Miércoles, 10 de December 2014-15:08 Marvin Palacios defensoresenlinea.com/
Tegucigalpa.
En la región de Occidente tenemos problemas de criminalización contra defensores y defensoras de derechos humanos y esta problemática se presenta con la actual administración del presidente Juan Orlando Hernández, quien es originario de Lempira, pero que ha permitido una gran militarización en la zona.
Así lo dio a conocer Oscar Henríquez de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Occidente que ejerce su labor bajo la tutela y acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) en el foro: “Criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras”, bajo el lema: “Ni héroes ni heroínas, somos defensores y defensoras de la vida”, efectuado en un hotel capitalino el 9 de diciembre de este año, al cumplirse un aniversario del día internacional de los defensores y defensoras de derechos humanos aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1998.
“Esa militarización nos tiene asustados ahí en esa zona, es increíble ver la ciudad de Gracias, en donde a cada media cuadra hay un militar, nunca habíamos visto tantos militares y patrullas que no se ven ni en Tegucigalpa o San Pedro Sula”, continuó expresando Henríquez.
El defensor señaló que debido a la gran militarización es que han surgido grandes violaciones a los derechos humanos en contra de la población.
“Miramos cómo le violan los derechos a los niños, niñas y hasta a los ancianos. Para el caso a un niño de 13 años lo capturaron, lo golpearon brutalmente y lo llevaron a la cárcel en la que están detenidas personas adultas.
Con la red de defensores acudimos a esa posta policial para lograr la liberación del infante y constatamos que al niño lo habían golpeado en la espalda de varios fajazos y tenía sus pies morados porque había sido torturado con la canana (garrote) que usan los policías.
“Nosotros somos testigos de que lo que pasa en cada pueblo de Lempira, los militares que están asignados en estas comunidades también cometen abusos en contra de niñas, las embarazan a las menores de edad, yo he sido testigo de que militares en estado de ebriedad prestan servicios en las postas, y se supone que ellos deben brindar seguridad”, denunció Henríquez.
Oscar Henríquez de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Occidente
Por otro lado el defensor también denunció las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de líderes religiosos. “Tenemos el caso del padre Esteban Guzmán, mencionado por varios medios de comunicación, el padre Guzmán en cierta ocasión realizaba una misión pastoral en una aldea de su parroquia, cuando empleados municipales se tomaron la iglesia Santiago Apóstol localizada en Lepaera, Lempira.
Los trabajadores municipales, policías y empleados de salud fueron enviados por órdenes del alcalde municipal de filiación nacionalista, debido a que se señaló al cura Guzmán, como simpatizante del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP); acción que a todas luces se califica como persecución política.
En aquella ocasión activistas nacionalistas le bloquearon la salida al padre Guzmán, mientras este se encontraba predicando el evangelio. “Nosotros los defensores de derechos humanos ahí estuvimos y era exagerado ver como los empleados de la alcaldía municipal le ponían aljabas y candados a la casa cural y tenían secuestradas a otras personas”.
Habrá más bases militares en el Occidente
De hecho el obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Copán, Darwin Andino, que después del golpe de Estado expresó que no había muertos por armas de fuego dentro de la resistencia contra el golpe de Estado, ordenó la reasignación del cargo al sacerdote Guzmán, decisión que el pueblo rechazó.
Otro caso relacionado sucedió en el municipio de La Campa, con el padre Cándido Pineda, también perseguido políticamente, no solo por acompañar al pueblo indígena, sino por expresar simpatía con la resistencia hondureña.
“Los defensores y defensoras de Lempira estuvimos ahí cuando militares rodearon la iglesia de La Campa y capturaron a más de 20 feligreses que fueron encarcelados en la ciudad de Gracias”, expuso Henríquez.
Yo recuerdo ver al padre Cándido que temblaba de miedo cuando los militares intentaban derribar la puerta principal de la casa cural de la iglesia y afuera se escuchaba decir:…”a todo aquel que salte el muro de la casa cural dispárenle y mátenlo, como si fuéramos animales en este país, no nos respetan los derechos humanos”.
