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A punto de ser liberados cerca de 2,000 reos de la Penitenciaría

El Estado busca otorgar los beneficios de libertad condicional, por cumplimiento de penas, preliberación, por conmutas, por enfermedades mentales y terminales, así como por tercera edad, con el propósito de aliviar la presión en las cárceles. Video Fotogalería ADVERTISEMENT TEGUCIGALPA, Honduras Aquí está el hombre por quien usted pregunta, dijo el teniente coronel Guillermo Sandoval, director de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, al presentar a Bernabé Barrientos, el privado de libertad más viejo que tiene el sistema penitenciario nacional. A la par del oficial estaba un simpático anciano de 93 años de edad, de piel muy arrugada y de ojos tristes y lagrimosos, quien perdió su libertad por el delito de tráfico de drogas, específicamente marihuana. Este nonagenario -al que en su cabeza solo le queda un bucle negro aislado de su escasa cabellera casi blanca- está dentro del listado de los 1940 presos que el Estado excarcelaría antes de que finalice este año, siguiendo todo el procedimiento legal. Por humanidad y porque la ley lo permite, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, de la Secretaría del Interior, de los Juzgados de Ejecución, del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura Tratos Crueles, Inhumanos y degradantes (Conaprev) de la Defensa Pública y del Instituto Nacional Penitenciario trabajan actualmente en un proyecto para liberar a nivel nacional a 416 privados de libertad candidatos al beneficio de la libertad condicional, 137 por cumplimiento de penas, 274 por preliberación, 384 por conmutas por trabajo comunitario, 335 por conmutas por efectivo, 131 enfermos mentales y 263 por tercera edad; no se especifica la cantidad de enfermos en etapa terminal. Dentro de este registro de posibles hombres libres estaría Barrientos, nacido el 11 de junio de 1922 y quien asegura que fue trabajador del Distrito Central, que se jubiló recibiendo un total de 700 lempiras del Instituto Hondureño de Seguridad Social, el cual no recibe desde que cayó en manos de la justicia por el delito de tráfico de drogas. Mientras la prisión somete a este anciano al encierro y al olvido, el tiempo le arrebata los últimos instantes de vida y de razón. Testimonios Haciendo grandes esfuerzos, Barrientos recordó que esta es la segunda vez que está preso, primero estuvo seis meses en 1999 y fue liberado, luego volvió a caer en el 2006. “La Policía dijo que yo llevaba una bolsita de marihuana, pero eso fue mentira, quien se dedicaba a eso era mi hija, que está presa”, sostuvo. “Yo vivía en la montaña de Azacualpa y no sé a cuántos años me condenaron. Aquí estoy, mire que yo ya no puedo ni comer porque no tengo ni un diente, ya casi no miro”, dijo este hombre que a pesar de sus 93 años camina solo, luchando por sobrevivir en ese mundo desesperante que hay tras las rejas. Las autoridades que atienden a la población penitenciaria sostienen que este convicto no es un peligro para la sociedad, por el contrario, sus muchos achaques y su problemas de demencia senil hacen de él un hombre muy débil que más bien requiere de la ayuda de otros para poder sobrellevar el resto de tiempo que le queda de vida. Solamente en una población de 77 ancianos ubicados en una isla del módulo de sentenciados 2 hay varias personas que ya tendrían el derecho a gozar del beneficio de la libertad condicional como los sexagenarios Enemesio Cruz e Hipólito Cruz, quienes ya cumplieron 11 años y medio de la pena de 15 años que le fue impuesta por tráfico de drogas. Estos dos internos, que aseguraron estar totalmente rehabilitados, ven como imposible salir de la cárcel porque además de los años de prisión se les impuso un pago de un millón de lempiras que jamás podrían hacer efectivo. La única alternativa que ellos tienen es que el Estado les cambie la multa por trabajo comunitario, lo cual según algunos expertos en la ley, eso es posible. De igual manera, entre esta población penitenciaria también hay casos que aparentemente son injustos, como el de Boanerge Antipatro Bueso Rodríguez, quien habría ultimado a uno de sus hijos en un acto de defensa personal, luego que la Policía ignoró su denuncia. Recordó que un día su esposa, con quien había procreado seis hijos, se fue con otro hombre, pero como este murió, ella quiso regresar. Como no la aceptó, ella le dijo a su hijo de 22 años que “yo le había pegado, lo cual era mentira”. “Durante varias veces él entró a mi casa diciéndome que venía a matarme, yo le decía ‘andate para tu casa’. Le aguanté varias veces la amenaza. Un día me fui a trabajar y él comenzó a tomar como a las 12:00 del mediodía, por la tarde me buscó para pelear. Recuerdo que llegué como a las 5:30 de la tarde a la casa, entré, cerré la puerta, apagué la luz y me puse a ver televisión, al ratito me rompió la puerta y me dijo ‘¡Ajá! Aquí estás’, y se me abalanzó, pero otro hijo menor lo agarró, entonces me salí y me fui para la (colonia) Kennedy a poner la denuncia para que lo fueran a traer, pero la Policía no quiso ir. Me dijeron que para ir a traerlo al siguiente día fuera al Core y yo les dije que estaba bien. Regresé a la casa, prendí el tele y cerré la puerta, de repente a eso de las 7:30 de la noche llegó y nuevamente me rompió la puerta y yo le dije ‘hijo, andate, andate’, pero en vez de eso se me abalanzó con algo en la mano, en mi defensa yo alcancé un machete y le di con él. Es que él había aprendido muchas cosas feas, fumaba marihuana, bebía, tenía muchos vicios, no hay día que no me arrepienta de haberlo matado, pero yo solo me defendí”, dijo Bueso mientras rompía en llanto. Por su parte, Elsa María Hernández, trabajadora social de la Penitenciaría Nacional, explicó que en la isla especial para adulto mayor, del módulo de sentenciados dos, hay 77 personas, pero que a nivel general de la prisión podría haber unos 120 internos que sobrepasan los 60 años. “Ellos no son personas problemáticas, son muy pasivas, deseosas de atenciones, tanto de nosotros como de la institución y de personas de afuera”, precisó la trabajadora social. Mientras tanto Sandoval, director de la Penitenciaría Nacional, aseguró que la determinación del gobierno de excarcelar a ciertos privados de libertad, siguiendo lo estipulado en la ley, de alguna manera ayudará a aliviar la situación carcelaria, principalmente en los casos de aquellos internos en condiciones de vulnerabilidad como lo son los ancianos y enfermos mentales, así como de otros que reúnen los requisitos para salir bajo libertad condicional. Explicó que en este momento, en esa cárcel, un total de 18 privados de libertad gozan del beneficio de ciudad por cárcel y otros 26 salen los fines de semana y se reincorporan todos los lunes realizando una variedad de trabajos sociales de lunes a viernes. Actualmente, las autoridades relacionadas con el tema penitenciario trabajan aceleradamente verificando qué candidatos cumplen con los requisitos de ley para ser beneficiados con la libertad.

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Honduras: Los presidios y la farsa de algunos organismos de derechos humanos

16/09/2015
Opinión

Está realidad, solo puede ser desenmascarada por los propios privados de libertad, quienes a largo plazo son las víctimas de las políticas dilatorias que promocionan ciertos organismos estatales, cuya burocracia parasitaria recibe millonarios fondos de la cooperación internacional para pagar jugosos salarios, pero que aun así, ciertos de sus empleados, sufren de atropellos a su derechos laborales, pese a que son organismos de derechos humanos.

 

Washington D.C. 16 de septiembre de 2015. Las cárceles en Honduras, son el reflejo directo de lo que actualmente representa este país centroamericano.

 

Explosión de granadas, enfrentamiento entre pandillas, soborno entre privados de libertad y algunos custodios penitenciarios, son algunos elementos que motivan el caos en los centros penales de Honduras, incluyendo los centros de detención de menores de edad y los ahora batallones militares, en donde recluyen a privados de libertad.

 

Actualmente sigue existiendo una sobre población en los centros penales de Honduras, pese a que existe un organismo estatal denominado el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura en Honduras, sin embargo los señalamientos que hace este organismo al gobierno, no son tomados en cuenta, o bien pareciera que existe cierta complicidad para continuar con el desorden establecido.

 

En fin, la secretismo con la que manejan estos temas, pareciese un lineamiento directo del gobierno actual, y por miedo, o por algún acuerdo de sus funcionarios han decidido callar, aunque este Mecanismo Nacional de Prevención fue creado para tal propósito, pero que hasta el momento sólo parece avalar los salarios de los funcionarios que lo dirigen.

 

Riesgo a la vida

 

Personalmente arriesgué mi vida en muchas ocasiones mientras trabajaba como defensor de derechos humanos en el Mecanismo Nacional de Prevención, esto con el objetivo de denunciar lo que ocurre en las cárceles, sin embargo dicho trabajo no fue valorado por el organismo en mención, pero mis aportes ante la opinión pública, lograron situar en la agenda periodística nacional e internacional el tema de privados de libertad, y no como un tema aislado, al contrario, bajo una cosmovisión humana, por tal motivo estoy muy agradecido con la prensa de Honduras e internacional.

 

En mi última visita que realicé al Centro de Menores Renaciendo, situado en el Valle de Tamara, recién había terminado un enfrentamiento entre la mara de los “chirizos” y los paisas de la 18, ese día pasaron cerca de mi persona, dos menores con armas corto punzantes, sin embargo Dios estuvo presente para salvar mi vida en ese momento.

 

Si bien es cierto, no es culpa que el comportamiento de los menores de edad que allí pernoctan, sea de ellos, al contrario la culpa la posee los que mal gobiernan en Honduras, junto con las altas elites financieras, quienes en su afán desmedido por obtener riqueza, generan el caos y la violencia entre los más necesitados, porque quienes están en las cárceles, son los pobres.

 

“Las leyes están escritas por los ricos, para que la cumplan los pobres” citaba en uno de sus poemas el salvadoreño Roque Dalton.

 

La hipótesis que menciono, sobre lo que ocurre con el Mecanismo Nacional de Prevención, también se le suma la reciente prohibición que tienen los medios de comunicación nacionales e internacionales, para ingresar a las cárceles, lo que esto representa una violación a la libertad de prensa y expresión sobre el tema.

 

 Políticas dilatorias

 

Pero está realidad, solo puede ser desenmascarada por los propios privados de libertad, quienes a largo plazo son las víctimas de las políticas dilatorias que promocionan ciertos organismos estatales, cuya burocracia parasitaria recibe millonarios fondos de la cooperación internacional y aun así, ciertos de sus empleados, sufren de atropellos a su derechos laborales, pese a que son organismos de derechos humanos.

 

Pero volviendo a los presidios, los derechos humanos de los encarcelados son violados a diario, desde la mala alimentación que reciben hasta los malos tratos, inhumanos o degradantes a los que son sometidos, sin tener ningún tipo de rehabilitación.

 

Las cárceles en Honduras, como ya se ha referido en distintos espacios de comunicación son una escuela del crimen, pero ¿Quién es el rector de esta escuela del crimen? O mejor dicho, ¿Para que promuevan está escuela del crimen?

 

Algunos privados de libertad que poseen cierta influencia desde adentro de sus celdas hacia afuera, reciben órdenes explicitas desde las más altas cúpulas gubernamentales o empresariales que están interesadas en seguir creando el caos en Honduras, hasta mantenerlo a su más extrema violencia, como bien pasa ahora, y que recientemente se incendió un mercado importante de la capital de Honduras, de forma misteriosa.

