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Xatruch III acusa de instigadores de las protestas a dirigentes campesinos del Aguán

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Jaime Cabrera

Tegucigalpa.

El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III, René Jovel Martínez acusó a los dirigentes de la Plataforma Agraria, Vitalino Alvarez, Yoni Rivas y Jaime Cabrera de ser los promotores de las recientes manifestaciones de protesta en Colón. El oficial de alto rango incluso dijo que los dirigentes dispararon contra las instalaciones del XV Batallón de Infantería localizado en Río Claro, Trujillo.El dirigente campesino y comunicador social Vitalino Alvarez quien también es el Secretario de Relaciones Públicas del Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA) dijo que en los últimos años se ha  encargado de divulgar las denuncias de los asesinatos de los campesinos en el Aguán, y que debido a eso, el anterior comandante de la Fuerza de Tarea Xatruch III, coronel Gérman Alfaro levantó una campa de desprestigio en contra del comunicador.

“Fue en ese momento cuando el coronel Alfaro levantó una gran campaña en contra mía, de Yoni Rivas (vocero de la Plataforma Agraria) y Juan Chinchilla a tal grado que en las redes sociales dibujaron un monstruo de 3 cabezas y pusieron los rostros de nosotros”, denunció Alvarez.

En este momento el coronel Jovel Martínez (que sustituyó en el cargo a Gérman Alfaro), está haciendo también esa misma campaña de desprestigio, de calumnias, al decir que nosotros en la movilización y en el paro nacional en el marco de esa actividad organizada por las mesas de indignación que no se realizó porque nos recibieron con gases lacrimógenos y bala viva, el coronel Martínez dijo que nosotros disparamos armas de fuego, cosa que es totalmente falsa, nosotros íbamos escapando de las bombas lacrimógenas, explicó el dirigente campesino.

Alvarez añadió que nadie en el departamento de Colón puede portar un arma de fuego, “por eso decimos que él está calumniando y no es la primera vez que lo hace; este coronel ya lo ha hecho con la comunidad de Panamá, que ha sido una comunidad mártir y la campaña que está montando Martínez es que quiere las cabezas, la mía, la de Jaime y la del compañero Yoni, y por eso estamos denunciando y responsabilizando de cualquier cosa que nos pase a nosotros”.

“Aparte eso (Jovel Martínez) está presentando requerimientos para órdenes de captura en contra de nosotros, a nosotros nos asiste el derecho de exigir justicia, de estar en contra de la impunidad y la corrupción, pues es un país que está plagado de corruptos y el gobierno es el corruptor más grande que tenemos y por lo tanto tenemos el derecho de denunciar y de unirnos a esta lucha patriótica que han emprendido los jóvenes indignados”, sostuvo Álvarez.

A pesar que las comunidades campesinas y el pueblo de Colón reconocen a Vitalino Álvarez como defensor de los derechos humanos y comunicador social, tanto Xatruch III como un sector de la Policía se han negado a reconocerlo como tal, a pesar de que ya fue aprobada la Ley de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

“El mismo alcalde me dio un reconocimiento como comunicador y aparte de eso tengo medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)al igual que Yoni Rivas y Jaime Cabrera y por eso es que estamos tratando con Kenia Irías (del sistema de protección para defensores y defensoras del Estado) para ver qué respuesta da y nosotros decir que a ese señor (coronel Jovel Martínez) ya no lo queremos en el Aguán, que lo pasen a otro lugar, que no le haga daño a un conflicto que quien tiene que resolverlo es el gobierno y no el coronel René Jovel Martínez”, sostuvo Alvarez.

Vitalino Alvarez

Actualmente Vitalino Alvarez dirige el programa de televisión Enfoque de Actualidad en canal 37 de Tocoa, del departamento de Colón, en donde desarrolla un espacio crítico, de indignación y resistencia frente a lo que ocurre en el Aguán y en todo el país; de hecho este programa es monitoreado por los propios militares.

“Estamos aquí para denunciar esto, no tengo miedo, después de los señalamientos que él ha hecho, también nosotros le hacemos los señalamientos que él (coronel René Jovel Martínez) es un mentiroso, una persona manipuladora y trata de meter una psicosis de miedo a todo el campesinado; le hacemos un llamado a la población que no podemos rendirnos frente a una amenaza psicológica, cada día se suman más personas indignadas y más organizaciones a nuestra Plataforma Agraria”, dijo el comunicador social.

Por su parte el vocero de la Plataforma Agraria, Yoni Rivas señaló que la situación que se vive en el Aguán es compleja, después de tantos  esfuerzos, tantas propuestas, tantas buenas intenciones que ha habido de nuestra parte para poder solucionar un conflicto que fue creado en 1992 con la creación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, a través del financiamiento del Banco Mundial y de los ajustes estructurales (durante la administración del ex presidente Rafael Leonardo Callejas).

Rivas dijo que mientras se habla del mes de la independencia, la realidad es otra y no hay tal independencia. “Nosotros tenemos una enorme dependencia alimentaria cuando el 50 por ciento de lo que consumimos lo estamos importando, no tenemos independencia económica, aquí el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) impone medidas y si hablamos del tema político es igual, aquí hay muchas políticas públicas que se aprueban y son exportadas como la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), que en la práctica es el concesionamiento de aeropuertos, carreteras, puertos, bienes, recursos naturales y servicios públicos”.

El vocero de la Plataforma Agraria criticó que a pesar de contar con un marco jurídico en materia de aplicación de leyes, aparentemente buenas pero el gobierno que tenemos es un gobierno que aplica más hacia una dictadura que a un gobierno democrático.

“En el tema agrario tenemos más de 5 mil compañeros procesados por usurpación de tierras y lo sorprendente es que ahorita en un nuevo decreto de ley que se pretende aprobar en el Congreso en el artículo 456, el delito de usurpación pasaría de 3 a 7 años de reclusión; es ahí donde están creando otro marco jurídico para poder crear más crisis, esta es la raíz del problema de lo que está pasando en el Aguán”, explicó Rivas.

No son nuevas las campañas de desprestigio contra dirigentes campesinos

El dirigente campesino señaló que el pueblo hondureño conoce las campañas de desinformación y de desprestigio que hemos tenido en el Aguán desde el 2009m cuando el 9 de diciembre entramos al proceso de recuperación de tierras y se dijo que había extranjeros en el Aguán, que había nicaragüenses, salvadoreños y venezolanos, que había guerrilla y que estaba armándose los campesinos; ahí están los recortes de los periódicos que evidencian las campañas de criminalización.

Yoni Rivas

Rivas indicó que “todo eso no fue cierto, al final se dieron cuenta que somos hondureños auténticos pero con una visión diferente, con deseos de ver desarrollo en la región y con deseos de tener una mejor calidad de vida, se firmaron acuerdos, a pesar de la persecución”.

“Y recuerdo que el 20 de agosto de 2012, cuando estábamos al frente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) exigiendo que se respetara el fallo que había favorable al Movimiento Amplio Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) que estaba el abogado Antonio Trejo defendiendo a los compañeros y que ya lo asesinaron, fuimos detenidos y encarcelados por exigir justicia, y eso sucedió enfrente del palacio de justicia”, sostuvo Yoni Rivas.

En aquel momento nos acusaron de haberle causado daños físicos a las estructura de la Corte Suprema, algo que no fue así, yo andaba junto a Rafael alegría trayendo agua para los compañeros y me enteré que estaban reprimiendo salvajemente y fui detenido junto al abogado Antonio Trejo.

Nos criminalizaron y nos dieron medidas de firmar en los juzgados, de no salir del país y de no participar en manifestaciones públicas, pero nosotros sabemos que esas son medidas intimidatorias, no es porque realmente se haya cometido un delito, ni nada de eso., comentó Rivas .

Rivas también comentó que el 18 de febrero de 2013, se abrió una campaña de desprestigio y  criminalización por parte del coronel Gérman Alfaro, comandante de Xatruch, “que recuerdo que dijo que iba a proceder judicialmente en contra de Juan Chinchilla, Vitalino Alvarez y en aquel momento hasta a usted también (periodista Marvin Palacios) lo mencionó en aquel comunicado por difamar al país a nivel internacional y dijo que usted lideraba una red de comunicación a través de defensoresenlinea, ese fue un enorme escándalo”.

El dirigente añadió que esas acusaciones le costaron el cargo al coronel Alfaro en el Aguán, por las denuncias de la Plataforma Agraria,  de las organizaciones de derechos humanos y de la comunidad internacional.

Finalmente Rivas narró que a raíz de aquella denuncia pública la vida de él y sus compañeros correría peligro cuando el 11 de marzo de 2013, después de firmar en los juzgados de Tocoa y desplazarse en un vehículo privado hacia Siguatepeque para asistir a un taller, después de pasar un operativo policial ubicado en La Masica Atlántida, uno de los identificó y dijo ..ahí van, ellos son, y ese mensaje a nosotros se nos grabó y dijimos qué está pasando.

Rivas agregó que pasando el puente de San Juan Pueblo, había otro operativo y que ahí los policías los conminaron a salir del carro, los registraron y les quitaron los documentos de identificación, para luego indicarles que prosiguieran el camino.

En el vehículo se conducían Juan Chinchilla, Vitalino Alvarez, Yoni Rivas, Leonel Cruz y otra persona identificada solo como Andrés.

Los dirigentes decidieron pernoctar en el hotel Génesis a la salida de San Juan pueblo. “Ahí identificamos que había monitoreo y persecución, nos quedamos ahí,  hicimos una llamada para averiguar a qué hora pasaba el bus que salía de Tocoa, porque ya no íbamos a viajar en el vehículo que andábamos”.

Rivas narró que  las 3:30 de la mañana del 12 de marzo de 2013, estaban esperando abordar el autobús, y que a las 3.32 minutos llegó un vehículo con hombres fuertemente armados que se dirigieron hacia el hotel para buscar a los dirigentes campesinos y proceder a darles muerte.

Al no encontrarlos  y cerciorarse que los dirigentes acababan de abordar un autobús procedieron a seguirlo. Los hombres le hicieron en varias ocasiones señal de parada al autobús pero el conductor no las acató. El vehículo llevaba dos hombres fuertemente armados en la paila.

“Ahí nos salvamos por 2 minutos, si ese bus se hubiese tardado, nosotros ahí nos hubiésemos muerto, esa no fue la primera vez,  yo en unas cuatro ocasiones he estado a punto de ser atacados por sicarios, pero afortunadamente Dios ha estado de por medio y aquí estamos todavía denunciando y demandando justicia en estos intentos permanentes”, sostuvo Rivas.

En febrero de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) giró comunicación al Estado de Honduras para que diera respuestas a las denuncias de los campesinos, el estado después de 60 días no respondió  y el 8 de mayo de este año la CIDH dictó medidas cautelares de protección para  123 líderes y lideresas del Aguán.

Las muertes violentas no han cesado en el Aguán, el pasado 17 de agosto desconocidos mataron al joven Elmer Avila, coordinador del Movimiento Indignados y el 30 de agosto en el desvío de la comunidad la Confianza, fue asesinado Enilson Flores Rosales.

De la represión del 1 de septiembre de este año, Yoni Rivas señaló que sufrieron una feroz represión y persecución  por todos los barrios de Tocoa y que logró escapar ya que el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III, René Jovel Martínez quiere la cabeza de Jaime Cabrera, Vitalino Alvarez y Yoni Rivas.

Entretanto el Coordinador de la Plataforma Agraria, Jaime Cabrera de la comunidad Panamá, localizada contiguo a la finca Paso Aguán en las tierras que reclama como suyas la Corporación Dinant de la familia Facussé, expresó que llevan 33 años de habitar la comunidad y continuamente es asediada por guardias de seguridad privados y militares de Xatruch.

“En esa finca ha habido asesinatos y las víctimas fueron sepultadas ahí. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) dio acompañamiento cuando se exhumaron los restos del compañero José Antonio López Lara”, dijo Cabrera.

“Hemos tenido compañeros heridos de bala por órdenes del coronel René Jovel Martínez, después del desalojo del 1 de septiembre en una conferencia de prensa, el coronel informa que va a ponernos un requerimiento para que se gire una orden de captura y poder ser capturados por la policía”, expresó Cabrera.

El dirigente añadió que esos señalamientos de Martínez se dan solo por ser dirigentes campesinos y que el coronel los acusó de portar armas de fuego y que habían disparado contra las instalaciones de la Xatruch.

“Esa es una falsedad, eso de disparar ya lo ha ordenado él, de disparar en la comunidad, hay iglesias balaceadas, hay casas balaceadas, tenemos dos compañeros que el  3 de julio de 2014, él (René Jovel Martínez) dio la orden para que los policías y militares dispararan y balearon al compañero José Sánchez , a quien solo le quedó un 25 por ciento de su hígado; y al compañero David Ponce, que todavía tiene una bala en la espalda, aparte del temor que tienen los niños y niñas que se esconden cuando ver pasar a gran velocidad carros militares”, narró el coordinador de la Plataforma Agraria.

En alusión al coronel René Jovel Martínez quien habría expresado que quiere la cabeza de los tres dirigentes, Cabrera señaló que cuando alguien habla y dice: Necesito la cabeza de una persona, se está hablando de un asesinato, esto es una amenaza.

La Plataforma Agraria está integrada por más de 20 organizaciones campesinas, cinco sindicales y otro tanto patronales en el Bajo Aguán.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3721:xatruch-iii-acusa-de-instigadores-de-las-protestas-a-dirigentes-campesinos-del-aguan&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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En peligro la Vida y Libertad del Dirigente campesino del Bajo Aguan Santos Marcelo Torres Ruiz

miércoles, 13 de mayo de 2015

ACCION URGENTE

 

El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), expresa su preocupación ante una nueva situación de riesgo que enfrenta el dirigente campesino SANTOS MARCELO TORRES RUIZ, presidente del Movimiento Campesino Gregorio Chávez, beneficiario de Medidas Cautelares, MC-50 2014 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otorgada en mayo del 2014,  por los hechos siguientes:

El 12 de mayo del 2015  a las 2:30  meridiano fue  objeto de detención ilegal, por dos agentes vestidos de civil, supuestamente agentes de la Dirección Nacional de Investigación y cinco elementos  de  la Policías Militar de Orden Público. Ambos  contingentes se conducían en dos  vehículo sin identificación, fuertemente armados y sus rostros cubierto con pasamontañas, le interceptaron cuando se dirigía a las oficinas de la  Coordinadora de Organizaciones  Populares del Aguan (COPA).

Los  agentes procedieron a rodearle  y  detenerle arbitrariamente.  En actitud intimidante solicitaron   su documento de identificación personal y procedieron a compararla con una orden de captura que portaban, dijeron que sus datos no coincidían con lo de la orden de captura, por lo que tenía que acompañarlos que solamente iban a investigar y fue trasladado a la Estación Policial de Tocoa.  Aun  sin coincidir los datos  lo trasladaron la Jefatura policial de Trujillo, donde se verifico una vez más   que no existía una orden  de captura  contra Santos Marcelo Torres,  que está era  contra SANTOS AVAD HERNANDEZ TORRES (otra persona).

Los agentes continuaron con el abuso   y lo presentaron ante el juez Fredy Cenén, este le solicito la Tarjeta de Identidad y al verificar que el nombre no  correspondía al imputado en el expediente  aperturado  por  Daños, Incendio y Hurto Agravado  en contra de la Exportadora del Atlántico, (propiedad del agro industrial Miguel Facusse), continuó con la arbitrariedad diciéndole que era a él a quien buscaban y le abrió juicio decretándole medidas sustitutivas a la prisión que consisten presentarse a firmar al Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón cada 15 días y prohibición de salir del país.  La audiencia inicial está programada  para el 12 de junio de 2015. Obsérvese que estas medidas desmovilizan al defensor para realizar su labor de defensoría. Y coloca en indefensión a las víctimas y la comunidad a quienes defiende y representa.

Cabe señalar que el juez Fredy Cenén quien abrió la causa, ha vertido opinión acusatoria previa en contra del líder campesino, por lo tanto si viviéramos en un Estado de Derecho, quedaría inhabilitado para seguir conociendo del caso, por su opinión parcializada a favor del industrial Miguel Facussé.

 

Cuando finalizo la audiencia a alrededor de las 5:30 de la tarde, 5 militares; tres de ellos con su rostro cubierto con pasamontañas y uno vestido de civil, todos con chalecos antibalas y fuertemente armados permanecieron en las afueras del Tribunal durante duró la audiencia. La Defensora Pública no entendía el porqué de su presencia porque su labor terminó cuando entregaron a Santos Torres al Tribunal. Abandonaron el lugar hasta que Santos Torres salió en compañía de de miembros del Observatorio  Permanente de Derechos Humanos del Aguan a eso de las 6:00 de la tarde.

