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Caso Gladys Lanza: A la espera de un fallo de la CSJ que no llega

Wednesday, 08 July 2015 16:37 Written by  Marvin Palacios Published in Denuncia Read 31 times

 

El caso de la Coordinadora del “Comité de Mujeres por la Paz Visitación Padilla”, Gladys Lanza está a la espera del fallo que emita la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el recurso de casación presentado desde el 30 de abril pasado. Han pasado ya casi dos meses y medio y la respuesta es tardía.

Así lo dio a conocer a www.pasosdeanimalgrande.com, el abogado Omar Menjívar, quien señaló que el Recurso de Casación lo está conociendo la Sala de lo Penal de la CSJ.

“El caso está nada más a la espera de que se emita el fallo sobre el recurso de casación que planteamos contra la sentencia que la condenó a 18 meses de reclusión e inhabilitación especial”, aseveró Menjívar.

La condena a 18 meses de reclusión e inhabilitación especial contra la reconocida defensora de derechos humanos, Gladys Lanza, Coordinadora Nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla,  constituye una amenaza permanente que pesa sobre los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, de acuerdo con el profesional del derecho Omar Menjívar, apoderado legal de la defensora.

Lanza fue declarada culpable de “injurias constitutivas de difamación”, por haber apoyado a Lesbia Pacheco, quien denunció en el año 2010 ante la organización en mención que fue objeto de acoso sexual laboral por Juan Carlos Reyes, Director de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda, FUNDEVI.

Pacheco hizo uso de la denuncia ante las instancias del Estado pero no fue escuchada e incluso la Fiscalía de la Mujer le cerró el expediente sin haber realizado una investigación.

El Movimiento Visitación Padilla realizó un plantón público frente a FUNDEVI en el 2010. Al verse denunciado Reyes presentó una querella contra Lanza  y ella fue condenada a pasar un año y seis meses de prisión, el pasado 26 de Marzo de 2015,  por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa que además sumó las penas accesorias de la “Inhabilitación especial e Interdicción civil”, lo que impediría a Gladys Lanza ejercer derechos civiles.

El caso de Gladys Lanza “puede ilustrar como en este país se utiliza el derecho penal y todo el instrumental institucional para criminalizar la labor de los defensores y defensoras de Derechos Humanos, a quienes obviamente distraen de su labor en la defensa de los Derechos Humanos y tienen que ocuparse de su propia defensa, al enfrentar procesos penales”, cuestionó el apoderado legal de Lanza.

Consultado acerca de los precedentes que se establecen por este tipo de condenas, Menjívar señaló que “esa es una amenaza permanente contra todos y todas las defensoras de Derechos Humanos, especialmente en la coyuntura actual donde un régimen de gobierno nacional concentra en un individuo prácticamente todo el poder del Estado”.

Omar Menjívar 3

Menjivar apuntó que la ciudadanía en general está en una situación de indefensión, la cual se agudiza aún más cuando quienes defienden derechos humanos son también criminalizados, equiparando su actividad a la de un delincuente.

“La condena de Gladys, si llega a quedar firme porque no prospere el recurso de casación, es una condena conmutable a razón de diez lempiras por día. Si no conmuta, tendría que cumplir al menos nueve meses de reclusión y luego optar a una libertad condicional”, adelantó Omar Menjívar apoderado legal de la reconocida defensora de los derechos humanos.

Gladys Lanza ha manifestado que no conmutaría la pena porque de hacerlo estaría aceptando que cometió este delito y lo único que ha hecho ella y su organización el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla es ejercer su derecho a defender los derechos humanos de las mujeres en Honduras

Vea nota de antecedentes del fallo en este link

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Políticos responsables del fracaso de Ministerio Público, según ex fiscal Omar Menjívar

Jun 05, 2015

Honduras está viviendo acontecimientos muy fuertes en materia de corrupción y que involucran a líderes políticos. Uno de esos casos es el del Seguro Social que salpica incluso al partido en el gobierno, el Partido Nacional.

Una labor esencial en la lucha contra la corrupción y la impunidad debe ejercerla el Ministerio Público, creado hace 21 años. “Recuerdo que desde que surgió el Ministerio Público me llamó mucho la atención, me sentía atraído a ser parte de esa institución porque veía en ella una esperanza de renovación del sistema de justicia del país” expresó el ex fiscal Omar Menjívar.

Menjívar estuvo por siete años al frente de varias fiscalías en distintas regiones del país. Radio Progreso (RP) habló con Omar Menjívar (OM) sobre la operación del Ministerio Público, MP, y su responsabilidad en la grave corrupción y vergonzosa impunidad que enfrenta el país.

RP. ¿Por qué usted decidió, en su momento, ser parte del Ministerio Público?
OM. Recuerdo que desde que surgió el Ministerio Público me llamó mucho la atención, me sentía atraído a ser parte de esa institución porque veía en ella una esperanza de renovación del sistema de justicia del país.

RP. ¿En qué contexto nació el MP?
OM. Fue en una coyuntura especial. No estaba programado el surgimiento del Ministerio Público, fue la exigencia de la coyuntura del momento que puso al Estado de Honduras y a los que dirigían al Estado en ese momento, en la necesidad de dar una respuesta a una situación de criminalidad que se había desbordado en el país y un fuerte movimiento de opinión pública que cuestionaba a todo el sistema de justicia.

RP. ¿Quién recomienda crear el MP?
OM. En el gobierno de Rafael Leonardo Callejas se nombró una Comisión Adoc de alto nivel para la prevención y lucha contra la criminalidad y la violencia, Esta comisión debía hacer recomendaciones estructurales para reformar el sistema de justicia. La recomendación más importante fue la eliminación de la DNI (Dirección Nacional de Investigación) y la creación del Ministerio Público, MP, como la entidad autónoma, responsable de investigar el delito y de ejercer la acción penal.

RP. ¿Por qué ahora la historia del MP es distinta?
OM. Porque la gente que ostenta el poder real en el país comenzó a ver una amenaza en el MP. Si el MP seguía cumpliendo su misión tal y como está concebida en la ley y en la Constitución de la República era exponerse a demasiado riesgo porque en este país al poder lo que más le falta es ética.

RP. ¿Cómo se expresó eso?
OM. Una de las direcciones que conformaban la estructura del MP era la Dirección de Investigación Criminal, DIC, y fue lo primero que le quitaron. Fue en 1998 cuando se emitió una nueva ley orgánica de la Policía Nacional, que le desprenden al MP la DIC, se la quitan y se la pasan a la recién creada Secretaría de Seguridad. Eso lo debilitó porque le quitaron su brazo investigador.

RP. ¿Qué fue lo que más daño le causó al MP?
OM. Yo digo que fue ese debilitamiento que comenzó con la sustracción de su brazo investigador. Pero en seguida comenzaron a nombrar a políticos descaradamente para dirigir la institución, y en esto tiene especialidad el Partido Nacional.

RP. ¿Qué influencia ha tenido el crimen organizado?
OM. La Fiscalía contra el Crimen Organizado existe desde 1999, no ha combatido el crimen organizado, nunca se dedicó a eso. Yo fui fiscal en esa dependencia y una de las frustraciones que yo sentía es que no se luchaba contra el crimen organizado.

RP. ¿Y la fiscalía contra la corrupción?
OM. Siempre ha tenido el MP una Fiscalía contra la Corrupción. Yo escuche a Soraya Morales, que era fiscal esta oficina, que se quejaba que en 14 años de existir solo habían obtenido 10 sentencias condenatorias. Esas sentencias condenatorias las obtienen la Fiscalía de Delitos Comunes en una semana.

RP. ¿De qué manera fortalece al MP la Agencia Técnica de Investigación, ATIC?
OM. En teoría debería fortalecerlo porque una de las debilidades que se ha señalado es haber dejado de contar con el brazo investigador. Pero lo que pasa es que la seguridad se utiliza con fines políticos. Se ha politizado el tema, y las medidas que se toman de carácter populista.

RP. ¿Qué es la ATIC para usted?
OM. Es un fiasco porque, por ejemplo, el proceso de reclutamiento de los que son miembros fue mal hecho. Se vio presionado el Fiscal General en los términos fatales que le había establecido la ley, y a última hora empezaron a persuadir a personal del mismo MP. Unos eran conserjes, otros encargados de archivos, otros encargados de las fotocopias. Les lanzaron la oferta, se la presentaron de la manera más atractiva en términos de salarios para incentivarlos y así conformaron la ATIC.

RP. ¿Cuál es la responsabilidad del MP en el caso del IHSS?
OM. Hasta ahora el MP nos ha mantenido entretenidos con ciertos implicados en el caso pero que no son los responsables originales del saqueo. Nos han entretenido con una palillona o con los implantes de silicón que se hizo una chilena con fondos del Seguro Social.

RP. ¿Cómo se ha manejado la acusación sobre el financiamiento de la campaña del Partido Nacional con fondos del seguro?
OM. La fiscalía había callado eso a pesar de que se mencionó casi desde el principio el caso, la fiscalía no había dicho nada. Si no es por la labor de cierta prensa, eso nunca lo habíamos conocido como ahora se conoce.