Henríquez identificó como una nueva amenaza el anuncio del gobierno de la República de instalar una base militar aérea en Gracias, Lempira y se peguntó: ¿cuáles serán los fines que se persiguen para la instalación de esta base militar?
El foro denominado: “Criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras”, bajo el lema: “Ni héroes ni heroínas, somos defensores y defensoras de la vida”, fue organizado por el COFADEH con el apoyo de Diakonia, Oxfam, HEKS y Trocaire.
En el evento las redes de defensores y defensoras de derechos humanos del Oriente, Occidente, Sur (REDEHSUR), el Aguán y de Jóvenes, expusieron sus vivencias y realidades como defensores que desarrollan su labor en un contexto de amenazas, persecución y criminalización.
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3358:la-militarizacion-no-implica-seguridad-implica-mas-casos-de-violaciones-a-ddhh&catid=67:monitoreo&Itemid=192
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Miércoles, 10 de Diciembre 2014-11:25 Marvin Palacios
Tegucigalpa.
En el Aguán el origen de las violaciones a los derechos humanos viene del conflicto agrario, aspectos que datan desde la década de los años ochenta, señaló Haydé Saravia, representante de la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, organizada y capacitada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
De esta manera inició su exposición Haydé Saravia durante el desarrollo del foro: “Criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras”, bajo el lema: “Ni héroes ni heroínas, somos defensores y defensoras de la vida”, efectuado en un hotel capitalino el 9 de diciembre de este año, al cumplirse un aniversario del día internacional de los defensores y defensoras de derechos humanos aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1998.
Saravia quien también es subcoordinadora de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y vocera del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA) expuso que la recuperación de tierras del movimiento campesino en esta zona trajo consigo una oleada fuerte de represión, persecución y muerte, ejercida por militares, policías y guardias de seguridad de empresas agroindustriales como la de Miguel Facussé.
“Con esas recuperaciones de tierras inician los asesinatos, los desalojos violentos y también las violaciones al debido proceso en contra de compañeros y compañeras como el de Isabel Morales que ha sido juzgado dos veces y todavía sigue preso, la primera vez lo sentenciaron a 20 años de cárcel y luego se le hizo un nuevo juicio pero con todos los vicios de nulidad, porque el compañero es inocente”, explicó la defensora de derechos humanos.
Saravia denunció que las acciones penales contra campesinos y campesinas son impulsadas por el agroindustrial Miguel Facussé que posee miles de hectáreas de palma africana en el Bajo Aguán (en el departamento de Colón).
Tanto la fiscalía como los juzgados ejecutan procesos judiciales contra los campesinos y campesinas, las Fuerzas Armadas a través de la Fuerza de tarea Xatruch III reprime y realiza desalojos violentos contra las comunidades y los guardias de seguridad privados de las empresas agroindustriales han sido señalados como responsables de muertes violentas, de acuerdo con informes publicados por la Plataforma Agraria quien califica estos hechos como una criminalización en contra del movimiento campesino, desatada desde el propio estado de Honduras.
Haydé Saravia subcoordinadora de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA)
En 2009 el Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA) recuperó tierras en posesión de Miguel Facussé, esta acción trajo asesinatos permanentes en la zona, la represión y persecución se ha agudizado hasta la fecha, denunció Saravia.
Por otro lado apuntó que en noviembre de 2010, entra la militarización al Bajo Aguán con la llegada de Xatruch III al mando del coronel Gérman Alfaro. “De esta militarización se produce una masacre en el movimiento campesino del Aguán, a la que se le llamó la masacre de El Tumbador, y quien dio la orden fue Miguel Facussé, porque eso salió en todos los medios y hay pruebas donde él le dijo al ex director del Instituto Nacional Agrario (INA), César Ham, vos mandaste a esa gente y yo tenía los hombres armados y por eso sucedió esto”.