Antecedentes

 

El señor Santos Marcelo Torres, ha sido objeto de constantes amenazas, hostigamientos e intimidaciones a partir de los desalojos violentos ejecutados durante el año 2014 por elementos de la Fuerza de Tarea Xatruch, bajo el mando el Coronel René Jovel Martínez, en la Finca Paso Aguán, ubicada en la Aldea Panamá, de Trujillo, Colón.

Durante uno de los desalojos el señor Santos Marcelo denunció que recibió una llamada del Coronel  Jovel Martínez, Jefe de Xatruch, para manifestarle que estaba solicitando en el Juzgado ordenes de captura en contra de él y dos personas más quienes son miembros Directivos del Movimiento Gregorio Chávez.  En la llamada le manifestó que los iba a ir a traer de los huevos[1]

El 02 de abril del 2015, a eso de las 11:00 de la mañana, sus dos menores hijos, Darwin Marcelo (7) y Nolvin Alejandro (6), salieron de la casa para ir a buscar leña[2], mientras picaban una conchas de palma dentro del lote denominado La Católica que colinda con la casa de habitación del señor Torres, fueron encañonados por guardias y militares, que portaban armas de grueso poder.  De acuerdo con el testimonio de los niños estas personas se transportaban en un carro gris, doble cabina.   Los niños que entraron en pánico ante las amenazas ejercidas, logrando  correr   y  refugiarse en su casa; ellos relataron a sus padres que los militares y guardias les apuntaron sus armas y les dijeron que se fueran que no querían a nadie ahí.

El 20 de abril del 2015, el señor Santos Torres junto a su compañera de hogar de nombre Angélica Esperanza Gómez, salieron a realizar labores de cuidado de una tomatera que se ubica por el cementerio de la comunidad, al regresar a eso de las 6:00 de la tarde, fueron informados por parte de una vecina que alrededor de las 4:30 de la tarde habían llegado a los predios de su casa en un carro color gris, vidrios polarizados,  3 guardias y 2 hombres vestidos de civil, con lentes claros;  estos dos últimos se dedicaron a tomar fotografías a la casa y a la porqueriza de la Familia Torres;  mientras eran custodiados por los guardias.  En ese momento en la casa solamente se encontraban los  cuatro hijos menores de la pareja Torres-Gómez.

Al menos  seis hechos más  han registrado  contra Santos Marcelo Torres y su familia, desde el año  2014.

Solicitud   

El efecto negativo de hechos como el denunciado solamente puede ser impedido mediante la voluntad manifiesta del Estado de sancionar a los responsables y de respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos, especialmente de los activistas sociales que coadyuvan al respeto de los derechos humanos.

El Cofadeh solicita a la comunidad internacional y nacional exigir al Estado de Honduras tome las medidas necesarias para  proteger la vida y la integridad del dirigente Campesino Santos Marcelo Torres   y su familia. De igual forma garantice la protección efectiva a todos los Miembros del  Movimiento Gregorio Chávez   y  se le garantice el derecho a defender los derechos humanos universalmente reconocido, como lo establece la Declaración Universal de los Defensores de las Naciones Unidas, aprobada en 1998 y las Resoluciones de la OEA de 1999 y 2000.

Acciones Recomendadas:

  • En relación con los hechos solicitamos dirigirse al Estado de Honduras  exigiendo:
    ·        Una  investigación exhaustiva e imparcial  de los hechos y hacer públicos los resultados.
    ·         Solicitar  que se cierre el expediente  y dejar sin valor y efecto el proceso judicial Abusivo iniciado contra Santos Marcelo Torres.
    ·         Tomar medidas inmediatas para garantizar la vida e integridad de  Santos Marcelo Torres   y su familia., tomando en cuenta que el líder campesino ha sido amenazado, perseguido, descalificado reiteradas veces, de tal manera que el hostigamiento es lo que motivó la solicitud de medidas cautelares ante la CIDH.
    ·        Garantizar que los miembros de la organización campesina  a la que pertenece Santos Marcelo Torres puedan llevar a cabo su trabajo de defensa del derecho a la tierra sin temer por su seguridad, de acuerdo con las obligaciones contraídas por ·         Honduras  en virtud de la Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, y en virtud también de la resolución de junio de 2004 de la Organización de los Estados Americanos sobre defensores y defensoras de los derechos humanos.

Agradecemos hagan llamamientos ante la situación planteada ante las siguientes autoridades:

Juan Orlando Hernández

Casa Presidencial,

Boulevard Juan Pablo II

Tegucigalpa

Honduras

Fax +504 2290 5088

Fiscal General

Oscar Chinchilla Banegas

Ministerio Público, Lomas del Guijarro

Avenida República Dominicana

Edificio Lomas Plaza II

Tegucigalpa, Honduras

Fax: +504 2221 5667

Twitter: @MP_Honduras

Abogado

Fredy Cenén Caballero Núñez

Juez de Letras Juzgado Seccional

Trujillo, Colón

Fax:  (504) 2434-4368

Señor

Roberto Herrera Cáceres

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Tel: (504) 2220-7648; 2232-0433

E-mail: mjgalvez@conadeh.hn

 

[1] Refiriéndose a los  órganos sexuales masculinos

[2] Combustible utilizado para el uso doméstico en zonas rurales  de Honduras.

Barrio La Plazuela, Av. Cervantes, casa 1301, Tegucigalpa, M. D. C.
Teléfono (504) 2220- 5280 / 2220- 7147
www.cofadeh.org / www.defensoresenlinea.com E-mail: prensacofadeh@gmail.com

Publicado por Redefensorashn

Fuente: http://redefensorashn.blogspot.ch/2015/05/accion-urgente.html

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Sin mostrar orden judicial militares desalojan campesinos de la finca La Trinidad

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Tocoa, Colón (Conexihon).- Los Movimientos campesinos del Bajo Aguán continúan en su lucha por el respeto a su derecho al acceso a la tierra, este viernes cerca de 150 campesinos aglutinados en la empresa campesina La Trinidad, miembro del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguan (MARCA) ingresaron a la finca del mismo nombre.
A eso de las 5:00 de la mañana y con el objetivo de recuperar dicha propiedad ya que aseguran que les pertenece, decenas de familias se apostaron en los predios.
La finca La Trinidad, con una longitud de más de 500 hectáreas en su mayoría cultivada de palma africana, desde hace muchos años se encuentra en disputa judicial entre esta empresa campesina y la empresa Oleo Palma de Centroamérica. Los campesinos aseguran que tienen las escrituras legítimas de dicha propiedad.
En el caso de las tres fincas San Isidro, La Trinidad y El Despertar, sentencias judiciales firmes de 2012 establecieron la restitución de estas tierras a favor de los miembros del MARCA, efectuada en junio de 2012, después de un proceso legal de 18 años. Las sentencias confirmaron que la adquisición de las tres fincas por los empresarios Miguel Facussé y René Morales no fue legal, y que las comunidades campesinas respectivas organizadas en MARCA fueron desalojadas ilegalmente en 1994.
Sin embargo, la  Coste Suprema de Justicia resolvió nuevamente a favor de Oleo Palma de Centroamérica, lo que según los campesinos “responde al manoseo y la corrupción que los empresarios hacen en este poder del Estado a cambio de beneficios económicos para los funcionarios de los Tribunales”.
Nuevo desalojo
El mismo día a eso de las 7:00 de la mañana llegó al lugar un contingente militar de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch y de la Policía Militar y del Orden Publico (PMOP), quienes aunque no presentaron una orden de desalojo, informaron a los labriegos que solo tenían media hora para retirarse de la finca ya que de lo contrario procederían a desalojarlos haciendo uso de la fuerza.
Los campesinos se negaron a salir de la propiedad con el argumento de que esta es ellos por lo que los uniformados procedieron a sacarlos de la finca, accionando el cerrojo de sus armas por lo que los hombres, mujeres y niños se vieron obligados a salir de la finca.
De inmediato se juntaron y se congregaron en la calle que está a la orilla de la propiedad donde permanecieron más de 24 horas y desde donde pidieron a las autoridades judiciales y gubernamentales una solución justa e independiente a litigio judicial.

OPINIONES

Walter Cárcamo, 
Presidente del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA)
“Hoy los compañeros de la empresa La Trinidad ingresaron a la finca que nos pertenece, ya que perteneció a nuestros padres y la empresa Oleo Palma de Centroamérica se las quito de manera ilegal. Ya se ha demostrado en los Tribunales, pero como los empresarios arreglan las cosas con dinero, lograron que en otra instancia resolvieran a favor de ellos”.
“Nosotros estamos aquí y seguiremos aquí hasta lograr que el gobierno y la Corte algún día actúen de forma independiente y transparente cuando eso suceda estamos seguros que nos devolverán la tierra porque es nuestra”.
Kevin Rivera, 
Representante de la Empresa Campesina La Trinidad Limitada
“Este día entramos a nuestra propiedad, con la claridad de que es nuestra pero una vez más fuimos sacados, amenazados e intimidados por los soldados que como siempre son mandados por los terratenientes a agredirnos y a sacarnos sea como sea de la tierra”.
“Le pedimos al presidente de la República que intervenga si es que puede hacerlo para que la tierra regrese a sus legítimos dueños que somos nosotros, nuestros hijos y nuestras familias ya no aguantamos la crisis no tenemos que comer, necesitamos que nos devuelvan lo que es nuestro para trabajar y tener algo para darle de comer a nuestros hijos e hijas”.
“Tenemos los documentos legítimos y la sentencia firme emitida por el Tribunal correspondiente y no es posible que nos sigan tratando como si fuéramos delincuentes cuando lo único que estamos haciendo es pedir que nos entreguen lo que nuestros padres nos heredaron”.

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Honduras: Familias campesinas de la Plataforma Agraria del Aguan realizan acciones en el marco del día Mundial de la lucha campesina

viernes, 17 de abril de 2015

En el marco del 17 de Abril día Mundial de la Lucha Campesina 184 familias del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA),  acompañado de la solidaridad  de las organizaciones de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán reivindicaron  su legítimo derecho al acceso a la tierra recuperando la finca La Trinidad ubicada entre la comunidad el Barro y Rio Claro del municipio de Trujillo, Colón.

La acción se llevó a cabo hoy en  horas de la madrugada cuando  las familias campesinas se posicionaron en 569 hectáreas de tierra de donde fueron  desalojados de manera violenta e ilegal en mayo del 2014 por miembros de la operación Xatruch y la policía nacional.

Cabe mencionar que esta finca fue entregada de manera legal el 29 de junio 2012 a través de un fallo firme emitido por los juzgados de Francisco Morazán, gracias al trabajo del abogado José Antonio Trejo Cabrera  quien asesinado el 22 el septiembre del mismo año.
A las 6:00 de la mañana se hizo presente un comando con 20 elementos del ejército bajo el mando del teniente Armando Díaz de la Policía Militar,  quienes de forma  intimidatoria llegaron para proteger los intereses del terrateniente  Rene Morales y mediante  amenazas y  presiones exigieron a las familias campesinas retirarse de la tierra que les pertenece, por lo cual los y las compañeros de vieron obligados a salir y a ubicarse en las afueras de la finca.
El ejército permanece en la finca la Trinidad al igual que los guardias de seguridad de Oleopalama.
Una vez más se demuestra que los aparatos de seguridad de Estado de Honduras  están  bajo las órdenes de las grandes empresas y terratenientes.  En este marco hacernos un enérgico llamado a los organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos  a permanecer vigilantes por la seguridad física y el respeto a la vida de las familias campesinas que se encuentran en defendiendo su legítimo derecho al acceso de la tierra.
                     ¡Cosechemos Justicia en el Campo!

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La solidaridad de defensores permite que joven raptado en el Aguán regrese a casa

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Tegucigalpa.

“El militar me dijo, cualquier grupo sea de panamá o sea de panamá que entre a la finca lo vamos a ir desapareciendo uno por uno” declaró el joven campesino Cristian Alberto Martínez Pérez, que permaneció en cauterio 63 horas, la semana pasada en el Bajo Aguán.

Aunque no logró idéntica el apellido del militar porque era de noche, supo que sus captores era un militar y dos guardias de seguridad privada.
Cristian Alberto Martínez Pérez de 18 años, es líder del Movimiento Campesino Gregorio Chávez (MCGC), fue encontrado por integrantes de la comunidad de Panamá y organizaciones campesinas, la mañana del domingo 1 de febrero.

Fue visto por última vez la noche del jueves 29 de enero, cuando salió a bordo de su bicicleta, la que quedó en las cercanías de la Finca Paso Aguán, custodiada por guardias de seguridad privada de la corporación DINANT, y unos 60 militares de la fuerza de Tarea conjunta Xatruch III, según denunciaron defensores de la tierra que habitan en la zona del Bajo Aguán, departamento de Colón.

Mas de 200 personas se organizaron en tres grupos para buscar a Cristian, estos irían a algunos lotes de la finca Paso Aguán, propiedad de Miguen Facussé, donde encontraron su camiseta que tiene un mensaje alusivo a la defensa de la tierra, otro grupo se dirigía a las orillas de la carretera y el tercer grupo a unos potreros.

Martínez Pérez fue encontrado a las 9:00 de la mañana en un terreno baldío que colinda con la Finca Paso Aguán., atado de pies y manos, descalzo, vendado los ojos y con una camisa color negro, y fue devuelto a su casa.

La solidaridad de parte de defensores de derechos humanos y organizaciones campesinas fue clave para encontrarlo con vida, pues los terratenientes de la zona quieren dividir el grupo, pero en esta ocasión hasta los que no son parte de las empresas campesinas se unieron a la búsqueda y también que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, interpuso un recurso de Habeas Corpus ante el Juzgado de Trujillo.

Estas acciones legales realizadas el día sábado, creemos que facilitó que el Ministerio Público diera la orden para que los campesinos entraran a la oficina del campamento de los guardias privados a buscar al muchacho, pero no lo encontraron, declaró Jony Rivas, dirigente del Movimiento Campesino Unificado del Aguán, MUCA.

Cristian Alberto Martínez Pérez

Según la versión de la víctima, fue abordado en un vehículo con parrilla, eran tres hombres, un militar y dos guardias,  lo vendaron y allí lo anduvieron de un lado a otro. Por su apariencia física, denota deshidratación y las torturas fueron sicológicas, y que le preguntaban por los dirigentes del Movimiento Campesino “Gregorio Chávez”.

Al lugar donde lo dejaron, fueron miembros de la Unidad de Muertes Violentas del Aguán un ente estatal del Gobierno que fue instalada en la región desde febrero del 2014.

Allí encontraron rastros de tres pares de huellas de zapatos, y otra de pies descalzos, que sería la de Cristian a quien llevaban, según indicios, de arrastras. Siguiendo las huellas, daban a la finca paso Aguán, comentó uno de las personas que acompañó la búsqueda.

Esto muestra que los y las campesinas estamos unidos, que tenemos apoyo y acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales, lo que incomoda a quienes nos atacan, declaró un defensor de derechos humanos del Aguán.

Denuncia de desaparición.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3400:la-solidaridad-de-defensores-permite-que-joven-raptado-en-el-aguan-regrese-a-casa&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Violencia en el Aguán se ha reducido un 16%

18 de Diciembre de 2014

10:28PM  –  Redacción  

La prohibición del uso de armas a civiles y las medidas del MUCA han dado resultados.

En el Aguán los militares y policías vigilan que civiles no porten armas.
En el Aguán los militares y policías vigilan que civiles no porten armas.

Tegucigalpa, Honduras

La violencia en el Bajo Aguán se ha reducido en un 16 por ciento comparada con el año pasado, reconoció el secretario general del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Raúl Ramírez.

El dirigente no compartió con el diputado nacionalista por Colón, Óscar Nájera, quien estimó que la inseguridad ha disminuido en un 85 por ciento gracias a la prohibición de portación de armas para los civiles impuesta por el gobierno de Honduras.

“Ha bajado un 16 por ciento porque hemos estado en disposición para hablar con diferentes organizaciones y hemos estado organizándonos todo el pueblo para tener una mayor seguridad”, dijo el secretario general del MUCA.

“Si no nos damos seguridad nosotros no hay quien nos la dé, pueden llenar de policías, de militares, pero la seguridad está en nosotros mismos”, expresó.

El gobierno de Porfirio Lobo Sosa mandó al Aguán al batallón Xatruch con la misión específica de garantizar la paz, pero ocurrió todo lo contrario, cada 16 días había un muerto en la zona hondureña.

Ante esta situación, el año pasado, ya para terminar el mandato de Lobo Sosa, el Congreso Nacional emitió un decreto de excepción donde se prohibió el uso de armas para la población civil.

Esta medida ha dado resultado, según coinciden los dirigentes del MUCA con el diputado Nájera, aunque manejan cifras distintas.

Nájera inclusive llegó a sugerir al gobierno aplicar la misma prohibición de armas para las ciudades más conflictivas, pero la sugerencia no ha sido tomada en cuenta seguramente por los intereses económicos que se juegan.