 

 Elemento de la muerte

 

El fuego ha sido un elemento de la muerte que ha puesto en práctica la dictadura golpista que vive Honduras en los últimos seis años, cuya maldad aparenta ser creada por algunos privados de libertad que son manipulados por altos “ejecutivos” que están en libertad y gobernando el Estado fallido de Honduras, y que con su riqueza, son arquitectos de la violencia hondureña.

 

Estos asesinos, deberían estar privados de su libertad en cárceles de máxima seguridad, sin embargo son tan afortunados con la maldad que incitan, que hasta salen en medios de comunicación como altas personalidades, pero que en esencia la fortuna que amasan, está ensangrentada.

 

Si en realidad existiera el interés de rehabilitar a los privados de libertad y por ende la promoción del respeto de sus derechos humanos, en primera instancia se debería de encarcelar a estos delincuentes  que gobiernan desde altas esferas del gobierno, y en algunos casos, son parte de la elite financiera de Honduras.

 

 Verdaderos defensores

 

El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura (CPTR), es uno de los organismos que por más de 20 años ha estado presente en las cárceles, verificando por el real respeto de los derechos humanos, de los que allí están encarcelados.

 

El CPTRT, es un Organismo no Gubernamental de Honduras, que ha efectuado un buen trabajo en el tema de rehabilitación e inspección de los centros penales en Honduras, sin embargo como sucede en Honduras lo bueno se convierte en amenazante para los que promueven la maldad en ese país, y por ende el CPTRT se encuentra en constante amenaza y expuesto a la vulnerabilidad.

 

Es necesario que la solidaridad internacional observe y apoye al CPTR, puesto que organismos así, sólo se encuentran con una lupa en Honduras y el mundo, puesto que el interés del dinero está sobre el de los derechos humanos.

 

Mientras se predica el odio y la maldad en el Estado fallido de Honduras, el espejo internacional que constituye este país, será visto como una nación que infelizmente está gobernada financiera, políticamente y religiosamente por el propio demonio.

 

Fotografía y texto: Ronnie Huete Salgado es Periodista y Activista de DDHH, Cooperante internacional

 

http://losangelescaminan.blogspot.com/2015/09/los-presidios-y-la-farsa-de-algunos.html

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En jaulas reciben sol reos peligrosos en Honduras

12 Aug 2015 / 11:08 PM / Marilyn Méndez y César Panting

Privados de libertad peligrosos en el país no tienen derecho de trabajar y vestirán uniforme.

Reclusos confinados en el pabellón de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional toman el sol en jaulas bajo medidas extremas. Fotos: LA PRENSA
Reclusos confinados en el pabellón de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional toman el sol en jaulas bajo medidas extremas. Fotos: LA PRENSA

Tegucigalpa, Honduras.

Con el objetivo de combatir el hacinamiento y la desocupación en los 24 centros penales y penitenciarías del país, el Congreso Nacional aprobó ayer parcialmente la Ley del Régimen Especial de Rehabilitación Laboral para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Privados de Libertad de Alta Peligrosidad y Agresividad, más conocida como “ley picapiedra”.

El trabajo obligatorio para más de 14,000 privados de libertad es realidad, aunque cabe señalar que varios reclusos de ambos sexos trabajan desde hace años en los talleres disponibles en cada centro sin necesidad de la reforma.

El diputado presidente de la comisión de seguridad del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que la finalidad es regular el trabajo remunerado que ya contempla el Sistema Penitenciario Nacional e implementar nuevas medidas de seguridad para los privados de libertad de alta peligrosidad.

Cada recluso debe cooperar en sus gastos de manutención. Por los más de 14 mil reos que hay, el Estado gasta al año 162 millones de lempiras. Ahora, con la reforma van a cooperar”, expresó Zambrano.

Para el coordinador de proyectos del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), José Acevedo, la ley de trabajo forzoso o “picapiedra” necesita incentivos más que una obligación.

“Los privados de libertad necesitan incentivos para desarrollar mejor sus labores; puede ser una reducción de pena, por ejemplo. Definitivamente, el trabajo debe ser remunerado conforme al salario mínimo. Nos parece que más allá de las horas de trabajo que deberán cumplir están las prohibiciones que vienen en este proyecto”, dijo el experto en derechos humanos.

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Reclusos de los centros penales de Comayagua y San Pedro Sula trabajan para ganarse el pan de cada día elaborando atarrayas, hamacas, muebles y lápices; hasta les hacen cortes de cabello a sus compañeros.

Prohibiciones

La reforma contempla prohibiciones a los privados de libertad considerados peligrosos y agresivos, como circular dentro del centro penal, poseer computadoras, televisión, equipo audiovisual y dispositivos electrónicos.

Además podrán leer solo lo que las autoridades les permitan, no podrán manejar dinero en efectivo, no recibirán visita conyugal, tampoco harán ejercicio y solo llamadas telefónicas supervisadas.

Tal es el caso de los privados de libertad recluidos en los pabellones de máxima seguridad en la Penitenciaría Nacional en Támara, Distrito Central.

En este sitio están confinados los reos peligrosos y agresivos, a quienes se les puede ver en jaulas de metal al aire libre tomando el sol por tiempo indeterminado. Con la reforma, estos privados solo podrán tomar el sol una hora y hacer solo ejercicio físico autorizado.

“Hay derechos que no se pueden limitar. Este tipo de cambios tienen el objetivo de generar una imagen de mano dura. Esa imagen de dar castigos fuertes al supuesto delincuente.

Hay varias cosas en este proyecto que van más allá del trabajo forzoso. El trabajo ya está contemplado en la Ley Penitenciaria y por eso me atrevo a decir que, al aprobarse esta ley, los recursos de inconstitucionalidad no faltarán en la Corte Suprema porque hay convenios de la Organización Mundial del Trabajo que prohíben el trabajo forzoso”, explicó Acevedo.cp trabajadores2 060815(1024x768)

Rehabilitación

“Las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social. Se procurará en ellas la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo”, dice el artículo 87 de la Constitución de Honduras, pero en la realidad pocos centros penales en el país cumplen esta función.

Sin necesidad de la aprobación de la ley de trabajo forzoso, hay programas de rehabilitación mediante el trabajo que han estado funcionando desde hace varios años.

Según información del Instituto Nacional Penitenciario (INP) brindada a LA PRENSA, ya hay proyectos de rehabilitación en varias de las 24 cárceles del país.

Los programas son implementados en las presidios de Danlí, Santa Rosa de Copán, Comayagua, la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto en Támara, Tegucigalpa.

En los proyectos de rehabilitación, los privados de libertad realizan tareas de agricultura, avícolas y porcinas; además elaboran productos.

Según dio a conocer el INP, en los 24 centros penitenciarios ya existen proyectos de educación, aunque solo son de educación básica, con excepción del PNFAS, adonde las privadas de libertad ya pueden estudiar bachillerato y próximamente carreras universitarias, según los proyectos de la dirección.

También en la Penitenciaría Nacional hay oportunidad de estudiar bachillerato y en los próximos años este nivel académico se pretende ampliar a otras cárceles del país.cp trabajadores3 060815(1024x768)

Trabajo

“La finalidad constitucional de las cárceles es la rehabilitación; las autoridades deben generar condiciones para que esto ocurra porque actualmente no se hace”, manifestó Fernando Morazán, comisionado de Conaprev.

Morazán indicó que la semana pasada visitó el Centro Penal de San Pedro Sula y pudieron comprobar que también se están dando talleres a los reclusos, implementados por la pastoral.

Señaló que hay otros proyectos en la prisión de El Porvenir, La Ceiba.

Afirmó que varias de las iniciativas de rehabilitación son implementadas por organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones o Iglesias.

“Hay que evitar que los privados de libertad salgan peores de lo que entraron”, dijo Morazán.

El funcionario declaró que la nueva ley debe contribuir a crear y habilitar espacios que realmente permitan la rehabilitación de los privados de libertad y su educación. “Los programas educativos por ahora son voluntarios para los reclusos y deben ser obligatorios”, dijo el comisionado.

El subdirector de la Granja Penal de Comayagua, Jesús Edilberto García, explicó las actividades de los privados de libertad en esa cárcel, antes conocida como centro modelo nacional por sus programas de rehabilitación mediante el trabajo.

Los privados de libertad pasan ocupados. Hacen trabajo en el área avícola y porcina, también en agricultura. Además, algunos hacen redes, hamacas, canastas y plumas; incluso hay barbería. Se encargan de asear los baños y módulos, pintan y chapean la maleza en los terrenos que rodean el centro penal para evitar que proliferen zancudos”, dijo el subdirector. García explicó que hay espacio para que se diviertan jugando fútbol o billar. “Tratamos de que los privados de libertad usen su tiempo en cosas útiles y positivas”.

La nueva ley fue aprobada parcialmente en el Congreso Nacional. La visita conyugal y las prohibiciones que de ahora en adelante tendrán los reos de alta peligrosidad mantuvieron a los legisladores en una profunda discusión.

El presidente de la comisión de defensa, David Chávez, explicó que estudiaron varios reglamentos penitenciarios latinoamericanos para que en Honduras se esté en concordancia.

La diputada del Partido de Innovación y Unidad (Pinu), Doris Gutiérrez, pidió que se haga la corrección de implementar el término “privadas de libertad”, ya que en el dictamen solo se menciona a los de género masculino.

El trabajo obligatorio y remunerado para privados de libertad de ambos sexos que no sean peligrosos y agresivos quedó parcialmente aprobado ayer.cp trabajadores4 060815(1024x768)

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/868507-417/en-jaulas-reciben-sol-reos-peligrosos-en-honduras

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Honduras indemnizará a familias de 361 muertos en incendio de cárcel en 2012


  • Domingo, 26 Julio 2015 20:32

Honduras indemnizará a familias de 361 muertos en incendio de cárcel en 2012

Autor del artículo: EFE

Tegucigalpa – El Estado de Honduras indemnizará a los familiares de 360 reos y una mujer que murieron quemados el 14 de febrero de 2012 en un incendio de la Granja Penal de Comayagua, en el centro del país, informó hoy una fuente oficial.

Con tal propósito, el Gobierno que preside Juan Orlando Hernández, que asumió el 27 de enero de 2014, ha aprobado una partida de 62 millones de lempiras (unos 2.8 millones de dólares), dijo a periodistas el ministro de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo.

Agregó que el Estado también ha aprobado viviendas para los familiares de las 361 personas fallecidas en el incendio de la prisión, que se registró en horas de la noche.

El acuerdo con los familiares se logró el pasado jueves, indicó el alto funcionario, quien además resaltó que el Gobierno de Hernández solamente está haciendo un acto “de justicia” por un hecho que conmocionó al país centroamericano.

El incendio en el penal se registró entre la medianoche del 14 y la madrugada del 15 de febrero de 2012, por causas “accidentales”, según expertos de Estados Unidos que investigaron el caso.

El sistema penitenciario de Honduras, compuesto por 24 cárceles en su mayoría en condiciones de hacinamiento y en edificios inseguros, alberga a más de 13,000 reos, cuando la capacidad global es para unos 8,000, según fuentes oficiales.

Fuente: http://www.proceso.hn/component/k2/item/106831-honduras-indemnizar%C3%A1-a-familias-de-361-muertos-en-incendio-de-c%C3%A1rcel-en-2012.html

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Over 50% of Incarcerated in Honduras in Pre-trial Detention: NGO

Pre-trail detention contributes to prison overcrowding

A report from a non-governmental human rights organization highlights the poor conditions of Honduras‘ prisons, an issue exacerbated by judicial delays and the practice of pre-trail detention, which has led to severe overcrowding.

