes en sus interlocuciones expresaron su preocupación por la “Ley de Secretos Oficiales”,  y el deseo de participar en un proceso de incidencia tendiente a su  derogación o reforma.
En ese sentido, José León Aguilar de la Fundación Democracia Sin Fronteras, manifestó que la normativa violenta directamente las normas jurídicas internacionales, e hizo un llamado a los tomadores de decisiones para que revisen esta Ley para hacerle las enmiendas necesarias.
El día viernes 16 en horas de la mañana, la Alianza Regional ofreció una conferencia de prensa para hacer público su posicionamiento sobre la ley en referencia y la Resolución 69. En la rueda de prensa participaron 23 medios de comunicación.
De su lado, Becerra expresó que se está realizando “una ronda de visitas, ayer (jueves) nos reunimos con representantes del Instituto de Acceso a la Información Pública, pero también hubo gente de la Dirección de Seguridad, de la Procuraduría General de la República y de la oficina de Transparencia de Casa Presidencial con quienes dialogamos en torno al tema y manifestamos nuestras preocupaciones. Entendemos que dentro del Congreso Nacional se han dado cuenta de que lo que construyeron fue un adefesio. El día hoy (viernes) continuaremos con las reuniones y de acuerdo con eso manifestaremos la posición de la Sociedad Civil, pero en todo caso resalizaremos un proceso de incidencia para buscar la derogación o, en todo caso, las reformas de esa normativa de tal forma que no contradiga lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
Por la tarde de ese mismo día se sostuvo reuniones con el Doctor Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, y la abogada Gabriela Castellanos directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, órgano garante de  la correcta aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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Información secreta es el mayor obstáculo para combatir corrupción en Honduras, según el CNA

Abr 24, 2015

El cuestionado Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, señala al gobierno de Juan Orlando Hernández como un gobierno de doble moral, que “se da con la piedra en los dientes” al negar mucha información pública que, detrás de su clasificación como información secreta, esconde actos de corrupción.

“No es posible que estemos hablando en temas de gobierno abierto, no es posible que estemos diciendo que se quiere contrarrestar y combatir la corrupción cuando existen este tipo de obstáculos. Necesitamos los hondureños y hondureños tener acceso a la información cuando esta debe ser pública” declaró la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos.

En una amplia entrevista con Radio Progreso (RP), Gabriela Castellanos (GC) expuso que un claro ejemplo es lo que se está viviendo con el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

RP. ¿Cómo se estructura el Consejo Nacional Anticorrupción?

GC. A partir del año 2014 el Consejo Nacional Anticorrupción trabaja sobre una nueva estructura. Hay unidades que antes no existían en el CNA y que nosotros creímos, en su momento, que realmente si era importante tenerlas como por ejemplo la unidad de Investigación, análisis y seguimiento de casos.

RP. ¿Por qué?

GC. Porque antes el CNA solamente revisaba sobre las denuncias que recibía y las trasladaba al Ministerio Público. Ahora con esta unidad recibimos las denuncias, por supuesto si va enmarcada en tema de corrupción, la investigamos y una vez que tenemos el respaldo probatorio suficiente no solo la entregamos al Ministerio Público o al Tribunal Superior de Cuentas, sino que lo presentamos también ante los medios de comunicación.

RP. ¿Cómo anda el país en temas de corrupción?

GC. La verdad que somos, penosamente, de los países más corruptos. Entendemos que los niveles de impunidad difícilmente están bajando, los casos de corrupción siempre crecen en todas las instituciones. El tema es cómo combatir la corrupción.

RP. ¿Cómo se puede luchar contra la corrupción?

GC. La corrupción se puede debilitar si los operadores de  justicia están comprometidos con la causa y se presentan los casos mediante la judicialización. El pueblo hondureño necesita un Ministerio Público fortalecido, de una Corte Suprema de Justicia no politizada sino entregada a su labor.

RP. ¿Cómo explica usted la desconfianza de la ciudadanía en el CNA?

GC. Le quiero contar que anteriormente el Consejo Nacional Anticorrupción no contaba con ninguna credibilidad en virtud de que no había trabajo efectivo como lo estamos haciendo. El análisis que nosotros tenemos es que esa percepción ha cambiado, que el CNA es de las pocas instituciones que están contrarrestando y que está combatiendo de manera directa la corrupción.

RP. ¿En base a qué dice usted ha cambiado esa percepción?

GC. Estamos desnudando la corrupción en las líneas de investigación que nosotros estamos llevando a cabo. Estamos mencionando nombres y apellidos y eso no se utilizaba. Yo sí creo, confío que la población hondureña sabe del trabajo que estamos haciendo.

RP. ¿Qué grado de independencia tienen ustedes del Poder Ejecutivo?

GC. Yo le puedo decir que actualmente, desde que Gabriela Castellanos es la directora ejecutiva del CNA, no hay ninguna situación de apego al Poder Ejecutivo. Nosotros no tenemos una llamada para saber qué investigaron, en el momento que esto deje de ser así por supuesto que los vamos a denunciar.

RP. ¿Cómo valora el gobierno de JOH en la lucha contra la corrupción?

GC. Si hay situaciones que están mejorando, pero falta mucho por hacer, y que ese hacer se mire más rápido y más beligerante, hay cosas que hablan bien de este gobierno pero hacen falta esfuerzos enormes para el combate a la corrupción.

