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Ana Mirian Romero: rostro y voz de lucha

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Reclaman que ex alto funcionario vaya a la cárcel por haber autorizado represa Agua Zarca

TEGUCIGALPA, HONDURAS El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), exigió hoy que se aplique todo el peso de la ley al ex subsecretario de Recursos Naturales, Jon…

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Posponen y reprograman la Audiencia Preliminar para ex viceministro de la SERNA por Caso Agua Zarca

Un juez con jurisdicción nacional pospusó y reprogramo la Audiencia Preliminar para ex viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA),Marco Jonathan Laínez Ordóñez, quien es señalado por el Ministerio Publico (MP) por haber otorgado ilegalmente la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ubicado sobre el Río Gualcarque, territorio del pueblo indígena Lenca. La Audiencia se reprogramo para el próximo 8 de septiembre del año en curso, informaron autoridades de los juzgados.

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Aurora II: A audiencia el funcionario que firmó Licencia Ambiental

El Juzgado de Letras de lo Penal señaló para el próximo 25 de agosto la Audiencia en contra de un funcionario de SERNA.

TEGUCIGALPA. La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural conoció hoy que el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán señaló para el próximo 25 de agosto la Audiencia de Declaración de Imputado en contra del exviceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Marco Jonathan Laínez Ordóñez.
A él se le acusa por el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Publica y la Comunidad Indígena Lenca de Guajiquiro en el departamento de la Paz.
En este caso, el 22 de julio pasado, el Ministerio Público acusó a Laínez Ordóñez por autorizar otra licencia ambiental para la ejecución de un proyecto hidroeléctrico denominado Aurora II, sin que éste fuera objeto del proceso de consulta libre, previa e informada, tal y como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
De acuerdo a la fiscalía, el  proyecto sería construido dentro de los territorios ancestrales Lencas, específicamente en las comunidades aledañas al Río Palagua.
Cabe resaltar, que los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de la OIT, establecen la obligatoriedad que tiene el Estado de realizar la consulta a los pueblos indígenas siempre que se prevea la realización de cualquier proyecto nacional o regional que afecte a las comunidades en las que habitan, sin embargo, Laínez Ordóñez firmó la Licencia Ambiental (enero del 2011), a la empresa Inversiones Aurora S.A. de C.V., propietaria del proyecto hidroeléctrico.
El delito de Abuso de Autoridad se consigna en el artículo 349, numeral 2, del Código Penal vigente y tiene una pena que va de tres a seis años de cárcel, más la Inhabilitación Especial por el doble del tiempo que dure la reclusión.
Como se recordará, en un primer proceso penal, el pasado 15 de junio, se confirmó por parte de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán el Auto de Formal Procesamiento contra Marco Jonathan Laínez Ordoñez, luego de haber otorgado la Licencia Ambiental del proyecto Agua Zarca sobre el Río Gualcarque, en otra zona del pueblo indígena Lenca, siendo un caso similar y por el mismo delito que se le imputa actualmente.

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Honduras: Congreso Nacional legalizó exterminio silencioso de recursos naturales

En seis años el Congreso Nacional de Honduras aprobó la plataforma legal que permite el exterminio silencioso de los recursos naturales en el país, otorgando de forma arbitraria áreas protegidas y territorialidades indígenas.