According to the annual report for 2014 (pdf) from Honduras’ National Commission for Human Rights (CONADEH), Honduras’ 24 adult penitentiaries (see chart below) hold 14,805 prisoners. Of these, 6,692 (45.2 percent) have been sentenced, while 7,925 (53.5 percent) are being held in pre-trial detention.

Using prisons for pre-trial detention has led to severe overcrowding: prison capacity is 8,000. Other issues CONADEH documented include: lack of a proper diet; poor medical attention; lack of professional attention for prisoners (i.e., psychologists and social workers); deficient police and prison security guards; the presence of drugs, alcohol, and weapons; and, violence.

While CONADEH acknowledged efforts have been made in recent years to improve prison conditions, investigators found little has changed overall, and that in some prisons, conditions had gotten worse.

Honduras prison population

InSight Crime Analysis

Honduras’ prisons are notorious for their abysmal conditions. In 2013, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) — part of the Organization of American States (OAS) — released a report (pdf) deploring the state of the country’s prison system, calling it “dehumanized, miserly, and corrupt.”

SEE ALSO: Coverage of Prisons

Honduras’ depraved prison conditions are, in part, the result of overcrowding. The problem came from tough “Mano Dura” (Iron First) security policies, strict sentencing guidelines, and the use of prisons as pre-trail detention facilities — whereby prisons are filled with inmates whose cases have yet to be adjudicated.

The problems in the prisons are related to the larger problem of the justice in Honduras. The country’s judicial system is simply unable to quickly and effectively investigate alleged criminals, creating a backlog of cases that keeps those accused of crimes languishing in the country’s prisons, sometimes for years.

The problem is compounded because the prisons are breeding grounds for street gangs and finishing schools for criminals. Sophisticated extortion schemes are, for example, run from prisons.

The issue of pre-trial detention leading to prison overcrowding is a problem in countries throughout Latin America. The governments claim they face budget constraints, but that is simply the result of the little political will on the part of politicians and elites to invest in the prison and judicial systems.

Fuente: http://www.insightcrime.org/news-briefs/ngo-report-documents-sad-state-of-honduras-prisons

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Mayoría de reos en cárceles solo están procesados

30 de Junio de 2015

03:01PM  –   Redacción  

Se detectó que hay ingreso y consumo de drogas y bebidas alcohólicas, y se fabrican armas blancas de manera artesanal.

Tegucigalpa, Honduras

En Honduras, la condena de los privados de libertad apenas alcanza el 45 por ciento y el 55 por ciento se encuentran procesados.

Un estudio realizado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), establece que hasta diciembre de 2014 se contabilizaba una población de 14,805 personas privadas de libertad, de los cuales 6,692, que representan el 45.2 por ciento que se encuentran condenados y 7,925, que es el 53.5 por ciento que están procesados. Los reos están distribuidos en los 24 establecimientos penitenciarios para adultos, incluyendo la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).

El estudio realizado por el Conadeh da a conocer que en los centros de privación se han detectado problemas a través de las inspecciones e investigación documental que se realizaron, entre los que se encuentra una sobrepoblación, tomando en consideración que la capacidad de estos centros penales es de 8,000 personas y alojan un 42.86 por ciento adicional.

Otro de los problemas que se siguen presentando es la escasa y mala alimentación, aunque se ha mejorado el presupuesto de cada interno de 13 a 30 lempiras diarios, y la violencia interna que produce la muerte, heridos y lesiones donde se producen amotinamientos.

Deficiencias

Los privados de libertad se quejan de que no son llevados a las citas médicas o a los juzgados competentes debido a la carencia de vehículos o que los mismos se encuentran en mal estado por bajo presupuesto para combustible, entre otros.

También establecen que hay falta de elementos policiales-militares calificados para cumplir la función de resguardar las cárceles.El informe da a conocer que hay falta de profesionales para atender a la población penitenciaria, tales como médicos, trabajadoras sociales y psicólogas que garanticen una atención integral.

A ello se suma la carencia de camas, servicios sanitarios e instalaciones eléctricas adecuadas; falta de agua, la cual es suministrada en algunos centros por miembros del Cuerpo de Bomberos.

El desabastecimiento de medicamentos en las clínicas de la mayoría de los centros es otro de los problemas que se detectaron en los reclusorios.

Se detectó que hay ingreso y consumo de drogas y bebidas alcohólicas, y se fabrican armas blancas de manera artesanal.

Además de introducen armas de fuego, bebidas alcohólicas y teléfonos celulares.

Todo eso se debe, según el Conadeh, a la falta de planes, programas y presupuesto para lograr la reinserción social de los internos. Otro de los problemas que registra el organismo de derechos humanos es la fuga de internos.

En los últimos años se ha realizado esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los privados de libertad. Sin embargo, en las visitas realizadas por personal del Conadeh a nivel nacional, se ha constatado que la situación de los mismos poco ha cambiado y tiende a agudizarse, siendo del conocimiento público la participación de privados de libertad en actividades del crimen organizado como extorsiones, secuestros, sicariato, entre otros, demostrando la mala gobernanza conforme a la normativa nacional e internacional.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/854166-331/mayor%C3%ADa-de-reos-en-c%C3%A1rceles-solo-est%C3%A1n-procesados

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Nacionalistas cabildearán para habilitar voto de militares, policías y prisioneros

Por: Redacción CRITERIO

redacción@criterio.hn

Tegucigalpa. Permitir a los militares, policías y privados de libertad que ejerzan el sufragio en la próxima contienda electoral, es casi un hecho que será parte de las reformas electorales que se pondrán en el tapete de la discusión pública e, incluso, las autoridades electorales consideran que los elementos de las Fuerzas Armadas son irremplazables en la tareas electorales.

Otorgar el derecho al voto a los militares pasa por una reforma constitucional, que requiere de dos legislaturas y de 86 votos de los diputados del Poder Legislativo.

El tema ya se comienza a discutir, luego que el Tribunal Constitucional del Poder Judicial abriera la posibilidad para la no aplicabilidad del artículo 232 de la Constitución de Honduras, que abrió paso a la reelección presidencial, al margen del planteamiento de la magistrada Silvia Santos, que “aclaró” que no se ha habilitado la controvertida figura.

Amparado en esa resolución, el diputado nacionalista Renán Inestroza ingresó el pasado 30 de abril una iniciativa de ley orientada a que los policías y militares puedan ejercer el sufragio en las próximas elecciones generales de 2017.

Aunque la discusión se centra en los militares, ya que el artículo 272 constitucional establece que “a efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso, el Presidente de la República, pondrá a las Fuerzas Armadas a disposición del Tribunal Supremo Electoral, desde un (1) mes antes de las elecciones, hasta la declaratoria de las mismas”.

La limitante para que los militares y policías ejerzan el sufragio, se sustenta además en el artículo 37 de la ley fundamental, que estipula que “los ciudadanos de alta en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado no podrán ejercer el sufragio, pero si serán elegibles en los casos no prohibidos por la Ley”.

Lo anterior ha sido el freno para que a los uniformados se les haya permitido votar, ya que siendo directamente responsables de la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales, se ha presumido que no pueden ser garantes imparciales. No obstante, en otros países donde los militares ejercen la misma responsabilidad, también tienen el derecho a votar, con la diferencia que en aquellas naciones existe el voto electrónico y un sistema electoral confiable.

CRITERIO consultó sobre el tema al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros Batson, quien considera que otorgar el derecho al voto a los elementos de las Fuerzas Armadas podría darse en Honduras porque ese mismo derecho ya existe en otros países, donde a la vez los militares cumplen con la obligación de la custodia del material electoral.

El funcionario citó entre los países a Bolivia, Venezuela y Colombia. En Honduras “reconocemos por parte de las Fuerzas Armadas, su gran esfuerzo, trabajo y su gran profesionalismo en el transporte y custodia del material electoral y no miramos como podríamos reemplazarlos”.

En caso que el Congreso Nacional decida aprobar la reforma constitucional se tendría que tomar una decisión, ya sea para reemplazar a los militares o para buscar un mecanismo diferente y que los uniformados ejerzan el sufragio de manera adelantada como se practica en otros países, donde luego los votos son agregados a la contabilidad total, apuntó el presidente del TSE.

Añadió que en lo que no estaría de acuerdo el máximo tribunal electoral, es en que los miembros de las Fuerzas Armadas dispongan de urnas en los batallones, porque de esa manera se sabrá la intención del voto de esa organización y se estaría identificando su militancia.

Lo que se desea es mantener la percepción apolítica de las Fuerzas Armadas, insistió, Matamoros Batson. En el caso de los privados de libertad es un tema que el TSE expuso en el pasado para que las personas sin sentencia gozaran de ese derecho, ya que la Constitución de la República, suspende todos los derechos civiles, pero solo a quienes tienen sentencia firme, acotó.

CABILDEO EN EL CONGRESO

En virtud que el derecho al voto a los militares requiere de una reforma constitucional, los cabildeos en ese sentido ya han comenzado a lo interno de las bancadas, que actualmente se encuentran analizando la temática.

Este periódico indagó con las bancadas de oposición y la respuesta unánime fue que se encuentran “analizando la situación” para asumir una postura consensuada. Por su lado, el oficialista Partido Nacional, ya arrogó una posición a favor, de hecho el diputado Renán Inestroza, ya anunció una moción al respecto.

El asunto es abordado por políticos, analistas, militares y otros sectores generadores de opinión pública, tal es el caso del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Mauricio Villeda, que considera que el sufragio es un derecho universal que beneficia a todas las personas, a excepción de los privados de libertad con sentencia firme.

Para el general en condición de retiro y estratega del Parido Liberal, Luis Alonso Maldonado Gáleas, el asunto puede ser un ejercicio democrático para Honduras, siempre y cuando se ponga freno a la participación política de los militares.

En el juego de opiniones, también hay sectores que ven la propuesta como algo peligroso para la democracia de Honduras porque se podría poner en precario cualquier resultado electoral.

“No nos podemos olvidar que los militares son los que cuidan la votación, las urnas y son los que trasladan el material electoral en última instancia para ser contabilizados”, expresó el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, José Luis Valladares.

A juicio la regidora capitalina por el partido Libertad y Refundación (Libre) y comisionada de policía en condición de retiro, María Luisa Borjas, los policías y militares tienen un estatus especial y una función bien marcada dentro de la Constitución.

En caso de los militares, señaló, tienen la función de garantizar el libre ejercicio del sufragio a la población, el transporte y la custodia del material electoral, así como la vigilancia de las elecciones, por lo que no pueden convertirse en juez y parte.

En caso que se permitiera ejercer el sufragio a los militares, Borjas expresó que los uniformados ya no serían imparciales sino parte interesada.

El derecho al sufragio por parte de los policías y militares, no es un tema nuevo en Honduras, ya que el 14 de agosto de 2013, el entonces candidato presidencial por el partido Alianza Patriótica y general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, solicitó ante el TSE, que se les habilitara y ejercieran ese derecho en las elecciones generales de ese año.

Vásquez Velásquez sostuvo en aquel momento que se amparaba en tratados internacionales. La semana anterior el militar en condición de retiro declaró que, solicitará a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre el derecho que como ciudadanos tienen los policías y militares de elegir y ser electos.

