Entradas etiquetadas como Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT)

Organizaciones de DDHH nombran a nueva comisionada ante el CONAPREV

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Uso de la tortura para aterrorizar en Honduras

Para las antiguas generaciones hondureñas el término “tortura” no ha quedado atrás, cada vez que escuchan o ven noticias, recuerdan con tristeza el dolor y el terror que se vivió en la década perdida a los terribles años 80, los de la locura fanática y de la “Doctrina de Seguridad Nacional”.

La Convención de Naciones Unidas define a la tortura como “cualquier acto en el cual se inflige intencionalmente a una persona severo dolor y sufrimiento, físico o mental, con fines tales como obtener información o una confesión de ella o de un tercero, como acto intimidatorio y coercitivo, basado en cualquier tipo de discriminación cuando tal dolor o sufrimiento es afligido o a instancias consentimiento de un funcionario público u otra persona que actúe de carácter oficial”.

Ayuda psicológica

Las personas que han sufrido alguna manera de tortura necesitan ayuda psicológica para poder superar los traumas que produce el maltrato.

Carmen Lastenia Martínez es una profesional de la psicología, trabaja el tema desde el 2008, actualmente realiza un voluntariado en  el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias (CPTRT), una organización de derechos humanos que trata este tema.

Ha estado involucrada en proyectos de atención a víctimas de tortura, de violencia sexual , jóvenes de comunidades campesinas e indígenas y privados de libertad; algunos de los sectores más vulnerabilizados.

Tipos de torturas

En Honduras agentes del Estado hacen uso de distintos tipos de torturas, pero las que más se utilizan son la psicológica y la física (dentro de esta la tortura sexual por parte de agentes de investigación).

Explicó que la tortura psicológica es cuando echan mano de la intimidación, amenazas, gritos, agresiones morales a través de amenazas a muerte o abuso sexual, también la degradación,  “diciéndole que no sirve, con malas palabras. No es una agresión directa al cuerpo sino a la mente de la persona”.

La tortura  física pasa al nivel corporal. En el país generalmente son golpes con el puño, patadas, toletazos, entre otros.

Martínez mencionó que los torturadores recurren de manera frecuente a “la capucha”, emplean bolsas plásticas, neumáticos o la misma camisa del torturado, la ponen sobre la cabeza, la aprietan hacia atrás del cuello, de la presión ejercida la víctima siente que la están asfixiando.

El uso de elementos químicos para asfixiar al individuo, con gas pimienta, les rocían algo sintético, además de la capucha para provocar más desesperación.

Golpean de manera repetida los pies con un palo, que en el futuro tendrá efectos en las víctimas. Otra manera es la sumersión, agarran a la persona que se encuentra con las manos amarradas hacia atrás, la sumergen en agua por unos minutos. “Agentes del Estado han practicado la sumersión en heces fecales”.

Mujeres torturadas

En el caso de las mujeres, existe una connotación sexual, los golpes son dirigidos a sus pechos, los glúteos, en su vientre o partes genitales. Y el tocamiento de manera intimidatoria.

Dentro de la torturas físicas más graves dirigidas hacia las mujeres está la violación sexual, lo cual los hombres no quedan exentos de este tipo de maltrato. El CPTRT tiene casos documentados de manoseos, les han introducido objetos en su ano y violación a hombres.

Por ende, “la violación sexual ya es una práctica generalizada en el país, con la intención de quebrantar la personalidad, la dignidad, la autoestima y llevar a la persona objeto de estos vejámenes a un extremo de desestabilizar su estado emocional y mental”, describió la psicóloga.

Esta organización tiene cinco casos documentados de tortura sexual a privadas de libertad, a ellas los agentes de investigación las requirieron en un lugar público, las anduvieron muchas horas por varios sitios de la ciudad y fueron tratadas cruelmente.

No saben cómo describir los lugares a los que fueron transportadas, pero aducen que son casas donde les obligaron a quitarse la ropa y las violaban, las mojaban con agua, les dieron choques eléctricos, golpes e  intimidaban.

Lugares de tortura

La práctica de la tortura en cuanto al lugar ha variado, por muchos años solo se practicaba a víctimas de detenciones ilegales o arbitrarias; ahora es también  en los centros penitenciarios.

La tortura pública y colectiva es muy sistemáticas actualmente, esto tiene lugar en las manifestaciones, tomas de calles y paros.

En las protestas ha habido reportes de personas e imágenes en los medios de comunicación de golpeados de manera salvaje, arrastrados, heridos, fracturados, disparos con balas de goma al cuerpo, las mismas bombas lacrimógenas lanzadas sobre la humanidad, una persona perdió su ojo izquierdo, en esta situación.

A pesar de que las Naciones Unidas ha calificado como acto de tortura el gas lacrimógeno, es utilizado de manera indiscriminada por los cuerpos de seguridad.

¿Quiénes torturan?

En la década de la “Guerra Fría” se les atribuían los actos de tortura a los escuadrones de la muerte engendrados dentro de los mismos cuarteles y postas, sedes de los encargados de proteger al Estado y a la ciudadanía, hacían sus actos en la clandestinidad.

Hoy en día se ven a simple vista, la profesional indicó que “en los casos que ha documentado el CPTRT, en los últimos casi siete años desde el golpe de Estado, hay 700 denuncias”.

La organización además de darles acompañamiento les apoyó con tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico.

La profesional de la sicología amplió que de todos los testimonios recolectados existe un alto porcentaje que evidencia que los que cometen las torturas contra la población son “Policías Militares, Policía Preventiva, Agentes de Investigación y   Policías Penitenciarios ”.

En algunas ocasiones quienes cometen torturas son “agentes encubiertos” o “grupos elites”, no portan su uniforme de reglamento sino que visten de civil y no andan identificación, para mezclarse incógnitamente entre las multitudes. Lo cual hace imposible saber cuál es su papel, ya que generalmente cubren su rostro y  andan guantes.

Igualmente están los torturadores civiles, estos son guardias de empresas de seguridad privada que acompañan o simplemente estaban cerca de los uniformados en el momento que cometer los actos crueles e inhumanos.

Ciudades y comunidades

Las ciudades en que más se ve este tipo de flagelo son las que “tienen que ver con la lucha campesina, recuperación de tierras y desalojos forzosos”.

Los lugares en donde hay criminalización, persecución y más propensos a que la población sufra de torturas, son El Bajo Aguan en Colon, Comayagua, Choluteca, San Pedro Sula, Santa Bárbara y Copán.

Especialmente en las zonas marginales alejadas de las grandes ciudades, allí no trasciende la manera en que la policía trata a los habitantes. El CPTRT tiene casos documentados en La Paz, en Naco departamento de Cortés, “la gente ha sido salvajemente tratada por los agentes”.

Casas del terror

En los años 80s las y los sobrevivientes de tortura testimoniaron que fueron llevados a casa de torturas, que son conservadas con el paso de los años como una ruta histórica de lo que no debería volver a pasar.

Actualmente, personas víctimas de torturas por parte de agentes del Estado denunciaron que al momento de ser detenidas, las llevaron a varios lugares por un periodo de 10 o 12 horas, y estaban totalmente desorientadas, con cachas y los ojos cubiertos.

Casi todos los casos que lleva el CPTRT tienen el componente de haber sido llevados a “casas”, hay una detención, no son trasladados a una posta o juzgados. Están los que son entregados a las fiscalías o postas; otros no tienen tanta suerte.

Tortura e impunidad

Uno de los casos más sonados en donde se evidenció que en una época en Honduras existieron “Casas del Terror”, son los testimonios de los seis estudiantes desaparecidos y que afortunadamente fueron recuperados con vida.

Según la página elboby.com un rostro que las y los hondureños no deben olvidar es el de los años 80;  Billy Joya Améndola, quien integraba el Batallón de Inteligencia 3-16, encargado del secuestro y desaparición de opositores políticos, y fundador de los escuadrones de la muerte “Lince” y “Cobra”.

Según han denunciado organizaciones de derechos humanos se convirtió en uno de los principales ejecutores de secuestros, torturas y asesinatos en Honduras, y se le acusó de al menos 11 ejecuciones bajo el pseudónimo de “Doctor Arranzola”. Además se le acusó del secuestro y tortura de seis estudiantes, el cual  tuvo lugar el 27 de abril de 1982,  en la casa del ayudante del Fiscal General de la República, Rafael Rivera, violando la inmunidad del número dos de la justicia del país, al usar métodos similares a los de la dictadura argentina.

En julio de 1995 fue acusado junto a otros oficiales de alta graduación de los delitos de detención ilegal y  asesinato en su grado de tentativa y abuso de autoridad por el caso seis estudiantes, en febrero de 1999 se le acusó por la desaparición de Hans Albert Madisson, meses más tarde en ese mismo año por la detención ilegal, tortura y abuso de autoridad por el caso de los esposos Reyes Bacca.

Sobre los seis estudiantes, el Juez Manuel Cardona le reformó el auto de prisión por considerar que Joya no fue más allá de la detención ilegal. El Capitán retirado que permaneció cuatro años prófugo y se presentó al Juzgado Primero de Letras de lo Criminal en diciembre de 1998; recobró su libertad al pagar una fianza de Dos mil 400 lempiras.

Desde el golpe de Estado del 2009, Billy Joya aparece como uno de los asesores políticos de las últimas dos administraciones, y en las elecciones del 2013 iba en las planillas del Partido Alianza Patriótica.

Efectos de las torturas

La tortura es una violación extrema a los derechos humanos, en donde se debilita la psiquis de la personas   por el tipo de tratos presenta secuelas.

Frecuentemente los efectos son graves e irreversibles, en muchos casos exteriorizan síntomas psicológicos, desórdenes emocionales y otros trastornos. Los más comunes son trastornos del estado de ánimo, depresión, crisis de ansiedad, estrés post traumático, miedo, delirio de persecución, paranoia, inquietud, temor, psicosis, alucinaciones, insomnio, pesadillas y desarrollan adicción a las drogas o alcohol.

Aseguró que Generalmente las víctimas de tortura no se vuelven agresivas, sino deprimidas, tristes, ensimismadas, tienen un sentido de desesperanza, pérdida del ánimo  o depresión, pensamientos suicidas y sentimientos de culpa. La gama de sintomatologías es grande, hay personas que no vuelven a tener una vida normal, existen permutaciones permanentes en su personalidad, hábitos hasta llegar al extremo que algunas personas son sometidas a medicación para poder dormir y cambios en su alimentación.

Los síntomas dependen de las fortalezas individuales, el apoyo que reciban y el tratamiento físico si sus agresiones fueron al cuerpo,  y psicológico porque deben pasar por un proceso terapéutico para  liberar el trauma que le causó el trato cruel, ya que prácticamente quedan vulnerabilizadas, porque les quitan sus mecanismos de defensa.

Tortura en la cárcel

La tortura que no sale a la luz es la que se realiza dentro de los centros penitenciarios, entre ellos, al momento que algunos deciden huir de la cárcel les disparan en las piernas, cuando los agarran son sometidos a tratos inhumanos, por los policías penitenciarios, pero a consideración de Martínez, éstos son más difíciles de documentar.

CPTRT tiene conocimiento que en algunas cárceles se practican diversas torturas, por ejemplo en la de Juticalpa y maltratos a las mujeres en “CEFAS”, los que son menos visibles.

CIDH reconoce torturas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó su visita a Honduras, del 17 al 21 de agosto de 2009. El objetivo de la visita fue observar la situación de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

La CIDH recuerda que el derecho a la integridad personal está protegida por La Convención Americana de Derechos Humanos reconoce en su artículo 5 el derecho de toda persona “a que se respete su integridad física, psíquica y moral”; y a su vez prohíbe expresamente “el uso de la tortura o tratos inhumanos, crueles o degradantes en contra de las personas”.

Por su parte, la Constitución de Honduras establece en su artículo 68: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. El derecho a la integridad personal es, igual que el derecho a la vida, inderogable bajo cualquier circunstancia.

Breve historia de la tortura

Según el Blog “La JornadadeGuerrero.com en uno de sus artículos recopilaron un breve resumen de la tortura, como parte de la dominación imperial a través de la historia.

La tortura ha sido utilizada durante miles de años, particularmente desde la Grecia antigua, donde formaba parte de los procesos legales. Tortura en griego, se decía “basano”, nombre de una especie de tablilla con la que se probaba la pureza del oro. Frotado contra el basano, el oro dejaba una marca cuando era puro. La tortura se remonta al esclavismo para quienes se utilizaba de forma gradual y permanente.

En la China imperial se torturaba por órdenes de un juez. El sistema jurídico exigía que el acusado confesara su delito para que pudiera dictarse sentencia, a quienes se les declaraba culpables sin que hubieran confesado su presunto delito, se les torturaba hasta que lo hicieran. La tortura era frecuente incluso para interrogar a testigos durante la investigación de un crimen.

En la Europa medieval, la tortura se aplicó regularmente en investigaciones civiles y religiosas, se creía que el asiento y fundamento de la verdad estaba en el cuerpo, más que en la inteligencia, era común que “la verdad” fuera extraída mediante torturas.

En el devenir histórico, la tortura es vista también como un medio para alcanzar un fin, en ocasiones se ha torturado a testigos para que estos externaran la verdad que se creía se ocultara en sus mentes.

La tortura ha evolucionado; y a la igual forma parte del pasado que del presente, este flagelo del martirio que originalmente se realizaba en calabozos pasó a las cárceles clandestinas y a los mismos separos de la policía.

La tortura es un acto perverso, que para 1708 fue declarada ilegal en Escocia, seguida por Prusia en 1740, Dinamarca en 1771, España en 1790, Francia en 1798 y Rusia en 1801.

La tortura oficial auspiciada por el estado se extinguió en Europa, reapareciendo en la Rusia zarista, en la Alemania de Hitler y en los países de Europa de la postguerra. La tortura sigue su curso, se ha modernizado y se ha utilizado la tecnología para ejercer martirio; sus métodos y prácticas cada día son más perversas.

El fin de la tortura es infundir temor, se le relaciona con la aprehensión arbitraria y es una poderosa arma de la represión, un exceso de castigo, el castigo excesivo que tiene como fin generar dolor y traumas.

Los antiguos métodos de tortura van desde la violación sexual, el bastinado, cortes y perforaciones, quemaduras, estiramiento, privación de sueño, ahogamientos, golpes, quemaduras, sacudidas, descargas eléctricas y la llamada tortura sicológica o mental.

En las nuevas tecnologías de la tortura, se aplican choques eléctricos, ahogamientos con agua mineral y picante en las fosas nasales, y las guerras psicológicas. La tortura tiene como fin ocasionar daño físico o sicológico, vinculado principalmente al dolor y al quebrantamiento moral y de la autoestima del detenido.

El daño físico que genera por tortura se causa mediante golpes, rotura de huesos, desgarres, aplastamientos, descargas eléctricas, quemaduras, ahogamiento, violación y aislamiento.

El daño sicológico se genera a partir de la privación sensorial, el aislamiento, el sometimiento, la manipulación, llegando a la desorientación física y mental.

Toda tortura genera afectaciones mentales, el infligir dolor, responde a los impulsos sádicos del captor, su fin es llegar a la mente de la víctima. La tortura como tal, ha sido capaz de rebasar el cuerpo y llegar a la mente de la víctima que posterior a ella, enfrenta sus más profundos temores llegando a debilitar, aterrorizar y humillar al detenido, para afectar su convicción y destruir su personalidad.

La desorientación en el detenido inicia desde el momento mismo de su aprehensión, para lo cual los captores intentan producir los mayores niveles de alarma y confusión que llegan a momentos de conmoción, inseguridad y tensión sicológica.

Origen: Uso de la tortura para aterrorizar en Honduras

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Según estudio : En Honduras se aplica tortura sistemática a la población

La prohibición de la tortura además de estar escrita en un papel, debe inscribirse en el pensar y sentir de policías, militares y civiles que por una u otra razón consideran que golpear con los puños, pistolas y fusiles, insultar, amenazar de muerte, aplicar descargas eléctricas es una opción legítima a la hora de la captura, señalaron  en la semana de antesala del Día Internacional contra la Tortura, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT), y la fundación Friedrich Ebert Stiftung, (FES), este 23 de junio de 2016.