RP. ¿Cuál cree usted será la suerte de esta acusación?
OM. Creo que el MP va a cerrar el caso y va a terminar diciendo que efectivamente el Partido Nacional recibió cheques pero como fue hecho a través de las empresas y no directamente sustraídos del Seguro Social, van a decir que los recibieron de buena fe y que no hay responsabilidad de dichos dirigentes. Así se va a quedar, eso me late a mí.

RP. ¿Cómo ha sido la actitud de la población hondureña?
OM. La población es bastante indiferente, no ha entendido que las instituciones les pertenecen y que tienen una misión que cumplir en su beneficio. Los que dirigen las instituciones procuran siempre dar una imagen de que cumplen con su función y que lo hacen de la mejor manera y eso lo hacen creer con modificaciones que tienen que ver con lo cosmético y no con lo fundamental, con la esencia.

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MP no presentó pruebas contra defensora en el Aguán, el Juez decreta libertad definitiva

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Irma Lemus, Sub Coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán

Trujillo, Colón.

La defensora de Derechos Humanos, Irma Lemus, fue declarada inocente de todas las acusaciones que se le imputaban, las cuales eran parte de la criminalización de su labor social.El Ministerio Público no presentó pruebas contra la Sub Coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, OPDHA, Irma Lemus, quien fue citada para la audiencia inicial, hoy 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos.

Entonces el juez Fredy Cenén Caballero Núñez, de Tocoa, Colón, decretó sobreseimiento definitivo, pues no había pruebas que confirmaran las acusaciones, contra una mujer que dedica parte de su vida a velar por el respeto de los derechos humanos de los y las campesinas en el Bajo Aguán.

El dictamen lo confirmó su abogado, el también defensor de DDHH, Omar Menjivar, quien la acompaña desde el pasado 10 de noviembre cuando se celebró la audiencia de presentación voluntaria en el Juzgado de Letras de Trujillo, departamento de Colón, y ahí se le dictó medicas sustitutivas a la prisión.

A Irma, junto a otros campesinos, se le acusaba de usurpación de tierras, hurto de ganado, daños y perjuicios contra el fondo ganadero y extorsión, todo a forma de criminalización e intimidación para que no continúe con la defensa de la tierra.

Hoy no llegaron los testigos y la Fiscalía dijo no saber ¿por qué?, comentó el abogado defensor.

Además está  mañana se llevó a cabo una caminata en solidaridad con Irma Lemus, más de 500 personas se dieron cita en la ciudad de Tocoa, Colón, para hacer ver y sentir que están dispuestos a hacer que se respeten los Derechos Humanos, justo hoy 10 de diciembre que se conmemora el día de los DDHH a nivel mundial, decretado así por la ONU desde 1950, y que este año lleva por lema ““Derechos Humanos 365 días al año”.

Lemus es dirigente y asesora de la Empresa Asociativa Campesina Fuerzas Unidas, ha recibido formación en derechos humanos de parte de varias organizaciones entre ellas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, quien actualmente ejecuta un proyecto “Apoyo y protección a los defensores de derechos humanos, trabajando en conflicto por la tierra y recursos naturales en las zonas rurales de Honduras” con FIAN Internacional- Honduras y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC).

Por todos los hechos de persecución y criminalización que enfrentan los y las defensoras del Bajo Aguán, es que este proyecto respaldado  por la Unión Europea tiene el propósito de proporcionarles mecanismos de apoyo y protección, para realizar su trabajo en medio de un contexto de conflictos de tierras, y por los efectos de las explotaciones mineras en el Valle de Siria, departamento de Francisco Morazán.

Irma lamenta que las autoridades judiciales y militares del departamento de Colón, minimicen la labor de los y las defensoras, ya que en reiteradas ocasiones se ríen de ellos, les niegan información o les dicen que “son los mismos campesinos los defensores”, que ya los conocen o que por no tener personería jurídica “no son nada”, como se los ha manifestado Jovel Martínez jefe de la operación Xatruch III.

el pasado 12 de noviembre, cuando el juez de letras de Trujillo, le preguntó a Irma ¿A qué se dedica? Ella con seguridad le respondió que es defensora de Derechos Humanos, y el replicó ¿y así anda usurpando tierras? Después se rió, denunció Irma, pues esa acción le parece irrespetuosa.

“Ellos deben saber que tenemos derecho a la tierra para sobrevivir, que el Estado nos debe proveer donde cosechar nuestros alimentos, y el hecho que yo sea defensora de derechos humanos, no significa que no puedo tener mi parcela”.

Cabe señalar que hay más personas con orden de captura, los acusan falsamente para que se detengan en la defensa de la tierra, hay compañeros procesados, con medidas sustitutivas a la prisión.

Desde el 2008 al 2013 el conflicto agrario ha cobrado más de 125 vidas, y seis personas desaparecidas, por las que los y las campesinas realizan diversas acciones para que se investiguen los hechos que violentan los derechos contra la vida.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3360:mp-no-presento-pruebas-contra-defensora-en-el-aguan-el-juez-decreta-libertad-definitiva&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Seguridad para Todos es lo que promueve “Alianza por la Paz”

El representante de la organización, Omar Menjivar manifestó que el tema de seguridad no solo le compete a la Policía Nacional y a las fuerzas armadas, ni tampoco es exclusivo para los operadores de justicia, por el contario es un flagelo que debe de interesar a toda la población en general.

alianza pore la paz

Asimismo lamentó que las autoridades judiciales solo se enfoquen únicamente en las muertes de altos funcionarios públicos, este es un mal que afecta a todas las familias de Honduras por lo que se tiene que brindar seguridad y justicia de manera equitativa.

Ya que en veinte años de existencia del Ministerio Publico, según Menjivar les han asesinado unos cinco fiscales, mientras que a diario mueren aproximadamente veinte o treinta personas, es por ello que reiteró que se debe brindar una protección más eficaz a la población más vulnerable.

Es por esa razón que todos los sectores deben preocuparse por el tema de seguridad e interesarse en conocer el fenómeno, para que de esa forma todos los ciudadanos puedan brindar mejores soluciones al país y combatirlo coordinadamente finalizó Menjivar.

Fuente: http://lanoticia.hn/nacionales/seguridad-para-todos-es-lo-que-promueve-alianza-por-la-paz/?ModPagespeed=noscript

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Inseguridad e impunidad mina labor de operadores de justicia en Honduras

Oct 17, 2014

“Obviamente el crimen y  los criminales se sienten en un ambiente de total impunidad que les permite atacar incluso a la autoridad que tiene delegada las facultades y la obligación de brindarnos seguridad a nosotros” expresó el abogado y ex fiscal de Ministerio Público Omar Menjivar en torno al vil asesinato de dos fiscales el pasado viernes en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

La abogada Marlene Banegas, titular de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la abogada Olga Patricia Eufragio quien se desempeñaba en la Fiscalía del Medio Ambiente en San Pedro Sula, fueron asesinadas el  viernes 10 de octubre en la Avenida de Circunvalación de esta ciudad, catalogada en el mundo como la más violenta.

El exfiscal Omar Menjivar, quien además  forma parte del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (Madj) dijo que estos hechos ponen en evidencia la desidia y el falso discurso del gobierno, que sostiene que el tema de seguridad está mejorando.

“Lo que vemos es que ni siquiera las autoridades que  tienen altísimas responsabilidades, como las que tenía la fiscal Marlene Banegas, tenía protección, porque ella era la coordinadora de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, es decir, ella tenía la responsabilidad en la zona norte del país de investigar los homicidios, asesinatos y los delitos contra la vida, y  ni siquiera ella tenía protección, no digamos los ciudadanos comunes”, expresó Menjivar.

Los profesionales del derecho condenan las condiciones de extrema vulnerabilidad en que los fiscales comprometidos con la justicia realizan sus labores, en una institución que no les garantiza los recursos mínimos para investigar y castigar a los criminales más violentos y a los sicarios más despiadados del país.

“Ella (Marlene Banegas) se movilizaba en unas condiciones de altísima vulnerabilidad. A pesar de las complejas y arriesgadas responsabilidades que tenía como coordinadora de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, iba en un carro cualquiera, sin seguridad de ningún tipo, acompañada nada más de la otra compañera (Olga Patricia) que también perdió la vida en el mismo atentado”, señaló Omar Menjivar.

Por su parte, el abogado Luis Chevez de la Rocha, miembro de la Convergencia por los Derechos Humanos en la zona norte, condenó la falta de protección del gobierno a los operadores de justicia. “Nosotros creemos que estas muertes son producto de las políticas de seguridad que ha implementado el actual gobierno, que no prioriza brindar protección a los operadores de justicia”.

Manifestó además que esto es el reflejo de la política de seguridad fracasada del gobierno, que está dando tumbos. Para Chevez, no es con la militarización que se resuelve el problema de la violencia.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Conadeh, indicó esta semana, que la violencia e impunidad ha cobrado la vida de 83 profesionales del derecho desde el 2010 a la fecha, casos que en su mayoría se encuentran en total impunidad.

