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URGENTE: CONGRESO ANALIZA LEY PARA NEGOCIAR CON CRIMEN

Primer auditor Social de Honduras.

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GERMAN, UN VIAJE AL INTERIOR DE LAS PANDILLAS (II)

SEGUNDA PARTE Era un día caluroso, más de lo normal en la Rivera Hernández que de por sí es un horno. El alcalde Kilgore había llegado hasta la colonia a conocer uno de los proyectos de rehabilitación de pandilleros «Unidos por la vida» en el edificio donde funcionó el Instituto Copan. Lo recibió Ernesto Bardales […]

 

GERMAN, UN VIAJE AL INTERIOR DE LAS PANDILLAS (II)

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GERMAN, UN VIAJE AL INTERIOR DE LAS PANDILLAS (I)

PRIMERA PARTE Conocí a German en San Pedro Sula, en aquel tiempo yo comenzaba la investigación del documental El Porvenir y él trabajaba de cerca con un proyecto de rehabilitación de pandilleros. Cubría sus brazos con camisas mangas largas hasta abajo de las muñecas para ocultar las marcas de una etapa de la infancia que […]

Origen: http://elpulso.hn/german-un-viaje-al-interior-de-las-pandillas-i/

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Military Police Occupy Honduras Neighborhood After Gang Threat

Authorities in Honduras have deployed military forces to a neighborhood threatened by the Barrio 18 street gang, but the soldiers’ presence is unlikely to provide a long-term solution to the community’s security concerns.

Origen: Military Police Occupy Honduras Neighborhood After Gang Threat

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Cárceles de Honduras ponen en riesgo a presos y generan violencia pandillera: OEA

Redacción – Un reciente informe llama la atención sobre la crítica problemática al interior de las cárceles de Honduras, donde la prevalencia de la violencia pandillera y las deplorables condiciones indican que el sistema penal no hace nada por rehabilitar a los delincuentes.

Después de una visita a Honduras en diciembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), encontró que los detenidos a menudo ejercen más poder que el personal de las prisiones. La CIDH también encontró casos de hombres y mujeres que comparten celdas y armas militares durante los disturbios.

El consiguiente informe, titulado “Situación de derechos humanos en Honduras” (pdf), llama la atención sobre las graves deficiencias y las desacertadas iniciativas del sistema penitenciario de Honduras.

La población carcelaria
aumentó 25% en 3 años

En noviembre de 2014, a las cárceles de Honduras llegaron 14,805 detenidos, lo que representa un incremento del 25 por ciento desde el 2012. Esto llama la atención especialmente, dado que la población penitenciaria de Honduras fue relativamente estable en la década entre 2002 a 2012, según señala el informe. La gran mayoría de los reclusos son hombres: sólo el 4,5 por ciento de la población penitenciaria de Honduras son mujeres.

En general, el sistema penitenciario es incapaz de albergar a este número de internos, dado que las 25 cárceles del país en la actualidad sólo tienen aproximadamente 10,500 cupos. Un 11 por ciento de la población carcelaria duerme en el piso.

Otro aumento significativo está relacionado con el número de personas recluidas en prisión preventiva. Mientras que en 2012 la proporción de presos que estaban en espera de juicio era del 48 por ciento, para 2014 era del 54 por ciento, es decir, más de 8,000 personas. La CIDH señaló que había fallas en la separación de los condenados por algún delito de aquellos aún en espera de juicio.

populationLa anarquía y el uso de AK-47

Dado que las autoridades son incapaces de ejercer suficiente control en las cárceles hondureñas, la violencia sigue siendo rampante. El informe indicó que entre 2006 y 2012 se presentaron unas 641 muertes violentas en las cárceles del país, lo que significa un promedio de 92 personas por año.

La violencia en las prisiones incluye desde “homicidios con armas de fuego y ataques entre grupos de internos con explosivos y armas de guerra”, dice el informe.

Por ejemplo, un tiroteo en la cárcel de San Pedro Sula el 11 de marzo de 2014 dejó como resultado tres reclusos muertos y más de 30 heridos, incluyendo ocho miembros de la policía militar. Tras el tiroteo, las autoridades decomisaron “armas de fuego de grueso calibre, incluso fusiles de asalto AK-47, chalecos a prueba de balas, drogas y licor, teléfonos celulares, y otros objetos ilícitos”.

Este tipo de violencia está estrechamente relacionada con lo que la CIDH considera una “deficiencia estructural” en las cárceles de Honduras: o el hecho de que los internos manden.

En Honduras, el 85 por ciento de las cárceles “se rigen por sistemas de ‘autogobierno’ o ‘gobierno compartido’ descontrolados, en los cuales son determinados reclusos denominados ‘coordinadores’ los que ejercen el control interno y dirigen actividades esenciales para la vida de la generalidad de la población reclusa sin control o criterios decididos por parte de la administración penitenciaria”.

Durante su visita a la prisión de San Pedro Sula, la CIDH dijo que a su delegación sólo se le permitió ingresar a ciertas áreas con el permiso del “coordinador general” de la penitenciaría.

Fuerzas de seguridad:
militarización y tortura

Las cárceles de Honduras siguen siendo controladas por los “coordinadores”, a pesar de que la seguridad en las cárceles se ha vuelto más militarizada. La delegación de la CIDH observó que las tropas del ejército estaban siendo utilizadas para tareas de seguridad en las prisiones, incluyendo los centros de detención juvenil.

Según los informes, altos oficiales militares están asumiendo cargos directivos en las prisiones, y muchos de los directores de las cárceles más grandes son miembros de las fuerzas armadas, a pesar de que ello viola la ley del sistema nacional de prisiones.

Las fuerzas de seguridad también son acusadas de torturar y maltratar a los prisioneros. Según información del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, seis de cada 10 reclusos fueron presuntamente sometidos a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su detención en algunas ciudades. La fuerza nacional contra la extorsión fue presuntamente la responsable de los casos más graves de tortura.

Sin embargo, de los 253 informes de tortura presentados ante la defensoría de los derechos humanos entre 2009 y 2014, sólo el 15 por ciento llegaron a acusaciones.

Mujeres, población LGBT
y menores en riesgo

El informe llama la atención sobre los riesgos a los que se ven expuestos los hombres y mujeres que conviven en algunas de las instalaciones. Al visitar una cárcel de San Pedro Sula, la CIDH encontró que, aunque había un pabellón específico para las reclusas, en otro pabellón había 26 mujeres con 300 hombres, y en otro había una mujer con 54 hombres.

