Entradas etiquetadas como Militares

Militares y policías restringieron expresiones populares durante desfiles patrios

Alerta 169-16 | Honduras, jueves 15 de septiembre de 2016 Los policías y los militares se encargaron de impedir la libre circulación de ideas y de personas con expresiones críticas durante los desfiles que conmemoraban la Fiesta de Independencia de Honduras.

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“Hoy te vas a morir perro”: policías y militares a defensor de DD. HH.

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Campesino atacado por militares empieza a caminar tras operación

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U.S. Special Operations in Latin America: Parallel Diplomacy?

Documents Show Special Ops Training in the Region Tripled From 2007 to 2014 By Sarah Kinosian, WOLA Program Officer and Adam Isacson, WOLA Senior Associate The U.S. military’s most elite forces have been increasing their deployments across the globe, and Latin America and the Caribbean are no exception. But as Special Operations Forces activity grows, […]

Origen: U.S. Special Operations in Latin America: Parallel Diplomacy? – WOLA

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Militares de Honduras son los más entrenados por EE.UU.

Documentan un incremento en las misiones de fuerzas de operaciones de EUA en LA.Militares de Honduras son los más entrenados.

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EJÉRCITOS PRIVADOS: EL NEGOCIO DEL MIEDO.

EL ORIGEN DEL MIEDO La implantación del miedo ha sido una de las estrategias de control y sumisión más efectivas de los régimenes más poderosos de la historia de la humanidad. Desde las prácticas intimidatorias realizadas en la Antigüedad a través de severos castigos hasta las recientes manifestaciones represivas de los Estados frente a los […]

Origen: http://elpulso.hn/ejercitos-privados-el-negocio-del-miedo/

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Negroponte’s Crimes

Hillary Clinton is bragging about support from a Republican diplomat linked to mass atrocities in Central America.

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Sistema violento despoja de los bienes a las mujeres usando los militares para someterlas

Origen: Sistema violento despoja de los bienes a las mujeres usando los militares para someterlas

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Tras anuncio de retiro de militares de las calles, política de seguridad de actual gobierno se evidencia fracasada

“El anuncio del retiro militar de las calles hondureñas para el último trimestre del presente año, se podría calificar como un fracaso de la política del gobierno de querer resolver los problemas de seguridad del país, delegándole responsabilidades policiales al ejército, y militarizando la sociedad”, indicó el analista Hermilo Soto.

Aunque no se ha brindado más detalles al respecto, el anuncio fue hecho esta semana por la viceministra de Derechos Humanos,  Karla Cueva,  en la ciudad de Ginebra,  Suiza, donde Honduras presentó su segundo informe al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas.

Con la aprobación del proyecto de Ley para la creación de la Policía Militar del Orden Público, cuyos escuadrones hicieron sus primeras apariciones el 15 de septiembre del 2013 en San Pedro Sula y Tegucigalpa, la polémica no se hizo esperar al extremo de considerar que esta medida significó un retroceso de al menos 35 años en materia de desmilitarización de la sociedad hondureña.

“Esta promesa de retirar los militares de las calles fue hecha a cambio de tener acceso a las ayudas que la comunidad internacional ha prometido al Gobierno y no porque el presidente Juan Orlando Hernández esté interesado en desmilitarizar la sociedad”, indicó la abogada Tirza Flores, de la Asociación de Jueces por la Democracia (ASJ).

De acuerdo a Flores, a pesar de la  promesa genera expectativas y le tocará a la sociedad civil comprometerse y estar vigilante para que desde la administración de Gobierno nacionalista se inicie un verdadero proceso de desmilitarización de la sociedad.

“Que se retiren los militares de las calles ha sido una exigencia permanente del pueblo hondureño, sin embargo la decisión del gobierno, la hizo atendiendo los reclamos de los organismos internacionales defensores de derechos humanos”, indicó Rubenia Galeano de la Plataforma EPU Honduras.

Por otro lado el analista Domingo Godoy, aseguró que la Policía Militar estaría en dudas que desaparezca totalmente  porqe tiene su característica propia, es un brazo armado al servicio de una elite que ostenta el poder absoluto en el país,   señaló que viene de un poder fáctico cuyo discurso público es proteger a la ciudadanía lo cual no es cierto.

Exigencia internacional 

Entre las exigencias internacionales para desmilitarizar el país resalta  la realizada el pasado 14 de junio de 2016 por cuatro congresistas demócratas quienes presentaron a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos  un  proyecto de Ley denominado Ley Berta Cáceres.

La Ley busca suspender la cooperación militar y la ayuda en materia de seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que paren las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia.

Solicitan que se investigue no solo el asesinato de Bertha Cáceres sino también los asesinatos de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García ligados a la comunidad garífuna, y el asesinato de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán.

La aprobación de la Ley Berta tendría un impacto directo en el presupuesto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de cerca de 25 millones de dólares de ayuda y cooperación directa de Estados Unidos, y cerca de 60 millones de dólares de la banca multilateral, en especial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde el país norteamericano actúa como aval.

Esta iniciativa de Ley, exige que el Ejército se retire de las tareas que realiza la Policía Nacional tal como manda la Constitución de la República, que proteja los derechos de periodistas, sindicalistas, campesinos, activistas de derechos humanos, afro-indígenas, LGBTI y opositores al gobierno, y el restablecimiento del estado de derecho depurando los órganos del Estado responsables de tanta corrupción, impunidad y violaciones sistemáticas de derechos elementales del ser humano como el derecho a la vida, participación y protesta pública.

Violadores de derechos humanos 

En Honduras hay evidencias suficientes que indican que con la participación del ejército en acciones policiales a nivel nacional se han incrementado las violaciones a los  de derechos humanos por parte de los soldados. Sin embargo, en la actualidad a pesar del proceso de depuración policial; la corrupta e inefectiva policía del país también se presenta como una alternativa poco fiable para combatir la inseguridad generalizada.

Según datos recolectados  entre los años 2012 y 2014, militares hondureños estuvieron implicados en al menos nueve asesinatos, más de 20 casos de tortura y cerca de 30 detenciones ilegales. Actualmente, al menos 24 soldados están bajo investigación por cargos relacionados con nueve casos de homicidios.

Quienes apoyan la participación de militares en tareas policiales afirman que esto ha contribuido a la reducción de la tasa de homicidios en Honduras, que en el 2012, según estimaciones de las Naciones Unidas, era de 86 asesinatos por cada cien mil personas.