Esta instituciones  realizaron una jornada de exposiciones en solidaridad con estudiantes universitarios y de media; uno de los sectores que ha recibido tortura física y psicológica en los crueles desalojos a que han sido sometidos, en donde ellos mismos expusieron los tratos crueles que sufren por la defensa de sus derechos estudiantiles.

El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea de las Naciones Unidas, por recomendación del Consejo Económico y Social, proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que entró en vigor el 26 de junio de 1987.

En su comunicado, las organizaciones recordaron que Honduras ratificó la Convención Contra la Tortura el 05 de diciembre del 1999, adoptó el Protocolo Facultativo de la Convención el 23 de mayo del 2006 y creó el Mecanismo Nacional de Prevención el 31 de octubre del 2008. El CPTRT tuvo una participación significativa para la firma de estas garantías de derechos.

El organismo sostuvo que no se trata solamente de las formalidades de ratificar y adoptar Convenciones y Protocolos, porque “del dicho al hecho hay mucho trecho”, sino que estas prebendas se reflejen en la realidad cotidiana de la práctica de la tortura, por eso,  le dicen al Estado y en especial al Consejo de Seguridad Nacional: “No basta con ratificar”, “No basta con adoptar”, “No basta con aprobar leyes”.

“La prohibición de la tortura además de estar escrita en un papel, debe inscribirse en el pensar y sentir de policías, militares y civiles que por una u otra razón consideran que golpear con los puños, pistolas y fusiles, insultar, amenazar de muerte, aplicar descargas eléctricas es una opción legítima a la hora de la captura en el traslado a las postas policiales y en lugares como las oficinas de la Policía Nacional de Investigación, inaugurada el 01 de septiembre de 2015 y de la cual dijera el administrador del Estado , Juan Orlando Hernández , que las expectativas sobre el trabajo que realizará este organismo son muy altas”.

Las organizaciones patrocinadoras del evento señalaron que Hernández  debe tener una preocupación “muy alta” cuando el Comité Contra la Tortura (CAT) le recomiende una evaluación de las actuaciones de la Dirección Policial de Investigaciones, (DPI), que está siguiendo una consigna histórica de los cuerpos de investigación; utilizar la tortura para obtener una confesión o información lo mira legítimo.

Con el golpe de Estado se puso en práctica las tácticas contrainsurgentes

La primera exposición fue la de Junior Alexander Núñez, estudiante de la Escuela “Normal Mixta Pedro Nufio”, quien se basó en una investigación que realizó el director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tabora, sobre 10 años de violencia en Honduras.

En el contexto de un análisis pone en la realidad nacional desde 1982, año en que llegaron a feliz término las juntas militares y se implementó una “democracia electoral”, lo que garantizó la alternabilidad en el gobierno de los partidos Liberal y Nacional, integrantes del llamado “bipartidismo” .

Este modelo existió hasta el golpe de Estado del 28 de junio del 2009, época en que la gran mayoría del pueblo hondureño se manifestó en las calles provocando una convulsión social, traducida en las grandes movilizaciones que condenaron la ruptura del orden constitucional.

La defensa de la “democracia” polarizó a la sociedad, las iglesias, las familias, las relaciones filiales y los medios de comunicación; en otras palabras el país se partió en dos facciones; la resistencia y los golpistas. De ahí que se puso en marcha una vez más toda la batería de los cuerpos represores del Estado reavivando la “Doctrina de Seguridad Nacional” en sus antiguas y nuevas modalidades, se llevó a la práctica lo que en terminología militar se denomina “tácticas contrainsurgentes”, entre ellas las torturas físicas y psicológicas.

Un sistema corrupto criminaliza la protesta social

ejecuciones arbitrarias por gobierno

Ejecuciones arbittrarias por gobiernos

Por ser un grupo que últimamente reciben tortura física y psicológica la solidaridad en la semana contra la tortura es evidente por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos hacia  las y los estudiantes universitarios y de media.

Engels López Sánchez miembro del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) expresó que es difícil decir públicamente la problemática de la UNAH, sobre  lo que le pasa o le hacen a sus compañeros, hermanos, amigos, “es difícil”.

Exteriorizó su apoyo a sus camaradas de lucha judicializados, Cesario Padilla, Sergio Ulloa, Moisés Cáceres y Armando Velásquez, “son penalizados por un sistema corrupto”, denunció.

López se refirió a la influencia en la opinión pública y la manera en que la información ha sido mediatizada por algunos medios de comunicación describiéndolos como “vagos”, “vándalos”, “que no queremos clases”.

Por su parte, Lucia Saybe. también del MEU aclaró que la oposición que están haciendo las y los universitarios no es partidaria sino que las autoridades de la UNAH están utilizando esa “treta” para desacreditar al movimiento estudiantil.

“La única política que seguimos es la defensa de los derechos estudiantiles, por eso pueden encontrar una propuesta de diálogo consensuada, que no va desde arriba sino desde abajo y que la construcción parte de las y los estudiantes”, dijo la joven.

Señaló que uno de los planteamientos es la conformación de una mesa de construcción de políticas estudiantiles con la participación de representantes de todas las carreras existentes.

“El movimiento estudiantil está tan consolidado que no le importa perder el periodo académico si se logran los objetivos”, concluyó la estudiante.

Centenares de estudiantes asesinados

muertes de estudiantes

Asesinatos de estudiantes entre 2010 a 2014 en Honduras. Fuente:CPTRT

El derecho fundamental que se violenta en el país es el derecho a la vida, aunque la Constitución de la República cita en su artículo 65 que “el derecho a la vida es inviolable”;  seguido del artículo 66 que reza: “se prohíbe la pena de muerte”.

Pero entre el 2010 y mayo del 2014 fueron asesinados 383 estudiantes de secundaria, 205 sin determinar su colegio, 112 de educación superior y 65 de primaria, según el estudio liderado por Edy Tabora.

Mientras que en los últimos 10 años en Honduras murieron 4 mil 400 mujeres de forma violenta.

En los gobiernos que ha aumentado la tasa de homicidios es el gobierno de facto de Micheletti Bain entre julio 2009 – enero 2010,  un promedio de 63.86 por ciento; en el de Porfirio Lobo Sosa  de febrero 2010 a enero 2014 fue de 81.06 por ciento,

muertes de mujeres

Muertes de mujeres

Según un estudio que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), por sus siglas en inglés,  ha elaborado a partir de los datos de 2012.

Hasta el 2014 Honduras lideraba las estadísticas  con una tasa de 90.4 por ciento de homicidios por cada 100 mil  habitantes. Estas cifras no coinciden con las de la administración de Juan Orlando Hernández que  entre el 27 enero al 31 de diciembre de ese año la tasa fue de 83.90 pro ciento.

Datos de interés:

Inclusión Social

El “Índice de Inclusión Social 2013” de la revista Americas Quarterly, creado en 2012, caracterizó a Honduras como país de extrema pobreza, de acceso limitado al empleo formal, con niveles bajos en puntajes de derechos civiles y políticos de la mujer, y con una baja percepción social de la eficacia del gobierno. El índice analizó la situación de 16 países, entre los cuales Honduras se ubicó en la penúltima posición. Además, los tres países más violentos de la región (Honduras, Guatemala y El Salvador), se posicionaron a la vez entre los menos incluyentes de la región en materia social.

Empleo

Después del Golpe de Estado hubo retrocesos en algunas conquistas como la aprobación de la Ley de Empleo por Hora que cercenó los derechos laborales reconocidos en el Código de Trabajo, y se impuso  en las relaciones laborales lo que se denomina “flexibilidad laboral”, entendida como “la libertad de las empresas de contratar y disponer de la fuerza de trabajo según sus intereses y necesidades”.

La eliminación de leyes laborales, que son uno de los obstáculos para la inversión y la puesta en marcha de los Tratados de Libre Comercio y el aprovechamiento de la necesidad de la gente con el programa “Chamba ahora” y el eslogan “Con chamba vivís mejor”, dejó al descubierto la trampa que los más beneficiados son los empresarios, ya que el Estado paga el 50 por ciento  del sueldo de los trabajadores o trabajadoras y la empresa privada se ahorra a costa del pueblo hondureño el otro 50 por ciento del lago de salarios.

Educación

La institucionalidad encargada de prestar los servicios de Educación Pública, son la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

En Honduras se estima que la tasa de analfabetismo de personas mayores de 15 años es del 15. Por ciento, según el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, el  21. Por ciento se encuentra  en las zonas rurales. La Tasa de Cobertura Escolar para niños y niñas entre los 6 y 11 años de edad es del 92.por ciento.

Sin embargo, más de 330 mil  niños y niñasen este rango, no se están escolarizados. Los más pobres de este sector continúan siendo  más excluidos, en particular el 53 por ciento están en las zonas rurales y no terminan la escuela primaria, debido a que ingresan al mercado laboral.

Salarios e índices de precio

En una sociedad donde el salario mínimopromedio es de 7,400; mientras que las proyecciones del Banco Central registran que el costo de la canasta alimenticia para diciembre 2014 era de 7,746.77 lempiras mensuales, un promedio de “249.89” lempiras diarios para un hogar de cinco personas.

La realidad es otra, los números son devastadores. En el país, de una población de 8.5 millones de habitantes, se estima que casi seis millones (5, 889,545) de personas son pobres.

Más impactante es aún saber que, de esos casi seis millones, un total de 4.2 millones (4, 213,746) están en situación de extrema pobreza y 1.6 millones viven en pobreza relativa, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la implementación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza en Honduras se han destinado miles de millones de lempiras, pero eso poco o nada les sirve a los casi dos millones de personas (1,995,200) que tienen que vivir con menos de un dólar (22.7544 lempiras) al día.

El porcentaje de hogares que está en la pobreza es de 66.5%, de los cuales 20.5% viven en pobreza relativa y 46% en extrema.

La Organización Mundial del Trabajo (OIT, 2011) se refirió que desde un comienzo esta política (empleo por hora), se vio como un instrumento para resguardar a trabajadores que laboraban en instituciones donde el salario fuera muy bajo y no hubiera un mecanismo eficaz de negociación en tal sentido, la iniciativa fue aprobada bajo le norma del Empleo Temporal mediante el decreto 230-2010 con una duración de tres años que finalizó el 2013.

El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) realizó un estudio del tema en el que refleja que con esta nueva forma de contratar a los empleados, el desempleo ha aumentado en un 15%.

En resumen según este informe los derechos humanos que se le violentan a la población hondureña son los derechos civiles y políticos de las mujeres, derecho al trabajo, derecho a la educación y derecho a la alimentación.

Origen: Según estudio : En Honduras se aplica tortura sistemática a la población

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Alba Mejía-CPTRT: Nueva base militar de EUA traerá más violaciones a DDHH

Muchos analistas califican a Honduras como el “patio trasero de los Estados Unidos”, desde el cual por su posición geográfica se ha incubado ataques hacia otros países, se puede recordar la lucha encarnizada librada desde el territorio hondureño contra los revolucionarios nicaragüenses.

“Nosotros hemos sido tratados como el patio trasero de los Estados Unidos y realmente la ayuda que supuestamente brindan es a cuentagotas”, dijo en una entrevista en el 2014, Ramón Custodio,  en ese momento el Ombudsman y uno de los defensores del golpe de Estado de 2009.

En abril de este año, Estados Unidos amplió su presencia militar en Latinoamérica, con la creación de una unidad especial en Honduras para “misiones de colaboración” en la región, que cuenta con 250 marines, helicópteros y un catamarán de alta velocidad, lo que ha alertado a las organizaciones de derechos humanos.

Bertha Cáceres denunció en el 2013 que esta base militar sería la más grande de América Latina y se escondió la información por parte del gobierno de Porfirio Lobo Sosa en ese momento, “Los Estados Unidos mientras tiene trazado muy bien su plan de ocupación los gobiernos se quedan en silencio, un silencio cómplice que permite el avasallamiento, implica la humillación del pueblo hondureño”.

En ese período Lobo Sosa fue consultado por la cadena de televisión RT y éste desmintió la inauguración de la instalación militar, “pues mire no he sabido nada de eso, de parte del gobierno aquí no hay nada, absolutamente nada”, aseguró, pero eso quedó desmentido con la llegada de los marines en abril pasado.

Fue la base de Palmerola, en la que se alojó la  nueva unidad de la Fuerza de Tarea de Propósito Especial Aire-Tierra de Marines-Sur.

Surgió una coincidencia entre la creación de esta nueva fuerza de tarea y la visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Nelly, a Honduras, donde participó en la Conferencia Centroamericana de Seguridad Transnacional. A ésta asistieron representantes y jefes de las Fuerzas Armadas de 14 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, República Dominicana, Haití y Costa Rica, para la supuesta “búsqueda de un escudo continental contra el crimen organizado”.

Ernesto Samper, Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), propuso la eliminación de todas las bases militares de Estados Unidos en territorio latinoamericano, al considerarlas como elementos pertenecientes “a la época de la Guerra Fría”.

albita mejia

Alba Mejía-CPTRT

Por su parte, Alba Mejía, del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias,(CPTRT), expresó que la llegada de militares del país del norte ha generado preocupación, por la política de USA en el exterior,  centrada en el antiterrorismo, “no estamos tan confiados de que la venida de marines a nuestro territorio tenga como único y exclusivo propósito el combate a las catástrofes naturales, desearíamos que nuestra propia fuerza militar estuviera capacitada para hacer frente a esa circunstancia”.

Una de las preocupaciones que manifestó la defensora es que personas armadas entrenadas para matar puedan enfrentarse a la población desarmada, ya que para ellos “todos somos sospechosos y podría darse la situación que la población salga físicamente dañada”.

Derechos humanos

Según Mejía no se descarta el aumento de violaciones a los derechos humanos, “ya que no pueden llegar amistosos, probablemente su misión sea para tratar antiterrorismo o contrainsurgencia que es lo que acostumbran hacer con los países de América Latina”.

En materia de derechos humanos habría consecuencias nocivas “porque los soldados norteamericanos en Honduras tienen estatus diplomáticos por acuerdos que desgraciadamente nuestros gobiernos han firmado”, añadió Mejía.

Con la llegada de más militares “siempre en las guerras,  el cuerpo de las mujeres es botín de guerra”, pero en tiempos de paz y debido a la extrema pobreza en que está la gran mayoría de la población hondureña, “el dinero está de por medio, fomenta la prostitución, es bastante triste, eso ha pasado por tiempos, que las mujeres bajan a Comayagua”, con el fin de agenciarse unos lempiras, es una manera de ganarse la vida, señaló la defensora.

Conjeturó que la insistencia de Juan Orlando Hernández de trasladar el aeropuerto a Palmerola puede tener una relación con la llegada de más armamento y soldados estadounidenses; también la preparación de los elementos militares hondureños, para una situación similar a la de 1998 del Huracán Mitch, en declaraciones de Hernández, estos pronósticos “no están muy claros”.

Recordó un poco el contexto de la guerra contra Nicaragua en donde los llamados “Contras” se instalaron en Honduras,  “debemos tener en cuenta la política exterior de EUA en la problemática de nuestros países, tienen en la cabeza ese pensamiento, que van a combatir”, sostuvo.

Historia

Las bases militares son los lugares de entrenamiento, de preparación y almacenaje de la maquinaria de guerra de los ejércitos nacionales en el mundo. Ellas son poco conocidas, pues las visitas son en todas prácticamente prohibidas para el gran público. Pueden tomar diversas configuraciones según las funciones específicas que tengan que asumir, se pueden clasificar en cuatro grandes categorías: las bases aéreas (Air Force), las bases terrestres (Army), las bases navales (Navy) y las bases de comunicaciones y vigilancia (Spy).

La primera instalación militar norteamericana en territorio hondureño se desplegó en los años 80 en Palmerola y con el golpe de Estado otras seis más, entre ellas  en Mosquitia,  en el año 2010, supuestamente con el propósito de frenar el narcotráfico.

“Las bases militares de EE.UU son la representación viva del monopolio neocolonial que sigue ejerciendo EE.UU. en aún una buena parte de América Latina. La necesidad de estas bases y en general la necesidad del reforzamiento del control político, económico, militar de EE.UU sobre determinados gobiernos de esta región, como es el caso de Honduras, hoy es aún más importante para esa nación en primer lugar porque se siguen fortaleciendo estructuras supernacionales de integración de la región alternativas al dominio de EE.UU como es el ALBA o UNASUR”, dijo en su momento el periodista José Manzaneda, columnista de cubadebate.cu

Golpe de Estado 2009

Honduras se convierte cada vez más en el centro de operaciones militares de los Estados Unidos en Centroamérica. Se centran en la base aérea de Soto Cano, conocida como Palmerola, la cual desde 2009, ha recibido una infusión de hasta 45 millones de dólares en fondos para la construcción.