Los llamados “coordinadores” fueron los encargados de la mezcla de géneros en la prisión.

Esta situación parece haber afectado más a los presos de la población LGBT en San Pedro Sula, donde son más vulnerables dada “su resistencia a participar en la dinámica de sumisión y control ejercida por los presos”. Los reclusos LGBT son recluidos por separado o con los presos con discapacidades mentales, y padecen violencia física y sexual por parte de los demás internos.

La CIDH informó además que los jóvenes reclusos en los centros de detención juvenil carecen de actividades educativas o de atención médica, y sólo se les permite una hora y media de recreación al aire libre por semana. En un centro visitado por la CIDH, gran parte de las instalaciones todavía no se han recuperado de un violento motín en 2012.

Análisis de InSight Crime

El excesivo uso de la prisión preventiva ha contribuido claramente al caos y la disfunción en el sistema penitenciario de Honduras. Así ha sido desde 2009, cuando una reforma penal limitó las opciones diferentes a las penas de prisión para los presuntos criminales. Junto con las políticas de “mano dura”, mediante las cuales muchos sospechosos fueron detenidos con base en escasas evidencias de “asociación” con las pandillas, ello ha contribuido a saturar las cárceles del país.

De esa manera, no sólo se ha puesto un gran número de civiles no condenados en condiciones potencialmente mortales, sino que además ello puede permitir la formación de grupos criminales organizados, según la abogada Linda Rivera, diputada del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). Estas pandillas luchan entre sí por el control de las prisiones y de sus economías ilegales, por ejemplo, “cobrándoles a los presos por ocupar espacios privilegiados… [con la] complicidad de los guardias”.

Este clima violento ha hecho que las cárceles se conviertan en los lugares más peligrosos de Honduras, con una tasa de mortalidad promedio de 780 por cada 100.000 detenidos entre 2004 y 2014.

Una cuestión especialmente preocupante es la que se refiere a los centros de detención juvenil, donde según informes recientes hay un violento control por parte de las pandillas, lo que incluye asesinatos y desmembraciones. Las condiciones inhumanas y la falta de rehabilitación de los jóvenes problemáticos han creado un ambiente que es quizás incluso más hostil que el de las calles de Honduras. De hecho, la mayor parte de los casos de violencia entre pandillas ocurre en centros de detención juvenil más que en las cárceles de adultos, según Rivera.

Las autoridades penitenciarias han tratado de mantener estos conflictos bajo control al dividir las pandillas en instalaciones o pabellones independientes, pero este método conlleva el riesgo de permitir que las pandillas consoliden su poder en las prisiones. En cambio, el informe de la CIDH ofrece soluciones alternativas, al sugerir que los detenidos organicen sus propios grupos culturales, deportivos o religiosos, en lugar de conformar asociaciones basadas en las pandillas.

La corrupción entre los empleados de las prisiones ha aumentado a medida que el sistema penal se ha saturado cada vez más y ha sido incapaz de controlar a sus empleados. Rivera le dijo a InSight Crime que el personal de las prisiones, así como los oficiales militares que fueron llevados para poner orden en el sistema, a menudo son ineptos, inexpertos y propensos a las malas conductas. A cambio de regalos y grandes sumas de dinero, los funcionarios permiten que continúe el flujo de contrabando y les proporcionan armas de uso militar a los internos.

Los diversos intentos que ha realizado Honduras para reparar su tambaleante sistema penitenciario han tenido poco éxito. En primer lugar, la militarización generalizada no ha logrado llevar la seguridad a las cárceles. Por el contrario, la falta de entrenamiento profesional de los militares puede dar lugar a violaciones de los derechos humanos.

En segundo lugar, el Estado ha tratado de aumentar la capacidad de las prisiones mediante la construcción de las polémicas megaprisiones, una de las cuales se inauguró a principios de 2015 en el municipio de El Porvenir, y que puede albergar hasta 2.000 presos. Sin embargo, el informe de la CIDH encontró que estas megaprisiones pueden ser difíciles de administrar.

“Los centros penitenciarios más pequeños tienden a ser menos violentos, más seguros y menos susceptibles a ser controlados por grupos criminales; contribuyen de una manera más integral a la rehabilitación y, por lo tanto, a disminuir la reincidencia; además, pueden reducir los costos.”, señala el informe de la CIDH.

Podría decirse que la sola construcción de más prisiones son sólo pañitos de agua tibia. Como señala el informe, una medida más efectiva consistiría en promover estrategias de prevención del crimen, fortalecimiento del sistema de justicia y control del excesivo uso de la prisión preventiva.

Sin este tipo de iniciativas, y mientras Honduras continúe reforzando sus enfoques de mano dura, las cárceles del país seguirán siendo caldo de cultivo de grupos criminales más organizados y peligrosos.

Origen: Cárceles de Honduras ponen en riesgo a presos y generan violencia pandillera: OEA

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Mara 18 ahora pide desalojo de 30 familias de la colonia Las Torres de Tegucigalpa – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa. Las amenazas a los vecinos de las colonias pidiendo el desalojo de sus casas porque si no los van a matar, es la nueva estrategia que está utilizando las maras en Honduras y  ahora le tocó el turno a la colonia Las Torres de Tegucigalpa. Ayer miércoles en horas de […]

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Honduras: decomisan flota de camiones a Mara Salvatrucha

La fiscalía Antimafias, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DCLN), Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), procedieron a decomisar unos 17 tráileres, pertenecientes a la Mara Salvatrucha.

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. Varios camiones de carga fueron decomisados a la Mara Salvatrucha este sábado en la localidad de Río Blanco, San Pedro Sula, Norte de Honduras por operadores de justicia y seguridad del Estado.

 

La fiscalía Antimafias del Ministerio Público, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DCLN), Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), procedieron a decomisar unos 17 tráileres, pertenecientes a la organización criminal.

 

Se encontró en los contenedores incautados compartimientos falsos para el transporte de drogas y dinero, según pesquisas preliminares de los investigadores.

 

Asimismo, fue decomisado un vehículo picop y un carro turismo, fueron incautados en el operativo, que se considera como un golpe bajo que recibe la Mara Salvatrucha. El plantel, donde fueron encontrados los automotores, cuenta con una lujosa oficina, por lo que investigan cómo se construyó.