Un sistema deficiente

El abogado Omar Menjivar expone que: “los fiscales de  nuestro país, luchan sin herramientas. Básicamente, lo que tiene el fiscal, si es que siente algún compromiso con las funciones que les ha asignado la ley y el juramento que prestaron al momento de asumir estos cargos, es solamente voluntad, porque si vamos a ver el tema de los recursos, de la logística, de las herramientas necesarias para llevar a cabo un trabajo eficiente, nos vamos a encontrar con que realmente realizan el trabajo en condiciones de precariedad absoluta”.

Lo cierto es que a una semana de la muerte de las fiscales Marlene Banegas y Olga Patricia Eufragio, las autoridades siguen patinando en hipótesis, no se sabe con exactitud las razones, ni quienes son los autores materiales e intelectuales del doble crimen.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández dijo “bajo ninguna circunstancia quedará impune”. Esa advertencia la manifestó en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, acompañado de los miembros de las instituciones que integran el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Aunque no acompañó a los familiares en el último adiós de las fiscales, Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República, desde la comodidad de su oficina, dijo que este hecho criminal no solo enluta al Ministerio Público, sino que al pueblo hondureño en general.

Chinchilla señaló que  esta semana se integraron equipos encaminados a ubicar, investigar, enjuiciar y castigar con todo el peso de la ley, a quien haya participado en ese lamentable delito.

Un mensaje directo al Estado

El abogado Samuel Madrid, Comisionado de Seguridad de Municipalidad de San Pedro Sula, dijo que el asesinato de las dos fiscales evidencia un mensaje directo hacia el Estado hondureño.  “Esto nos hace un llamado a entender que vivimos en un país altamente vulnerable”.

Ningún fiscal del Ministerio Público ha querido referirse al tema, por las repercusiones que podrían traer sus valoraciones, aunque se ha constatado que tras la muerte de las fiscales, el ambiente que prima, es de zozobra y miedo.
Ley de Protección a Periodistas, Defensores y Operadores de Justicia

Ante a las muertes de comunicadores sociales, activistas que defienden libertades públicas, abogados y fiscales, en el Congreso Nacional sigue estancada la Ley para la Protección de Periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia.

La diputada del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Doris Gutiérrez, señaló que la ley no ha pasado a un tercer debate porque no existen los fondos económicos para su ejecución. Sin embargo ante los últimos acontecimientos violentos que cobraron la vida de dos fiscales en San Pedro Sula, se planteará a los  jefes de bancada retomar la discusión del tema, pero además que se haga el esfuerzo para conseguir los fondos necesarios y que la ley después de ser aprobada, no quede en papel mojado. La sociedad civil también urgió al Congreso Nacional retomar esta discusión.

La presión para que se desengavete en el Congreso Nacional la Ley de Protección a los Periodistas, Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Operadores de la Justicia crece tras el asesinato de dos fiscales en San Pedro Sula.

“Esa acción de engavetar la ley aprobada ya en dos debates es una irresponsabilidad del gobierno de Juan Orlando Hernández,” según declaró el abogado Guillermo López Lone de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).

López Lone no se explica cómo es que solo haya protección para los fiscales General y Adjunto y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el resto de operadores de la justicia que son los que hacen el trabajo fuerte para llegar a los juicios, están desamparados.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1403-inseguridad-e-impunidad-mina-labor-de-operadores-de-justicia-en-honduras

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Justicia hondureña amenaza estudiantes hasta con cuatro años de prisión por protestar

“Las acusaciones se hacen para que nosotros nos asustemos, tengamos miedo, detengamos la lucha y eso no va a ocurrir. Sí queremos dejar claro a la autoridad, no nos da miedo, no nos asusta, más bien nos motiva a seguir luchando más”, planteó el universitario.

“Somos estudiantes universitarios con buenas notas, con buenos índices, con buenas referencias con nuestros docentes, no somos delincuentes. También denunciamos al Ministerio Público por prestarse a este juego de las autoridades (universitarias) en vez de ir a buscar a los verdaderos delincuentes de este país”.

EL LIBERTADOR

C-Libre

Tegucigalpa. La criminalización de la protesta estudiantil se materializó el 8 de octubre pasado ya que el Ministerio Público tomó la declaración de tres estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula (UNAH-VS) porque los universitarios ejercieron su derecho de protesta pues consideran que las nuevas normas académicas privatizarán la educación superior.

El Ministerio Público investiga a los estudiantes por apropiarse de espacios o áreas de una institución pública, que según el artículo 331 del Código Penal contempla una pena de dos a cuatro años de prisión y multa de treinta a sesenta mil lempiras.

“Lo que nosotros veníamos denunciando, que para aprobar normas académicas en la universidad, teníamos que tener representantes estudiantiles electos democráticamente en el consejo y además valorar las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Para poder exigirle a un estudiante que sea un índice de 70 u 80 por ciento, hay que establecer si tiene la capacidad económica”, sostuvo el coordinador del Movimiento Estudiantil Revolucionario Lorenzo Zelaya (MER-LZ), Marcos Rubí. También declararon en la Fiscalía el coordinador de la Federación de Asociaciones Estudiantiles (FAE), Obed Córdoba y el miembro del MER-LZ, Javier Hernández.

“Las acusaciones se hacen para que nosotros nos asustemos, tengamos miedo, detengamos la lucha y eso no va a ocurrir. Sí queremos dejar claro a la autoridad, no nos da miedo, no nos asusta, más bien nos motiva a seguir luchando más”, planteó el universitario.

“Queremos dejar claro que nosotros nos declaramos inocentes del delito del que se nos está acusando de atentar contra bienes del Estado, es una cuestión ridícula. Ellos lo que aducen es que nosotros queríamos apropiarnos de la universidad y pasarla a nuestra propiedad, o sea, privatizar la universidad que es exactamente contra lo que nosotros estamos luchando”, dijo Rubí.

“Somos estudiantes universitarios con buenas notas, con buenos índices, con buenas referencias con nuestros docentes, no somos delincuentes. También denunciamos al Ministerio Público por prestarse a este juego de las autoridades (universitarias) en vez de ir a buscar a los verdaderos delincuentes de este país”.

Rubí convocó a los estudiantes a una manifestación el próximo 15 de octubre, Día de la Autonomía Universitaria, para exigir que se detenga la criminalización de la protesta estudiantil.Esta denuncia en su contra es un mecanismo de intimidación judicial, sostuvo.

El defensor, Omar Menjívar, señaló que los estudiantes ejercieron el derecho constitucional a la protesta y a la libertad de expresión. En materia de derechos humanos, el derecho a la protesta es garantizado como el primer derecho para exigir los otros derechos, entonces no se puede vedar, razonó.

La denuncia interpuesta en el Ministerio Público por el director de la UNAH-Valle de Sula, Francisco Herrera, violenta la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión que cita “convencidos que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión”. Este mismo instrumento establece en el numeral uno que “la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.

El artículo 18 de la Constitución de la República de Honduras manda que en caso de conflicto entre tratado o convención y la ley prevalecerá el primero.

La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado hondureño por el Caso Jeannette Kawas indica que “de la libertad de asociación se derivan obligaciones positivas de prevenir los atentados contra la misma, proteger a quienes la ejercen e investigar las violaciones de dicha libertad”, cita un análisis de la Libertad de Asociación como Herramienta en las Luchas Sociales hecho por José de Jesús Becerra.

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/justicia-hondure%C3%B1a-amenaza-estudiantes-hasta-con-cuatro-a%C3%B1os-de-prisi%C3%B3n-por-protestar

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“Gobierno de Juan Orlando está fracasando con su política demagógica de seguridad”

Jun 12, 2014

En los  últimos cinco  años nadie en el país ha podido detener el aumento en las tasas de delitos y homicidios.  Robos, asaltos, extorciones y asesinatos son parte del diario tormento   del pueblo hondureño, ante el  fracaso  de la política de seguridad del gobierno del ex presidente Porfirio Lobo Sosa y la actual administración que encabeza Juan Orlando Hernández.

Lo anterior lo asegura el  abogado Omar Menjívar,  quien fue un fuerte candidato a coordinar la desaparecida Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), además indica que el fracaso combate a la criminalidad también tiene que ver con la fallida depuración policial.

En los últimos años se han visto policías activos e inactivos conformando bandas criminales. Pero fue hasta el asesinato del hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,  Julieta Castellanos, Alejandro Vargas, que se comenzó a descubrir la participación de miembros del cuerpo policial en delitos.

A raíz de esto es que el Ejecutivo y Legislativo   crearon instituciones  para trabajar en la depuración policial, sin embargo todo fue un fracaso, según lo manifiesta el abogado Omar Menjívar,  quien durante  varios años se destacó como fiscal del Ministerio Público en San Pedro Sula.