Caso Seguro Social

RP. ¿Qué significa el caso del Seguro Social en el tema de la corrupción?

GC. Un tema emblemático de corrupción, tristemente. El Consejo Nacional Anticorrupción ha sacado varias líneas de investigación en este caso. Creemos que es el caso de corrupción más impactante que se ha llegado a conocer.

RP. ¿Cómo responde ante las críticas de que se han quedado investigando a empleados de tercera categoría?

GC. Por supuesto que queremos llegar más arriba, pero le recuerdo a la población que nosotros somos instancia de sociedad civil y que hay información a la que no podemos tener acceso, por ejemplo la información que manejan las instituciones bancarias, así que eso nos limita bastante pero aun así seguimos trabajando.

RP. Pero este gobierno dice que es una administración de puertas abiertas, ¿cómo entenderlo?

GC. No es posible que estemos hablando en temas de gobierno abierto, no es posible que estemos diciendo que se quiere contrarrestar y combatir la corrupción cuando existen este tipo de obstáculos. Necesitamos los hondureños y hondureñas tener acceso a la información cuando esta debe ser pública.

RP. ¿Qué se protege?

GC. Información. Imagínese usted que ya hay una resolución donde dice que hay información de contrato, de hechos, de presupuesto, que no se puede mencionar, que no se puede hacer público. Nos preocupa muchísimo cuando hay un documento oficial que nos dice que existen hechos y contratos que los hondureños y hondureñas no pueden conocer.

RP. ¿Qué fuentes ha usado hasta ahora para sacar la información?

GC. Bueno, yo le puedo decir que, en primer momento, nosotros utilizamos la información pública que las instituciones tienen en sus portales y nos hemos dado cuenta que mucha de esta información no es cierta. Y nos tomamos la tarea de investigar y cuando no tenemos acceso a la información nos vamos por la vía legal utilizando el Instituto de acceso a la información.

RP. ¿Qué esperan ustedes en el caso del Seguro Social?

GC. Nosotros estamos esperando que existan más requerimientos fiscales en el caso del Seguro Social por parte del Ministerio Público, más allá de la Unidad de Apoyo Fiscal. Necesitamos que salgan a luz más personas que aún no han salido en este caso porque esta situación ha sido lamentable. Por falta de medicamentos, por falta de atención se han dado muertes de hondureños y hondureñas.

RP. ¿Por qué la traba en el Ministerio Público?

GC. Yo no puedo hablar de trabas. Yo sí puedo decir que hemos presentado información al Ministerio Público, información importante que ellos tendrán que respaldar, esperamos que esto salga pronto. Esperamos que no se mire limitado el Ministerio Público a quién presentar requerimiento y a quién no, la ley es igual para todos.

RP. ¿Hasta dónde piensan llegar ustedes?

GC. Seguir investigando, seguir contrarrestando la corrupción en la medida de nuestras posibilidades. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y el trabajo del Consejo Nacional Anticorrupción como instancia de sociedad civil.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2011-informaci%C3%B3n-secreta-es-el-mayor-obst%C3%A1culo-para-combatir-corrupci%C3%B3n-en-honduras-seg%C3%BAn-el-cna

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Alianza Regional Insta al Estado de Honduras derogar la Ley de Secretos Oficiales

Miércoles, 22 Abril 2015 14:02 Written by  Published in Contexto Read 19 times
                                         Moisés Sánchez, Director Ejecutivo Alianza por la Libre Expresión e Información Moisés Sánchez, Director Ejecutivo Alianza por la Libre Expresión e Información

Unas 23 organizaciones de 19 países de las Américasque están aglutinadas en la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, que externaron su preocupación por la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como Ley de Secretos Oficiales, en una conferencia de prensa, realizada en la capital de Honduras el 17 de abril pasado.

La mencionada Ley fue aprobada y publicada en Diario Oficial La Gaceta en marzo de 2014, y desde esas fecha ya se vienen presentando obstáculos al acceso a la información, como si en Honduras nunca se hubiere aprobado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que ya tiene casi nueve años de su aprobación según Decreto Legislativo número 170-2006.

En la conferencia de prensa realizada por la Alianza estuvieron presentes Moisés Sánchez, Director Ejecutivo de dicha alianza; José León Gómez en representación de la Fundación Democracia Sin Fronteras y Héctor Becerra del Comité por la Libertad de Expresión, C-Libre.

Sánchez señaló que en las Américas existe un fallo importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del año 2006 que reconoció el acceso a la información como un derecho humano fundamental y el año 2011 la Organización de los Estados Americanos, OEA, estableció una Ley modelo de acceso a la información para las Américas, por lo cual muchos países han avanzado y han consolidado sus leyes estableciendo criterios conforme a los derechos humanos

Estos estándares hoy día están siendo vulnerados por estas normas y vemos con extrema preocupación que están borrando con el codo lo que se escribió con la mano dentro de la Ley de Acceso a la Información Pública en Honduras, dijo.

