El nuevo gobierno de la República, en palabras de su presidente electo Juan Orlando Hernández, es el gobierno del Cambio Profundo. Entendido éste, como una profundización de las políticas neoliberales de ajuste económico y cambio estructural iniciadas en el gobierno del presidente Callejas (1990-1993). De hecho, siendo presidente del Congreso de la República en el gobierno de Pepe Lobo, allanó el camino al cambio profundo promoviendo y aprobando gran parte de las leyes vigentes, incluyendo aquellas relacionadas como la promoción de la inversión extranjera y venta del territorio nacional, asociaciones público-privadas, flexibilización del mercado de trabajo, reformas a la educación, estatuto del docente e institutos de previsión social, fortalecimiento de las FFAA y Policía Nacional, control de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República y Tribunal Superior de Cuentas..
El presidente Juan Orlando Hernández fue electo con 1, 1149,302 votos, lo que representa el 35% de los votos válidos para el Tribunal Nacional de Elecciones (TNE), pero para candidatos de la oposición, como Mauricio Villeda del Partido Liberal y Salvador Nasralla del Partido Anticorrupción, electo con el 20% de los votos reales ya que el resto corresponde al inflamiento de las urnas, o sea a votos del fraude electoral. Ello no ha sido impedimento para gobernar y seguir con las políticas de ajuste económico como la contratación de mayor endeudamiento externo, despido de trabajadores de las instituciones y empresas públicas, aumento en las tarifas de energía eléctrica y agua potable, entrega de la administración de empresas públicas a la banca comercial, estudios para la instalaciones de las zonas de empleo y desarrollo (ZEDES) en la región sur del país elaborados por la empresa coreana KOICA, congelamiento de sueldos y salarios, creación de más plazas para policías y militares, fortalecimiento financiero del bono diez mil y del programa VIDA MEJOR y apoyo a productos como la palma africana, azúcar y la ganadería; dada la alianza con el Partido Liberal en el Congreso de la República.
El control del presidente de la República sobre los otros poderes del Estado es evidente, al grado de invisibilizar la oposición en el Congreso de la República y en las calles, ya que ni los maestros, médicos, enfermeras, campesinos y el propio Frente Nacional de Resistencia ( FNR) surgido con el golpe de Estado, han podido organizar la protesta pública como antes, y cualquier marcha promovida por la presidencia de la Republica en favor de la paz y seguridad de Honduras supera en número a la de aquellos. Un caso dramático es el de los trabajadores, donde miembros de las principales centrales obreras avalan las negociaciones del salario mínimo con ajustes marginales, pero que para 2014 por decisión del gobierno no habrá ajuste salarial para trabajadores no maquileros ya que la inflación no llegará al 8%; se han convertido en burócratas y tienen miedo al llamado de convocatoria a las bases ya que pueden hacer el ridículo. Además del miedo que impone un Ejército y Policía, fortalecidos en número y equipo, es evidente que la fragmentación y dispersión de la oposición política y social es una estrategia que tiene buenos resultados para el gobierno de la Republica y su presidente.
Solo la voz y la lucha de tres (3) mujeres no han sido aún silenciadas, a pesar del asesinato de compañeros de lucha, el cercenamiento de sus territorios ancestrales y el encarcelamiento. Son ellas, Miriam Miranda defensora de la cultura, derechos y patrimonio de los pueblos Lencas, Bertha Cáceres defensora de la cultura, derechos y patrimonio de los pueblos garífunas y autóctonos negros, Bertha Oliva de Nativi defensora de los derechos humanos.
Como sucedió en el gobierno del General Pinochet en Chile, a medida que se profundizan y consolidan las políticas neoliberales se hacen más evidentes sus beneficios, ya que los costos para la población son mayores al inicio, que en el caso de Honduras corresponden a Callejas, Maduro y sobre todo, Pepe Lobo y los primeros años de gobierno de Juan Orlando Hernández. El llamado milagro económico chileno se dio en un ambiente de centralidad del poder por los militares y el apoyo de economistas contrarios a la predica keynesiana de la intervención del
Estado en la economía y de gobiernos populistas o socialistas con control de precios, restricciones al comercio y libertad de mercado y políticas de redistribución de Ingresos como la reforma agraria. Esta centralidad de poder se acompañó de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y debilitamiento de los grupos de interés y gremios, como una manera de criminalizar la protesta pública y congelar las conquistas económicas y sociales.