“La ciudadanía no solo está siendo víctimas de homicidios, sino de muchos delitos más como violaciones, asaltos, por ejemplo un taxista me comentó una vez que  paga extorsión a las dos pandillas y esto a vista y paciencia de las autoridades policiales y de investigación, el gobierno no hace nada. Y la Policía Nacional está metida en esto, y sigue siendo la organización criminal más peligrosa del país, y la depuración ha pasado a un cuarto plano”, expresó Menjívar

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1071-gobierno-de-juan-orlando-est%C3%A1-fracasando-con-su-pol%C3%ADtica-demag%C3%B3gica-de-seguridad

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Defensa de Chabelo, denuncia a testigos, Fiscales y Tribunal que lleva el caso

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Tegucigalpa.

Con el objetivo de hacerle frente a la impunidad que opera en Honduras, la semana pasada se presentó el recurso de casación, con el que se está impugnando la sentencia que condena al campesino José Isabel Morales “Chabelo” a 17 años y medio de reclusión, dictada en el juicio entre enero y febrero pasado.

Morales está privado de libertad, desde octubre de 2008, acusado por el homicidio contra Carlos Manrique Sorto Castillo, sobrino del subcomisionado de la  Policía Nacional Preventiva, Henry Sorto, en el marco del conflicto agrario en la región del Aguán, según la defensa, el juicio en su contra se ha caracterizado por una serie de irregularidades y violaciones al debido proceso que terminaron en una sentencia condenatoria que fue anulada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, quién además ordenó la repetición del juicio, en un proceso entre junio del 2010 y julio  del 2012.

Según el abogado defensor, Omar Menjivar, la sentencia dictada a inicios del 2014, fue dada en un procedimiento judicial que en el Juicio Oral, no se respetaron las garantías procesales que establece la Constitución de la República y el Código Procesal Penal.

Hemos presentado la casación por violación de precepto constitucional, exactamente las disposiciones que se refieren al estado de inocencia del artículo 89 de la Constitución de la  República y el derecho de defensa contemplado en el artículo 82.

Básicamente  porque durante el juicio no se nos permitió controvertir la prueba de la Fiscalía, que es la prueba testifical, que fue bastante evidente que los testigos fueron a mentir, y eso no había mayor dificultad para determinarlo, porque son los mismos testigos que declararon en el juicio del 2010, aseguró el abogado.

De modo que tanto el fiscal que actuaba en el juicio como nosotros que fuimos los defensores en aquella ocasión, y en esta que se repitió el juicio, conocimos perfectamente cuál era el contenido de que eran los mismos testigos, que en juicio del 2010 ni siquiera mencionaron la implicación de Chabelo, pero en esta ocasión dicen su nombre y apellido.

El Tribunal no nos permitió demostrar que estaban mintiendo eso testigos, aun tendiendo la prueba disponible para hacerlo, que era el acta del juicio anterior.

Por eso consideramos que el Tribunal violentó el principio de contradicción que establece el Código Procesal Penal, como transversal en el proceso penal y con ellos restringió severamente el proceso de defensa y destruyó el estado de inocencia arbitrariamente y por eso hemos presentado el recurso de casación.

También va por el motivo de quebrantamiento de forma, porque las reglas que siguió el Tribunal para interpretar la prueba no son las que establece el Código Procesal Penal como método genérico de la sana crítica, por lo que violentó la regla para valorar la prueba y esa es razón para anular la sentencia.

Así que hay denuncia contra testigos por falso testimonio, acta de juicio del 2010 y del juicio de enero y febrero del 2014 y denunciamos a los miembros del tribunal y a los fiscales, comentó Menjivar.

Los testigos que han dado falso testimonio, son Henry Sorto quien aparece como ofendido, en su declaración del 2010 no le preguntamos nada, porque él dijo la verdad, dijo que no había estado presente en los hechos, por lo tanto no sabía nada, más que había tenido una comunicación telefónica con su sobrio Manrique, quien resultó muerto.

Él dijo que la comunicación había sido muy genérica, en la que el sobrino le decía que había muchas personas.

Pero en esta ocasión, hizo el agregado con el propósito de asegurar la sentencia condenatoria. Y por otro lado un testigo de la Fiscalía, es más reprochable, pues en el caso de Henry Sorto, hay un grado de comprensión, ya que en esos hechos, perdió a su padre, sobrino, otros parientes y empleados.

Si es severamente reprochable que un agente de investigación, que se supone debe hacer trabajos ecuánimes, profesionales y objetivas, se trata del agente Oscar Geovanny Lobo, que estuvo a cargo de las únicas investigaciones y que sólo duró dos días, en un hecho tan complejo, donde una multiplicidad de personas fueron participes de ese hecho.

Este agente, implicó la participación de José Isabel Morales, proponiendo como medio de prueba, un reconocimiento fotográfico, realizado con el único sobreviviente de los hechos, un menor de edad, que dijo que Chabelo, quien aparecía en una nota de prensa en un periódico,  fue el hombre que quitó los tapones de los botes llenos de combustibles para producir el incendio en la casa de Henry Sorto, en la comunidad Guadalupe Carney.

Ahora dice que, conversando con el testigo, mientras estaba en el hospital, José Isabel Morales, había participado en la muerte de su pariente, entonces ahí va agregando el elemento que va afianzando la posibilidad de la sentencia condenatoria.

Y en esa misma línea declaró el sobreviviente, que está en calidad de testigo protegido.

En 2010, dijo que Chabelo disparó a Manrique, y que el otro acusado, Carlos Maradiaga, había macheteado a Manrique, pero esta vez dijo que Chabelo fue quien disparó, macheteó a Manrique, le disparó a él, dio la orden de matar a todas las personas, prender fuego y saquear la casa, atribuyó todos los hechos a Morales.

Estos cambios en los testimonios, no los pudo haber hecho los testigos por si solos, sino por la inducción del fiscal Reynaldo Canales que es el interesado en tener una sentencia condenatoria.

El expediente del caso de José Isabel Morales, es muy grueso, donde se encuentra habeas corpus, recusación y denuncias contra el Tribunal compuesto por Jesi Paulita Vetura, Henry Geovany Duarte, Danilo López Fuentes, Ricardo Geovany Rodríguez, Fredy Cenen Caballero, Carol Jaqueline Ortega y Luis Alberto Juárez.

Además, contra los magistrados de la Corte de Apelaciones de la sección judicial del La Ceiba, Dilia Iracema Guillén, Garin Enoc Urquía y Rubenia Esperanza Galeano, pues ha incurrido en violación a los deberes de los funcionarios.

También encontramos en su expediente, petición de investigaciones, de revisión de medidas, denuncia por prevaricato” entre otras, y seguirá documentándose, mientras se fija la sentencia firme, y se presente un recurso de casación, esperando que se anule la sentencia de 17.5 años contra Chabelo, quien lleva más de 5 años en prisión preventiva, violentando el Código Penal, que establece un máximo de 2 años.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3073:defensa-de-chabelo-denuncia-a-testigos-fiscales-y-tribunal-que-lleva-el-caso&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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Defensa de “Chabelo” interpondrá un nuevo recurso de Casación para seguir defendiendo su libertad

Mar 07, 2014

Tras conocer oficialmente la sentencia, la defensa del campesino Isabel “Chabelo” Morales, interpondrá un recurso de casación como último intento ante las instancias nacionales. Esta última solicitud, le da esperanza a la familia del campesino que espera que sea aceptado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el labriego pueda obtener la tan anhelada libertad.

“Efectivamente ese es el recurso de impugnación que nos queda, es el único recurso posible que puede intentarse en contra de una sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia del departamento de Trujillo” expresó el abogado Omar Menjivar defensor de Morales.

Recientemente José Isabel Morales fue condenado a 17 años y medio de prisión —pero él está preso desde el 17 de octubre de 2008 en la Penitenciaría de El Porvenir ubicada en la ciudad de La Ceiba, al norte de Honduras— Fue acusado, en principio, de tentativa de asesinato, homicidio, robo agravado e incendio agravado.

“Pero hay que recordar que nosotros hemos interpuesto algunas denuncias, en contra de los testigos que fueron a declarar en el último debate que se celebró, entre el 27 de enero al 7 de febrero. Los hemos denunciado al igual que al fiscal que intervino en el juicio, por el delito de falso testimonio” afirmó el abogado Menjivar.

La CSJ tiene, según el Código Procesal Penal, la obligación de dar resolución a este recurso, en un término de 30 días, pero según Menjivar, “eso nunca ocurre” ya que la Corte se tarda “un año o año y medio, para resolver un recurso de Casación” son los “plazos ordinarios con los que trabajan; son los plazos de hecho, no de derecho”.

Los familiares del campesino José Isabel Morales continúan con el sufrimiento de verlo pagando por un delito que no cometió. Expresan que la justicia es aplicada a los inocentes, y no, a los verdaderamente corruptos, a quienes se les premia con la libertad.

“Como familia sabemos que él sigue pagando una condena de un delito que no ha cometido, pero tenemos confianza que el recurso de Casación tendrá efecto, y que él podrá recuperar la libertad” dijo Merlin Morales, hermano de “Chabelo”.