 

Estas operaciones forman parte de la “Operación avalancha”, que ha mandado a la cárcel al alcalde de Talanga, Jorge Romero y a un oficial de policía dado de baja; ambos son sindicados de tener fuertes vínculos con la pandilla Salvatrucha.

http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1057-honduras-decomisan-flota-de-camiones-a-mara-salvatrucha

Primer auditor Social de Honduras.

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Estados Unidos estaría detrás de acciones contra grupos criminales en Honduras

Esta semana, la realidad de inseguridad que en Honduras impera, fue trastocada por varias capturas y redadas que el gobierno denominó “Operación Avalancha” y que ha dejado capturas como la del alcalde de Talanga y un exoficial de Policía, así como más de un centenar de bienes asegurados y una cantidad superior a los 12 millones de lempiras incautados. Sin embargo, esa inseguridad generalizada, también provocó la desconfianza de la población hacia la institucionalidad, y es por eso que la gente se pregunta ¿qué hay detrás de todo esto?

El analista y ex candidato a dirigir la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Omar Menjivar, asegura que eso es característica de un país donde no impera el Estado de derecho, sino la poca fiabilidad de la población en sus instituciones, especialmente las encargadas de velar por la seguridad y justicia. Además que no se fía que la voluntad del actual gobierno sea dar estos duros golpes al crimen organizado, sino que es una intervención directa del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Estos operativos no son definidos por que la determinación nazca de la Policía Nacional, no es así, es un operativo planificado y dirigido por la embajada de EEUU y ellos tienen intereses en este asunto, uno de ellos es el tema de que el dominio territorial de las maras ha provocado una oleada de migrantes hacia EEUU. Otra verdad cuestionable es que como Estado no tenemos Policía, como institución, las pocas unidades que funcionan son algunas élites que se dirigen desde los EEUU. Esa es la verdad que nosotros vivimos”, expresó el abogado.

Por su parte, el secretario de seguridad, Julián Pacheco Tinoco, dijo a medios de comunicación que la operación Avalancha es para todo el año y que a él no le ha temblado la mano para dar golpes al crimen.

Estos operativos que reprimen supuestos grupos criminales, agudizan las guerras que barrios adentro de las ciudades sufren cada día. En una zona conflictiva por el control territorial de maras y pandillas en una de las ciudades más violentas de Honduras, este operativo ha generado violaciones a derechos humanos de jóvenes no implicados en el crimen, por la falta de conocimiento de los entes de seguridad de las dinámicas de estos grupos. La falta de investigación previa hace que las capturas sean muchas, pero no efectivas, según nos contó un residente de este barrio de quien omitimos nombre por seguridad.

“Debemos ver a quienes se está capturando”, dice Menjivar, ya que a su criterio, el último actor en la pirámide del crimen es el que cae, y muchas veces es el que también es víctima de grupos criminales. “A veces se captura al que cobra la extorsión cuando a esa personas, muchas veces se le obliga a hacerlo sin pertenecer a la estructura del crimen organizado”, agregó.

Sin depuración no hay seguridad

Una imagen de seis supuestos pandilleros vestidos con uniformes de la ya desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y la nueva Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantiene en alerta a la población hondureña luego de que el vocero de la Policía, el comisionado Héctor Iván Mejía, publicara en su cuenta de Facebook lo siguiente:

Los últimos hechos están conectados. Según Omar Menjivar, es un secreto a voces que la Policía Nacional tiene una alianza con la Mara Salvartucha y otras estructuras del crimen organizado y esto pone en duda las acciones de capturas y la propagación de esta imagen que alarma a la población, ya que los supuestos pandilleros, pertenecerían a la pandilla contraria Barrio 18 (según las señas de sus manos).

“Me resulta sorprendente que algunas acciones de captura estén dirigidas contra la MS ya que desde hace tiempo se dice que ha habido una alianza entre la Policía Nacional y la MS. Solo tiene que fijarse uno en los hechos policiales, las capturas de personas asociados a la extorsión o cualquier hecho violento siempre son miembros de la 18 (pandilla contraria)”, cuestiona Menjivar quien fue candidato a dirigir un ente que generó esperanza en su momento porque realizaría una depuración policial desde una estrategia de sociedad civil, no desde el interior de la policía.

“Hace unos años se creó la DIECP pero ha resultado un fiasco y era un clamor popular lo de la depuración policial que hasta ahora ha resultado ineficiente, justamente por eso el crimen logra mantener su arraigo en estas estructuras, no existen esos controles para garantizar la seguridad a la población, desde las autoridades del Estado”, agregó.

Aurora Pineda, madre de Carlos David Pineda, el joven que junto al hijo de la rectora de la universidad fueron asesinados por agentes policiales en 2011 y que impulsó el proceso de depuración policial, cree que este puede tener fuerza y ejecutarse en Honduras si la MACCIH (Misión de Apoyo contra la corrupción  y la Impunidad) comienza a investigar el accionar de policías y militares, dejando un claro mensaje de lucha contra la impunidad.

“Aunque sea tres casos que acompañen para que se presione, los casos más emblemáticos pueden resultar. Por la depuración de la policía y de las Fuerzas Armadas debe trabajar la MACCIH. Mientras no haya depuración nunca se va avanzar en temas de seguridad, más bien vemos cómo el delito se transforma y eso lo vemos en el aumento de masacres. Esto el Estado debe tomarlo en cuenta, las estrategias implementadas actualmente no son las mejores”, dijo a Radio Progreso.

Además agregó que es preocupante que están reintegrando agentes que habías salido de la Policía dándoles cargos de mucha importancia. “Tienen doble discurso”, expresó.

InSight Crime, una fundación dirigida por  los  periodistas estadounidenses, Jeremy McDermott y Steven Dudley, con el financiamiento de Open Society Foundations, en su análisis de contexto más reciente con el tema de seguridad en Honduras, asegura que: “La disminución en los homicidios en Honduras (30% en los últimos cuatro años) serán aprovechadas por la administración del presidente Juan Orlando Hernández para alardear de los logros de su política de seguridad. Esta administración ha estado a favor de un enfoque de “Mano Dura”, que es utilizado frecuentemente en Centroamérica, a pesar de que dicha táctica ha sido criticada porque lo que hace realmente es contribuir a que las pandillas callejeras se conviertan en grupos más sofisticados”.

Lo que en Honduras sucede es seguido de cerca por entidades o medios cercanos a la política de seguridad estadounidense para poner en marcha el componente de lucha contra el crimen que claro deja el plan de la Alianza para la prosperidad en el Triángulo Norte.