Además de la presencia misma del ejército de los Estados Unidos y sus operaciones en el país, esa nación también ayuda al ejército hondureño. Después de que parte – no toda – de la ayuda militar fuera suspendida durante el gobierno ‘de facto’ de Roberto Micheletti, desde julio de 2009 a enero de 2010, parece que, durante este último año, los militares estadounidenses han compensado por el tiempo perdido.

La base de Palmerola a 86 kilómetros de Tegucigalpa, es clave para los intereses de Estados Unidos en este país y en la región, siendo protagonista del golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya en 2009. Alberga a unos 500 soldados norteamericanos de manera permanente.

En 2009, los Estados Unidos financiaron la construcción de nuevas bases militares con fondos de “Contra Narco-Terrorismo” del Pentágono. Éstas están en Caratasca (EEUU $1.95 millones), en la costa atlántica de Honduras, y en Guanaja, en las islas Bay ($1.3 millones).

Días después de haber reconocido que el golpe de Estado en Honduras era “ilegal e inconstitucional”, el embajador de los Estados Unidos, en ese entonces, Hugo Llorens recomendó continuar estos proyectos, porque si fueran cancelados “el Congreso [estadounidense] tendría que volver a apropiarse del dinero” al año siguiente y “podría tener un impacto negativo en los esfuerzos de los EEUU contra el tráfico de drogas.”

El Centro de Pruebas de Regiones Tropicales del Ejército de los EEUU (TRTC) también lleva a cabo pruebas tropicales en la base del Quinto Batallón del Ejército Hondureño en la parte este de Mocorón, a 25 millas al norte de la frontera de Nicaragua.

En 2008 el antiguo director del TRTC, Lance van der Zyl,  describió la región como ‘ideal’ para probar sistemas susceptibles de comunicación y sensores. El comandante del Quinto Batallón, el Coronel Francisco Gálvez Granados, contó a la Fellowship of Reconciliation que no sabe qué hace el equipo de pruebas y que sus tropas sólo proveen seguridad.

El Entrenamiento de los Militares Hondureños por los Estados Unidos

Durante los últimos 10 años los Estados Unidos han proveído entrenamiento militar a casi cinco mil  soldados hondureños en muchas secciones del ejército que operan por todo el país.

El entrenamiento incluye cursos en operaciones conjuntas, destrezas en la defensa de terreno, análisis de información contra el narcoterrorismo, dirección de tropas, operaciones contra las drogas, ayuda y adquisiciones militares, cursos técnicos para el mantenimiento de equipo, inglés, seguridad de vuelos, operaciones marítimas, relaciones entre civiles y militares, estudios jurídicos internacionales, seguridad de puertos, planificación de la seguridad nacional, armamentos y otros temas.

La legislación estadounidense conocida como la Ley Leahy prohíbe la asistencia a unidades militares o de policía extranjeras si existe creíble evidencia de que sus miembros hayan cometido graves violaciones contra los derechos humanos, a menos que se tomen medidas efectivas para llevarlos a la justicia.

El 14 de agosto de 2010 más de 100 soldados del 15 Batallón de la Infantería del Ejército Hondureño, junto con guardias de la Corporación Dinant, presuntamente atacaron una protesta de campesinos por cuestiones de tierra en el Valle del Aguán, dando muerte a un joven de 17 años y a cinco guardias de seguridad.

A comienzos de 2009, oficiales de ese mismo batallón recibieron entrenamiento de los Estados Unidos en operaciones conjuntas y “análisis contra el narco-terrorismo”.

En los años ochenta el Pentágono utilizó ejercicios de entrenamiento militar en Honduras como pretexto para dejar atrás extenso equipamiento, incluso instalaciones de radar.

Parece que esta forma encubierta de asistencia puede estar sucediendo de nuevo, según David Vine de la American University, quien investiga la presencia de los Estados Unidos en Honduras, señaló un documento producido por la Fellowship of Reconciliation, en septiembre de 2011, en un escrito de John Lindsay-Poland y traducido por Carol Costa y Susana Pimiento.

Origen: Alba Mejía-CPTRT: Nueva base militar de EUA traerá más violaciones a DDHH

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Cárceles de Honduras ponen en riesgo a presos y generan violencia pandillera: OEA

Redacción – Un reciente informe llama la atención sobre la crítica problemática al interior de las cárceles de Honduras, donde la prevalencia de la violencia pandillera y las deplorables condiciones indican que el sistema penal no hace nada por rehabilitar a los delincuentes.

Después de una visita a Honduras en diciembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), encontró que los detenidos a menudo ejercen más poder que el personal de las prisiones. La CIDH también encontró casos de hombres y mujeres que comparten celdas y armas militares durante los disturbios.

El consiguiente informe, titulado “Situación de derechos humanos en Honduras” (pdf), llama la atención sobre las graves deficiencias y las desacertadas iniciativas del sistema penitenciario de Honduras.

La población carcelaria
aumentó 25% en 3 años

En noviembre de 2014, a las cárceles de Honduras llegaron 14,805 detenidos, lo que representa un incremento del 25 por ciento desde el 2012. Esto llama la atención especialmente, dado que la población penitenciaria de Honduras fue relativamente estable en la década entre 2002 a 2012, según señala el informe. La gran mayoría de los reclusos son hombres: sólo el 4,5 por ciento de la población penitenciaria de Honduras son mujeres.

En general, el sistema penitenciario es incapaz de albergar a este número de internos, dado que las 25 cárceles del país en la actualidad sólo tienen aproximadamente 10,500 cupos. Un 11 por ciento de la población carcelaria duerme en el piso.

Otro aumento significativo está relacionado con el número de personas recluidas en prisión preventiva. Mientras que en 2012 la proporción de presos que estaban en espera de juicio era del 48 por ciento, para 2014 era del 54 por ciento, es decir, más de 8,000 personas. La CIDH señaló que había fallas en la separación de los condenados por algún delito de aquellos aún en espera de juicio.

populationLa anarquía y el uso de AK-47

Dado que las autoridades son incapaces de ejercer suficiente control en las cárceles hondureñas, la violencia sigue siendo rampante. El informe indicó que entre 2006 y 2012 se presentaron unas 641 muertes violentas en las cárceles del país, lo que significa un promedio de 92 personas por año.

La violencia en las prisiones incluye desde “homicidios con armas de fuego y ataques entre grupos de internos con explosivos y armas de guerra”, dice el informe.

Por ejemplo, un tiroteo en la cárcel de San Pedro Sula el 11 de marzo de 2014 dejó como resultado tres reclusos muertos y más de 30 heridos, incluyendo ocho miembros de la policía militar. Tras el tiroteo, las autoridades decomisaron “armas de fuego de grueso calibre, incluso fusiles de asalto AK-47, chalecos a prueba de balas, drogas y licor, teléfonos celulares, y otros objetos ilícitos”.

Este tipo de violencia está estrechamente relacionada con lo que la CIDH considera una “deficiencia estructural” en las cárceles de Honduras: o el hecho de que los internos manden.

En Honduras, el 85 por ciento de las cárceles “se rigen por sistemas de ‘autogobierno’ o ‘gobierno compartido’ descontrolados, en los cuales son determinados reclusos denominados ‘coordinadores’ los que ejercen el control interno y dirigen actividades esenciales para la vida de la generalidad de la población reclusa sin control o criterios decididos por parte de la administración penitenciaria”.

Durante su visita a la prisión de San Pedro Sula, la CIDH dijo que a su delegación sólo se le permitió ingresar a ciertas áreas con el permiso del “coordinador general” de la penitenciaría.

Fuerzas de seguridad:
militarización y tortura

Las cárceles de Honduras siguen siendo controladas por los “coordinadores”, a pesar de que la seguridad en las cárceles se ha vuelto más militarizada. La delegación de la CIDH observó que las tropas del ejército estaban siendo utilizadas para tareas de seguridad en las prisiones, incluyendo los centros de detención juvenil.

Según los informes, altos oficiales militares están asumiendo cargos directivos en las prisiones, y muchos de los directores de las cárceles más grandes son miembros de las fuerzas armadas, a pesar de que ello viola la ley del sistema nacional de prisiones.

Las fuerzas de seguridad también son acusadas de torturar y maltratar a los prisioneros. Según información del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, seis de cada 10 reclusos fueron presuntamente sometidos a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su detención en algunas ciudades. La fuerza nacional contra la extorsión fue presuntamente la responsable de los casos más graves de tortura.

Sin embargo, de los 253 informes de tortura presentados ante la defensoría de los derechos humanos entre 2009 y 2014, sólo el 15 por ciento llegaron a acusaciones.

Mujeres, población LGBT
y menores en riesgo

El informe llama la atención sobre los riesgos a los que se ven expuestos los hombres y mujeres que conviven en algunas de las instalaciones. Al visitar una cárcel de San Pedro Sula, la CIDH encontró que, aunque había un pabellón específico para las reclusas, en otro pabellón había 26 mujeres con 300 hombres, y en otro había una mujer con 54 hombres.

Los llamados “coordinadores” fueron los encargados de la mezcla de géneros en la prisión.

Esta situación parece haber afectado más a los presos de la población LGBT en San Pedro Sula, donde son más vulnerables dada “su resistencia a participar en la dinámica de sumisión y control ejercida por los presos”. Los reclusos LGBT son recluidos por separado o con los presos con discapacidades mentales, y padecen violencia física y sexual por parte de los demás internos.

La CIDH informó además que los jóvenes reclusos en los centros de detención juvenil carecen de actividades educativas o de atención médica, y sólo se les permite una hora y media de recreación al aire libre por semana. En un centro visitado por la CIDH, gran parte de las instalaciones todavía no se han recuperado de un violento motín en 2012.

Análisis de InSight Crime

El excesivo uso de la prisión preventiva ha contribuido claramente al caos y la disfunción en el sistema penitenciario de Honduras. Así ha sido desde 2009, cuando una reforma penal limitó las opciones diferentes a las penas de prisión para los presuntos criminales. Junto con las políticas de “mano dura”, mediante las cuales muchos sospechosos fueron detenidos con base en escasas evidencias de “asociación” con las pandillas, ello ha contribuido a saturar las cárceles del país.

De esa manera, no sólo se ha puesto un gran número de civiles no condenados en condiciones potencialmente mortales, sino que además ello puede permitir la formación de grupos criminales organizados, según la abogada Linda Rivera, diputada del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). Estas pandillas luchan entre sí por el control de las prisiones y de sus economías ilegales, por ejemplo, “cobrándoles a los presos por ocupar espacios privilegiados… [con la] complicidad de los guardias”.

Este clima violento ha hecho que las cárceles se conviertan en los lugares más peligrosos de Honduras, con una tasa de mortalidad promedio de 780 por cada 100.000 detenidos entre 2004 y 2014.

Una cuestión especialmente preocupante es la que se refiere a los centros de detención juvenil, donde según informes recientes hay un violento control por parte de las pandillas, lo que incluye asesinatos y desmembraciones. Las condiciones inhumanas y la falta de rehabilitación de los jóvenes problemáticos han creado un ambiente que es quizás incluso más hostil que el de las calles de Honduras. De hecho, la mayor parte de los casos de violencia entre pandillas ocurre en centros de detención juvenil más que en las cárceles de adultos, según Rivera.

Las autoridades penitenciarias han tratado de mantener estos conflictos bajo control al dividir las pandillas en instalaciones o pabellones independientes, pero este método conlleva el riesgo de permitir que las pandillas consoliden su poder en las prisiones. En cambio, el informe de la CIDH ofrece soluciones alternativas, al sugerir que los detenidos organicen sus propios grupos culturales, deportivos o religiosos, en lugar de conformar asociaciones basadas en las pandillas.

La corrupción entre los empleados de las prisiones ha aumentado a medida que el sistema penal se ha saturado cada vez más y ha sido incapaz de controlar a sus empleados. Rivera le dijo a InSight Crime que el personal de las prisiones, así como los oficiales militares que fueron llevados para poner orden en el sistema, a menudo son ineptos, inexpertos y propensos a las malas conductas. A cambio de regalos y grandes sumas de dinero, los funcionarios permiten que continúe el flujo de contrabando y les proporcionan armas de uso militar a los internos.

Los diversos intentos que ha realizado Honduras para reparar su tambaleante sistema penitenciario han tenido poco éxito. En primer lugar, la militarización generalizada no ha logrado llevar la seguridad a las cárceles. Por el contrario, la falta de entrenamiento profesional de los militares puede dar lugar a violaciones de los derechos humanos.

En segundo lugar, el Estado ha tratado de aumentar la capacidad de las prisiones mediante la construcción de las polémicas megaprisiones, una de las cuales se inauguró a principios de 2015 en el municipio de El Porvenir, y que puede albergar hasta 2.000 presos. Sin embargo, el informe de la CIDH encontró que estas megaprisiones pueden ser difíciles de administrar.

“Los centros penitenciarios más pequeños tienden a ser menos violentos, más seguros y menos susceptibles a ser controlados por grupos criminales; contribuyen de una manera más integral a la rehabilitación y, por lo tanto, a disminuir la reincidencia; además, pueden reducir los costos.”, señala el informe de la CIDH.

Podría decirse que la sola construcción de más prisiones son sólo pañitos de agua tibia. Como señala el informe, una medida más efectiva consistiría en promover estrategias de prevención del crimen, fortalecimiento del sistema de justicia y control del excesivo uso de la prisión preventiva.

Sin este tipo de iniciativas, y mientras Honduras continúe reforzando sus enfoques de mano dura, las cárceles del país seguirán siendo caldo de cultivo de grupos criminales más organizados y peligrosos.

Origen: Cárceles de Honduras ponen en riesgo a presos y generan violencia pandillera: OEA

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Urge que Honduras implemente el Protocolo Estambul para registrar las torturas

Defensores en linea

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Alianza por los Derechos Humanos: Elección de la CSJ no es un proceso legítimo

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Las representaciones de la Junta Nominadora no representaron los intereses del pueblo sino de grupos que pretenden imponer una Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que no opere contra la impunidad, denunció este miércoles la Alianza por los Derechos Humanos en Honduras.
La organización integrada por el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura (CPTRT), Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) en conferencia de prensa indicó que “en esas condiciones, la nueva CSJ obedecerá el plan de consolidación de la concentración de poder el Poder Ejecutivo, así como para proteger los intereses contrarios a la justicia.
En declaraciones a la prensa los miembros de la Alianza lamentaron también que “los aspirantes a magistrados/as hayan cedido el derecho a la integridad física y psicológica# cuando no se opusieron a la aplicación de las pruebas de confianza relacionadas con el polígrafo y otros exámenes físicos a los que calificaron de “humillantes”.
Del mismo modo, criticaron que este proceso se haya llevado a cabo con la participación de un grupo de instituciones y un sector de la iglesia evangélica, que no han cumplido con el proceso al escrutinio social, así como desobedeciendo resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El IAIP ha anunciado que se podrían establecer multas a los miembros de la Junta Nominadora hasta por tres salarios mínimos por no presentarse a la citas con esa institución y no cumplir con la petición de grupos organizados de dar a conocer el resultado de las pruebas de confianza a los aspirantes a integrar el máximo órgano de justicia de Honduras.
El artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene sanciones administrativas, civiles y penales.
Las mismas normas no funcionan
“El Estado hondureño ha sometido al pueblo hondureño a un nuevo proceso de elección de la CSJ, con las mismas normas de dos procesos que evidenciaron no funcionar para fortalecer la independencia judicial y la democracia”, indica el comunicado divulgado este día.
Desde 2009,-señalaron- todas las instituciones del Estado han tenido una transición no democrática, hablamos de la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Superior de Cuentas. Para completar la transición institucional sólo hace falta la elección de los magistrados de la CSJ, pero está elección, de este Poder del Estado, es vital para la vida del pueblo hondureño en la aplicación de justicia.
Para la Alianza, “existe una deuda jurídica de una nueva Constitución de la República, puesto que se produjo el rompimiento del orden constitucional” por lo que “la actitud displicente hace suponer que los diputados y diputadas del Congreso Nacional dan por sentado que en esto no hubo rompimiento constitucional, pues no se ha planteado que hacer con una Constitución que fue rota”.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/transparencia-y-corrupci%C3%B3n/alianza-por-los-derechos-humanos-elecci%C3%B3n-de-la-csj-no-es-un

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Asesinato de garífunas a manos de militares es catalogado como parte de exterminio del pueblo

Autoridades del Ministerio Público, presentaron hoy requerimiento fiscal para siete de los diez militares que participaron en tiroteo contra civiles en Iriona, Colón, donde fallecieron dos jóvenes garífunas. Ciudadanos del municipio han protestado después de los hechos para que retiren la presencia militar y denuncian que por mucho tiempo, estos miembros de la Fuerza Naval venían comportándose de forma violenta.

