El 23 de agosto de 2011 se aprobó, mediante decreto N. 32601, el Estatuto Constitucional de las Regionales Especiales de Desarrollo (RED), la versión hondureña de las llamadas ciudades chárter o ciudades modelos promovidas en el país por Paul Romer, destacado economista estadunidense de la escuela institucionalista y teoría del crecimiento económico. El argumento de fondo es que Honduras tiene un amplio potencial para atraer inversión extranjera pero que trabas burocráticas, corrupción, politización de la gestión pública, ausencia de derechos de propiedad garantizados e inseguridad social, no lo permiten. Las facilidades al capital extranjero enfrentan resistencia de organizaciones campesinas y étnicas, como del sistema judicial corrupto y politizado que afecta el clima de negocios y concreción de proyectos de inversión de gran envergadura, con los consecuentes efectos negativos en la producción, empleo y reducción de la pobreza.
Una de las tesis centrales de Romer es que se necesita que el Estado hondureño otorgue amplios poderes y autonomía administrativa, técnica, financiera y jurídica a estas regiones o ciudades para que puedan operar libre de los males que aquejan a dicho Estado que frenan o distorsionan las fuerzas de mercado. La exigencia entonces, fue la aprobación de una amplia reforma de la Constitución de la República, incluyendo aquellos artículos relacionados con el ejercicio de la soberanía nacional, control del territorio, sus recursos naturales y biodiversidad. Y este fue uno de los argumentos del cual se valió la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2012 para declarar dicha legislación inconstitucional, en tanto Romer y sus socios querían también gobernar las regiones y ciudades chárter sin interferencia del gobierno, nombrando directamente sus propios comisionados, la mayoría de origen extranjero y renombre internacional como el caso de un nieto de Milton Friedman, el padre del modelo monetarista neoliberal.
Ya antes el propio Romer había manifestado su inconformidad con el proceso seguido para la operativización de esta legislación por la renuencia de ciertos diputados del Congreso de la República para aceptar que los comisionados fueran todos externos, usándolo como argumento para justificar su retiro de la Comisión de Transparencia; es decir según Romer, el Congreso de la Republica cambió las reglas del juego sin consultarle.
No obstante lo anterior y frente a la inconstitucionalidad declarada, el Congreso Nacional empezó a elaborar su propio proyecto, después que el actual presidente de la Republica, Juan Orlando Hernández y la mayoría mecánica en el Congreso, defenestrara a los miembros de la Sala Constitucional del dicha Corte Suprema para poner magistrados a fines a las RED y otros menesteres.
En enero de 2013 con la aprobación del decreto N. 236-2012 que posibilita las reformas a los artículos 294,303 y 339 de la Constitución de la Republica referidos a la organización territorial y autorización para crear zonas sujetas a regímenes especiales con tribunales de justica exclusivos, da carta libre para continuar con este nuevo modelo de enclave económico. Este decreto fue ratificado por el Congreso de la Republica (decreto 9-2013) y publicado en la Gaceta en marzo 2013, lo cual lo convierte en ley de país.
En el mes de septiembre de 2013, mediante decreto N. 120-2013, el Congreso de la República aprueba la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), las cuales según el Artículo 3 gozan de autonomía funcional y administrativa que incluye las funciones, facultades y obligaciones que la Constitución de la Republica y leyes le confieren a los municipios. Contarán con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva en las mismas, los que pueden adoptar sistemas o tradiciones jurídicas de otras partes del mundo, debiendo garantizar
Los artículos 4 y 5 autorizan a las ZEDE a crear su propio presupuesto, el derecho a recaudar y administrar sus tributos, a determinar las tasas por los servicios que prestan, celebrar todo tipo de convenios y contratos más allá de uno o varios periodos de gobierno, contraer obligaciones fuera y dentro del país, requerir fondos al gobierno nacional y municipal para su sostenimiento cuando estos participen en condiciones de socios en Alianzas Publico Privadas. Operaran con un régimen fiscal independiente, sin control de cambios y sobre la base de la libre circulación de bienes, activos tangibles, capital y la entrada de naves áreas y marítimas.
Se cuestiona por organizaciones campesinas y grupos ambientalistas que las ZEDE tienen la autorización para establecer impuestos sobre el valor de la tierra de propiedad privada, igual la administración de la propiedad del suelo en los casos donde existe baja densidad poblacional, pudiendo expropiar a propietarios de los terrenos previa indemnización, lo cual implica, entre otras cosas, un cercenamiento del espacio territorial para la ejecución de programas de desarrollo agrario en beneficio de la mujer campesina ya que la tierra se concentrará aún más y volverá cara por la especulación; asimismo, en los casos donde las tierras a expropiar hayan sido adquiridas en forma ilegal, la indemnización viene a ser un premio al ocupante de la misma.
En el caso de la Zona Sur, el Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo Fonseca (CODDEFFAGOLF) considera a las ZEDE como una aberración jurídica que tendrá impactos negativos para el desarrollo de los municipios de la zona y en la preservación de sus ecosistemas por los altos requerimientos de agua, energéticos y servicios ambientales.
