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Familia del diputado Jari Dixon recibe amenazas a muerte

El diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Jari Dixon a través de su cuenta de Facebook denunció en las últimas horas amenaza.

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Jari Dixon: “La única forma de frenar la criminalidad es depurar la Policía Nacional”

El Diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, aseguró este día que la única forma de frenar la criminalidad en el país es depurar a la Policía Nacional.

“Es una cuestión de voluntad queremos resolver la criminalidad depuremos la policía ya que el presidente Juan Orlando Hernández ha sido incapaz de bajar la violencia en el país”, aseveró el congresista.

Dixon, recordó que en el país las autoridades policiales no deben de ponerse a llorar si frente a cámaras si no de accionar en contra de las personas que realizan las matanzas y quienes se encargan de incrementar las tasas de homicidios en el país.

El funcionario insistió que hay personas capaces dentro del ente policial pero que no son tomados en cuenta por qué no son afines de la política.

Añadió que todos los políticos deben de dedicarse a la política “hagamos la función de los políticos no solo en aumentar 360 años a algún determinado delito si no para resolver los problemas que enfrenta la ciudadanía hondureña”.

Si bien es cierto que el crimen organizado ha bajado que pasa con aquellos del rubro del transporte que no v en reflejado la seguridad aquellos que viven en barrios y colonias que se sienten en completa indiferencia por parte de las autoridades correspondientes.

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Presidente de la CSJ debería pagar indemnización de los jueces: Jari Dixón

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn; 

Tegucigalpa.-El exfiscal y diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera,  considera que la indemnización que el Estado de Honduras deberá pagar a los tres jueces y a una magistrada, debe ser costeada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, porque fue quien de manera arbitraria procedió a destituirlos.

Herrera reaccionó luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sentenciara al Estado de Honduras por la destitución ilegal de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza y los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado.

Jari Dixon Herrera

Jari Dixon Herrera

En su sentencia la CIDH establece que su sentencia constituye per se, una forma de reparación,  por lo que ordenó al Estado hondureño a reincorporar a los jueces a cargos similares a los que desempeñaban al momento de los hechos, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería a la fecha si hubiesen sido reincorporados en su momento.

En caso que no fuera posible la reincorporación, deberá  pagarles la cantidad establecida en la sentencia, al igual que los montos por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales y el  reintegro de costas y gastos.

Al respecto, el exfiscal Herrera señaló que la responsabilidad de haber destituido de manera injustificada a los jueces es del presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, a quien debería deducírsele las costas que implica la sentencia, porque fue quien firmó los despidos injustificados de los  jueces.

“Él debería pagar todo este dinero porque no es justo que los contribuyentes, que el hombre y la mujer que trabaja arduamente, vengan y con sus impuestos vengan y tengan que pagar un error o un abuso de autoridad de los que dirigen el sistema de administración de justicia”, acotó.

El parlamentario recordó que la sentencia se pudo evitar si las instituciones del Estado hubieran hecho algo para enmendar el error. Recordó que un grupo de abogados, incluyéndolo a él, apeló al entonces presidente del Poder Legislativo, Juan Hernández, “pero el Congreso Nacional no hizo absolutamente nada”, sino mantenerse con el despido injustificado de los jueces.

Por su parte, el diputado por el Partido Anticorrupción, Walter Banegas, dijo que no sería justo que el pueblo hondureño  tenga que pagar una acción ilegal de quienes destituyeron a los jueces.

Walter Banegas

Walter Banegas

Banegas, quien también es abogado,  señaló que  se corre el riesgo que el pago de la indemnización se disfrace de nuevos impuestos y sea el pueblo hondureño que termine pagando los desaciertos.

En tanto, la también abogada y diputada del PINU, Doris Gutiérrez, apuntó que el fallo de la CIDH se esperaba que fuera en los términos que ha trascendido este martes, porque el acto que se cometió contra los jueces fue ilegal.

Gutiérrez vaticinó que el Estado hondureño podría correr la misma suerte con los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron destituidos por el Parlamento, también de manera ilegal, el 12 de diciembre del 2012.

Doris Gutiérrez

Doris Gutiérrez

La congresista lamentó que las millonarias sumas que deberá pagarse saldrán del erario público, que implica el pago de los impuestos de los ciudadanos.

Los jueces y la magistrada fueron destituidos el 5 de mayo de 2010, por participar en actividades de protesta contra el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuando se defenestró del poder y se envió al exilio al Presidente Manuel Zelaya.

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Hondura: “El Partido Nacional está desesperado y quiere tapar señalamientos por IHSS con el avión”: Jari Dixon

miércoles, 27 de mayo de 2015

“El Partido Nacional está desesperado y quiere tapar señalamientos por IHSS con el avión”: Jari Dixon

TEGUCIGALPA- El exfiscal del Ministerio Público y ahora diputado del Congreso Nacional Jari Dixon Herrera dijo esta mañana que el caso del avión abandonado en el aeropuerto Toncontín hace siete años se ha convertido en el centro de atención de la Comisión Multipartidaria nombrada por el Congreso Nacional para ahondar en el descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

El profesional del derecho dijo que hace siete años se nombró una comisión para investigar los hechos referentes al abandono de este avión y se rindió un informe en el que no había nada que investigar referente al caso.
“Ahora después de siete años me resulta a mi extraño y absurdo que después del paso de tres Fiscales Generales, entre ellos, Leónidas Rosa Bautista, Luis Rubí, y ahora Oscar Chinchilla, no hayan dicho que había sucedido con ese avión o hayan presentado un requerimiento fiscal”, dijo.
A renglón seguido, cuestionó el hecho de por qué no se presentó en momentos como el golpe de Estado que era una temporada de denuncias.
“El Partido Nacional está desesperado y pretenden tapar los enormes señalamiento de actos de corrupción de haber participado el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que fue hace apenas un año y no hace siete años”, apuntó.
Según declaraciones brindadas por el presidente de la Comisión Multipartidaria, Mario Alonzo Pérez, el avión abandonado el pasado 5 de febrero del 2006 venía dirigido hacia un funcionario del gobierno del expresidente José Manuel Zelaya Rosales por parte del presunto narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera quien guarda prisión en las ergástulas de una cárcel federal.

 http://tiempo.hn/nacion/item/32883-%E2%80%9Cel-partido-nacional-esta-desesperado-y-quiere-tapar-los-senalamientos-del-ihss-con-el-avion%E2%80%9D-jari-dixon

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Solicitan denunciar e inhabilitar a 15 diputados

10 de Diciembre de 2014

10:00PM  –  Redacción  

Representantes del PINU, Pac y Libre formalizaron la presentación.

Tegucigalpa, Honduras

Tres fuerzas políticas del país acudieron este miércoles a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para iniciar un camino de enjuiciamiento contra 15 congresistas que promueven despenalizar el hablar de reelección presidencial.

Doris Gutiérrez, del Partido Innovación y Unidad; Rafael Virgilio Padilla, del Partido Anticorrupción; y Jari Dixon, de Libertad y Refundación, formalizaron la presentación de un escrito solicitando se investigue a los congresistas que piden derogar preceptos constitucionales referidos a la reelección.

“Con el debido respeto venimos a la Corte Suprema de Justicia solicitando que este alto tribunal notifique y denuncie de oficio ante el Ministerio Público a los señores José Oswaldo Ramos Soto, Óscar Arturo Álvarez Guerrero, David Guillermo Chávez Madison, Antonio César Rivera Callejas, José Tomás Zambrano Molina, José Celín Discua Elvir, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Rodolfo Irías Navas, Mario Alonso Pérez López, Milton Jesús Puerto Oseguera, Román Villeda Aguilar, Juan Carlos Valenzuela Molina, Welsy Milena Vásquez, José Francisco Rivera Hernández y Edwin Roberto Pavón León”, cita el escrito.

Se pide proceder contra estos diputados por la comisión del delito contra la forma de gobierno, consignado en el artículo 330 del Código Penal.

Gutiérrez expuso que se acordó acudir a la CSJ para hacer valer el derecho de petición para pedir que de inmediato se proceda contra los diputados que proponen reformar los artículos. “Creemos que hay una indignación generalizada en contra por esta acción del Partido Nacional”, dijo.

“Seguimos en pie de lucha, vamos a utilizar no solo esta estrategia sino que muchas otras estrategias para que se dé cuenta el partido de gobierno que no tiene ‘el sartén por el mango’ y que no nos vaya a imponer a su libre albedrío los caprichos o los intereses de determinados grupos o personas”, concluyó.

Inhabilitación

A juicio de los tres diputados, existe una campaña para promover la reelección del presidente Juan Orlando Hernández. “Esa campaña pasa por derogar la norma contenida en el artículo 239 de la Constitución de la República”, cita el escrito.

Dixon afirmó que la Sala de lo Constitucional no tiene facultades para derogar un artículo original de la Constitución. Por ello, califican de insólito el interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la misma Carta Magna. Sus artículos originales solo pueden derogarse a través de una Asamblea Constituyente.

Asimismo, piden no solo denunciar hasta por traición a los que promueven derogar los preceptos, sino que el Ministerio Público proceda inhabilitándolos de sus cargos por 10 años.

Igualmente, solicitan no admitir el recurso de inconstitucionalidad por improcedente. Por su lado, Padilla dijo representar la dignidad y antipolítica. Pidió a la Sala valentía para denunciar a los diputados que conspiran para el continuismo presidencial.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/775643-331/solicitan-denunciar-e-inhabilitar-a-15-diputados

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Marvin Ponce se mofa de diputados que le quieren denunciar

El funcionario de casa de gobierno seguidamente ironizo señalando “a doña Doris, Jari Dixon y compañía quiero decirles que estoy bien preocupado ni tamales voy a comer esta navidad porque me van a denunciar”.