Sin embargo de acuerdo a un reciente informe de Human Right Watch: Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad de violaciones de derechos humanos. El país presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años.

Si bien la participación del ejército hondureño en funciones de policía a nivel nacional no es lo ideal, la solución alternativa resulta ser igualmente funesta con la policía existente. “Esperamos que de aquí a noviembre el proceso de depuración policial tenga los avances esperados y a partir de allí tengamos a policías honestos, responsables, cercanos a la ciudadanía, respetuosos de los derechos humanos y unidos a otras políticas públicas y así  la inseguridad irá desapareciendo, pero como sociedad tenemos que ser vigilantes y exigentes para que esto se logre”, concluyó Rubenia Galeano de la Plataforma EPU Honduras.

Las promesas del Estado quedan en el aire y tanto la sociedad civil como organizaciones populares deben vigilar el proceso de desmilitarización que ya asumió el Estado a partir de esta comparecencia ante los organismos internacionales.

Origen: Tras anuncio de retiro de militares de las calles, política de seguridad de actual gobierno se evidencia fracasada

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CON MILITARES PRETENDEN CONTROLAR ZOZOBRA GENERADA POR VIOLENCIA EN LA LIMA, CORTÉS

Origen: http://radioprogresohn.net/~rprog/index.php/comunicaciones/noticias/item/3064-con-militares-pretenden-controlar-zozobra-generada-por-violencia-en-la-lima-cortés

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FUNCIONARIO HONDUREÑO RESTA IMPORTANCIA AL APOYO MILITAR Y POLICIAL DE EE.UU.

El secretario del gabinete Ebal Díaz advirtió que los militares seguirán en la calle pese al descontento de cinco legisladores de EE.UU. Indicó que “lamentamos la muerte que se han generado en el grupo de los copines y el gobierno hará lo necesario para aclarar y capturar a los responsables”. 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Uno de los principales funcionarios y asesor presidencial del gobierno hondureño, Ebal Díaz, ha dicho sin ambages que no importa perder la ayuda de EE.UU. al referirse al proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras, impulsado en el congreso de Estados Unidos para suspender al país la ayuda en materia militar y policial.

El proyecto propone que la asistencia a Honduras solo pueda reanudarse una vez que el Departamento de Estado verifique que el gobierno hondureño ha sancionado a los responsables de violaciones de Derechos Humanos, entre otros, los asesinatos de periodistas, de Berta Cáceres y de un sinnúmero de activistas en el Bajo Aguán.

El documento expone que la Policía hondureña está corrupta y asesina y demanda que se sancione a los uniformados que han violado los derechos humanos y a todos aquellos que participaron en la muerte del general Arístides González y el experto en narcotráfico Alfredo Landaverde.

Al respecto, Ebal Díaz advirtió que los militares seguirán en la calle el tiempo que sea necesario pese al descontento de cinco legisladores de los Estados Unidos.

El funcionario indicó que “lamentamos la muerte que se han generado en el grupo de los Copines y el Gobierno hará todo lo necesario para aclarar y capturar a los responsables”.

Al preguntarle sobre si el gobierno de Hernández no teme perder la ayuda de Estados Unidos, Díaz dijo sin ambages: “no importa, los hondureños tenemos el deber de proteger al pueblo hondureño y si para eso los militares tienen que seguir en las calles van a seguir en las calles”, concluyó.

“Desafortunadamente los asesinatos suceden en cualquier país del mundo, no es posible que cada quien traiga un policía a la par, pero tenemos que trabajar para que estas cosas no sucedan”, expresó.

Además manifestó que en todo parlamento hay juegos políticos, sin embargo hay que tratar de entender ese esquema. Al tiempo que comentó que “en materia de seguridad el país ha avanzado, pero no es posible que cada ciudadano traiga un policía a la par”.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1555-funcionario-hondureno-resta-importancia-al-apoyo-militar-y-policial-de-ee-uu

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US investigating allegations Honduran military had hitlist of activists to target

State department review of Guardian allegations comes as a group of Congress members renew call to suspend all US aid to Honduran police and military

Origen: US investigating allegations Honduran military had hitlist of activists to target

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Identifican militar infiltrado en resistencia de Olancho

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. Un miembro del decimosexto batallón con sede en el Bijagual, municipio de Juticalpa, departamento de Olancho,  fue capturado por los miembros del Partido Libertad y Refundación cuando andaba infiltrado en las actividades de ese instituto político en aquella zona del país. Se trata de Mario Daniel Guevara, un militar activo […]

Origen: Identifican militar infiltrado en resistencia de Olancho – CRITERIO

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State Department Faces Questioning over U.S. Military Aid to Honduras

In news on Honduras, questions are mounting about the legality of U.S. military funding to Honduras, following allegations by a former Honduran soldier that murdered environmentalist Berta Cáceres appeared on a hit list distributed to U.S.-trained special forces before her assassination. First Sergeant Rodrigo Cruz told The Guardian he is “100% certain that Berta Cáceres was killed by the army.” State Department Press Secretary John Kirby responded to questions Wednesday about the new reports.

John Kirby: “We’ve seen media reports alleging the existence of a Honduran activist hit list, as you’ve described it.”

Reporter: “Sure.”

John Kirby: “The U.S. government has not previously heard any credible allegation of hit lists, of deaths ordered by the military, and we do not have any information which would substantiate this report.”

Reporter: “You have not? You have not heard of these kill lists?”

John Kirby: “I think that’s what I just said. We don’t have—”

Reporter: “OK.”

John Kirby: “We haven’t heard of any credible allegation of hit lists, of deaths.”

Reporter: “I mean, since—”

John Kirby: “And we do have any information that would substantiate this report.”

Reporter: “One human rights professor called this ‘smoking-gun evidence.’ If this isn’t credible, what is credible evidence on the level you’re talking about?”

John Kirby: “We haven’t seen, in our view, credible evidence to back up these allegations. If we do, we’ll take it seriously.”

Georgia Representative Hank Johnson has introduced a bill to stop all U.S. military funding to Honduras.

Origen: http://www.democracynow.org/2016/6/23/headlines/state_department_faces_questioning_over_us_military_aid_to_honduras

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Berta Cáceres’s name was on Honduran military hitlist, says former soldier

A unit trained by US special forces was ordered to kill the environmental activist who was slain in March, according to an ex-member who now fears for his life.

Berta Cacéres, the murdered environmental campaigner, appeared on a hitlist distributed to US-trained special forces units of the Honduran military months before her death, a former soldier has claimed.