El presidente Juan Orlando Hernández, contrario a lo que dictaron las urnas, luce cada vez más fuerte al grado que un grupo de diputados del Partido Nacional y uno de la Unión Democrática (UD), denominado el patronato de casa de gobierno, presentaron un escrito en la Corte Suprema de Justicia para que se permita hablar de reelección presidencial, lo cual está prohibido por la Constitución de la Republica y se penaliza con la inhabilitación de los proponentes e incluso la cárcel. Aunque los diputados son del criterio que es un derecho que tiene el pueblo ya que no puede penalizarse la libertad de expresión sobre un tema de actualidad, lo cierto es que el escrito lleva dedicatoria y es el primer paso para allanar el camino a la reelección del presidente.
Quizá, el tema de la reelección, sea un objetivo común que sirva para unir a la oposición y a las organizaciones de la sociedad civil, grupos de interés como los médicos y maestros y los gremios, pero extraña a las bases el comportamiento de Xiomara Castro de Zelaya, ex precandidata presidencial del Partido Libre, al no pronunciarse tajantemente en contra de ello, lo que ha sido interpretado como la existencia- bajo la mesa- de una alianza entre el presidente de la Republica y Manuel Zelaya Rosales, ya que ambos tienen aspiraciones presidenciales futuras. Juan Orlando Hernández, el presidente más joven en la historia de Honduras, ha dicho que su Partido estará en el poder 50 años. Según Mel Zelaya , si se da la reelección, él ganará la votación ya que las encuestas así lo dicen, pero los analistas políticos dicen que no tendría ningún chance frente al presidente actual y lo mejor es parar las acciones del Partido Nacional para la elección continua, al menos que se convoque a una consulta popular para exigir la Constituyente.
Después de más de dos años y medio, Honduras vuelve a tener un convenio con el FMI, en este caso, un acuerdo precautorio de mediano plazo (trianual) con revisiones semestrales, lo que permite tener acceso a 220 millones de dólares para apoyo presupuestario con instituciones como el BID y el Banco Mundial, y a más de 200 millones de dólares con el FMI para balanza de pagos; pero también a otros fondos con agencias de cooperación bilateral. Este acuerdo se viene cocinando desde 2013, cuando en el mes de diciembre se aprobó un nuevo paquetazo que aumenta el impuesto sobre ventas de 12% a 15%, ajusta el impuesto por combustibles, se gravan productos de la canasta básica familiar y se reduce el porcentaje de hogares con subsidio a la energía eléctrica Además de ello, están vigentes los fideicomisos para la administración bancaria de la ENEE y la reingeniería institucional que puede llevar a la calle a más de 6 mil empleados públicos, incluyendo los despedidos de HONDUTEL, SANAA e INA.
EL Acuerdo implica un aumento de las tarifas de la ENEE, reducción de pérdidas, la eliminación de subsidios cruzados para que se pague el costo real de la energía y la ansiada devaluación acelerada de la moneda en el supuesto de aumentar la competitividad de las exportaciones, contraer aún más el gasto público para disminuir la brecha externa y congelar o disminuir la capacidad de compra de los sueldos y salarios.
El gobierno anunció el mantenimiento de la tasa de política monetaria (TPM) en 7% y la utilización de instrumentos de mercado abierto para controlar la liquidez, lo que presagia el sostenimiento de tasas de interés alta por la inflación estimada en 7.5% para 2014, la más alta de la región centroamericana. Ello, aunque no se quiera aceptar, afecta la disponibilidad de recursos para apoyar los sectores productivos y la creación de puestos de trabajo en un país con 2.2 millones de personas con problemas de empleo (visibles y no visibles). El convenio con el FMI., según el gobierno, le abre las puertas a la inversión extranjera pero también a las fuentes de crédito privado internacional a menores tasas de interés para la colocación de bonos soberanos al disminuir el riesgo país, aunque Honduras siga siendo uno de los países más corruptos de Latinoamérica (transparencia internacional: 2014) y un violador por excelencia de los derechos humanos según el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los pronósticos son que el crecimiento del PIB sea de 2.9% en 2014 y situé en 3.1 % en 2017, abajo del promedio de 3.4% en el periodo 2010-2013, el déficit fiscal se reduzca de 7.9% en 2013 a 3.3% en 2017 y la inflación se situé en 6.5% como promedio 2014-2017; no se visualiza una disminución en el déficit comercial (estimado en cerca de 4 mil millones de dólares para 2014) que observará una tendencia negativa no compensada a futuro por las mejores expectativas de precios de productos como hortalizas, frutas, aceite de palma, filete de tilapia, camarones y azúcar, principales productos exportables del país en 2014. Es un déficit estructural, donde insumos agrícolas, materias primas, productos alimenticios, hilados, láminas y cables de electricidad explican las mayores compras en el exterior, solo compensado por el aumento de las remesas familiares que en 2014 serán superiores a los 3,200 millones de dólares.