Fuente. http://criterio.hn/nacionalistas-cabildearan-para-habilitar-voto-de-militares-policias-y-prisioneros/

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Con “Chamba Digna” las personas privadas de libertad vivirían mejor

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Acusando un inexplicable desconocimiento de la Ley del Sistema Penitenciario, de su Reglamento General y de la Política Penitenciaria mecanismos ya aprobados, pero no implementados; el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional una iniciativa que debe ser analizada desde la preocupación de un Poder del Estado interesado en “tranquilizar” a la sociedad hondureña presa del miedo a la delincuencia de todo tipo y que nos mantiene con las más altas tasas de homicidios en el mundo.
El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura (CPTRT) recordó a los diputados hondureños, en un comunicado divulgado esta semana, que “existe suficiente normativa nacional saber el trabajo de las personas privadas de libertad la cual puede ser revisada en la sección VII, Artículos del 75 al 82 de la Ley del Sistema Penitenciario”.
De igual manera, destacaron como “fundamental” lo establecido en el Art.75 No. 2 y 3 sobre el trabajo penitenciario, que ya establece que el mismo “no ser denigrante ni forzado”, y que debe “tener carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales, con el fin de preparar y capacitar a la persona interna para desempeñarse en la vida ciudadana”.
Por otra parte, el CPTRT recomendó que a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso se un acercamiento a las cárceles para conocer mediante consultas a los privados de libertad cual es la voluntad que tienen para aceptar la realización de un trabajo en los términos establecidos por la Ley del Sistema Penitenciario. “Tendrían la oportunidad de conocer las actividades productivas que realizan y verían la triste realidad existente, pues por parte del Estado no hay disponible ni un destornillador para pensar en instalar un taller de capacitación para carpinteros, esto como ejemplo”, apuntaron.
A criterio de la organización defensora de derechos humanos “un desafío para el Congreso seria la búsqueda de por lo menos 500 millones de lempiras, necesarios para impulsar la implementación de un programa de trabajo digno en las cárceles.  Con “chamba digna” todos/as vivimos mejor”.
Segundo debate
Se espera que Congreso Nacional aprobará esta semana, en su segundo debate, el decreto que contiene la denominada “Ley Pica Piedra” o “Ley de Trabajo Obligatorio para Personas Privadas de Libertad y Ley del Régimen y de Permanencia para los Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad”.
El dictamen de la controversial normativa establece que dicho el trabajo “beneficia a la sociedad con obras sociales y de infraestructura, pero también al reo porque se generarán ingresos para su alimentación y se les capacitará en oficios.  Algunos de los trabajos que harán será fabricar pupitres para niños de escuelas públicas, o reparación de caminos rurales, entre otros”.
Según los promotores de la Ley se “tiene como finalidad organizar y ejecutar el trabajo que deberán ejercer las personas privadas de libertad como parte de los procesos de rehabilitación, readaptación social y terapia ocupacional sin hacer diferencias de tratos fundados en prejuicios y estigmas principalmente por razones de raza, color, orientación sexual, identidad de género, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión de origen nacional o social. Otro objetivo es establecer un sistema especial de permanencia de los reos de alta peligrosidad y agresividad en cárceles de máxima seguridad” y de “cooperar con los gastos de alimentación de los privados de libertad, evitar la violencia interna, reducir los índices de criminalidad que se planifican desde el interior de los centros penales”.
Restricciones
La iniciativa también contempla varias restricciones para los reos de alta peligrosidad y agresividad como recibir solamente una hora de sol al día y la prohibición para recibir visitas conyugales, éstos deberán portar una vestimenta especial señalada por el consejo directivo que también establecerá el tiempo que esos privados de libertad deberán permanecer en las cárceles de máxima seguridad del Instituto Penitenciario.
El régimen de trabajo para los privados de libertad deberá implementarse en todos los establecimientos penitenciarios y deberá tener una duración de mil 400 horas de trabajo como mínimo por cada privado de libertad y abarca todas las actividades relativas al trabajo de obras públicas dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios bajo la modalidad que permitan las características de cada centro carcelario.

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Por “razones especiales” renuncia director del Instituto Penitenciario; asume su reemplazo


  • Jueves, 30 Abril 2015 16:37

El nuevo director del Instituto Penitenciario, coronel Orlando Francisco García Maradiaga, juró su promesa de ley este día. El nuevo director del Instituto Penitenciario, coronel Orlando Francisco García Maradiaga, juró su promesa de ley este día.

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – Este jueves asumió el cargo de director del Instituto Penitenciario, coronel Orlando Francisco García Maradiaga, en sustitución de su homólogo Francisco Gálvez Granados, informó una fuente oficial.

 

– En marzo murieron violentamente 12 reos en tres cárceles hondureñas, en tanto esta semana se produjo el asesinato de tres internos de la Penitenciaría.

 

La ceremonia de juramentación estuvo a cargo del Secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo, quien expresó que Gálvez Granados renunció por motivos especiales; “estamos satisfechos por la labor que realizó al frente de los 25 centros de privados de libertad que en estos momentos están funcionando en nuestro país”, dijo.

Chang Castillo refirió que espera que la experiencia que tiene el nuevo director del Instituto Nacional Penitenciario pueda continuar con la labor realizada por el anterior e incluso superarla, a fin de cumplir con el Plan de Gobierno.

Por su parte, el coronel García Maradiaga manifestó “me siento honrado por el nombramiento y la confianza depositada, mi reto es fortalecer y eficientar (mejorar) el sistema de seguridad penitenciario para poder alcanzar las metas y logros que se ha trazado el presidente Juan Orlando Hernández en sus políticas públicas de Estado, referente al Instituto Nacional Penitenciario”.

En ese sentido, dijo que continuará con el trabajo desempeñado por el coronel Gálvez, a fin de satisfacer las demandas que tiene la sociedad respecto al Instituto Nacional Penitenciario.

Agregó que en un momento fungió como Inspector de Centros Penales y eso le permite conocer el sistema, tanto en lo referente a recursos humanos como en la parte operativa. “Tengo la radiografía mental de las acciones preliminares que vamos a encaminar y una es el reordenamiento administrativo y operativo en los 25 centros penales”.

El director del Instituto Penitenciario dijo que espera que con los centros penales que se construyen en las comunidades de La Acequia, Ilama y Morocelí se reduzca el hacinamiento y reordenamiento de los centros penales lo que facilitará la reinserción y rehabilitación de las personas privadas de libertad.

Fuente: http://www.proceso.hn/component/k2/item/101595-por-%E2%80%9Crazones-especiales%E2%80%9D-renuncia-director-del-instituto-penitenciario-asume-su-reemplazo.html

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Tres personas muertas en la PN

Los internos perdieron la vida producto de varios machetazos que les infirieron sus verdugos.

Autoridades del Ministerio Publico y de Medicina Forense se apersonaron a la Penitencia Nacional Marco Aurelio Soto para realizar el levantamiento de tres personas que perdieron la vida a machetazos en el interior de este centro penal.

de acuerdo con el reporte policial, los internos perdieron la vida producto de mortales machetazos que le infirieron otros internos que hasta el momento no han sido identificados.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los fallecidos y las causas que hubiese provocado este fatal incidente.

La policía realiza las investigaciones correspondientes para poder esclarecer la muerte de estos tres reclusos.

En las últimas semanas autoridades policiales han realizado operativos de registro dentro de la prisión, pero pese a estos esfuerzos, todavía ingresan armas a la misma.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/tres-personas-muertas-en-la-pn

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Honduras: Congreso Nacional amplía a Wi-Fi bloqueo de llamadas desde cárceles

miércoles, 22 de abril de 2015

Enviado por Redacción Hondudiario el 22 Abril 2015 -10:03 am Tegucigalpa,Honduras.
*** La Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Granjas Penales y Centros de Internamiento de Menores a nivel nacional, amplía la prohibición de varios servicios de telecomunicaciones.

El Congreso Nacional aprobó este martes, con dispensa de dos debates, una ley mediante la cual se amplía el bloqueo de llamadas a través de servicios de Internet, WI-Fi, telefonía satelital y otros sistemas en los centros penales, granjas penales y centros de internamiento de menores al tiempo que estableció penas de hasta siete años de reclusión para quienes incumplan el decreto..

La iniciativa fue introducida a la Cámara Legislativa por el secretario del Congreso Nacional, diputado Mario Pérez, quien se adhirió al dictamen elaborado por la comisión ordinaria de seguridad y prevención ciudadana, mientras que el diputado liberal Yuri Sabas, pidió la dispensa de dos debates al proyecto en vista de su importancia.
En la sesión estuvieron funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) como el jefe de fiscalización, Fernando Matute; la abogada Walkiria Ponce de la dirección legal; Alejandro Rosales, director de servicios de telecomunicaciones y Sagrario Fonseca, directora de gestión del sistema radioeléctrico.
La Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Granjas Penales y Centros de Internamiento de Menores a nivel nacional, amplía la prohibición de varios servicios de telecomunicaciones.
La prohibición incluye los servicios de comunicaciones personales globales móviles (GMPCS), servicio de telefonía móvil celular, servicio de comunicaciones personales (PCS), servicio repetidor comunitario, servicio móvil terrestre, servicio móvil de canales múltiples de selección automática (radio troncalizado), servicio de telefonía, servicio de Internet o acceso a redes informáticas, servicio de videoconferencia, servicio de radioaficionados y el servicio de transmisión y conmutación de datos.
Asimismo, la televisión por suscripción por cable, televisión por suscripción por medios inalámbricos, televisión interactiva por suscripción, móvil por satélite, servicios de valor agregado y demás servicios de telecomunicaciones.
Por tanto, los proveedores de los servicios de telecomunicaciones precitados autorizados por Conatel, deberán implementar medidas técnicas que bloqueen la prestación de sus servicios de telecomunicaciones dentro de los recintos de los centros penitenciarios, granjas penales y centros de internamiento de menores.
Se exceptúan los servicios de telecomunicaciones, que se utilicen por el personal del Sistema Penitenciario y demás entes del Estado en la ejecución exclusiva de sus actividades, que cuenten con autorización formal, en los supuestos consignados expresamente en el reglamento que a su efecto se emita.
El decreto también establece que los operadores de los servicios de telefonía móvil celular y comunicaciones personales (PCS), están obligados a proponer soluciones técnicas que permitan el bloqueo de señales en todos los recintos de los centros penitenciarios, granjas penales y en los centros de internamiento de menores.
Esas soluciones técnicas serán aprobadas por la Conatel, previa instalación. Una vez instalados y verificada la operación efectiva por parte de ese organismo regulador, los operadores serán los responsables de su efectiva administración, operación y uso. El resguardo de los equipos instalados será responsabilidad de los centros penitenciarios, granjas penales y centros de internamiento de menores.
La medida también indica que las soluciones técnicas que propongan los proveedores deberán de cumplir las disposiciones y requerimientos técnicos que Conatel establezca en el reglamento técnico que a su efecto se emita.
Los proveedores de los servicios de telecomunicaciones, distintos a los servicios de telefonía móvil celular y comunicaciones personales (PCS), están obligados, dentro del plazo de 15 días a presentar las soluciones técnicas a Conatel contados a partir de la entrada en vigencia de este decreto.
Conatel certificará esas soluciones técnicas, y contará con 15 días para certificar las propuestas realizadas. Una vez certificadas las soluciones técnicas, los proveedores contaran con un mes, para implementar las medidas técnicas a fin de impedir la prestación de sus servicios de telecomunicaciones dentro de los recintos de los centros penitenciarios, granjas penales y centros de internamiento de menores.
El decreto también señala que una vez finalizada la instalación de las soluciones técnicas por parte de los operadores de los servicios de telefonía móvil celular y comunicaciones personales, se instruye a Conatel como órgano técnico especializado, para la comprobación de la instalación y correcta operación de las soluciones técnicas que bloqueen la señal instalados en las cárceles.
Agrega que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad por medio de los entes de seguridad del Estado deberán cooperar con Conatel en cuanto al cumplimiento y comprobación de este decreto.
Advierte que el incumplimiento de lo establecido en los artículos uno y dos del decreto, por parte de los operadores del servicio de telefonía móvil celular y comunicaciones personales (PCS) conllevará una multa de 10 millones lempiras cuando la infracción sea cometida por primera vez.
De 20 millones de lempiras cuando la infracción sea cometida por segunda vez; y, la revocación del contrato de concesión cuando la infracción sea cometida por tercera vez.
Añade que el incumplimiento de lo ordenado anteriormente por parte de Conatel estará sujeto a las responsabilidades penales correspondientes.
Agrega que podrá permitirse el uso y goce de los servicios de radio y televisión de libre recepción y teléfonos públicos cuyo funcionamiento será regulado por el reglamento que a su efecto se emita, bajo una adecuada supervisión de las autoridades penitenciarias, y exclusivamente como parte del desarrollo de las actividades destinadas a lograr la educación, rehabilitación, reinserción social y preparación para el trabajo en la vida libre de los privados de libertad.
Con la misma pena de prisión, más multa de 100 mil lempiras, se sancionará a quien por visita a un privado de libertad o por cualquier motivo acceda a alguno de los centros enunciados en el párrafo anterior, e ingrese a esos establecimientos cualquiera de los dispositivos o equipos terminales enunciados en el artículo seis de esta ley.
Asimismo, el funcionario o empleado de los centros penitenciarios, granjas penales, centros preventivos o centros de internamiento de menores que porte, utilice, facilite o permita el ingreso a esos centros de cualquiera de los dispositivos o equipos terminales enunciados en el artículo seis de la ley, será sancionado con una pena de cinco a siete años de prisión, multa de 100 mil lempiras e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el doble de tiempo que dure la reclusión.
Puntualiza que la prohibición establecida en el artículo 1 de este decreto, será extensiva a cualquier persona natural o jurídica que no cuente con título habilitante otorgado por la Conatel y que instale, preste y opere los servicios de telecomunicaciones, a los centros penitenciarios, granjas penales, centros preventivos o centros de internamiento de menores, por lo que su incumplimiento será objeto de las sanciones establecidas en el artículo seis de la presente ley, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones y su reglamento general.
Finalmente, señala que la Secretaría de Finanzas deberá identificar y asignar los recursos financieros requeridos para el cumplimiento de esta ley y la efectiva comprobación técnica de las obligaciones impuestas a Conatel.
Se instruye a Conatel para que en plazo de 60 días, emita el reglamento técnico del decreto y se deroga el decreto 255-2013 y su reforma que contiene la Ley de Limitación de Telefonía Móvil Celular y Comunicaciones Personales (PCS) en centros penales a nivel nacional. 
Fuente:  hondudiario  http://www.hondudiario.com/?q=node/18983