Acompañamos con esta preocupación a nuestros miembros locales, a Fundación democracia sin Fronteras y a C-Libre que han trabajado desde los inicios la institucionalidad de acceso a la información , por proveer un marco regulatorio que promueva el diálogo y que permita el acceso a la información a periodistas, ciudadanos y todos aquellos interesados, por eso estamos en Honduras para dar una señal de preocupación internacional respecto a estas leyes y resoluciones que no son solo en papel sino en la voluntad de retroceder en los avances , expresó ante periodistas de distintos medios de comunicación.

Argumentó que la institucionalidad de acceso a la información pública es un pilar de la democracia la cual se construye con el diálogo, el intercambio de información y de opinión, cuando la regla general se vuelve la excepción no podemos hablar de un diálogo democrático y eso es preocupante no solo como parte de acceso a la información sino de cara al futuro y en las Américas.

jose leon aguilar

Por su parte José León Aguilar de la Fundación Democracia Sin Fronteras, manifestó que la Ley de Acceso a la Información fue una lucha de siete años El problema en el país es que se han venido haciendo otros decretos que vienen a violentar las normas jurídicas aprobadas, por eso vemos con preocupación esta Ley de Secretos Públicos debido a que no está clara.

Hizo un llamado a los tomadores de decisiones para que revisen esta Ley para hacerle las enmiendas necesarias.” Es importante que el Congreso se interese por esta Ley y que le puedan hacer una reforma porque es el único ente que puede hacerlo. Creo que hay voluntad política porque estamos en comunicación con el Instituto de Acceso a la Información Pública y ellos están también preocupados por esta Ley que les coarta su accionar como institución rectora del acceso a la información”.

A la pregunta de pasosdeanimalgrande.com en el sentido de que si en realidad habría voluntad política tomando en cuenta que hay una concentración de poder por parte de actual presidente de la República y una concepción militarista en su gestión, Aguilar dijo que “independientemente del control que tenga , mejor es que se interese y que diga que se va a cambiar esto , porque sí es cierto que hay algunos intereses que los desconocemos pero el interés debe ser de país”.

Héctor Becerra de C-Libre informó que han iniciado una serie de visitas a instituciones del Estado y también se han reunido con organizaciones de sociedad civil para abordar el tema.

Explicó que se está negando la información en varias instituciones del Estado que se amparan en la resolución CNDS 069/2014, aprobada en julio de 2014

En esa resolución el Consejo Nacional de Seguridad CONADESE, dispuso reservar sin precisar qué-, “asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y/o la defensa nacional”, señala un comunicado de esta organización emitido después de la publicación de esta normativa.

La resolución fue aprobada por el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández; el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva; el titular del Poder Judicial, Jorge Alberto Rivera Aviles; el fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla; el entonces ministro de Seguridad, Arturo Corrales; el ministro de Defensa, Samuel Reyes y el entonces titular de la DNII, Julián Pacheco Tinoco.

hector becerra

Ya se inició a aplicar en instituciones, una de ellas es el Registro Nacional de las Personal, RNP, que negó información al Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, sobre puntos de acta de cómo se aprobaron todas las compras de la empresa denominadas Lufergo, Lafis, Grupo G Y T, Inversiones Zaldívar; y del alquiler del inmueble donde se ubica esa institución en Tegucigalpa.

Igualmente se solicitaba copia de traslado de los fondos de Banco de Occidente, donde se encuentran reflejados los ingresos, egresos y gastos actuales por conceptos de contratos de telefonía con las empresas Tigo y Claro, así como gastos de viaje a Lima Perú y copias de las personas que conforman el Directorio en los periodos 2010 al 2013.

El diecinueve (19) de agosto de 2014 el Registro Nacional de las Personas envió oficio informando que han recibido del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de la Defensa y Seguridad, certificación de la Resolución No. CNDS-069/2014 de fecha 22 de Julio de 2014, mediante la cual se resuelve declarar como reservada la información solicitada al Registro Nacional de las Personas, resolución que tiene carácter de ejecutoriedad inmediata, señala un Recurso de Revisiòn interpuesto por el CNA ante el Iinstituto de acceso a la información pública, IAIP, al que le solicita que se resuelva el presente recurso declarando que se ordene o que se permita al solicitante el acceso a la información solicitada.

Lo grave del caso es que ya se informó que 18 instituciones del Estado tienen la información reservada desde el 2014, a continuación las entidades que tienen discrecionalidad para hacerlo:

Instituciones con información reservada

  1. Corte Suprema de Justicia
  2. Secretaría de Seguridad
  3. Ministerio Público
  4. Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN)
  5. Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII)
  6. Dirección de Información Estratégica de las Fuerzas Armadas (C-2).
  7. Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional
  8. Instituto Nacional de Migración
  9. Dirección Ejecutiva de Ingresos
  10. Registro Nacional de las Personas (RNP)
  11. Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)
  12. Instituto de la Propiedad
  13. Unidad de Inteligencia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros
  14. Dirección General de la Marina Mercante
  15. Dirección General de Aeronáutica Civil
  16. Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
  17. Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)
  18. Otras que se puedan incorporar en el futuro.

 

Last modified on Jueves, 23 Abril 2015 03:45

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“Ley de secretos” amenaza libre expresión

20 de Abril de 2015

07:06AM  –  Redacción  

Según los Principios de Johannesburgo, una restricción justificada en la seguridad nacional no será legítima si su propósito es proteger a un gobierno de una situación embarazosa.