Mientras todo eso sucede la población queda atrapada en medio de una guerra que sigue provocando derramamiento de sangre y dejando una estela de luto y dolor.

 

Origen: Estados Unidos estaría detrás de acciones contra grupos criminales en Honduras

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Seis conceptos erróneos sobre la pandilla MS13 –

Por: Carlos García* En respuesta a un reciente artículo sobre el MS13 publicado por Foreign Policy y reproducido en InSight Crime, el experto en pandillas Carlos García cuestiona seis ideas comunes y equivocadas acerca de la pandilla que opera en varias partes de Centroamérica, México y Estados Unidos. En nuestros tiempos abundan periodistas, comunicadores y hasta académicos que […]

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Honduras Takes New Approach to Combating Extortion

In a series of raids across Honduras authorities seized over 100 assets derived from an extortion ring that allegedly included MS13 members and government officials, reportedly the first operation of its kind in the country.

Origen: Honduras Takes New Approach to Combating Extortion

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EE.UU. ataca en Honduras la violencia y la emigración

Pandillas callejeras violentas controlan barrios enteros en el país centroamericano.

 

La redada comenzó cuando los jóvenes con tatuajes en sus pechos estaban todavía en la cama.

Oficiales hondureños del equipo SWAT (de armas especiales y tácticas), con sus caras cubiertas con pasamontañas negros, rodearon Hábitat, un barrio de alcantarillas descubiertas, casuchas de bloques de hormigón y alambre de púas. Al amanecer, ya habían detenido a varios sospechosos y decomisado una buena cantidad de armas, drogas y explosivos.

En un apartamento a pocos kilómetros de distancia, dos soldados de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos supervisaban la operación. Marcaban las rutas de asalto en una imagen satelital de la zona y en fotos obtenidas por un helicóptero de la policía. También monitoreaban los mensajes intercambiados en WhatsApp entre el comandante del equipo de asalto y sus hombres.

Los policías hondureños fueron quienes echaron abajo las puertas, pero el ataque forma parte de una campaña de Washington que usa comandos estadounidenses para combatir el delito y el tráfico de drogas en las calles de América Central con el objetivo de detener la inmigración ilegal generada por la violencia. Durante los últimos dos años, las Fuerzas Especiales de EE.UU. armaron desde cero la unidad táctica de élite denominada Los Tigres.

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Miembros del equipo SWAT Los Tigres durante un entrenamiento el año pasado en Honduras.

“Más que nada, estamos buscando promover la estabilidad y la seguridad aquí porque si [estos países] son estables y seguros, eso va a proteger de forma natural nuestra frontera sur”, dijo el coronel John Poast, hasta hace poco comandante adjunto del Comando Sur de Operaciones Especiales de EE.UU.

La misión hondureña forma parte de una campaña de seguridad global de EE.UU., que tiene efectivos de las Fuerzas Especiales en más de 80 países, desde Ucrania hasta Colombia y Perú. Los comandos usualmente entrenan a ejércitos de otros países para limitar el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en terreno.
En Honduras, estas fuerzas de élite trabajan con las autoridades locales con la esperanza de que reforzando las operaciones policiales ayuden a estabilizar el país centroamericano.

Hace dos años, Washington temía que Honduras se estuviera convirtiendo en un estado fallido gobernado por traficantes y delincuentes. En 2012, el país tuvo la tasa de homicidios más alta del mundo, 91 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según datos de Naciones Unidas. En América Latina en conjunto, la tasa fue de 23,4 por cada 100.000 habitantes ese mismo año.

Pandillas callejeras violentas, incluyendo algunas que tienen raíces en el sur de California, como la MS-13 y la Mara 18, controlan barrios enteros. Los envíos de cocaína desde Colombia y Perú atraviesan Honduras en ruta a los compradores estadounidenses.

Alarmados por estos peligros, muchos padres hondureños mandan a sus hijos a EE.UU. En 2014 y 2015, según cifras del gobierno estadounidense, más de 23.000 niños hondureños no acompañados cruzaron la frontera entre México y EE.UU.
Después de asumir la presidencia de Honduras en 2014, Juan Orlando Hernández cumplió su promesa de campaña de aplicar la ley y el orden y desplegó a miles de soldados en las calles. La medida fue popular y Hernández se comprometió a mantener la presencia militar hasta 2018.

Pero la imagen de soldados vestidos de camuflado ocupando intersecciones y edificios clave, evocaba la historia de regímenes militares represivos en América Latina. Por esta razón, EE.UU. está apoyando una reforma de la policía local, considerada durante mucho tiempo una organización inepta y corrupta.

Los hondureños pidieron a Washington ayuda para financiar y entrenar a Los Tigres, una fuerza SWAT capaz de llevar a cabo operativos de alto riesgo en las barriadas pobres de Tegucigalpa y otros sitios violentos.

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La capacitación de los equipos SWAT es parte de una campaña de seguridad global con fuerzas especiales de EE.UU. en más de 80 países.

Comandos combaten las pandillas en Honduras

Los Tigres se han anotado algunas victorias notables, incluyendo una serie de redadas a finales del año pasado en las que dieron de baja a dos sospechosos de pertenecer a la Mara 18 y capturaron a tres presuntos asesinos. En octubre detuvieron a 38 personas de una red delictiva presuntamente dirigida por el alcalde de una pequeña ciudad.

Durante una redada, el equipo arrestó a los líderes de lo que las autoridades estadounidenses dijeron era una de las mayores bandas de tráfico de cocaína del mundo. En esa ocasión, algunos Tigres presuntamente se quedaron con un estimado de US$1,3 millones en efectivo, dijeron las autoridades; 50 fueron despedidos y otros 11 fueron detenidos.

La tasa de homicidios del país ha descendido en casi un tercio desde su punto máximo en 2012, según datos oficiales, aunque es imposible saber cuánto de esa mejora se debe a Los Tigres u otras unidades especializadas de la policía. La tasa de asesinatos más alta del mundo se encuentra hoy en El Salvador, donde las Fuerzas Especiales de EE.UU. y los Navy Seals también capacitan a las fuerzas de seguridad locales.

“Si podemos cambiar la policía como institución, podemos cambiar el sendero del país”, dijo Henry Márquez, comandante del centro de entrenamiento de la policía en Honduras.

Los Tigres, que suman 285, deben ser agentes regulares de la policía antes de asistir a un curso especial de 12 semanas. Los comandantes esperan aumentar la fuerza a 500 agentes, tal vez el próximo año. Un Tigre gana alrededor de 30% más que el salario mensual de US$500 de un policía regular.