Al seguir con la política contraccioncita de su antecesor, es evidente que la tasa de desempleo se mantenga o aumente ya que el pago del servicio de la deuda externa de 32.5 miles de millones de dólares en 2015 exigirá recortes no solo en el gasto corriente sino también en el gasto de inversión pública que en 2014 se contrajo en cerca de 3,000 millones de lempiras. Se apuesta que este vacío sea llenado por inversión extranjera, pero irá al comercio, intermediación financiera, telecomunicaciones y energía, y menos a sectores dinámicos en la generación de empleos (agroalimentario, construcción, forestal y me pyme). El gobierno manifiesta que ha generado 5,723 empleos con su proyecto con Chamba se Vive Mejor, pero son empleos espurios e inestables ya que son en su mayoría empleos por hora.
Estos sectores dinámicos mostraron retrocesos en 2014. La contribución del PIB agropecuario/PIB Total será menor del 11% en 2014 cuando en 2010 fue de 13%, por los problemas de los efectos de la roya en el café, la baja inversión, caída de la producción de granos básicos, insuficiencia en la canalización de recursos de crédito y los problemas de cambio climático. Según informes de la Cámara de Comercio e Industrias de la Construcción (Chico), la desaceleración del Sector Construcción será mayor de 17% en 2014 e impactará negativamente en la pérdida de cerca de 23,000 puestos de trabajo. La contribución de PIB forestal será menor de 6% en 2014, cuando se sabe que su potencial es arriba del 10%. En el caso de las Mypeme, cerca de 2,000 de ellas cerraron operación por falta de apoyo gubernamental, afectadas por el aumento en costo de los insumos, energía eléctrica, mano de obra, disminución de las ventas en el mercado local y cobro del impuesto de guerra por los delincuentes.
El programa presidencial Vida Mejor que incluye la entrega del bono diez mil, es el programa estrella del presidente de la Republica en materia de compensación social ya que concentra 2,500 millones de lempiras con el Fondo de Inversión y Solidaridad Social sin desglose de la estructura presupuestaria sectorial; pero que opera como un mecanismo de control político ya que las personas que se benefician son utilizadas para votar por el candidato de gobierno. La consigna es: te doy el bono, escofogón, letrina mejorada, arreglo el techo y piso de tu casa, o te doy chamba pero votas por mí. Este programa, según el presidente, ha beneficiado a 300,000 mil familias y se espera aumente a 800,000 familias al final de 2017. A ello se suma, la campaña de las tiendas de comida rápida o chatarra que en épocas navideñas y antes o después de la elección, entregan piezas de pollo a la población de barrios y colonias marginales con solo presentar una hoja de periódico. Mientras tanto, el gasto en salud y educación se reduce, y se evidencia un proceso de privatización de estos servicios, incluyendo la educación superior.
El presidente de la Republica le apuesta también a la vigencia de una nueva Ley de Protección Social Universal, que fusione todos los regímenes de previsión social existentes como IMJUPEM IMPREMA, IMPREUNAH, y cubra a más del 95% de los hondureños que no tienen este beneficio social, donde el 50% de las prestaciones laborales de los trabajadores serán capitalizadas en forma individual devengando intereses; pero no hay aun claridad sobre el uso de estos fondos por el gobierno y los bancos en el financiamiento de proyectos de inversión público-privados, y la cuantía de recursos financieros asignados por el gobierno y las empresas e instituciones para la sostenibilidad financiera del régimen universal a futuro. Parte de estos fondos deben provenir de la recuperación de los dineros robados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), IMJUPEM e IMPREMA.