TEGUCIGALPA, Honduras

La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, así como sus resolunes, no solo vuelve los actos de corrupción un secreto de Estado, sino que también atenta contra la libertad de expresión, de información y de prensa estipulada en la normativa interna y en la legislación internacional.

Análisis y opiniones de expertos en la temática de transparencia consideraron que la aprobación del decreto 418-2013 que contiene la “ley de secretos” representa un retroceso en los avances de rendición de cuentas que había logrado el país con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) aprobada en 2006.

Con la nueva legislación se le arrebatan varias potestades al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), principalmente la de clasificar la información en las categorías de “reservada” y “confidencial” cuando se trata de la seguridad nacional.

Ahora, sin embargo, esta discrecionalidad se la trasladaron al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad conformado por el presidente de la República, el presidente de los poderes Judicial y Legislativo, el fiscal general, el secretario de Seguridad y el de Defensa.

Parcialidad

De acuerdo con Leo Valladares Lanza, excomisionado nacional de los derechos humanos (Conadeh) y experto en el tema de transparencia, el decreto 418-2013 y sus resoluciones no solo desvalorizan la LTAIP, lo más serio y preocupante “es que los entes básicos de control de la legalidad en el Estado, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, se parcializaron al formar parte del Consejo de Defensa y Seguridad.

“Actualmente estas autoridades, al formar parte de ese consejo, tienen que quedarse calladas en las decisiones que ese organismo tome”.

Ahora el ciudadano que se sienta agraviado por la denegatoria de una información pública clasificada como reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta no tendrá una autoridad imparcial a quien recurrir pues el Ministerio Público, encargado de proteger la sociedad y el Poder Judicial responsable de impartir justicia, forman parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, organismo que utilizando el argumento de la seguridad nacional puede clasificar lo que quiera.

Valladares insiste en que una confusa ley de clasificación de documentos públicos pudiera buscar proteger los actos de corrupción de un gobierno, por lo tanto, es inconstitucional porque al no existir la posibilidad de conocer sobre lo que hacen las autoridades no se pueden llegar a saber los abusos y los actos que están haciendo fuera de la ley.

Y subraya que solo hay que leer el tercer párrafo del artículo 14 que dice “que toda persona, funcionario público o ex funcionario que en juicio se le pida revelar secretos que están clasificados como tales tiene la obligación de quedarse callados, pero se le exime de esta prohibición cuando se haya cometido genocidio, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desaparición forzada, violencia sexual masiva o crímenes de lesa humanidad”.

Y es donde entra el cuestionamiento de Valladares: “¡Ajá! Y hay otras figuras que son muy graves y que son totalmente contra la ley, como la malversación de caudales públicos, y que no se mencionan aquí. Imagínese que no se puede declarar sobre actos de corrupción, porque está prohibida su divulgación. Eso es gravísimo”.

También dice que pueden declarar sobre torturas que son un daño físico, “pero no pueden declarar sobre un homicidio, un asesinato, que es peor; eso es ambiguo. Dice que puede declarar únicamente sobre violencia sexual masiva, o sea que un individuo no hablará nada cuando conozca de la violación sexual a una persona. Cuando tenga información de la violación a un niño o contra dos mujeres va a tener que quedarse callado por seguridad nacional. Esto es ridículo”, criticó Valladares.

Amenaza

Amparado en el decreto 418-2013, el 22 de julio de 2014 y utilizando el argumento de la seguridad nacional el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, emitió la resolución 069/2014 y le puso el sello de secreto.

En ella se ordena a la Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad y Policía Nacional, Ministerio Público-Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Dirección de Información Estratégica de las Fuerzas Armadas, Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

También el Instituto Nacional de Migración, Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Registro Nacional de las Personas (RNP), Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Instituto de la Propiedad (IP), Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Marina Mercante, Aeronáutica Civil, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

De igual forma el Servicio Autónomo Nacional Acueductos y Alcantarillados (SANAA), y otras entidades que pudieran enlistarse a futuro que faciliten la información necesaria a los técnicos del Centro Nacional Integrado de la DNII (Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia) y que se proceda a clasificar como reservada esta información en vista que los asuntos, actos, contratos, documentos informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas puede dañar o poner en riesgo la seguridad y la defensa nacional.

Esta “ley de secretos” también establece cuatro categorías de clasificación: reservada, que durará cinco años, confidencial, 10 años; secreta 15, años; y ultrasecreta 25, dejando al Consejo de Defensa y Seguridad la potestad de extenderla, si todavía es una amenaza.

Además, su artículo 5 dice que la clasificación corresponde “única y exclusivamente al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pero luego en el artículo 6 expone que la facultad de clasificación a que se refiere el artículo anterior no puede ser transferida ni delegada, por ser exclusiva de cada una de las autoridades en el ámbito de sus competencias, dejando abierto con ello la posibilidad de que los titulares de las instituciones también reserven información pública”.

Igualmente, esta ley en su artículo diez establece que cuando una materia clasificada permita prever que pueda llegar a conocimiento de los medios de comunicación, se notificará a estos el carácter de la misma con el objeto de que se respete su clasificación.

Seguridad nacional

La ley de secretos no cuenta con una definición de lo que es seguridad nacional, dejando abierta la puerta para imponer restricciones injustificables al ejercicio de las libertades de expresión y de información al clasificar documentos que no impliquen riesgo como contratos, licitaciones, compras y hasta datos estadísticos.