Así lo comprueba el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), una de las organizaciones de apoyo comunitario que realiza análisis sobre el impacto ambiental que genera el extractivismo desmedido de los recursos naturales.
Una de las empresas que se menciona como protagonista de la encarnizada posesión de recursos de las comunidades es Inversiones La Auroras, S.A. de C.V. – LAINSA administrada por Arnol Castro, esposo de la diputada por el departamento de La Paz, vicepresidenta del Congreso Nacional y presidenta del Partido Nacional, Gladys Aurora López.
Las comunidades afectadas que han denunciado una atroz persecusión contra campesinas y campesinos lencas que defienden sus tierras, ríos y vegetación son Santa Elena, San José, Marcala, Opatoro, Tutule, Santa María, Guajiquiro, Aguacatal, Granadillas, Zapotal, Linderos, Montañas El Jicarito, Chinacla, San Pedro.
López tiene  represa en Santa Elena (comunidades de El Potrero, Nazario y Jocotillo) esta afecta a 120 familias indígenas y el aprovechamiento de las aguas del rio Zapotal por la empresa.
El pueblo indigena del municipio de San José en las afueras
de los tribunales capitalinos. Foto: Proceso.hn
Historia
En el municipio de San José se está construyendo la hidroeléctrica “Aurora” sin consulta previa a las comunidades indígenas, según denuncias lo que hacen es confabularse con algunos alcaldes, realizan cabildos abiertos en donde participan personas que no son originarias del lugar.
En el año 2010 la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE),  cedió permisos por un periodo de 30 años para la construcción del proyecto.
En este mismo año se dieron 40 contratos a empresas privadas para generación de energía y autorizaron la construcción de represas hidroeléctricas. 21 proyectos en territorios indígenas Lencas, Pech, Tawahka, Misquita, tolupan.
Legislación
La influyente política del partido en el poder también fue diputada en el periodo 2010-2013 y su continuidad 2014-2017 lo que otorga vicios de iligalidad  las concesiones que le han otorgado a su empresa por tener condición de funcionaria.
En los siete meses del gobierno de facto de Roberto Micheletti Bain le otorgaron la licencia ambiental.
Mediante el decreto 233-2010 se derogó el decreto ministerial que prohibía proyectos en áreas protegidas en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. En este periodo 2010-2013 se aprobaron leyes que favorecieron concesiones de ríos, construcción de represas, explotación de minería, explotación de hidrocarburos y las ciudades modelos.
Además se reformó en 2009 la Ley General de Aguas que promueve el concesionamiento de aguas a terceros y 40 contratos a empresas privadas.
La Ley General de minería decreto 32-2013 se permite la estabilidad jurídica para empresas que explotan minerales sin importar los derechos fundamentales, por ende existen empresas mineras que utilizan el agua dentro y fuera de la concesión.
En el tema de zonas de exclusión la Ley deja sin protección el 90% de áreas protegidas, esto es las zonas productoras de aguas y las reservas naturales.

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Comunicado M4 ante el vil asesinato del compañero del Movimiento Indígena Lenca de la Paz de Honduras, MILPAH

logo-m4-nuevo

 

Ante la opinión pública nacional e internacional desde el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4 sección Honduras- expresamos:

El compañero JUAN FRANCISCO MARTINEZ pertenecía al Movimiento Indígena Lenca de la Paz de Honduras, MILPAH, integrantes del Movimiento M4.

Días pasados el compañero fue encontrado muerto, atado de una de sus manos con cordones de botas militares y presentando punzonasos en su pecho, al lado del corazón.

Repudiamos este acto de violencia en contra de un defensor de los bienes naturales en su región. Juan Francisco era una persona trabajadora y comprometida con gran liderazgo dentro de la organización a la cual pertenecía.

Desde el Movimiento M4 condenamos este aberrante hecho y exigimos al Ministerio Público y a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) realizar todas las acciones necesarias para que se investigue a los asesinos de nuestro compañero.

Nos solidarizamos la familia del compañero Martinez y con MILPAH, CONROA y CEHPRODEC. Convocamos a la solidaridad nacional e internacional para exigir el esclarecimiento de este crimen.

A los 8 días del mes de enero, Honduras, Centroamérica

Movimiento Mesoamericano
contra el Modelo extractivo Minero(M4)

Fuente: http://movimientom4.org/2015/01/comunicado-m4-ante-el-vil-asesinato-del-companero-del-movimiento-indigena-lenca-de-la-paz-de-honduras-milpah/

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¿Porque asesinar a Juan Francisco?