El asesor presidencial Marvin Ponce, dice que no está nada preocupado porque algunos diputados le quieren denunciar por hablar del tema de la reelección, apunto que ese es un tema que ya debe estar en agenda al igual que lo están haciendo todos los países de acuerdo a los cambios de las sociedades modernas.

El funcionario de casa de gobierno seguidamente ironizo señalando “a doña Doris, Jari Dixon y compañía quiero decirles que estoy bien preocupado ni tamales voy a comer esta navidad porque me van a denunciar”.

El controversial político continuo señalando que la obligación es hablar de los temas de país y eso nadie lo puede juzgar, añadió que hay quienes solo quieren sobresalir y él sabe muchas cosas de todos esos diputados y diputadas incluyendo a Doris Gutiérrez, que es golpista acuso.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/marvin-ponce-se-mofa-de-diputados-que-le-quieren-denunciar

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Libre no apoyará rango constitucional de Policía Militar

26 noviembre, 2014 – 3:59 pm

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Jari-Dixon-Policía-Militar

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) en Honduras, Jari Dixon, reiteró este miércoles que la nueva fuerza política no apoyará el rango constitucional de la Policía Miliar del Orden Público (PMOP).

“La posición de Libre es muy clara, no vamos apoyar un rango constitucional de la Policía Militar”, manifestó en tono enfático.

Explicó que la decisión no significa que como partido promueven que la PMOP desaparezca, “estamos diciendo que la Policía Militar cumpla con la función que le da la Constitución de la República que es cooperar con la Policía Nacional de forma temporal”.

Añadió que de aprobar la solicitud del Poder Ejecutivo se crearía una institución paralela a la Policía Nacional.

Lo anterior, implicaría incremento en el presupuesto, que hasta el momento no ha dado los resultados esperados.

La diputada por el Partido Liberal, Waldina Paz, declaró que  la bancada de su partido está en contra que se eleve a rango constitucional a PMOP.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/11/26/libre-no-apoyara-rango-constitucional-de-policia-militar/

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Reformas al Código Penal: un acto de “politiquería barata”, según diputado

Oct 24, 2014

En una sesión a puerta cerrada, diputados y diputadas al Congreso Nacional aprobaron una serie de reformas al Código Penal para incrementar las condenas de reclusión para quienes cometan delitos contra operadores de justicia y titulares de los poderes del Estado; la junta directiva del Legislativo asegura que esas reformas  “son un mensaje contundente en la lucha frontal contra la delincuencia”. Sin embargo para los legisladores que se abstuvieron a votar, el gobierno hondureño ha convertido la represión del delito en un “acto demagógico”.

Y es que a dos semanas del asesinato de dos fiscales en San Pedro Sula, a manos de supuestos integrantes de una pandilla,  los legisladores reformaron el artículo 116 del Código Penal, referente al homicidio simple que incluye penas de 15 a 20 años de reclusión.

Otro de los artículos modificados fue el 222, mediante el cual se establece el delito de extorsión; las penas por este delito ahora oscilan entre 15 y 20 años, y si se comete contra un policía, un fiscal, un magistrado, un juez, contra el ministro de Defensa, ministro de seguridad o todos los que integran el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, o contra los diputados del Congreso Nacional a quienes se les amenace con que se les va quitar la vida, se le aumentará a un tercio esa pena.

Esas reformas, para el abogado y diputado de Libertad y Refundación –LIBRE-, Jari Dixon Herrera, son un acto de demagogia y politiquería barata del actual gobierno cada vez que hay brotes y crisis de criminalidad.

“No podemos estar en contra de la represión del delito, pero tampoco podemos estar a favor de usar la seguridad del Estado o la seguridad de la población hondureña para hacer proselitismo político; sino se combate la criminalidad desde todos los puntos, desde todos los ángulos aquí no habrán resultados positivos”, dijo Herrera.

Asegura que el combate a la criminalidad resultará cuando los gobiernos implementen políticas públicas de prevención. “Ni los jueces, ni los diputados, ni los fiscales, todos los que integraron ayer se pueden sentir seguros porque aumentamos penas en el hemiciclo legislativo, es una farsa, nosotros no estamos dispuestos a seguir utilizando la seguridad del país en ese tipo de cosas”.

Fátima Mena, coordinadora de la bancada del Partido Anticorrupción –PAC-, coincide que la prevención es la que vendría a ayudar “bajar los índices de violencia y criminalidad”, para ello demanda que el gobierno de Hernández utilice de manera eficiente los fondos del “Tasón de Seguridad”.

“Este Tasón sigue siendo un gran misterio, en ese Tasón parte de los acuerdos es que mucho tenía que ir orientado para la prevención del delito, que eso lo que realmente va a bajar los índices de violencia”, expresó.
Prisión de por vida por conspirar

La noche de miércoles, los llamados “padres de la patria” además modificaron el artículo 322, que califica de magnicidio cuando se dé muerte al presidente de la república, a los titulares del poder Legislativo y Judicial,  y a quienes constituyen el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. La pena por el delito de magnicidio será de 40 años de reclusión hasta la privación de la libertad de por vida.

El Código Penal en su artículo 324 establecía que por el delito de conspiración y proposición se cumpliría una pena de uno a dos años, pero con las nuevas reformas las personas que lo cometan guardarán 40 años de cárcel a privación de por vida de la libertad a quien esté conspirando o proponiendo causar muerte a los titulares de los tres poderes del Estado, o contra algún miembro del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y contra operadores de justicia.

Rasel Tomé, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, opina que las nuevas penas por el delito de conspiración son únicamente para atemorizar a la población y así no critique las malas acciones del gobierno en turno.

“Suficiente atribuciones y prerrogativas tiene un alto funcionario del Estado, estos que andan con muchos carros de seguridad, y además quieren intimidar a la gente para que no pueda criticar. La democracia es un juego de ideas, libres planteamientos; la crítica es parte del rol que le corresponde a los medios de comunicación, a los políticos de oposición y a los sectores organizados contra el gobernante”, arguyó Tomé.

Para organizaciones como el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares –CPTRT-, el aumento de las penas o la privación de la libertad de por vida es “un trato cruel e inhumano”, pues se hace  caso omiso de que la dignidad de la “persona humana constituye una cualidad propia de la misma que le corresponde a todo ser humano” con independencia de sus características particulares.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1421-reformas-al-c%C3%B3digo-penal-un-acto-de-%E2%80%9Cpolitiquer%C3%ADa-barata%E2%80%9D-seg%C3%BAn-diputado

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Publicaciones en redes sociales provocan polémica en el Congreso Nacional


  • Jueves, 11 Septiembre 2014 22:28

Esta es la foto de la polémica publicada por el diputado de Libre, Jari Dixon. Esta es la foto de la polémica publicada por el diputado de Libre, Jari Dixon.

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – La publicación de una fotografía en la red social de Facebook, generó una polémica este jueves en el Congreso Nacional entre las bancadas de los Libertad y Refundación (Libre), el Partido Nacional y el Partido Liberal.

Todo comenzó porque el diputado de Libre por Francisco Morazán, Jari Dixon, publicó en su página de Facebook, una fotografía donde se observa al vicepresidente del Congreso Nacional, el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas dialogando con diputados del ala liberal.

Sin embargo, Dixon tituló la foto “Toño Rivera regañando y dándoles órdenes a diputados liberales, lo que despertó el malestar del propio Rivera Callejas, así como del diputado liberal por Choluteca, Yuri Sabas.

Al sólo comenzar la sesión de este jueves, Rivera Callejas, quien estaba fungiendo como presidente en funciones, expresó que “sin ánimo de querer ahondar en lo que sucedió en la sesión de ayer (miércoles), sí quisiera hacer una aclaración porque un compañero diputado subió a las redes sociales una fotografía en la que yo estoy compartiendo con algunos diputados liberales varios temas, pero puso Toño Rivera regañando a diputados liberales”.

“Yo quisiera hacer esta aclaración porque no es justo que a compañeros diputados de otros partidos políticos les digan ese tipo de cosas, la foto dice Toño Rivera regañando y dándole órdenes a diputados liberales, no regaño ni a diputados nacionalistas ni doy instrucciones a diputados nacionalistas ni mucho menos a hermanos diputados liberales, por consiguiente a los hermanos diputados liberales si quiero manifestarles que esa fotografía que aparece en las redes sociales, fue publicada por un compañero diputado que para mí no tiene ningún tipo de importancia, pero sí quería mencionarlo porque merece respeto la bancada del Partido Liberal de Honduras”, acotó Rivera Callejas.

En seguida reaccionó también el jefe de la bancada de Libre, el ex presidente Manuel Zelaya, quien dijo que “yo me hago eco de ese reclamo del diputado Antonio Rivera Callejas porque es cierto, ahora con las redes sociales y con diferentes tipos de comunicación todos somos víctimas y además de ataques anónimos, así que yo soy solidario con usted en eso presidente”.

Como que si esas reacciones no fueron suficientes, también intervino el diputado liberal Yuri Sabas, quien manifestó que “hoy desde temprano en la mañana recibí varias llamadas de los diputados del Partido Liberal y recibí también unas fotografías de los diputados del Partido Liberal”.

Arguyó que los miembros de la bancada liberal en el Congreso Nacional, están en una posición que no es la más cómoda sino que se trata de una situación bastante complicada porque en muchas ocasiones cuando apoyan los proyectos de decreto que provienen del Partido Nacional, se les tilda de vendidos, cuando apoyan iniciativas del Partido Anti Corrupción (PAC), hay personas que dicen que tienen alianza con ese partido y en otras ocasiones cuando apoyan a los miembros de Libre, les dicen vende patrias y los ofenden.

Añadió que a él le gusta decir las cosas por su nombre por lo que aludió al diputado Jari Dixon al tiempo que expresó que Antonio Rivera es su amigo personal y con él puede conversar.