En Colón, según Nájera, nadie puede andar armado en las vías públicas, áreas de trabajo y la medida que en un principio era rechazada, hoy ha dado frutos.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/778206-331/violencia-en-el-agu%C3%A1n-se-ha-reducido-un-16

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Honduras: Una estela de injusticia social e impunidad cubre el Valle de El Aguán

miércoles, 17 de diciembre de 2014

Tocoa, Colón.

En los últimos años las comunidades campesinas del Aguán han sido sometidas a una escalada de muerte, criminalización y persecución, es por ello que el movimiento social demanda la desmilitarización de la zona, el enjuiciamiento de los responsables de más de un centenar de muertes y el cese de la persecución contra los defensores y defensoras de derechos humanos que ejercen su labor en la zona.
La Ley de Modernización del Sector Agrícola aprobada durante la administración del ex presidente Rafael Leonardo Callejas en 1992, frenó el proceso de reforma agraria impulsado a finales de la década de los años setenta.

Esta ley permitió a los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales apoderarse de grandes extensiones de tierra, concentrando las actividades agrícolas en el cultivo de la palma africana, dejando en condiciones precarias de subsistencia a centenares de familias campesinas.
Es así que la lucha por la recuperación de las tierras ha representado para el movimiento campesino una serie de ataques generadores por el poder económico que actúa bajo la protección de las estructuras del Estado.

“A nosotros como líderes del movimiento campesino, nos están criminalizando, estamos siendo perseguidos, a unos nos tienen con medidas sustitutivas a la prisión”, señaló Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, integrada por 18 movimientos campesinos.

Unos 3 mil 300 campesinos y 700 campesinas enfrentan procesos judiciales acusados de usurpación de tierras, robo de fruta y manifestaciones ilícitas, entre otros delitos. La lucha campesina ha recibido como respuesta a su lucha, persecución, represión, amenazas, muerte y desapariciones.

Desde diciembre de 2009, durante casi toda la administración del ex presidente Porfirio Lobo Sosa (señalado como continuador del golpe de Estado) y en el actual gobierno, han sido frecuentes los desalojos violentos con graves consecuencias para las comunidades campesinas.

Los reportes registrados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) incluyen denuncias en las que guardias de seguridad privados al servicio de terratenientes, son señalados como responsables de amenazas, intimidaciones, raptos, torturas, desapariciones  y asesinatos en contra de campesinos.

Un caso emblemático fue el que se produjo el 15 de noviembre de 2010, cuando guardias de seguridad que trabajaban para el terrateniente Miguel Facussé asesinaron a 5 campesinos en la finca de palma africana conocida como Tumbador, jurisdicción de Trujillo, Colón

El COFADEH apuntó que las consecuencias de estos hechos han derivado en situaciones precarias para las familias de los campesinos afectados, cuando las viudas perdieron la fuente de ingresos que proporcionaban sus compañeros de hogar y en el presente afrontan grandes dificultades para alimentar y educar a sus hijos e hijas.

Sobre estas acciones, Jaime Cabrera denunció que muchos desalojos han sido violentos, en donde ha habido compañeros heridos, incluso en sus propias comunidades, y tenemos temor porque ellos disparan y lo más grave que está permitiendo el ejército, es prestar el uniforme militar de Xatruch III, a los guardias de seguridad de Corporación Dinant, nosotros tenemos las pruebas”, dijo el dirigente.

El 2 de julio de 2012, familiares del campesino independiente de la comunidad Panamá, Gregorio Chávez denunciaron ante el COFADEH la desaparición de su pariente, que días después, el 6 de julio, fue encontrado semi-enterrado en la finca Paso Aguán, propiedad vigilada por guardias de seguridad privados del terrateniente Miguel Facussé.

Personeros de la Corporación Dinant desmintieron en aquella oportunidad, la participación de guardias de seguridad de esta empresa en la muerte del campesino.

Ese mismo año de 2012, vecinos de la comunidad Panamá reportaron el hallazgo del que se suponía era Jose Antonio López Lara (47) campesino perteneciente a la comunidad de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón y reportado como desaparecido.

El cuerpo de López Lara fue exhumado gracias a las gestiones del COFADEH que logró la participación de expertos forenses de Guatemala, quienes bajo la autorización de las autoridades judiciales hondureñas, efectuaron la exhumación del cadáver el 25 de abril de 2013. Los familiares identificaron a su familiar desaparecido y posteriormente asesinado.

Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán

En aquella oportunidad uno de los forenses comentó a defensoresenlinea.com lo siguiente:..” La osamenta humana presenta una considerable fractura de la zona parietal y occipital del cráneo en la zona izquierda, otra fractura a la altura del pómulo izquierdo y en la mandíbula. A simple vista se  observa que podrían existir  más fracturas en otras partes de la estructura ósea, lo que hace suponer que fue sometido a torturas y a graves heridas infringidas por sus victimarios…”.

El vocero de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, Yoni Rivas, señaló que hay muchos hechos que pueden relatarse, por ejemplo lo que ocurrió el pasado 3 de julio de 2014, en la comunidad Panamá, en la que dos jóvenes resultaron heridos de bala cuando la policía atacó la comunidad; lo que hace evidente la participación de estos agentes de las fuerzas de seguridad en contra de una sociedad civil que únicamente lucha por sus derechos.

“Se pudo ver cómo un policía desenfundó su arma 9 mm y disparó a sangre fría contra dos jóvenes que quedaron heridos y tendidos en el suelo”, expresó el dirigente.

El 13 de febrero de 2014 el director de Human Rigths Watch (HRW), José Miguel Vivanco  al término de su visita a Honduras expresó en su  informe titulado “Aquí no hay investigaciones”, que la conclusión es devastadora, no hay nadie que haya sido condenado por los homicidios cometidos, torturas, detenciones ilegales y al menos 3 desapariciones de personas.

Días más tarde, el 27 de febrero  y debido a la presión ejercida por los Estados Unidos, el fiscal general Oscar Chinchilla anunciaba la designación de una unidad especial conformada por policías, militares y fiscales con el mandato de investigar, esclarecer y llevar ante la justicia a los responsables de más de 125 muertes violentas, acontecidas en los últimos años por la disputa de tierras en el Bajo Aguán.

De esta unidad lo único que se sabe es que practicó una serie de exhumaciones en el Aguán, pero no ha librado requerimientos fiscales hasta la fecha, en contra de los responsables de las muertes violentas en el Aguán.

Un informe  presentado en marzo de este año por el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA) detalló que a raíz del conflicto agrario, durante  el período comprendido entre 2008 a 2013 se registraron 123 muertes violentas y 6 desapariciones forzadas. La cifra aumentó a 125 de acuerdo con reportes recientes.

Esly Banegas dirigenta de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA)

Han perdido la vida 90 campesinos, un militar, un policía, 14 guardias de seguridad, 7 terratenientes y 15 personas  pertenecientes al grupo de apoderados legales y víctimas colaterales o indirectas, señaló el informe.

¿A quién favorece la militarización en el Aguán?

El conflicto del Aguán no solo ha generado la atención de los medios alternativos independientes, sino también de organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, que han mostrado preocupación en torno a la militarización de la zona.

Es condenable la remilitarización en el Bajo Aguán desde el golpe de Estado y después de abril de 2010, y que de acuerdo con información expresada por algunos diputados como Wilfredo Paz, esto tiene un costo arriba de los 3 mil 600 millones de lempiras, expresó el vocero de la Plataforma Agraria Regional del valle del Aguán, Yoni Rivas.

Rivas dijo “el conflicto agrario únicamente se hubiese solucionado con mil millones de lempiras, entonces desde ahí podemos ver que es un fracaso total el sistema de militarización”.

El dirigente agregó que en los hechos violentos, se ha podido ver que durante los años anteriores, “no habíamos tenido los niveles de crímenes y de hechos violentos que se han dado desde el 2009 a la fecha, podemos ver que la solución aquí no es remilitarizar la sociedad, sino cómo crear políticas públicas para que el sector campesino pueda tener acceso a la tierra, que lo exige y lo demanda en forma democrática, con propuestas y con diálogo”.

En mayo de 2013, el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y Africa (IEPALA) y el COFADEH hicieron posible la visita de una misión parlamentaria de España que se entrevistó con autoridades de gobierno y sobre todo con las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En un apartado de su informe, la misión conformada por diputados y senadores de influyentes fuerzas políticas del parlamento español,  dijo que recibió denuncias sobre la constante asunción de competencias propias de instituciones civiles por parte de las Fuerzas Armadas (FFAA)  y apuntó que”la excesiva asunción de funciones propias del poder civil facilita la militarización de la sociedad y favorece el desarrollo de una cultura de violencia”.

Esly Banegas máxima dirigenta de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), apuntó que la militarización no ha resuelto la problemática que ha pretendido solucionar y de hecho todo ese proceso que la militarización ha venido desarrollando desde abril de 2010, más bien ha traído mayor criminalización.

Marta Arnold coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OBPDHA)

“Se ha profundizado por ejemplo el asesinato de campesinos y campesinas y encontramos que hasta la fecha son más de 125 asesinatos registrados por las diferentes organizaciones, significa que la militarización no es la solución a la situación de crisis que vive el Aguán”, aseguró Banegas.

Lo único que hay es un decreto de desarme pero que solo está dirigido hacia pequeños productores, campesinos y al pueblo en general, no así a las grandes empresas y otras grandes compañías de seguridad que existen en la zona, explicó la dirigenta sindical.

Consultada respecto a quién favorece la militarización, Esly Banegas dijo sin titubear que “en el Aguán favorece a los grandes terratenientes, a los grandes agroexportadores”.

Banegas indicó que los diferentes gobiernos han aprobado leyes que permiten a éstos agroindustriales apropiarse de grandes extensiones agrícolas, que representan las mejores tierras del valle del Aguán, “y la mayor parte están acaparadas por 3 terratenientes (Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales), unos cuantos políticos y otros que se mencionan supuestamente vinculados a acciones ilícitas”.

“El Aguán requiere de mucha voluntad política para resolver la problemática, se requiere que se diga la verdad, que se respeten los derechos humanos, que se respete la vida y que se respeten los bienes naturales que pertenecen al pueblo, que se resuelva la impunidad que día a día campea aquí en el Aguán y que se aplique una verdadera justicia, para que haya paz en la zona que tanto quiere este país”.

Mientras la comunidad internacional mantiene bajo observación la situación del Aguán, en Honduras los medios tradicionales de prensa (salvo algunas pocas excepciones y medios alternativos) replegados desde antaño a los grupos de poder, se han prestado para deslegitimar la lucha campesina por la recuperación de tierras. A los trabajadores y trabajadoras del campo se les ha tildado de invasores, ladrones de fruta, sediciosos, guerrilleros y hasta de terroristas.

Defender los derechos humanos en el Aguán implica una actividad de alto riesgo

El caso del Aguán ha trascendido  las fronteras y  la cooperación internacional ha destinado apoyo (aunque no suficiente) para que organismos de derechos humanos como el COFADEH, FIAN-Honduras y Fundación San Alonso Rodríguez, entre otras, mantengan un monitoreo constante de la situación en la zona y se capacite a los defensores y defensoras de derechos humanos que realizan un trabajo considerado de alto riesgo.

Yoni Rivas vocero de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán

Sobre este tema el vocero de la Plataforma Agraria Regional Yoni Rivas aseguró que “aquí hay una permanente persecución hacia los defensores, hacia los que nos dedicamos a defender nuestros derechos, hay asesinatos permanentes, el más reciente ha sido el de un ex presidente de MUCA, el compañero Juan López asesinado el 11 de noviembre en la comunidad de Rigores”.

De esa descalificación y criminalización de la que hablamos en este reportaje, no se escapan los defensores y defensoras de derechos humanos, a quienes operadores de justicia, policías y militares intimidan, maltratan, ofenden, demandan acreditaciones y personerías jurídicas, ignorando que la Declaración Sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos aprobada por Naciones Unidas en 1998, no establece estas rigurosidades.

Irma Lemus de la Red de defensoras y defensores de derechos humanos del COFADEH y subcoordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA) ha vivido en carne propia la criminalización y descalificación que el propio estado ha hecho  de su trabajo de defensoría.

Lemus fue acusada ante los tribunales de justicia del municipio de Trujillo, de usurpación de tierras, daños y perjuicios, hurto de ganado y extorsión.

“Esto viene por el acompañamiento que como defensora estaba brindando en ese momento a la empresa campesina Fuerzas Unidas, de ahí se me viene acusando de esos delitos y también por el hecho de ser campesina”, dijo a defensoresenlinea.com la defensora de derechos humanos.

Añadió que nadie desconoce que los miembros del Observatorio de Derechos Humanos del Aguán (OBPDHA) somos campesinas que nos hemos formado en la rama de la defensoría para defender nuestros derechos y las de los otros compañeros.

“Vemos la criminalización de las luchas sociales de defensoría de derechos humanos, la lucha de los campesinos y campesinas y todos los que luchan como las organizaciones populares, enfrentamos esta criminalización que no solo se da por militares, policías, sino también por los jueces y fiscales”.

El pasado 10 diciembre, fecha en la que se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos, el juez de Trujillo, Fredy Cerén Caballero en vista que la Fiscalía no sustentó pruebas suficientes para reforzar las acusaciones en contra de la defensora, dictó sobreseimiento definitivo en la causa procesal.

Irma Lemus de la Red de defensoras y defensores de derechos humanos del COFADEH

“Este gobierno se ha dedicado a través de sus instituciones a criminalizar, el poder judicial está totalmente evidenciado e identificado en la protección de los intereses de los grandes capitales, aquí los procesos judiciales en contra de los compañeros acusados de usurpación de tierras es una cifra que cada vez más se eleva”, apuntó Yoni Rivas vocero de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán.

La Fundación Internacional para la Protección de los Defensores y Defensoras de Derechos Frontline Defenders con sede en Irlanda, instó recientemente al Gobierno de Honduras para que se ponga fin a todas formas de difamación e intimidación contra los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil de parte de funcionarios públicos, incluyendo los miembros de las fuerzas armadas.

Frontline Defenders solicitó  que se asegure que todos los defensores de derechos humanos en Honduras puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de los derechos humanos sin miedo a represalias y libres de restricciones, incluyendo el hostigamiento judicial.

Entretanto Marta Arnold quien se desempeña como coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OBPDHA) comentó que las defensoras y defensores se enfrentan a persecución, intimidación de parte de las autoridades gubernamentales y amenazas.

Para el caso, Arnold se quejó del trato que reciben de parte del comandante de la Fuerza de Tarea Xatruch III, coronel Jovel Martínez, quien nos dice que “nosotros no somos nadie, que somos los mismos pícaros campesinos y que no tenemos personería jurídica”.

“Este señor usa estas frases para intimidarnos, para hacernos sentir mal frente a sus subalternos y ante los jueces que andan ejecutando los desalojos e incluso nos falta al respeto, al decir que nosotros no somos nadie, cuando un defensor es un defensor en todo lugar”, sostuvo Arnold.

Otro obstáculo que enfrentan los defensores y defensoras es que se les niega información  como en las oficinas de Xatruch III, coartando esta libertad constitucional y el derecho a ejercer libremente la tarea de defensoría.

A pesar que los jueces y fiscales en su mayoría, sí reconocen la labor que ejercen los defensores y defensoras de derechos humanos en el Aguán, Marta Arnold señaló que al final se inclinan por las personas que tienen más poder, incluso algunos fiscales nos han dicho: nosotros sabemos que ustedes tienen la razón, pero al final el juez es el que determina sus casos”.

Otros defensores de derechos humanos han pagado con su vida la labor de defender el derecho a la tierra de los campesinos y campesinas. Este fue el caso del abogado Antonio Trejo Cabrera quien el 22 de  septiembre de 2012 fue asesinado por sicarios en Tegucigalpa.

Antes de su muerte Antonio Trejo Cabrera denunció ante los medios de comunicación las constantes amenazas a muerte de que era objeto y culpó de las amenazas a los agroindustriales Miguel Facussé y René Morales.

La Declaración sobre los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos aprobada en 1998 por la Organización de Naciones Unidas (ONU) señala en su artículo 1 que “toda persona tiene derecho individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

El artículo 2 establece  que los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a sus jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos estos derechos y libertades.