2015-01-07

Honduras

Crimen contra Agroecología

Juan Almendares

Clasificado en: Politica, DerechosHumanos, Social, MedioAmbiente, Violencia, Agro,
Disponible en:   Español       

 

 

Cuando el poder de un pueblo está representado por el pueblo mismo, el Gobierno constituido y constituyente defiende la tierra de los indígenas, campesinos y pobladoras porque ellos y ellas son el alma y corazón de los derechos humanos y planetarios
El cinco de enero de 2015 fue encontrado asesinado en la comunidad de Tapuyman en el municipio de Santa Elena, La Paz, Honduras   el compañero Juan Francisco Martínez, miembro del Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz (MILPAH.)
Juan Francisco, había sufrido en forma inconmensurable a consecuencia del asesinato de su hijo en julio del 2014 y por ser objeto de represión como agroecólogo y defensor los derechos de la Madre Tierra.
El héroe y mártir hondureño realizó un trabajo hermoso de preservación de la biodiversidad a través de la agroecología.   Contribuyó a la salud de las comunidades y del bosque ahora destruido en Honduras por las represas, el modelo extractivo minero y el asalto a los territorios mediante las políticas de las Zonas Especiales del Desarrollo y por los perversos intereses del capital transnacional.
 Las violaciones de los derechos contra la Madre Tierra y la Agroecología son actos que deberían ser considerados crímenes de lesa humanidad. Sin embargo estas agresiones han sido minimizadas en las convenciones y tratados internacionales; o se han tornado invisibles o enmascarados por las leyes creadas por el poder.
 La violación a los derechos humanos y planetarios   ocurren con los desalojos brutales y sangrientos de los territorios al obligar en forma humillante a emigrar a   las poblaciones indígenas, campesinos y de pobladoras a zonas infrahumanos o a sufrir las consecuencias de las políticas racistas de los países ricos.
El crimen del desalojo de los territorios garantiza el poder de acumulación económica de la oligarquía local articulada al capital financiero transnacional.
 El objetivo inmediato y estratégico de este asesinato es desencadenar el terror, tortura y trauma contra la organización MILPAH y desalojar a los indígenas de sus tierras.
 En nuestra calidad de miembros del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) condenamos este horrendo crimen, nos solidarizamos con MILPAH, CONROA y CEHPRODEC y abogamos por la solidaridad nacional e internacional.
 Tegucigalpa 6 de enero 2015

Fuente: http://alainet.org/active/79850&lang=es

 

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Honduras: Juan Francisco Martínez, miembro de MILPAH encontrado muerto en La Paz.

martes, 6 de enero de 2015

A la comunidad Internacional hacemos saber que:

El pasado Lunes cinco de enero del 2015, fue encontrado asesinado el compañero JUAN FRANCISCO MARTINEZ miembro del Movimiento Indígena Lenca de la Paz , que a su vez pertenece a la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (CONROA) y que Coordina CEHPRODEC
Informes de última hora dicen que el compañero Juan Francisco Martínez está siendo autopsiado en la morgue de Tegucigalpa, parece que al encontrarlo se encontraba atado de una de sus manos con cordones de botas militares y presentaba punzonasos en su pecho, al lado del corazón. Al compañero Martínez le habían asesinado un hijo en Julio pasado por lo cual parece ser que hay personas detenidas quienes en venganza pudieran haber actuado. No obstante lo anterior también se baraja la posibilidad de que la muerte de Juan Francisco se encuentre relacionada con un pleito por tierras con un grupo de la Central de Cafetaleros que es apoyado por el alcalde de Santa Elena, Victor Ventura, quien abiertamente ha declarado ser contrario a las acciones de MILPAH. El Alcalde Ventura se encuentra apoyando la construcción de una represa para producción hidroeléctrica propiedad de la familia de Gladys Aurora López, diputada nacionalista y vice presidenta del congreso de la república.

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Indígenas de La Paz defienden sus bienes naturales y cultura en medio de amenazas

Nov 07, 2014

*Entrevista con Líder comunitario

Con su hijo cargando en la espalda y una cubeta bien colocada en la cabeza, así van las mujeres lencas de las comunidades más empobrecidas en San José, La Paz a buscar agua limpia. Desde que comenzó la construcción del megaproyecto “La Aurora”, el río del que sacaban agua para el uso y consumo diario, se ha ido secando y ensuciando según cuentan pobladoras de este municipio.