EE.UU. dona uniformes, botas, radios, herramientas de navegación y municiones para entrenamiento, pero no el armamento. El gobierno de Honduras dota a las fuerzas especiales con armas diseñadas en Israel y fabricadas en Bulgaria.

Fue un diplomático estadounidense conocido como Papa Jungla quien sugirió que las fuerzas especiales entrenaran a Los Tigres. Durante los años 90, el ex Boina Verde había pasado dos periodos asesorando al ejército salvadoreño. Participó en batallas callejeras en Panamá luego de la invasión de EE.UU. en 1989 y se ganó el apodo luego de pasar años entrenando a Comandos Jungla, un grupo de policías élite en Colombia que luchan contra los traficantes y los guerrilleros. Papa Jungla reclutó a los colombianos para que entrenaran a Los Tigres, con la supervisión de Boinas Verdes que hablan español.

Gran parte del entrenamiento se lleva a cabo en una base aislada en las montañas de Honduras. Los Tigres utilizan arietes para entrar en edificios, armados con balas de pintura, de fogueo o munición real. Hacen simulacros que recrean decisiones de vida o muerte con blancos de papel que representan hombres armados, mujeres con bebés, mujeres con armas y mujeres con bebés y armas.

“Ya lleva rato entrenando”, dijo un sargento colombiano a Los Tigres luego de que le dispararon a una madre desarmada de papel durante un simulacro. “Sus errores deben ser pequeños”.

En los entrenamientos de combate en espacios cerrados, los Boinas Verdes les enseñan cómo moverse con seguridad por una escalera, cómo despejar una habitación con granadas de estruendo o cómo controlar a un sospechoso agarrándolo de los dos pulgares con una mano y presionando hacia abajo la cabeza con la otra.

Los Boinas Verde “han usado estas técnicas en Irak y Afganistán”, les aseguró Papa Jungla a un grupo de Tigres. “Saben que funcionan”.

Muchas de estas lecciones fueron empleadas durante el allanamiento de Hábitat el año pasado, en el que participaron más de 150 Tigres y otros 100 agentes. El día anterior, un oficial de inteligencia informó a los Boinas Verdes y a los policías hondureños de alto nivel sobre los edificios que iban a ser el blanco de la operación.

En una imagen satelital, el oficial mostraba un edificio etiquetado como Casa del Policía: los pandilleros habían desalojado a un oficial que vivía allí y supuestamente utilizaban el lugar para torturar, matar y descuartizar a sus enemigos.

A las 2:30 de la madrugada siguiente, la policía subió a camionetas pickup y autobuses y se dirigió a Hábitat. En el camino pasaron un cartel que decía: “No matarás: Dios”.

Los Boinas Verdes regresaron a su apartamento. Es una cuestión sensible: todos recuerdan la intervención de EE.UU. en las guerras civiles en El Salvador y Nicaragua durante los años 80, por lo que las fuerzas estadounidenses permanecen tras bambalinas. “No queremos que haya una cara estadounidense en esto”, dijo el líder del equipo de las Fuerzas Especiales.

La policía acordonó la zona mientras los oficiales SWAT rodeaban sus objetivos. En un edificio de hormigón de un solo piso con ventanas enrejadas, la policía entró gritando: “Policía nacional, manos detrás de la cabeza”. Sacaron a cinco hombres jóvenes de la cama y los alinearon de rodillas en el andén.

Entre ellos se encontraba un muchacho de 17 años de edad que supuestamente tenía las llaves de varios edificios, incluyendo una escuela técnica donde la policía encontró seis cartuchos de explosivos de gran potencia.

Las autoridades también localizaron al hombre que presuntamente había descuartizado a enemigos de la pandilla Mara 18. En el pecho llevaba un tatuaje con la leyenda “Solo Diós Podra Jusgarme” (sic). El muchacho bostezaba mientras esperaba que le tomaran las huellas dactilares. Otro sospechoso tenía una pistola Taurus, 106 paquetes de marihuana y un tatuaje en estilo gótico del número 18. Frunció el ceño y murmuró amenazas mientras se sentaba, esposado y sin camisa, en el asiento trasero de una camioneta policial.

Después de la madrugada, la policía alineó a los sospechosos frente a una mesa con armas y drogas incautadas para las cámaras de TV. Esposas, hermanas y madres de los sospechosos estaban pegadas a una valla gritando insultos a la policía.

A viva voz, el sospechoso de 17 años se quejaba sobre la injusticia de todo esto. Pero en privado, fue más contemplativo. “Los Tigres son bien derechos”, dijo. “La policía común te mata si eres miembro de una pandilla”.

Origen: EE.UU. ataca en Honduras la violencia y la emigración

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Maras y crimen organizado están obligando a migrar a los hondureños: Informe de la CIDH –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn El impacto de la violencia generada por maras, pandillas y crimen organizado está llevando a las personas a huir de Honduras, destaca un  informe divulgado este miércoles por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) hace el señalamiento mediante el informe, “La  Situación […]

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Pandillas gobiernan en centros de menores de Honduras

Los últimos dos directores admitieron que negociaron para evitar que el caos continuara. La emergencia fracasó.

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The Problem With Counting Gang Members in Honduras

Estimates for the number of gang members in Honduras range widely, mostly because authorities have a poor understanding of the differences between gang collaborators versus full-fledged members. Without understanding this difference, the Honduran government may never develop an effective policy for

Origen: The Problem With Counting Gang Members in Honduras

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Barrio pobre, barrio bravo: la violenta historia de Rivera Hernández, Honduras

En el barrio Rivera Hernández, de San Pedro Sula, 6 pandillas libran una batalla por uno de los sectores más miserables de la ciudad. Esta es la historia de sus protagonistas

http://es.insightcrime.org/investigaciones/barrio-pobre-barrio-bravo-violenta-historia-rivera-hernandez-honduras

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Informe especial: Pandillas en Honduras

En un nuevo informe basado en un abudante trabajo de campo, Insight Crime y la Asociación para una Sociedad más Justa descubrieron que las dos más grandes pandillas de Honduras, la MS13 y Barrio 18, están evolucionando, y cómo sus actuales modus operandi dan como resultado sorprendentes niveles de violencia y extorsión.