Lists featuring the names and photographs of dozens of social and environmental activists were given to two elite units, with orders to eliminate each target, according to First Sergeant Rodrigo Cruz, 20.

Cruz’s unit commander, a 24-year-old lieutenant, deserted rather than comply with the order. Cruz – who asked to be identified by a pseudonym for fear of reprisal – followed suit, and fled to a neighbouring country. Several other members of the unit have disappeared and are feared dead.

“If I went home, they’d kill me. Ten of my former colleagues are missing. I’m 100% certain that Berta Cáceres was killed by the army,” Cruz told the Guardian.

Cáceres, an indigenous Lenca leader who won the prestigious Goldman Environmental Prize in 2015 for a campaign against the Agua Zarca hydroelectric dam, was shot dead in her home in March. Before her murder, she had reported 33 death threats linked to the campaign and had warned international human rights delegates that her name was on a hitlist.

Berta Cáceres campaigned to preserve her people’s environment, threatened by a hydroelectric project.
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 Berta Cáceres campaigned to preserve her people’s environment, threatened by a hydroelectric project. Photograph: Tim Russo

According to Cruz, Cáceres’s name appeared on a list given to a military police unit in the Inter-institutional Security Force (Fusina), which last summer received training from 300 US marines and FBI agents.

Five men have been arrested for her murder, including Maj Mariano Díaz Chávez, an active-duty major in the Honduran army. Díaz had previously participated in joint US-Honduran military operations in Iraq, and is reported by local media to be a graduate of the elite Tesón special operations course which is partly taught by US special forcesDiaz was a military police instructor when arrested, but has since been given a dishonourable discharge.

Annie Bird, director of the group Rights and Ecology which documents human rights abuses in Honduras, said: “Cruz’s testimony suggests death squads are targeting political opposition, but the justice system is so broken, and directly controlled by figures implicated in corruption, that there is no one [in Honduras] who can credibly investigate.”

The Guardian interviewed Cruz several times by telephone and video call, and spoke with several people – academics, community leaders and activists – who have interviewed Cruz and confirmed his identity and military background.

Cruz enlisted in the army in December 2014, and after three months of basic training, was transferred to the 7th Battalion of the military police, which was created in 2013 to replace a civilian police force mired in allegations of corruption and abuse.

He completed two gruelling specialist training camps, including the Tesón course, where he received instruction from foreign military advisers including Americans, Colombians and instructors who spoke a foreign language which Cruz could not identify. Last year, the Tesón course became the subject of intense controversy when footage emerged showing a trainee being forced to eat the head of a dog.

During his training, Cruz was hospitalized twice with dehydration, but he completed the course and in October last year, Cruz and 15 other men from his battalion were picked to serve in the Xatruch taskforce – one of two multi-agency forces in Honduras deployed on specialist counter-narcotics and anti-gang operations.

https://interactive.guim.co.uk/embed/2016/06/honduras-map/

The Xatruch force covers the Caribbean coast, which has become an important way station for drug cartels smuggling cocaine from South America to the US. The second taskforce, Fusina, operates nationwide.

In mid-December, Cruz’s commander gathered his subordinates after a Tuesday evening football match and showed them several sheets of paper with names, photographs, addresses and phone numbers of each target. One list was assigned to their unit; the second to a similar unit in Fusina.

“The lieutenant said he wasn’t willing to go through with the order as the targets were decent people, fighting for their communities. He said the order came from the joint chiefs of staff [and] he was under pressure from the Xatruch commander to comply,” Cruz said.

A few days later, the lieutenant left the base and has not been seen since.

It was not the first time Cruz had seen the lists. A few weeks earlier in Punta Piedra, a town on the Caribbean coast, similar sheets of paper had fallen out of his commander’s vest in the jeep which Cruz drove.

“I only had them in my hand for 20 or 30 seconds but I recognised some faces as leaders from the Bajo Aguán [region]. I didn’t say anything,” Cruz said.

The Bajo Aguán region – where the Xatruch taskforce is based – has been the setting for a string of violent land disputes between powerful palm oil magnates and local farmers. More than 100 people, mainly peasant activists, have been killed, many at the hands of state or private security forces.

Among the names on the hitlist seen by Cruz was that of Juan Galindo, an activist who had fled the region after receiving threats, but was murdered in November 2014 after returning home from exile to visit his sick mother.

Cruz also recognised Johnny Rivas and Vitalino Álvarez, high-profile members of the United Peasant Movement (Muca). Both men were among 123 activists in the Bajo Aguán named by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) in 2014 as requiring urgent protective measures.

Peasant activist Vitalino Álvarez: ‘The rumours are I’m now top of that list.’
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 Peasant activist Vitalino Álvarez: ‘The rumours are I’m now top of that list.’ Photograph: Orlando Sierra/AFP/Getty Images

Álvarez, 52, who has survived four assassination attempts since 2010, said: “There’s been a systematic strategy to eliminate the most belligerent social leaders. Since they killed Berta, the rumours are I’m now top of that list.”

Human rights groups have condemned US support for Honduran security forces amid mounting evidence implicating police and military in systematic abuses. In April, activists warned Congress that death squads were targeting opposition activists, much like they did during the “dirty war” in the 1980s.

The US has given Honduras an estimated $200m in police and military aid since 2010 as part of its efforts to stem organised crime and undocumented migration, according to defence and state department figures. In addition, Honduras shares the $750m Alliance for Prosperity fund approved by Congress last year for Central America’s violent Northern Triangle.

Both aid packages include human rights conditions, but neither has been restricted, even though the state department’s most recent human rights reportsays that “unlawful and arbitrary killings and other criminal activities by members of the security forces” remain one of the country’s most serious problems.

Neither the Honduran defence ministry nor the US state department responded to repeated requests for comment by the Guardian.

After Cruz’s lieutenant deserted in mid-December, the other members of his unit were redeployed separately. Cruz worked for about 10 days with the commander of the Xatruch taskforce.

During this brief deployment, Cruz said he was woken up in the middle of the night to transport black plastic bags to the River Tocoa, in Bajo Aguán, where colleagues emptied out human remains over the bridge.

He also described seeing a “torture room” near a military installation in the town of Bonito Oriental. “I didn’t see anyone but there was fresh blood, a hammer, nails, a chain and pliers in the room.”

Shortly afterwards, Cruz and his colleagues were all sent on extended leave. Now increasingly anxious for his own safety, Cruz fled, crossing the border illegally as his identification documents were still with the army. He is now in hiding and his family have reported that military policemen have questioned their neighbours over his whereabouts.