Actualmente se encuentra estancada en la Cámara Legislativa la Ley de protección para defensores, defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, argumentado falta de presupuesto.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3370:-una-estela-de-injusticia-social-e-impunidad-cubre-el-valle-de-el-aguan&catid=71:def&Itemid=166

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Doce personas golpeadas en desalojo de la mina “El Venado”

Escrito por Redacción | Diciembre 15 del 2014

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180 trabajadores mineros se tomaron durante 15 días calle de acceso a la mina exigiendo a empresa BDR el pago de 5 meses de salarios atrasados.
El yacimiento, al estar en la zona fronteriza con el departamento de Colón ha afectado las fuentes de aguan de varias comunidades del municipio de Bonito Oriental.
Tocoa, Colón (Conexihon).- Más de 180 empleados de la empresa minera BDR que explota la mina “El Venado”, ubicada en el municipio de Gualaco, departamento de Olancho, se tomaron la calle de acceso durante más de 15 días, para reclamar el pago de cinco meces de salarios atrasados.
Según lo expresado por los trabajadores desde el mes de octubre la empresa empezó a retirar la maquinaria con la que hacia la explotación, sin dar explicación alguna a los trabajadores. Ante este escenario los trabajadores decidieron iniciar acciones para exigir el pago de su salario por lo que desde finales de noviembre se tomaron la carretera de acceso a la mina impidiendo que terminaran de sacar la maquinaria que aún quedaba.
De acuerdo con los trabajadores o que probablemente está sucediendo con la empresa, por un lado se dice que el precio del óxido de hierro bajo entre 30 y 50 dólares por tonelada y que esto generó la crisis económica de BDR y la otra es que este es un invento de BDR para justificar la venta de la mina a otra empresa dedicada a este rubro, dejando a decenas de trabajadores sin el pago de sus salarios y prestaciones.
El viernes 5 de diciembre se cumplían 15 días de que los trabajadores con el apoyo solidario de vecinos de las comunidades que ambientalmente han sido afectadas por este proyecto, entre ellas Las Flores 1 y 2, Buenos Aires, Vía Oriental, Las Palmas, El Achiote, La Esperanza, La Polla y El Antigual todas pertenecen al municipio de Bonito Oriental, departamento de Colón.
Contingente militar-policial desaloja mineros
La toma, que contó con el apoyo de los pobladores del sector, se sostuvo durante 15 días a inmediaciones de la calle de acceso a la mina a la altura de la colonia Vía Oriental hasta que, de manera sorpresiva, llegó un fuerte contingente policial y militar al mando de el subcomisionado López Orellana, jefe de la Misión Policial Xatruch y el teniente coronel Claus Corte Padilla sub jefe de La fuerza de tarea conjunta Xatruch.
De inmediato, los uniformados sin mostrar la orden de desalojo informaron a los trabajadores que desalojaran la calle ya que la empresa había presentado una demanda en contra de ellos por hurto y retención de la maquinaria que estaba en el interior de la mina.
Por su parte, los empleados de la mina explicaron a las autoridades que no permitirían que saliera esa maquinaria salga de la zona como medida de presión hasta que la empresa les pague los salarios y derechos laborales atrasados.
A eso de las 6:30 de la mañana, a pesar de que la toma de la calle se realizaba en medio de la comunidad de Vía Oriental, la Policía y el Ejército procedió a ejecutar el desalojo lanzando bombas lacrimógenas.
Los trabajadores trataron de impedir el desalojo lanzando piedras contra los uniformados, doce trabajadores de la mina fueron detenidos y varios de ellos resultaron toleteados y con golpes por la culata de los fusiles.
Entre los afectados se encontraba un menor de edad y varios policías y soldados resultaron con heridas menos graves producidas por las piedras que lanzaron los labriegos.
Sumado a las demandas de los trabajadores los salarios atrasados y respeto a los derechos laborales, los trabajadores pedían que la maquinaria regresara a la mina hasta que les pagaran lo adeudado.
A eso de las 11:00 de la mañana llegó al lugar el delegado departamental del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Juan Fraño, junto a dos periodistas y dos representantes de la  Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).
Fue a eso de la 2:00 de la tarde que las partes llegaron a un acuerdo. En ese sentido, el subcomisionado López Orellana y el teniente coronel Claus Corte Padilla con el visto bueno vía teléfono del Fiscal de turno se comprometieron a tener bajo su custodia las cinco retroexcavadoras gigantes que sacaron de la mina  y entregarlas hasta que la empresa BDR haya resuelto las demandas de los trabajadores.
A cambio de que suspendieran la toma de la carretera, comprometiéndose las partes a trasladarse a la municipalidad de Bonito Oriental firmar por escrito dicho acuerdo.

Jesús Serrano, 

Vecino de la comunidad de vía oriental
“Varios niños y adultos fueron asfixiados, tengo un nieto de 3 meses de edad que esta grave por el gas de las bombas lacrimógenas que tiro la policía, a otro muchacho llamado Nehemías un soldado le hiso tres disparos en los pies y hay un niño de 13 años que está detenido y lo golpearon salvajemente con las botas y con las culatas de los fusiles y así golpeado se lo llevaron hay 12 personas detenidas y golpeadas”, lamentó.
“Nosotros estamos reclamando algo justo, el salario de los trabajadores y lo que nos mandan estos barbaros son soldados y policías a que nos den una paliza como si nosotros fuéramos delincuentes”.
“En las pulperías ya no nos quieren dar fiado porque ya son tres y hasta cinco meses de salario los que nos deben no es justo le pedimos al gobierno que dirige Juan Orlando Hernández que haga algo por nosotros ya no hayamos que hacer no tenemos nada que llevarle a nuestros hijos para que coman”.
José Saúl Vásquez, 
Vecino de la comunidad de Buenos Aires
Padre de menor de edad detenido y golpeado 
“Nosotros estábamos pacíficamente cuando llegó la Policía y el Ejército empezaron a lanzar bombas lacrimógenas mi hijo se llama José Nahúm Vásquez, tiene 15 años de edad. Él quedo en medio del humo noqueado por el gas y estando en el suelo los soldados y policías lo golpearon con las patas, toletes y con las culatas de los fusiles”.
“Solo estamos pidiendo que le paguen el salario a los trabajadores, si le pagan lo que les deben a los trabajadores nosotros nos quitamos de la calle, porque no es justo que esta empresa después de que nos ofreció trabajo y bienestar se valla de las comunidades sin pagarle ni siquiera el salario a los trabajadores”.
Mirian Amparo Rivera, 
Vecina de la comunidad de Vía Oriental
“Desde mi casa observé varios niños llorando, otros se desmayaron, nosotros esperamos que Dios le dará su merecido  a los Policías y Soldados que hicieron esto, mi esposo trabajaba en la mina y el tubo un accidente cuando se trasladaba de la mina para la casa en el accidente el perdió un brazo y esta empresa no les dio nada ni medicina, ni comida, ni siquiera el salario le daban”.
“Nos prometieron que pagarían a los maestros de nuestros hijos y tampoco lo han cumplido, ahora le están negando el salario a los trabajadores, nuestros hijos están enfermos no hayamos que hacer y ahora resulta que mi esposo está preso por pedir que le paguen lo que con el sudor de su frente se ha ganado esto no es justo le pedimos al señor Enrique Ayala gerente de la empresa BDR que por favor regrese a nuestra comunidad y que le pague a la gente lo que les debe, eso es lo que esperamos”.
Teniente Coronel Claus Corte Padilla, 
Subjefe de la fuerza de tarea Conjunta Xatruch 
“Estamos cumpliendo una orden judicial, ante la demanda que tienen los pobladores de la comunidad de la esperanza de que la empresa no les pague, entonces se tomó la mejor decisión colegiada entre todas las partes y consiste en que la maquinaria quede en calidad de depósito en el destacamento militar en bonito oriental hasta que la empresa BDR solucione el conflicto con los trabajadores se va a firmar por escrito la solución”.
Subcomisionado López Orellana, 
Jefe de la Misión Policial Xatruch
“Llegamos a un acuerdo salomónico, pensando en la justicia y la equidad acordamos que la maquinaria estará en el destacamento militar en bonito oriental hasta que las partes se pongan de acuerdo, el señor fiscal del Ministerio Público autorizó que se firme un acta en la que la maquinaria quedara baja la guardia y custodia del ejército en Bonito Oriental y estamos satisfechos con el acuerdo al que hemos llegado recuerde que todos somos hondureños, nadie quiere hacerle daño a nadie y tenemos que hacer todos un esfuerzo para que estas situaciones se puedan resolver de la mejor manera”.

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COFADEH repudia asesinato cometido contra miembro de MUCA

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COMUNICADO

El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, COFADEH, repudia el asesinato cometido anoche contra el señor Juan Ángel López Miralda en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón.

En efecto, como ha sido referido por organizaciones de la zona, Juan Ángel había ofrecido testimonio sobre amenazas, persecución y atentados ante este Comité en fecha 20 de noviembre de 2013.

En aquella ocasión la víctima testificó pertenecer al Movimiento Unificado Campesino de la margen izquierda del Río Aguán, donde era presidente de la cooperativa Cristo Rey, del asentamiento campesino Marañones.

Entre otros hechos testificó que el 16 de abril de 2013 sobrevivió a un atentado perpetrado por hombres armados con sus rostros encapuchados.

Un ataque similar se repitió el 16 de octubre de 2013, siete días después que el coronel German Alfaro, de la Fuerza Xatruch, y agentes policiales de Yanga Nueva al mando del oficial Antúnez, visitaron la casa de su padre el 9 de octubre con actitud desafiante e inquisidora.

En ese contexto de hostilidades López Miralda decidió abandonar el país después de las elecciones de noviembre de 2013, reingresando por razones familiares en julio de 2014, sin notificar dicha decisión.

Hoy con vehemencia repudiamos su asesinato y exigimos a las autoridades gubernamentales una investigación seria del hecho y que dé a conocer con prontitud los resultados.

De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón
COFADEH

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3317:cofadeh-repudia-asesinato-cometido-contra-miembro-de-muca&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Dictan medidas sustitutivas a dirigente del observatorio de DDHH del Aguán

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La criminalización contra los y las defensoras de Derechos Humanos en el Bajo Aguán continúa en aumento, después de que se le ha dictado medidas sustitutivas a la prisión a Irma Lemus, sub coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, OPDHA.

El pasado 10 de noviembre, la defensora Lemus, asistió a la audiencia de presentación voluntaria en el Juzgado de Letras de Trujillo, departamento de Colón, tras una orden de captura en la que se le acusa, junto a otros campesinos por usurpación de tierras, hurto de ganado, daños y perjuicios contra el fondo ganadero y extorción, todo a forma de criminalización e intimidación para que no continúe con la defensa de la tierra, denunció la afectada.

Y esto en el marco de un conflicto con el Instituto Nacional Agrario, INA, ante el injustificado retraso, desde 2007, en la adjudicación de unas tierras que el Fondo Ganadero mantiene incultas en Ocotes Altos, por lo que unas 60 familias, de las 300 mil que no tienen acceso a tierra en Honduras, decidieron cultivarlas.

A las diez de la mañana del día lunes, Irma con su representante legal, Omar Menjivar, fue  al Juzgado de Trujillo, y horas después, se le notificó que debe ir a firmar a esa instancia cada quince días y no debe salir del país, mientras se celebra la audiencia inicial el 10 de diciembre, justo el Día de los Derechos Humanos, proclamado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1950, para señalar a la atención de «los pueblos del mundo» la Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común de todos los pueblos y todas las naciones.

Lemus, dirigente y asesora de la Empresa Asociativa Campesina Fuerzas Unidas, ha recibido formación en derechos humanos de parte de varias organizaciones entre ellas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, quien actualmente ejecuta un proyecto “Apoyo y protección a los defensores de derechos humanos, trabajando en conflicto por la tierra y recursos naturales en las zonas rurales de Honduras” con FIAN Internacional- Honduras y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC).

Por todos los hechos de persecución y criminalización que enfrentan los y las defensoras del Bajo Aguán, es que este proyecto respaldado  por la Unión Europea tiene el propósito de proporcionarles mecanismos de apoyo y protección, para realizar su trabajo en medio de un contexto de conflictos de tierras, y por los efectos de las explotaciones mineras en el Valle de Siria, departamento de Francisco Morazán.

Irma lamenta que las autoridades judiciales y militares del departamento de Colón, minimicen la labor de los y las defensoras, ya que en reiteradas ocasiones se ríen de ellos, les niegan información o les dicen que “son los mismos campesinos los defensores”, que ya los conocen o que por no tener personería jurídica “no son nada”, como se los ha manifestado Jovel Martínez jefe de la operación Xatruch III.

Y en esta ocasión, cuando el juez de letras de Trujillo, le preguntó a Irma ¿A qué se dedica? Ella con seguridad le respondió que es defensora de Derechos Humanos, y el replicó ¿y así anda usurpando tierras? Después se rió, denunció Irma, pues esa acción le parece irrespetuosa.

Pese a sentirse ofendida, ella no le contestó porque lo que dijera se podría usar en su contra, sin embargo “ellos deben saber que tenemos derecho a la tierra para sobrevivir, que el Estado nos debe proveer donde cosechar nuestros alimentos, y el hecho que yo sea defensora de derechos humanos, no significa que no puedo tener mi parcela”.

A veces las faltas de respeto por defender los derechos humanos y ser campesinos, se hacen frente a representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, como Juan Frañon, o ante personeros del INA.

Cabe señalar que hay más personas con orden de captura, los acusan falsamente para que se detengan en la defensa de la tierra, hay compañeros procesados, con medidas sustitutivas a la prisión.

Desde el 2008 al 2013 el conflicto agrario ha cobrado más de 125 vidas, y seis personas desaparecidas, por las que los y las campesinas realizan diversas acciones para que se investiguen los hechos que violentan los derechos contra la vida.

Anoche se conoció del asesinato de Juan Ángel López, en la comunidad de Rigores, al momento que salía de una reunión religiosa. Él fue un dirigente campesino que participó en procesos de lucha por la tierra en beneficio de sus compañeros y por constantes amenazas permaneció fuera del país, regresando hace dos meses, según informaron algunos compañeros en la zona.

Estos hechos son condenatorios, pues se criminaliza a los y las defensoras, pero no se condena  a los responsables de los quienes atentan contra la vida, intimidan, destruyen los cultivos botan o incendian casas y desaparecen personas, en medio del clima de impunidad que hay en la zona del Bajo Aguán, al norte de Honduras, custodiada por la fuerza de Tarea Xatruch III y guardias de seguridad privada contratada por terratenientes de la región, denunciaron defensores de derechos humanos.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3318:dictan-medidas-sustitutivas-a-dirigente-del-observatorio-de-ddhh-del-aguan-&catid=54:den&Itemid=171

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Campesinos del Aguán denunciaron secuencia de violaciones ante los tres poderes del Estado

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Tegucigalpa.

Una comisión de la empresa asociativa campesina “Gregorio Chávez”, del Bajo Aguán,   vino a  Tegucigalpa a entregar un documentos donde recopilan los hechos sucedidos en la comunidad Panamá, en la que habitan 450 familias que luchan por la recuperación de tierras en la zona.

“Hemos dejando constancia de estos hechos, en el Congreso Nacional; en el Instituto Nacional Agrario, INA;  en Casa Presidencial; en el Ministerio Público; en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos; en la Secretaria de Justicia, Gobernación, Descentralización y Derechos Humanos; y Ministerio de Seguridad”.

Los campesinos y defensores de derechos humanos plasman en el historial los ataques que han tenido sucesivamente desde el año 2009 cuando empezó a perderse el ganado, cerdos caballos y gallinas. Ellos manifestaron que sospechan siempre de empleados de la corporación DINANT.

En agosto2011 habíamos encontrado una tumba clandestina, la del compañero Ramón Lobo, que había desparecido unos días antes, denunció uno de los campesinos.

Ese mismo año, los guardias de seguridad en varias ocasiones abusaron sexualmente de la compañera Juliana Velásquez, quien padece de epilepsia y a veces pierde el conocimiento, y aun así, los tipos se la llevaban de la calle.

Y en 2012 desparece el compañero Gregorio “Goyo” Chávez, y la comunidad tuvo acceso a la finca Paso Aguán, custodiada por guardias de seguridad de la corporación DINANT, propiedad de Miguel Facussé, y encontramos tumbas clandestinas, incluso la de Gregorio, y después fosas con restos de huesos de vacas, que habían sido destazadas, aseguran los campesinos.

También desapareció el compañero Francisco Pascual, cuyo paradero aun es desconocido.

En 2012 también encontramos el cuerpo del compañero Antonio López Lara, que había desaparecido un año atrás. En este caso, un guardia de seguridad que había trabajado en la empresa DINANT, llamó a un compañero campesino, que le diría donde estaba enterrado un señor que andaba pescando, a cambio de diez mil lempiras.

Entonces como empresa campesina pagamos el monto para dar con el cuerpo del compañero y para tranquilidad de su familia, y el guardia nos dio  la información, después se llevó a cabo la exhumación y demás trámites judiciales, y se comprobó que era Antonio, aunque por sus rasgos, ropa e indumentaria de trabajo, estábamos seguros que se trataba de su cuerpo.