“Pero yo creo compañero que de aquí a cuatro años cuando vayamos a los procesos electorales y cada quien decida levantar la bandera de su partido, no nos van a preguntar cuántas veces nos insultamos entre nosotros mismos, ni nos van a decir cuántas campanas rompimos, cuántos micrófonos arrancamos o cuántos veces ofendí a un diputado; sabe qué nos van a preguntar, qué hicimos por Honduras, cómo trabajamos y cómo contribuimos por nuestra patria”, argumentó Sabas.

Reiteró que le parece poco acertado el comentario de Dixon de quien dijo tiene las más altas estimas de su parte pues es miembro de la comisión de justicia y derechos humanos que él preside, donde ha tenido una participación beligerante como un buen diputado, sin embargo, pidió respeto para los diputados liberales ya que le parecen inapropiados ese tipo de acotaciones.

“Sólo quiero decirles que el próximo proceso electoral no va a ganarlo quien más insulte sino el que más consensos logre, al que más gente acerque, yo nunca he visto ningún producto comercial, nunca he visto que la Coca-Cola para vender más frescos, hablar mal de la Pepsi, sino que vende más su producto, lo promueve más y nosotros los liberales no vamos a lograr un voto más hablando mal de los demás partidos, seguro estoy que el Partido Nacional tampoco mucho menos el PAC y Libre tiene que buscar los consensos si quiere construir un triunfo en las próximas elecciones”, apostilló.

Se esperaba que Dixon respondiera a los señalamientos, sin embargo, el ex fiscal, prefirió mantenerse en silencio.

Fuente: http://www.proceso.hn/index.php/component/k2/item/87525-publicaciones-en-redes-sociales-provocan-pol%C3%A9mica-en-el-congreso-nacional

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Honduras: Proyecto de derogacion de ZEDES en el Congreso Nacional.‏

viernes, 5 de septiembre de 2014

Foto de El Libertador.hn
Jari Dixon Herrera

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A lo largo de los quinientos años se da una “Transición Conceptual e Histórica” que expresa una misma realidad de conquista, colonización, dependencia,acumulación y neocolonialismo.
Así, Honduras vivió la etapa de las Concesiones Bananeras y Mineras, la de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial (Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial y la equiparación de Beneficios en el ámbito regional, compitiendo los países de la región por otorgar los más amplios beneficios a fin de atraer la inversión extranjera). Luego se estableció la Zona Libre de Puerto Cortes y posteriormente, se estimuló las Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP), en las cuales se desarrolló la maquila.
Más recientemente se promovió en la década de los 70, el establecimiento de una planificación en base a regiones de desarrollo, con las cuales se preveía estimular “Polos de Desarrollo Regional (1979-1983)” desde los cuales se extendiera el crecimiento de acuerdo con la “teoría del derrame o goteo”. Su antecedente inmediato lo constituía el primer Plan de Desarrollo Económico de 1954 que identificaba algunos de los recursos del país y sus potencialidades.
Es notorio que todas esas teorías se basaban en la inversión extranjera y en la consideración de que el “mercado externo” constituye el estímulo al desarrollo de las economías nacionales “subdesarrolladas”, “periféricas”. Las tesis anteriores derivadas de la consideración de que en este tipo de países la acumulación de capital ha sido muy débil y el mercado interno muy reducido como para promover un crecimiento y/o desarrollo.
Nos preguntamos: ¿Todos estos espejitos mágicos de desarrollo donde han quedado?
Acaso Honduras no es el segundo país más pobre de Latinoamérica, acaso no es el mismo cuento de adas que se está contando en todo el territorio nacional, volveremos a caer en la misma trampa una y otra vez? Pareciera que si.
En la administración del Presidente Lobo Sosa se aprobó legalmente la “Visión de País y Plan de Nación”, antecedente inmediato de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) y las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Tomando en consideración  que enfrentamos un Estado debilitado, degradado y en muchas de sus competencias y funciones caracterizado como “fallido”, el análisis jurídico-político de las consecuencias de utilizar como incentivos de inversiones privadas internacionales las ZEDE se constituyen en un imperativo categórico de urgencia y prioridad nacional y en particular en este Congreso Nacional.
En tal sentido, todos los análisis que se realizan se corresponden con una u otra escala de principios y valores; aún aquellos que dicen que son “neutros” o que realizan “sus análisis” en función de su “utilidad práctica”, supuesta o real, lo que hacen es utilizar y actuar en función de la “ideología dominante”, del “estatus quo” y sus “principios y valores”, aunque estos hayan sido individual o grupalmente adoptados y no social y democráticamente concertados.
Por otra parte, es importante señalar que toda iniciativa debe ser analizada en función de si constituye un proyecto que contribuye a fortalecer el sentido de nacionalidad; o, si en cambio constituye una iniciativa que se inserta en un proceso de desnacionalización o lo más grave aún, es que constituya en sí misma una iniciativa desnacionalizada o desnacionalizadora.
Usualmente se entiende por “Ciudad Chárter” (“Chárter City” “Ciudad Modelo, Ciudad Estatuto o Ciudad Privada”), aquella ciudad que se rige por un “Estatuto Jurídico propio”. En el caso de Honduras, a estas “Ciudades Charter” se les quiere denominar y dar a conocer como “Ciudades Modelos”, con dos denominaciones secuencialmente diferentes en la forma e iguales en el contenido: Regiones Especiales de Desarrollo (RED) y Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), llamadas “modelo”, en consideración a la “Burbuja” en que supuestamente se vivirá respecto al resto de la Nación en la que está inmersa, la cual regularmente tiene indicadores económicos, sociales, de gobernabilidad y seguridad e institucionalidad jurídica y personal sumamente deteriorados hasta llegar a conceptualizar al Estado mismo como “Debilitado“, “Degradado” o “Fallido”.
De esta manera, al otorgar tratamientos diferentes a hondureños y hondureñas, que viven, residen o trabajan en diferentes localidades del país, se violenta en forma grave un elemental Derecho Humano, el de la igualdad de todos los seres humanos y que se encuentra consagrado en la Constitución y tratados internacionales suscritos por Honduras como Estado Soberano.
De lo que se trataen forma resumida, es:
i)     De “Reformas Constitucionales” a artículos irreformables (Llamados “Pétreos”);
ii)    De ceder “Soberanía” territorial, del gobierno como expresión del Estado y del Pueblo en su carácter de Soberano; es decir, ceder soberanía en aspectos fundamentales de un Estado de Derecho Democráticamente constituido;
iii)   De fraccionar y atomizar el Estado Nación;
iv)  De la pérdida de sentido para la institucionalidad nacional, particularmente la política al modificar significativamente la forma de gobierno que constituye casualmente uno de los artículos considerados irreformables;
v)    De la multiplicidad de normas jurídicas aplicables en el país. Una vez constituidas las ZEDE pueden existir tantas normativas aplicables como “Zonas” se establezca, dando lugar a que lo que se considere legal y justo en una región del país sea ilegal en otra. Es decir, se puede llegar a una semejanza con las ciudades medievales y convertir al Estado de Derecho Nacional en Honduras en una Torre de Babel, en la cual nadie se entiende por hablar diferentes idiomas jurídicos; y,
vi)  De apropiarse los poderes económicos transnacionales de las riqueza, tesoros históricos y arqueológicos, proyectos de infraestructura de diferente tipo, en ultimas del Patrimonio Nacional.
De esta manera se otorgaría a la población en general y a la ciudadanía en particular, tan diferentes tratamientos jurídicos como ZEDE se constituyan, ya que los habitantes o residentes de las ZEDE quedarían sujetos al régimen jurídico aplicable por  el “Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP)” establecido en la normativa aprobada por el Congreso Nacional anterior.
En conclusion podemos decir que:
1.      El tema ha sido tratado por los Poderes del Estado, con una superficialidad interesada.
2.      Se ha efectuado analogías y comparaciones geográficas e históricas indebidas y desproporcionadas.
3.      Se ha efectuado “reformas Constitucionales” profundas, sin el debate y los dictámenes técnicos y jurídicos requeridos para adoptar una decisión de esa magnitud y transcendencia histórica.
4.      Se ha considerado que la reforma jurídica por sí misma provoca la reforma económica y social, lo cual es absolutamente falso.
5.      Los principios jurídicos y políticos que dieron origen al “Estado Nación” son totalmente menospreciados y supeditados a intereses estrictamente económicos de lucro y ganancia, disfrazados en la posible generación de empleo e ingreso.
6.      Predomina la filosofía del “pragmatismo”, que señala que el único pensamiento valido es el pensamiento útil sobre cualquier otra consideración relativa a la dignidad de la “Persona Humana”, la “Soberanía Popular”, o el “Estado Nación”.
7.      La cesión “Soberana” de “Soberanía”, no a otro Estado sino al “Capital Internacional” va acompañada de un mayor debilitamiento de la institucionalidad nacional, del sentido de patria y del concepto de Estado Nación. La inserción en el proceso de globalización debe ser inteligente y provechosa para la nacionalidad entera y no aditiva y excluyente.
A los diferentes Poderes del Estado y Secretarías de Estado e instituciones descentralizadas, con la reforma Constitucional y la aprobación del “Estatuto Especial”, se les ha “disminuido sus competencias, atribuciones y responsabilidades”.
Porciones significativas de territorio patrio de gran valor en el patrimonio nacional se “ofrecen” a intereses particulares, privatizando las riquezas y “dejando al país y la Hondureñidad la pobreza”. El país “anfitrión” pone
8.      “la riqueza” y “el país con capital y tecnología pone la normativa aplicable”. A la “reciprocidad asimétrica” predominante en el mundo de las relaciones internacionales se le otorga un fundamento jurídico. La alta capacidad de negociación, influencia y presión de uno se contrapone la debilidad institucional y negociadora del otro. “Se privatiza las ganancias y se socializan las perdidas”.
9.      De la cesión de autoridad del Estado más vergonzosa es que el Poder Ejecutivo haya “entregado” la negociación de las regiones y términos de la misma a “CO ALIANZA”.
10.   La segunda versión de las “Ciudades Charter”, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), utiliza otros términos para disimular los mismos contenidos de la versión anterior y tratar así de neutralizar la “oposición crítica”. Es más en algunos términos y contenidos profundizan la depredación del Patrimonio Nacional, el desprendimiento del territorio patrio y la pérdida de Soberanía Popular y de Estado.
En virtud de lo antes expuesto y amparándome en la prerrogativa constitucional de iniciativa de Ley, me permito presentar a a consideración de este Congreso Nacional, iniciativa de ley en el sentido de aprobar una derogatoria a una refoma constitucional.
Acompaño documento de anteproyecto para efectos de trámite legislativo.
Tegucigalpa M.D.C 1 de abril del 2014
JARI DIXON HERRERA
Diputado por el Departamento de Francisco Morazán.
DECRETO No
EL CONGRESO NACIONAL
CONSIDERANDO: Que el Artículo N° 1 de la Constitución de la República establece que “Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicias, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”;
CONSIDERANDO:
Que el Estado de Honduras no puede delegar en las Zonas de Empleo y de Desarrollo Económico (ZEDE), de conformidad a su Ley Orgánica, en un Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), o en un Secretario Técnico, la responsabilidad de “asegurar el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social” de sus habitantes,
CONSIDERANDO:
Que el Artículo N° 2 de la Constitución establece que “la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación”.
CONSIDERANDO:
Que el ejercicio de la soberanía popular en ningún ámbito territorial puede ser cedido a una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), a un Comité para la  Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) o a un Secretario Técnico.
CONSIDERANDO:
Que el Artículo N° 4 de la Constitución establece que “la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa”, la cual “se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relación de subordinación”.
CONSIDERANDO:
Que la forma de gobierno constituye una norma Constitucional irreformable, conforme al Artículo N° 374 de la Constitución, motivo por el cual no cabe la posibilidad jurídica de incorporar nuevas figuras político-jurídicas y administrativas con las mismas competencias de los Poderes del Estado constituidos, en ningún ámbito territorial como se pretende con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), el Secretario Técnico de las mismas y el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP).
CONSIDERANDO:
Que el Artículo N° 5 de la Constitución establece que “El gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa, de los cuales se deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la administración pública, la estabilidad política y la paz social”.
CONSIDERANDO:
Que, con la figura de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), del Secretario Técnico de las mismas y del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), se violenta flagrantemente el Artículo N° 5 de la Constitución, extralimitándose los Poderes del Estado en su aprobación y sanción, especialmente al limitar el principio de la democracia representativa y participativa en determinados ámbitos territoriales denominados ZEDE en las cuales sus instancias jurídico-administrativas actuarían como Poderes territoriales.
CONSIDERANDO:
Que el Artículo N° 63 de la Constitución establece que “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre”.
CONSIDERANDO:
Que la normativa vigente relativa a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), conforme a su Ley Orgánica, violenta múltiples declaraciones, derechos y garantías establecidos en la Constitución, en tratados y convenciones suscritos por Honduras, así como en doctrina sobre la soberanía, forma republicana, democrática y representativa de gobierno.
CONSIDERANDO:
Que el Artículo N° 64 de la Constitución establece que “No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”.
CONSIDERANDO:
Que la soberanía radica en el pueblo y que la norma de la Constitución que introdujo la figura de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), así como su Ley Orgánica disminuyen, restringen y tergiversan diferentes declaraciones, derechos y garantías constitucionales.
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 153-2013, de fecha treinta (30) de julio de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 33,194, de fecha cinco (5) de agosto de dos mil trece (2013), se creó el Programa para el Establecimiento de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N°368-2013, de fecha veinte (20) de enero se ratificó el “nombramiento hecho por el Presidente de la República en el Acuerdo Ejecutivo No. 003-2014 de fecha 14 de enero de 2014
POR TANTO,
                                                    DECRETA:
Articulo N° 1.- Derogar los Decretos Nos. 120-2013, 153-2013 y 368-2013, de fechas doce (12) de junio, treinta (30) de julio de 2013 y veinte (20) de enero de 2014, respectivamente, publicados sucesivamente en La Gaceta, Diario Oficial de fechas cinco (5) de agosto, seis (6) de septiembre de dos mil trece (2013) y once de febrero de dos mil catorce (2014). 
Artículo N° 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veinte y ocho (28) días del mes de junio de 2014.
MAURICIO OLIVA
Presidente
MARIO PEREZ                                                                                    TOMAS                                                                         ZAMBRANO