Lauren Carasik, director of the International Human Rights Clinic at Western New England University, said the US must stop turning a blind eye to the lawlessness.

“This is disturbing smoking-gun evidence which reinforces calls that the US must withdraw military aid from Honduras where there’s been a bloodbath since the 2009 coup.”

Violence in Honduras increased dramatically after a military-backed coup in July 2009 forced President Manuel Zelaya from power. Environmental campaigners bore the brunt of the repression after the new rightwing government licensed hundreds of mega-projects, including mines and hydroelectric dams in environmentally sensitive areas. At least 109 activists were murdered between 2010 and 2015, making Honduras one of the world’s most dangerous countries for environmental defenders.

A growing number of US politicians have expressed concern over the situation.

In August 2015, 21 members of Congress wrote to the secretary of state, John Kerry, raising specific concerns about US support for Fusina, which has repeatedly been accused of human rights violations.

Last week, the Berta Cáceres Human Rights Act in Honduras – which would suspend US security assistance until human rights violations by security forces cease – was introduced to Congress by Representative Hank Johnson.

“We provide millions of dollars in security assistance to Honduras but these same forces have been found to attack and kill environmental, labour and human rights activists like Cáceres without any effective response from the authorities,” said Johnson.

Cáceres’s daughter, Bertita Zúñiga, said Cruz’s testimony strengthened the family’s calls for an independent international investigation to find the intellectual authors.

“This shows us that death squads are operating in the armed forces, which are being used to get rid of people opposing government plans. It shows us that human rights violations are state policy in Honduras.”

Origen: Berta Cáceres’s name was on Honduran military hitlist, says former soldier

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EXSOLDADO OPINA QUE BERTA CÁCERES FUE ASESINADA POR EXPERTOS

El militar Rodrigo Cruz revela que el nombre de Berta Cáceres estaba en una lista en la que figuraban datos personales, fotografías y direcciones de un grupo de activistas sociales medioambientales y que los militares hondureños tenían “ordenes específicas para eliminar a cada objetivo”.

Agencias / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El sargento primero Rodrigo Cruz, un exsoldado de las Fuerzas Especiales del Ejército del Honduras, ha confesado que su unidad recibió la orden de matar a varios dirigentes sociales en su país, entre ellos la luchadora ambientalista Berta Cáceres, según ha publicado ‘The Guardian’.

Esta declaración revela que el nombre de Cáceres estaba en una lista en la que figuraban datos personales, fotografías y direcciones de un grupo de activistas sociales medioambientales y que los militares hondureños tenían “ordenes específicas para eliminar a cada objetivo”.

Cruz avistó a Cáceres en esas órdenes meses antes de que la asesinaran y ha relatado que tanto el comandante de su unidad como sus lugartenientes han desaparecido, mientras que él huyó a un país vecino por temor a perder su vida.

El antiguo militar estima que sus compañeros han podido ser asesinados, debido a que “el teniente —el jefe de la unidad— declaró que no estaba dispuesto a seguir adelante con la orden, porque los objetivos eran gente decente que luchaba por sus comunidades”; días después, ese hombre “salió de la unidad y desapareció”.

Rodrigo Cruz, que vive en la clandestinidad, ha detallado que “10 de mis antiguos colegas están desaparecidos” y ha subrayado: “Estoy 100 % seguro de que Berta Cáceres fue asesinada por el Ejército”.

El relato del soldado Cruz indica que la lista fue entregada a una unidad de la Fuerza Interinstitucional de Seguridad (Fusina), a la cual 300 estadounidenses del Cuerpo de Marines y varios agentes del FBI entrenaron el pasado verano.

Esta denuncia trae a colación la experiencia del país centroamericano con los denominados ‘escuadrones de la muerte’, que operaron con total impunidad contra las fuerzas de izquierda en los años 80.

Rodrigo Cruz ha confirmado que no era la primera vez que veía una lista de objetivos porque semanas antes, cuando desempeñaba sus funciones en la localidad caribeña de Punta Piedra, durante “20 o 30 segundos” vio en el chaleco de un comandante “caras conocidas, como los líderes del Bajo Aguán”.

Annie Bird, representante de una ONG dedicada a documentar las violaciones de derechos humanos y ecología en Honduras y citada por ‘The Guardian’ en su reseña, ha asegurado que el relato del soldado Cruz sugiere que varios “‘escuadrones de la muerte’ apuntan a la oposición política de país”, como ocurrió en décadas pasadas.

Esta especialista ha explicado que la realidad de Honduras es complicada debido a que su sistema de Justicia “está roto” y a que hay muchas personas “directamente implicadas” en casos de corrupción, lo cual dificulta “investigar de manera creíble”.

Las fuerzas de seguridad de este país tienen dos unidades de élite para combatir el narcotráfico y a las bandas armadas criminales: Xatruch y Fusina, creada para acabar con las llamadas maras.

Bertita Zuñiga, la hija de la líder ambientalista fallecida, ha estimado que esta confesión del soldado Rodrigo Cruz confirma la petición de su familia para que la investigación sobre el asesinato de su madre la lleve a cabo una comisión internacional, con vistas a que tenga más opciones de encontrar a los autores.

Zuñiga ha estimado que “‘escuadrones de la muerte’ están operando en las Fuerzas Armadas” para “deshacerse de la oposición” y ha definido las constantes violaciones contra los activistas sociales de su país como “política de Estado”.

Por la muerte de Cáceres están detenidas cinco personas, entre ellas un mayor del Ejército llamado Mariano Díaz Chávez, que recibió entrenamiento especializado, estuvo de servicio en Irak y realizó maniobras conjuntas con Estados Unidos. (RT, The Guardian).

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1486-berta-caceres-fue-ejecutada-por-escuadrones-de-la-muerte-en-honduras

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Militares allanan clínica de suegro de Ana Jurka sin orden judicial

Origen: http://notibomba.com/militares-allanan-clinica-de-suegro-de-ana-jurka-sin-orden-judicial/

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Militares hondureños han asesinado al menos seis niños en los últimos seis meses, según Casa Alianza –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- Al menos seis menores entre jóvenes y niños de ambos sexos han sido asesinados por elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, durante los últimos seis meses, denunció este lunes Casa Alianza mediante un comunicado. La misiva precisa que tres de las seis muertes ocurrieron durante la semana recién pasada

y a la vez cuestiona las múltiples violaciones a los derechos humanos que comenten los uniformados, mientras cumplen tareas de seguridad, que han sido delegadas por el gobierno en sustitución de la Policía Nacional de orden civil.