Los familiares del campesino concuerdan que lo que está la vista no quiere anteojos. Aseguran que la fiscalía ha presentado testimonios falsos, que nada tienen nada que ver con el caso. Añaden que uno de los testigos dijo no haber reconocido a Chabelo, cosa contraria a su primera declaración, donde afirmó reconocerlo.

“Nosotros como familiares nos sentimos muy heridos, porque no se aplica la justicia como debe ser, sino que se culpa a inocentes. Pero a las personas que realmente son corruptas o delincuentes, esas andan totalmente libre”, expresó Merlin Morales, hermano del campesino.

El campesino Morales fue acusado del homicidio de Carlos Manrique Sorto Castillo, sobrino del subcomisionado de la  Policía Nacional Preventiva, Henry Sorto. A raíz de eso hay patrullajes  continuos de militares frente a la casa de la madre de Chabelo. “Hace unos días pasó un vehículo como con diez militares con pasamontañas, y eso está prohibido. Los están utilizando para hostigar a la gente” dijo Merlin.

“Si Chabelo hubiera sido culpable, toda esta gente que lo va a ver a la cárcel, no lo iría a visitar, porque supieran realmente que estarían cayendo en un gran error” expresó su hermano.

 

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/780-defensa-de-%E2%80%9Cchabelo%E2%80%9D-interpondr%C3%A1-un-nuevo-recurso-de-casaci%C3%B3n-para-seguir-defendiendo-su-libertad

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“Chabelo” una historia del manipulado sistema judicial hondureño frente a la lucha por la tierra

Tuesday, 04 March 2014 10:48 Sandra Rodríguez
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Tegucigalpa.

“No te preocupes hermano, que vamos a salir de esto, todavía no se acaba la lucha”, le dijo “Chabelo” a uno de sus hermanos, tras escuchar que el veredicto del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, quien lo declaró culpable de homicidio simple, el pasado 7 de febrero, y se individualizó la pena, 20 días después, estableciendo que le impondrá 17 años y seis meses de reclusión.

El 27 de febrero, se le individualizó la pena a José Isabel Morales, conocido como “Chabelo”, quien debería estar 17 años y medio de prisión, acusado por el homicidio contra Carlos Manrique Sorto Castillo, sobrino del subcomisionado de la  Policía Nacional Preventiva, Henry Sorto, y las esperanzas en búsqueda de justicia se mantienen, en medio de este sistema que no permite la defensa a campesinos y gente trabajadora que lucha por la tierra, declaró uno de sus hermanos.

Este ha sido un caso sin precedentes, no apegado a fundamentos de la justicia y leyes hondureñas, pues a José Isabel Morales “Chabelo” quien está en prisión, desde el 2008, se le ha negado un debido proceso, perdió un ojo, se le rompió la lengua y perdió varios dientes, mientras realizaba trabajos de limpieza en la granja penal de El Porvenir; incluso estando en prisión, su padre y una hija, fallecieron, y a él no se le permitió asistir al sepelio.

Creyendo en la inocencia de José Isabel Morales, pero obligados por lo establecido en el Código Penal, la defensa le toca proponer una pena para el acusado, y esta propuso la pena mínima de 15 años de prisión, siendo la máxima 20 años.

A partir del 27 de febrero, cuando se le dictó sentencia, el Tribunal tiene cinco días para dar a conocer el acta donde hace saber la sentencia definitiva y a partir del día empiezan a transcurrir los 20 días para interponer el recurso de casación que será presentado ante este mismo  Tribunal y que resolverá La Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal.

Pero una cosa es lo que diga la ley, y otra, como la ejecutan los entes judiciales, “el Código habla de cinco días, pero en la práctica el Tribunal se toma el tiempo que quiere. En el juicio pasado, el Tribunal se tomó dos años y un mes, aunque el Código dice cinco días”, explicó el abogado defensor, Omar Menjivar Rosales.

Por lo que se presentará el recurso de casación -hasta que salga la sentencia definitiva- ante el tribunal de sentencia de Trujillo, pero quien lo resuelve es la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, explicó la defensa.

Se espera el cumplimiento de la ley, pues todo lo que fue evacuado en juicio implicaba que debía pronunciarse una sentencia absolutoria a favor de José Isabel Morales, y al darle lugar al recurso de casación, es volver a repetir el ciclo que ya se había evacuado una primera vez, lamentó el defensor.

Omar Menjivar

Este caso es atípico, donde las cosas se han hecho al contrario, se acusa a un hombre inocente, se le niegan sus derechos y poco a poco, se ha ido acabando con su vida, la de su familia y compañeros campesinos que siempre están pendientes de su caso, y que se ven afectados emocionalmente ante la falta de justicia expresada en los tribunales, por lo que el Estado es el responsable de todas estas injusticias.

Para la familia Morales, ha sido muy difícil esta situación, llevamos más de cinco años con la esperanza que se haga justicia, hemos contado con la solidaridad de los compañeros y compañeras, organizaciones nacionales e internacionales y les pedimos que nos sigan apoyando, declaró su hermano Merlín Morales.

Hemos visto cómo se ensañan con mi hermano, no le dan la oportunidad de demostrar su inocencia, se le acusa de algo que él no cometió, y aún más, hemos tenido conocimiento que lo amenazan con hacernos algo a nosotros, si él sale en libertad, declaró Morales.

Entre las irregularidades en este caso, contra José Isabel Morales,  miembro del Movimiento Campesino del Aguán, MCA, ubicado en la Comunidad  Guadalupe Carney, en el Bajo Aguán, donde se libra una lucha por la tenencia de la tierra, y por lo que más de cien campesinos han perdido la vida, en los últimos cuatro años, está la reclusión de “chabelo” por más de cinco años, pese a que el artículo 181 del Código Procesal Penal dispone que la prisión preventiva no puede exceder de dos años.

Otra situación, es que el 9 de diciembre de 2013, la defensa solicitó al Tribunal de Trujillo sustituir la prisión preventiva, no obstante, dicho tribunal deliberadamente no resolvió la petición, pese a que la normativa procesal penal obliga a resolver en 24 horas.

“Chabelo” está preso desde el 17 de octubre de 2008 injustamente el marco del conflicto agrario en la región del Aguán, según la defensa, el juicio en su contra se ha caracterizado por una serie de irregularidades y violaciones al debido proceso que terminaron en una sentencia condenatoria que fue anulada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, quién además ordenó la repetición del juicio, en un proceso entre junio del 2010 y julio  del 2012.

MP, manipulación y conformismo en la investigación

Vemos que en Honduras, el sistema de justicia está diseñada para garantízale para el privilegio de unos cuantos, con el hecho que unos jueces me confesó “yo tengo prohibido como juez pensar en materia penal, me toca hacer lo que dice la Fiscalía, porque si no, me cae una denuncia”, compartió el abogado Omar Menjivar.

Chabelo fue acusado por el homicidio de una persona que murió en un incendio en el que perdió la vida 11 personas, familiares del subcomisionado Henry Sorto Canales, quien estuvo involucrado en un conflicto de tierras con la comunidad Guadalupe Carney en Trujillo.

Con el caso donde se juzga al compañero “Chabelo”, se ha cerrado un ciclo más de ese proceso de ensañamiento que ha venido ocurriendo desde que fue acusado José Isabel Morales y otras 31 personas, sin haber partido de una investigación responsable de parte del Ministerio Público, MP.

Ese que fue un hecho tan complejo por la complicidad de participantes, ya que eran centenares de personas que participaron en esos hechos tan lamentables, eso meritaba una investigación bastante responsable, seria y científica, pero el MP se conformó con una investigación que apenas duró dos días, y que comenzó tres días después de ocurridos los hechos.

La escena del hecho no estuvo resguardado por 24 horas, hasta  que llegó la policía y algún médico forense para recoger los cuerpos, por lo que eso da la oportunidad de contaminación de la escena.

A las 48 horas después del incendio, en el Bajo Aguán, comenzó la investigación con personas que se desplazaron de la ciudad de Tegucigalpa  (a más de 500 kilómetros de distancia) y dos días después había finalizado la investigación.

Menjivar compartió que, lo que hicieron fue confeccionar un listado de sospechosos, lo que es al revés, porque normalmente la investigación nos va arrojando la evidencia para dar con los sospechosos, pero en este caso, primero fueron a la municipalidad de Trujillo y a la oficina del Instituto Nacional Agrario, INA,  a solicitar un listado de las juntas directivas de empresas campesinas inscritas en los últimos años,  y los que integraban la junta directiva, pasaron a ser parte de los sospechosos, y empezaron a buscar evidencias que se acomodara a la lista de sospechosos.

Posteriormente le presentaron más de 300 fotografías de los sospechosos, a un testigo que no  nunca estuvo en la capacidad de reconocer a nadie, pues tenía dos impactos de bala y uno le perforó un pulmón, el cual se lo llenó de sangre, lo que permite que en lugar de oxígeno, llegue sangre al cerebro, y por sobrevivencia hace que el cuerpo  pierda la conciencia y se desmaye.