Fue la mañana del domingo 27 de diciembre, cuando dos carros express que viajaban de Iriona a Tocoa, Colón fueron interceptados por militares de la Fuerza Naval, quienes sin mediar palabra comenzaron a disparar. En los vehículos se trasladaban jóvenes y niños, resultando muertos Jostin Palacios de 24 años de edad y Elvis García de 19 años de edad.

Ciudadanos y ciudadanas de Iriona dicen sentirse indignados por el asesinato a manos de quienes prometieron velar por la seguridad del pueblo.

Las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado asegurando que lo que ocurrió en Iriona fue un enfrentamiento, aduciendo que hubo cruce de fuego por parte de las víctimas.

Por su parte, el director de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO), Celeo Casildo asegura que es indignante cómo las FFAA dicen que hubo cruce de fuego aun cuando no fue así. “Ellos mataron a gente inocente, civil”. Además informó que harán una denuncia formal contra estos militares.

Mirian Miranda, de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) asegura que esto es parte del exterminio contra el pueblo garífuna que ha traído a los militares a velar por el capital trasnacional que se quiere quedar con sus playas. Esta organización también se une a la denuncia formal contra los militares.

Juan Almendarez, del Centro de Tratamiento y Prevención de la tortura y similares (CPTRT), aduce que esto demuestra lo equivocada que está la política de seguridad promovida desde el gobierno, basada en la violencia de entes armados de seguridad del Estado que constantemente violan los derechos humanos. Además agregó que este fue un acto claro de racismo, ya que el pueblo garífuna siempre ha sido excluido y discriminado por las políticas de Estado.

Origen: Asesinato de garífunas a manos de militares es catalogado como parte de exterminio del pueblo

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Honduras: Los presidios y la farsa de algunos organismos de derechos humanos

16/09/2015
Opinión

Está realidad, solo puede ser desenmascarada por los propios privados de libertad, quienes a largo plazo son las víctimas de las políticas dilatorias que promocionan ciertos organismos estatales, cuya burocracia parasitaria recibe millonarios fondos de la cooperación internacional para pagar jugosos salarios, pero que aun así, ciertos de sus empleados, sufren de atropellos a su derechos laborales, pese a que son organismos de derechos humanos.

 

Washington D.C. 16 de septiembre de 2015. Las cárceles en Honduras, son el reflejo directo de lo que actualmente representa este país centroamericano.

 

Explosión de granadas, enfrentamiento entre pandillas, soborno entre privados de libertad y algunos custodios penitenciarios, son algunos elementos que motivan el caos en los centros penales de Honduras, incluyendo los centros de detención de menores de edad y los ahora batallones militares, en donde recluyen a privados de libertad.

 

Actualmente sigue existiendo una sobre población en los centros penales de Honduras, pese a que existe un organismo estatal denominado el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura en Honduras, sin embargo los señalamientos que hace este organismo al gobierno, no son tomados en cuenta, o bien pareciera que existe cierta complicidad para continuar con el desorden establecido.

 

En fin, la secretismo con la que manejan estos temas, pareciese un lineamiento directo del gobierno actual, y por miedo, o por algún acuerdo de sus funcionarios han decidido callar, aunque este Mecanismo Nacional de Prevención fue creado para tal propósito, pero que hasta el momento sólo parece avalar los salarios de los funcionarios que lo dirigen.

 

Riesgo a la vida

 

Personalmente arriesgué mi vida en muchas ocasiones mientras trabajaba como defensor de derechos humanos en el Mecanismo Nacional de Prevención, esto con el objetivo de denunciar lo que ocurre en las cárceles, sin embargo dicho trabajo no fue valorado por el organismo en mención, pero mis aportes ante la opinión pública, lograron situar en la agenda periodística nacional e internacional el tema de privados de libertad, y no como un tema aislado, al contrario, bajo una cosmovisión humana, por tal motivo estoy muy agradecido con la prensa de Honduras e internacional.

 

En mi última visita que realicé al Centro de Menores Renaciendo, situado en el Valle de Tamara, recién había terminado un enfrentamiento entre la mara de los “chirizos” y los paisas de la 18, ese día pasaron cerca de mi persona, dos menores con armas corto punzantes, sin embargo Dios estuvo presente para salvar mi vida en ese momento.

 

Si bien es cierto, no es culpa que el comportamiento de los menores de edad que allí pernoctan, sea de ellos, al contrario la culpa la posee los que mal gobiernan en Honduras, junto con las altas elites financieras, quienes en su afán desmedido por obtener riqueza, generan el caos y la violencia entre los más necesitados, porque quienes están en las cárceles, son los pobres.

 

“Las leyes están escritas por los ricos, para que la cumplan los pobres” citaba en uno de sus poemas el salvadoreño Roque Dalton.

 

La hipótesis que menciono, sobre lo que ocurre con el Mecanismo Nacional de Prevención, también se le suma la reciente prohibición que tienen los medios de comunicación nacionales e internacionales, para ingresar a las cárceles, lo que esto representa una violación a la libertad de prensa y expresión sobre el tema.

 

 Políticas dilatorias

 

Pero está realidad, solo puede ser desenmascarada por los propios privados de libertad, quienes a largo plazo son las víctimas de las políticas dilatorias que promocionan ciertos organismos estatales, cuya burocracia parasitaria recibe millonarios fondos de la cooperación internacional y aun así, ciertos de sus empleados, sufren de atropellos a su derechos laborales, pese a que son organismos de derechos humanos.

 

Pero volviendo a los presidios, los derechos humanos de los encarcelados son violados a diario, desde la mala alimentación que reciben hasta los malos tratos, inhumanos o degradantes a los que son sometidos, sin tener ningún tipo de rehabilitación.

 

Las cárceles en Honduras, como ya se ha referido en distintos espacios de comunicación son una escuela del crimen, pero ¿Quién es el rector de esta escuela del crimen? O mejor dicho, ¿Para que promuevan está escuela del crimen?

 

Algunos privados de libertad que poseen cierta influencia desde adentro de sus celdas hacia afuera, reciben órdenes explicitas desde las más altas cúpulas gubernamentales o empresariales que están interesadas en seguir creando el caos en Honduras, hasta mantenerlo a su más extrema violencia, como bien pasa ahora, y que recientemente se incendió un mercado importante de la capital de Honduras, de forma misteriosa.

 

 Elemento de la muerte

 

El fuego ha sido un elemento de la muerte que ha puesto en práctica la dictadura golpista que vive Honduras en los últimos seis años, cuya maldad aparenta ser creada por algunos privados de libertad que son manipulados por altos “ejecutivos” que están en libertad y gobernando el Estado fallido de Honduras, y que con su riqueza, son arquitectos de la violencia hondureña.

 

Estos asesinos, deberían estar privados de su libertad en cárceles de máxima seguridad, sin embargo son tan afortunados con la maldad que incitan, que hasta salen en medios de comunicación como altas personalidades, pero que en esencia la fortuna que amasan, está ensangrentada.

 

Si en realidad existiera el interés de rehabilitar a los privados de libertad y por ende la promoción del respeto de sus derechos humanos, en primera instancia se debería de encarcelar a estos delincuentes  que gobiernan desde altas esferas del gobierno, y en algunos casos, son parte de la elite financiera de Honduras.

 

 Verdaderos defensores

 

El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura (CPTR), es uno de los organismos que por más de 20 años ha estado presente en las cárceles, verificando por el real respeto de los derechos humanos, de los que allí están encarcelados.

 

El CPTRT, es un Organismo no Gubernamental de Honduras, que ha efectuado un buen trabajo en el tema de rehabilitación e inspección de los centros penales en Honduras, sin embargo como sucede en Honduras lo bueno se convierte en amenazante para los que promueven la maldad en ese país, y por ende el CPTRT se encuentra en constante amenaza y expuesto a la vulnerabilidad.

 

Es necesario que la solidaridad internacional observe y apoye al CPTR, puesto que organismos así, sólo se encuentran con una lupa en Honduras y el mundo, puesto que el interés del dinero está sobre el de los derechos humanos.

 

Mientras se predica el odio y la maldad en el Estado fallido de Honduras, el espejo internacional que constituye este país, será visto como una nación que infelizmente está gobernada financiera, políticamente y religiosamente por el propio demonio.

 

Fotografía y texto: Ronnie Huete Salgado es Periodista y Activista de DDHH, Cooperante internacional

 

http://losangelescaminan.blogspot.com/2015/09/los-presidios-y-la-farsa-de-algunos.html

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Honduras / CPTRT denuncia,condena y exige justicia: Asesinado defensor de derechos humanos

domingo, 21 de junio de 2015

Friday, 19 June 2015 – 10:02  Administrador  defensoresenlinea.com/
El Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares el (CPTRT), condena el asesinato del defensor de derechos humanos, Héctor Orlando Martínez Motiño, ocurrida el día de ayer 17 de junio en la ciudad de Choluteca.
Motiño gozaba de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgadas por las constantes denuncias de persecución y amenazas en su contra. El pasado mes de julio de 2014 denunció que “en el parqueo del CURLP-UNAH, Centro Universitario Regional de Choluteca, fui víctima nuevamente de otro atentado contra mi vida, le sacaron 5 tornillos a la llanta trasera de mi carro”.
En aquel momento aseguro que era la tercera vez que le sucedía este tipo de atentados en contra de su vida, que buscaban intimidarle y acosarle por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, económicos y laborales dentro de la UNAH, según el mismo había denunciado.

Su última denuncia fue en el mes de marzo de este año, cuando acudió a las oficinas del Ministerio Público entre otras cosas a denunciar “abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos, coacciones, amenazas, acoso, persecución, usurpación de funciones y atentados contra mi vida” de las que responsabilizó autoridades de la UNAH.

CPTRT demanda de las autoridades y de Universidad Nacional, una completa investigación que lleve a dar con los responsables del asesinato de nuestro compañero defensor de los derechos humanos y que su asesinato no sea una cifra más en el país.

Finalmente también exigimos el aparecimiento con vida del también compañero defensor Donatilo Jiménez Euceda, desaparecido desde el pasado 8 de abril tras recibir amenazas de muerte, de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma del Litoral Atlántico.

Tegucigalpa 18 de junio de 2015.

Juan Almendarez Bonilla
Director Ejecutivo

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Advierten a diputados hondureños la violación de derechos humanos en cárceles

El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las víctimas de la tortura y sus familiares (CPTRT) ha enviado un comunicado nacional e internacional a los diputados hondureños para indicarles la posibilidad de violar derechos humanos de los privados de libertad mediante la iniciativa orientada a reformar la Ley del Sistema Penitenciario de Honduras.

El Centro de Prevención recomienda que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, se acerque a las cárceles para conocer mediante consultas a los privados de libertad cual es la voluntad que tienen para aceptar la realización de un trabajo en los términos establecidos por la Ley del Sistema Penitenciario.

Edición Central / EL LIBERTADOR

COMUNICADO (INTEGRO)

Con “CHAMBA DIGNA”
Las personas privadas de libertad vivirían mejor.

Tegucigalpa, Honduras. Acusando un inexplicable desconocimiento de la Ley del Sistema Penitenciario, de su Reglamento General y de la Política Penitenciaria mecanismos ya aprobados, pero no implementados; el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional una iniciativa que debe ser analizada desde la preocupación de un Poder del Estado interesado en “tranquilizar” a la sociedad hondureña presa del miedo a la delincuencia de todo tipo y que nos mantiene con las más altas tasas de homicidios en el mundo.

El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las víctimas de la tortura y sus familiares (CPTRT) con el respeto acostumbrado se dirige a los honorables diputados para llamar su atención sobre lo siguiente:

Existe suficiente normativa nacional saber el trabajo de las personas privadas de libertad la cual puede ser revisada en la sección VII, Artículos del 75 al 82 de la Ley del Sistema Penitenciario; destacamos como fundamental en este articulado lo establecido en el Art.75 No. 2 y 3 sobre el trabajo penitenciario:

Art.75 No.2 No ser denigrante ni forzado.

Art.75 No.3. Tener carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales, con el fin de preparar y capacitar a la persona interna para desempeñarse en la vida ciudadana.

Sostenemos que no sería sabio por parte del Congreso Nacional impulsar reformas que solo vendrían a causarle daño a la imagen de nuestro país al proyectarlo como violador de Derechos Humanos (aun mas).

Por otra parte, nuestra organización recomienda que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, se acerque a las cárceles para conocer mediante consultas a los privados de libertad cual es la voluntad que tienen para aceptar la realización de un trabajo en los términos establecidos por la Ley del Sistema Penitenciario.

con estas visitas tendrían oportunidad de conocer las actividades productivas que realizan y verían la triste realidad existente, pues por parte del Estado no hay disponible ni un “destornillador” para pensar en instalar un taller de capacitación para carpinteros, esto como ejemplo.

Un desafío para el Congreso sería la búsqueda de por lo menos 500 millones de lempiras, necesarios para impulsar la implementación de un programa de trabajo digno en las cárceles. Con “chamba digna” todos/as vivimos mejor.

Tegucigalpa, M.D.C.04 de Mayo de 2015.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/advierten-diputados-hondure%C3%B1os-la-violaci%C3%B3n-de-derechos-humanos-en-c%C3%A1rceles

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Con “Chamba Digna” las personas privadas de libertad vivirían mejor

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Acusando un inexplicable desconocimiento de la Ley del Sistema Penitenciario, de su Reglamento General y de la Política Penitenciaria mecanismos ya aprobados, pero no implementados; el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional una iniciativa que debe ser analizada desde la preocupación de un Poder del Estado interesado en “tranquilizar” a la sociedad hondureña presa del miedo a la delincuencia de todo tipo y que nos mantiene con las más altas tasas de homicidios en el mundo.
El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura (CPTRT) recordó a los diputados hondureños, en un comunicado divulgado esta semana, que “existe suficiente normativa nacional saber el trabajo de las personas privadas de libertad la cual puede ser revisada en la sección VII, Artículos del 75 al 82 de la Ley del Sistema Penitenciario”.
De igual manera, destacaron como “fundamental” lo establecido en el Art.75 No. 2 y 3 sobre el trabajo penitenciario, que ya establece que el mismo “no ser denigrante ni forzado”, y que debe “tener carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales, con el fin de preparar y capacitar a la persona interna para desempeñarse en la vida ciudadana”.
Por otra parte, el CPTRT recomendó que a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso se un acercamiento a las cárceles para conocer mediante consultas a los privados de libertad cual es la voluntad que tienen para aceptar la realización de un trabajo en los términos establecidos por la Ley del Sistema Penitenciario. “Tendrían la oportunidad de conocer las actividades productivas que realizan y verían la triste realidad existente, pues por parte del Estado no hay disponible ni un destornillador para pensar en instalar un taller de capacitación para carpinteros, esto como ejemplo”, apuntaron.
A criterio de la organización defensora de derechos humanos “un desafío para el Congreso seria la búsqueda de por lo menos 500 millones de lempiras, necesarios para impulsar la implementación de un programa de trabajo digno en las cárceles.  Con “chamba digna” todos/as vivimos mejor”.
Segundo debate
Se espera que Congreso Nacional aprobará esta semana, en su segundo debate, el decreto que contiene la denominada “Ley Pica Piedra” o “Ley de Trabajo Obligatorio para Personas Privadas de Libertad y Ley del Régimen y de Permanencia para los Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad”.
El dictamen de la controversial normativa establece que dicho el trabajo “beneficia a la sociedad con obras sociales y de infraestructura, pero también al reo porque se generarán ingresos para su alimentación y se les capacitará en oficios.  Algunos de los trabajos que harán será fabricar pupitres para niños de escuelas públicas, o reparación de caminos rurales, entre otros”.
Según los promotores de la Ley se “tiene como finalidad organizar y ejecutar el trabajo que deberán ejercer las personas privadas de libertad como parte de los procesos de rehabilitación, readaptación social y terapia ocupacional sin hacer diferencias de tratos fundados en prejuicios y estigmas principalmente por razones de raza, color, orientación sexual, identidad de género, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión de origen nacional o social. Otro objetivo es establecer un sistema especial de permanencia de los reos de alta peligrosidad y agresividad en cárceles de máxima seguridad” y de “cooperar con los gastos de alimentación de los privados de libertad, evitar la violencia interna, reducir los índices de criminalidad que se planifican desde el interior de los centros penales”.
Restricciones
La iniciativa también contempla varias restricciones para los reos de alta peligrosidad y agresividad como recibir solamente una hora de sol al día y la prohibición para recibir visitas conyugales, éstos deberán portar una vestimenta especial señalada por el consejo directivo que también establecerá el tiempo que esos privados de libertad deberán permanecer en las cárceles de máxima seguridad del Instituto Penitenciario.
El régimen de trabajo para los privados de libertad deberá implementarse en todos los establecimientos penitenciarios y deberá tener una duración de mil 400 horas de trabajo como mínimo por cada privado de libertad y abarca todas las actividades relativas al trabajo de obras públicas dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios bajo la modalidad que permitan las características de cada centro carcelario.