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Vuelven a prohibir uso de celulares en cárceles hondureñas

Esas soluciones técnicas serán aprobadas por la Conatel, previa instalación. Una vez instalados y verificada la operación efectiva por parte de ese organismo regulador, los operadores serán los responsables de su efectiva administración, operación y uso. El resguardo de los equipos instalados será responsabilidad de los centros penitenciarios, granjas penales y centros de internamiento de menores.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Congreso Nacional de Honduras, aprobó este martes, una ley mediante la cual se amplía el bloqueo de llamadas a través de servicios de Internet cableado e inalámbrico, telefonía satelital y otros sistemas en los centros penales, granjas penales y centros de internamiento de menores.

De igual forma, se establecieron penas de hasta siete años de reclusión para quienes incumplan el decreto.

La iniciativa fue introducida por el nacionalista Mario Pérez, quien se adhirió al dictamen elaborado por la comisión de seguridad, mientras que el diputado liberal Yuri Sabas, pidió la dispensa de dos debates al proyecto en vista de su importancia.

La prohibición incluye los servicios de comunicaciones personales globales móviles (GMPCS), servicio de telefonía móvil celular, servicio de comunicaciones personales (PCS), servicio repetidor comunitario, servicio móvil terrestre, servicio móvil de canales múltiples de selección automática (radio troncalizado), servicio de telefonía, servicio de Internet o acceso a redes informáticas, servicio de videoconferencia, servicio de radioaficionados y el servicio de transmisión y conmutación de datos.

Asimismo, la televisión por suscripción por cable, televisión por suscripción por medios inalámbricos, televisión interactiva por suscripción, móvil por satélite, servicios de valor agregado y demás servicios de telecomunicaciones.

Por tanto, los proveedores de los servicios de telecomunicaciones precitados autorizados por Conatel, deberán implementar medidas técnicas que bloqueen la prestación de sus servicios de telecomunicaciones dentro de los recintos de los centros penitenciarios, granjas penales y centros de internamiento de menores.

Se exceptúan los servicios de telecomunicaciones, que se utilicen por el personal del Sistema Penitenciario y demás entes del Estado en la ejecución exclusiva de sus actividades, que cuenten con autorización formal, en los supuestos consignados expresamente en el reglamento que a su efecto se emita.

El decreto también establece que los operadores de los servicios de telefonía móvil celular y comunicaciones personales (PCS), están obligados a proponer soluciones técnicas que permitan el bloqueo de señales en todos los recintos de los centros penitenciarios, granjas penales y en los centros de internamiento de menores.

Esas soluciones técnicas serán aprobadas por la Conatel, previa instalación. Una vez instalados y verificada la operación efectiva por parte de ese organismo regulador, los operadores serán los responsables de su efectiva administración, operación y uso. El resguardo de los equipos instalados será responsabilidad de los centros penitenciarios, granjas penales y centros de internamiento de menores.

La medida también indica que las soluciones técnicas que propongan los proveedores deberán de cumplir las disposiciones y requerimientos técnicos que Conatel establezca en el reglamento técnico que a su efecto se emita.

Los proveedores de los servicios de telecomunicaciones, distintos a los servicios de telefonía móvil celular y comunicaciones personales (PCS), están obligados, dentro del plazo de 15 días a presentar las soluciones técnicas a Conatel contados a partir de la entrada en vigencia de este decreto.

Conatel certificará esas soluciones técnicas, y contará con 15 días para certificar las propuestas realizadas. Una vez certificadas las soluciones técnicas, los proveedores contaran con un mes, para implementar las medidas técnicas a fin de impedir la prestación de sus servicios de telecomunicaciones dentro de los recintos de los centros penitenciarios, granjas penales y centros de internamiento de menores.

El decreto también señala que una vez finalizada la instalación de las soluciones técnicas por parte de los operadores de los servicios de telefonía móvil celular y comunicaciones personales, se instruye a Conatel como órgano técnico especializado, para la comprobación de la instalación y correcta operación de las soluciones técnicas que bloqueen la señal instalados en las cárceles.

Agrega que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad por medio de los entes de seguridad del Estado deberán cooperar con Conatel en cuanto al cumplimiento y comprobación de este decreto.

Advierte que el incumplimiento de lo establecido en los artículos 1 y 2 del decreto, por parte de los operadores del servicio de telefonía móvil celular y comunicaciones personales (PCS) conllevará una multa de 10 millones lempiras cuando la infracción sea cometida por primera vez.

De 20 millones de lempiras cuando la infracción sea cometida por segunda vez; y, la revocación del contrato de concesión cuando la infracción sea cometida por tercera vez.

Añade que el incumplimiento de lo ordenado anteriormente por parte de Conatel estará sujeto a las responsabilidades penales correspondientes.

En el artículo seis, se establece que dentro de los centros penitenciarios, granjas penales, centros preventivos y centros de internamiento de menores queda terminantemente prohibido a los privados de libertad, sus visitas, funcionarios o empleados del sistema penitenciario entiéndase por estos a custodios, personal de mantenimiento, empleados administrativos, o cualquier otra persona ajena al centro que por cualquier motivo tenga que ingresar al mismo, el ingreso, tenencia, permanencia, uso y portación de teléfonos celulares, teléfonos satelitales, teléfonos fijos (alámbricos o inalámbricos), tablets, computadoras, comunicador portátil (walkie-talkie), o cualquier otro dispositivo o equipo terminal que permita tanto el acceso a redes de servicios de telecomunicaciones como la transmisión, emisión o recepción de voz, datos y/o imágenes de cualquier naturaleza.

Advierte que quien se encuentre privado de libertad en alguno de los centros penitenciarios, granjas penales, centros preventivos y centros de internamiento de menores, y porte o haga uso en forma ilegal de cualquiera de los dispositivos o equipos terminales enunciados en el artículo seis, será sancionado, con una pena de tres a cinco años de prisión.

Con la misma pena de prisión, más multa de 100 mil lempiras, se sancionará a quien por visita a un privado de libertad o por cualquier motivo acceda a alguno de los centros enunciados en el párrafo anterior, e ingrese a esos establecimientos cualquiera de los dispositivos o equipos terminales enunciados en el artículo seis de esta ley.

Asimismo, el funcionario o empleado de los centros penitenciarios, granjas penales, centros preventivos o centros de internamiento de menores que porte, utilice, facilite o permita el ingreso a esos centros de cualquiera de los dispositivos o equipos terminales enunciados en el artículo seis de la ley, será sancionado con una pena de cinco a siete años de prisión, multa de 100 mil lempiras e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el doble de tiempo que dure la reclusión.

Puntualiza que la prohibición establecida en el artículo 1 de este decreto, será extensiva a cualquier persona natural o jurídica que no cuente con título habilitante otorgado por la Conatel y que instale, preste y opere los servicios de telecomunicaciones, a los centros penitenciarios, granjas penales, centros preventivos o centros de internamiento de menores, por lo que su incumplimiento será objeto de las sanciones establecidas en el artículo seis de la presente ley, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones y su reglamento general.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/vuelven-prohibir-uso-de-celulares-en-c%C3%A1rceles-hondure%C3%B1as

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Oliva evita sancionar a telefonía celular por llamadas desde las cárceles

olivatigoclaroEl gobierno de Juan Orlando Hernández aseguro hacer todo lo posible para que se evitara que desde las cárceles de Honduras se realizaran llamadas con celulares de Tigo y Claro, ya que ha quedado evidenciado que desde ahí se giran instrucciones para realizar acciones al margen de la ley.

En su momento el propio mandatario aseguro que estas compañías telefónicas tenían las manos manchadas de sangre, ya que ellas no hacían nada para instalar los aparatos que evitaba y bloqueaba las llamadas telefónicas.

Nuevamente en el Congreso Nacional, por tercera vez, dispuso a analizar el tema para buscar un nuevo instrumento que legalmente evitara que desde las cárceles se realizaran mas llamadas, porque a pesar de que ya en dos ocasiones anteriores se había hablado del tema, tanto Tigo como Claro siguen recibiendo dinero de las llamadas realizadas desde las cárceles.

Ante esta situación el diputado Esdras Amado López intervino en la sesión del Congreso Nacional para hacer una observación que iba encaminada a las sanciones que deberían ya tener las compañías de telefonía celular.

“Este es el tercer intento en la historia de tratar de regular los servicios de telefonía móvil desde los centros penales…esto parece ser otro instrumento que evita la confrontación  por la irresponsabilidad en la que han caído las compañías de telefonía celular” dijo López.

López aseguro que las multas nunca fueron impuestas a Tigo y Claro por nunca haber bloqueado las llamadas desde las cárceles del país.

Al momento de realizar su participación el diputado López, para evitar que siguiera diciendo las realidades, cortaron la señal que Cholusat Sur emitía desde la cede del poder legislativo.