Y en ese estado el joven “reconoció” a 32 personas y a cada uno le atribuyó un delito concreto, y atribuyó el asesinato de Carlos Manrique Sorto, (por el cual guarda prisión Chabelo), a un hombre que se llama Carlos Armando Ruíz, la Fiscalía lo acusó, y resulta que es una persona que ni siquiera conoce esta zona del Aguán, porque nunca había salido de su tierra recóndita, en Poncaya, una montaña de Catacamas, Olancho.

Después identificó a otra persona, como participe de esos hechos, y resulta que tampoco pudo haber participado, porque tenía más de un año de estar preso cumpliendo una condena por un delito de homicidio, evidenció el defensor de Chabelo.

También identificó a otra persona que dice que macheteó a Manrique, en ese entonces, a Chabelo siempre lo identificó como la persona que quitó los tapones a los tanques de combustible a unos vehículos para prenderles fuego.

“Esa fue la única investigación que hizo el MP, el resto de personas que presentaron como testigos no presenciaron los hechos, para el caso un testigo dijo que estaba a un kilómetro y vio a Chabelo, salir del lugar con una arma AK-47 y en 2010, dijo que era un machete”, por lo que vemos testimonios que se contradicen, aseguró Omar Menjivar.

Primero dio declaración a los agentes de la DGNIC, después a un analista del MP y cada vez que daba una declaración, daba una versión distinta, luego le hacen un una evaluación sicológica y da una versión en la que por primera vez menciona a Chabelo, y dice que fue a él a quien le disparó, y lo describe como trigueño, chaparro y medio fornido, nada que ver, porque es blanco, le dicen “chele”, y es alto.

Ese testigo que sólo había identificado a Carlos Maradiaga, como que estaba en el grupo, pero no le atribuye una acción concreta, en el juicio del 2010.

Prioridad del MP es ganar, no hacer justicia

Notamos que la prioridad del Ministerio Público, no es hacer justicia, sino ganar el caso, y eso significa obtener una sentencia condenatoria, sea justa o injusta, incluso haciendo uso de  testigos que contradicen sus declaraciones, induciéndoles a cometer delito de falso testimonio.

Incluso el mismo sub comisionado Henry Sorto, declaró que hablaba con su sobrino Manrique, mientras expiraba, desconociendo la participación de Chabelo, pero en esta una segunda ocasión, dijo que su sobrino exclamó “el que me disparó fue José Isabel Morales y que quiere que escuches como me mata, y además que habló vía teléfono con Chabelo”, creo que esto fue inducido por el Fiscal, aseguró Menjivar.

Aun consientes, de que este juicio, no tiene las características de un juicio justo, siempre, después de cada audiencia, defensa, amigos y familiares esperan que Chabelo salga en libertad, lo que nos pone triste, pero no bajamos la lucha, porque es nuestro compañero y lo apoyaremos, manifestó un grupo del Observatorio Permanente de Derechos Humanos, del Bajo Aguán, quien en ocasiones anteriores, ha denunciado que el juicio de “Chabelo” demuestra que el sistema de Justicia está parcializado hacia los grandes intereses del poder económico de la región del Aguán.

El expediente del caso de José Isabel Morales, es muy grueso, donde se encuentra habeas corpus, recusación y denuncias contra el Tribunal compuesto por Jesi Paulita Vetura, Henry Geovany Duarte, Danilo López Fuentes, Ricardo Geovany Rodríguez, Fredy Cenen Caballero, Carol Jaqueline Ortega y Luis Alberto Juárez.

Además, contra los magistrados de la Corte de Apelaciones de la sección judicial del La Ceiba, Dilia Iracema Guillén, Garin Enoc Urquía y Rubenia Esperanza Galeano, pues ha incurrido en violación a los deberes de los funcionarios.

También encontramos en su expediente, petición de investigaciones, de revisión de medidas, denuncia por prevaricato” entre otras, y seguirá documentándose, mientras se fija la sentencia firme, y se presente un recurso de casación, esperando que se anule la sentencia de 17.5 años contra Chabelo, quien lleva más de 5 años en prisión preventiva, violentando el Código Penal, que establece un máximo de 2 años.

Mensaje ejemplarizante

Cinco años de injusticia contra Chabelo, es claro que se quiere mandar un mensaje ejemplarizante a los que están involucrados en el afán de la lucha por la tierra, son personas campesinas, enfrentadas a un grupo de poder de los más rancios del país, dijo Menjivar.

Hablamos de terratenientes, un término de los que más distinguía a la oligarquía, y uno de ellos es Miguel Facussé, y hay otros similares a los que se enfrentan los campesinos en el Bajo Aguán y otras zonas del país.

Alguno de ellos ha estigmatizado a los campesinos, entre ellos Henry Sorto, en su  declaración dijo, “esos no son campesinos, vergüenza les debería dar usar ese término, porque ellos lo que son, es terroristas, guerrilleros, asesinos, delincuentes, ladrones, criminales”, y seguía buscando más términos discriminatorios, y con expresión de odio, así que lo que cuenta es que Chabelo es parte de ese grupo que desprecia con toda la fuerza de su ser y se ensaña con lujo, en su contra, continuó el defensor.

Hasta cierto punto, desde la condición humana de Henry Sorto, Menjivar cree que, es comprensible sus sentimientos, porque en ese hecho tan violento y dramático perdió la vida y además fue incendiado su padre, hermanos,  sobrinos, trabajadores, la casa, etc.

Lo que no es permitido es que las instituciones del Estado adopten esa postura, porque el Estado se ha establecido para ser ecuánime, para garantizarnos justicia, y la justicia no se realiza cometiendo otra justicia, por lo que concluimos que el mensaje es para todo el que se involucre en la lucha de la tierra, porque le puede pasar lo de Chabelo, puntualizó Menjivar, en quien la Fiscalía ha desatado toda su fuerza, para que permanezca preso.

 

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3004:chabelo-una-historia-del-manipulado-sistema-judicial-hondureno-frente-a-la-lucha-por-la-tierra&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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Justicia hondureña débil ante los fuertes y dura ante débiles

Feb 27, 2014

 

 

 

Tras 5 años y medio de estar en prisión, después de contar los días para que al fin se hiciera justicia, José Isabel Morales no obtuvo su libertad, por más que peleó por ella.

Los tribunales de sentencia de Trujillo, Colón fallaron en contra del campesino Isabel Morales, condenándolo a 17 años y medio de cárcel. Morales se sometió a un segundo juicio en el que se esperaba se comprobara su estado de inocencia en el delito de homicidio contra Carlos Manrique Osorto, familiar del subcomisionado de policía Henry Osorto Canales quien ha librado por muchos años un conflicto con la comunidad Guadalupe Carney, de donde es originario Morales.

“Este fallo es injusto e ilegal pues no está conforme a lo que dicta la ley, atropella la dignidad de Isabel Morales, pisotea su inocencia y lo hace pagar por un hecho que no cometió, el tribunal tomó partido por la posición de la fiscalía”, denunció Omar Menjívar, abogado defensor de Isabel Morales, quien además junto a la abogada Sarah Aguilar desde el principio denunció que el juicio no se estaba llevando a cabo con imparcialidad e independencia, como manda la Ley.

La Fiscalía se atrevió a pedir 250 años de cárcel para Morales, Henry Osorto lo pidió mientras estaba declarando en contra de Chabelo.

El tribunal que juzgó a este campesino, miembro del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) estuvo integrado por, Carol Jackeline Ortega, Luis Alberto Juárez Sierra, quien presidió y Ricardo Geovany Rodríguez.

Criminalización del campesinado

El campesino Isabel Morales se ha convertido en el ejemplo claro de la impunidad con la que se mueve el sistema de justicia nacional. A Morales se le acusó y capturó en octubre de 2008, dos meses después de los hechos violentos suscitados en la propiedad del subcomisionado Henry Osorto Canales donde murieron 11 personas allegadas a él. Después de su captura se celebró un juicio en 2010 pero cuya resolución condenatoria fue dada hasta en 2012, permaneciendo Morales en prisión de forma ilegal por estar sin condena casi 4 años.

Isabel Morales es también el rostro de miles de campesinos víctimas de este sistema de impunidad, cuando al no existir una verdadera reforma agraria que merme todo el conflicto entre campesinos y terratenientes en los valles más ricos del país, ya son cientos los muertos, también los procesados injustamente siempre por la parte de los campesinos.

La Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, justo la semana en la que se celebró el juicio de Morales, presentó un informe en el cual aseguran que al menos 113 campesinos fueron asesinados por guardias privados y agentes del Estado durante el recién concluido gobierno de Porfirio Lobo, todos los casos en la impunidad.

Esta plataforma que aglutina a campesinos organizados en el Caribe de Honduras, señaló que a raíz de los 113 crímenes en la zona hay “al menos 400 niños y niñas huérfanos, madres viudas, decenas de hombres y mujeres heridos”.

Añadió que los hechos “reflejan los niveles de impunidad” de dos empresas agrícolas privadas de la zona, a la que los campesinos organizados del Aguán acusan de acaparar tierras desplazando a las comunidades de labradores, confabulados con “la débil institucionalidad de los entes encargados de impartir justicia”.