Durante las últimas dos décadas Honduras ha sufrido un significativo incremento en la cantidad de personas afiliadas a las maras y pandillas, así como en la actividad delictiva y la violencia que se deriva de estas. El repunte en la violencia ha sido un tema de particular relevancia e interés en el país. En 2014, Honduras fue catalogado como el país más violento del mundo de los países sin conflicto de guerra.

Aunque debido a los niveles de impunidad y falta de datos resulta difícil evaluar la cantidad de asesinatos en efecto vinculados directamente con la problemática de las maras y pandillas, queda claro que el uso de la violencia por parte de las maras y pandillas —en contra de los rivales, de los civiles, de los miembros de las fuerzas de seguridad y de los supuestos trasgresores dentro de sus propias filas— ha contribuido inmensamente al incremento de dichas cifras.

Este es un extracto de un informe de InSight Crime sobre las pandillas de Honduras, comisionado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus iniciales en inglés) y hecho con colaboración con la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Vea la versión completa del informe de InSight Crime aquí (pdf). Lea la versión en inglés del informe aquí (pdf).

Los centros urbanos del país se encuentran entre las áreas particularmente golpeadas por la ola de criminalidad. Según algunos, la capital económica de Honduras, San Pedro Sula, es la ciudad más violenta del mundo, con una tasa de homicidios de 142 por cada 100.000 habitantes. La capital política, Tegucigalpa, tiene una tasa de homicidios de 81 por cada 100.000 habitantes. La tercera ciudad más grande del país, La Ceiba, tiene una tasa de homicidios de 95 por cada 100.000 habitantes. Estas son algunas de las áreas dominadas por las maras y pandillas, particularmente las dos más prominentes, la Mara Salvatrucha (MS13) y la pandilla Barrio 18, con la mayor presencia e influencia en el país.

El surgimiento de las maras y pandillas híper-iolentas es un fenómeno que se dio con relativa rapidez en Honduras. Hacia finales de la década de los 90, con la emisión de la legislación en Estados Unidos de América que llevó a un incremento en las deportaciones de los ex-convictos, varios miembros de la MS13 y de Barrio 18 retornaron al país. Hacia inicios del año 2000, estos dos grupos, junto con varios otros locales, empezaron una guerra sangrienta por el territorio —y por los ingresos derivados de la extorsión y de los mercados de droga que le acompañan— situación que continúa hasta el día de hoy. El gobierno respondió aprobando una ley de “Mano Dura” y arrestó a miles de sospechosos de ser miembros de maras y pandillas. Esto en vez de reducir el crecimiento de las maras y pandillas, les permitió consolidar su liderazgo dentro del sistema penitenciario, desde donde expandieron sus carteras económicas y establecieron relaciones con otras organizaciones delictivas.

En este informe se describe la situación actual de las maras y pandillas en Honduras. Se hace un énfasis en la historia, la presencia geográfica, la estructura y el modus operandi de Barrio 18 y de la MS13 en el país. También se analiza cómo podrían estar evolucionando las maras y pandillas para convertirse en organizaciones criminales más sofisticadas. Se ilustran ejemplos que reflejan cómo en algunas zonas estos dos grupos en particular se están ganando el beneplácito de las comunidades en las que operan. Finalmente, se presenta una descripción general de algunas de las otras maras y pandillas callejeras que operan en Honduras.

Hallazgos principales

La pandilla Barrio 18 y la MS13 representan operaciones más pequeñas de lo que se había percibido en el pasado. La incorporación a una de estas maras y pandillas tiene un alto precio, y aquellos que buscan entrar para formar parte de sus filas frecuentemente son utilizados como carne de cañón. Los miembros más jóvenes incluso pueden ser obligados a servir en sus filas y muchos de ellos se marchan sin convertirse en miembros totalmente integrados.

Ambas, tanto la mara como la pandilla tienen una estructura nominalmente jerárquica, pero la verdadera naturaleza de sus operaciones es más horizontal. Muchos de los líderes tienen una relativa autonomía dentro de sus zonas de influencia, especialmente aquellos dentro de la estructura de Barrio 18.

La pandilla Barrio 18 depende aún de la extorsión dentro de sus áreas de influencia, lo cual está volcando a la población en su contra. La MS13, por otro lado, tiene una política de no recurrir a la extorsión dentro de sus propias comunidades, lo cual le ha ayudado a la mara a forjar una imagen más benevolente que la de sus rivales.

La MS13 depende mucho del narcomenudeo. Barrio 18 busca cada vez un mayor control de esta economía delictiva y las autoridades consideran que la batalla por la famosa “esquina” está motivando mucha de la violencia en las áreas donde operan ambos grupos.

Todas las pandillas y maras principales en Honduras dependen de los ingresos derivados de la extorsión en contra del sector del transporte público. Una mara o pandilla extorsionando al transporte público en Tegucigalpa puede tener ganancias netas de hasta US$2,5 millones por año. Es posible que haya colusión de las autoridades —particularmente de la policía— en estos círculos de extorsión.

Una comparación de las zonas en Tegucigalpa controladas por Barrio 18 con zonas controladas por la MS13 no arrojó ninguna diferencia estadística en la cantidad de homicidios. Esto a pesar del hecho que Barrio 18 tiene la reputación de ser la más violenta de las dos.

La pandilla Barrio 18 tiene como política enfrentar a las fuerzas de seguridad cuando estas entran a su territorio, mientras que la MS13 tiene la política de no oponer resistencia. Esta diferencia de enfoques podría condicionar su capacidad de corromper a las fuerzas de la seguridad.

Hay poca evidencia que sugiera que Barrio 18 esté desarrollando relaciones más profundas y cercanas con las organizaciones transnacionales de tráfico de droga. Sigue siendo un grupo delictivo con un nivel de subsistencia cuyo modus operandi depende primordialmente de la extorsión y de su propensión a utilizar la violencia.

Las autoridades opinan que los líderes de la MS13 tanto en El Salvador como en Honduras tienen la mirada puesta en convertirse en una organización delictiva transnacional, ampliando su participación en el tráfico de droga a gran escala y posiblemente convirtiéndoles en traficantes internacionales, la evidencia sin embargo, sigue siendo muy escasa.

Este es un extracto de un informe de InSight Crime sobre las pandillas de Honduras, comisionado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus iniciales en inglés) y hecho con colaboración con la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Vea la versión completa del informe de InSight Crime aquí (pdf). Lea la versión en inglés del informe aquí (pdf).