La realidad, históricamente ha golpeado fuerte a las pobladoras y pobladores de la zona de la sierra en el departamento de La Paz. Mayoría indígenas, mayoría empobrecida. Y desde 2010, los municipios en la Sierra de este departamento mayormente indígena: Santa Elena, San José, Marcala, Opatoro, Tutule, Santa María y Guajiquiro; se sienten amenazados por concesiones hidroeléctricas y mineras.

Lea aprobación de concesiones hidroeléctricas aquí. 

En estas comunidades sigue siendo un sueño tener servicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, etc. Y en medio de estas necesidades, empresarios que pretenden instalar represas sobre el río Chinacla,  comenzaron prometiendo estos proyectos, sin embargo ahora que tienen todo arreglado con las autoridades nacionales y municipales, se olvidaron de esa promesa.

Pero el olvido no fue involuntario. Estas comunidades se oponen al proyecto hidroeléctrico. Se oponen a que no se les escuche y se les margine, aun cuando son los dueños ancestrales de esas tierras y aguas.

Lea compromiso del Estado para titular tierras ancestrales a comunidades indígenas en La Paz aquí

Martín Gómez, líder del Movimiento Indígena Independiente de La Paz (Milpa) que nació en 2010, a consecuencia de la concesión de ríos y minerales en este departamento, asegura que el pueblo lenca se ha sentido indefenso por mucho tiempo y hoy lideran una estrategia de recuperación de tierras, de bienes naturales y de su cultura violentada por el occidentalismo.

“Hemos venido realizando consultas, cabildos abiertos, reuniones, pronunciamientos, estamos exigiendo el respeto al convenio 169 de la OIT porque no se nos consulta si estamos de acuerdo con los proyectos o no. Desde ese entonces hemos venido haciendo actividades para tratar que el alcalde del pueblo de Santa Elena, actualmente Víctor Ventura Vásquez, junto con el empresario de la hidroeléctrica nos dejen en paz, pero ha sido difícil porque el alcalde dice que el proyecto va aunque no estemos de acuerdo”, cuenta Martín.

San José no es el único municipio con las máquinas acechando, Santa Elena está en la mira.

Según ha denunciado públicamente el movimiento Milpa, desde la municipalidad y con ayuda de la Policía Nacional, se ha comenzado un proceso de levantar perfiles y armar un expediente para acusarlos por sedición y traición a la patria. Una réplica de lo que sucedió con el pueblo indígena en San Francisco de Opalaca cuando no reconocieron el resultado de las elecciones municipales en 2013. También esta organización impulsa un proceso de Consejo Indígena, que es como un autogobierno prescindiendo del gobierno municipal.

Empresa con poder

Martín asegura que la empresa Inversiones La Aurora SA de CV, es propiedad de Arnol Castro, esposo de la vicepresidenta el Congreso Nacional, Gladys Aurora López, diputada del partido Nacional. A ambos se les ha visto en las comunidades donde actualmente quieren comenzar otra de las represas en el plan de concesionamiento.

En Santa Elena, La Paz; este proyecto está detenido por la oposición de la gente, pero en San José, ha avanzado.

La represa en Santa Elena desplazaría tres comunidades: El Potrero, El Nazario y el Jocotillo; alrededor de 120 familias, asegura Gómez.

“En esto hasta los administradores de la municipalidad están interesados,” cuenta Martín, quien ha representado un pueblo bravo en esta lucha.

El año pasado, las comunidades opositoras realizaron una toma de control territorial en la comunidad de Azacualpa. Sesenta días en los que lograron el retiro de la empresa que ya trabajaba en el estudio de factibilidad. Ese estudio se pretende realizar actualmente y para lograr esto, la comuna convocó a un cabildo abierto para su aprobación.