CASA ALIANZA

En virtud de los abusos, Casa Alianza hace un llamado al gobierno que preside Juan Hernández, para que replanteé su estrategia militarista, ya que además de  cometer violaciones a los derechos humanos, es cara, ineficiente e ineficaz.

A continuación CRITERIO reproduce el comunicado
Casa Alianza Honduras, ante los asesinatos cometidos por las Fuerzas Armadas de Honduras:
A la ciudadanía, las organizaciones de sociedad civil y a la comunidad internacional, hace saber que:

  1. En los últimos seis meses, las Fuerzas Armadas de Honduras han asesinado al menos seis niñas, niños y jóvenes, tres de ellos durante la semana recién pasada.
    2. El 27 de diciembre, elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras asesinaron a dos jóvenes pertenecientes al pueblo garífuna en la comunidad de Iriona, departamento de Colón, así mismo, el 2 de enero, una joven fue asesinada por elementos de la Policía Militar del Orden Público en la Colonia Villa Franca del Distrito Central.
    3. Además, son reiteradas las denuncias de violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía por parte de elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, entre las que se señalan: torturas, violaciones sexuales y uso excesivo de la fuerza.
    4. El gobierno, a través de ambiguos comunicados y declaraciones de prensa, ha negado o minimizado este tipo de violaciones a los derechos humanos, siendo insensible ante el dolor de las víctimas y prestándose a arropar con un manto de impunidad a los perpetradores.

Ante estos hechos, Casa Alianza Honduras demanda:

  1. Al gobierno de la República, parar el asesinato de niñas, niños y jóvenes en el país.
    2. Al presidente de la República le reiteramos e insistimos, en aras del bienestar de la población, que haga un replanteamiento de su estrategia militarista, cara, ineficiente e ineficaz por una estrategia de seguridad humana; que contemple la recuperación pacífica de territorios mediante el involucramiento, la organización y participación de todos los sectores.
    3. Enfatizamos que es sistemática le evidencia de que el Ejército hondureño no está capacitado para relacionarse de manera armónica con la población, ya que su formación es para la defensa de la soberanía nacional y no para tener contacto directo con la ciudadanía. Al mismo tiempo instamos a dar eficiente cumplimiento al proceso de depuración policial.
    4. A las organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y de la cooperación internacional, instamos a unir voces para exigir el inmediato replanteamiento de esta estrategia de seguridad militarista que tanta muerte y dolor está dejando en la familia hondureña.
    Dado en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C a los cuatro días de enero del 2016

Origen: Militares hondureños han asesinado al menos seis niños en los últimos seis meses, según Casa Alianza –

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HONDURAS-PMSPH: Condena enérgicamente el asesinato de Garífunas y la represión de militares y del gobierno de Juan Orlando Hernández

Plataforma de los Movimientos Sociales y Populares de Honduras.
Comunicado
 
La Plataforma de los Movimientos Sociales y Populares de Honduras-PMSPH,  Condena enérgicamente  el asesinato  de Garífunas y la represión de militares y del gobierno de Juan Orlando Hernández, quien continua la política de exterminio y saqueo contra los pueblos indígenas y negros y contra el pueblo hondureño en general.
 
La PMSPH condena enérgicamente el asesinato de los hermanos Garífunas Joel Palacios Lino  (24 años) y Elvis Armando García (19 años) perpetrado por militares de la Fuerza  Naval hondureña en la zona de la barra de Iriona el día 27 de diciembre del presente año, los uniformados con plena impunidad, sin mediar palabra dispararon sus armas oficiales mientras los compañeros removían un vehículo atascado en la arena. El joven Joel Palacios perdió la vida inmediatamente y Elvis Armando García  también herido de gravedad, murió posteriormente en el hospital de La Ceiba. Aclaramos que nunca las víctimas dispararon contra los militares como lo han manifestado autoridades militares mediante un comunicado tratando de tergiversar la verdad ante un hecho criminal y detestable,  intentando repetir las campañas sucias como la que  hicieron  en el caso de la masacre de Ahuas  contra Miskitas y Miskitos en el 2014, con estas manipulaciones  buscan quitarse la responsabilidad no solo como militares asesinos sino quitarle la responsabilidad al gobierno de Honduras.  Dichos hechos se dan en un momento sumamente trascendental como es la condena al Estado de Honduras por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por violar derechos humanos y colectivos del Pueblo Garífuna específicamente por las demandas y casos de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra presentados por la OFRANEH, antecedente histórico que desnuda aún más  los gobiernos racistas y  plegados a los intereses de grandes capitales.
Lo anterior es parte de una serie de asesinatos, represión e impunidad que se ejerce  dentro de una estrategia estructurada y sostenida  de exterminio  de los pueblos indígenas y negros en Honduras que ha alcanzado solo en este mes de diciembre y  no solo  al Pueblo Garífuna sino nuevamente al Pueblo Lenca tras el asesinato del joven Javier Vásquez Benítez miembro de la organización MILPAH en Santa Elena, La Paz,  en fecha  21 de diciembre, también con amenazas contra miembros y miembras del COPINH que cuenta con una lista de más de 10 miembros asesinados, situación agravada en el sector de Río Blanco, Intibucá, a partir de la segunda arremetida  de la  empresa DESA con la imposición  del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca y la Alcaldía de San Francisco de Ojuera en Santa Bárbara, igualmente se ha arreciado el hostigamiento contra observadores internacionales que acompañan al COPINH; esta preocupante situación se expresa además en los ataques  agresivos y constantes contra el Pueblo Tolupan de San Francisco Locomapa en Yoro, pese a tener  medias cautelares otorgadas por la Comisión IDH.
Manifestamos igualmente, nuestra condena ante el secuestro temporal  del compañero   Wilmer Alexander Ramos Rivera (24) coordinador departamental del MADJ, en Arizona Atlántida por hombres fuertemente armados y encapuchados, hecho que amenaza gravemente su vida y pretenden arrebatarlo violentamente de su lucha contra la corrupción pública, por la defensa de los derechos humanos, como comunicador popular de Radio Dignidad  y por la defensa de ríos, bosque y minerales que empresas mercantiles  en contubernio con funcionarios de gobierno pretenden explotar ilegal e ilegítimamente en Atlántida.
La PMSPH exige justicia inmediata, real  y efectiva frente a  estos  aborrecibles e impunes crímenes  por la violencia estructural ejercida desde los sectores del poder y el gobierno de Juan Orlando Hernández. Exigimos la desmilitarización de nuestros territorios, así mismo el respeto al derecho a la vida, a los procesos en defensa de nuestros derechos colectivos, al derecho que tenemos a luchar por nuestros territorios y bienes comunes y de la naturaleza, a transitar y vivir con libertad sin temor a sufrir agresiones, asesinatos y racismo.
 