Esta denuncia se da mientras en los tribunales de sentencia de La Ceiba se juzga a un campesino, miembro del movimiento campesino por un delito que se cometió en medio de una disputa de tierras de muchos años, una crisis en la cual un agente del Estado, el subcomisionado Henry Osorto Canales, tenía grandes ventajas y había creado un ambiente de persecución contra los campesinos de la zona.

Aun así, este caso no fue mencionado por la Plataforma Agraria en dicha conferencia de Prensa.

Un juicio amañado

“El tribunal siempre se plegó a las disposiciones de la fiscalía sin apegarse a las leyes y con desprecio a la misma. Esperábamos que el Tribunal hiciera un estudio exhaustivo para dar un fallo motivado por la ley, sin embargo declarando culpable a Isabel Morales sin dar explicaciones sobre la prueba determinante, es un atropello a las leyes y a la dignidad de Chabelo”, explicó Menjívar.

El juicio de 2010 que condenó a Chabelo a 20 años de cárcel fue anulado por la Corte Suprema de Justicia tras un recurso de casación interpuesto por la defensa de Morales. La Corte mandó a celebrar un nuevo juicio “imparcial e independiente” que comenzó el 27 de enero sin concederle libertad condicional a Chabelo quien siguió privado de su libertad en la granja penal de La Ceiba.

El reinicio del juicio contra Isabel Morales, quien lleva en prisión 5 años y medio, fue acompañado por diversas organizaciones del Aguán quienes exigieron liberar al campesino.

Sin embargo, este nuevo juicio se desarrolló en un ambiente hostil y con poca voluntad por parte de los jueces para comprobar su inocencia, según la defensa de este campesino miembro del MCA.

La madre de Chabelo, Ramona López siempre estuvo presente a pesar de vivir en Trujillo, a 2 horas de La Ceiba donde se celebró el juicio. Esta mujer humilde aseguraba que se mantenía fuerte porque su hijo no podía verla preocupada, las esperanzas siempre la movieron para soportar el agotamiento y en muchos momentos la desesperación al escuchar las acusaciones contra su hijo.

“Los jueces y fiscales son corruptos, pero yo no pierdo la esperanza de que mi hijo saldrá libre”, expresaba doña Ramona en los primeros momentos en los que apenas podía hablar por el nudo de garganta que le provocó la noticia del fallo contra Chabelo.

Los primeros días, el tribunal se mostró parcializado, según la defensa que interpuso un recurso de recusación que paralizaba el juicio hasta que hubieran personas con la voluntad de hacer justicia. Sin embargo este recurso fue nombrado sin lugar.

“Para quitarse la responsabilidad de esta crisis agraria y los hechos violentos por los que se juzga a Isabel Morales, el Estado de Honduras juzga a cualquier persona sea quien sea, aunque no se haga verdadera justicia, solo por tener un culpable”, expresó la abogada Sarah Aguilar, de la defensa de Morales quien además dejó claro que en todo el juicio las pruebas evacuadas y testimonios de la parte acusadora fueron inconsistentes.

Nuevos elementos

Omar Menjívar explicó que la defensa objetará el fallo de los tribunales porque el objetivo de la repetición de juicio no era construir una nueva verdad sobre los hechos, y esto fue lo que sucedió con la presentación de pruebas y testimonios por la parte acusadora que se empeñó por cambiar la versión que había sido evacuada en el juicio anterior.

La clave del juicio recayó en un testigo al que se le llamó A2 para su protección, sin embargo este testigo, el mismo del juicio anterior mostró en múltiples ocasiones estar mintiendo con respecto a su reconocimiento de Chabelo. La defensa hizo ver todas las irregularidades en su conclusión del juicio. Cada día, los testimonios de la parte acusadora fueron orientados a acusar a Chabelo como el líder del movimiento que incendió la casa de Osorto Canales.

“Ahora nos queda repetir todo el proceso regresando a la sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia para anular la sentencia ilegal de este juicio, con el recurso de casación”, dijo Menjívar asegurando que esto no se quedará así y que seguirán luchando por la libertad de Morales.

A Chabelo se le escuchó al final del juicio bajo el principio de humanización del proceso. Fue claro y preciso, además de señalar al Ministerio público como responsable de lo que le ha pasado y de ganarse un enemigo poderoso, como es el señor Henry Osorto.

Aidé Saravia, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) expresó tras conocer el fallo que esta es una realidad que viven miles de campesinos hondureños, a quienes en cualquier momento les puede suceder lo que le sucedió a Chabelo.

“La justicia se ensaña contra los luchadores por la tierra, se vio clara la forma en que condenaron a Chabelo, a cualquiera nos puede pasar. Están llamadas las organizaciones populares a seguir la lucha”, dijo Saravia.

Y es el caso que se repite en historias como la de Magdalena Morales, dirigenta de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) acusada y llevada a los tribunales como una criminal por su papel en la lucha por una reforma agraria en el valle de Sula donde empresas como Azucarera del Norte S.A. y Compañía Azucarera Hondureña S.A. acaparan miles de hectáreas de tierra y los movimientos campesinos aseguran que violentan el sobretecho que les otorga el Estado.

Irregularidades del juicio

Recibimos información de lo que aconteció en los tribunales de justicia de La Ceiba donde se juzgó a Chabelo, el juicio era oral y público y lo que en esa sala ocurrió estos días es de conocimiento público.

El primer día del juicio se evacuó la declaración de Carlos Fernández Arazola, quien es uno de los investigadores que realizó distintos reconocimientos fotográficos a partir de la declaración del testigo protegido de la parte acusadora. Uno de estos reconocimientos fotográficos fue el de Carlos Armando Ruiz a quién este le atribuyó haber disparado y macheteado a Carlos Manrique Osorto, así mismo declaró haber sido la persona que realizó diligencias investigativas en el departamento de Olancho, donde se descartó la participación de esta persona en los hechos ocurridos el 3 de agosto del 2008.

Uno de los testigos protegidos de la parte acusadora, atribuyó el homicidio a otra persona, no a Chabelo, por lo que quedó demostrado nuevamente que este testigo ha mentido ante el Tribunal de Sentencia, al manifestar que fue José Isabel Morales quien dio muerte a Carlos Manrique Osorto.

A pesar que la defensa solicitó poner a la vista los reconocimientos fotográficos al señor Carlos Fernando Fernández Arazola, el Ministerio Publico se opuso rotundamente, y el Tribunal de Sentencia estuvo de acuerdo con ellos, por lo que la defensa interpuso recurso de reposición manifestando que el artículo 251 del Código Procesal Penal establece que “todos los bienes y los documentos y demás elementos de convicción incorporados al proceso deberán ser exhibidos a los imputados o testigo para que manifiesten si lo reconocen”, por lo que habiendo declarado el testigo que él practicó reconocimiento fotográfico, debieron ser propuestos y admitidos.

La Sala declaró sin lugar el recurso

El segundo día le tocó el turno al agente de investigación criminal de la DNIC, Oscar Geovany Lobo. La defensa de Chabelo valora que La Fiscalía insiste en una estrategia de acomodar las declaraciones que sus testigos hicieron en el juicio del 2010, con el propósito de incriminar deliberadamente a Chabelo.

Y eso fue lo que hizo el agente Lobo, ya que tanto en las actas de reconocimiento fotográfico que realizó, como diligencias investigativas, el informe investigativo que remitió a la Fiscalía tras concluir las investigaciones, las declaraciones que rindió ante el Juez de Letras de Trujillo durante la audiencia inicial y la declaración que rindió ante el Tribunal de Sentencia de Trujillo en el juicio de 2010, lo único que mencionó , confirmó y ratificó siempre es que Chabelo fue la persona que de acuerdo al testigo protegido le quitó los tapones a los tanques de combustible para prenderles fuego.

Sin embargo en la declaración que rindió le agregó que además José Isabel Morales también participó en las acciones que produjeron la muerte de un pariente del testigo, diciendo además que Chabelo era de los principales dirigentes de las acciones. Este agregado no lo consignó ni en las actas de reconocimiento, y al ser consultado por la defensa de por qué no consignó esa información, dijo que no recordaba.

En el quinto día se presentó el subcomisionado de Policía Henry Osorto Canales, persona agravada pero que no estuvo en el lugar de los hechos.

Canales dijo que él mismo estaba dirigiendo una investigación personal para identificar a los culpables, en dicha exposición se refirió a los campesinos organizados como células terroristas, delincuentes, que se están matando entre ellos mismos. Incluso durante su declaración le dijo al Tribunal que Chabelo no andaba solo sino que trajo gente de otros lados para hacer dicha masacre aún y cuando no le constaba porque como dijo, no estaba en el lugar de los hechos.

Luego fue interrogado por el Ministerio Público, y cuando el turno le tocó a la defensa, ésta solicitó que se incorporará por lectura la declaración rendida por el Sr. Henry Osorto en el 2010, ante el Tribunal de Sentencia de aquella época, a lo que el Ministerio Público se opuso y el Tribunal declaró sin lugar.