Se cuestiona el procedimiento para la creación de una ZEDE, ya que se otorga potestad al gobierno de la Republica a través del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para que sea declarada como tal en los casos donde la densidad poblacional es baja; y a la celebración de un plebiscito, manipulado por el gobierno y las alcaldías, con resultado favorable cuanto la densidad población es alta.
Otra queja y denuncia en que según el artículo 43 de las ZEDE, las intervenciones de sus miembros, en especial los inversionistas y el Estado hondureño como garante público, no deben llevar a cabo actos que vulneren los derechos de propiedad de pueblos indígenas y afro descendientes sobre las tierras que les hubieren sido otorgadas mediante títulos concedidos por el Gobierno de la Republica. En la práctica ello no se cumpla, ya que tanto OFRANEH y las organizaciones de los pueblos lencas han venido denunciado el hostigamiento, persecución e incluso asesinato de dirigentes que se oponen a la ejecución de estos proyectos y de aquellos de tipo extractivo en sus territorios. Incluso, desconociendo los documentos que los acreditan con legítimos dueños de las tierras.
La Ley de creación de las ZEDE solo podrá ser derogada, incluso modificada, reformada o interpretada con 2/3 tercios de los votos favorables de los diputados al Congreso de la Republica, pero se agrega la celebración de un referéndum o plebiscito a las personas cuando su población total supere los 100,000 habitantes; es decir que serán muy pocas las ZEDE sometidas a dicha consulta. En caso que se autorice su derogación, está no podrá darse antes de 10 años con el propósito de garantizar los derechos de los inversionistas.
De acuerdo al gobierno, entre los avances más importantes se encuentran el estudio contratado con la firma Posco Plantec de Corea del Sur por un monto de 4 millones de dólares para realizar un estudio de pre factibilidad para identificar el sector de la zona sur donde se instalará la primera ZEDE; la pre factibilidad continuará con el estudio de factibilidad y elaboración de un Plan Maestro para su desarrollo. Se contrató al exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, René Osorio, para que funja como comisionado presidencial para las ZEDEs. Asimismo, destaca la suscripción de un Memorándum de Entendimiento ente el gobierno a través del comisionado presidente del Programa para el Establecimiento de las ZEDE y los representantes del sector de Peña Blanca, Municipio de Cortés, a efecto de socializar el proyecto del sector; sin embargo, los pobladores de Peña Blanca y otras comunidades como las ubicadas en la aldea de Suyapa en varias ocasiones han manifestado en contra de la creación de dichas ZEDE.
Pero la sorpresa ha sido el nombramiento de los comisionados del Tribunal para las Mejores Prácticas, distintos a los propuestos por Paul Romer, donde sobresale un hijo del ex/presidente Ronald Reagan, Michael Reagan, y gran parte de sus principales colaboradores y miembros del Partido Republicano ligados a Institutos y Universidades neoliberales como es el caso de Bárbara Kolm, Secretaria General del Instituto Friedrich Hayek; de Mark Klugmann asesor del ex/presidente Lobo Sosa y famoso por recomendarle como parte del discurso de la campaña política en 2005 la pena de muerte para los delincuentes pero no a los corruptos. Se agrega el ex/presidente Ricardo Maduro, promotor de la devaluación en exceso en Honduras como presidente del Banco Central en el gobierno del presidente Rafael Leonardo Callejas
La principal justificación política-ideológica que utiliza el gobierno de la Republica para la creación de las ZEDE es que existen con buen éxito en otros países como Hong Kong y Singapur, pero también países como Costa Rica y Cuba se han adelantado a su creación, por lo que Honduras no debe quedarse atrás; muy parecido a la competencia que se generó entre países por mayor inversión extranjera para apoyar la industrialización, integración y el desarrollo de los países latinoamericanos en la década de los 60 y 70. Sin embargo, en estos últimos países el marco jurídico creado no es violatorio de la Constitución de la Republica ni de la soberanía nacional. La “Zona Especial de Desarrollo (ZED) de Mariel” en Cuba por ejemplo va más allá al pretender transformar el puerto con apoyo financiero de Brasil en un cruce de tránsito de mercadería que permita aumentar las exportaciones a países de Asia, Europa y Latinoamérica, sustituir importaciones y generar fuentes de empleos sostenibles y mejor remunerados.
Las ZEDE han sido vendidas como un paraíso fiscal para el capital extranjero, libres de trabas burocráticas y del control estatal, pero también como un nuevo modelo de desarrollo para Honduras donde se concentren los esfuerzos de más inversión extranjera, innovación tecnológica y mano de obra barata, con recursos naturales y biodiversidad ilimitada regalada. Una especie de espejismo económico para una sociedad sumida en la miseria y oscuridad, profundizada después del golpe de Estado.
Tegucigalpa, DC, 23 de junio de 2014.
Fuente: http://alainet.org/active/74868
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Tegucigalpa.
The Honduran security forces were acting at the behest of the Municipality of Trujillo and of the 
A Honduran naval base, with US naval personnel, is currently there. Recent construction of “
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