Todos estos hechos nos obligaron a tomar la decisión que en junio de 2012, hasta mayo del 2013, nos mantuviéramos en posesión de la tierra del Paso Aguán, porque solo así pararíamos que el lugar continuara siendo un cementerio clandestino o escenario de abusos contra nuestros compañeros y compañeras, además iniciamos los trámites para constituirnos como empresa asociativa campesina “Gregorio Chávez”,  quien era un hombre íntegro, reconocido por su intachable labor social y nos dejó un gran vacío en la comunidad, afirmó la comisión.

En reiteradas ocasiones denunciamos todo lo que sucede en nuestra comunidad, donde no tenemos libertad, es prohibido entrar en ciertas zonas que están a nombre de los terratenientes, y por eso los guardias atacan.

Pero la situación se ha hecho más complicada porque son armas del gobierno con las que nos apuntan los militares, miembros de la tropa de tarea conjunta Xatuch III, hay unos 60 elementos custodiando la finca Paso Aguán, bajo la dirección del coronel Jovel Martínez, y hace unos días, y antes del ahora jefe de la Fuerza de Interinstitucional de Seguridad Nacional, FUSINA, Germán Alfaro.

“Es preocupante que los militares dan seguridad a los guardias privados y a la propiedad que es de Miguel Facussé, donde cultiva unas 1000 hectáreas de palma africana, y  luego en la empresa DINANT la procesan en aceite, jabón, manteca y alimento concentrado para cerdos” dijo uno de los denunciantes.

Y en 2014 hemos enfrentado desalojos violentos donde fueron tiroteados los compañeros, incluso arrestado mujeres y menores de edad, lamentaron.

Los campesinos del bajo Aguán sienten que los militares han establecido una guerra contra ellos, porque cualquier cosas que hagan, inciden para que se libren ordenes de captura contra ellos, han sacado a compañeros de sus propias casa y los tienen firmando cada lunes.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3278:campesinos-del-aguan-denunciaron-secuencia-de-violaciones-ante-los-tres-poderes-del-estado&catid=54:den&Itemid=171

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CIDH preocupada por amenazas contra campesinos del Aguán, Honduras

La Comisión Interamericana se ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre la situación en el Bajo Aguán, incluyendo en la sección sobre Honduras del Capítulo IV de sus Informes Anuales 2012 y 2013. La CIDH observa que la situación continúa siendo altamente preocupante.

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa preocupación por una serie de desalojos violentos que habrían ocurrido en la zona del Bajo Aguán en el contexto del conflicto agrario que existe en la región, así como por las amenazas y detenciones que habrían sido perpetradas en contra de varios líderes y lideresas campesinos beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión el 8 de mayo de 2014, presuntos hechos que habrían ocurrido desde el mes de mayo hasta la fecha.

La Comisión insta al Estado a investigar estos hechos de violencia y a procesar y sancionar a los responsables. Adicionalmente, la CIDH urge al Estado a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos en el país.

Según información de público conocimiento, el 21 de mayo de 2014, miembros de la policía y del ejército, así como guardias de seguridad privada habrían participado en el desalojo violento de las fincas La Trinidad y El Despertar, en el municipio de Trujillo, Colón.

Según la información disponible, 300 familias afiliadas al Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) habrían sido desalojadas.

Presuntamente las fuerzas de seguridad habrían utilizado bombas lacrimógenas y spray pimienta y habrían realizado disparos al aire para amedrentar y desplazar a las familias que habitaban las fincas desde el mes de julio de 2012.

De esta operación presuntamente habrían resultado heridos alrededor de 50 campesinos y 8 miembros de las fuerzas de seguridad.

Adicionalmente, 15 personas habrían sido detenidas y presuntamente golpeadas, entre los detenidos se encontrarían Walter Cárcamo, Jaime Cabrera y Antonio Rodríguez, beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión semanas antes del suceso.

Presuntamente Jaime Cabrera habría sido amenazado de muerte por miembros del ejército y de la policía, quienes supuestamente le habrían colocado un fusil en la oreja izquierda.

Adicionalmente, de conformidad con información recibida por la CIDH, el 3 de julio la Policía Nacional Preventiva, los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III y el 15 batallón de Fuerzas Especiales habrían llevado a cabo el desalojo de 350 familias del Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez (MCRCG) que se encontraban en la finca Paso Aguán desde el mes de mayo del presente año.

Las familias presuntamente fueron desalojadas de forma violenta mediante el uso de gases lacrimógenos.

Adicionalmente, varios de los campesinos habrían resultado heridos y siete habrían resultado detenidos, entre los que se encontrarían dos de los líderes campesinos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Según información recibida por la Comisión, el 30 y 31 de julio los defensores de derechos humanos Martha Arnold, Irma Lemus y Rigoberto Durán, integrantes del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán, habrían sido perseguidos por dos vehículos color blanco.

Adicionalmente, el 19 de agosto el líder campesino Santos Torres, perteneciente al Movimiento Campesino Gregorio Chávez y beneficiario de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, habría sido amenazado por militares y guardias de seguridad en su domicilio, quienes presuntamente lo habrían apuntado a él y su esposa con armas de fuego.

Presuntamente este mismo grupo de militares y guardias de seguridad se habría presentado en el domicilio de Glenda Chávez, integrante del Observatorio Permanente de Derechos Humanos de Aguán y lideresa de este movimiento campesino.

En la zona del Bajo Aguán, existe un conflicto de tierras de larga data entre campesinos y empresarios.

Según una red de organizaciones nacionales e internacionales que dan seguimiento a esta situación, 112 campesinos y campesinas habrían sido asesinados en los últimos cuatro años en el contexto del conflicto agrario que aqueja a la región.

La Comisión Interamericana se ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre la situación en el Bajo Aguán, incluyendo en la sección sobre Honduras del Capítulo IV de sus Informes Anuales 2012 y 2013. La CIDH observa que la situación continúa siendo altamente preocupante.

En este contexto, el 8 de mayo de 2014, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 123 miembros de las organizaciones “Movimiento Campesino Recuperación del Aguán” (MOCRA), “Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez” (MCRGC), Movimiento Unificado Campesino del Aguán” (MUCA) y “Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), solicitando al gobierno de Honduras adoptar las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad.

La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables.

Como ha señalado la Comisión anteriormente, los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan.

La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/cidh-preocupada-por-amenazas-contra-campesinos-del-agu%C3%A1n-honduras

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Honduras: Campesinos denuncian criminalización y persecución en contra del sector campesino en el Aguán por los aparatos de seguridad del Estado // Grupo campesino Nueva Esperanza fue desalojado de La Consentida y organismos de derechos humanos no son reconocidos por las autoridades

miércoles, 27 de agosto de 2014

Comunicado
Continúa la criminalización y persecución en contra del sector campesino en el Aguán por los aparatos de seguridad del Estado
Ante los últimos hechos  ocurridos en la región del Aguàn las organizaciones que integramos la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguàn comunicamos al pueblo hondureño, a las organizaciones nacionales e internacionales defensores de derechos humanos, al movimiento social y a los medios de comunión  nacional e internacional lo siguiente:
1.      Condenamos la campaña de criminalización en contra de las familias campesinas de la Empresa Asociativa Campesina de Producción “Fuerzas Unidas”, de la  comunidad de Ocotes Altos, ubicada en el municipio de Trujillo, que está en lucha por recuperar la tierra que por años el Fondo Ganadero ha  tenido abandonada.

 2.      Condenamos las amenazas directas en contra de líderes y lideresas  campesinas como Santos Torres y Glenda Chávez ambos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH,  fueron amenazados y atemorizados en su casa de habitación el 19 de agosto  por ocho (8) militares y tres (3) guardias de seguridad de corporación Dinant  que se conducían en un vehículo Toyota gris doble cabina, evidenciando una vez más la clara confabulación del Ministerio Publico y Seguridad con el terrateniente Miguel Facusse.

3.      Denunciamos el interés del Director del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara en pretender desestabilizar el movimiento campesino de la región del Aguàn, ya que hace un mes realizo una gira en el Aguàn donde se reunión con las diferentes organizaciones y en su participación exigió a los movimientos no acompañar en solidaridad a otros movimientos campesinos. Asimismo por estar recibiendo  expedientes sobre tierras que por años han sido ocupadas por la Empresa Asociativa Campesina La Bolsa ubicada en Rigores y entregadas a la empresa la Marañones.
4.      Condenamos la estrategia mal intencionada del  jefe de la Fuerza Interinstitucional Nacional (FUSINA), coronel German Alfaro Escalante al pretender vincular en un supuesto atentado a una patrulla a los compañeros campesinos Juan Ramón Salinas (56), Elver Joel Salinas, Alejandro López (50) y José Argueta entre los que se encuentran dos personas de la tercera edad, quienes golpeados y detenidos luego de que el ejército y la policía desarrollaran un violento desalojo en la Finca Paso Aguán el pasado 15 de agosto del presente año. Creemos que las acusaciones que hace el coronel Alfaro Escalante es una manera  para  justificar los desalojos en contra de las familias campesinas y provocar una masacre en el sector.
5.      Condenamos la campaña de desinformación y  desprestigio en  distintos medios de comunicaron en contra el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), que ha surgido  por exigir una  readecuación de la deuda, como consecuencia de no haber elaborado de manera conjunta (la Secretaria de  Finanzas , INA y MUCA ), el Plan de negocio y la estructura financiera como lo emana el Decreto 04-2011, en su momento la dirigencia del MUCA exigió su participación en esta estructura financiera, pero fueron llamados radicales e intransigentes.
6.      Denunciamos al Instituto de la Propiedad en Trujillo (IP),  al negar el acceso a la información sobre el estatus actual de nuestras propiedades de la cooperativa Trinidad y El Despertar del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA),  ya que alrededor de cinco meses solicitamos  el libre gravamen, pero hasta la fecha no nos han dado una respuesta.
Exigimos el cese a la persecución y criminalización de los y las campesinas
Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán

 

Dado en la Ciudad de Tocoa, Colón a los 26 días del mes de Agosto 2014
Movimiento Unificado Campesino del Aguán
www.movimientomuca.blogspot.com
Facebook: Movimiento unificado Aguán
Skipe: movimiento.unificado

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Miércoles 27 de Agosto  2014 – 12:53
Grupo campesino Nueva Esperanza fue desalojado de La Consentida y organismos de derechos humanos no son reconocidos por las autoridades
  El grupo campesino Nueva Esperanza que ocupa un lote de la finca La Consentida, propiedad de COFRUCO, fue desalojado alrededor de las 8:00 a.m. de este día por la fuerza de tarea conjunta Operación Xatruch, al mando del Coronel Jovel Martínez y el comisionado de la Policía Mauro Flores.
            Fueron destruidas con tractores las 30 manzanas de maíz que lo campesinos estaban cultivando, sin que importaran las súplicas que estos hicieron a los oficiales que conducen estos organismos represivos para que les permitieran ocupar las tierras dos meses más para sacar la cosecha.
            Organismos de derechos humanos hicieron presencia en el lugar para evitar que se produjeran actos violentos de parte de la policía y el ejército contra los campesinos y mediar para que no se destruyeran los cultivos.
            El coronel Martínez se negó a dialogar con los campesinos y representantes de las organizaciones de derechos humanos con excepción del representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Juan Frañó.
            De acuerdo a su criterio, pese a las reiteradas publicaciones que explican lo que significa un defensor de derechos humanos, el coronel Martínez no acepta al Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA) como defensor legítimo argumentando que no tienen personalidad jurídica.
            Un defensor de derechos humanos es una persona que trabaja, de manera pacífica, en favor de todos los derechos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo puede hacer informando al público sobre violaciones de derechos humanos o promoviendo campañas para la promoción y protección de estos derechos. Defensores de derechos humanos pueden ser abogados que defienden la causa de los presos políticos y su derecho a un juicio justo, madres de desaparecidos que marchan para exigir la verdad sobre la suerte de sus hijos, periodistas, profesores, sindicalistas que luchan por el respeto de sus derechos económicos, comunidades campesinas e indígenas que se organizan para defender el reconocimiento de sus derechos, organizaciones que luchan contra la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos.
            Honduras, Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), no cumple con lo que en este pactos se establece; se despreocupa de sus obligaciones con los seres humanos que sufren las peores condiciones económicas y sociales; y limita sus respuestas a las acciones reivindicativas de la población pobre con acciones represivas con las que obviamente no se resuelven los problemas esenciales de la población.
            Esa población que busca acceso a la tierra para vivir está en total abandono. El Instituto Nacional Agrario dejó de ser lo que le dio vida para convertirse en una simple ventanilla de titulación de tierras y una instancia dedicada a condenar a los pobladores rurales cuyo pecado es buscar cómo sobrevivir.
            Tegucigalpa MDC, 27 de agosto de 2014

FIAN Internacional

Sección Honduras

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/08/honduras-campesinos-denuncian.html

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Honduras: Alerta, Alerta desalojo a familias campesinas en el Aguàn deja cuatro detenidos

viernes, 15 de agosto de 2014

Viernes 15 de Agosto 2014: Luego de que esta mañana unas 450 las familias campesinas de los diferentes organizaciones recuperaran  la Finca Paso Aguán  de una manera pacífica y en un  entorno de intimidación por la presencia de al menos 240 elementos de  la  Policía Nacional  y miembros de la operación Xatruch III, quienes por la fuerza desalojaron   a las familias que hacían uso de su legítimo derecho al acceso a la tierra.

Se desalojó por la fuerza utilizando   gases lacrimógenos, toletes y bala viva como medida terror, miedo  y cuatro personas detenidas entre ellas dos de la tercera edad  Juan Ramón Salinas, Elver Joel Salinas, Alejandro López y José Argueta quienes fueron trasladados a la posta policial de Trujillo, con este tipo de desalojo solo se refleja la negación histórica del derecho al acceso a la tierra del sector campesino.


Cabe mencionar que el pasado 05 de junio las mismas familias fueron reprimidas por el ejército y la policía quienes hirieron a los campesinos  David Ponce Cruz y José Sánchez quienes presentaban heridas de gravedad.
 
El 1 julio del 2014 el director del Instituto Nacional Agrario Ramón Lara, el coronel Jovel Martínez jefe de la operación Xatruch III y el representante de corporación Dinant se reunieron en la Ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida con nueve    dirigentes del Movimiento Campesino Gregorio Chávez, donde Pineda expreso que la comunidad de Panamá debía ser reubicada en el sector de la Mosquitia,   esta reunión sirvió para que en los próximos días se extendieran ordenes de captura en contra de los dirigentes que habían participado según manifestó el coronel Martínez.

Jaime Cabrera coordinador de la Plataforma Agraria manifestó “que la comunidad de Panamá tiene 45 años de existencia y que no aceptaran el desplazamiento de su comunidad y que tampoco abandonaran la lucha por la tierra que fue asignada para procesos de reforma agraria a sus padres en los años 1970”.
No somos pájaros para vivir en el aire, No somos peces para vivir en el agua, Somos hombre y mujeres que vivimos en la tierra 
Movimiento Unificado Campesino del Aguán
www.movimientomuca.blogspot.com
Facebook: Movimiento unificado Aguán

Skipe: movimiento.unificado    

                       

 
 

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/08/honduras-alerta-alerta-desalojo.html

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Organizaciones campesinas articuladas en la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguàn recuperan su legítimo derecho al acceso a la tierra

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Esta mañana unas 450 familias de los diferentes movimientos campesinos articulados en la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán recuperaron  nuevamente una gran parte de la Finca Paso Aguàn ubicada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón.

Jaime Cabrera coordinador de la Plataforma Agraria Regional manifestó que “la acción fue realizada a las 9:00 de la mañana, las familias campesinas nos  entramos  en posesión de las tierras pero cercados por al menos 250 elementos de seguridad entre  policía nacional y miembros de la operación Xatruch  bajo el mando del coronel René Jovel Martínez y el coronel German Alfaro Escalante”.

“Pese al trabajo realizado por la inteligencia militar a lo interno de las organizaciones pretendiendo dividir las  mismas, es evidente la unidad del sector campesino en la región y de  la solidaridad con la que contamos en este nuevo esfuerzo de recuperar nuestro legítimo derecho al acceso a la tierra” puntualizo Cabrera.

La finca Paso Aguàn ha sido utilizada como cementerio clandestino por la guardia de seguridad de corporación Dinant, donde en los últimos años han sido asesinados y enterrador dos campesinos, tal es el caso de Gregorio Chávez secuestrado el 2 y encontrado enterrado el 7 de julio 2012 y José Antonio López Lara vecino de la comunidad de Rigores quien despareció el 29 de abril 2012 y exhumado el 25 de del 2013, por integrantes de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y Médicos Forenses del país.

Recientemente la oficina del Asesor en Cumplimiento y Ombudsman (CAO) de la Corporación Financiera Internacional (CFI) publicó el lunes  anterior una nueva  investigación sobre el cumplimiento del desempeño ambiental y social de la CFI con respecto a las inversiones en Banco Ficohsa, Este  informe se centra en las inversiones de capital realizadas por la CFI en Banco Ficohsa en el 2011.