Aquí el momento en que ocurría la discusión

 

URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=10231

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CIDH llama a implementar verdaderas políticas carcelarias en Honduras

Abr 17, 2015

Mediante un comunicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó  su preocupación por las muertes violentas de privados de libertad, hechos que se han dado en los últimos meses en diferentes cárceles del país.

En el comunicado la CIDH señala que “la ausencia de medidas adecuadas de seguridad, supervisión y control interno de las cárceles es uno de los principales problemas estructurales que tiene el sistema Penitenciario del país”, así mismo hace un llamado al Estado hondureño a implementar acciones que tengan un impacto real en la situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad. Esto incluye adecuar las condiciones de detención de los centros de reclusión a los estándares internaciones y adoptar acciones inmediatas, además de planes a mediado o largo plazo, para garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de libertad en Honduras.

La CIDH señala que es una obligación del Estado tomar medidas para garantizar y mantener la seguridad interna en los centros penales, y debe buscar estrategias para acabar con grupos delictivos en los centros penales.

Para el abogado Mario Chinchilla de Cáritas Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado interesada dándole seguimiento a los casos de violaciones  a derechos humanos en los centros penales del país.

Asegura que el comunicado de la CIDH es una reacción por los traslados de internos, traslados en los que los privados de libertad fueron  objeto de tratos inhumanos, donde la policía militar utilizó la fuerza excesiva, ante eso la CIDH ha hecho un llamado al Estado para que cese en esa conducta violenta cuando se dirige a los privados de libertad.

En cuestión de 15 años en Honduras hubo cinco incendios en cárceles. Tres de ellos han sido fatales: el incendio de La Ceiba, Atlántida en el año 2003; un año más tarde ocurrió otro en San Pedro Sula; y en 2012, en Comayagua, cogieron fuego distintas celdas de ese recinto penitenciario. En suma, un total de 533 privados de libertad murieron quemados sin que el Estado enmiende sus errores.

Lea también: Ley antimaras debía ser derogada tras sentencia de CORTEIDH, pero al contrario será endurecida

El caso más conocido es el caso Pacheco Teruel, que se relaciona con la muerte de 107 privados de libertad durante un incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula el 17 de mayo de 2004.  Chinchilla agrega que el Estado hondureño ha incumplido la  resolución dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Añade que la Corte emitirá en las próximas semanas su informe del seguimiento de la sentencia en el Caso Pacheco Teruel caso del que no existe una verdadera investigación y prácticamente se ha incumplido la resolución y las recomendaciones.

En el Comunicado de Prensa emitido el pasado 14 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  urge a las autoridades del país, implementar verdaderas políticas penitenciarias. Las diferentes cárceles del país son una bomba de tiempo, todas están sobre pobladas, los privados de libertad están en total hacinamiento, la capacidad de los centros penales en el país es de aproximadamente 8,500 personas, pero actualmente  el hacinamiento supera el 57 %.

Tarea de la sociedad civil

La abogada Odalis Nájera de la Organización contra la tortura y otros tratos  o penas crueles inhumanos o degradantes (CONAPREV) asegura que llegó el momento de tomar decisiones con el tema del sistema penitenciario en el país porque practicamente este ha colapsado  y por haber colapsado es necesario que El Estado tome decisiones para aprobar una política penitenciaria que marque un rumbo, una ruta que se pueda seguir en materia penitenciaria.

Nájera añade que la sociedad civil, las organizaciones defensoras de derechos humanos deben estar vigilantes, que El Estado y los funcionarios públicos cumplan con las resoluciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha realizado en torno al manejo del Sistema Penitenciario.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1998-cidh-llama-a-implementar-verdaderas-pol%C3%ADticas-carcelarias-en-honduras

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CIDH deplora muertes violentas en cárceles de Honduras

Escrito por Redacción | Abril 14 del 2015

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Washington, D.C. (Conexihon). – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por las muertes violentas de al menos doce personas privadas de libertad acaecidas en incidentes de violencia ocurridos durante el mes de marzo en las Penitenciarías Nacionales de San Pedro Sula, Comayagua y Támara (Tegucigalpa). La CIDH urge al Estado a adoptar las medidas necesarias a fin de evitar la reiteración de hechos similares.
De acuerdo con la información de público conocimiento, el 11 de marzo en la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula hubo un fuerte intercambio de disparos que dejó como resultado tres reos muertos y más de treinta heridos, incluyendo ocho policías militares. De acuerdo con el portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA) estos hechos se produjeron en el contexto de una operación en la que se buscaba trasladar a determinados presos de alta peligrosidad a otras prisiones.
Luego de controlado el motín, por la intervención de aproximadamente 400 policías y militares, se realizó una requisa en la que se decomisó armas de fuego de grueso calibre, incluso fusiles de asalto AK-47, chalecos a prueba de balas, drogas y licor, teléfonos celulares, y otros objetos ilícitos. Asimismo, las fuerzas de seguridad del Estado trasladaron a treinta y dos reclusos considerados líderes (“coordinadores”) a otros penales. Todos estos hechos, ocurridos a raíz del referido operativo de traslado de internos, tuvieron lugar durante uno de los días de visita de familiares en el centro penal.
El 28 de marzo se produjo una riña en la Penitenciaría Nacional de Comayagua en la que se utilizaron armas de fuego, y perdieron la vida dos reclusos y al menos tres resultaron gravemente heridos. Luego de estos hechos, unos cuarenta y dos reclusos de esa penitenciaría habrían sido trasladados a otros centros penales. De igual forma, unos días antes de los sucesos referidos, el 24 de marzo, otro recluso habría sido asesinado en ese centro penitenciario producto de heridas de arma blanca.
Asimismo, según información ampliamente difundida, el 29 de marzo fueron asesinados siete reclusos vinculados a la pandilla denominada “mara 18”: cuatro en la Penitenciaría Nacional de Támara (“Marco Aurelio Soto”), en Tegucigalpa y tres en la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula. De acuerdo con información de prensa, estos siete reclusos fueron ejecutados por otros miembros de su propia pandilla.
Estos graves hechos de violencia han estado directa o indirectamente relacionados con el traslado sistemático de presos considerados de alta peligrosidad a unidades penitenciarias de máxima seguridad y celdas instaladas recientemente en bases militares (batallones de infantería); y en todos los casos, tanto los operativos de traslados como el control posterior de estos brotes de violencia, han estado a cargo de FUSINA.
En este contexto, la CIDH reitera que los Estados tienen la facultad y la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de las cárceles, utilizando métodos que se ajusten a los parámetros establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Los Estados no solo deben asegurar que sus agentes ejerzan un control adecuado de la seguridad y el orden en las cárceles, sino que debe adoptar las medidas necesarias para proteger a las personas privadas contra posibles agresiones de terceras personas, incluso de otros reclusos.
En su informe sobre la situación sobre los derechos de las personas privadas de libertad en Honduras, la CIDH determinó que la ausencia de medidas adecuadas de seguridad, supervisión y control interno de las cárceles es uno de los principales problemas estructurales que debe ser abordado por el Estado.
La CIDH urge a las autoridades hondureñas a implementar acciones que tengan un impacto real en la situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad. Esto incluye adecuar las condiciones de detención de los centros de reclusión a los estándares internaciones y adoptar acciones inmediatas, además de planes a mediado o largo plazo, para garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de libertad en Honduras. El Estado debe, como medidas fundamentales, garantizar y mantener la seguridad interna de los centros penales y controlar el ingreso de armas, sustancias ilícitas y la circulación de dinero dentro de las cárceles. Además, debe buscar mecanismos para desarticular las organizaciones criminales que operan en los centros penales.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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Tortura en el segundo Batallón de Infantería

Written by Comunicaciones / MNP CONAPREV. Posted in Noticias

El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), eleva su preocupación al máximo nivel, por la grave denuncia expuesta por un grupo de familiares de privados de libertad en el segundo Batallón de Infantería, situado en el valle de Tamara. 

 

La brutalidad de la que son víctimas los privados de libertad, se resume en tratos crueles e inhumanos o degradantes.

 

A partir del 9 de marzo de 2015 un grupo de privados de libertad fue trasladado de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto (PNMAS), hacía el Segundo Batallón de Infantería. Este hecho es condenado por los familiares de los internos, quienes aducen que tal medida fue arbitraria y sin ninguna justificación de parte del director de PNMAS, Guillermo Sandoval.

 

Los familiares de los privados de libertad aducen que al visitar a los internos hacen un recorrido en horas de la madrugada de 3 kilómetros, para llegar al centro de detención, y luego esperan una larga jornada por la mañana bajo el ardiente sol haciendo largas filas, hasta lograr ingresar al Segundo Batallón de Infantería. 

 

El testimonio de los familiares que por razones de seguridad no se revela su nombre, fue tomado por el equipo técnico y legal del Conaprev el 13 de abril de 2015, y describe que a los privados de libertad se les violentan los siguientes derechos:

 

  1. La alimentación de los privados de libertad en ese centro de detención es restringida y estrictamente seleccionada por los custodios penitenciarios, cada vez que a los privados de libertad les llevan alimentos, sus familiares. La situación es tan inhumana que la alimentación en primera instancia es expuesta cerca de los servicios sanitarios y tirada al piso por un tiempo alargado, hasta que la misma ya no cumple con las condiciones sanitarias a las que normalmente un ser humano pueda ingerir.

 

  1. La ausencia de un médico para la revisión adecuada del estado de salud de los privados de libertad es notoria, puesto que según los familiares de los privados de libertad están padeciendo de enfermedades gastrointestinales, falta de peso y una posible desnutrición de los mismos.

 

  1. Los familiares de las víctimas también denunciaron ante las oficinas del Conaprev que los privados de libertad tienen prohibido las visitas conyugales.

 

  1. La inspección por la que atraviesan los familiares de los privados de libertad, es tal, que a las señoras de la tercera edad con padecimientos de artritis, las obligan a despojarse de sus ropas intimas y hacer 10 flexiones hacia abajo. Este ejercicio es obligatorio para todo familiar que se dirige a visitar a un privado de libertad, sin excepción de edad o sexo, por lo que este es un trato inhumano para los familiares, según las descripciones que brindaron al personal técnico y legal del Conaprev.

 

  1. Cada vez que un familiar visita aun privado de libertad, no pueden tener contacto físico con los privados de libertad, es decir un abrazo o estrecharse la mano, y el tiempo de estadía se limita a 10 minutos, incluso para comer los alimentos que los familiares llevan a los reclusos. Así mismo los privados de libertad tienen restringido al contacto físico con sus hijos durante la visita.

 

  1. Según los familiares de los internos del segundo Batallón de Infantería, sus familiares no tienen acceso al agua potable, y por la noche los custodios penitenciarios utilizan gases tóxicos que son arrojados a las bartolinas de los privados de libertad, con el propósito de adormecerlos utilizando gases dañinos para la salud.

 

El Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura  y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), que es una institución que se crea en cumplimiento del Protocolo Facultativo  de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes. Es la institución encargada de prevenir que en los diferentes centros de detención, custodia o internamiento del país, se produzcan actos de tortura, Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, a las personas que en ellos se encuentren, independientemente de la edad, sexo, nacionalidad, religión, raza o condición jurídica, que estas personas tengan.

El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura en Honduras, agradece al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a COSUDE (cooperación sueca), y a la Unión Europea, por cooperar en el tema de derechos humanos. De igual forma el CONAPREV exhorta a otros países cooperantes a que continúen cooperando en derechos humanos en Honduras, porque es de vital importancia, por el entorno actual, de violencia que se vive en la nación centroamericana.

 

“LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD NO SIGNIFICA LA PÉRDIDA DE LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO”

Fuente: http://conaprev.gob.hn/index.php/noticias/247-tortura-en-el-segundo-batallon-de-infanteria

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Está lista para que entre en vigencia la Ley de Trabajo Forzoso de los Reos.