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“Ley antimaras” debía ser derogada tras sentencia de CorteIDH pero al contrario será endurecida

Mar 27, 2015

A pesar que la sentencia en el caso Pachecho Teruel vs el Estado de Honduras, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012, recomienda la derogación del artículo 332 del Código Procesal Penal, llamado “Ley Antimaras”, el actual gobierno busca reformarlo una vez más y endurecer las penas ampliando el rango de acción más allá de las maras y pandillas.

Artículo 332 del Código Penal fue reformado durante el gobierno de Ricardo Maduro y a esto se le llamó Ley Antimaras. El artículo actualmente establece: “Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L. 100, 000.00) a trescientos mil (L. 300, 000.00) lempiras, a los Jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo, rebajada en un tercio se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas. Son Jefes o Cabecillas aquellos que se destaquen o identifiquen como tales y cuyas decisiones influyan en el ánimo y acciones del grupo”.

Para el analista en temas de seguridad, Javier Canales, esto es sumamente peligroso en el contexto actual, como lo fue en aquel momento.

“Eso lo que va a permitir es retomar la cacería de brujas que se generó en el periodo del presidente Maduro en donde nadie terminó concretando una valoración simple: ¿o fue la policía incapaz de capturar o fue el gobierno suficientemente capaz de manipular? porque se estimaba en aquel momento que habían entre 50 y 60 mil miembros de pandilla y finalmente ni siquiera capturaron 5 mil”, explicó Canales.

Este analista además asegura que tras la aplicación de la “ley antimaras” lo que pasó es que las maras y pandillas se reestructuraron, crearon vínculos más fuertes con la policía y se asesinó a jóvenes estigmatizados.

“Ahora se van a fortalecer esos círculos viciosos de impunidad y corrupción donde la policía va a tener boleto libre para capturar al joven que se le ocurra porque, como no se comprende el tema de pandillas, cualquier joven en Honduras por un peinado, por su vestimenta, por la comunidad de donde proviene puede ser objeto de señalamiento como integrante o vinculado a pandillas y eso es peligroso, criminalizar la juventud, y sobretodo estigmatizar a partir de esa situación de marginalidad”, explicó.

El mismo presidente Juan Orlando Hernández la semana pasada, tras un altercado en el Centro Penal de San Pedro Sula, envió al Congreso Nacional una solicitud de reformas al artículo 332 del Código Penal, porque considera que dicha normativa no está siendo efectiva en los castigos para los grupos criminales.

A criterio de los analistas en derechos humanos y en temas de seguridad, el mandatario debe socializar con los distintos sectores las propuestas de reformas, pero también debe enfocarse en programas que eviten el involucramiento de los jóvenes en las maras, pandillas y otros grupos criminales.

Juan Almendarez, del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las víctimas de la Tortura (CPTRT) dijo que “sería muy importante precisar cuál es la política criminal de Estado que generalmente no se precisa, hasta ahora ha consistido en una política inquisitiva, persecutoria y con tendencia represiva”.

También el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez declaró que “aquí hay que desarrollar paralelamente la lucha férrea contra las maras y pandillas y sobre todo contra sus liderazgos que es donde claramente hay que hacer los golpes, la prevención para que jóvenes en riesgo social no entren en esta situación, hay un llamado a la iglesia, a los padres y madres de familia, a la sociedad y al gobierno, por algo tenemos estas condiciones porque dejamos de hacer mucho, la reflexión es no meter a la cárcel a los jóvenes porque en eso se va todo el país preso, es evitar que la juventud caiga en una situación que comprometa su vida y la de los demás”.

Leer además: Honduras, una larga historia de violencia

Analistas han coincidido en que la reforma al 332 que se dio en el gobierno de Maduro, además de dar luz verde a ejecuciones extrajudiciales por parte de entes del Estado y las masacres de jóvenes, desató en las organizaciones criminales un recrudecimiento de la violencia.

Los crímenes en el país obedecen a que el gobierno sigue con el mismo comportamiento. Medidas que han aumentado la impunidad. “Cuando la impunidad es un paraguas, entonces el crimen y la violencia encuentra un respaldo, las elites políticas y económicas ligadas al crimen organizado son un mal ejemplo para el crimen común en función de que la estructura estatal no funciona  para castigar”, dijo Méndez.

Por su parte Canales cree que las pandillas, aunque inciden directamente en la situación de violencia que coloca a Honduras con cifras alarmantes, no son el principal elemento de la inseguridad que se vive como se hace ver a través del gobierno.

“¿Qué tanto nos quedamos con la imagen de las pandillas por no tocar los temas que realmente han generado toda esta contaminación a lo interno de las estructuras de seguridad, llámese policía, investigación, fiscalía, poder judicial, jueces y magistrados? Nosotros sabemos que cuando alguien es capturado y es señalado como narcotraficante, sus condiciones en las cárceles son privilegiadas y así muestran su poder, eso es lo que ha permeado totalmente el sistema”, explicó Canales.

Canales cree que es necesario un análisis más profundo sobre el fenómeno pandilleril pues ha sido muy cambiante. Actualmente el crimen organizado trasnacional controla a través de la narcoactividad a estas organizaciones delictivas que además están conectadas con gobiernos locales, el poder judicial, entes de seguridad, etc.

“El tema de las pandillas es un distractor de los verdaderos problemas de la seguridad del país que es la corrupción, la manipulación en el sistema de justicia”, dijo.

Sentencia Pacheco Teruel

El Estado de Honduras recibió recomendaciones en la sentencia Pacheco Teruel vs Honduras por el caso del incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula donde murieron calcinados 117 privados de libertad el año 2003.

La sentencia establece que:… Según lo informado por el Estado, en la actualidad el sistema penitenciario hondureño se encuentra en “emergencia penitenciaria”. Estas deficiencias se habrían agravado como consecuencia de la implementación de reformas penales adoptadas por el Estado en el marco de las políticas de “tolerancia cero” que pretendían erradicar a las “maras” y pandillas con la finalidad de controlar la violencia.

Como parte de estas medidas, mediante el Decreto No. 117-2003 adoptado en agosto de 2003, se reformó el tipo penal de asociación ilícita contemplado en el artículo 332 del Código Penal, aumentando las penas para este delito e incluyendo en su redacción una mención explícita a las maras como forma de asociación ilícita. A partir de esa reforma, la policía inició una práctica común de detenciones por sospecha y arrestos masivos con base en la apariencia de las personas y sin orden previa de autoridad competente.

Lo anterior incidió en el incremento de los niveles de sobrepoblación de los centros penales y acentuó los problemas estructurales existentes en todo el sistema penitenciario, pero particularmente en aquellos centros destinados a personas acusadas de pertenecer a las maras. En la época los hechos, la capacidad total de los 24 centros penales del país era de 8,280 plazas. Sin embargo, en el 2004 la población penitenciaria era de 10,931 internos, y para el 2008, se incrementó a 11,723 internos.

En relación con los artículos 7, 9 y 2 de la Convención Americana, el Estado reconoció que el Decreto Legislativo 117-2003, que reformó el artículo 332 del Código Penal de Honduras, relativo a la llamada “Ley Antimaras”, no precisó los elementos de la acción que se considerarían punibles, lo que condujo a que éstos fueran usados de manera arbitraria y discrecional por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Esta norma abrió un amplio margen de discrecionalidad que permitió la detención arbitraria de personas sobre la base de percepciones acerca de su pertenencia a una mara. En ese sentido, la inexistencia de mecanismos legales o criterios de verificación de la efectiva existencia de una conducta ilícita implicó que el aludido Decreto no cumpliera la exigencia de extremar precauciones para que el poder punitivo del Estado se administrara con respeto de los derechos fundamentales.

Por tanto, dicha reforma incumplió el principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención de Derechos Humanos.

…A través del acuerdo de solución amistosa el Estado se comprometió a adoptar dentro del plazo de un año, las siguientes medidas legislativas: a) revisar, modificar o derogar el artículo 332 del Código Penal y otras disposiciones legislativas o reglamentarias afines, “con el propósito de adecuarlo a los estándares establecidos en los artículos 7, 9 y 24 de la Convención Americana”, y como ha sido recomendado por el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria.”

A tres años de esta sentencia, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández ha anunciado endurecer las medidas contempladas en el 332 y los trabajos forzados dentro de los centros penales que además están militarizados, contrario a la recomendación de crear un instituto penitenciario y una carrera penitenciaria manejados por civiles.

Javier Canales, asegura que con estas políticas de “cero tolerancia” se agudizarán los conflictos especialmente en ciudades como San Pedro Sula con fuerte presencia de maras y pandillas.

“Partiendo del hecho de que estos grupos como fenómeno social son cambiantes, pienso que van a continuar la adaptación porque precisamente fue lo ocurrido con la reforma del artículo 332. Ya hay una ley para la rehabilitación y reinserción de las personas involucradas en maras y pandillas que desafortunadamente aquí es ignorada y es solo una oficina que tiene dos o tres políticos enchambados y que se han olvidado totalmente, no aparecen en ningún espacio con la vigencia del tema.

Estos grupos se van a adaptar, las comunidades van a sufrir más la represión policial porque quienes estamos al margen de las actividades criminales no podremos salir al parque, a un centro educativo, nos toca salir a la calle con el miedo a ser capturado, pero con esta reforma la juventud temerá ser reprimida y eso puede desencadenar reacciones más violentas. Recuerdo que en la reforma del 332 y se hacían los mega operativos, los jóvenes eran desnudados en las calles. Ese es un elemento que el gobierno aún no quiere entender cuando ya se ha señalado lo peligroso que se vuelve”, explicó el analista en temas de seguridad.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1959-%E2%80%9Cley-antimaras%E2%80%9D-deb%C3%ADa-ser-derogada-tras-sentencia-de-corteidh-pero-al-contrario-ser%C3%A1-endurecida

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La Historia que Soy

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Fui el tallerista, durante tres módulos, de esta profunda experiencia de vida.
Alrededor de 60 mujeres de las colonias Nueva Suyapa y Villanueva (consideradas de alta incidencia de violencia) recibieron de mi parte -y gracias a la confianza del CPTRT- nociones sobre fotografía que condujeron a una larga sesión de auto-retrato y, luego, a la exposición. La técnica consistió en que ellas tomaran la cámara y dieran el encuadre que les gustara más de la compañera; una vez hecho el shot intervenía yo para editar y mejorarlo.
Durante los talleres en la sede de COMPARTIR, en la colonia Villanueva.
Recuerdo el nerviosismo y la alegría de cada una de ellas, muchas de las cuales nunca habían tenido una cámara en sus manos, pero ahora lo que más tengo presente es el orgullo que vi en sus rostros al mirar sus retratos en la sala de exposición del MUA (Mujeres en las Artes). La poeta Mayra Oyuela realizó, de manera paralela, el taller de poesía que logró crear la introspección necesaria que rompería toda timidez ante la cámara.
Doña Crucita, lista para realizar su primera fotografía.
El resultado es de consecuencias invaluables, estoy seguro de ello, sobretodo en estos momentos en el país donde se considera que todo ha sido socavado por la atrocidad.
La inaguración en el salón principal de MUA. El Doctor Juan Almendares, en primer plano, Director del CPTRT.
Ahora veo hacia la zona donde ellas habitan. Las veo en su vida diaria, puedo imaginarlas ya, enfrentando con la más pura valentía toda la avalancha del silencio. Todas sus historias en su rostro y al final, el rostro de ellas siempre estuvo formado en el mosaico de casas que se ven a  lo lejos, en los cerros de Tegucigalpa.
El siguiente es la sinopsis que realicé para la muestra:
La historia que soy, es la indagación a la alegría de ser mujer, a  la valentía de asumirlo en medio de un entorno que insiste en imponer el rostro anónimo. Dar la cara por sí mismas, dar la cara con la honestidad que da ser sobrevivientes del silencio. Esta muestra es el producto de tres talleres de fotografía básica y de poesía (adjuntos a los talleres de grafittis, derechos humanos y seguridad ciudadana para prevención de violencia doméstica) facilitado por el CPTRT (Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las víctimas de la Tortura) en un proceso de auto-reconocimiento y de entendimiento de la imagen como registro inalterable, una serie de miradas y lenguajes íntimos que nos cuentan -en ese alfabeto de sutilezas tan propio del orgullo asumido-  el cómo la fuerza de este país sigue estando en la determinación cotidiana de la mujer.
Todas los retratos en el siguiente enlace:

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CPTRT lanza proyecto de prevención de violencia en centros educativos

Escrito por Redacción | Marzo 4 del 2015

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-  Más de mil estudiantes de cuatro colegios capitalinos iniciarán un proceso de capacitación y construcción de redes de incidencia política para la defensa de derechos humanos, tras el lanzamiento de un proyecto de prevención de violencia anunció este miércoles el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de La Tortura y sus Familiares (CPTRT).
Asistententes al lanzamiento del proyecto “Construyendo alternativas de Paz y Seguridad”
El proyecto se desarrollará gracias al apoyo de la Fundación Friedrich Ebert en Honduras y beneficiará a estudiantes del Instituto Rafael Pineda Ponce de la colonia Villanueva, el Instituto Técnico Nueva Suyapa, de la Colonia Nueva Suyapa; el Instituto Jesús Milla Selva y el Instituto Técnico Honduras, ubicados en la colonia Kennedy.
De acuerdo con el doctor Juan Almendarez, director del CPTRT, “este es un proyecto con el cuál el CPTRT espera colaborar con las comunidades, para la prevención y sobretodo la educación sobre la defensoría de sus derechos”.
“Hemos encontrado una buena participación de los estudiantes, maestros y líderes de las comunidades, que estamos preocupados por todo este rumbo que lleva la violencia del país. Estamos concentrados en Nueva Suyapa, Villa Nueva y la Kennedy, que son zonas de constantes índices de violencia, a pesar de que son zonas que están cerca de la Universidad o de la gran Iglesia de Suyapa”, destacó.
En esta zona, detalló, dónde los jóvenes específicamente conocerán sobre sus derechos. Como por ejemplo que no pueden ser detenidos ni golpeados por las Fuerzas de Seguridad o Defensa.
 “Creemos que la violencia viene del sistema, es decir, la pobreza, el desempleo masivo, los despidos, la crisis económica, la falta de medicamentos; entonces vemos que no inventamos cosas, sino que es la opinión de la gente y la prevención es la mejor de las cosas”, añadió Almendares.
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De acuerdo con información de la Policía Nacional estas zonas son caracterizadas con temas de violencia común como el robo, hasta llegar al asesinato, pero el CPTRT, considera que “estas formas de violencia no están ligadas directamente a las maras y pandillas, sino más bien a pequeñas bandas que no necesariamente pertenecen a grupos criminales organizados.
“Los jóvenes no son la causa de la violencia en Honduras, se trata de un fenómeno estructural”, indicó el doctor Almendares.

Según informes de organismos internacionales y el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), está entre los países con más violencia en Centroamérica.