Secretario                     

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Wilfredo Méndez, defensor de derechos humanos, es intimidado para que abandone su labor

Ago 29, 2014

El director del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) Wilfredo Méndez, denunció esta semana que fue objeto de intimidaciones y amenazas a muerte mientras realizaba un trabajo de supervisión de derechos humanos en el sector atlántico de nuestro país. Una zona marcada por la presencia de narcotraficantes, militares y guardias de seguridad privada.

“Fuimos intimidados, amenazados con arma en mano, por personas que en una gasolinera pusieron un vehículo atrás y otro adelante;  luego se dio una amenaza muy fuerte, ya  que con armas en mano se mostraban dispuestos a disparar,” expresó el abogado Wilfredo Méndez.

Méndez añadió que esto sucedió en estos últimos días luego de salir de una misión que estaban realizando en el marco de visitas al atlántico de Honduras para ver la cooperación que tienen en la zona con el Observatorio de Derechos Humanos en relación a la margen derecha del Aguán y las comunidades garífunas.

El director de CIPRODEH, dice ante esto: “amenazarme para matarme, no me detendrá”.

Para el abogado Méndez estas amenazas tienen dos propósitos, uno de advertencia contra quienes procuran su mal, y otra, de excitativa para quienes luchan por lo justo ante los corruptos y criminales de este país. Él asegura que no claudicará.

Para el diputado Jary Dixon, encargado del proceso de socialización de la ley para la protección de periodistas, comunicadores, operadores de justicia y defensores de derechos humanos, estas amenazas en contra de Méndez son producto de la situación de vulnerabilidad en que se vive en Honduras debido a la falta de institucionalidad y Estado derecho.

Dixon espera que la aprobación de esta ley sirva para proteger la vida de estos grupos que están defendiendo los derechos humanos de la población en general.

La Coalición contra la Impunidad ante las recientes amenazas en contra de Wilfredo Méndez, director de CIPRODEH y de miembros de su equipo de trabajo manifestó en un comunicado que actos como el relatado son un fiel reflejo del contexto de inseguridad, represión y criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos que  a diario se vive en esta región del país, hoy por hoy militarizada y prácticamente en una situación de estado de sitio.

Ante la gravedad de estas amenazas, la Coalición contra la Impunidad manifestó su enérgica protesta por estos hechos, a la vez que demandó de las autoridades gubernamentales medidas de protección para Wilfredo Méndez y otros integrantes de CIPRODEH, asimismo, el cese inmediato de la campaña de criminalización y difamación contra defensores y defensoras de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, y periodistas en el Aguán y otras regiones de Honduras.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1297-wilfredo-m%C3%A9ndez-defensor-de-derechos-humanos-es-intimidado-para-que-abandone-su-labor

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Hombres no denuncian maltrato domestico

Según datos oficiales, por cada 100 denuncias de maltrato contra mujeres, solo 10 son presentadas por los hombres que sufren violencia intrafamiliar.

Los hombres hondureños que son víctimas de violencia y abuso por parte de su esposa, generalmente no acuden a las autoridades para interponer su denuncia porque impera la cultura machista en nuestra sociedad, según algunos analistas.

Según datos oficiales, por cada 100 denuncias de maltrato contra mujeres, solo 10 son presentadas por los hombres que sufren violencia intrafamiliar. Los expertos insisten que prevalece la violencia contra las mujeres por eso hay diferencia en la información.

El diputado Jari Dixon dijo que es cierto que casos de víctimas de violencia en los hombres pero es ínfima, recomendó que no se burocratice más el sistema de justicia, porque los hombres violentados pueden acudir a la fiscalía de la Mujer del Ministerio Público.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/hombres-no-denuncian-maltrato-domestico

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Coalianza: ¿Se repite la historia de la CONADI?

Jun 27, 2014

“Quien olvida su historia, está condenado a repetirla” así lo dijo un día el filósofo hispano-estadounidense George Santayana, hoy es una realidad en Honduras.

Ayer comenzó el cobro del peaje en la carretera CA5 hacia Tegucigalpa por obra de Coalianza, una institución creada para regular las Alianzas Público-Privadas (APP) en Honduras. Analistas coinciden que el parecido es inmenso con la extinta Corporación Nacional de Inversiones (Conadi), abriendo la posibilidad de repetir uno de los actos de corrupción más grandes de la historia hondureña.

Coalianza es una institución desconcentrada del poder Ejecutivo, sus magistrados son nombrados por el Congreso Nacional y de allí salieron sus estatutos. Actualmente representan el proceso de privatización con el que han prometido mejorar la situación de crisis en la que se encuentra la economía hondureña. Actualmente en cartera tienen 23 proyectos en infraestructura vial, aeropuertos, energía, puertos marítimos y servicios de salud, según su página web.

Si regresamos al año 1974 vemos en un marco muy parecido la constitución de la Conadi creada por el gobierno militar de Juan Alberto Melgar Castro a iniciativa de la empresa privada como parte de la estrategia para consolidar el nuevo modelo de desarrollo implementado (Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones ISI).