Posteriormente la defensa, interpuso el recurso de reposición, aduciendo que impedir la introducción por lectura de la declaración rendida anteriormente, en la cual el Sr. Henry Osorto jamás mencionó a Chabelo, como tampoco mencionó que el hoy occiso Carlos M Osorto, le hiciera mención que quien le había disparado, hubiera sido Chabelo, era violentar el principio de contradicción y el derecho fundamental a la defensa así como el estado de inocencia, puesto que el Tribunal no podría apreciar las contradicciones que presenta dicha declaración, recurso que también fue declarado sin lugar.

Lo que ha predominado en el juicio es la voluntad de enjuiciar a Morales no solo por el asesinato por el cual en efecto se le enjuicia, sino por toda la masacre. Osorto Canales insistió ante los tribunales que Isabel Morales estaba al mando de la emboscada y que fue él quien dio la orden de incendiar y asesinar a sus familiares, este testimonio coincide con el de testigos anteriores por la parte acusadora a pesar que la defensa ha presentado pruebas que descartan la posibilidad de que Canales haya recibido esa información en el momento del incendio.

Aunque la defensa intervino en varias ocasiones para hacer ver al tribunal las irregularidades en los testimonios, no hubo voluntad del mismo para reconocer estas intervenciones. Además por los otros delitos, Morales fue absuelto en un juicio anterior.

La esperanza no se pierde aseguraba Menjívar. En el caso de Morales es de suma importancia que muchas organizaciones campesinas y populares acompañen desde las exigencias y denuncias en las calles, el clamor de justicia. Ahora se esperan más acciones para seguir exigiendo la libertad de Chabelo que también será la libertad que tanto anhela la población más empobrecida de Honduras.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/reportaje/item/758-justicia-hondure%C3%B1a-d%C3%A9bil-ante-los-fuertes-y-dura-ante-d%C3%A9biles

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Caso de “Chabelo” podría ser llevado a instancias internacionales

Ene 08, 2014

El lunes de esta semana, el Tribunal de Sentencia de Trujillo falló una vez más en contra del campesino José Isabel “Chabelo” Morales, al no admitir un recurso para revisión de medidas, por lo que el campesino continúa en prisión acusado por el delito de homicidio.

El abogado Omar Menjívar quien ha estado a lo largo de todo el proceso en el caso de Morales como parte defensora, manifiesta que todo indica que este caso tendrá que ser llevado a instancias internacionales, ya que los tribunales en Honduras no dan muestras de justicia.

Menjivar añade que parece haber una fuerza superior que impide que “Chabelo” salga en libertad.

“El tribunal de Trujillo es imposible que tenga sustento en la ley con esa resolución que dio, si se tratara de otro caso ya la libertad de Chabelo fuera un hecho por el recurso de casación que anuló el juicio que lo condenaba”, dijo Menjivar.

José Isabel Morales, está preso desde el 17 de octubre 2008. Lo condenaron por un homicidio en perjuicio de Carlos Manrique Osorio. El juicio fue en junio 2010 y la sentencia condenatoria ocurrió hasta finales de julio 2012.

La sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, anuló en Casación la sentencia condenatoria y el juicio en el que se produjo la misma. El expediente retornó al tribunal de Trujillo el 4 de diciembre de este año.

El nueve de diciembre el abogado defensor, presentó la SOLICITUD PARA LA SUSTICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA, en base al artículo 181 del Código Procesal Penal que dispone que dicha medida no puede exceder de dos años (Chabelo lleva 5 años y 3 meses).

El Tribunal de Trujillo deliberadamente no resolvió la petición, pese a que en el código obliga a resolver en 24 horas.

Ayer este mismo tribunal resolvió que Morales debía regresar al centro penal hasta su nuevo juicio el 27 de enero.

“Los pasos se han agotado y solo queda esperar al nuevo juicio que está programado para el 27 de enero concluyendo el 7 de febrero.  Nosotros estamos convencidos que el sistema nacional de justicia está cerrado y no esperamos un accionar distinto al que ya ha habido. Se puede promover un nuevo recurso de habeas corpus para dejar precedente, la esperanza estará en instancias internacionales”, concluyó Menjivar.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/593-caso-de-%E2%80%9Cchabelo%E2%80%9D-podr%C3%ADa-ser-llevado-a-instancias-internacionales

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Nueva administración seguirá ejemplo de corrupción de actual gobierno, según analista

Dic 30, 2013

Aunque al gobierno de Lobo Sosa le queden pocos días en el poder, sin duda heredará al nuevo gobierno, que no se caracteriza precisamente por ser transparente, estrategias que permitan mantener los actos de corrupción, un fenómeno que mantiene empobrecido y endeudado a nuestro país, señaló el abogado Omar Menjívar del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Durante los últimos cuatro años se ha presenciado una administración pública sucia que ha fortalecido el modelo extractivista de la riqueza nacional que perjudica a las mayorías y favorece a unos pocos.

Menjivar señala que con Juan Orlando Hernández en la presidencia, ese modelo seguirá intacto y con serios problemas de transparencia y aumento de la corrupción.

“Pero no hay que quedarse solo en el puro lamento por la tragedia, aunque el futuro es desconsolador, es necesario que la gente comience a ejercer vigilancia social y que avance en romper  con pactos irregulares que se hacen desde los tomadores de decisiones”, planteó Menjívar.

Agregó además que es fundamental que los medios de comunicación cumplan de una vez por todas con uno de sus grandes funciones que es la de ejercer auditoría social.

Para el MADJ el gobierno de Porfirio Lobo Sosa es el más corrupto de la historia democrática de Honduras, y si las cosas siguen frías y sin castigo arropados por la impunidad, la nueva administración continuará fortaleciendo este modelo excluyente que sitúa al país como uno de los países más corruptos de Latinoamérica.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/574-nueva-administraci%C3%B3n-seguir%C3%A1-ejemplo-de-corrupci%C3%B3n-de-actual-gobierno-seg%C3%BAn-analista

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PONEN TRABAS AL PROCESO PARA REPETIR JUICIO A “CHABELO” MORALES

El abogado defensor del campesino Isabel Morales, Omar Menjívar denunció esta semana ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en la Ceiba, a los integrantes del Tribunal de Sentencia de Trujillo por negarse a cumplir con sus obligaciones, acusándoles de incurrir en el delito de violación a los deberes de los funcionarios por la falta de voluntad para realizar el juicio a Morales nuevamente, disposición de la Corte Suprema de Justicia tras un recurso de casación interpuesto por la defensa.
Tras 5 años en prisión, el campesino José Isabel Morales podría salir en libertad la próxima semana, luego de la sentencia de casación dada por la Sala Constitucional de lo Penal donde se ordena repetir el juicio y anular la condena.

Morales ha sido símbolo de lucha por una justa distribución de la tierra en Honduras. Sus compañeros campesinos y organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, le han mostrado toda la solidaridad, denunciando al Estado de Honduras de haberlo encerrado injustamente por razones políticas.

“Espero que el lunes o martes de la próxima semana, estemos realizando la audiencia en la que se le tenga que restablecer la libertad a Chabelo” expresó Omar Menjivar abogado defensor de “Chabelo” Morales.

José Isabel Morales fue capturado el 17 de octubre de 2008, luego que se hiciera efectiva una orden de captura librada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, donde se le acusaba de asesinato, homicidio, tentativa de asesinato, incendio y robo.

La parte defensora de Chabelo presentó una solicitud al Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón, para que cumpla la sentencia de la Sala Constitucional de lo Penal donde se ordena anular la sentencia y también el juicio.

“Hemos presentado una solicitud para que sea modificada la medida cautelar que ha venido sufriendo José Isabel Morales desde el 2008, es decir la prisión preventiva. Además exigimos la libertad inmediata por efecto de casación dictada por la Sala de lo Penal” añadió Menjívar.

Dificultades en el cumplimiento de la sentencia de casación

El tribunal de Trujillo no le ha dado cumplimiento a dejar en libertad a “Chabelo” para realizarle un nuevo juicio alegando que tiene que ser otro el tribunal que resuelva el caso.

Cosa que no comparte la parte apoderada de Isabel Morales que establece que lo único que debe hacerse es poner a nuevos jueces, ya que uno de los que dictó la sentencia condenatoria anterior permanece en la escena.
“La sentencia de casación dispone, tal y como lo establece el Código Procesal Penal, que se repita el juicio de Chabelo, porque el anterior ya está anulado. Establece también que el nuevo juicio debe conocerlo otro tribunal. Pero acá en Trujillo ya no son aquellos mismos jueces que conocieron el juicio de Chabelo por primera vez, son otros jueces, a excepción de uno que ya presentó su excusa,” manifestó el abogado defensor de Chabelo.

La parte defensora añadió que el único juez que había conocido el caso, y que actualmente integra el tribunal, ya mandó una excusa a la Corte de Apelaciones de la Ceiba. Una vez hecho esto, el tribunal de Trujillo no tendrá más excusa para resolver la solicitud.

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/519-ponen-trabas-al-proceso-para-repetir-juicio-a-chabelo-morales

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