Uno de los objetivos del proyecto es la construcción de agendas de seguridad que incluyan las demandas de seguridad que afectan el pleno desarrollo emocional  y físico de los jóvenes que asisten a los diferentes centros educativos públicos de Tegucigalpa.
Un total de 1.031 personas menores de 23 años, fueron asesinadas en Honduras en 2014, de acuerdo con informes de Casa Alianza, mientras que de febrero de 1998 al 2014 unos 10.037 jóvenes menores de 23 años fueron asesinados en el país.
De su lado, Mario Ernesto Zavala Garay, coordinador del proyecto “Construyendo alternativas de Paz y Seguridad desde los Jóvenes”, busca juntar a los jóvenes de las tres comunidades para participar en un proceso de construcción de agendas, en los que se consulte sobre “qué entienden ellos sobre seguridad, o qué quieren que se incluyeran en propuestas de seguridad del Estado, dónde observamos que hay mucho presupuesto para represión, o tecnificación policial, pero muy poco para prevención de violencia”.
“La idea es apuntar a los jóvenes de entre los 15 a 21 años, asentados dentro de los institutos, como algunos que se encuentran en los alrededores de las colonias beneficiadas, con quienes se desarrollará y fortalecerá una red de jóvenes con capacidades para incidir en los tomadores de decisiones y puedan tener vos en espacios como la alcaldía municipal, redes centroamericanas de sociedad civil y la Secretaría de Educación entre otros…”.
La organización defensora de derechos humanos considera que “existe una distorsión mediática para inculpar a los jóvenes de las muertes violentas en el país, no obstante, en 2013 un informe del Juzgado de Letras de la Niñez indicó que el mayor número de delitos de los menores de 15 años están relacionados con robos, posesión de armas y tráfico de drogas”.
En los últimos 10 años en Honduras se registraron 53,689 muertes violentas, de las cuáles, más de 13 mil eran jóvenes entre los 15 y 21 años.

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Alianza por los Derechos Humanos exige justicia en el caso de joven estudiante

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Alianza por los Derechos Humanos, conformada por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos  (CIPRODEH) ,El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) y El Comité Hondureño para la defensa de los Derechos Humanos (CODEH) exigió este lunes en conferencia de prensa que se respete el debido proceso, la independencia del Poder Judicial, la no influencia de las Fuerzas Armadas en el caso del joven Kevin Joshua Solórzano Hernández, acusado de la presunta implicación en la muerte de un ex fiscal del Ministerio Público.

El aventajado estudiante de Ingeniería en Logística, Solórzano Hernández, enfrenta un proceso por el participar en el supuesto asesinato del ex fiscal Edwin Geovanny Eguigure Abdul (39), ocurrido el pasado 11 de noviembre en El Chimbo, Santa Lucía, Francisco Morazán, donde también reside el joven.
De acuerdo Ministerio Público (MP), Eguigure Abdul fue atacado con arma blanca y luego rematado a punta de disparos, mientras era acompañado por su hija y su esposa, María Auxiliadora Sierra, quien actualmente se desempeña como fiscal.
El hecho que relaciona a Kevin es que vive en la zona. Sin embargo el día 19 de noviembre a las 8:45 A.M., momento en que la Fiscalía recibe el informe preliminar  de las investigaciones, la Policía Militar de Orden Público (PMOP) sólo contaba con el retrato hablado y posteriormente se realiza la prueba de reconocimiento en rueda sin las garantías establecidas en el Código Procesal Penal en el artículo 253.
En ese sentido, la Alianza plantea que “el Juzgado que conoce de los casos de la PMOP,  se encuentra en la misma sede de la las Fuerzas Armadas, contradice seriamente el principio de independencia judicial. “En este orden de ideas La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que con el fin de asegurar un sistema de justicia eficiente y eficaz, es necesario fortalecer las salvaguardas de independencia de los jueces”.
Igualmente, “el Juez se convierte en parte interesada en el resultado de las investigaciones, ya que él fue el mismo que convalidó la detención preventiva, ordenada por la Fiscalía con base en el peligro de fuga, ya que el acusado, según los militares los identificó, a pesar de que su vestimenta era de civil”.
Del mismo modo, el relato de la madre es un medio de prueba testifical que no fue valorado, tampoco el del testigo José Luis Berrios. En los numerales del 4 al 7 La Convención Americana de Derechos Humanos establece en el literal g del artículo 8 que debe garantizarse el derechos de la defensa…… de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que pueda arrojar luz sobre los hechos.

Para las organización, el Poder Judicial “debe ejercer su función de administrar justicia con plena independencia y autonomía y sin injerencia política, militar y de otra índole, (por lo que) el enfoque de derechos humanos necesariamente debe prevalecer en toda política pública que el Estado adopte para cumplir con un objetivo determinado” CIDH.
Igualmente, se instó a la Fiscalía a realizar todas las investigaciones pertinentes con el sólo propósito de encontrar la verdad y de actuar conforme a la misma, sin ninguna injerencia externa.
Finalmente, la Alianza insistió en que las Fuerzas Armadas deben efectuar su labor apegados a los principios generales del derecho, con respeto a los derechos humanos y sin influir en el proceso.- La CIDH “nota que uno de los ejes centrales en la respuesta estatal frente a los graves problemas estructurales de violencia, impunidad, corrupción y crimen organizado en el país, es la intervención de la Fuerzas Armadas en múltiples ámbitos y  funciones” “considera que el involucramiento de las Fuerzas Armadas en esta amplia gama de funciones del Estado representa un riesgo para la vigencia del Estado de Derecho”   Informe visita in loco.   


CRONOLOGÍA

• El pasado veinte de noviembre se detuvo al joven Kevin Solórzano a quien se le acusa del asesinato del ex fiscal Edwin Eguigure, la primera justificación en el momento de la detención fue el supuesto parecido del joven a un retrato hablado facilitado por testigos protegidos.
• La defensa ha presentado innumerables pruebas que han sido desestimadas por el juez Claudio Aguilar, asignado a la Policía Militar de Orden Público (PMOP). Las pruebas desestimadas por Aguilar son las siguientes;
1. Existe una constancia del Secretario General de la universidad privada CEUTEC, en donde establece que Kevin Solórzano asistió a sus clases a las 7:00 A.M. , además  se demostró por medio de  un video que la defensa presentó en la audiencia, que establece que Kevin Solórzano Ingresó a CEUTEC a las 7:05 A.M.
2. Así mismo, se puede observar que como característica especial,  Kevin tenía barba el día del asesinato, particularidad que lo distingue frente a las características que presenta el retrato hablado.
3. Además según el escrito del recurso de apelación de la defensa, la prueba de reconocimiento en Rueda no se hizo con personas parecidas al imputado. La testigo estableció que la persona que identificaba era a la de barba. Cuando los retratos hablados no se estableció esta circunstancia.
4. Solórzano recibió ese día una llamada de un compañero de estudio, mismo que llevo a Kevin a la universidad hay una constancia de la Compañía Telefónica, donde se confirma que el joven recibió una llamada de José Luis Berrios,  su compañero de estudio a las 5:44 A.M. mientras que el crimen se realizó aproximadamente a las 5:30 A.M.
5. Entre las 6:15  A.M y 6:20 A.M madre e hijo llegaron a la estación de autobuses de El Chimbo, y ahí recibió otra llamada del amigo para informarle que ya estaba por el desvío de Santa Lucía, minutos más tarde Kevin llegó a su centro de estudios y su madre al Hospital San Felipe mientras el cuerpo aun no se  levantaba de la escena del crimen.
• El día viernes 5 de diciembre de los corrientes se revisó  el expediente que se lleva al efecto y no estaba aún el Acta de Audiencia Inicial, a pesar que corrieron los días para presentar el Recurso de Apelación. Esto vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa. La garantía de Independencia Judicial e Imparcialidad debe entenderse que el Juez además de ser independiente debe parecerlo, y el hecho que el Acta no se encuentre en el expediente a esta fecha, genera duda,  lo que se consigna en este medio.

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CPTRT: Crimen cometido por policías debe ser sancionado

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¡Dios mío desaparéceme¡  fue el llamado silencioso de la víctima de violación sexual a Dios, la noche del 21 de noviembre cuando ocho militares de la Policía Militar y del Orden Público, la atacaron sexualmente mientras le repetían uno tras otro ¡Que rica Estas!. Una joven de 20 años, se familiarizaba por primera vez con el sexo, de la manera más brutal y aterradora en que puede ocurrirle a una mujer.
Los 8 militares mencionados, enmascarados y sin identificación, detuvieron arbitrariamente a la víctima, la torturaron sicológicamente amenazándola con una arma de reglamento- esas Armas compradas con el dinero del pueblo-  para que subiera a la patrulla en que la trasladaron al lugar en el cual cometieron el repudiable crimen.
La Policía Militar y del Orden Público (PMOP), a la cual pertenecen estos malos militares, fue creada por decreto no.168—2013 del Congreso Nacional. En los argumentos de su creación se expreso “Que es deber de las Fuerzas Armadas de Honduras contribuir a mantener el orden público y colaborar en situaciones de emergencia para mantener la paz y seguridad de las personas y sus bienes de conformidad a lo establecido en los artículos 272 y 274 de la Constitución de la República”. Si violando mujeres se contribuye al orden público, Dios libre a nuestras hijas, nietas sobrinas y amigas de los depredadores sexuales infiltrados en las Fuerzas Armadas.
El crimen cometido por estos 8 militares debe ser no solo sancionado, reparado el daño causado, todas las familias hondureñas, las organizaciones sociales y en particular las mujeres debemos unirnos para pedir a nuestros representantes –esperamos de veras que lo sean– del Soberano Congreso Nacional, la reforma del Art. 13 de la ley de la Policía Militar del Orden Público para garantizarle a las víctimas de crímenes cometidos por militares, la imparcialidad que requiere un debido proceso y que ahora no existe por el fuero creado mediante esta normativa al ser los mismos funcionarios con los cuales trabajan, quienes los investigan y juzgan.
El Congreso Nacional, en el uso de sus atribuciones soberanas, debe a la mayor brevedad posible enmendar esta situación para que la ciudadanía no pierda la confianza en las instituciones que por su misión están obligadas a brindar seguridad, respeto a la ley y a los Derechos Humanos de quienes hacemos posible su existencia con los tributos que pagamos.
El fuero para policías militares es igual a impunidad.

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Honduras: UNAH: Política criminal de Estado // Denuncian campaña de desprestigio pagada con fondos públicos.

viernes, 28 de noviembre de 2014

 
“Nunca en la historia de la UNAH se había acusado ante los tribunales y sobre todo para seguir esa política punitiva e inquisitoria y una política criminal de Estado con la que no podemos estar de acuerdo porque es una política que estigmatiza e induce a la represión de los universitarios y esto es inconcebible que lo esté realizando la UNAH acusando a los estudiantes” Dr. Juan Almendares, ex rector de la UNAH.
Escrito y fotografías por: Ronnie Huete S.
Periodista y cooperante
Latinoamérica, 28, de nov. La criminalización a la protesta pacífica estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sigue en su apogeo.
El ex rector de la Máxima casa de Estudios el Dr. Juan Almendares confirmó que este hecho es aterrorizar a la masa universitaria para que no piense, puesto que en la actualidad existe una Universidad silenciada ante todos los procesos de explotación que sufre Honduras.
Almendares mencionó que entre estos procesos de explotación está la explotación de las mineras, la lucha de los pueblos originarios, represas y recientemente el petróleo de la british, en el Caribe hondureño, así como desalojos violentos de las comunidades en el interior del país, asesinatos de los campesinos, entre otros acontecimientos que son efectuados en su mayoría por transnacionales por la apropiación de los recursos naturales del país.
El también defensor de los derechos humanos, el Dr. Juan Almendares, condenó la militarización y los aparatos de seguridad privada y represora que se han impuesto dentro de los predios de la UNAH.
Las declaraciones vertidas en la conferencia de prensa que efectuaron movimientos sociales independientes de la Máxima casa de estudios el 27 de noviembre de 2014, y que fueron acuerpados por el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), cuyo organismo de derechos humanos es coordinado por el por el ex rector Juan Almendares Bonilla.
Desinformación mediática
Los universitarios (as) mencionaron en un comunicado de prensa que condenan enérgicamente las campañas de desprestigio y desinformación mediática, que realizan los medios de comunicación de la UNAH, financiada con recursos públicos, en contra de los universitarios.
Estas campañas se han hecho públicas en medios electrónicos de la UNAH, así como también en medios televisivos, ambos pertenecientes a la UNAH. Según los estudiantes se sienten desprestigiados, puesto que estos medios de comunicación tienen como objeto descalificar y deslegitimar la protesta, con el objetivo de criminalizar la protesta pacífica estudiantil dentro de los predios de la UNAH, así como el levantamiento de perfiles para futuras amenazas.
A su vez en la conferencia de prensa denunciaron ante organismos de derechos humanos internacionales y nacionales, prensa nacional e internacional, la situación del estudiante de pedagogía Rommel Darío, quien fue víctima de tortura publica por parte de elementos de la Policía Nacional y enviado a la Penitenciaría Nacional acusado del delito de sedición, prohibiéndole así su derecho universal a la protesta.
Igualmente y como resultado de las protestas pacificas que han desarrollado diversos estudiantes, quienes exigen participación estudiantil dentro del Consejo Universitario, como otrora se efectuaba, los universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales en la Ciudad Universitaria, de la carrera de Sociología Moisés Cáceres, Dayanara Castillo, Javier Barahona y José Luis Herrera están siendo amenazados con expulsarlos de la UNAH, por protestar pacíficamente.
Víctimas de criminalización
Universitarios encarcelados arbitrariamente el pasado 19 de noviembre de 2014
Así mismo, los estudiantes Cesario Padilla de la Carrera de Periodismo y Sergio Ulloa de Trabajo Social, fueron citados el 10 y 11 de noviembre para audiencias de descargas con el propósito de expulsarlos.
El comunicado de prensa también citó que esta es una represión sistematizada, puesto que los universitarios de la UNAH con extensión en el Valle de Sula y también de la carrera de sociología, Ovét Córdova, Franklin Benítez, Marcos Rubí, y Javier Hernández han sido denunciados ante el Ministerio Público, como si se tratase de delincuentes comunes.
“Todos los universitarios en mención sólo han protestado pacíficamente”, mencionó el abogado defensor Edy Tabora, quien conforma el equipo legal del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT).
Los universitarios criminalizados por las autoridades de la UNAH, solicitan respeto, dialogo  e integridad con las Autoridades Universitarias, para ser participes de las decisiones que se aprueban dentro de la UNAH, y que haya una verdadera democracia participativa.
Por su parte el psicólogo Erchel Raudales, egresado de la UNAH, condenó la detención que sufrió con otro seis universitarios, quien después de salir de una protesta pacífica fueron trasladados a una posta policial, en los alrededores de la UNAH, sin motivo alguno, pero que luego fueron liberados, a través de la intervención del abogado Edy tabora del CPTRT.
Democratizar los órganos universitarios
El comunicado de prensa manifiesta que desde hace tres años están solicitando de forma pacífica, democratizar los órganos universitarios y que ya, se han presentado tres propuestas de organización estudiantil las que han sido invisibilidades por las autoridades.
Los universitarios acusados están siendo acuerpados por el CPTRT y diversas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del relator para la libertad de expresión. Así mismo la prensa internacional y nacional está al pendiente del caso de los universitarios.
En la conferencia, los universitarios se solidarizaron con los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa situado en el Municipio de Iguala en el Estado de Guerrero, México y con el movimiento social que se desarrolla en la hermana nación latinoamericana.
Cualquier atentado o amenaza para el autor de este artículo es responsabilidad de quienes representan y gobiernan el Estado de Honduras o sus invasores.