Honduras. 29  de diciembre del 2015.

Origen: http://copinhonduras.blogspot.it/2015/12/honduras-pmsph-condena-energicamente-el.html

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Asesinato de garífunas a manos de militares es catalogado como parte de exterminio del pueblo

Autoridades del Ministerio Público, presentaron hoy requerimiento fiscal para siete de los diez militares que participaron en tiroteo contra civiles en Iriona, Colón, donde fallecieron dos jóvenes garífunas. Ciudadanos del municipio han protestado después de los hechos para que retiren la presencia militar y denuncian que por mucho tiempo, estos miembros de la Fuerza Naval venían comportándose de forma violenta.

Fue la mañana del domingo 27 de diciembre, cuando dos carros express que viajaban de Iriona a Tocoa, Colón fueron interceptados por militares de la Fuerza Naval, quienes sin mediar palabra comenzaron a disparar. En los vehículos se trasladaban jóvenes y niños, resultando muertos Jostin Palacios de 24 años de edad y Elvis García de 19 años de edad.

Ciudadanos y ciudadanas de Iriona dicen sentirse indignados por el asesinato a manos de quienes prometieron velar por la seguridad del pueblo.

Las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado asegurando que lo que ocurrió en Iriona fue un enfrentamiento, aduciendo que hubo cruce de fuego por parte de las víctimas.

Por su parte, el director de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO), Celeo Casildo asegura que es indignante cómo las FFAA dicen que hubo cruce de fuego aun cuando no fue así. “Ellos mataron a gente inocente, civil”. Además informó que harán una denuncia formal contra estos militares.

Mirian Miranda, de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) asegura que esto es parte del exterminio contra el pueblo garífuna que ha traído a los militares a velar por el capital trasnacional que se quiere quedar con sus playas. Esta organización también se une a la denuncia formal contra los militares.

Juan Almendarez, del Centro de Tratamiento y Prevención de la tortura y similares (CPTRT), aduce que esto demuestra lo equivocada que está la política de seguridad promovida desde el gobierno, basada en la violencia de entes armados de seguridad del Estado que constantemente violan los derechos humanos. Además agregó que este fue un acto claro de racismo, ya que el pueblo garífuna siempre ha sido excluido y discriminado por las políticas de Estado.

Origen: Asesinato de garífunas a manos de militares es catalogado como parte de exterminio del pueblo

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En Iriona no hubo enfrentamiento, lo que hubo fue un ataque militar dice exalcalde

Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn

Arnulfo Mejía, ex alcalde de Iriona, Colón, dijo que lo sucedido en la barra del municipio de Iriona no fue ningún enfrentamiento, sino que fue un ataque por parte de los militares de la Fuerza Naval.

El vehículo donde se trasladaban los garífunas quedo lleno de perforaciones de las balas militares

El vehículo donde se trasladaban los garífunas quedó lleno de perforaciones de las balas militares

Mejía dijo que lo que sucedió fue que un vehículo de su propiedad se quedó atascado en la arena y entonces personas que venían en otro carro que pasaba por la zona, se aprestaron a ayudarles para empujar y sacar el que estaba “pegado” en la playa.

Todos los días los vehículos 4×4,  salen entre 4 y 4:30 de la mañana desde esas comunidades hacia la ciudad de Tocoa y otras ciudades del departamento de Colón.

De pronto aparecieron los militares que estaban escondidos en los matorrales y sin mediar palabra comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en la playa y destacó que entre los viajeros había hombres,  mujeres y niños que viajaban desde la comunidad de Sangrelaya para la ciudad de Toca.

Las personas viendo que es una playa descubierta y que no había donde refugiarse, se tiraron a la arena unos muchachos al ver que dos de sus compañeros de viaje habían caído, entraron en pánico y salieron corriendo para buscar refugio, pues vieron que estaban disparando a matar.

“El comunicado divulgado por el gobierno aseguraba que en ese momento pasaba una lancha supuestamente de los narco traficantes, puedo asegurar categóricamente que esto es falso”, dijo el exedil.

Mejía dijo que los jóvenes que se conducían en el vehículo no portan ni portaban armas y por lo tanto no iniciaron ni repelieron el ataque de los militares, “en ningún momento se le disparo a los miembros de las fuerzas armadas, ellos fueron quienes dispararon matando a estos muchachos”.

Los pobladores garifunas de los municipios de Iriona y Limón están enardecidos por la acciona militar

Los pobladores garífunas de los municipios de Iriona  están enardecidos por la acciona militar

El exalcalde dijo que el joven Justin Joel Palacios era su empleado y laboraba como ayudante en el vehículo que viaja a Tocoa por la orilla del mar,  ya que no tienen carreteras en sus comunidades.

“Joel Palacios tenía tan solo 24 años, era un joven lleno de vida, con futuro y deja dos niños de pan en mano”, relató el exalcalde.

“El pueblo garífuna es humilde, trabajador y no somos gente que ande metido en tráfico de drogas y los militares conocen bien a los narcotraficantes y como ejemplo citó que se busque cuantos garífunas han extraditado por narcotráfico o cuantos están en las cárceles por ese delito”, dijo Mejía

“Eso de decir que somos narcotraficantes es una burda y acostumbrada maniobra de la fuerza naval de Honduras para justificar sus asesinatos y sus descalabros en las comunidades garífunas y comienzan a decir que hubo enfrentamientos, como el caso de este domingo”, apuntó Mejía.

Esta fotografía muestra lo que estaba sucediendo en la playa donde un vehículo auxiliaba a otro

Esta fotografía muestra lo que estaba sucediendo en la playa donde un vehículo auxiliaba a otro

El exalcalde retó a las fuerzas armadas que presenten las armas con las cuales fueron atacados por los pobladores.

El exedil manifestó que ayer en horas de la tarde llegaron los personeros del ministerio público para hacer las investigaciones pertinentes y de acuerdo a lo expresado por el ex alcalde, nadie les manifestó que hubo enfrentamiento sino que fue un ataque de los militares a los viajeros.