Este cabildo convocado para el 6 de octubre revivió el conflicto con mayor fuerza. Gómez cuenta que la gente no se movilizó para el cabildo porque se invitó mayormente a personas que no eran de las comunidades y afines al gobierno local.

“El proyecto está en suspenso porque se están llevando trámites legales en la Fiscalía de etnias y la SERNA (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente). Ellos han sido bien abusivos viniendo a meterse por las noches a la comunidad. La gente se da cuenta y escucha lo que hablan en la comunidad sobre planes, amenazas y el proyecto. El 6 de octubre hubo un cabildo abierto sobre el estudio de factibilidad y el pueblo de Santa Elena no salió al cabildo abierto, sin embargo estamos poniendo un escrito ante la fiscalía para decir que este proyecto y el cabildo abierto son ilegales por no realizarse con la gente afectada”, contó Gómez.

Capturas

Al momento que se estaba realizando una caminata y un posterior plantón frente a la municipalidad de Santa Elena el 3 de noviembre, el líder indígena Calixto Vásquez fue capturado por la Policía Preventiva llevándolo al municipio vecino de Yarula, donde el resto de sus compañeros lograron su liberación. Gómez comenta que ese día, la municipalidad y sus alrededores estaba militarizada, así como pasan los territorios donde la empresa ha comenzado a trabajar.

“Mientras sale la sentencia en la demanda por declarar ilegal el cabildo abierto que aprobó el estudio de factibilidad en Santa Elena, estamos viviendo mucha represión aunque tenemos la esperanza de que esto mantenga parado el proyecto”, explicó Gómez.

Gómez informó que el Centro de Prevención y Tratamiento de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (Cptrt) está asesorando a Milpa para presentar una denuncia internacional en caso de realizarse este megaproyecto que comprende las represas: Aurora I, Aurora II, Aurora III sobre el río Chinacla en contra de la voluntad del pueblo indígena radica en sus riberas.

Convenio OIT

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Honduras, ha sido la justificación legal más importante del movimiento indígena contra la instalación de la gran industria extractivista en sus comunidades, porque ésta ha sido inconsulta en la mayoría de casos.

Lea además: Indígenas luchan contra colonización del siglo XXI

El espíritu de la consulta y la participación constituye la piedra angular del Convenio 169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.

Los principios de consulta y participación en el Convenio núm. 169 no se relacionan únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias de gobernanza, y la participación de los pueblos indígenas y tribales en la vida pública.

En su artículo 6, el Convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los pueblos indígenas y tribales:

•La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, debuena fe, y a través de sus instituciones representativas;

•Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente;

•Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.

El Convenio también especifica circunstancias individuales en las que la consulta a los pueblos indígenas y tribales es obligatoria.

“Tenemos derechos a los bienes comunes: el agua, la tierra, la madera, los minerales. Nuestros derechos indígenas nos dice que son nuestros, y al ser nuestros los primeros que tenemos que saber qué se quiere hacer con esos recursos y ser informados de todos los procesos, somos nosotros.  Con estos proyectos, a pesar de todas sus promesas solo nos convertiríamos en esclavos de mano de obra y seríamos saqueados. Nosotros consideramos esto como un proyecto de muerte porque esto es, las aguas cambiarían de cauce, los peces morirían y desaparece el bosque y los animales”, explica Gómez.

                                                    Violencia

Como todo proyecto que no aplica la consulta previa, esta concesión ha generado división en las comunidades, rompiendo el tejido social y causando situaciones de violencia antes impensables en estos pueblos.

Las promesas de dinero, comida, servicios básicos, empleo y desarrollo comunitario no quedan fuera tampoco en este caso. Estas promesas van acompañadas de amenazas para quienes se oponen, según denuncian varios líderes comunitarios.