La investigación se inició por la CAO al enterarse de que Banco Ficohsa tiene una exposición significativa a Corporación Dinant, un cliente agroindustrial de la CFI en Honduras, que ha sido señalado a nivel nacional e internacional  por participar en una serie de violaciones a los derechos humanos de los y las campesinas en el Bajo Aguàn.

Pese a que la IFC del Banco Mundial estaba enterada del litigio de tierras entre las familias campesinas y Dinant y de los daños ambientales y sociales en relación a la inversión con Ficohsa este facilito un préstamo de 70 millones de dólares.

Las familias campesinas exigen que se les respete el derecho a la posesión de sus tierras, así como también que cese la represión, persecución, criminalización y asesinato en contra de campesinos y campesinas que luchan por la tierra.

Hacemos un llamado enérgico a las organizaciones nacionales e internacionales defensores de derechos humanos a estar vigilantes de cualquier hecho violento que pueda ocurrir en contra de las familias campesinas que se encuentran en posesión de la finca Paso Aguàn.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3260:organizaciones-campesinas-articuladas-en-la-plataforma-agraria-regional-del-valle-del-aguan-recuperan-su-legitimo-derecho-al-acceso-a-la-tierra&catid=58:amb&Itemid=181

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Un campesino estuvo a punto de morir en brutal desalojo ejecutado en El Aguán

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Bertha Oliva, coordinadora del Cofadeh, en compañía de un equipo de este comité, visitó la casa donde está alojado el campesino José Isaías Sánchez

Tegucigalpa.

El más reciente desalojo ejecutado por militares de la Fuerza de Tarea Xatruch III y la Policía Nacional,  el 3 de julio en la finca Paso Aguán de Trujillo, Colón, dejó a 2 campesinos heridos de bala con daños irreversibles en su salud que los imposibilitarán para trabajar como jornaleros y brindar sustento para sus familias.Los heridos confirman las denuncias de que efectivos militares y policiales utilizan una fuerza desproporcionada para ejecutar los desalojos, al utilizar sus armas de fuego con bala vida que resulta letal y de graves consecuencias para la integridad física de los campesinos y campesinas.

Las acciones violentas del 3 de Julio en la Finca Paso Aguán que colinda con la comunidad Panamá, dejaron heridos de bala a los campesinos David Ponce y José Isaías Sánchez (36) además de 7 personas heridas con arma contusa en diferentes partes del cuerpo y una docena de detenidos, entre ellos a mujeres y menores de edad.

Hace algunos días periodistas de defensoresenlinea.com acompañaron a una delegación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) encabezada por su Coordinadora Bertha Oliva, quien visitó la casa donde está alojado el campesino José Isaías Sánchez, en la comunidad Guadalupe Carney.

Sánchez recibió una herida de bala de fusil 223 de uso militar que entró por un costado y salió por el otro, dañando el hígado de la víctima, a la que los médicos le extrajeron parte del órgano.

Postrado en una hamaca y con dificultades para hablar, Sánchez narró “que cuando me balearon frente al campo de fútbol, no recuerdo, ellos fueron (los militares) estaban al frente de nosotros, solo ellos estaban al frente cuando yo sentí el impacto, me fui para atrás y fui a caer más adelante, perdí el conocimiento y de ahí no me acuerdo”.

Una vez que recobró el conocimiento Sánchez ya se encontraba en el Hospital San Isidro de Tocoa, donde los médicos le extrajeron parte del hígado y le comentaron que estuvo a punto de morir.

“Estuviste así de perder la vida, por milagro de Dios estás vivo”, le dijo el médico que lo intervino quirúrgicamente en el hospital, narró el campesino al tiempo que comentó que luego de la operación no podía ni hablar y que permaneció interno durante 18 días.

José Isaías Sánchez recibió una herida de bala de fusil 223 de uso militar

José Isaías Sánchez no sabe leer ni escribir y durante toda su vida a lo único que se ha dedicado es a trabajar en las fincas de palma africana. El trágico hecho lo mantiene postrado con dificultades para ponerse en pie y mucho menos con esperanzas para encontrar trabajo para mantener a su esposa e hijos. En la actualidad vive en la humilde casa de su cuñado ubicada en la comunidad Guadalupe Carney de Trujillo, recibiendo los cuidados de su madre y hermana. Los familiares enfrentan dificultades económicas para poder suplir los medicamentos que José Isaías necesita para su recuperación así como para la compra de alimentos estipulados bajo una dieta especial.

Entre tanto, el campesino David Ponce, recibió un impacto de proyectil a la altura de la clavícula izquierda sin orificio de salida, el proyectil lo tiene incrustada en la parte alta de su espalda. Las radiografías revelan el lugar donde se encuentra el proyectil y se necesita de una cirugía para extraerlo.

Ponce reside en la comunidad Panamá y espera recuperarse satisfactoriamente para volver al trabajo. Hace unas semanas, él y su padre estuvieron en las oficinas del COFADEH en Tegucigalpa para brindar su testimonio de los hechos.

El COFADEH trasladó la denuncia a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para que éste y otros casos documentados, en los que se reflejan numerosas víctimas de vejaciones y acciones violentas perpetradas por militares, policías y guardias de seguridad en el Aguán, encuentren respuestas en la justicia hondureña, asfixiada por una impunidad galopante.

Información procedente del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán reveló que durante el desalojo del 3 de julio ejecutado contra unas 200 familias que se encontraban en la recuperación de las tierras en la Finca Paso Aguán, participaron cerca de 300 elementos entre militares y policías.

Durante el brutal desalojo los efectivos militares y policías dispararon sus armas de fuego, lanzaron bombas lacrimógenas y sometieron con garrotes a varios campesinos.

“Llegaron como a las 6:15 de la mañana, nos fuimos al monte, porque ellos deseaban matarnos a todos, y a los que capturaron están sufriendo las consecuencias”, expresó Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria del Bajo Aguán.

El 3 de julio, centenares de personas se reunieron horas después del desalojo, y se procedió a la toma de carretera que conecta a Tocoa con la margen izquierda, exigiendo justicia ante el derramamiento de sangre, pues más de cien personas han sido asesinadas en esta lucha por la recuperación de la tierra, que inició en el año 2010.

El desalojo ejecutado por acciones de la Operación Xatruch al mando del coronel René Jovel Martínez, la Policía Nacional, permitió que los guardias de seguridad privada de la corporación DINAT, propiedad del terrateniente Miguel Facussé, quedaran custodiando la finca, tras el ataque contra familias del Movimiento Campesino “Gregorio Chávez”, ubicada en la margen izquierda del río Aguán en Trujillo, Colón.

Los afectados aseguran que no se presentó ninguna orden de desalojo, tampoco recuerdan que hubiera presencia del Ministerio Público. Y que además los militares fueron cuatro cuadras más allá de las tierras en recuperación, se metieron hasta la comunidad, donde capturaron a algunos compañeros.

En estas acciones las fuerzas armadas tratan de criminalizar la lucha por el derecho a la tierra; mientras los militares y policías llegan con sus armas de fuego, escudos, cascos y toletes, los campesinos y las campesinas contestan con el conocimiento que tienen sobre sus derechos humanos, y la aplicación en defensa de sus compañeros y compañeras.

Miembros del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, también se hicieron presentes, pues son afectados ante los ataques de parte de la tropa XATRUCH III, por su labor de defensa de derechos humanos.

El COFADEH espera que las autoridades civiles, militares y policiales reconozcan la labor que realizan las defensoras y defensores de derechos humanos que operan en la zona, que colaboren con ellos y les brinden protección.

De hecho el 24 de julio de 2014, el COFADEH, FIAN Internacional-Honduras y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEPRODECH) lanzaron el proyecto de Apoyo y Protección a los defensores de derechos humanos que trabajan en conflicto por la tierra y los bienes de la naturaleza.

Las acciones incluyen mecanismos de protección a más de 80 personas, hombres y mujeres, que asumen riesgos directos en los campos de cultivo y procesamiento de palma africana, donde acompañan a la población rodeada de fuerzas militares, paramilitares, empresarios violentos y narcotraficantes.

Las iniciativas, que abarcan a las defensoras y defensores de los bienes de la naturaleza amenazados por empresas mineras y represadoras de ríos en la cordillera Nombre de Dios y en el Valle de Siria, cuentan con el apoyo de la Unión Europea.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3238:un-campesino-estuvo-a-punto-de-morir-en-brutal-desalojo-ejecutado-en-el-aguan&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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El desarrollo del país no será con armas, sino dejando trabajar a los campesinos

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David Ponce Cruz, campesino de 25 años, tiene tras sus pulmones una bala producto del ataque de parte de elementos de la fuerza de Tarea Xatruch III

Tegucigalpa.

La realidad que viven miles de familias en la lucha por la tierra en el Bajo Aguán, generalmente no se hace pública, se desmiente o se minimiza por parte de operadores de justicia y algunos medios de comunicación; sin embargo, lo que no se puede ocultar es el rostro de las víctimas, jóvenes, mujeres, niños, personas mayores, que sufren por los desalojos violentos, pérdida de clases, cosechas, o marcas en su cuerpo.Tal es el caso de David Ponce Cruz, un campesino de 25 años, quien desde el 3 de julio pasado tiene tras sus pulmones, una bala producto del ataque de parte de elementos de la fuerza de Tarea Xatruch III y elementos de la policía, que atacaron a unas 300 familias en la comunidad Panamá, municipio de Trujillo, Colón, tras una toma en la finca Paso Aguán.

El joven de pocas palabras, además con dificultad para hablar, debido a la perforación en su abdomen, manifestó que desde que le dispararon los militares, ya no ha vuelto a trabajar, pues con tantas complicaciones de salud se le es imposible agarrar un machete para limpiar la finca, además se siento muy mal, y a veces otros compañeros recolectan dinero y se lo dan para que solvente algunas necesidades básicas.

“Yo tengo una familia que mantener, sin embargo, esta situación de dependencia es muy incómoda, pues soy una persona joven que puedo valerme por mi misma, y más bien ayudar en las necesidades y lucha de la comunidad”.

David recuerda que, tras los disparos, los elementos de Xatruch III, aplaudieron y entre ellos “chocaban las manos”, en señal de victoria, gritaban de alegres, yo sólo los quedé viendo, sentí mucha indignación, pero ellos seguían disparando, así que yo caminé para alejarme del lugar, en eso me auxiliaron otros compañeros, para llevarme al hospital.

Pese a ver la gravedad de él y otros campesinos heridos, los militares no los dejaban pasar, hasta que llegó una ambulancia de la Cruz Roja, que transportaba a otros campesinos.

David casi no puedo mover el brazo y le dificulta caminar, sus dedos los siente adormecidos,  le duele el pecho y cuando respira también le duele el costado izquierdo, malestar que se extiende hasta la espalda.

David Ponce Cruz

“Todo esto me hace sentir náuseas y mareos, a veces dolor de cabeza y se me nubla la vista, me cuesta dormir a veces”, declaró el joven, miembro de la empresa campesina “Gregorio Chávez”.

A principios de la década de los 90, en la administración de Rafael Leonardo Callejas, se aprobó en Honduras la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, y con ella se instrumentalizó un plan para expropiar a las empresas campesinas de los derechos que el Estado les asignara a mediados de la década de los 70 sobre miles de hectáreas cultivadas con palma africana en la región conocida como el Bajo Aguán en la costa atlántica de Honduras.

La ley en mención se convirtió en la estrategia política de funcionarios estatales en sociedad con empresarios codiciosos para convertirse en propietarios de 20 mil hectáreas de las mejores tierras del país (alrededor de 28 mil manzanas o 48 mil acres), según información del Movimiento Unificado Campesino del Aguan, MUCA.

Para Cristóbal Ponce, padre de David, la forma en que atacan a los y las campesinas que luchan por el derecho a la tierra, es cruel, tomando en cuenta que quienes deben proteger sus derechos más bien los reprimen, por lo que tampoco se puede confiar en las autoridades encargadas de impartir justicia.

Solo tenemos a las organizaciones de derechos humanos, ellas nos protegen, porque si no es así, ni siquiera tuviéramos donde poner denuncias o que se nos dé acompañamiento, en este caso el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, ha hecho una gran labor por nosotros, para que mi hijo presente denuncias y vaya al doctor, son cosas que no tenemos como agradecer, dijo don Cristóbal, quien es parte también de la empresa campesina “Gregorio Chávez”.

El pueblo ama su país y quiere trabajar en su tierra

Para la coordinadora general del COFADEH, es muy importante monitorear la situación del país en general, pero en este caso la situación del Aguán es preocupante.

Es por eso que se mantiene un constante estado atención porque lo que se vive  en el Aguán es una situación de guerra declarada, aunque no hay declaratoria expresa esa es la realidad.

Además la cercanía y acompañamiento con los y las habitantes de la zona, se facilita porque  tenemos un proyecto financiado por la Unión Europea, con el tema de ddhh sobretodo de defensores, para ver cómo podemos contribuir, no a pacificar la zona, sino a encontrar la responsabilidad de los delitos cometidos en contra de una sociedad totalmente desarmada, y creemos que esa será nuestra contribución, expreso Oliva.

En el Aguán no se necesitan más bombas lacrimógenas, no se necesita más presencia militar de lo que se ha estado militarizada desde hace mucho tiempo, que lo que se necesita es voluntad política para poner en práctica acuerdos que se han llevado con los campesinos para mejorar la situación.

No se  necesita lo que se ha esta do dando en los últimos desalojos, se está colocando expertos asesores hondureños y extranjeros, para llevar a cabo lo que ha dado como resultado más de un centenar de campesinos asesinados en una zona de conflictividad, y han puesto al Aguán en el tapete de la discusión pública nacional e internacional como la zona más conflictiva y por supuesto que lo que se pretende es descalificar la demanda de justicia de los campesinos por dos vías, tierra para trabajar y justicia para sus compañeros asesinados y desaparecidos, denuncio Bertha Oliva.

Hay que decirle a los tomadores de justicia de este país, que es lo que quieren, si es que quieren armarlo para desgarrarlo en sangre, o es que no quieren que los campesinos y mayoría del movimiento social caminen para transformar.

Si lo que quieren es entablar dictaduras no les va ser fácil, porque aquí hay personas que conocen sus deberes sus derechos, aman su país y las dictaduras no son mensajes de desarrollo para una nación que queremos desarrollarla y amarla.

Con estos reportes del Bajo Aguán, vemos con tristeza y preocupación, y sobretodo suplicamos, pedimos, ordenamos a las fuerzas violentas que se han posicionado en el Aguán, que dejen a los campesinos en el Bajo Aguán, que los dejen hacer su trabajo, para tener frutos de esa tierra que sirve para alimentarnos y transformar este país.

Cuya transformación no será con presencia militar nacional y extranjera en una zona, es teniendo un nivel de tolerancia, respetando los DDHH y haciendo que las organizaciones de DDHH realicen su trabajo y los defensores realicen su trabajo y no seguirlos estigmatizando.

Todos ponemos nuestro granito de arena y COFADEH coloca su parte en la defensa de las víctimas y en contra de los que oficializan la violencia. Allí vamos a estar acompañando colocando denuncias, haciendo propuestas, afirmó la coordinadora del COFADEH, Bertha Oliva.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3232:el-desarrollo-del-pais-no-sera-con-armas-sino-dejando-trabajar-a-los-campesinos&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Lanzan proyecto para proteger labor de defensores de DDHH en el Aguán

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Tocoa, Colón.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), FIAN Internacional- Honduras y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) lanzaron en la ciudad de Tocoa, Colón, el proyecto “Apoyo y protección a los defensores de derechos humanos, trabajando en conflicto por la tierra y recursos naturales en las zonas rurales de Honduras”.

Unas 75 personas asistieron al evento que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Recarte de esta ciudad y en el cual participaron representantes de la Fiscalía, Las Fuerzas Armadas (FFAA), organizaciones populares, sindicales, periodistas, comunicadores sociales y defensores y defensoras de derechos humanos que realizan su trabajo en el Bajo Aguán.

El proyecto respaldado  por la Unión Europea tiene el propósito de proporcionar mecanismos de apoyo y protección a defensores y defensoras de derechos humanos quienes afrontan grandes riesgos y restricciones al momento de realizar su trabajo en medio de un contexto de conflictos de tierras en la zona del Aguán, y por los efectos de las explotaciones mineras en el Valle de Siria, departamento de Francisco Morazán.

Durante su intervención ante los medios de comunicación que cubrieron el evento, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva destacó que “el comité no viene a competir con nadie, nosotras venimos con el propósito de ver cómo servimos al fortalecimiento del estado de derecho y cómo contribuimos en la reducción de las violaciones a los derechos humanos, la discriminación y la estigmatización que se producen contra los que defienden la tierra y los que promueven la justicia”.