El autor de este artículo es corresponsalía voluntaria de la revista Caros Amigos editada en são Paulo, Brasil para Centroamérica, la organización Casa Mafalda São Paulo, Brasil , La Agencia informativa Latinoamericana Prensa Latina, Kaos en la red y El portal
http://desacato.info editado en Florianópolis, Brasil.
Jueves,27 de Noviembre 2014

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Denuncian campaña de desprestigio pagada con fondos públicos.
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA ESTUDIANTIL EN LA UNAH
Como estudiantes y defensores de los derechos humanos, dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ante la criminalización por parte de las máximas autoridades de la Universidad en contra de los estudiantes, criminalizando el derecho a la protesta pacífica nos pronunciamos de la siguiente manera:
 Rechazamos las campañas de desprestigio y desinformación mediática, a través de los medios de comunicación de la UNAH, financiada con recursos públicos, en contra de las y los estudiantes, con el objeto de descalificar y deslegitimar la protesta y así justificar la criminalización estudiantil.
Denunciamos la situación de nuestro compañero estudiante de Pedagogía Rommel Darío Morán, golpeado salvajemente por la Policía Nacional y enviado a la Penitenciaría Nacional acusado del delito de sedición, prohibiéndole posteriormente la participación en la defensa del derecho a la educación pública.
Reprochamos las detenciones arbitrarias a la y los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales en Ciudad Universitaria: Moisés Cáceres (Sociología), Dayanara Castillo (Sociología), Javier Barahona (Sociología), José Luis Herrera (Sociología), Cesario Padilla (Periodismo) y Sergio Ulloa (Trabajo Social) citados los días 10 y 11 de noviembre siendo una ofensiva de contención y amedrentamiento al activismo estudiantil por parte de las Autoridades que no han querido dialogar sobre las problemáticas que afectan a los estudiantes.
Como evidencia de esta represión sistemática cinco compañeros estudiantes de Sociología en el Valle de Sula: Ovét Córdova, Franklin Benítez, Marcos Rubí y Javier Hernández han sido denunciados ante el Ministerio Público.
Considerando la situación de violencia generalizada, la intolerancia de las autoridades universitarias, demandamos el respeto a la integridad de nuestros compañeros y compañeras. Desde el 2011 las y los estudiantes venimos luchando por democratizar los órganos de gobierno universitario, se han presentado tres propuestas de organización estudiantil las cuales han sido invisibilizadas por las autoridades; se ha levantado la voz por la exclusión de casi 80 mil estudiantes por la PAA, en contra del anteproyecto de Ley de Educación Superior donde se le pretende entregar autonomía a las universidades privadas; en contra del recorte del presupuesto de la UNAH, y por el nuevo plan de arbitrios que contempla aumento a los servicios estudiantiles. Y en contra de la imposición “de dedo” de estudiantes representantes ante el Consejo Universitario, y porque las autoridades están azuzando a los frentes estudiantiles para evitar que las asociaciones de estudiantes de carreras nos organicemos, ya que hay un decreto legislativo que dicta que para marzo del 2015 si no hacemos elecciones estudiantiles las autoridades quedarán facultadas de poner “de dedo”
A nuestros compañeros estudiantes y el pueblo hondureño le informamos, que las y los compañeros acusados están siendo acompañados por varias organizaciones de Derechos Humanos en el país y que hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH a través del Relator para la Libertad de Expresión y otras organizaciones internacionales tienen conocimiento de la situación que estamos enfrentando.
Tegucigalpa M.D.C. 27 de Noviembre de 2014.

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Detención ilegal de siete universitarios tras salir de protesta en la UNAH

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, calificó la detención ilegal de  estudiantes bajo su responsabilidad como un montaje, sin embargo, en el Libro de Registro de Detenidos de la Estación Policial del Barrio El Manchén -foliado y autorizado por la Policía Nacional- consta que siete universitarios fueron aprehendidos por más de cinco horas sin ser puestos ante un juez competente.
Los agentes de la patrulla RPM 42 de la Unidad Metropolitana de la Policía (Umep) número 4 de la colonia Kennedy, de Tegucigalpa, detuvo a los jóvenes a las 5:45 de la tarde de este 18 de noviembre, unos minutos después de salir de una protesta de la UNAH.  A las 7:50 de la noche fueron llevados a la posta policial del barrio El Manchén, “por escándalo en vía pública”.
La policía los liberó a las 11:05 de la noche tras la intervención del abogado Edy Tábora del Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) y del periodista Ronnie Huete del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.  Fue una detención ilegal porque el artículo 101 de la Ley de Policía y Convivencia Social ya establece que en caso de escándalo público, a la persona se le impondrá una multa mediante un procedimiento gubernativo. Eso quiere decir que la sanción la debe imponer, en este caso, un juez de paz o de conciliación, razonó Tábora.
Además, el artículo 84 constitucional determina que todo detenido debe ser informado de sus garantías constitucionales, tienen derecho a una llamada y que lo pongan a la orden de un juez competente. Y tampoco se cumplieron estos procedimientos, señaló.  “No es que la policía los haya detenido en la protesta, la situación es que la protesta fue dentro de la universidad, entendiendo por protesta cualquier tipo de manifestación pública, no hubo una toma de la calle, por ejemplo, ese puede ser el malentendido que está estableciendo la policía, pero la situación es que se les detuvo”.
Es falso que los jóvenes anduvieran en estado de ebriedad. Tampoco hay pruebas de alcoholemia para demostrarlo, sostuvo.  A las 10:00 de la noche uno de los estudiantes, que logró esconder su celular, “me pudo llamar y comencé a hacer la denuncia”, relató el periodista Huete. Ellos aducen que hicieron una protesta pacífica con música y arte, en la Plaza de la Cuatro Culturas, ahí les vigilaban hombres armados, vestidos de civil y al salir de esa protesta, la policía los detuvo en los alrededores de la UNAH, detalló.
Los detuvieron, les quitaron los cordones de sus zapatos para amarrarlos y a uno de ellos lo golpearon. Luego los encarcelaron como delincuentes comunes en una celda pequeña con olor fétido, mientras tanto los policías se burlaban de ellos y les advertían que la iban a pagar. En la estación policial tampoco había un juez de conciliación, describió Huete.  Según la información policial, los detenidos por escándalo en vía pública fueron José Luis Michel Vilad, Daniel Arturo Guzmán, Erick Ismael Aguilar, Erchel Edinarreman Raudales, Kevin José Barahona, Adán Aníbal Galo Rodríguez y Walter Alfonso Chuiz Ponce.
Mientras permanecieron encarcelados, en las redes sociales trascendía que Raudales es egresado de la carrera de Sicología, Guzmán de Filosofía, Aguilar estudia Letras; Barahona es de la carrera de Informática Administrativa, Galo Rodríguez, de Administración Aduanera y José Luis, de Biología.
Las mentiras
“Debe ser falso eso, eso no debe ser cierto. Yo ya supiera si eso fuera cierto, debe ser un montaje de ellos”, replicó  unas horas después la rectora Castellanos al consultarle sobre esta detención aunque sólo unos segundos antes, en relación con el crimen de Ebed Yánez, un adolescente de 15 años acribillado por soldados, había dicho, la de Honduras “es una policía criminal y son militares criminales”.
El encargado de la Umep 4, el comisario José Omar Díaz Rodríguez declaró, “nos llamaron que estaban haciendo escándalo. Entonces se mandaron a traer y se remitieron a El Manchén. Fueron detenidos entre Suyapa y la Universidad. Ayer no se realizó ninguna protesta. Aquí están registradas las llamadas que hicieron, diciendo que estaban haciendo escándalo y que estaban ebrios, ellos pueden decir lo que se les ocurra, pero acá ya está registrado porqué la gente llamó”.
Sin embargo, Walter, uno de los estudiantes relató a una televisora local, evidentemente sobrio, que lo detuvieron saliendo de los portones de la UNAH.  “Íbamos conversando siete alumnos y comenzaron a decirnos que estábamos  detenidos”. En la estación de policía de la Kennedy se les faltó el respeto, denunció.
 “Se nos trató con abuso de autoridad y abuso de fuerza física”, a uno de ellos se le negó el derecho de ir al sanitario y se le llevó al excusado de manera hostil. Eso combinado con amenazas de un oficial de la estación, “de que nos iba a golpear con palo si hacíamos relajo, oscuridad, malos olores…malos tratos, burlas, risas”.
Por su parte, el comisario Díaz Rodríguez insistió que se les detuvo en el anillo periférico, cerca de Suyapa, “le repito ayer (18 de noviembre)  no hubo protestas, para que hayan protestas deben haber pancartas y ellos no portaban nada de eso, anteayer protestaron y más bien se les dio seguridad. Por protestar a nadie se detiene en Honduras siempre y cuando no moleste a terceros”.
“No le puedo decir quién llamó porque no es mi trabajo delatar la fuente informativa, fue la ciudadanía que llama donde hay escándalo, supuestamente andaban con aliento alcohólico. No se les hizo prueba de alcoholemia porque se les hace a las personas que andan conduciendo en estado de ebriedad”.
El jefe de la Umep 1, el subcomisionado Otoniel Castillo Lemus, explicó que en la capital hay dos centros de detención para casos de faltas, uno es en la Estación Policial del Barrio  Belén, que recibe los detenidos de Comayagüela y en Tegucigalpa quienes cometen faltas son llevados a El Manchén.
Las autoridades universitarias han prohibido protestar y hacer ruido en la UNAH, los estudiantes que se han atrevido a manifestarse están en audiencias y denunciados en el Ministerio Público, contra toda esa situación regresaban de protestar los alumnos cuando la policía los detuvo arbitrariamente./ Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

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Alerta: Detienen siete universitarios hondureños tras salir de protesta

La policía los liberó a las 11:05 de la noche tras la intervención del abogado Edy Tábora del Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) y del periodista Ronnie Huete del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

“Los detuvieron, les quitaron los cordones de sus zapatos para amarrarlos y a uno de ellos lo golpearon. Luego los encarcelaron como delincuentes comunes en una celda pequeña con olor fétido, mientras tanto los policías se burlaban de ellos y les advertían que la iban a pagar”: denuncian organismos contra la tortura.

Edicion Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) ha alertado este dia que la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, calificó la detención ilegal de estudiantes bajo su responsabilidad como un montaje, sin embargo, en el Libro de Registro de Detenidos de la Estación Policial del Barrio El Manchén -foliado y autorizado por la Policía Nacional- consta que siete universitarios fueron aprehendidos por más de cinco horas sin ser puestos antes un juez competente.

A continuacion el comunicado de C-Libre: Los agentes de la patrulla RPM 42 de la Unidad Metropolitana de la Policía (Umep) número 4 de la colonia Kennedy, de Tegucigalpa, detuvo a los jóvenes a las 5:45 de la tarde de este 18 de noviembre, unos minutos después de salir de una protesta de la UNAH.

A las 7:50 de la noche fueron llevados a la posta policial del barrio El Manchén, “por escándalo en vía pública”.

La policía los liberó a las 11:05 de la noche tras la intervención del abogado Edy Tábora del Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) y del periodista Ronnie Huete del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

Fue una detención ilegal porque el artículo 101 de la Ley de Policía y Convivencia Social ya establece que en caso de escándalo público, a la persona se le impondrá una multa mediante un procedimiento gubernativo. Eso quiere decir que la sanción la debe imponer, en este caso, un juez de paz o de conciliación, razonó Tábora.

Además, el artículo 84 constitucional determina que todo detenido debe ser informado de sus garantías constitucionales, tienen derecho a una llamada y que lo pongan a la orden de un juez competente. Y tampoco se cumplieron estos procedimientos, señaló.

“No es que la policía los haya detenido en la protesta, la situación es que la protesta fue dentro de la universidad, entendiendo por protesta cualquier tipo de manifestación pública, no hubo una toma de la calle, por ejemplo, ese puede ser el malentendido que está estableciendo la policía, pero la situación es que se les detuvo”.

Es falso que los jóvenes anduvieran en estado de ebriedad. Tampoco hay pruebas de alcoholemia para demostrarlo, sostuvo.

A las 10:00 de la noche uno de los estudiantes, que logró esconder su celular, “me pudo llamar y comencé a hacer la denuncia”, relató el periodista Huete. Ellos aducen que hicieron una protesta pacífica con música y arte, en la Plaza de la Cuatro Culturas, ahí les vigilaban hombres armados, vestidos de civil y al salir de esa protesta, la policía los detuvo en los alrededores de la UNAH, detalló.

Los detuvieron, les quitaron los cordones de sus zapatos para amarrarlos y a uno de ellos lo golpearon. Luego los encarcelaron como delincuentes comunes en una celda pequeña con olor fétido, mientras tanto los policías se burlaban de ellos y les advertían que la iban a pagar. En la estación policial tampoco había un juez de conciliación, describió Huete.

Según la información policial, los detenidos por escándalo en vía pública fueron José Luis Michel Vilad, Daniel Arturo Guzmán, Erick Ismael Aguilar, Erchel Edinarreman Raudales, Kevin José Barahona, Adán Aníbal Galo Rodríguez y Walter Alfonso Chuiz Ponce.

Mientras permanecieron encarcelados, en las redes sociales trascendía que Raudales es egresado de la carrera de Sicología, Guzmán de Filosofía, Aguilar estudia Letras; Barahona es de la carrera de Informática Administrativa, Galo Rodríguez, de Administración Aduanera y José Luis, de Biología.

Las mentiras
“Debe ser falso eso, eso no debe ser cierto. Yo ya supiera si eso fuera cierto, debe ser un montaje de ellos”, replicó unas horas después la rectora Castellanos al consultarle sobre esta detención aunque sólo unos segundos antes, en relación con el crimen de Ebed Yánez, un adolescente de 15 años acribillado por soldados, había dicho, la de Honduras “es una policía criminal y son militares criminales”.

El encargado de la Umep 4, el comisario José Omar Díaz Rodríguez declaró, “nos llamaron que estaban haciendo escándalo. Entonces se mandaron a traer y se remitieron a El Manchén. Fueron detenidos entre Suyapa y la Universidad. Ayer no se realizó ninguna protesta. Aquí están registradas las llamadas que hicieron, diciendo que estaban haciendo escándalo y que estaban ebrios, ellos pueden decir lo que se les ocurra, pero acá ya está registrado porqué la gente llamó”.

Sin embargo, Walter, uno de los estudiantes relató a una televisora local, evidentemente sobrio, que lo detuvieron saliendo de los portones de la UNAH.
“Íbamos conversando siete alumnos y comenzaron a decirnos que estábamos detenidos”. En la estación de policía de la Kennedy se les faltó el respeto, denunció.

“Se nos trató con abuso de autoridad y abuso de fuerza física”, a uno de ellos se le negó el derecho de ir al sanitario y se le llevó al excusado de manera hostil. Eso combinado con amenazas de un oficial de la estación, “de que nos iba a golpear con palo si hacíamos relajo, oscuridad, malos olores…malos tratos, burlas, risas”.

Por su parte, el comisario Díaz Rodríguez insistió que se les detuvo en el anillo periférico, cerca de Suyapa, “le repito ayer (18 de noviembre) no hubo protestas, para que hayan protestas deben haber pancartas y ellos no portaban nada de eso, anteayer protestaron y más bien se les dio seguridad. Por protestar a nadie se detiene en Honduras siempre y cuando no moleste a terceros”.

“No le puedo decir quién llamó porque no es mi trabajo delatar la fuente informativa, fue la ciudadanía que llama donde hay escándalo, supuestamente andaban con aliento alcohólico. No se les hizo prueba de alcoholemia porque se les hace a las personas que andan conduciendo en estado de ebriedad”.

El jefe de la Umep 1, el subcomisionado Otoniel Castillo Lemus, explicó que en la capital hay dos centros de detención para casos de faltas, uno es en la Estación Policial del Barrio Belén, que recibe los detenidos de Comayagüela y en Tegucigalpa quienes cometen faltas son llevados a El Manchén.

Las autoridades universitarias han prohibido protestar y hacer ruido en la UNAH, los estudiantes que se han atrevido a manifestarse están en audiencias y denunciados en el Ministerio Público, contra toda esa situación regresaban de protestar los alumnos cuando la policía los detuvo arbitrariamente.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/alerta-detienen-siete-universitarios-hondure%C3%B1os-tras-salir-de-protesta

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Honduras: Liberan a universitarios encarcelados en posta policial

miércoles, 19 de noviembre de 2014

http://youtu.be/_TECSEispSc

 Los estudiantes de la UNAH fueron detenidos como delincuentes comunes, sin embargo arguyen que sólo participaban de una protesta pacífica.

Los universitarios conversando el abogado del CPTRT, Edy Tábora.