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“Con las tarjetas, nos cobrarán el impuesto de guerra en nuestras casas”: Taxista

San Pedro Sula, Honduras (Conexihon).-

San Pedro Sula, Honduras (Conexihon).- “Mario” nombre ficticio, estaba a punto de entregar 250 lempiras semanales que recoge un hombre obeso en las cercanías de su punto de taxis, en nombre de la supuesta pandilla que ha asesinado ya a cinco conductores del transporte público en su zona.
Su rostro lucía profundamente desencajado, casi enfermo, cuando se acercó el hombre de aspecto jovial este miró el dinero y le preguntó el porqué del retraso, estuve en el taller -contestó Mario-, al salir de la estación de taxis, confiesa, se trataba del “impuesto de guerra”.
Al ser consultado por Conexihon, Mario accedió a dar una breve entrevista en su vehículo de trabajo, avanzó unos metro sobre la calle, y aseguró que esa semana la “cuota estaba difícil”, pues debía entregar los mismos 250 lempiras unos 10 dólares a otra pandilla.
“Miré no sé siquiera si todos los que nos cobran son o no pandilleros o mareros, pero no quiero arriesgarme, aquí en la zona ya han matado a cinco compañeros, no quiero ser el próximo”, lamentó.
De acuerdo con las cifras del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) en un informe entregado a la prensa, informó que en los últimos tres años más de 230 personas del rubro del transporte han sido asesinadas.
Para enfrentar las terribles cifras de extorsión, el Congreso Nacional espera que a más tardar la próxima semana sea aprobada la nueva Ley de Transporte Terrestre que ya tiene un 80 por ciento de consenso entre los transportistas, que entre otros aspectos, el nombramiento de uno de los tres directores del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) como representante del sector transporte y el manejo de las tarjetas prepago que se utilizarán en la prestación del servicio.
Lo anterior lo afirmó el vicepresidente del Poder Legislativo, diputado Antonio Rivera Callejas quien indicó que el martes próximo se retomará en su segundo y tercer debate la aprobación de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras y la semana subsiguiente, a partir del martes 15, se aprobará el Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2016 que son los temas más importantes de la agenda en la reanudación de las sesiones del Congreso Nacional.
Sin embargo para “Mario”, la intención del Poder Legislativo podría derivar en un mayo acoso para los ruleteros.
“Si no llevamos el dinero, podrían irnos a buscar a nuestras casas”, expresó, al comentar que “el acoso contra los transportistas va a continuar con eso de las tarjetas, pues la misma policía está metida en eso, ellos saben dónde nos trabajamos, cuáles son nuestras rutas y hasta donde vivimos, no creo que esto pare”, expresó.
A su juicio, “la corrupción viene desde el mismo Transporte”, pues inclusive los despachadores se “prestan” para cobrar el “impuesto de guerra”.
Usuarios también son víctimas
Los pasajeros no han escapado de esta violencia, pues en las unidades han fallecido más de 30 usuarios y más de 15 han resultado heridos. De todas las muertes anuales por atentados contra el sector transporte, más del 80% son por ataques o asaltos en perjuicio del sector taxis.
Según las cifras policiales, la impunidad en los crímenes contra taxistas y pasajeros, es superior al 95% en los últimos 36 meses.
En agosto reciente, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) denunció que el asesinato del dirigente del transporte, Óscar Armando Castillo, había ocurrido días despues de sus declaraciones a Canal 36, cuestionando las estatales políticas de seguridad pública.
“No sabemos qué está pasando si es que al presidente Juan Orlando Hernández le llevan información equivocada, no revisa los medios de comunicación, la gente que está alrededor de él no le informa cómo están sucediendo las cosas, no sabemos qué es lo que está pasando. Aquí vamos a ser claros, vamos a ser transparentes, el culpable de la situación que estamos viviendo en nuestro país es el presidente de la República por no tomar acciones”, había expresado Castillo, en esta última comparecencia ante varios medios de comunicación.
A las 10:45 de la mañana del 18 de agosto, el dirigente social fue atacado, por sicarios, cerca de la sede de la Ataxish en el barrio Guadalupe de la capital, informó la prensa nacional.
Otras reformas legislativas
El Congreso hondureño estudia también la posibilidad de declarar terroristas a las pandillas y combatir así el fenómeno de la violencia, aunque algunos expertos desestiman este paso como una solución.
La reforma que estudian los diputados elevaría a 30 años las condenas a los autores de crímenes a la vez que declararía como terrorismo la quema de buses, el asesinato masivo de personas y la ejecución de individuos a sangre fría por las pandillas.
Hay que atacar a las causas y no a los efectos, aseveró el abogado Marcos Zelaya en entrevista al diario El Heraldo.
Según declaró, elevar las penas de prisión a los mareros, como se conoce aquí a los integrantes de las pandillas, no va a mermar la criminalidad en el país.
Esta nación centroamericana registró en 2014 una tasa de homicidios de 66 por cada 100 mil habitantes, el equivalente a unos 16 asesinatos diarios, lo cual la ubicó entre los países sin conflicto más violentos del planeta.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/%E2%80%9Ccon-las-tarjetas-nos-cobrar%C3%A1n-el-impuesto-de-guerra-en

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Maras Hondureñas reclutan a niñas para cobrar extorsiones –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Desde principios de año, la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) de Honduras ha detenido a 158 menores, de los cuales 45 son niñas. Según explica un reportaje de la BBC, en ese país las maras recurren a los niños para que realicen el trabajo sucio de cobrar las extorsiones a las víctimas. […]

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Niñas hondureñas fueron torturadas y estranguladas

Los cadáveres de Katerin Cerrato (12), Joselyn Godoy (13) y Fernanda Petit fueron hallados entre las colonias Lomas del Nauvoo y Los Llanos.

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Tres centros de enseñanza nocturna han cerrado por violencia extrema ejercida por maras y pandillas

Recientemente tres centros educativos de la jornada nocturna se vieron obligados a cerrar debido a las constantes amenazas de miembros de maras y pandillas, denunció el Observatorio de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes de Casa Alianza-Honduras en su informe del mes de septiembre de 2015.

“Estos grupos presionan a las estudiantes y  a los estudiantes para que distribuyan drogas, brinden información, cobren las extorsiones o para que pasen a formar parte de su estructura criminal”, subrayó el informe.

Al tiempo que señaló que si los niños, niñas y jóvenes se niegan, son amenazados e incluso asesinados, situación que repercute en sus familias, según los docentes de los colegios afectados.