La Conadi no duró mucho. En 1980 la liquidan en un proceso de privatización de las empresas del Estado creadas por la misma corporación. La privatización de la empresa tuvo un alto costo financiero para el país, alrededor de  670 millones de dólares fueron robados y aunque se abrió un proceso judicial en contra de empresarios y políticos implicados, el caso sigue cobijado por la impunidad y en el olvido.

Peajes

Por el camino desde San Pedro Sula hacia Tegucigalpa se visualizan decenas de rótulos justificando el cobro del peaje que catalogan como ahorro para la ciudadanía. La publicidad vende el cobro del peaje como un paso para el desarrollo del país ya que con el dinero recaudado se dará mantenimiento a las carreteras del corredor logístico de Honduras.

El Estado a través de Coalianza otorgó en 2012 el contrato de concesión de vías a Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V. (COVI)  integrado por la empresa Hidalgo e Hidalgo S.A. de C.V. de Ecuador y Construcción y Administración de Perú. Se les adjudicó un contrato por 20 años, en el que Covi realizará trabajos de reparación y mantenimiento de la carretera. El convenio faculta a la empresa la construcción de cuatro casetas para el cobro de peaje en Zambrano, Lamaní, Siguatepeque y en el sector de Yojoa y compromete del Estado la seguridad de las casetas, cerca de las cuales habrá una posta para policías militares.

Como protesta ante el cobro del peaje, decenas de transportistas de carga estacionaron sus rastras en un carril cerca del peaje pues consideran muy altas las tarifas y un abuso pues ya con el impuesto por combustible se deberían mantener en buen estado las carreteras. Y aseguraron que serán auditores de este proyecto pues a ellos les interesa que las carreteras estén en buen estado y su dinero sea invertido y no robado.

También el diputado del partido Libertad y Refundación (LIBRE) Jari Dixon, expresó que lo que se está viviendo es uno de los robos más grandes de la historia.

“Una carretera nueva que no le ha costado ni al Estado ni a la empresa privada la van a explotar como si fuera de ellos. La población hondureña es la única que puede detener este proyecto porque para el Estado ya el negocio está montado, si la gente no protesta ya en agosto estarán instaladas las otras dos”, expresó paradójicamente este funcionario quien además asegura que en la oposición del Congreso Nacional no hay esperanzas, pues simplemente no son mayoría.

Había circulado en un medio de comunicación nacional que desde el Legislativo harían una propuesta que daría mayor potestad a la Secretaría de Finanzas para vetar proyectos aprobados por Coalianza, sin embargo Dixon negó esta información.

Gabriela Castellanos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expresó su preocupación por  cómo Coalianza se ha salido de las manos de las autoridades del Estado. Castellanos asegura que Coalianza pasa contratos de 500 páginas para que en el Congreso Nacional se aprueben a la brevedad posible sin dejarles tiempo para analizarlos. Algo hay detrás de estos contratos sospecha el CNA y por eso ha levantado una investigación de esta institución.

El diputado y ex fiscal Jari Dixon asegura que los contratos aprobados por Coalianza son leoninos, es decir, que el Estado tiene todas las de perder y las concesionarias todas las de ganar.

“De hecho hay clausulas donde se establece que si la empresa no recoge al año lo planificado, el Estado hondureño con el dinero de los impuestos tendrá que resarcir esa cantidad. Empresas cuya única inversión es la instalación de los peajes. En el Congreso si se consiguen los votos se pueden conseguir muchas cosas, pero aquí priman intereses políticos y económicos, es un Congreso Nacional controlado por la oligarquía”, dijo Dixon.

Casi secundando esta idea de que en el Congreso se puede todo y se puede nada, el diputado del Partido Anticorrupcion, Aníbal Cálix asegura que la historia ya nos cuenta que estas alianzas público privadas no traen beneficios al pueblo más necesitado del país.

“No podemos criticar el concepto de APP, porque no necesariamente es malo, la situación en Honduras es que en todas esas negociaciones nunca el beneficiado es el Estado, las empresas que ganan los contratos son las que llevan la mayor parte de la tajada.

Nosotros lo criticamos en el momento de la adjudicación pero mientras no tengamos mayoría se quedará en reclamo”, explicó.

La empresa COVI de Honduras ha manifestado en medios de comunicación nacional que pronto comenzarán la inversión que luego sacarán del pago del peaje. Se han comprometido a ampliar a cuatro carriles el camino desde La Cuesta de la Virgen hasta La Barca, una inversión de 800 millones de dólares, que según el contrato esta empresa debe hacer antes de obtener el dinero de los peajes.

Zarpazos

Cada pasada por el peaje hacia Tegucigalpa, de ida y de venida cuesta entre 18 lempiras (el transporte más liviano) y 141 (el transporte más pesado).

El economista    Nelson García Lobos del Foro Social por la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) asegura que proyectos como este, son otro tipo de zarpazos para el pueblo hondureño.

“No hay duda que el sistema de peaje va a ser trasladado al pueblo usuario, ya lo han anunciado los empresarios. El transporte aumentará de precio. El transporte de carga pasará estos costos a los productos o al menos será un pretexto más de algún sector que tiene una muy voraz necesidad de tener mayores ganancias. El transporte de pasajeros aumentará también”, explicó.

El gobierno asegura que con la crisis es imposible que el mismo Estado se encargue de mantener buenas carreteras en el país, por lo cual las APP se han convertido en la solución. Y es verdad, la crisis económica en Honduras es profunda. El 35% del presupuesto nacional proviene de financiamiento internacional (donaciones y préstamos) y cerramos el año pasado con un déficit presupuestario de -7.9% del PIB, unos 29 mil 600 millones de lempiras. Estas  cifras luego se traducen en una realidad más en las bajuras. En las calles andan 2 millones de desempleados y desempleadas y 6 millones de pobres que viven con un dólar diario.

En un contexto de privatización de lo público

No solamente las APP, también las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES) forman parte de la estrategia del gobierno de Juan Orlando Hernández para encontrar una salida a lo económico. El economista Lobos lamenta que el pueblo hondureño no vea en esto toda una estrategia para enriquecer a la clase empresarial que está detrás de todas las decisiones de los gobiernos, decisiones malas para los más empobrecidos.

Lobos lo ve más simple: probablemente las APP puedan ser alguna alternativa, ha funcionado en otros países, pero la gran dificultad de Honduras radica en la facultad de los diputados para hacer negociaciones.

“Coalianza maneja otros proyectos de privatización ligados a la ENEE, a Hondutel y la Empresa Nacional Portuaria, instituciones que tradicionalemte han sido muy rentables para el pueblo hondureño. La intención de hacerlos ver mal tiene de fondo el afán de privatizarlos y darlos en arrendamiento a empresas de carácter nacional o a socios internacionales. Esperaríamos no repetir esa fatídica escena de la Conadi con los actos de corrupción más grandes de la historia de Honduras”, dijo.

Ficohsa, Banco Atlántida y Banco Continental, se encargarán del fideicomiso de la ENEE en ese proceso de privatización. El economista Domingo Godoy concuerda que los empresarios privados y las transnacionales han puesto los ojos en la ENEE para hacerse más millonarios, porque es una de las empresas más rentables del país, y advierte que no solo la energía está pasando a manos privadas, sino que también el agua, la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y las telecomunicaciones.

“Esto es parte de todo el proceso de privatización de las empresas públicas, recordemos que el gobierno aprobó la Ley de Asociación Pública-Privada, es decir Coalianza, el órgano que el gobierno utilizará para privatizar lo que queda del país. Uno de los casos más importantes en el papel de Coalianza es el tema de la portuaria, luego cayó el tema de las telecomunicaciones, el de la ENEE y el agua,” dijo Godoy.

Hay sectores deprimidos como la producción de granos, el manejo de los presidios, los servicios de atención a menores “¿por qué no entran en estos rubros? Solo los que ya están establecidos y en los que el gobierno ha invertido,” se pregunta y responde a la vez el economista García Lobos del Fosdeh.

Investigaciones

El CNA se ha dedicado a investigar a Coalianza pidiéndole contratos, reporte de intereses, fideicomisos y reporte de salarios de los comisionados. Los hallazgos han sido indignantes. Los tres titulares de Coalianza, Miguel Ángel Gámez, Erasmo Padilla y Zonia Morales, devengan L199,000 de salario neto, mientras no llegue a sus escritorios la resolución del presidente Juan Orlando Hernández, desautorizando el aumento aprobado en diciembre de 2013.

Aunque en su portal web, Coalianza desmintió este hecho, Gabriela Castellanos directora del CNA asegura que ellos tienen pruebas de que en enero, febrero y marzo de este año ellos variaban en la cifra de sus salarios y al pedir información a través del Instituto de Acceso a la Información Pública, seguían las inconsistencias, fue por esto que divulgaron la información obtenida para que el gobierno regulara estos aumentos desmedidos que contrastan con la realidad de país.

El asesor presidencial y secretario ejecutivo del Consejo de Secretarios de Estado, Ebal Díaz, explicó que en la empresa privada existen empleados que devengan más de 150,000 lempiras. “En el mercado laboral competitivo de la empresa privada, esos son salarios normales; incluso hay ejecutivos que ganan mucho más”, justificó en medios de comunicación nacional.

La junta ejecutiva del CNA está conformada por 12 organizaciones, una de ellas es el Consejo Hondureño del a Empresa Privada (COHEP) que ha defendido los procesos de Coalianza. Allí salta la duda de si en estas investigaciones se mueven intereses o si existen presiones, a lo que Castellanos contestó que no.  “No hemos tenido abuso ni interferencia por ninguna organización ni por COHEP, si hubiera sido así yo como directora ejecutiva lo comunicaría a los medios”, dijo.

Castellanos informó que en dos semanas se estarán divulgando los resultados de las investigaciones en Coalianza.

¿Se puede salir de la crisis?