Para ver vídeos:
 
Fuente textual obtenida del CPTRT en relación al trato que reciben los privados de libertad en una posta policial: 
De acuerdo con una investigación realizada por el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), seis de cada diez personas detenidas, son víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por parte de la policía. Según los investigadores, de 260 personas entrevistadas 153 fueron víctimas de violaciones a su integridad física o sicológica, “lo que representa un 58.84%, o sea 6 de cada 10 personas detenidas”.
La pesquisa forma parte de una averiguación realizada, en las postas policiales de las dos principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula.
En el caso de los menores de 18 años de edad detenidos por la policía, de 28 personas entrevistadas, 19 fueron objeto de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, lo que equivale a un 65.5%, un seis por ciento más que las personas adultas.
Para el defensor de los derechos humanos Edy Alexander Tábora, además de la tortura, se registran otra serie de violaciones a los derechos de las personas detenidas, por lo que se hace necesario “investigar las condiciones de vida durante la detención, el hacinamiento, las agresiones que sufren entre los detenidos, el régimen de detención, es decir el contacto con el mundo exterior que es uno de los derechos más violados que no dejan que los familiares o los abogados puedan conocer las condiciones de los detenidos.
La investigación comprende un periodo del mes de diciembre del 2013 a Julio del 2014, en 16 centros de detención policial en Tegucigalpa y nueve en San Pedro Sula, más la Penitenciaría Nacional Femenina y Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto.
Policías también conviven en condiciones precarias
La investigación también verificó las condiciones en que los policías de la escala básica realizan su trabajo y entre los hallazgos se destaca las largas jornadas de trabajo que van desde 24 a 30 horas diarias.
La doctora Lucy Pavón coordinadora de la investigación, manifestó, que los y las policías “no cuentan con áreasde descanso adecuadas, falta de implementos de trabajo, (chalecos antibalas en mal estado, uniformes, gorras, botas), bajos salarios, pero en especial falta de capacitación en derechos humanos, uso de armas letales y no letales y en procedimientos policiales apropiados”.
Los defensores de los derechos humanos, expresaron su preocupación, porque la mayoría las detenidas y detenidos, son personas de escasos recursos económicos, de los barrios más empobrecidos de las dos ciudades.
De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la tasa nacional de homicidios es de 79 por cada 100,000 habitantes. Tegucigalpa 21/08/2014

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Experto internacional sobre temas penitenciarios ofrecerá conferencia en Tegucigalpa

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El experto internacional en temas penitenciarios Roberto Santana, participará este miércoles en una conferencia sobre “el papel de los medios de comunicación y el sistema penitenciario, en Tegucigalpa.
Santana es el fundador de la Escuela Nacional Penitenciaria y del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, de República Dominicana.
La conferencia es organizada por el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), una institución con más de 20 años de experiencia en temas carcelarios.
Según analistas, el sistema penitenciario de Republica Dominicana es considerado como el mejor de toda américa latina y según el CPTRT, debe ser un modelo a seguir por parte de las autoridades hondureñas.
En el evento también participará la abogada hondureña ex fiscal del Ministerio Público, Aida Romero.
Honduras cuanta con 24 cárceles a nivel nacional, cuya principal característica es el hacinamiento y la sobrepoblación.

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Tras cinco años encarcelado, regresa a Honduras Ángel Amílcar Colon Quevedo

 

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• Denuncia que su caso no es el único y que actualmente hay al menos 400 personas hondureñas privadas de la libertad en cárceles mexicanas
• Demanda  aplicación del Protocolo de Estambul tanto en México como en Honduras para documentar casos de tortura como el CPTRT lo hizo en su caso
• Exigirá una reparación integral del daño incluyendo garantías de no repetición y la investigación de los responsables de la tortura
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Ángel Amílcar Colón Quevedo quién permaneció privado de su libertad, por con años, seis meses y siete días, regreso a su país, acompañado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT).
Acompañado por ambas organizaciones, demandó  la reparación del daño y la adopción de medidas estructurales para evitar que más migrantes sufran su misma situación.
Ángel Amílcar relató que en enero de 2009 se vio obligado abandonar su país para intentar llegar a Estados Unidos, por la grave situación económica que atravesaba su familia y la enfermedad de uno de sus hijos. Narró que durante su trayecto por México, vivió lo que cientos de migrantes hondureños sufren, es decir, múltiples engaños y abusos, tanto a manos de coyotes como agentes del Estado.
En marzo de 2009 en la ciudad de Tijuana, fue engañado por un coyote que le prometió falsamente ayudarlo a cruzar la frontera con Estados Unidos. En cambio lo llevó bajo amenazas a una casa, donde cuatro días después se realizó un operativo policiaco.

Tras ser detenido, Ángel fue tratado como delincuente, y no como víctima. Después de ello sufrió una larga serie de violaciones a su integridad física, entre las que destacan la tortura física y psicológica, por elementos de la Policía Federal y el Ejército mexicano y le fueron violados sus derechos a la defensa adecuada, a la asistencia consular y a la no discriminación.
Afortunadamente, con la intervención de las expertas del CPTRT, la Psicóloga Carmen Martínez y la Doctora Eliomara Lavaire, le fue practicada a Ángel Amílcar la prueba científica idónea, para documentar la tortura, mediante la aplicación del Protocolo de Estambul.
Con base en dicha prueba, fue posible que el Centro Prodh y Amnistía Internacional solicitaran a la Procuraduría General de la República que se desistiera de los cargos fabricados en contra de Ángel, lo que derivó en su liberación.
Por lo tanto, comprendiendo que el Protocolo de Estambul es fundamental para documentar y prevenir la tortura, Ángel Amílcar exige que tanto en México como en Honduras se adopte la práctica de pericial basada en las directivas emanadas del Protocolo de Estambul, tal y como ha sido recomendado a ambos Estados por diversos organismos internacionales de derechos  humanos.
Es importante mencionar que, a partir de información recolectada por el Centro Prodh y publicada en el informe “Migrantes en prisión. La incriminación de migrantes en México, otro destino trágico” es posible afirmar que en México hay al menos 400 personas hondureñas privadas de la libertad en centros federales y estatales de reclusión.
En otras palabras, el caso de Ángel Amílcar sólo es un botón de muestra de una grave situación de violación a derechos humanos de migrantes hondureños en México, además de los secuestros, las desapariciones y las ejecuciones. Por lo tanto, es fundamental que el Estado hondureño cumpla su obligación de proteger a sus connacionales, incluyendo aquellas personas que han sido detenidas y privadas de libertad en México.
Finalmente, Ángel anunció que ha solicitado que el Estado mexicano en coordinación con el Estado hondureño, reparen integralmente el daño por las graves violaciones a derechos humanos que sufrió, incluyendo la adopción de medidas de derecho interno que garanticen que hechos como los que él tuvo que padecer no se repitan nunca más y que además los policías y militares que lo torturaron sean investigados efectivamente en el marco del absoluto  respeto a sus garantías constitucionales.

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Indígenas de La Paz defienden sus bienes naturales y cultura en medio de amenazas

Nov 07, 2014

*Entrevista con Líder comunitario

Con su hijo cargando en la espalda y una cubeta bien colocada en la cabeza, así van las mujeres lencas de las comunidades más empobrecidas en San José, La Paz a buscar agua limpia. Desde que comenzó la construcción del megaproyecto “La Aurora”, el río del que sacaban agua para el uso y consumo diario, se ha ido secando y ensuciando según cuentan pobladoras de este municipio.

La realidad, históricamente ha golpeado fuerte a las pobladoras y pobladores de la zona de la sierra en el departamento de La Paz. Mayoría indígenas, mayoría empobrecida. Y desde 2010, los municipios en la Sierra de este departamento mayormente indígena: Santa Elena, San José, Marcala, Opatoro, Tutule, Santa María y Guajiquiro; se sienten amenazados por concesiones hidroeléctricas y mineras.

Lea aprobación de concesiones hidroeléctricas aquí. 

En estas comunidades sigue siendo un sueño tener servicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, etc. Y en medio de estas necesidades, empresarios que pretenden instalar represas sobre el río Chinacla,  comenzaron prometiendo estos proyectos, sin embargo ahora que tienen todo arreglado con las autoridades nacionales y municipales, se olvidaron de esa promesa.

Pero el olvido no fue involuntario. Estas comunidades se oponen al proyecto hidroeléctrico. Se oponen a que no se les escuche y se les margine, aun cuando son los dueños ancestrales de esas tierras y aguas.

Lea compromiso del Estado para titular tierras ancestrales a comunidades indígenas en La Paz aquí

Martín Gómez, líder del Movimiento Indígena Independiente de La Paz (Milpa) que nació en 2010, a consecuencia de la concesión de ríos y minerales en este departamento, asegura que el pueblo lenca se ha sentido indefenso por mucho tiempo y hoy lideran una estrategia de recuperación de tierras, de bienes naturales y de su cultura violentada por el occidentalismo.

“Hemos venido realizando consultas, cabildos abiertos, reuniones, pronunciamientos, estamos exigiendo el respeto al convenio 169 de la OIT porque no se nos consulta si estamos de acuerdo con los proyectos o no. Desde ese entonces hemos venido haciendo actividades para tratar que el alcalde del pueblo de Santa Elena, actualmente Víctor Ventura Vásquez, junto con el empresario de la hidroeléctrica nos dejen en paz, pero ha sido difícil porque el alcalde dice que el proyecto va aunque no estemos de acuerdo”, cuenta Martín.

San José no es el único municipio con las máquinas acechando, Santa Elena está en la mira.

Según ha denunciado públicamente el movimiento Milpa, desde la municipalidad y con ayuda de la Policía Nacional, se ha comenzado un proceso de levantar perfiles y armar un expediente para acusarlos por sedición y traición a la patria. Una réplica de lo que sucedió con el pueblo indígena en San Francisco de Opalaca cuando no reconocieron el resultado de las elecciones municipales en 2013. También esta organización impulsa un proceso de Consejo Indígena, que es como un autogobierno prescindiendo del gobierno municipal.

Empresa con poder

Martín asegura que la empresa Inversiones La Aurora SA de CV, es propiedad de Arnol Castro, esposo de la vicepresidenta el Congreso Nacional, Gladys Aurora López, diputada del partido Nacional. A ambos se les ha visto en las comunidades donde actualmente quieren comenzar otra de las represas en el plan de concesionamiento.

En Santa Elena, La Paz; este proyecto está detenido por la oposición de la gente, pero en San José, ha avanzado.

La represa en Santa Elena desplazaría tres comunidades: El Potrero, El Nazario y el Jocotillo; alrededor de 120 familias, asegura Gómez.

“En esto hasta los administradores de la municipalidad están interesados,” cuenta Martín, quien ha representado un pueblo bravo en esta lucha.

El año pasado, las comunidades opositoras realizaron una toma de control territorial en la comunidad de Azacualpa. Sesenta días en los que lograron el retiro de la empresa que ya trabajaba en el estudio de factibilidad. Ese estudio se pretende realizar actualmente y para lograr esto, la comuna convocó a un cabildo abierto para su aprobación.

Este cabildo convocado para el 6 de octubre revivió el conflicto con mayor fuerza. Gómez cuenta que la gente no se movilizó para el cabildo porque se invitó mayormente a personas que no eran de las comunidades y afines al gobierno local.

“El proyecto está en suspenso porque se están llevando trámites legales en la Fiscalía de etnias y la SERNA (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente). Ellos han sido bien abusivos viniendo a meterse por las noches a la comunidad. La gente se da cuenta y escucha lo que hablan en la comunidad sobre planes, amenazas y el proyecto. El 6 de octubre hubo un cabildo abierto sobre el estudio de factibilidad y el pueblo de Santa Elena no salió al cabildo abierto, sin embargo estamos poniendo un escrito ante la fiscalía para decir que este proyecto y el cabildo abierto son ilegales por no realizarse con la gente afectada”, contó Gómez.

Capturas

Al momento que se estaba realizando una caminata y un posterior plantón frente a la municipalidad de Santa Elena el 3 de noviembre, el líder indígena Calixto Vásquez fue capturado por la Policía Preventiva llevándolo al municipio vecino de Yarula, donde el resto de sus compañeros lograron su liberación. Gómez comenta que ese día, la municipalidad y sus alrededores estaba militarizada, así como pasan los territorios donde la empresa ha comenzado a trabajar.

“Mientras sale la sentencia en la demanda por declarar ilegal el cabildo abierto que aprobó el estudio de factibilidad en Santa Elena, estamos viviendo mucha represión aunque tenemos la esperanza de que esto mantenga parado el proyecto”, explicó Gómez.

Gómez informó que el Centro de Prevención y Tratamiento de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (Cptrt) está asesorando a Milpa para presentar una denuncia internacional en caso de realizarse este megaproyecto que comprende las represas: Aurora I, Aurora II, Aurora III sobre el río Chinacla en contra de la voluntad del pueblo indígena radica en sus riberas.

Convenio OIT

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Honduras, ha sido la justificación legal más importante del movimiento indígena contra la instalación de la gran industria extractivista en sus comunidades, porque ésta ha sido inconsulta en la mayoría de casos.

Lea además: Indígenas luchan contra colonización del siglo XXI

El espíritu de la consulta y la participación constituye la piedra angular del Convenio 169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.

Los principios de consulta y participación en el Convenio núm. 169 no se relacionan únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias de gobernanza, y la participación de los pueblos indígenas y tribales en la vida pública.

En su artículo 6, el Convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los pueblos indígenas y tribales:

•La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, debuena fe, y a través de sus instituciones representativas;

•Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente;

•Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.

El Convenio también especifica circunstancias individuales en las que la consulta a los pueblos indígenas y tribales es obligatoria.

“Tenemos derechos a los bienes comunes: el agua, la tierra, la madera, los minerales. Nuestros derechos indígenas nos dice que son nuestros, y al ser nuestros los primeros que tenemos que saber qué se quiere hacer con esos recursos y ser informados de todos los procesos, somos nosotros.  Con estos proyectos, a pesar de todas sus promesas solo nos convertiríamos en esclavos de mano de obra y seríamos saqueados. Nosotros consideramos esto como un proyecto de muerte porque esto es, las aguas cambiarían de cauce, los peces morirían y desaparece el bosque y los animales”, explica Gómez.

                                                    Violencia

Como todo proyecto que no aplica la consulta previa, esta concesión ha generado división en las comunidades, rompiendo el tejido social y causando situaciones de violencia antes impensables en estos pueblos.

Las promesas de dinero, comida, servicios básicos, empleo y desarrollo comunitario no quedan fuera tampoco en este caso. Estas promesas van acompañadas de amenazas para quienes se oponen, según denuncian varios líderes comunitarios.

“No existe empleo, seguro de vida, seguro social, no existe desarrollo porque no es responsabilidad de los empresarios sino del Estado y si este no lo hace menos lo hará un empresario que lo que busca es enriquecerse. Ya ha habido agresiones pequeñas en cabildos abiertos. Nos preocupa que el tiempo pase y se arrecie esa violencia”, concluyó Gómez.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1458-ind%C3%ADgenas-de-la-paz-defienden-sus-bienes-naturales-y-cultura-en-medio-de-amenazas

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Extradición viola la Constitutción hondureña: CPTRT

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De conformidad con el Art. 69 de nuestra constitución la libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes puede ser restringida o suspendida temporalmente.
Este día, un hondureño más se suma a la lista de personas extraditadas a petición del gobierno de los Estados Unidos. ¿Es legal esta extradición y la que se realizó en contra del compatriota Carlos Arnoldo Lobo?
En opinión de nuestra organización se ha violado la Constitución por lo siguiente:
·         El debido proceso que implica el apego a reglas claras derivadas de la Constitución de la República en una ley secundaria que tome en cuenta los mecanismos que permitan la revisión independiente e imparcial  de los recursos que se interpongan.
·         En una extralimitación de facultades, la Corte Suprema de Justicia operativizó la reforma constitucional de la extradición al emitir un auto acordado, violando el derecho a la libertad física que solo puede restringirse mediante Ley. Este Poder del Estado encargado de la administración de las leyes está legislando en franca usurpación de la división de poderes que garantiza a las personas de un país que las restricciones de los derechos podrán ser revisadas mediante los recursos bien legislativos o judiciales. Pesos y contra pesos en una sociedad democrática.
El Centro de Prevencion, Tratamiento y Rehabilitación de Victimad de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) demanda del Poder Legislativo la corrección de este procedimiento ilegal a través de la emisión de una ley de extradición apegada al respeto a los Derechos Humanos.

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