Para evitar esta opacidad gubernamental, los Principios de Johannesburgo -basados en el derecho internacional y regional- definen un estándar de lo que debe entenderse como seguridad nacional.

De acuerdo con el preámbulo de estos principios, “algunas de las violaciones más graves a los derechos humanos y las libertades fundamentales son justificadas por los gobiernos como necesarias para proteger la seguridad nacional”.

Para disuadir a los políticos en el poder de servirse de este pretexto para imponer restricciones injustificables sobre el ejercicio de estas libertades, el numeral uno de los Principios de Johannesburgo plantea sobre libertad de opinión, expresión e información, que todo individuo tiene derecho a tener opiniones sin interferencia, tiene derecho a la libertad de expresión, la cual incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin limitación de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impreso, en la forma de arte o a través de otros medios de comunicación de su opción.

El ejercicio de los derechos estipulados en el párrafo anterior podrá ser sujeto a restricciones por razones específicas, conforme a lo establecido en la ley internacional, incluso para la protección de la seguridad nacional.

El segundo principio expresa que: “(a) una restricción que se procurara justificar por motivos de seguridad nacional no será legítima a no ser que su propósito genuino y su efecto demostrable sean los de proteger la existencia de un país o su integridad territorial contra el uso o la amenaza de la fuerza, sea de una fuente externa, tal como una amenaza militar, o de una fuente interna, tal como la incitación al derrocamiento violento del gobierno.

(b) En particular, una restricción que se procurara justificar por motivos de seguridad nacional no será legítima si su propósito genuino o su efecto demostrable es el de proteger intereses inconexos con la seguridad nacional, incluso, por ejemplo, el de proteger a un gobierno de una situación embarazosa o de la revelación de algún delito, o el de ocultar información sobre el funcionamiento de sus instituciones públicas, o el de afianzar una ideología en particular, o el de suprimir la conflictividad industrial”.

Igual que los principios de Johannesburgo, el principio 8 de los Principios de Lima también deja claro que es inaceptable que bajo un concepto amplio e impreciso de seguridad nacional se mantenga el secreto de la información. En este mismo principio se establece que si es requerida por un solicitante, una autoridad judicial imparcial y competente podrá revisar la validez de dicha negativa y disponer la entrega de la información.

Sobre esta temática, el diputado Renán Inestroza sostuvo que con esta ley de clasificación de documentos por cuestiones de seguridad nacional lo que prima es la protección de la estabilidad del país y no la protección de actos de corrupción.

A su criterio, si hay documentación de actos donde pueda existir malversación de caudales públicos o de la comisión de delitos que han sido clasificados como secretos, entonces ahí puede intervenir el Ministerio Público, que es el protector de la sociedad.

Con esta ley lo que se buscó es que toda aquella documentación que tuviese relación con aspectos de seguridad nacional no esté abierta al público, explicó Inestroza.

CONTRADICCIONES

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Fuente: http://www.elheraldo.hn/alfrente/832440-331/ley-de-secretos-amenaza-libre-expresi%C3%B3n

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Con resolución secreta reservan información de 18 instituciones estatales de Honduras

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20 de febrero, 2015

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Siete funcionarios del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (Conadese) decidieron restringir el derecho a la información en 18 instituciones estatales y en otras dependencias que se puedan incorporar en el futuro, mediante la resolución 069/2014, emitida y clasificada como secreta el 14 de julio.

La reserva fue declarada con base en la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional. El Conadese dispuso reservar -sin precisar qué-, “asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y/o la defensa nacional”.

Eso quiere decir que hasta las sentencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podrían ser secretas. También se reserva información de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional; Ministerio Público y Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN); Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), Dirección de Información Estratégica de las Fuerzas Armadas (C-2).

Asimismo, información de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Instituto Nacional de Migración, Dirección Ejecutiva de Ingresos, Registro Nacional de las Personas (RNP), Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Instituto de la Propiedad, Unidad de Inteligencia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, Dirección General de la Marina Mercante, Dirección General de Aeronáutica Civil, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y otras que se puedan incorporar en el futuro.

Esta resolución fue aprobada por el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández; el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva; el titular del Poder Judicial, Jorge Alberto Rivera Aviles; el fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla; el entonces ministro de Seguridad, Arturo Corrales; el ministro de Defensa, Samuel Reyes y el entonces titular de la DNII, Julián Pacheco Tinoco; todos ellos servidores públicos de uno de los países más corruptos del mundo, según indicadores de Transparencia Internacional.

En consecuencia, las restricciones de este derecho universal ahora están establecidas mediante resolución 069/2014 aunque esa facultad le correspondería al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por jerarquía normativa en virtud de que Honduras es signataria de Tratados y pactos supranacionales que dieron vida a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP).

Primeras muestras de discrecionalidad
El 21 de agosto de 2014, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) promovió un recurso de revisión ante el IAIP porque los funcionarios del RNP negaron información pública, amparados en la resolución 069/2014. El CNA investigaba supuestas irregularidades en el RNP.