Todo el pueblo de Iriona, indignados por las acciones de los militares, le metieron fuego a uno de los vehículos de los militares.

Mejía informó que ya inició los trámites en los organismos nacionales e internacionales para interponer las denuncias por este incidente y porque uno de los vehículos tiroteados es de su propiedad y era conducido por una de sus hijos y el joven Justin Joel Palacios era su empleado.

Origen: En Iriona no hubo enfrentamiento, lo que hubo fue un ataque militar dice exalcalde –

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Militares de la Fuerza Naval de Honduras asesinan a garífuna y hieren a otro

Una balacera propiciada por militares de la Fuerza Naval dejó como resultado el asesinato del joven garífuna Jostin Palacios Lino de 24 años y herido de bala en el costado derecho a Elvis García de 19 años, quien está en estado grave, en el hospital de Tocoa, Colón. El hecho ocurrió en la comunidad de Barra de Iriona, departamento de  Colón, según  informó la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), la mañana de este domingo 27 de diciembre de 2015.

En menos de un mes han ocurrido dos hechos violentas contra el pueblo garífuna. El 27 de noviembre de 2015, Vidal Leiva, defensor de derechos humanos líder de  OFRANEH fue objeto de un atentado a balazos por parte de sicarios, mientras se conducía a la ciudad de Trujillo. Recibió nueve disparos, de los cuales tres le impactaron en su cuerpo y dos de estos estuvieron a punto de liquidarlo al provocarle daños en un riñón y en el hígado respectivamente. Este acto ocurrió en el marco del juicio contra Randy Jorgensen, empresario canadiense,conocido como “El Rey del Porno”, quien está acusado de acaparar  tierras de los garífunas de la zona de Trujillo.

Asimismo es el segundo crimen en menos de ocho días contra las étnias en Honduras. El lunes  20 de diciembre recién pasado fue asesinado Javier Vásquez Benítez, miembro del  Movimiento Indígena Lenca de La paz, Honduras (MILPAH),cuyo cuerpo  fue encontrado en un barranco en el municipio de Santa Elena, departamento de La Paz.Su crimen se vincula por la defensa de los territorios en su comunidad contra la instalación de la Hidroeléctrica Los Encinos.

La discriminación, el racismo y el discurso de odio contra los pueblos originarios y negros en Honduras envuelve de luto constantemente a estos ciudadanos y ciudadanas hondureñas que tienen que resistir ante la violencia generada desde grupos poderosos y del propio Estado de Honduras.

Militares dispararon a mansalva contra garífunas

De acuerdo con la información que proporcionó el vicepresidente de OFRANEH, Alfredo López, el hecho ocurrió este día 27 de diciembre, cuando cerca de las 5:30 de la mañana, una caravana de vehículos de pobladores garífunas se trasladaba a las playas de este municipio y uno de los autos se atascó a la altura de la Barra de Iriona.

Mientras llegaron otros dos vehículos al rescate, una patrulla de la Fuerza Naval se acercó y sin mediar palabra los  militares comenzaron a disparar, lo que dejó como resultado la muerte de Palacios y la herida de bala a García.

“La Fuerza naval lo vino a dejar sin dar detalles y se fueron sin dar explicaciones” relataron familiares de García a un medio de comunicación de la ciudad de Tocoa, al referirse al joven herido.

Esta acción surge unos días después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, sentenciara al Estado hondureño como responsable de la violación de derechos de propiedad colectiva contra las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. En primera se pretendía instalar proyectos de inversión turística sin consulta previa a la comunidad, mientras que en la segunda existía un conflicto de tierras, donde el Instituto Nacional Agraria tenía pleno conocimiento de que eran tierras garífunas.

Militares argumentan que dispararon porque los confundieron con narcotraficantes

Como una forma para justificar el uso de las balas en contra de la población garífuna, el reporte que brinda OFRANEH es que los integrantes de la Fuerza Naval “los confundieron con narcotraficantes y que recibieron una información que existían movimiento de lanchas en la barra”.

La política de combate a las drogas ha dejado miles de muertos, entre ellos de garífunas y miskitos, en  la comunidad de Ahuás, en La Mosquitia hondureña,  en mayo de 2012, una emboscada dirigida por la Agencia Estadounidense de Antinarcóticos (DEA) dejó como resultados cuatro muertos,  Juana  Jakson Ambrosio, en estado de embaraz), Hasked  Brook Wood, menor de 14 años, Candelaria Prats Nelson, en estado de embarazo y Emerson Martínez. El gobierno de Estados Unidos ha tratado por todos los medios de proteger a sus agentes y tergiversado la realidad de los hechos ocurridos ese día, donde el ejército hondureño también tiene su cuota de responsabilidad.

“Nosotros no nos oponemos a que se combata este flagelo, pero con estas acciones se comprueba que la política de combate al narcotráfico ha sido un fracaso porque somos el pueblo inocente al que matan, al que combaten” condenó de forma enérgica López.

En ese sentido, comentó que él participará en la Caravana por la Paz que saldrá de Honduras, pasará por El Salvador, Guatemala  y México, hasta la ciudad de Nueva York , Estados Unidos, en donde se realizará la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas Sobre Drogas (UNGASS), en el mes de abril de 2016.La Caravana tiene como finalidad que se hagan escuchar las voces de las comunidades que han sufrido los embates de la mal direccionada política antidrogas en Centroamérica.

En el mes de octubre, bajo el auspicio de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, la Iniciativa Periodismo y Democracia y Global Exchange presentaron a diversos grupos de sociedad civil y organizaciones de derechos humanos los detalles de esta caravana, la cual está programada que salga en el mes de marzo de 2016.

Sobre la balacera de este día contra los garífunas no hay un pronunciamiento oficial de las Fuerzas Armadas lo que avizora otra crimen que quedará en la impunidad y los responsables continuarán en sus funciones como si no hubiera pasado nada.

Origen: Pasos de Animal Grande – Militares de la Fuerza Naval de Honduras asesinan a garífuna y hieren a otro

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Honduras: Militares matan a un hombre al confundirlo con narco

Una persona muerta y otra herida es el resultado de un tiroteo protagonizado por militares cuando confundieron a los ciudadanos con narcotraficantes.
El suceso se registró en Iriona, departamento de Colón, Honduras, durante un operativo de rutina.
Según datos preliminares, el incidente ocurrió cuando los ciudadanos intentaban cruzar la playa en una balsa.
Los militares creyeron que se trataba de narcotraficantes intentando trasladar droga, razón por la cual comenzaron a disparar.