Para García Lobos de Fosdeh, sí hay opciones para salir de la crisis y hay propuestas, pero el gobierno sigue prefiriendo moverse con los hilos del alto empresariado.

“Todo el proceso de privatización es avalado por el gobierno de Honduras, gobierno puesto por el sector privado que son los principales espacios en el país que se benefician ya con este tipo de legislaciones y la historia lo cuenta. El sector privado es el que tiene las exoneraciones en el país, tiene la liberación de impuestos, ahora hay que entregarle algunos sectores del gobierno que tienen algunos niveles de rentabilidad.

El gobierno no produce, no tiene dinero, no regala nada, cuando aquí se regala algo no se lo da el gobierno sino el pueblo hondureño, los pobres son los que le dan a los pobres, los que pagamos los impuestos en Honduras no son los ricos, somos los pobres,” explicó Lobos; hasta el asistencialismo los pobres lo pagan.

Lobos propone regresar al campo, apoyar iniciativas con pequeños y medianos productores quienes mantienen el 86% de los empleos en Honduras. Ellos subsisten aun en medio de una política que los vulnera, teniendo que pagar a especuladores, a bancos y hasta la extorsión a grupos delincuenciales. El economista insta al gobierno a escuchar las propuestas de otros sectores que quieren sacar a Honduras de la pobreza que ha causado la inequidad y los intereses mezquinos de unos pocos.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1123-coalianza-%C2%BFse-repite-la-historia-de-la-conadi?

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CSJ ratifica decreto que crea ZEDES en Honduras

26 de Junio de 2014

09:28PM  –  Redacción   

Para la CSJ, el caso de las ZEDES ha sido cerrado y no hay lugar para otro recurso.

Tegucigalpa, Honduras

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) puso fin a la controversia sobre la legalidad del decreto que crea las denominadas Zonas Especiales de Desarrollo Económico y Social (ZEDES).

La Sala de lo Constitucional sobreseyó la acción de inconstitucionalidad que interpuso en febrero pasado un grupo de organizaciones populares mediante el abogado y diputado del partido Libre, Jari Dixon Herrera.

En su resolución cita otra sentencia dictada en mayo pasado también por unanimidad de votos en la acción de mérito que interpuso la abogada Marta Adelina Ávila Sarmiento, donde consta que la creación de la referidas zonas no violenta la Constitución de la República.

El pasado 25 de febrero, la Ofraneh, acompañada de otras organizaciones indígenas y del movimiento popular, presentó un recurso de inconstitucionalidad en relación al decreto No 236-2012, ratificado por el decreto 9-2013, mediante el cual se reformó la Constitución de la República y se crearon las Zonas de empleo y Desarrollo (ZEDE).

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/723574-331/csj-ratifica-decreto-que-crea-zedes-en-honduras

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Proponen ley anticorrupción en Honduras

miércoles, 16 de abril de 2014

Miércoles 16.04.2014 – 07:31 pm El Heraldo.hn  Tegucigalpa, Honduras
El Congreso Nacional conoció el proyecto de ley contra la corrupción, que creará una agencia anticorrupción adscrita al Ministerio Público.
Una ley contra la corrupción, aplicable a los funcionarios públicos y a personas que desempeñan funciones en el sector privado, fue introducida al Congreso Nacional por el diputado Jari Dixon Herrera y turnada a una Comisión de Dictamen.

En una amplia exposición de motivos, el congresista expuso que la idea de la normativa es establecer férreos controles para que no se trastoquen los fondos del Estado. De igual forma, que cada funcionario dé una estricta rendición de cuentas, a fin de que la ciudadanía pueda saber qué hace el servidor público. Dixon destacó que Honduras lleva más de una década liderando el ranking mundial de corrupción, presentado por la organización Transparencia Internacional, que supera a naciones de África, Asia y América Latina. Indicó que la corrupción es uno de los principales flagelos que enfrenta Honduras, sin que hasta ahora se haya hecho lo necesario para combatirla y castigar a sus autores. El diputado Dixon Herrera explicó que el objetivo fundamental es establecer mecanismos y procedimientos, enmarcados en la Constitución de la República, leyes, tratados y convenciones internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción. “Aquí siempre se ha hablado de combate al delito común y al crimen organizado, pero cuando se habla de combate a la corrupción nadie habla de aumento de penas y de una ley contra la corrupción, porque aquellos y aquellas que están en el gobierno, en la mayoría de casos, son los que comenten los actos de corrupción”, argumentó el diputado. Con la propuesta de ley de lucha contra la corrupción se pretende crear una agencia nacional anticorrupción adscrita a la Fiscalía General de la República, pero con independencia funcional; esa oficina tendrá como fin hacer efectiva la responsabilidad penal a todo sujeto público o privado que incumpla las normas jurídicas del Estado hondureño. El diputado señaló que dentro de esa ley se clasifica la corrupción en pública y privada, porque también se da el flagelo en el sector privado y eso no está tipificado en ninguna legislación hondureña. “Se pretende que el administrador de justicia tenga un instrumento válido, un instrumento eficaz, contundente contra este delito y no darle mayor espacio a un administrador de justicia para que pueda favorecer a una persona que comete un acto de corrupción”, agregó. La ley consta de varios capítulos, uno de los cuales desarrolla las penas y sanciones por el delito de corrupción en sus distintas modalidades.
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Proponen-ley-anticorrupcion-en-Honduras

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/04/proponen-ley-anticorrupcion-en-honduras.html

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Se agudiza situación de comunidades que se oponen a industria extractiva

Abr 11, 2014

Hombres armados y al servicio de una empresa minera —en la Aldea El Tránsito, Nacaome, en el departamento de Valle— dispararon recientemente contra 25 personas que permanecen en una toma de carretera protestando contra un proyecto minero (extracción de oro) que les está destruyendo el territorio.

“El viernes de esta semana que pasó, se dio el caso de hombres que dispararon en contra de la gente que estaban en el plantel, habían aproximadamente unas 25 personas, pero gracias a Dios, que él no permitió una desgracia” expresó Pamela Matamoros presidenta del patronato de la Aldea El Tránsito en el municipio de Nacaome en el departamento de Valle.

“Noche y día permanecemos en la toma de carretera, por la situación que se nos ha suscitado con los trabajos mineros”, añadió Matamoros, quien agrega que la municipalidad de Nacaome no ha dado ningún permiso de explotación minera, y por lo tanto, la explotación de esta mina de oro (que lleva 8 meses de trabajo) es ilegal.

Ella denuncia el papel de las autoridades policiales y de la fiscalía, que se han coludido con los mineros, al hacerse de oídos sordos a sus denuncias que son presentadas debido a las amenazas y hostigamientos de los civiles armados que están al servicio de la empresa minera.

“Hemos pedido a los militares que vayan a desarmar a esos hombres que están en la mina, pero nuestro reclamo ha sido inútil” expresa la presidenta del patronato de la Aldea El Tránsito.

Por su parte, el abogado Pedro  Landa del Centro hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, CEPRODEC, quien ha estado acompañando a la gente de este sector, asegura que la explotación minera en la aldea El Tránsito, Nacaome es ilegal puesto que no fueron consultadas las comunidades.

“Ahí en la zona hay un conflicto más grande, ahí hay una concesión minera que está desde hace tiempo, dese el año 1898; y actualmente la empresa la sigue manteniendo porque paga el canon territorial, que es una burla para el país, al pagar solamente 25 centavos de dólar al año por hectárea” expresó Landa.

Landa agrega que estas personas están explotando de forma ilegal e irregular la mina en la región, la comunidad se ha opuesto e inclusive “nosotros les acompañamos en el Ministerio Público” para presentar las denuncias, pero lamentablemente no hay una decisión final de parte de las autoridades.

La lucha que libra la comunidad de El Tránsito en el sur del país se suma a las luchas en el norte de Honduras, donde los pobladores y pobladoras del sector de Nueva Esperanza en el departamento de Atlántida y los indígenas de Locomapa y El Negrito, en el departamento de Yoro, así como la lucha que se libra en Intibucá son la muestra el fiel amor por la tierra.

“Ciudades Modelo”

El municipio de la Alianza en el departamento de Valle — según Juan Alvarenga director del Comité para la Libre Expresión (C-Libre) en la zona sur— manifestó que los habitantes ya han comenzado la lucha para declarar una posición firme en contra de las ciudades modelo y la industria minera.

Por su parte el diputado Jary Dickson del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) ve con buenos ojos la organización de las comunidades en distintos sectores del país, especialmente en esta zona sur del país.

Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), mejor conocidas como Ciudades Modelo, están dentro del territorio nacional, pero provistas de un alto nivel de autonomía con un sistema político propio, tanto a nivel judicial, económico y administrativo, con la intención —según reiteradas denuncias— de violar la soberanía nacional y saquear los bienes naturales.

Decenas de recursos de inconstitucionalidad, con miles de firmas de ciudadanos y ciudadanas, se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de las “Ciudades Modelo” y contra la nueva “Ley de Minería” por entregar el territorio, destruir el territorio y desplazar a comunidades, sin embargo, el Estado no ha dado respuestas favorables.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/846-se-agudiza-situaci%C3%B3n-de-comunidades-que-se-oponen-a-industria-extractiva

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Corrupción, la epidemia que parece no tener cura en Honduras

Abr 11, 2014

Gobiernos tras gobiernos, nacional o liberal, desde que se instaló el sistema democrático en Honduras, hablan de planes para combatir y/o erradicar la corrupción, que se ha dispersado como epidemia por el sector público, y, también por el privado, sin embargo los hondureños y hondureñas siguen a la espera de que esos planes o métodos se cumplan, pues son parte de la demagogia.

