Con “Chamba Digna” las personas privadas de libertad vivirían mejor

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Acusando un inexplicable desconocimiento de la Ley del Sistema Penitenciario, de su Reglamento General y de la Política Penitenciaria mecanismos ya aprobados, pero no implementados; el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional una iniciativa que debe ser analizada desde la preocupación de un Poder del Estado interesado en “tranquilizar” a la sociedad hondureña presa del miedo a la delincuencia de todo tipo y que nos mantiene con las más altas tasas de homicidios en el mundo.
El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura (CPTRT) recordó a los diputados hondureños, en un comunicado divulgado esta semana, que “existe suficiente normativa nacional saber el trabajo de las personas privadas de libertad la cual puede ser revisada en la sección VII, Artículos del 75 al 82 de la Ley del Sistema Penitenciario”.
De igual manera, destacaron como “fundamental” lo establecido en el Art.75 No. 2 y 3 sobre el trabajo penitenciario, que ya establece que el mismo “no ser denigrante ni forzado”, y que debe “tener carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales, con el fin de preparar y capacitar a la persona interna para desempeñarse en la vida ciudadana”.
Por otra parte, el CPTRT recomendó que a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso se un acercamiento a las cárceles para conocer mediante consultas a los privados de libertad cual es la voluntad que tienen para aceptar la realización de un trabajo en los términos establecidos por la Ley del Sistema Penitenciario. “Tendrían la oportunidad de conocer las actividades productivas que realizan y verían la triste realidad existente, pues por parte del Estado no hay disponible ni un destornillador para pensar en instalar un taller de capacitación para carpinteros, esto como ejemplo”, apuntaron.
A criterio de la organización defensora de derechos humanos “un desafío para el Congreso seria la búsqueda de por lo menos 500 millones de lempiras, necesarios para impulsar la implementación de un programa de trabajo digno en las cárceles.  Con “chamba digna” todos/as vivimos mejor”.
Segundo debate
Se espera que Congreso Nacional aprobará esta semana, en su segundo debate, el decreto que contiene la denominada “Ley Pica Piedra” o “Ley de Trabajo Obligatorio para Personas Privadas de Libertad y Ley del Régimen y de Permanencia para los Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad”.
El dictamen de la controversial normativa establece que dicho el trabajo “beneficia a la sociedad con obras sociales y de infraestructura, pero también al reo porque se generarán ingresos para su alimentación y se les capacitará en oficios.  Algunos de los trabajos que harán será fabricar pupitres para niños de escuelas públicas, o reparación de caminos rurales, entre otros”.
Según los promotores de la Ley se “tiene como finalidad organizar y ejecutar el trabajo que deberán ejercer las personas privadas de libertad como parte de los procesos de rehabilitación, readaptación social y terapia ocupacional sin hacer diferencias de tratos fundados en prejuicios y estigmas principalmente por razones de raza, color, orientación sexual, identidad de género, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión de origen nacional o social. Otro objetivo es establecer un sistema especial de permanencia de los reos de alta peligrosidad y agresividad en cárceles de máxima seguridad” y de “cooperar con los gastos de alimentación de los privados de libertad, evitar la violencia interna, reducir los índices de criminalidad que se planifican desde el interior de los centros penales”.
Restricciones
La iniciativa también contempla varias restricciones para los reos de alta peligrosidad y agresividad como recibir solamente una hora de sol al día y la prohibición para recibir visitas conyugales, éstos deberán portar una vestimenta especial señalada por el consejo directivo que también establecerá el tiempo que esos privados de libertad deberán permanecer en las cárceles de máxima seguridad del Instituto Penitenciario.
El régimen de trabajo para los privados de libertad deberá implementarse en todos los establecimientos penitenciarios y deberá tener una duración de mil 400 horas de trabajo como mínimo por cada privado de libertad y abarca todas las actividades relativas al trabajo de obras públicas dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios bajo la modalidad que permitan las características de cada centro carcelario.
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