Oliva resaltó que mientras no se haga una investigación con un alto grado de profesionalismo e independencia, mientras no tengamos la certeza que esos resultados van a hacer canalizados ante las instancias de la aplicación de justicia con la brevedad posible y en el tiempo y forma, la situación de solución del conflicto en el Aguán, va para largo.

“Mientras no haya voluntad política de parte de los operadores de justicia y mientras no actúen con independencia y sigan totalmente polarizados, lógicamente el conflicto en el Aguán va a seguir; pero nuestra intención es apoyar, la intención es contribuir y ayudar a los campesinos y campesinas y a los defensores y defensoras de derechos humanos a hacer procesos de documentación, haciendo las denuncias necesarias ante los medios de comunicación nacionales e internacionales y brindarles acompañamiento y herramientas que fortalezcan su trabajo”, anunció la reconocida defensora de derechos humanos.

En representación de la Fuerza de Tarea Xatruch III,  el Teniente Coronel, Jorge Muñóz, expresó que es muy valiosa la participación de estas organizaciones, especialmente de Bertha Oliva y Gilberto Ríos, que lo único que andan buscando es que se respeten los derechos fundamentales de todos los hondureños.

Pese a que se han registrado violentos desalojos de las fincas de palma africana en el Bajo Aguán en los últimos años y que han sido ejecutados por militares de la Fuerza de Tarea Xatruch y agentes policiales, que han dejado a varios campesinos heridos de bala y decenas de  heridos y con golpes de consideración, el militar aseguró que las Fuerzas Armadas operan enmarcadas en la ley y en el respeto a los derechos humanos.

“Las Fuerzas Armadas conocen claramente quiénes son los que nos apoyan en la defensa de los derechos humanos y nosotros estamos muy agradecidos con la labor que hacen estas personas, entendemos que algunas veces hay conflictos entre las organizaciones, algunas veces los medios y organismos de derechos humanos faltan a la verdad, pero como dijo doña Bertha, la verdad no se debe ocultar, debemos separar los problemas de los campesinos con la delincuencia común y con otros tipos de delitos, como los privados o de otra índole, y eso no hay que confundirlo con lo que son las verdaderas reivindicaciones de los campesinos, porque son cosas separadas, el campesino es uno y el delincuente común es otro, no podemos confundir”, aseguró Muñóz.

La solución en el Aguán pasa por una voluntad política

En torno a la presencia de la observadora de derechos humanos de la organización Derechos en Acción, Any Bird, el oficial militar dijo que “yo estoy aquí que vengan personas a visitarnos, y que puedan ser observadores objetivos, fuera de todo sesgo, que puedan observar  objetivamente el problema del Aguán, porque si no se observa objetivamente desde afuera, nunca vamos a tener las soluciones que ocupamos.

“Las soluciones que ocupamos en el Aguán, no son las tradicionales, no nos han funcionado las soluciones tradicionales, esto no pasa por una solución militar, por una solución policial, por desalojos, por violaciones, por represión, debemos de buscar soluciones pacíficas donde todos los actores, debemos de poner una parte, los derechos humanos, los campesinos, las Fuerzas Armadas, los fiscales, la voluntad política como bien mencionaba doña Bertha Oliva; o sea que esta solución debe salir a partir de un consenso entre todos y de forma pacífica”, explicó Muñóz.

Por su parte la Coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDDHHA), Marta Arnold comentó que la jornada fue muy buena y se ha dado a conocer el trabajo de los defensores y defensoras tanto locales como nacionales que operan en El Aguán.

Bertha Oliva, coordinadora general del Cofadeh

Consultada si este tipo de eventos ayudará a que las autoridades respeten y reconozcan la labor de los defensores y defensoras, Arnold dijo que “a partir de ahora tal vez saben quiénes somos porque anteriormente siempre se nos estaba pidiendo la personería jurídica o un carnet y entonces eso dejaba mucho que desear”.

Arnold criticó el trato que reciben del comandante de la Fuerza de Tarea xatruch III, coronel Jovel Martínez a quien calificó de ser una persona “repugnante que deja mucho que desear como autoridad, será por ignorancia que actúa de esa manera o será porque su criterio es así”.

“Esperamos que esa actitud cambie por el bien de todos, porque sabemos que defender los derechos humanos es algo que toda persona puede hacer y espero que este señor (Jovel Martínez) actúe de otra manera y que ese carácter lo dulcifique”, solicitó Arnold.

La defensora de derechos humanos añadió que dadas las circunstancias de cómo han tratado a algunas compañeras en desalojos que se han producido como Glenda Chávez y de Idalia Perdomo, algunos compañeras del Observatorio han sentido temor por la violencia y la agresividad que se producen y temen por sus vidas al desempeñar esta labor de defensoría, sin embargo “nos sentimos respaldadas cuando sabemos que habrá presencia de FIAN y COFADEH.

Apoyo y protección para los defensores y defensoras

El proyecto “Apoyo y protección a los defensores de derechos humanos, trabajando en conflicto por la tierra y recursos naturales en las zonas rurales de Honduras” contará con un acompañamiento para más de 80 defensores y defensoras que desarrollan el trabajo de protección de  los derechos humanos.

La labor se desarrollará en cuatro comunidades rurales en situación de conflicto, siendo el sector del Aguán una de las áreas focalizadas, tomando en cuenta los altos niveles de violencia, persecución, hostigamientos, criminalización y muertes registradas en los últimos años.

Se ha identificado que en los conflictos agrarios y las disputas sobre concesiones de los recursos naturales, los defensores y defensoras de derechos humanos sufren ataques y amenazas en forma sistemática.

Cabe señalar que frente a esta realidad el Estado de Honduras ha sido inefectivo en la aplicación de justicia  y la protección de los derechos humanos, generando de esta manera una atmósfera de impunidad en la zona.

A la fecha las organizaciones han documentado la muerte violenta de 4 defensores de derechos humanos y más de un centenar de campesinos, entre ellos, un porcentaje menor de  guardias de seguridad que trabajan para los agroindustriales de palma africana en el Bajo Aguán.

Los defensores y defensoras de derechos humanos recibirán formación en defensoría, protección, acceso a la información, incidencia y comunicación.

Es el deseo de las organizaciones facilitadoras del proyecto,  que el Estado genere un clima favorable y condiciones de seguridad para los defensores y defensoras de derechos humanos, así como líderes y lideresas campesinas que luchan por el acceso a la tierra y en contra de los daños ocasionados por la agroindustria y la explotación minera.

Además las organizaciones demandan de las autoridades edilicias, departamentales, militares, policiales y otros operadores de justicia, el reconocimiento al trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3230:lanzan-proyecto-para-proteger-labor-de-defensores-de-ddhh-en-el-aguan&catid=71:def&Itemid=166

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Dos mujeres frente al terrorismo de estado

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EDITORIAL

Dos mujeres frente al terrorismo de estado

Annie Bird, lobista estadounidense y Miriam Miranda, lidereza garífuna hondureña, enfrentaron esta semana ataques de actores violentos en la zona norte de Honduras, en distintas circunstancias.

Primero el martes fue el coronel Alfaro, quien compareció por diversos medios junto al gerente de la empresa Dinant del agroindustrial Miguel Facussé. Es reincidente en sus ataques públicos.

Comparecieron juntos en la televisión de Rosenthal y en las radios de Ferrari para vociferar en mancuerna contra la gringa clandestina que denigra a Honduras en el mundo entero y azuza a los campesinos a tomarse las tierras que los empresarios adquieren con el sudor de su frente.

Después el jueves fue el Ministerio Público que pronto sabía la ubicación del crimen organizado que atacó a Miriam Miranda, en Vallecito, Colón. Está viva, dijeron. Pero sigue en la zona controlada por esos barones.

La propia organización que preside Miriam, la OFRANEH – Organización Fraternal Negra de Honduras – acusó al narcotráfico de promover el despojo territorial en Vallecito y de realizar el secuestro contra su principal símbolo de lucha negra en el litoral, que rechaza pistas clandestinas en la zona.

Y la acusación al narcotráfico  no es suelta, no es para disculpar al Estado ni al gobierno de JOH, porque es de sobra conocido el vínculo directo entre los susodichos sujetos, ya sea disfrazados de empresarios, de operadores de justicia, funcionarios públicos o militares.

En el caso de Annie, mujer bien informada sobre las acciones de los círculos políticos, diplomáticos y militares de Washington, ha sido incisiva en sus investigaciones contra Alfaro en el Aguán como jefe de las operaciones Xatruch y ahora como responsable regional de la Fuerza de Inteligencia Inter institucional que llaman FUSINA.

No queda duda en los escritos de la defensora estadounidense que las fuerzas militares son protagonistas en las violaciones a los derechos humanos de los campesinos y sus organizaciones, y un escudo mercenario de los terratenientes.

Y Annie tampoco ha ocultado en sus denuncias la responsabilidad del Pentágono, la DEA y el Departamento de Estado en esa estrategia de control militar y terror en los campos verdes del Aguán y más acá y allá de sus límites.

Entonces, la presencia en Honduras de Annie Bird, de la organización norteamericana Derechos en Acción, ha sido presentada al público como furtiva y clandestina, para criminalizar sus acciones de defensa de las y los luchadores por la tierra en este país.

Por eso, desde esta columna de opinión expresamos nuestra solidaridad a ella, a su familia y su organización, esperando que un Estado fracasado como el actual no cometa la atrocidad de atentar contra su derecho a locomoción, libertad e integridad física.

A Miriam Miranda, igualmente, le repetimos nuestro respeto por lo que hace junto a las comunidades en defensa de los territorios ancestrales del pueblo negro opuesto al modelo monocultivista, desplazador y criminal.

Hacemos nuestras las palabras del comunicado público de OFRANEH al afirmar que “la impunidad con que actúan los grupos armados en la zona de Colón, demuestra que la estrategia del desarme es imaginaria, ficticia, porque los sicarios que raptaron a Miriam y a 20 compañeros garinagus en Vallecito, estaban armados, tenían el rostro descubierto y el semblante de personas sin ley ni control de nadie”.

Que siga el campamento negro para defender las 980 hectáreas  del territorio de Vallecito tituladas a su favor por el INA en 1997, hoy amenazadas por empresarios de la muerte que son al mismo tiempo capos de bandas organizadas para delinquir.

Y que siga la solidaridad del pueblo hondureño con esta lucha, hasta vencer a los enemigos de la vida y de la paz de la nación, que la despedazan con sus ridículas ciudades modelo en el mes de la soberanía nacional.

Buenas noches

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3225:dos-mujeres-frente-al-terrorismo-de-estado&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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La niñez y los campesinos no están en la agenda de JOH

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Cumplimos  nuestro deber y lo hacemos con gran convicción para mantener la memoria histórica sobre nuestros desaparecidos y desaparecidas de los años ochenta y principios de los noventa, por eso acudimos con alegría a la Plaza de los Desaparecidos en este plantón del mes de julio en demanda de justicia.

Como Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) no podemos extraernos frente a la realidad que se manifiesta en  la crisis humanitaria que sufren miles de niños, niñas y adolescentes, que huyendo de la violencia, de la pobreza y el marginamiento decidieron emprender una ruta hacia lo desconocido, emigrando hacia Estados Unidos.

El mensaje es claro, los millares de emigrantes menores de edad han sido expulsados por un sistema que los ha marginado durante años y que hoy pretende cargar la responsabilidad a terceros. En Honduras no solo se expulsa a los niños y niñas, también se les estigmatiza, se trafica con sus cuerpos y además se les elimina; es la cruda realidad que vive el país.

Esta masiva emigración es un reflejo de ese marginamiento, y es signo de que otras situaciones de índole social se desbordarán y estarán saliendo a flote, en medio de bochornosos casos de corrupción como los practicados en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de la mano del ex funcionario prófugo de la justicia, Mario Zelaya.

Hoy nos pronunciamos también para que cesen los desalojos violentos, la represión, la criminalización y las amenazas en el Bajo Aguán en contra de los grupos campesinos que demandan con toda justicia, un pedazo de tierra para mantener a sus familias y contar con una vida digna.

Lo ocurrido en el desalojo violento de centenares de familias asentadas en la Finca Paso Aguán, colindante con la comunidad Panamá en Trujillo, es también un claro mensaje de ausencia de justicia y de impunidad.

Los reportes dan cuenta que participaron en el desalojo, militares de la Fuerza de Tarea Xatruch III, policías y guardias de seguridad, resultando dos campesinos heridos de bala, dos heridos con arma contusa y siete detenidos, entre ellos un menor de edad.

Pese a las promesas del gobierno continuador del golpe de Estado de Porfirio Lobo Sosa, el conflicto de tierras en el Aguán no llegó a acuerdos definitivos y el actual régimen de Juan Orlando Hernández ni siquiera se ha pronunciado sobre esta problemática que ya trascendió en el ámbito internacional.

En el Aguán se debate una lógica de desmesurado poder e influencias, aunado a la voracidad de terratenientes que gozan de la protección de las Fuerzas Armadas y la Policía para hacer prevalecer su propia ley.

Desde los tribunales se observa cómo se actúa con celeridad para procesar a campesinos, de los cuales existen centenares de casos judicializados y cómo la justicia se tuerce para favorecer a los que más tienen.

¡De los hechos y de los hechores!
¡Ni olvido ni perdón!
COFADEH

Tegucigalpa MDC 4 de julio de 2014

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3218:la-ninez-y-los-campesinos-no-estan-en-la-agenda-de-joh&catid=71:def&Itemid=166

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Acción urgente

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El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), expresa su total repudio y preocupación ante el desalojo violento realizado el día jueves 03 de julio del 2014, por de miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III, en contra de unas 350 familias del Movimiento “Gregorio Chávez” de la finca Paso Aguán, ubicadas en la margen izquierda del Río Aguán en el Municipio de Trujillo, Colón, por los hechos siguientes:

1.- La acción se llevó a cabo a eso de las 11:00 de la mañana, cuando unos 300 policías y militares miembros de la Operación Xaltruch III, penetraron violentamente a la Finca, lanzando gases lacrimógenos y disparando bala viva indiscriminadamente a las personas que se encontraban dentro del lugar, donde se encontraban niños, niñas y personas adultas mayores.

2.- Como producto de esta operación, resultaron gravemente heridos por arma de fuego los campesinos José Sánchez Méndez y David Ponce, quienes fueron trasladados al Hospital de Tocoa, donde están recibiendo atención médica; asimismo resultaron heridos con arma contusa Mariano Baquedano y Roger Rodríguez, que también  fueron trasladados a ese centro asistencial para recibir atención médica.

3.- Además, en el desalojo fueron detenidas siete personas, entre los que se incluyen un menor de edad, una mujer, una persona de la tercera edad y un miembro del Observatorio permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán (OPDHA).  No obstante que fueron detenidos a las 11:00 de la mañana, los elementos del ejército los entregaron en las instalaciones policiales hasta las 4:00 de la tarde, cuando ya había vencido el término que otorga la ley para presentar el informe ante el Fiscal.

4.- Los detenidos son: Jorge Meléndez (46); Moisés Meléndez (56); Gloria Enamorado; Jeremías Cruz; José Chávez (60); Hernán Omar Ocampos y Ricardo Rodas (16). Según información, estás personas serán judicializadas, acusadas por el delito de Usurpación.

ANTECEDENTES:

La Finca Panamá fue ocupada  por el  grupo de campesinos “Gregorio Chávez”, desde el 4 de julio del año 2012, después de que guardias de Seguridad Privada, de la Corporación DINANT,  desaparecieran al campesino independiente Gregorio Chávez Aranda, encontrado posteriormente sepultado en las fincas del Agro industrial Miguel Facussé Barjum.

Los campesinos fueron desalojados en mayo de 2013, posterior a la exhumación realizada por antropólogos forenses, del cuerpo del también campesino independiente José Antonio  López Lara, el 25 de abril de 2013.

Desde esa fecha en repetidas ocasiones las familias de la aldea Panamá han sido desalojadas. En una ocasión  cuatro militares y  20 guardias  de seguridad penetraron ilegalmente a la parcela del  señor José Chávez  Aranda, Hermano de Gregorio Chávez, y  robaron gran parte de los cultivos que él tenía en su parcela, José Chávez es uno de los siete detenidos este día.

También se ha tenido conocimiento que el Subcomisionado Santos Núñez, miembro de la Fuerza de Tarea Xatruch III, ha intimidado a la Coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA), Martha Arnold, al decirle que quiénes son ellos para andar documentando hechos,  y que aunque estén respaldados por organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, ”eso no les sirve de nada”, exigiéndoles además que presenten su personería jurídica; no tomando en cuenta los Convenios y Tratados Internacionales sobre la Defensa y Protección de los Derechos Humanos.