Los colegios de la jornada nocturna que tuvieron que cancelar la matrícula debido a la violencia en la zona en donde funcionaban, son Francia, San Martín y la Divanna, todos de Comayagüela. Estos centros educativos se suman a la larga lista de los que han tenido que cerrar a nivel nacional por estas mismas razones.

La jefa de Recursos y talento humano de la Secretaría de Educación, Inés García dijo que “los docentes serán reubicados en la jornada matutina o vespertina en los mismos centros para que no pierdan la oportunidad de laborar y los 100 estudiantes se trasladarán a otras instituciones”.

El informe registra casos como el de “José” de 14 años, cuyo colegio había sido sitiado por pandilleros para obligarlo a ingresar a estos grupos delictivos, su situación se agravó cuando otra pandilla lo asediaba en su casa para reclutarlo o asesinarlo junto a su familia si aceptaba unirse al otro grupo criminal.

Ante las amenazas, el personal docente contactó a defensores de derechos humanos quienes con el apoyo de agentes de la Policía Nacional y Militar, lograron rescatar al estudiante, sacándolo, junto a sus familiares, fuera del país.

El informe detalla que en esa ocasión, se logró salvar la vida de “José” y su familia. Sin embargo, no todos los casos son resueltos de forma satisfactoria. Un estudiante de 17 años, quien habitaba en la colonia Villa Los Laureles de Comayagüela, fue asesinado a pedradas por supuestos integrantes de las pandillas que operan en la zona.

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ha registrado que desde el 2010 al 2014 han sido asesinados 972 estudiantes.

En este contexto, la mayoría de los asesinatos se asocia a la actividad de maras y pandillas que operan en los territorios en donde se encuentran los colegios y escuelas.

Ministro de Educación aplica trato desigual a colegios públicos en relación a los privados

Lo más grave de esta situación es que la mayoría de estos hechos quedan en la impunidad y nunca son investigados por los operadores de justicia del país, por lo que no se conoce a ciencia cierta la causa precisa de las muertes.

Casa Alianza  denunció cuando los hechos de violencia ocurren en los centros educativos privados -principalmente escuelas y colegios- y los protagonistas pertenecen a estratos sociales medio y alto, los medios de comunicación guardan silencio, ya sea para proteger a la institución como empresa privada o para no divulgar el nombre de los involucrados.

Esta situación se evidenció en el caso de un niño de 14 años, quien fue brutalmente golpeado por seis de sus compañeros, todos estudiantes de un centro educativo bilingüe de Tegucigalpa.

El niño fue golpeado con un palo de golf, perdió el conocimiento y fue abandonado a su suerte en una de las calles de la residencial Villa Elena (lugar donde se produjo el ataque violento).

Los agresores regresaron a la casa de donde había sido sacado el menor con engaños como si nada había pasado, para continuar con la fiesta de celebración del cumpleaños de una de sus compañeras.

Un pariente del menor agredido dijo que gracias a la intervención de una vecina de la colonia, se pudo trasladar a la víctima al Hospital Escuela Universitario (HEU). Una vez en el hospital, los médicos le recomendaron a los parientes del niño que por su estado de gravedad fuera trasladado a un centro hospitalario privado.

Los padres del menor agredido no hicieron en su momento la denuncia ante el Ministerio Público (MP) porque tanto los papás de la niña a quien le celebraban el cumpleaños y demás compañeros, les afirmaron que había sido un accidente y que algún carro lo había golpeado.

No obstante, cuando el menor despertó del coma -15 días después- recordó que sus compañeros lo habían acosado y que lo habían golpeado con un palo de golf. Este homicidio en su grado de ejecución de tentativa, como está tipificado, ocurrió el 12 de septiembre y fue hasta el 24 de septiembre que el niño pudo relatar a sus parientes lo sucedido.

La denuncia sobre este intento de homicidio se encuentra en la Fiscalía de la Niñez, que comenzó a realizar la investigación para presentar los requerimientos fiscales contra los agresores y los padres de la cumpleañera que serán acusados por encubrimiento y complicidad.

Al respecto el ministro de Educación , Marlon Escoto señaló que lo ocurrido es violencia infantil y que como ente rector de la educación en el país, darán el acompañamiento a la familia del menor agredido y a los jóvenes que lo atacaron, porque lo que se busca es que todos sean reinsertados nuevamente al centro educativo.

Casa Alianza citó en su informe que en relación a los casos de violencia que se suscitan en los centros de enseñanza públicos y privados, el tratamiento es desigual.

Para el caso el informe  sostuvo que “las declaraciones del ministro resultan totalmente opuestas cuando suceden hechos similares en los centros públicos de enseñanza, tal es el caso del asesinato de la niña que estudiaba en el Instituto Central Vicente Cáceres, Soad Nicole Ham.

La menor Soad Nicole Ham Bustillo, de 13 años, estudiante del Instituto Central Vicente Cáceres, apareció asesinada el 25 de marzo de este año,  en la calle que conduce a la terminal de buses de Tiloarque, a inmediaciones del centro educativo.

El cuerpo sin vida estaba metido en un saco de nailon color blanco, con signos de estrangulamiento. Horas antes de su muerte  Soad Nicolle había participado en protestas estudiantiles para demandar del estado, mejores condiciones físicas y pedagógicas para su centro educativo.

En su momento, el ministro Escoto afirmó que: “La familia de la niña del Central (Soad Nicole Ham Bustillo, de 13 años) la había retirado el año pasado por problemas de conducta y bajo rendimiento. Este año se volvió a matricular y el registro de asistencia demuestra que solo asistía a una o dos clases y luego ya no estaba en el colegio”.

En declaraciones a medios de comunicación relacionadas a las protestas de los movimientos estudiantiles, Escoto dijo que: “Líderes mareros dirigían las protestas estudiantiles”.

En este contexto, el ministro Escoto no se refirió a la reinserción de los estudiantes involucrados en las protestas, mucho menos exigió que se realizara una investigación para esclarecer los móviles de las muertes de los estudiantes, los cuales, pasados ya siete meses, continúan en la impunidad.

Asimismo, cuando se dan acciones de protesta en los centros educativos públicos el Ministro ejerce su autoridad sin contemplaciones y hasta ha mandado a prisión a los niños estudiantes, tal es el caso de Oscar David Montesinos, quien enfrenta un proceso judicial y estuvo preso por más 24 horas.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3764:tres-centros-de-ensenanza-nocturna-han-cerrado-por-violencia-extrema-ejercida-por-maras-y-pandillas&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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