La reforma enviada por el Presidente Juan Orlando Hernández propone trabajos obligatorios con una duración de un mil doscientas (1,200 h/a) horas anuales como mínimo, por cada privado de libertad.

Así lo han reiterado esta mañana fuentes de la Cámara Legislativa en lo que se refiere a la propuesta que es socializada entre los diversos sectores y que busca terminar con el estado de ocio en que se encuentran los privados de libertad.

La iniciativa que obliga a los reos a efectuar diversas tareas, ha sido consensuada con organismos de derechos humanos y, en los próximos días, será sometida al análisis de representantes del Poder Judicial y del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional

La reforma enviada por el Presidente Juan Orlando Hernández propone trabajos obligatorios con una duración de un mil doscientas (1,200 h/a) horas anuales como mínimo, por cada privado de libertad.

Entre las actividades se contemplan trabajos en actividades de construcción y reconstrucción de la infraestructura vial, física y arquitectónica del Estado, en la preparación de materia prima necesaria para estos fines, como fabricación de bloques, ladrillos, picar piedra, hacer zanjas, movimiento de arena y cualquier otra materia prima para la construcción.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/est%C3%A1-lista-para-que-entre-en-vigencia-la-ley-de-trabajo-forzoso-de-los-reos

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Varias hipótesis manejan autoridades sobre muerte de siete reclusos


  • Lunes, 30 Marzo 2015 09:29

Varias hipótesis manejan autoridades sobre muerte de siete reclusos

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa- Tras registrarse la muerte de siete reclusos, cuatro de ellos en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, ubicada en Támara, Francisco, Morazán y tres en el Centro Penal de San Pedro Sula, norte del país, todos por estrangulamiento, las autoridades penitenciarias manejan que existen varias hipótesis en torno a sus muertes por lo que se trabaja en esclarecer los hechos.

Eldirector de Centros Penales, Francisco Gálvez, dijo que se manejan varias versiones en relación a la muerte de los siete pandilleros; una de estas es que pandilleros intentaron violar una joven que visitaba a otro pandillero perteneciente a otro grupo.

 

“En ese sentido irrespetaron los códigos que tienen entre ellos de respetarse las mujeres entre pandilleros y eso provocó la muerte de alguna de las víctimas”, detalló.

 

Otra de las hipótesis es que fue por una droga que habría sido hurtada y que pertenecía a un grupo con lo que habrían violado también los códigos internos que ellos mismos mantienen, indicó.

 

Los siete reclusos muertos pertenecen a la Mara 18 y sus mismos compañeros los habrían estrangulado por violar sus propias normas.

 

Por otra parte Gálvez, fue contundente al informar que seguirán los traslados de pandilleros peligrosos “con eso no hay marcha atrás”, aseguró.

 

Indicó que ya han sido trasladados a la cárcel de El Porvenir 42 reos de alta peligrosidad que han sido movidos de San Pedro Sula, Comayagua y Támara.

 

En cuanto al problema que se presentó el fin de semana en la Granja Penal de Comayagua, dijo que el mismo se originó porque uno de los pandilleros sería trasladado y tuvieron un enfrentamiento, sin embargo, ya se sacó a los cabecillas y fueron trasladados a la cárcel de El Porvenir.

Fuente: http://www.proceso.hn/nacionales/item/99538-varias-hip%C3%B3tesis-manejan-autoridades-sobre-muerte-de-siete-reclusos.html

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Dos reos muertos en amotinamiento de granja penal de Comayagua

Se confirma la muerte de dos reos luego del amotinamiento registarado en el centro penal de esa zona central.

Se confirma la muerte de un dos reos uego del amotinamiento registarado en el centro penal de esa zona central.

Uno de los internos murio dentro del penal y otro fue trasladado al hospital donde minutos después fallecio, el nombre de las victiamas son : Melvin Isau Cruz, Alvarado, Victor Manuel Gómez Mendoza

En el amotinamiento registrado en las últimas horas en la granja penal de Comayagua además hay al menos un herido.

De momento no se ha logrado establecer sus identidades pero se detallo que fueron llevados al Hospital Santa Teresa de la localidad.

En información preliminar se informa que el suceso se dio porque los internos se opusieron al traslado de un recluso apodado “El Dalmata”, considerado como reo de alta peligrosidad.

En medio del movimiento y la preocupación de familiares que ha llegado a las afueras del penal ya han llegado elementos de la Cruz Roja Hondureña y Cuerpo de Bomberos.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/dos-reos-muertos-en-amotinamiento-de-granja-penal-de-comayagua

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Educación deberían dar a reos opinan penalistas

Miércoles, 25 Marzo 2015 23:00

Las cárceles hondureñas son universidades del crimen y no centros de rehabilitación. En ese sentido no es aumentando las penas como se combate el crimen, según expertos. Las cárceles hondureñas son universidades del crimen y no centros de rehabilitación. En ese sentido no es aumentando las penas como se combate el crimen, según expertos.

TEGUCIGALPA- La Ley del Trabajo Forzado -conocida también como la “Ley Picapiedra”- que obligará a los reos a realizar labores dentro o fuera de los penales cuatro horas al día es violatoria de los derechos humanos de los privados de libertad.

Así coincidieron expertos en temas penales consultados en torno  al paquete de reformas que se proyecta implementar para frenar la ola de violencia que azota el país.

El Código Procesal ya establece que a las personas imputadas e incluso condenadas no se les podrá imponer penas degradantes.

Honduras ha suscrito convenios internacionales en torno al respeto de los derechos humanos y por eso debe denunciarlos antes si es que desea endurecer algunas penas, agregaron.

También cuestionaron que se amplíen las penas de reclusión –de 12 a 20 años– para los miembros de las pandillas o maras o rebajar la edad punible.

PRIVACION
No se puede justificar-mediante los principios del interés superior del niño y su protección integral- una extensión de la privación de libertad del joven con el argumento de que ello es favorable para su educación”, según Odir Fernández, coordinador general del Post Grado en Derecho Penal y Procesal Penal.

“La educación no se hace mediante la privación de la libertad. Se hace enseñando”, sentenció.

No debe olvidarse que cuando se impone una sanción penal juvenil que está en el Derecho Penal es un mal que se impone y no un bien que se concede, subrayó.

El Derecho Penal es represivo, por lo tanto las reacciones serán violentas y represivas también, según su criterio.

Se deben utilizar sistemas alternos a la conclusión de los procesos penales, démosle el beneficio de la duda a fin de generar más sociedad, afirmó.

Además afirmó que resulta inadmisible que se imponga al joven una sanción por encima de lo que corresponde de acuerdo a su culpabilidad.

En ese sentido, el litigante Elvin Carrillo, pasante del posgrado de Derecho Penal, sugirió que el trabajo se podría introducir en los penales, siempre y cuando sea remunerado sin denigrar a la persona que lo ejerce.

Por su parte, Roy Urtecho, ex presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) sugirió que todos los operadores de justicia puedan concertar una verdadera política criminal dirigida a generar el bien común.

ABOGADO F2 26 03 15

El Derecho Penal es represivo por lo tanto las reacciones serán violentas y represivas también. A veces se piensa que está hecho para el enemigo”: Odir Fernández, coordinador de Postgrado Derecho Penal.

Fuente: http://www.tiempo.hn/nacion/item/24864-educacion-deberian-dar-a-reos-opinan-penalistas

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Congreso de Honduras discute Ley de Trabajos Forzados

La propuesta no contempla el aumento de la manutención, que apenas llega a los 30 lempiras por cada reo, a razón de 10 lempiras por cada tiempo de comida, consistente en tortillas, arroz y frijoles.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Poder Legislativo discute la Ley de Trabajo Forzado, que obligará a los privados de libertad a picar piedra durante 1,200 horas por año.

El presidente de Honduras, Juan Hernández, envió el proyecto de ley al Congreso Nacional para que se discuta y se apruebe la normativa, llamada “Ley Picapiedra” para que los prisioneros “paguen” al Estado el costo de tenerlos encerrados.

Se tiene previsto con la iniciativa que los presos trabajen unas 1,200 horas anuales, es decir, unas cuatro horas al día.

Los trabajos consistirán en construcción de infraestructura vial, física y arquitectónica del estado, también los presos fabricarán bloques, ladrillos, picar piedra, hacer zanjas, y movimiento de arena.

Asimismo, la ley incluirá programas educativos con el objetivo de reformar a los presos y crear ciudadanos útiles para el Estado. También, se busca que con estas capacitaciones reducir las penas de los privados de libertad.

La propuesta no contempla el aumento de la manutención, que apenas llega a los 30 lempiras por cada reo, a razón de 10 lempiras por cada tiempo de comida, consistente en tortillas, arroz y frijoles.

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“Ley picapiedra” obliga a reos a trabajar 1,200 horas al año

20 de Marzo de 2015

01:18AM  –  Héctor Cálix  

El Estado gasta 162 millones de lempiras al año en la manutención de los privados de libertad, que tienen una vida parasitaria en las prisiones. Se instituye un Programa Obligatorio de Trabajo.

Los privados de libertad serán obligados a realizar trabajos para su manutención y así erradicar el ocio en las prisiones.
Los privados de libertad serán obligados a realizar trabajos para su manutención y así erradicar el ocio en las prisiones.

TEGUCIGALPA, Honduras

Los privados de libertad deberán cumplir 1,200 horas al año de trabajo obligatorio, según la ley enviada al Congreso Nacional por el presidente Juan Orlando Hernández y que ya es conocida como “ley picapiedra”.

La ley fue bautizada así luego que el presidente Hernández ejemplificara que los jefes de presidios deben poner a los reos “a picar piedra” para que no sigas de ociosos.

El proyecto ingresó al pleno legislativo esta semana con el nombre de Ley del Trabajo Obligatorio para Personas Privadas de Libertad, que consta de 16 artículos, dentro de los cuales se reforman disposiciones contenidas en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

Justificaciones

El presidente Hernández señala en la exposición de motivos que debido al ocio y a la falta de actividad en los centros penitenciarios, los reclusos dedican este tiempo a planificar actividades delictivas.

Esta situación está generalizada en todos los centros penales, convirtiendo a dichos establecimientos en auténticas escuelas del crimen, perdiéndose con ello una de las finalidades de las penas de prisión como es la rehabilitación.

El gobernante plantea que esta ley vendrá a solucionar problemas de hacinamiento y de ocio en las prisiones, la violencia interna y, sobre todo, a descargar costos para la manutención de los reos.

Actualmente, en el sistema penitenciario hay más de 15,000 personas privadas de libertad, entre hombres y mujeres.

El Estado gasta aproximadamente 450,000 lempiras diarios en la alimentación de estos recluidos. Al mes, esa cifra es de 13.5 millones de lempiras, lo que suma al año la cantidad de 162 millones de lempiras.

La finalidad

La Ley tiene como finalidad regular el trabajo obligatorio que deben realizar los privados de libertad como parte de los procesos de rehabilitación, readaptación social, terapia ocupacional, superar el ocio y compensar la inversión de la sociedad en su manutención.

La Ley crea un Régimen de Trabajo Obligatorio en todos los establecimientos penitenciarios con una duración de 1,200 horas anuales como mínimo por cada privado de libertad.

Igualmente, se crea una Unidad Ejecutora del Trabajo Obligatorio para cada uno de los establecimientos penitenciarios, la que debe mantener un registro permanente de las horas de trabajo de cada privado de libertad, debiendo convalidarse anualmente con el Juez de Ejecución, agregando la constancia respectiva en el expediente judicial.