Así mismo, las intimidaciones de parte de elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III, que comanda Jovel Martínez, llegan a los líderes y lideresas campesinas en el departamento de Colón, en alguno casos como el del Coordinador de la Plataforma Agraria en el Bajo Aguán, Jaime Cárcamo, quien asegura que los uniformados lo tienen plenamente identificado y en varias ocasiones lo han señalado como “invasor de tierras”.

PETICION:

Solicitamos a la comunidad nacional e internacional, dirigirse al Estado de Honduras y solicitarle  tome las medidas necesarias para garantizar y proteger la vida y la integridad de los campesinos del Bajo Aguán que activan en la defensa de la lucha por la tierra; que instruya las diligencias investigativas, deduciendo las responsabilidades a quienes resulten responsables de los hechos arriba descritos.
Hacer llamamientos a las siguientes autoridades.
Abogado
OSCAR FERNANDO CHINCHILLA
Fiscal General de la República.
Fax (504) 2221-5667
Tel (504) 2221-5670  2221-3099

Señor
ARTURO CORRALES ALVAREZ
Secretario de Estado en los Despachos de Seguridad
Teléfono: (504) 2229-0003
E-mail: medidgeovanny@yahoo.com

Abogada
KARLA EUGENIA CUEVA
SUB-SECRETARIA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Tel: (504) 2231-1542; 2232-0231
Fax:  (504) 2232-0226
E-mail:  karlacueva144@gmail.com

Señor
ROBERTO HERRERA CACERES
COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Tel: (504) 2220-7648; 2232-0433
Fax:
E-mail:

Señor
JOSE ANTONIO MARADIAGA
COORDINADOR MINISTERIO PUBLICO
SECCION TRUJILLO, COLON
Fax: (504) 2434-4061

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3217:accion-urgente&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Violento desalojo en finca Paso Aguán deja dos heridos y siete detenidos

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Tocoa, Colón (Conexihon).-  Al menos dos heridos por arma de fuego y siete personas fueron detenidas este jueves en medio de un violento desalojo protagonizado por elementos de la  Policía Nacional Preventiva, miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III y el 15 batallón de Fuerzas Especiales.
La Policía y el Ejército llegaron a la finca Paso Aguan a las 11:00 de la mañana e informaron a los campesinos, quienes desde el día anterior en horas de la tarde  habían tomado posesión de esta finca, que les daban una hora para que se salieran de la finca de manera pacífica.
Sin embargo, los campesinos se opusieron al desalojo, apostándose con piedras y palos en mano, en una de las calles que permite el acceso a esta finca. A las 12:00 del mediodía, los uniformados entraron a la finca lanzando bombas lacrimógenas y logrando dispersar a los campesinos mientras ellos lanzaban piedras con el objetivo de impedir el desalojo.
Los elementos del orden persiguieron a los labriegos por toda la finca e incluso hasta adentro de la comunidad de Panamá. Y cuando los campesinos se apostaron en la calle principal de la comunidad frente al campo de futbol, se dieron varios disparos con arma de fuego.
Heridos campesinos, policías y soldados
En la acción resultaron con heridas de gravedad, producto de arma de fuego, los campesinos José Isaías Sánchez y David Ponce quien presenta una herida de bala con orificio de entrada pero no de salida. Ambos se encuentran hospitalizados en el hospital San Isidro de la ciudad de Tocoa.
Igualmente, varios campesinos resultaron con heridas menos graves en diferentes partes del cuerpo, incluso en la cabeza y siete más fueron detenidos, por parte de los uniformados. Según se informó, también resultaron también con heridas menos graves producidas también por el impacto de piedras, tres policías y dos soldados.
De acuerdo con el reporte policial, detenidos son: José Chávez Andará, Jeremías Cruz, Jorge Meléndez, Moisés Meléndez, Gloria Marina Enamorado, Omar Hernán Ocampo y Ricardo Rojas.
Todos fueron trasladados a la jefatura policial de Trujillo, donde probablemente serán acusados por usurpación de tierras.
Bloqueada carretera a Trujillo 
Minutos después, como medida de presión, el Movimiento Campesino bloquearon la carretera de la margen izquierda a la altura de la comunidad de Panamá, municipio de Trujillo, exigiendo la  liberación de sus compañeros. La medida duró hasta las 6:00 de la tarde.
La mañana de este viernes, los dirigentes campesinos se movieron unos tres kilómetros hacia el desvío conocido como “Don Braulio”. “La toma de la carretera es de forma indefinida hasta que sus compañeros regresen a casas, por ahora no fue posible hablar con nadie de la Policía y el Ejército, esperamos que lo hagan en las próximas horas”, dijo Santos Torres, presidente del Movimiento Campesino Gregorio Chávez después del desalojo.
“Creíamos que con la llegada del coronel Jovel Martínez las cosas iban a estar bien, pero han salido peor,  tenemos dos compañeros José Isaías Sánchez y David Ponce, gravemente heridos en el hospital. Pero quiero dejar claro que no agarraron a nadie en la finca a los compañeros los agarraron en medio de la aldea, por lo que no tienen ningún delito”, subrayó.
Para Torres “lo que ocurrió hoy viene a empeorar la conflictiva situación en la zona, porque los familiares de estas personas heridas y golpeadas no van a quedar a gusto con lo sucedido, todos los compañeros que hay aquí son personas que los queremos son nuestros compañeros y nos duele lo que hoy sucedió, la situación se complica porque hoy no queremos ver militares en nuestra comunidad”.


David Ponce

Campesino herido
“Nosotros estábamos frente al campo cuando la Policía y el Ejército nos dispararon, yo miré cuando la Policía y el Ejército nos dispararon. Ellos están vendidos, nosotros no teníamos armas, solo teníamos piedras y palos. Creo que esta fue una orden de los terratenientes, porque ellos tienen mucha presión de los terratenientes”, lamentó.

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Continúa la criminalización de la lucha por la tierra en el Aguán

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Tegucigalpa.

Dos heridos con arma de fuego, dos con arma contusa y siete detenidos, entre ellos un menor de edad, es el saldo del brutal desalojo ejecutado por elementos del la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III, en la comunidad de Panamá, Trujillo, Colón.

La información brindada por miembros del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, OPDHA, expresa que José Isaías Sánchez Méndez (36), tiene heridas con arma de fuego en el tórax, a la altura de la clavícula izquierda, y David Ponce está herido en el abdomen.

Mientras que Mariano Baquedano y Roger Rodríguez fueron heridos con arma contusa. Los cuatro campesinos fueron trasladados al Hospital de Tocoa, Colón.

Los elementos armando capturaron al menor de edad Ricardo Rodas (16), José Chávez Aranda (60) hermano de Gregorio Chávez secuestrado, asesinado y enterrado en la Finca Paso Aguán en julio 2012; también está detenido Jorge Meléndez (46), Moisés Meléndez (56), Omar Hernán Ocampo (con golpe en la cabeza), y Jeremías Cruz, que es miembro del OPDHA, pese a que fue antes del medio que los privaron de su libertad, hasta en horas de la tarde fueron presentados en la jefatura policial de Trujillo.

Al cerca de 300 elementos entre militares y policías en horas de la mañana interrumpieron el día de unas 200 familias, cuando empezaron a lanzar bombas lacrimógenas para desalojarlos de la finca Paso Aguán, y dispararon sus armas para someterlos, luego de que ayer a las cuatro de la tarde procedieron a la recuperación de esas tierras.

“Llegaron como a las 6:15 de la mañana, nos fuimos al monte, porque ellos deseaban matarnos a todos, y a los que capturaron están sufriendo las consecuencias”, expresó Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria del Bajo Aguán.

Dos centenares de personas se reunieron horas después del desalojo, y se procedió a la toma de carretera que conecta a Tocoa con la margen izquierda, exigiendo justicia ante el derramamiento de sangre, pues más de cien personas han sido asesinadas en esta lucha por la recuperación de la tierra, que inició en el año 2010.

El desalojo ejecutado por acciones de la Operación Xatruch al mando del coronel René Jovel Martínez, la Policía Nacional, permitió que los guardias de seguridad privada de la corporación DINAT, propiedad del terrateniente Miguel Facussé, quedaran custodiando la finca, tras el ataque contra familias del Movimiento Campesino “Gregorio Chávez”, ubicada en la margen izquierda del río Aguán en Trujillo, Colón.

Los afectados aseguran que no se presentó ninguna orden de desalojo, tampoco recuerdan que hubiera presencia del Ministerio Público. Y que además los militares fueron cuatro cuadras más allá de las tierras en recuperación, se metieron hasta la comunidad, donde capturaron a algunos compañeros.

En estas acciones las fuerzas armadas tratan de criminalizar la lucha por el derecho a la tierra; mientras los militares y policías llegan con sus armas de fuego, escudos, cascos y toletes, los y las campesinas contestan con el conocimiento que tienen sobre sus derechos humanos, y la aplicación en defensa de sus compañeros y compañeras.

Y prueba de ellos es el acompañamiento de parte del OPDHA, cuyos integrantes permanecen en el hospital, jefatura policial y la finca, para documentar e informar sobre lo que sucede, de tal modo que estos hechos no queden en el anonimato ni la impunidad.

Parte de la formación que reciben los y las defensoras de derechos humanos en esa zona del país, es propiciada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, que en esos días inicia un nuevo proceso de formación en la defensa y procuraduría de los DDHH.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3214:continua-la-criminalizacion-de-la-lucha-por-la-tierra-en-el-aguan&catid=54:den&Itemid=171

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Campesinos del Movimiento “Gregorio Chávez” retoman la finca Paso Aguán

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- A pocos días de su desalojo pacífico el Movimiento Campesino “Gregorio Chávez”, conformado por cerca de 400 familias de la comunidad de Panamá, retomó este miércoles en la noche la finca Paso Aguán, un predio de más de 1,300 hectáreas de tierra, ubicada en la margen izquierda del municipio de Trujillo, departamento de Colón.
De acuerdo con las declaraciones Roger Pineda, vocero de Grupo Dinant, el martes reciente se reunieron con dirigentes del Movimiento, donde se “ofreció diversas iniciativas de desarrollo”, pero “querían que los propietarios la vendieran a la fuerza”, algo que calificó como “improcedente”.
En declaraciones a Conexihon, el coronel Rene Jovel Martínez, Jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III recordó que “el 26 de junio fue un desalojo pacifico, entramos a las 6:00 de la mañana, como lo dicta la ley cumpliendo la Constitución de la República y haciendo efectiva la orden de desalojo emitida hace más de 3 semanas por el juez de Trujillo”.
“Llegamos con las autoridades competentes incluso el juez ejecutor, la gente coopero saliéndose de la finca antes de que nosotros llegáramos, no hay personas detenidas hemos motivado a la gente para que saque sus cosas, nadie se opuso al desalojo voluntariamente salieron ellos, esperamos que ahora ellos busquen los canales que correspondan para que sus demandas sean respondidas de manera satisfactoria”. El ejecutivo pidió que las autoridades procedan a un nuevo desalojo, al tiempo que solicitó un destacamento de seguridad pública permanente para brindar seguridad y evitar más invasiones.

Anoche, voceros de los grupos que ocuparon la finca dijeron en algunos medios televisivos que lo que se hizo una “recuperación pacífica” de las que siguen considerando como sus tierras, pues producto de investigaciones hechas por los vecinos de esta comunidad, “se ha descubierto que esta propiedad fue adquirida de manera Ilegal y fraudulenta”. Según se informó, los antiguos dueños de la Finca Paso Aguán fueron objeto de múltiples amenazas y sobornos, al punto tal de obligarlos a vender por mil lempiras por cada hectárea de tierra cultivada de palma africana.
Se recrudece el conflicto 
Se trata de la quinta vez que el grupo campesino toma posesión de la Finca, tres de las cuales han sido víctimas de desalojos violentos por miembros de la Policía Nacional y el Ejército. La más reciente de ellas fue el 26 de junio.
Posteriormente en un comunicado la dirigencia campesina indicó que “la lucha por la tierra donde se ubica la finca Paso Aguán continua y es legítima, luchamos por recuperar lo que un día nos robaron, además lo hacemos porque queremos liberar a nuestra comunidad de más abusos, atropellos y asesinatos por parte de los guardias de seguridad de corporación Dinant”.
“En los años 90 fuimos despojados de nuestras tierra y no renunciaremos a ella porque nos pertenece,  el señor  Miguel Facussé  adquirió estas  tierra de manera fraudulenta e ilegal, con una clara confabulación de Gobierno y los aparatos de justicia” afirmo el dirigente campesino Jaime Cabrera.
Detenidos, pese a las medidas de protección

El pasado 20 de junio a las 5:30 de la tarde el presidente de la Empresa Campesina Gregorio Chávez número 3, Sergio Calix Cálix, Marlon Omar Zelaya y Bairon Leonel Ramírez  en el hospital San Isidro en el municipio de Trujillo, departamento de Colón por el sub comisionado Lanza del departamento de Policía.
De acuerdo al relato, mientras trasladaban a un poblador que necesitaba atención medica  al hospital San Isidro de Tocoa, Colón, los campesinos fueron detenidos sin ninguna orden judicial y trasladados a la posta policial de Trujillo. Entre los detenidos esta Sergio Adalid Calix quien goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanaos (CIDH) desde el pasado 8 de mayo del presente año.
Cementerio clandestino
De acuerdo con las denuncias, la Finca Paso Aguán “ha sido utilizada como cementerio clandestino por la guardia de seguridad de corporación Dinant, donde en los últimos años han sido asesinados y enterrado dos campesinos. Gregorio Chávez fue secuestrado el 2 de julio de 2012 y su cuerpo fue hallado enterrado el 7 de julio. Chávez era un delegado de la iglesia católica y una persona muy querida en la comunidad, pobladores de la comunidad de Panamá.
Igualmente, José Antonio López Lara vecino de la comunidad de Rigores despareció el 29 de abril 2012 y su cuerpo fue exhumado el 25 de del 2013, por integrantes de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y Médicos Forenses del país.

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Honduras: Desalojan a familias campesinas de la finca Paso Aguán

jueves, 26 de junio de 2014

Unos 100 elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruc III, al mando del coronel  René Jovel Martínez desalojaron esta mañana a 400 familias campesinas del Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez de la Finca Paso Aguán  ubicada en la margen izquierda del municipio de Trujillo, departamento de Colón, apropiada ilegalmente por el terrateniente Miguel Facusse Bajum
Las familias campesinas que ocupaban desde el pasado 5 de mayo del presente año, 1300 hectáreas de tierra de la finca Paso Aguàn, fueron cercadas  militarmente a las 5:00 de la mañana por elementos de  la operación Xatruch, mientras iniciaban su jornada de trabajo en el  campo, ejecutando un desalojo a las 9:00 de la mañana.
“En los años 90 fuimos despojados de nuestras tierra y no renunciaremos a ella porque nos pertenece,  el señor  Miguel Facusee  adquirió estas  tierra de manera fraudulenta e ilegal, con una clara confabulación de Gobierno y los aparatos de justicia” afirmo el dirigente campesino Jaime Cabrera.
El pasado 20 de junio a las 5:30 de la tarde el presidente de la Empresa Campesina Gregorio Chávez número 3, Sergio Calix fue detenido junto a dos de sus compañeros de nombre Marlon Omar Zelaya y Bairon Leonel Ramírez   más de nombre en hospital San Isidro en el municipio de Trujillo, departamento de Colón por el sub comisionado Lanza del departamento de Policía.
Mientras trasladaban a un poblador que necesitaba atención medica   al hospital San Isidro de Tocoa, Colón, los compañeros antes mencionados fueron detenidos sin ninguna orden judicial y trasladados a la posta policial de Trujillo, quedando demostrado la persecución y criminalización hacia los líderes y lideresa campesinas que luchan por el acceso a la tierra.
Cabe mencionar que entre los detenidos esta Sergio Adalid Calix quien goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanaos (CIDH) desde el pasado 8 de mayo del presente año.

La finca Paso Aguàn ha sido utilizada como cementerio clandestino por la guardia de seguridad de corporación Dinant, donde en los últimos años han sido asesinados y enterrador dos campesinos, tal es el caso de Gregorio Chávez secuestrado el 2 y encontrado enterrado el 7 de julio 2012 y José Antonio López Lara vecino de la comunidad de Rigores quien despareció el 29 de abril 2012 y exhumado el 25 de del 2013, por integrantes de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y Médicos Forenses del país.
Los campesinos y campesinas manifestaron  que no renunciaran a la tierra y que volverán a recuperar su legítimo derecho al acceso a la tierra sin importarles las veces que sean necesarias.
Llamamos a los organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos a permanecer en alerta ante cualquier hechos violentos provocado por la guardia de seguridad de Miguel Facusee en contra de las familias campesinas
Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguàn
Dado en la comunidad de Panamá, Tocoa Colòn a los 26 días del mes de Junio 2014

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/06/honduras-desalojan-familias-campesinas.html

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