El 24 de junio de 2011 se produjo un desalojo violento en el Movimiento Campesino de Rigores, jurisdicción de Trujillo. “A los compañeros y compañeras les quemaron las casas, estas acciones fueron ejecutadas por militares, policías y guardias de seguridad al servicio de Erick Rivera quien reclamaba el derecho a las tierras; hay evidencias de todo eso, se han hecho las denuncias y el caso aún está en la impunidad”.
Informes de organizaciones de derechos humanos revelan que en el Aguán hay al menos unos 3 mil campesinos que enfrentan procesos judiciales por su lucha en la recuperación de tierras.
Torturas, desapariciones y muertes en el Aguán
En el desalojo fueron capturados 3 campesinos y otros 23 fueron procesados por la fiscalía por los delitos de usurpación de tierras y daños a la propiedad. Entre los casos más graves se registra el del niño Bernabé Cruz (13 años) quien fue sometido a torturas por parte de agentes del estado y guardias de seguridad, quienes rociaron con gasolina el cuerpo del menor y amenazaron con prenderle fuego.
“Fue objeto de toda clase de torturas, le pusieron una bolsa en su cabeza, lo golpearon y le decían que lo iban a matar, le pedían que les dijera dónde estaban las armas. Solo el llamado de organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales hizo que fuera liberado en horas de la madrugada del día siguiente a la captura”, narró la defensora de derechos humanos.
Más adelante detalló que el 2 de junio de 2012 en la comunidad Panamá, ubicada cerca de la finca de palma africana denominada Paso Aguán (en poder del terrateniente Miguel Facussé), se produjo el secuestro del campesino independiente Gregorio Chávez, su cuerpo fue encontrado sin vida y soterrado en uno de los lotes de dicha finca, el 6 de junio del mismo año.
“Desde entonces, la comunidad se organizó y formó la Empresa Asociativa Campesina Gregorio Chávez que ha sido sometida a una serie de violaciones a derechos humanos manifestadas de diferentes formas (ataques con bala viva y desalojos violentos ejecutados en la finca Paso Aguán por parte de efectivos del ejército y la policía nacional, así como amenazas vertidas por guardias de seguridad privados al servicio de Miguel Facussé)”, expuso Haydé Saravia.
En el 2012 se informó sobre la desaparición del campesino José Antonio López Lara, secuestrado por guardias de seguridad privados de Miguel Facussé. La exhumación de la osamenta fue realizada el 23 de abril de 2013, por peritos forenses guatemaltecos gracias a la intermediación del COFADEH.
“En esta finca Paso Aguán nosotras creemos que hay mucha más gente enterrada, porque ha habido más personas reportadas como desaparecidas”, sostuvo Saravia.
Haydé Saravia es también subcoordinadora de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y representante de la Red de defensores y defensoras de derechos humanos en el Bajo Aguán, organización formada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
En el PAC, las posiciones tampoco están definidas. Esta institución política ha mostrado apertura a analizar propuestas, en especial luego de la reciente elección de uno de los comisionados del IAIP, tras conversaciones con otros sectores legislativos.
Para el ex fiscal general y ex ministro de Defensa, Edmundo Orellana, “el régimen policial desde hace mucho tiempo es militar, porque los patrones de conducta que operan en el régimen policial, son estrictamente militares; la jerarquía, el mando, el modus operandi, todo es absolutamente militar lo único que cambia es policial”.
Para el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, hace falta mayor información al pueblo porque actualmente, Honduras cuenta con dos instituciones, una de defensa como es la Fuerzas Armadas que tiene rango constitucional, y otra de Seguridad que es la Secretaría de Seguridad y que contempla entre sus ramas a la policía, que tiene también rango constitucional.
Irma Lemus, Sub Coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán
Tegucigalpa.
Iris Patricia Eguigure, de la Red de defensores y defensoras del Oriente
Honduprensa 