La información negada por funcionarios del RNP fue: “1) copia de los puntos de actas donde se aprueban todas las compras de la empresa denominadas Lufergo, Lafis, Grupo G Y T, Inversiones Zaldívar, adjuntar los términos de adjudicación y precalificación de las empresas, 2) copia del punto de acta de la aprobación del alquiler del inmueble ubicado en la colonia Jacaleapa de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a la empresa denominada FAMME 3) copia de los pagos efectuados a FAMME, por concepto de alquiler, durante los periodos 2013 hasta la fecha, 4) copia del punto de acta de la aprobación de Honorarios profesionales del señor Edwin Joel Bulnes Vásquez. Adjuntar los términos de referencia y adjudicación de la consultoría 5) Copia de traslado de los fondos de Banco de Occidente, a que cuenta se realizó el depósito y donde se encuentran reflejados 6) copia donde están reflejados los ingresos, egresos y gastos actuales por conceptos de contratos de Tigo y Claro 7) copia de los puntos de acta para la aprobación al viaje a Lima Perú 8) Copias de las personas que conforman el Directorio en los periodos 2010 al 2013”, cita textualmente el recurso de revisión, promovido por el CNA.

Sobre la resolución 69/2014, la presidenta del IAIP, la comisionada Doris Imelda Madrid, señaló que esta institución no autorizó ninguna reserva de información. “Al menos por el Instituto no ha pasado, la desconocemos”, respondió.

“Ley de Secretos Oficiales”
Cuando el Congreso Nacional aprobó la “Ley de Secretos Oficiales”, como se le llamó originalmente, por medio de un comunicado, C-Libre advirtió que tal legislación violenta el derecho a la libertad de expresión, estipulado en los artículos del 72 al 75 de la Constitución de la República; el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 19 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos.

En la misma línea, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos ya instituye la forma en que se deben dictar nuevas leyes, caso contrario, se crea un campo fértil para la actuación discrecional y arbitraria del Estado en la clasificación de la información, cita el Informe Sobre el Estado del Derecho a la Información en Honduras 2014, de C-Libre.

De igual forma, el numeral 1, inciso (d) de los Principios de Johannesburgo sobre la seguridad nacional, la libertad de expresión y el acceso a la información, estipula, “no se podrá imponer restricción alguna sobre la libertad de expresión o de información por motivos de seguridad nacional a no ser que el gobierno pueda demostrar que tal restricción esté prescrita por ley y que sea necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés legítimo de seguridad nacional”.

Esta ley contraviene, además, los numerales 2 y 3 de la Declaración de Chapultepec, el numeral 4 de la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión y el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Igualmente, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del “Caso Reyes y otros contra Chile”, párrafo 92, establece que es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación.

La reserva se estableció pese a que ya está estipulada legalmente en estas nueve legislaciones: la Ley de Inteligencia, Ley contra el financiamiento del Terrorismo, la Ley contra el Delito de Lavado de Activos, la Ley del Sistema Penitenciario, Ley de Protección a Testigos, Ley del Juicio Político, Código Procesal Penal, Ley de Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), La Ley de Policía Militar y de Orden Público.

Fuente. http://clibrehonduras.com/main/noticias/con-resoluci%C3%B3n-secreta-reservan-informaci%C3%B3n-de-18-instituciones-estatales-de-honduras

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Análisis del riesgo de la Ley de secretos en Honduras