“No existe empleo, seguro de vida, seguro social, no existe desarrollo porque no es responsabilidad de los empresarios sino del Estado y si este no lo hace menos lo hará un empresario que lo que busca es enriquecerse. Ya ha habido agresiones pequeñas en cabildos abiertos. Nos preocupa que el tiempo pase y se arrecie esa violencia”, concluyó Gómez.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1458-ind%C3%ADgenas-de-la-paz-defienden-sus-bienes-naturales-y-cultura-en-medio-de-amenazas

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Alcaldes de Santa Elena y Cabañas, en La Paz, marionetas de Gladys Aurora López y las empresas, manipulan reunión y cabildo “abierto” y agreden al Pueblo Lenca que rechaza el proyectos extractivistas, de privatización y catastro municipal

DENUNCIA: El día de hoy, en Santa Elena y en Cabañas municipios Lencas en el departamento de La Paz, ha quedado demostrado como el poder de los políticos corruptos y violadores de los derechos del Pueblo Lenca se impone en estos espacios oficiales para justificar proyectos energéticos, de cobro de impuestos y de privatización de bienes comunes y de la naturaleza contra el Pueblo Lenca, además queda claro como las empresas Hidroeléctrica la Sierra SA, Energías Renovables de Honduras ERHSA e Inversiones Aurora de Gladys Aurora López, Vice presidenta del Congreso Nacional, manipulan e incentivan al odio contra el Pueblo Lenca y su resistencia histórica.

Recordamos que los proyectos hídricos y eólicos de dichas empresas, ya han sido denunciados de manera formal y pública por nuestra organización ante instancias nacionales e internacionales.

Tales agresiones al derecho de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado, al Convenio 169 y a la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, se han derivado de manera más acelerada y violenta, cada vez más, a partir de las políticas del Gobierno de Honduras, que incrementa su entrega de la soberanía, la autodeterminación, los ríos, territorios y demás riquezas de nuestros Pueblos a las trasnacionales, empresas y políticos cínicos que hablan de “desarrollo”, de “derechos”, de “recursos renovables” a través del modelo energético privatizador, violento y de despojo, de modelos extractivistas desbastadores de la vida, limitando aun mas los servicios públicos a la población.

Denunciamos y condenamos, la agresión de la que fueron objetos diferentes líderes comunitarios de Santa Elena y Cabañas y miembros de la Coordinación General del COPINH y nuestros reporteros de las radios indígenas “La Voz Lenca” y “Radio Guarajambala” de nuestra organización, quienes cubrían estas actividades desde la movilización firme de las comunidades que expresaron su rechazo; estas agresiones consistieron en ataques físicos, emocionales, discriminación, impedimento del derecho a expresarse, a disentir y opinar oposición a estos proyectos, se negó la palabra, y, como que si fuera poco, se militarizó el área, los Policías arrebataron los micrófonos a las y los compañeros; la Iglesia de Santa Elena, con la complicidad del sacerdote parroquial, fue prestada para realizar la patarata de “socialización” y “aprobación” del proyecto hidroeléctrico con grupos sectarios, intolerantes al debate. En la misma, participaron grupos de persona miembras del Partido Arena de la República de El Salvador. Estas, fueron transportadas en seis camiones por representantes del Partido Nacional y Liberal.

Cabe destacar, que en el ejercicio de defensa del Río Chinacla, desarrollado el día 01 de mayo del 2010, este mismo alcalde actual firmó un acta donde se comprometía a respetar el acuerdo indígena que declara a Santa Elena territorio libre de proyectos extractivos, es más, se comprometió a no firmar y a no aprobar proyecto hidroeléctrico conforme a lo demandado por el Pueblo Lenca de la zona.

Informamos, que la movilización del Pueblo Lenca culminó este día tomando acuerdos para la defensa territorial, ejercicio de autonomía y de derechos, participando además del COPINH, MILPA, Juntas de Agua, Consejo Indígenas, miembros y miembras de bases de la iglesia progresista, ciudadanos y ciudadanas conscientes, indistintamente de partidos políticos y opciones de fe.
Dado en Santa Elena, La Paz a los 06 días del mes de octubre, del 2014.

Con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!
COPINH

Fuente: http://www.copinh.org/article/alcaldes-de-santa-elena-y-cabanas-en-la-paz-marion/

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