En la balacera murió Joel Palacios (24), mientras que Elvis Armando García (19) recibió graves heridas de bala.

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El joven fue trasladado a un centro asistencial para su atención médica.

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Los ciudadanos exigieron justicia e informaron que en las próximas horas realizarán protestas.
Los militares están bajo custodia policial hasta que se investigue el caso.
http://www.latribuna.hn/2015/12/27/militares-matan-a-un-hombre-al-confundirlo-con-narco/

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2015/12/honduras-militares-matan-un-hombre-al.html

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Indignados denuncian que les impidieron llegar a Casa Presidencial para protestar

Alerta 218-15 | Honduras, viernes 18 de diciembre de 2015

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). El movimiento de Los Indignados denunció que un contingente militar y policial les impidió llegar hasta Casa Presidencial.

El movimiento de Los Indignados denunció que un contingente militar y policial les impidió llegar hasta Casa Presidencial.

Los manifestantes se movilizaron para celebrar por la expatriación del expresidente, Rafael Leonardo Callejas, sostuvo Noé García.

Como portavoz del Movimiento Indignados Unidos por Honduras, García señaló la noche del miércoles pasado que pretendían criticar el procedimiento de privilegios que tuvo el exmandatario durante su expatriación hacia Estados Unidos, por delitos de corrupción.

“Estamos celebrando y al mismo tiempo decepcionados de la justicia hondureña porque no hicieron nada en el caso de Callejas, nos sentimos decepcionados del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia”.

García hizo un llamado de auxilio a la comunidad internacional porque “los medios tarifados no están sacando la verdad, los medios a las 6:00 de la mañana dijeron que Callejas no se iba y a las 8:00 de la mañana, tomaba un avión para Estados Unidos. Hasta un avión privado se le dio”, dijo.

El pueblo no puede manifestarse. Cada vez que los ciudadanos se acercan a Casa Presidencial, es recibido con tanquetas, están cerrando negocios y están aplastando a la ciudadanía, expresó. En los alrededores de Casa Presidencial había un contingente militar con vallas impidiendo la circulación.

Entre los manifestantes también estaba el coronel y político, Carlos Andino Benítez, que llamó a la población a manifestarse pacíficamente en las calles para mostrar su indignación por la corrupción del sistema político.

Andino Benítez fue querellado penalmente y condenado por el sistema de justicia penal por denunciar irregularidades en empresas, administradas por el Instituto de Previsión Militar (IPM) que finalmente quebraron, según dijo el militar retirado.

Origen: Indignados denuncian que les impidieron llegar a Casa Presidencial para protestar

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COPINH: Tribunal dicta sentencia condenatoria a suboficial del Batallón de Ingenieros por homicidio simple contra Tomas García Domínguez!!

Jueves 10 de diciembre del 2015.–COPINH/ CASO TOMAS Y ALLAN GARCÍA, MIEMBROS DEL COPINH: Satisfacción parcial ante el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque: la sentencia condena al suboficial del Batallón de Ingenieros, Kevin Yasser Saravia, por homicidio simple contra Tomas García Domínguez, pena que va desde 15 a 20 años de prisión y ante la tentativa de homicidio contra la vida de Allan García fue absuelto, alegando que solo fueron “faltas” y que “no era su intención matarlo”, dándole una pena de 30 a 90 días de prisión. Toda esta acción represiva del Ejército fue defendiendo los intereses privados de DESA-PH Agua Zarca.
Pese a que todas las evidencias testificales, técnicas y científicas como el testimonio solido del joven Allan García quien hizo brillar aún más la verdad, los dictámenes de los peritos médicos forenses y especialistas en balística, las contradicciones y los obvios testimonios mentirosos de los militares de la defensa del suboficial que demostraron la intención clara de que el militar si tenía la intención de asesinar a los dos compañeros y que Tomas García nunca amenazo la integridad del militar, pese a que los mismos tres jueces de este tribunal han alegado que no discriminan y que tratan por igual queriendo disminuir las aseveraciones del abogado Víctor Fernández sobre los actos de racismo suscitados en este juicio contra los y las miembros indígenas, incluso contra los mismo Fiscales integrantes de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural que fueron amenazados por los militares de dicho batallón y contra el mismo compañero Víctor Fernández, han seguido dándole privilegio al militar Kevin Saravia mandándolo a prisión al 1er. Batallón de Infantería en Tegucigalpa.
Este juicio no está concluido, aun no hay una sentencia firme y la defensa del militar ha expresado su interés de presentar recursos de casación y trata de justificar el “buen comportamiento” del asesino militar que con saña mato, con un fusil de reglamento de alto poder destructivo y letal, a Tomas García y que luego, amparado en la impunidad que gozan los militares y grupos de poder, manifestó con absoluto desprecio a la vida de Allan García, antes de dispararle varias veces, que “es más fácil matarte a vos que a un perro”.
Para el 08 de enero del 2016, han sido convocadas las partes, a la 1.30 pm para desarrollar la audiencia de individualización de la pena.
En un comunicado posterior el COPINH estará dando mayores detalles y el significado de este juicio y fallo judicial.
El COPINH, recuerda el contexto en el que se dió este hecho violento contra la comunidad de Río Blanco, la imposición del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, que nuevamente arremete contra los derechos del Pueblo Lenca, con su segunda versión, basada en la misma concesión ilegal e ilegítima, violadora de los derechos e integridad del Pueblo y territorio Lenca, de sus hábitat funcionales, bienes comunes y de la naturaleza, del derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado y del Convenio 169 de la OIT.
También, nuestra organización reafirma su disposición inquebrantable de seguir en la defensa del sagrado Río Gualcarque, entregado a las inversiones privadas, particularmente a DESA (Desarrollos Energéticos SA) y demás capitales trasnacionales, con la complicidad de ministros y exministros de SERNA como José Antonio Galdámez y Rigoberto Cuellar, del congreso nacional y alcaldías como la de San Francisco de Ojuera encabezada por Raúl Pineda y las alcaldías de Intibucá y Zacapa. A todos estos los responsabilizamos también por las cuatro vidas indígenas destrozadas en Río Blanco, por los vejámenes contra nuestro Pueblo y con esta nueva agresión que representa la llegada, desde hace tres meses, de DESA-PH Agua Zarca sobre el Río Gualcarque.
¡Tomas García vive! ¡la lucha sigue! ¡la sangre de nuestros mártires, riega y cultiva mas nuestras resistencias!
COPINH- Dado en Siguatepeque-Honduras.

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