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de la Información, como se llamó primero o Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional, como se denominó después, aumenta el riesgo que los periodistas enfrentan para ejercer su labor en Honduras, un país con una tasa de 80 homicidios por cada cien mil habitantes y con 49 periodistas asesinados desde 2003 a la fecha, 46 ellos eliminados después de 2009.
A la escalada de asesinatos contra periodistas, ahora se suma el riesgo de caer en la cárcel que estará como un péndulo sobre la cabeza de los comunicadores que adquieran información de asuntos públicos ejecutados por el Estado, pero considerados secretos por sus funcionarios.
La ley  manda que “cuando una materia clasificada permita prever que pueda llegar a conocimiento de los medios de comunicación, se notificará a éstos el carácter de la misma, con el objeto de que se respete su clasificación”. Además, prohíbe la publicación de aquella información que será supuestamente “clasificada como reservada, confidencial, secreta y ultra secreta”, que incluye, según el artículo 1 materias consideradas de interés para la seguridad y la defensa nacional.
Honduras es signataria de Tratados y Pactos supranacionales que garantizan principios democráticos y derechos universales y que dieron vida a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP); sin embargo, esta ley secundaria -publicada el 7 de marzo de 2014 en el Diario Oficial La Gaceta- está sobre las garantías constitucionales que constituyen la base de creación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El IAIP está encargado de velar por el cumplimiento de la LTAIP para lograr la transparencia de las instituciones del Estado y de fomentar la cultura de acceso a la información pública.
Este análisis da cuenta de las leyes nacionales que ya establecen reserva de la información en poder del Estado y de los abusos que se podrían cometer porque una ley de secretividad, sin regulación precisa, puede generar mayor discrecionalidad en el uso de los fondos públicos del Estado, provenientes de los impuestos que paga sobretodo la clase media del país y se consultó a diferentes actores de sociedad civil y a sectores oficialistas para conocer sus criterios con relación a esta nueva legislación.
Análisis de la reserva legal ya contemplada en ley
La Ley de Secretos Oficiales se aprobó pese a que las leyes en materia de seguridad y defensa ya establecen la reserva de información:
Ley de Inteligencia
Artículo 18. Sin perjuicio de lo descrito en la LTAIP, las actividades, informaciones y documentos de inteligencia, tendrán el carácter de reservados, en vista de que su contenido es confidencial o secreto, por ser elementos inherentes a la seguridad y la defensa nacional.
Artículo 19. La información reservada, obtenida y manejada por el Sistema Nacional de Inteligencia cuyo conocimiento público vulnere la privacidad de las personas y la seguridad nacional, queda exenta del escrutinio de cualquier organismo o persona natural.
La Ley contra el financiamiento del Terrorismo 
Ya establece todos los criterios de reserva en cuanto a información relacionada con la investigación de este delito y ahora se puede ocultar presupuesto u otra información pública si así lo requieren.
La Ley contra el delito de lavado de activos
También ya estipula reserva de información.
Ley del sistema Penitenciario
En el artículo 13. Los miembros del Consejo Directivo están obligados a mantener la confidencialidad de los asuntos tratados en las sesiones, sobre todo cuando se refieran a aspectos relacionados a la seguridad del sistema, el tratamiento individualizado o régimen progresivo de personas privadas de libertad, aspectos disciplinarios y otros que  establezcan las leyes y los reglamentos de esta Ley.
Ley de Protección a Testigos
Reserva sobre las medidas de protección: Quienes tengan conocimiento de las medidas de protección o hayan intervenido en su preparación, expedición y ejecución, sean servidores públicos. Indica que los particulares, tendrán la obligación de mantener bajo estricta reserva la  identidad del o los beneficiarios del Programa y cualquier otra información que conduzca a su revelación o ubicación. La infracción de la presente disposición acarreará las sanciones penales, civiles y administrativas a que hubiere lugar en derecho.
Ley del Juicio Político
El juicio político tiene un procedimiento establecido en la Ley del Juicio Político y si es declarado en secretividad, se podría realizar el procedimiento con total opacidad.
Código Procesal Penal
Establece en el artículo 278. Secretividad de las investigaciones. Las investigaciones realizadas por las autoridades competentes, se mantendrán en secreto.
Riesgo de opacidad con nuevas leyes
1. La  Ley de Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres) puede permitir abusos policiales pues establece que en el cumplimiento de misiones especiales de seguridad a favor de la población, los miembros del Comando Armado TIGRES podrán ser acompañados cuando así lo requiera por jueces y fiscales.
Análisis: Esta ley deja abierto el espacio para operaciones policiales secretas que pueden acompañarse de jueces y fiscales solo cuando la tropa Tigres lo requiera.
2. La Ley de Policía Militar y de Orden Público:
Artículo 11. La policía militar debe contar con presupuesto (así lo desean los militares, este presupuesto puede ser clasificado).
Artículo 5. de la Ley de Policía Militar criminaliza y coloca como terrorismo el derecho a protesta (en ese sentido, bajo operaciones ultrasecretas se puede perseguir a opositores políticos).
3. La Ley de Zonas Especiales de Desarrollo (Zede).
El artículo 11 estipula que el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas tiene funciones específicas, esta ley además habla de expropiaciones, si se considera que hacer público algún mecanismo de las Zedes, estas acciones se podrían hacer en secretividad.
En el artículo 13. Se establece que el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas debe contratar a una entidad de prestigio internacional al fin de que audite al menos una vez al año los recursos recaudados dentro de las Zedes. Los informes que se emitan deben publicarse y enviar copia al presidente de la República.
Análisis: Pero la nueva ley permite que si se considera un tema que compromete la seguridad, estos informes pueden quedar en secretividad.
El artículo 25. Habla de expropiaciones sin auditoría social en cualquier terreno de país que podrían ser hechas en total secretividad, si así lo determina el Consejo de Defensa y Seguridad.
La Ley de Promoción de la Alianza Público Privada. Que tiene que ver con todas las licitaciones del Estado, incluso con las de Defensa y Seguridad podría ampararse en la nueva ley para administrar de manera secreta este tipo de alianzas.
La Ley de Seguridad Poblacional. Que graba las operaciones del sistema financiero nacional podría también declararse en secretividad si se considera un asunto de seguridad nacional.
Además la Ley del Tribunal Superior de Cuentas manda que los informes sean públicos, pero si así lo requiere el sistema podrían declararse en secretividad al amparo de esta Ley de Secretos Oficiales.
Normas de la nueva ley