No hay que retroceder en una máquina del tiempo, para hacer una radiografía de cómo la epidemia de la corrupción ha ido en aumento, basta con quedarnos en el pasado reciente y en el hoy de Honduras; un claro ejemplo de la corrupción, que pasa a vista y paciencia de las autoridades, es la falta de un plan contundente para la captura del ex director del Instituto Hondureño de Seguridad Social –IHSS-, Mario Zelaya.

Del caso IHSS, no se puede olvidar que la junta directiva 2010-2014 aprobó a la gerencia administrativa  la apertura de una línea de crédito en la agencia de viajes JJ Travel para que los directores, como Mario Zelaya, adquirieran pasajes aéreos; cuenta que asciende a la “mínima cantidad” de ocho millones de lempiras.

Tampoco se puede borrar de la memoria que Mario Zelaya dejó al IHSS con una línea de crédito que asciende a más de 628 mil millones de lempiras, y que con dichas líneas de crédito se realizaron pagos por más de 325 millones de lempiras que no se encuentran debidamente registrados.

Carlos Hernández, presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa –ASJ-, juzga que mientras no se sancionen a los “corruptos” y no se den mensajes contundentes de castigo, Honduras seguirá sumergida en la corrupción.

“En el caso del Seguro Social ha habido un trabajo bastante profesional, bastante técnico pero no basta con eso. Hay muchas cosas que ya sabíamos, sabíamos que había corrupción, aquí lo que se requiere es voluntad y no solamente un discurso del presidente”, dice Hernández.

Corrupción también en el Injupemp

En Honduras, las instituciones públicas no compiten por ser las mejores, aquí se apuesta a quién es más corrupta. Al caso IHSS se la une la denuncia de corrupción en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo -Injupemp-; una investigación del Consejo Nacional Anticorrupción –CNA- reveló que en el mes de enero se pagaron bonos a miembros del staff ejecutivo del Injupemp, aun cuando el contrato colectivo no les abarca; el bono fue igual al sueldo que ganan, los salarios superan los 100 mil lempiras.

El CNA, también dejó ver que en ese instituto se han pagado cantidades exorbitantes a profesionales del derecho: “pese a que la institución tiene su cuerpo de abogados, se procedió a la contratación de otros profesionales del derecho para casos específicos y éstos han cobrado más de 100 millones de lempiras”, informó el jefe de la Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos del CNA, Dagoberto Aspra.

Rigoberto Cuellar, fiscal general adjunto del Ministerio Público, en declaraciones a Radio Progreso, dijo que, en cuanto a los casos de corrupción, “podemos asegurarle al pueblo hondureño como Ministerio Público que todas las denuncias son efectivamente investigadas”, asimismo que las investigaciones se realizan de manera objetiva y profesional”.

Presentan proyecto anticorrupción

Por considerar que  la corrupción es uno de los principales flagelos que enfrenta Honduras, sin que hasta ahora se haya hecho lo necesario para combatirla y castigar a sus autores, el diputado Jari Dixon Herrera, integrante de la bancada del partido Libertad y Refundación –LIBRE-, presentó un proyecto de ley a la cámara legislativa, con el que pretende combatir los actos de corrupción de las persona públicas y las  privadas que comprometan o afecten recursos del Estado.

Herrera explicó que el objetivo fundamental es establecer mecanismos y procedimientos, enmarcados en  la Constitución de la República, leyes, tratados y convenciones internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción.

“Aquí siempre se ha hablado de combate al delito común y al crimen organizado, pero cuando se habla de combate a la corrupción nadie habla de aumento de penas y de una ley contra la corrupción, porque  aquellos y aquellas que están en el gobierno, en la mayoría de casos, son los que comenten los actos de corrupción”, argumentó el diputado.

Con la propuesta de Ley de Lucha Contra la Corrupción se pretende crear una Agencia Nacional Anticorrupción adscrita a la Fiscalía General de la República, pero con independencia funcional; esa oficina tendrá como fin hacer efectiva la responsabilidad penal a todo sujeto público o privado que incumpla las normas jurídicas del Estado hondureño.

El diputado y también abogado, explica que dentro de esa ley se  clasifica la corrupción en pública y privada, porque también se da el flagelo en el sector privado y eso no está tipificado en ninguna legislación hondureña.

“Se pretende que el administrador de justicia tenga un instrumento válido, un instrumento eficaz, contundente contra este delito y no darle mayor espacio a un administrador de justicia para que pueda favorecer a una persona que comete un acto de corrupción”, agrega.

Datos estadísticos indican que Honduras pierde al año aproximadamente unos 30 mil millones de Lempiras por concepto de corrupción, mientras que en defraudación fiscal la cifra asciende a 12 mil millones de Lempiras.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/845-corrupci%C3%B3n-la-epidemia-que-parece-no-tener-cura-en-honduras

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Diputado de Libre presenta ley para combatir corrupción + Documento

 

Tegucigalpa. El diputado de Libre, Jari Dixon Herrera presentó la noche del martes, la ley contra la corrupción, encaminada a erradicar de raíz este flagelo de Honduras.

En una amplia exposición de motivos, el parlamentario señaló que la idea de la normativa es que establezcan férreos controles para que no se trastoquen los fondos del Estado.

De igual forma, que cada funcionario dé una estricta rendición de cuentas, a fin que la ciudadanía pueda saber qué hace el servidor público.

Cabe recordar que Honduras lleva más de una década liderando el ranquin mundial de corrupción, presentado por la organización Transparencia Internacional, que supera a naciones de África, Asia y América Latina.

 

Ver propuesta de Ley AQUI

 

 

TExto de Redacción Central / EL LIBERTADOR

Fuente: http://voselsoberano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16645:diputado-de-libre-presenta-ley-para-combatir-corrupcion–documento&catid=1:noticias-generales

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Diputado de Libre presenta ley para combatir corrupción en Honduras

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El diputado de Libre, Jari Dixon Herrera presentó la noche del martes, la ley contra la corrupción, encaminada a erradicar de raíz este flagelo de Honduras.

En una amplia exposición de motivos, el parlamentario señaló que la idea de la normativa es que establezcan férreos controles para que no se trastoquen los fondos del Estado.

De igual forma, que cada funcionario dé una estricta rendición de cuentas, a fin que la ciudadanía pueda saber qué hace el servidor público.

Cabe recordar que Honduras lleva más de una década liderando el ranquin mundial de corrupción, presentado por la organización Transparencia Internacional, que supera a naciones de África, Asia y América Latina.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/diputado-de-libre-presenta-ley-para-combatir-corrupci%C3%B3n-en-honduras

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Honduras: FNRP presentó recurso contra ciudades modelo

viernes, 28 de febrero de 2014

Viernes, 28 de Febrero 2014 – 09:49  /  Tommy Morales / defensoresenlinea.com/

Tegucigalpa.

El Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra las ciudades modelos, tema retomado en el Congreso Nacional.
Según Jary Dixon diputado por el Departamento de Francisco Morazán, miembro del FNRP y el Partido Libertad y Refundación, LIBRE, este decreto había sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia y que le costó el puesto a los magistrados que votaron a favor de la derogación.

El legislador dijo que las ciudades modelos fueron aprobados con otro nombre pero que las consecuencias son las mismas, es la venta o entrega del territorio nacional a extranjeros, eligen a un número de 21 personas donde la mayoría son de otro país para que administren las ciudades modelos.

¨El territorio nacional es nuestra única casa,es lo único que nos queda, nuestros malos gobernantes lo están entregando a extranjeros, no se llevan lo que no sirve,sino lo mejor,Amapala,el Golfo de Fonseca,Puerto Cortes,Puerto Castilla,esto es ilegal,adujo Dixon.
Dixon expuso que le han cambiado el nombre para que sea como un anzuelo y así la gente crea que va a vivir su sueño americano en Honduras,aquí van a ver como los expulsan de sus casas y parcelas de terrenos,porque esta ley les da la capacidad de expropiar,si su casa se encuentra en una area donde va a haber una ciudad modelo.

Campesinos

Rafael Alegría aseguró que para los campesinos la situación se tornará mas difícil, porque la tierra, el agua, los bosques, ya no serían para la gente del campo, sino que estos territorios estarían a merced de las empresas transnacionales.

El dirigente adujo que las comunidades se desalojarán violentamente si están en el camino de las zonas de desarrollo, ¨será peor, será masivo, porque son grandes territorios con capital transnacional, no habrá ninguna posibilidad de reforma agraria¨.

Hay experiencias en el Bajo Aguán, Palmerola, Patuca, abundan los ejemplos de este tipo de acciones, ¨espero que declaren inconstitucional este decreto, porque dentro de unos años ya no tendremos patria¨, excitó Alegría.

 Administradores

Los datos de la Gaceta 33,352 del 11 de febrero del 2014 aparece el decreto 368-2013 donde se nombrar a los 21 personas del comité para la adopción de mejores prácticas (CAMP) de las ZEDES, las cuales tienen funciones específicas.

Son KAHKA BENDUKIDZE (Georgiano), MORTON BLACKWELL, ALEJANDRO CHAUFUEN, LARS SEIER CHRISTENSEN, ALEX CRANBERG, EBAL JAIR DIAZ LUPIAN, ENRIQUE GHERSI  (peruano. Estudio Ghersi. Abogado. Seguidor de Hayek, profesor visitante en la Marroquinería de Guatemala. Experto en derecho económico), BARBARA KOLM, MARK KLUGMANN, RICARDO RODOLFO MADURO JOEST, GROVER NORQUIST, OCTAVIO RUBEN SANCHEZ BARRIENTOS, SURSE PIERPOINT, RICHARD RAHN, MICHAEL REAGAN, MARK SKOUSEN, LOREN SMITH, RICARDO LEONEL CARDONA LOPEZ, GABRIELA VON HABSBURG, SALEM BEN NASSER AL ISMAILY y  FAITH RYAN WHITTLESEY.