En el frente externo, es donde se observan mayores resultados. Son evidentes los esfuerzos en la depuración del servicio exterior, el liderazgo regional en el manejo de la crisis de los niños y niñas inmigrantes, el combate al narcotráfico, lavado de activos y los temas de seguridad regional en colaboración con los EEUU. Igual, los esfuerzos realizados para hacer más visible al país en foros como el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) y la cooperación económica comercial multilateral y bilateral con la Unión Europea, España, México, Ecuador, Colombia, Chile y Brasil. Ha exigido a EEUU una revisión del CAFTA-RD por la evidencia del ensanchamiento del déficit comercial y la ausencia de una agenda complementaria, y un mayor compromiso para apoyar el Plan Alianza para la Prosperidad que se impulsa en conjunto con Guatemala y el Salvador, los países del llamado Triángulo Norte
Este Plan Alianza contempla lineamientos de política para reactivar el sector productivo de la región centroamericana, desarrollo del capital humano, fortalecer la institucionalidad publica y el estado de derecho, garantizar acceso efectivo a la justicia de las personas y mejorar la seguridad ciudadana. El presidente de la Republica es el principal vocero del Plan frente a su principal socio geoestratégico: gobierno de EEUU, los empresarios y líderes políticos de aquél país y de la región.
La pregunta que surge ¿A caso hay alternativa a la propuesta de Cambio Profundo con el presidente Hernández a la cabeza? En la medida que las decisiones y acciones del gobierno consoliden el liderazgo del presidente, y el rumor de su reelección continua se convierta en una posibilidad real con la convocatoria a una consulta directa a la población en aplicación de la figuras de Plebiscito y Referéndum autorizadas por el Congreso de la Republica, las políticas económicas, sociales e institucionales del Cambio Profundo continuarán. Es más, todavía la oposición política no tiene un planteamiento alternativo y más bien es de esperar que sus propuestas sean un forma de maquillar dichas políticas ya que se impone un dogma neoliberal a favor de lo que dictan las leyes del mercado y sus agentes, en especial el ajuste recesivo y control de la inflación, libre comercio, reforma del Estado y privatización de las empresas públicas, la promoción de la inversión extranjera y la entrega de los recursos naturales al gran capital.
El Socialismo Democrático que pregona el Partido Libre en sus estatutos y discursos se propone como una opción alternativa y viable a las políticas de los gobiernos del cambio, pero sus líderes de cúpula todavía no están muy comprometidos con ello y tienen miedo de que sea rechazada por la población y sociedad en general cuando se piensa en medidas de políticas que contradicen la predica neoliberal, caso de la nacionalización de los recursos naturales, reforma agraria con soberanía alimentaria, estabilización heterodoxa con políticas diferenciadas, no pago de la deuda ilegitima y policía militar comunitaria. En el caso de la política exterior, el acercamiento del gobierno de Zelaya Rosales a los países del Socialismo del Siglo XXI como Venezuela, fue y es visto como un agravio a los intereses de los EEUU en la región centroamericana y de Honduras en particular, lo cual no todos los dirigentes de LIBRE están dispuestos a enfrentar.
En las bases del Partido Liberal y gobiernos locales, hay la esperanza que el liberalismo social de Villeda Morales resurja como alternativa a las políticas y planteamientos anteriores, como una especie de propuesta centro izquierda. Incluso encuestas a jóvenes en centros poblados como Tegucigalpa y San Pedro Sula arrojan una intención de darle paso al Partido Anticorrupción por su lucha frontal contra la corrupción, la principal carcoma de la economía y sociedad hondureña
Finalmente, es factible una gran Alianza de los partidos de oposición y demás fuerzas sociales, en el caso que el proyecto de la relección presidencial se imponga. Esta Alianza puede abrir espacios para que nuevos líderes del sector académico y periodístico con buena imagen y perfil profesional entren al juego político, lo que es bueno para la democracia electorera hondureña. Sin embargo, tal como sucedió en Chile con el gobierno de la Concertación Nacional después Pinochet, serán precandidatos o candidatos dentro de las reglas de juego establecidas, y parte del discurso y propuestas de gobierno destinadas a avalar los logros de los gobiernos del cambio en materia de libertad de comercio, promoción de la inversión extranjera, congelamiento de salarios, reducción del aparato burocrático del Estado, privatización de los recursos naturales, las empresas y servicios públicos, alianzas público-privadas, reducción de la inflación y déficit fiscal, devaluación monetaria y control militar y político de la protesta pública, en especial después del golpe de Estado.
Tegucigalpa, 15 de diciembre de 2014
Fuente: http://alainet.org/active/79481&lang=es