La ley aprobada establece que la clasificación de la información se declarará a través de resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (Conadese). La primera ley establecía que los Secretarios de Estado y Presidentes, Gerentes y Directores de entidades descentralizadas del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias podían declarar secreta la información, con la reforma se dejó la potestad sólo al Conadese.
Artículo 3. A los efectos de esta Ley podrán ser declaradas Materias Clasificadas los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad, defensa nacional y el logro de los objetivos nacionales, decía la primera ley aprobada. Al ser publicada en La Gaceta, la última parte se modificó por: “y el logro de los objetivos en estas materias”.
Reservado: Nivel inferior en materias clasificadas en el orden nacional. Es toda aquella información, documentación o material referida al ámbito estratégico interno de los entes del Estado y que su revelación podría producir “efectos institucionales no deseados” si estuviera públicamente disponible en contra del efectivo desarrollo de las políticas del Estado o del normal funcionamiento de las instituciones del sector público.
Esta calificación es facultad propia del Titular de cada ente del Estado. 
Confidencial: Nivel intermedio en materias clasificadas en el orden nacional. Es toda aquella información, documentación o material referida al ámbito estratégico interno del Estado y que su revelación podría originar riesgo inminente o amenaza directa contra la seguridad, la defensa nacional y el orden público. Este material podría “dañar o perjudicar internamente” a la seguridad nacional si estuviera públicamente disponible.
Esta calificación es facultad propia del Titular de cada ente del Estado, decía la primera ley y luego se trasladó la facultad al Conadese.
Secreto: Nivel alto en materias clasificadas en el orden nacional. Es toda aquella información, documentación o material referida al ámbito estratégico del Estado tanto en lo externo e interno y que su revelación podría originar riesgo inminente o amenaza directa contra el orden constitucional, la seguridad, la defensa nacional, las relaciones internacionales y el logro de los objetivos nacionales. Este material eventualmente causaría “serios daños internos y externos” a la seguridad nacional si estuviera públicamente disponible.
Esta calificación es facultad propia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Ultra Secreto: Nivel más alto de clasificación en materias clasificadas en el orden nacional. Es toda aquella información, documentación o material que estando referido al ámbito político-estratégico del Estado, tanto en lo externo e interno de la defensa nacional, su revelación originaría riesgo inminente o amenaza directa contra la seguridad, la defensa nacional, la soberanía e integridad territorial,  y el logro de los objetivos nacionales. Esta información podría provocar un “daño interno y externo excepcionalmente grave” a la seguridad nacional si estuviera públicamente disponible.
Esta calificación es facultad propia del Presidente de la Republica, decía la ley original y al ser publicada en La Gaceta aparece como potestad del Conadese.
Reservado: Su desclasificación se hará después de cinco (5) años.
Confidencial: Su desclasificación se hará después de diez (10) años.
Secreto: Su desclasificación se hará después de quince (15) años.
Ultra Secreto: Su desclasificación se hará después de veinticinco (25) años.
Solamente el fiscal general puede pedir desclasificación de la información. El actual fiscal general, Óscar Chinchilla, es ligado al partido en el poder.
¿Cultura de secretividad o Cultura de transparencia?
Ley de Secretos Oficiales
ARTÍCULO 15.También se dispondrá lo necesario para que todo el personal de la Administración Pública se halle debidamente instruido en cuestiones de seguridad y protección de secretos.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
ARTÍCULO 6.- PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA DE LA AINFORMACIÓN. Las Instituciones  Obligadas deberán capacitar y actualizar de forma permanente  a sus servidores públicos en la cultura de acceso a la información, la cultura de apertura informativa, transparencia de la gestión pública y el ejercicio de la garantía de Hábeas Data.  Las Instituciones Obligadas deberán, asimismo, capacitar sobre el contenido de esta Ley y los procedimientos específicos definiditos por dicha Institución para ser efectivo su cumplimiento.  La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación por conducto de las instituciones de educación formal o no formal y las universidades públicas y privadas, incluirá contenidos sobre esta materia en los planes o programas de estudio.
Dos días después de la aprobación de esta ley, el 14 de enero de 2014, la Sociedad Civil se pronunció a través de la Alianza por la Paz y la Justicia, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y C-Libre emitió la alerta.
Como consecuencia de la alerta ciudadana, el oficialista diputado del Partido Nacional, Rigoberto Chang Castillo, anunció que la ley quedaría en suspenso.  Para la comisionada presidenta del IAIP, Doris Imelda, con esta nueva ley se violentan tratados internacionales porque la creación del instituto está fundamentada en leyes como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19; la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 13; la Carta Democrática Interamericana de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en su artículo 4, cuyo mandato está sobre la Constitución de la República.
Aurora Pineda, cuyo hijo fue asesinado por policías en octubre de 2011, se pregunta ¿cómo es que la secretividad va a garantizar la seguridad? si en su caso, la secretividad se convirtió en un obstáculo porque el sistema declaró en secretividad los juicios contra la cúpula policial implicada en la ejecución de su hijo y del hijo de la rectora de la UNAH, mientras los mandos bajos de la policía ya fueron condenados por este crimen porque la publicidad del caso permitió dar con los asesinos materiales.
El espíritu de la norma -según el diputado que presentó el proyecto de ley- es garantizar la seguridad de los hondureños.  A través de un comunicado, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) reveló que la Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de la Información violenta el derecho a la libertad de expresión, estipulados en los artículos del 72 al 75 de la Constitución de la República, el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 19 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, y el principio 1 inciso (d) de los Principios de Johannesburgo sobre la seguridad nacional, la libertad de expresión y el acceso a la información, que estipula que “no se podrá imponer restricción alguna sobre la libertad de expresión o de información por motivos de seguridad nacional a no ser que el gobierno pueda demostrar que tal restricción esté prescrita por ley y que sea necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés legítimo de seguridad nacional”.
Esta ley contraviene, además, los numerales 2 y 3 de la Declaración de Chapultepec, el numeral 4 de la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión y el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

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