El programa

Según la Ley, el INP deberá suscribir los acuerdos y convenios de colaboración o cooperación entre el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, patronatos o grupos de apoyo a la población privada de libertad, nacionales o extranjeras.

Así también ejecutar anualmente al menos un programa de trabajo obligatorio por cada centro penal, el que consistirá en proyectos de reforestación, fabricación de pupitres, pizarras educativas, reciclaje de material orgánico e inorgánico.

Incluye trabajo en actividades de construcción y reconstrucción de la infraestructura vial, física y arquitectónica del Estado, preparación de materia prima necesaria para estos fines, tales como fabricación de bloques, ladrillos, picar piedra, hacer zanjas, movimiento de arena y cualquier otra materia prima para la construcción y las demás que le confieran las leyes y reglamentos.

La vigilancia y control de la ejecución de las penas, medidas de Seguridad y cumplimiento de las 1,200 horas anuales de trabajo obligatorio está a cargo del Juez de Ejecución, de conformidad con lo dispuesto por el Código Procesal Penal y demás leyes aplicables.

Sanciones

Si el privado de libertad incumple intencionalmente con el trabajo al que estuviese obligado, se le aplicará lo prescrito en el régimen disciplinario de cada centro penitenciario, cita la ley a la que tuvo acceso EL HERALDO.

Se exceptúan de la obligatoriedad del trabajo los privados de libertad con enfermedades terminales, discapacitados y adultos mayores.

Incentivos

Por otra parte, el diputado nacionalista Renán Inestroza ha presentado un proyecto de ley orientado a que el privado de libertad que complete sus estudios primarios o secundarios en los centros penales obtendrá como incentivo la reducción de la pena. La anterior es una propuesta de reforma al Código Penal como una medida para erradicar el ocio que prima en los centros de reclusión.

Inestroza considera que la rehabilitación e inserción de los privados de libertad es un proceso casi fallido en Honduras.

Las condiciones económicas del país no han permitido la implementación de una política pública que dé respuesta a esa debilidad del sistema penitenciario, acotó el congresista.

Agregó que la formación académica se brinda solo en los establecimientos penitenciarios que tienen la capacidad de proveerlo, sin embargo, la educación de personas adultas en las cárceles debe ir más allá de una simple capacitación; debe convertirse en requisito para solicitar beneficios como la reducción de la pena, pues la intención es que esta formación académica sea el medio para que el privado de libertad obtenga un trabajo o se gane la vida en forma independiente y que no delinca más.

Ambos proyectos fueron turnados a la Comisión de Seguridad que preside el diputado Tomás Zambrano.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/823986-331/ley-picapiedra-obliga-a-reos-a-trabajar-1200-horas-al-a%C3%B1o

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JOH asegura que reos no vivirán como reyes

Miércoles, 18 Marzo 2015 20:45

El presidente Hernández manifestó que lo correcto es que los reos trabajen porque el ocio los anima a seguir delinquiendo. El presidente Hernández manifestó que lo correcto es que los reos trabajen porque el ocio los anima a seguir delinquiendo.

TEGUCIGALPA- El proyecto de poner trabajo forzado a los reos no se detendrá porque no es posible que los que cometen delitos pasen como reyes en sus celdas con aire acondicionados, televisores plasmas y hasta loros, dijo ayer el presidente Juan Orlando Hernández.

El mandatario aseguró que hay voces en contra de que se ponga a trabajar a los internos de los presidios, pero él mantiene su posición porque está convencido de que el trabajo es la mejor forma de rehabilitar.

“Cómo es posible que alguien que está privado de libertad tenga un celular, tenga un plasma, una lora, un perro, música y armas. Cómo se puede justificar eso”, preguntó el mandatario.
“Esta no es Suecia, el que está privado de libertad tiene que trabajar para pagarle al Estado lo que estamos invirtiendo, y más importante aún, que esté ocupado para que no esté pensando en cómo delinquir desde la cárcel”, sentenció Hernández.

Maras
El presidente pidió a los diputados agilidad en la aprobación de las reformas para castigar a los mareros y a sus colaboradores.

Fuente: http://www.tiempo.hn/nacion/item/23886-joh-asegura-que-reos-no-viviran-como-reyes

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Privados de libertar tendrían que trabajar durante condena penitenciaria

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El Presidente Hernandez anunció la emisión de una resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, cuyo objetivo es lograr mejores resultados en los procesos judiciales y así de esta manera mejorar el sistema penitenciario del país.

“Es necesario hacer estas reformas al sistema penitenciario, por ejemplo con el tema de la separación de los criminales de mayor peligrosidad, algo que no se tiene en el actual sistema porque ahora tenemos uno como el de los países que no tienen altos índices de violencia y que están a punto de cerrar sus cárceles por falta de población”, dijo el gobernante.

Los artículos a reformar tienen que ver con la segregación de la población carcelaria por su peligrosidad, así como la realización de trabajos por parte de algunos presidiarios.

“La realidad es muy distinta a lo que estamos viviendo o a lo que ha estado viviendo el país en los últimos ocho o nueve años”, refirió el mandatario sobre las reformas que se pretenden de artículos sobre algunos temas importantes relacionados con el sistema penitenciario del país.

Fuente: http://lanoticia.hn/nacionales/privados-de-libertar-tendrian-que-trabajar-durante-condena-penitenciaria/

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Centros penales: la “Cenicienta” del sistema de justicia

Abr 13, 2012

Las  condiciones  de  hacinamiento y  falta de los servicios básicos en los  centros  penales  de  Honduras y  Centro América representan una constante violación a los derechos fundamentales de los privados y privadas de libertad constituyendo una especie de tortura, asegura Roy Murillo, especialista en el tema.

Y   es  que el  sistema  penitenciario de Honduras apunta hacia las personas  empobrecidas,  víctimas  de un sistema de  justicia inoperante, representando una verdadera “cenicienta” como lo plantea el abogado penalista hondureño, Celso Alvarado.

 

 

 

 

“El encierro es un castigo por un hecho sancionado como delito pero tiene una finalidad rehabilitadora, sin embargo si hay encierro sin condiciones mínimas, las cárceles terminan siendo escuelas del crimen”, Roy Murillo, consultor internacional de asuntos penitenciarios de Costa Rica.

Subcultura de corrupción

“Todavía me tiemblan los pies, estoy asustado” decía un interno del Penal  de San Pedro Sula  mientras el coordinador de los reclusos aseguraba frente a monseñor Rómulo Emiliani, obispo auxiliar de San Pedro Sula que la tiranía se había acabado en este centro, tras dos semanas de ocurrido un motín en el que murieron 13 privados de libertad.joaqu

Aunque todo parezca normal en esta penitenciaría, el olor a marihuana aún se siente en los pasillos y las condiciones en las que viven los privados y priva- das de libertad reflejan una subcultura donde impera la desigualdad, la ilegalidad y la corrupción.

Dentro de cada centro penal se da una subcultura, según Alvarado, una pequeña jurisdicción con población, autoridades, pequeñas comunidades donde la corrupción ha ido creciendo.

“Se sabe que hay negocios dentro del centro penal donde venden dro- gas, hay tráfico de armas, todo esto tolerado por las autoridades que en teoría deben ser la salvaguardia de que esto no suceda.” afirmó  Alvarado.

Don  Jesús  es  el  interno  con más edad en el centro penal de Pedro Sula,  tiene  85 años, de los cuales 14 ha estado preso. Él asegura que los incidentes en los que pierden la vida los internos suceden por la contaminación que la droga ha generado en este centro.

“Todo eso es motivo de las drogas, las cosas deben mejorar porque la droga es la que mata aquí, uno hasta peligra que lo segueteen.  Aquí adentro hay y venden  drogas, y eso es malo. Cuando el motín, miré que la cosa se puso fea, me encendieron un tele para que estuviera tranquilo pero el tiroteo era bárbaro, estaba asustado,  aquí  ya  no se  controla esto” relata don Jesús quien vive en una bartolina con otros 17 privados de libertad de la tercera edad.

No se ven mejoras

Para el  coordinador  del  área  de Derechos Humanos  del Equipo de Reflexión, Investigación y  Comunicación, ERIC-SJ, Joaquín Mejía, el problema de las cárceles es grave y esto se ve reflejado en la violencia intercarcelaria que cada semana cobra la vida de las personas priva- das de libertad.

Los casos más graves como la masacre en La Ceiba, en el año 2003, en que murieron 69 personas, en su mayoría miembros de pandillas y maras, siguen estando bajo el oscuro velo de la injusticia. En este caso se juzgaron algunos culpables, pero según Mejía los autores intelectuales siguen libres y con poder.

Luego en 2004 el caso del incendio en el que murieron 107 privados de libertad en el Centro Penal de San Pedro Sula    fue  llevado  hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  CorteIDH   en  busca de justicia  internacional porque el  Estado respondía con impunidad.

Para Isis  Perdomo de la  Pastoral Penitenciaria  de  San  Pedro Sula, quienes apoyaron el proceso de denuncia ante la CorteIDH, estar en el centro penal es difícil, donde se le violan los derechos a los internos y el mismo Estado es el que crea esa situación.

“Cáritas  de la  Iglesia  Católica  ha asumido compromisos para que las estructuras cambien, no solo las físicas sino las mentales porque buscamos que hayan condiciones en las que el privado de libertad se vea como sujeto de derecho. Si  usted revisa los nombres de los internos no hay apellidos de la alta sociedad, solo  personas  pobres,  la  mayoría de escasos  recursos económicos” afirmó Perdomo.

Y los últimos hechos que están lejos de esclarecerse, la muerte de 361 privados de libertad en un incendio en la Granja Penal de Comayagua y el motín en el Penal de San Pedro Sula en el que murieron 13 internos.

Para el abogado penalista, Celso Alvarado, la tendencia que ha seguido no solo con las masacres sino con hechos aislados, es atribuida a un patrón sistemático  de permitir estos hechos.

“Por  ejemplo la  teoría  del  cigarrillo en Comayagua o del cableado en San Pedro Sula, nos da idea que desde  ese momento no existe, por parte del Estado, interés alguno de investigar quiénes fueron los culpables y eso crea todo un velo de impunidad por no juzgar a los responsables.

Mora judicial

El error de la mora judicial trató de corregirse con el nuevo código procesal penal, según Alvarado pero hasta ahora no se ven mejoras,  el 70% de los  privados  de libertad está sin condena.

Según el Sistema Interamericano al que Honduras pertenece, cuando una persona tiene ya dos años en prisión preventiva, y el ente investigador y el ente juzgador han sido incapaces de probar la culpabilidad y de llegar a una sentencia, lo que procede es insertar a esta persona en un proceso de reincorporación a la sociedad dejando abierta la posibilidad que estos entes puedan hacerse de mayores elementos que lleguen a sentencia.

“Muchos de esos casos existen, gente que tiene más de dos años de estar con esa pena anticipada, allí podemos ver la falla del sistema de justicia en los jueces de ejecución,” adujo Alvarado.

Ley Penitenciaria

Esta semana se aprobó en primer debate la Ley Penitenciaria que en primera instancia crearía un Instituto Penitenciario que se haría cargo de los centros penales en el país. Para Alvarado, lo que se pretende con este ente, es tratar de crear una instancia ajena a los vicios del pasado, que permita la independencia y la no injerencia de otro tipo de autoridades y que se encargue de impulsar mejoras, pero que lastimosamente como muchas leyes en Honduras puede quedar solo en papel.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1923-centros-penales-la-%E2%80%9Ccenicienta%E2%80%9D-del-sistema-de-justicia

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