Antecedentes

El 21 de Enero del 2011 El Congreso Nacional aprobó en un primer debate el proyecto que permitirá crear en el país las denominadas ‘ciudades modelo’, regiones autónomas destinadas a promover el desarrollo económico y social.

La iniciativa pertenece al financista estadounidense Paul Romer, quien la expuso ante los empresarios hondureños a principios del mes de enero. Honduras deberá entregar pedazos de sus tierras a un tercer estado más desarrollado por un determinado período de tiempo con el fin de establecer allí una ciudad autónoma, con legislación especial, educación independiente e infraestructura de primer nivel.

Esos territorios serán denominados Regiones Especiales de Desarrollo y gozarían de independencia jurídica, su propio sistema de administración pública y su propia normativa legal, aunque sujeta a la aprobación del Parlamento hondureño. Las ‘ciudades modelo’ podrán instalarse en un área de 1.000 kilómetros cuadrados, y tendrán autorización para firmar tratados y convenios internacionales en áreas relacionadas con el comercio, aunque deberán ser ratificados por el Congreso Nacional. Las zonas dependerán del Gobierno Nacional en todos los temas vinculados con la soberanía nacional, defensa, relaciones exteriores y asuntos electorales.

El 21 de Julio del 2011 los diputados de las cinco bancadas del Congreso terminaron de aprobar en primer debate el estatuto constitucional que regulará las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) o ciudades modelos, y se comprometieron a apoyar el decreto cuando se discuta en los dos debates restantes.

En Octubre del 2012 el  pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), conocidas como “ciudades modelo”.

El Congreso Nacional aprobó la noche del miércoles 31 de Diciembre del 2013, con la dispensa de dos debates, las polémicas “Ciudades Modelo” en el marco de un prolongado debate en el que se cuestionó nuevamente la violación de la soberanía nacional, por cuya causa el primer decreto de ley había sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

La respuesta no se hizo esperar, el 25 de Enero iniciaron movilizaciones de varias organizaciones populares, interponiendo recursos de inconstitucionalidad ante este atropello a la soberanía de Honduras.

El 26 de Febrero el FNRP convocó para interponer recursos de inconstitucionalidad en contra de las ciudades modelos.

¨Cuando se trata de defender la patria, todos los métodos son validos, porque es la única que tiene ciudadanas y ciudadanos, cuando se pierde se ha perdido casi todo¨, finalizo Dixon.

Publicado por Américo Roca Dalton en 14:40

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/02/honduras-fnrp-presento-recurso-contra.html

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Zonas de desarrollo son la ficción que ahora venden ante la crisis

Feb 14, 2014

Con inversiones en  proyectos de generación de energía renovable a base de sol y aire y en el sector maquila, estarían constituyéndose las primeras Zonas de Desarrollo Económico y Social –ZEDE-, conocidas como Ciudades Modelo.

Juan Orlando Hernández, presidente de la república, anunció esta semana que las primeras ZEDE se instalarían en los departamentos de Choluteca y Valle.

A criterio del diputado del partido LIBRE, Jari Dixon Herrera se iniciará la esclavitud del siglo XXI y no la salida a la crisis de desempleo en la que vive la sociedad hondureña.

“Ya no va a haber necesidad de viajar a otras partes del mundo para ser esclavos, aquí mismo se hará, y eso con condiciones laborales muy por debajo de lo que establece el código del trabajo que con la Ley de Empleo Temporal casi quedó eliminado. Tendremos personas que ganarán dinero para sobrevivir pero no para desarrollarse como seres humanos”, expresó.

Para Dixon, el presidente solamente está “vendiendo una ficción” como vendieron la idea de las bananeras y la industria minera en su momento y que está evidenciado que esto solamente es un riesgo para el país.

“Se estaría entregando el país bajo el riesgo de que ya cuando estén desarrolladas estas zonas pidan la independencia del Estado y el Estado como lo conocemos desaparecerá porque seremos un conjunto de ciudades modelo y los hondureños no vamos a gobernar. Hay que tener cuidado con esto porque nos están vendiendo el cuento de que vamos a vivir mejor en medio de una crisis”, dijo Dixon.

Las ZEDE serán construidas luego de la reforma a los artículos 294,  303 y 329 de la Constitución de la República, relacionados al régimen departamental y municipal, el poder judicial y la promoción del desarrollo económico del país.
Problemas sociales

Estas acciones solo generarían problemas sociales explicó el sociólogo Tomás Andino. “Lo que Hernández está anunciando es una falsa solución a los problemas de empleo que solamente generará problemas sociales, ecológicos y políticos en cuanto a la integridad de Estado hondureño que es mucho más grave”.

Además dejó entrever que en las ZEDE aunque exista oportunidad de empleo, la mano de obra de los hondureños y hondureñas se pagará con el más mísero salario.

“Además del conflicto que implica con los municipios y el saqueo de nuestros recursos, también el no reconocimiento de las leyes laborales de nuestro país implica que la idea de tener una zona de alto empleo es una ilusión porque allí van a pagar lo que ellos quieran, y con la crisis que hay en Honduras la gente se va a matar por llegar allí para vender su mano de obra por el más mísero salario”.

Este proyecto de desarrollo planteado por el gobierno no sale de cualquier manga. El economista estadounidense Paul Romer es el promotor de esta idea con alianza de grandes corporaciones en el mundo entero. Según un seguimiento del tema que realizó la Organización Fraternal Negra de Honduras, tras el golpe de Estado en Honduras, el empresario nicaragüense Xavier Arguello Carazo, yerno de Ricardo Maduro, expresidente de Honduras, contactó a Romer, ofreciendo a Honduras para sus experimentos políticos-económicos. A inicios del año 2010, la ultraderecha hondureña, representada por Octavio Sánchez, Secretario de la Presidencia efectuó un encuentro con Paul Romer, el que vendió la idea a los empresarios-políticos hondureños de las neo repúblicas bananeras.

Mientras tras bambalinas se efectuaban las negociaciones sobre el futuro del país, al pueblo hondureño se le proporcionó datos cosméticos pretendiendo crear un espejismo de riqueza en medio del mar de violencia desatado después del golpe de estado.

El despojo y la crisis institucional 

Para el psicólogo y catedrático universitario Faustino Martínez, todos estos proyectos que requieren el acaparamiento de los bienes naturales y la venta del territorio vienen de una política de minimizar el Estado ante la gran industria, la que mueve los engranajes del sistema capitalista mundial.

Para comenzar, según Martínez, la estrategia es el despojo de la cultura, este proceso lleva siglos en Honduras. El despojo significa desarraigar a la gente de lo que ha heredado para que se pierda la identidad y la voluntad de luchar por los bienes naturales y el sentido de soberanía con el que una persona nace.

“Esto es producto de un sistema salvaje neoliberal, las personas que llegan a esas estructuras del poder sí llegan a tener un buen nivel de vida pero la mayoría de la gente no lo tiene. Nosotros nacemos con un sentido de soberanía, de patria, pero nos estamos volviendo extranjeros en nuestro propio territorio”, explicó Martínez.

Diversos analistas confirman que proyectos como las ciudades modelo son implementados en países cuya institucionalidad está debilitada, lo que sucede en un país como Honduras que tras el golpe de Estado de 2009 presenta un colapso de sus instituciones y el papel fuerte de la empresa privada que se presenta con planes de rescate y privatización de lo público, como es el caso de Coalianza, que está tras estos tratos de las ZEDEs.

“Las ciudades modelo o como las quieran llamar es la venta descarada, como un asalto a la institucionalidad del Estado. El desarrollo no se da así, se da con los recursos y su distribución equitativa, no con implantar ciudades con soberanía aparte, esa es una bofetada mas para nuestros mártires y antepasados”, dijo el psicólogo.

Resistencia

“Ante esta situación de despojo es cuando los pueblos tienen que reaccionar. Todas las mejores tierras están siendo acaparadas y en el caso de los indígenas los han arrinconado a los cerros a vivir en condiciones miserables hasta el punto de hacerlos desaparecer e implantar con esta política no solamente una elite económica sino una raza”, explicó Martínez.

Estos proyectos que inicialmente fueron llamados como ciudades modelo fueron declarados inconstitucionales tras la denuncia de organizaciones de sociedad civil, sin embargo reformaron el proyecto y con un poco de maquillaje regresaron con otro nombre. Tras este regreso, mucha gente salió a las calles a protestar, y en marzo de 2013 un grupo variado de personas de diferentes organizaciones populares realizaron una caminata de 200 kilómetros a la capital para exigir entre otras cosas, la derogación de la ley que da vida a las ZEDE, sin embargo al llegar al Legislativo, los diputados hicieron oídos sordos a esta petición.

“O seguimos pasivos, en la queja de lo que nos está pasando o resistimos, los que tenemos de nuestro lado ese sentido de patria tenemos que unirnos sin importar nuestro pensamiento e ideología, si eso está pasando ahora pues no tendremos donde vivir en el futuro”, concluyó Martínez.

Artículos a reformar para dar vida a las ZEDE:

ARTICULO 294.- El territorio nacional se dividirá en departamentos. Su creación y límites será decretados por el Congreso Nacional.

ARTICULO 303.- La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se administra gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes. El Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones y los Juzgados que establezca la ley.

La Corte Suprema de Justicia tendrá su asiento en la Capital de la República, estará formada por nueve magistrados propietarios y por siete suplentes, elegidos por el Congreso Nacional y estará dividida en salas, de acuerdo con lo que disponga el Reglamento Interno de la misma Corte.

ARTICULO 329.- El Estado promueve el desarrollo económico y social, que estará sujeto a una planificación adecuada. La Ley regulará el sistema y proceso de planificación con la participación de los Poderes del Estado y las organizaciones políticas, económicas y sociales, debidamente representadas.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/722-zonas-de-desarrollo-son-la-ficci%C3%B3n-que-ahora-venden-ante-la-crisis

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