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Reportero gráfico sufre obstáculos para tomar fotografías de la capital de Honduras

Alerta 160-18 | Honduras, miércoles 7 de septiembre de 2016

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). El periódico La Tribuna denunció que los guardias de seguridad del parque Naciones Unidas, en el Cerro El Picacho, impidieron el paso a un reportero gráfico de diario La Tribuna.

La agresión ocurrió el 5 de septiembre de 2016. El reportero gráfico «se dirigía a hacer unas fotografías panorámicas de donde se podrían captar las zonas de riesgo de Tegucigalpa y Comayagüela», reportó el periódico.

«El celador a cargo, indicó que la orden es no dejar pasar a nadie, sino paga la entrada ya establecida en ese predilecto espacio recreativo de los capitalinos, bien sea por recreación o hacer cualquier tipo de trabajo».

La obra La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cita que «ya se dijo que las afectaciones a la libertad de expresión no se manifiestan exclusivamente a través de acciones directas del Estado –o de sus agentes– que tienden a ese fin; es posible que se empleen medidas de otro carácter, menos evidentes, que también obedecen al propósito de reducir o evitar la expresión del pensamiento y en todo caso producen este resultado. Se trata de acciones u omisiones que traen consigo la inhibición del sujeto,  como  consecuencia  de  la  intimidación,  la  obstrucción  de canales de expresión o la “siembra” de obstáculos que impiden o limitan severamente el ejercicio de aquella libertad».

Origen: http://www.clibrehonduras.com/alerta/reportero-gráfico-sufre-obstáculos-para-tomar-fotograf%C3%ADas-de-la-capital-de-honduras

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Honduras: Guardias de seguridad del Hospital Escuela coartan libertad de prensa

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2016/08/honduras-guardias-de-seguridad-del.html

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Dinant asegura que “eliminó” todas las armas de fuego en su seguridad

 

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Tocoa, Colón (Conexihon).-  La Coorporación Dinant anunció en un comunicado público que “eliminó” todas las armas de fuego de los hombres y mujeres de seguridad en sus fábricas, molinos de extracción y plantas de fabricación “como parte de su adhesión a los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos”, pero este no señala si se trata también de las fincas, donde se registra el mayor número de incidentes violentos con campesinos y defensores de la tierra.
De acuerdo con el documento del departamento Relaciones Coorporativas “Dinant ha invertido significativamente en la mejora de las relaciones con las comunidades locales a través de iniciativas tales como los mecanismos de quejas formales y el empleo de los trabajadores sociales locales”.
En relación a lo anterior, uno de los voceros del Observatorio del Observatorio Permanente de los Derechos Humanos del Aguán (OPDHA), Heriberto Alemán, explicó que “hay algunas zonas en donde visiblemente se han eliminado, como la seguridad en algunos portones, pues solo se ven los guardias desarmados, pero esto no es así en todos los lugares, porque vemos que en Panamá hay testimonios de que si los han visto”.
La zona es Finca Paso Aguán en la comunidad de Panamá, es considerada como de alta tensión pues unas 1,000 familias campesinas del Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez (MCRGC) han estado en disputa de 1,200 hectáreas de tierra desde hace más de una década.  En los últimos años han sido desalojados en repetidas ocasiones por los aparatos de seguridad del Estado y varios líderes de la comunidad han sido asesinados por la lucha al derecho a la tierra.
El 1 de agosto  de 2012, 2l Congreso Nacional anunció que, a petición del presidente Porfirio Lobo, se aprobará un decreto mediante el cual “se prohíbe la portación en lugares públicos o el transporte en vehículos de cualquier arma de fuego, aunque esté registrada”. Según las estadísticas del Observatorio, desde el 2008 al menos, 123 personas fallecieron y se registraron 6 desapariciones forzadas en la región del Aguán.
Visita Presidencial
El comunicado fue redactado, en el marco de la visita que realizó el presidente Juan Orlando Hernández, a la fábrica procesadora de alimentos en San Pedro Sula.
Acogiendo con satisfacción al presidente Orlando a la fábrica y  el centro de distribución el viernes 27 de febrero, Miguel Mauricio Facussé, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dinant,  dijo, “La visita del presidente de Honduras es realmente un gran honor en cualquier momento. Pero nos sentimos particularmente afortunados que la visita del presidente Juan Orlando coincide con un momento de mucho orgullo en los 55 años de historia de Dinant, la culminación de muchos logros importantes que nos están ayudando a competir a nivel internacional y contribuir al desarrollo de nuestro país”.
Fundada en 1960 por Miguel Facussé Barjum, Corporación Dinant, ha utilizado el maíz, yuca, plátano, malanga, camote, marañón en la fabricación de alimentos procesados, productos agrícolas y de consumo popular de las marcas: Yummies, Issima, Schilo’s, Mazola y marcas Zixx.
En mayo de 2013, Facussé Barjum, fue considerado por la organización Reporteros sin Fronteras  entre los principales “predadores de la libertad de expresión” a nivel mundial.

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Honduras: Tres veces más agentes de seguridad privada que miembros de la Policía Nacional

 

Actualmente Honduras cuenta con 700 empresas que brindan seguridad privada, de las cuáles 400 operan sin estar registradas, según el observatorio del violencia de la Universidad Nacional Autónoma.

Estas 700 empresas emplean a unos cien mil agentes de seguridad privada, una cifra que supera a los catorce mil miembros de la policía y a los doce mil miembros del ejército. Hay aproximadamente tres veces más guardias de empresas privadas.

De acuerdo a la ley estas empresas privadas de seguridad deben estar en constante vigilancia por parte de la seguridad estatal, es decir la policía, sin embargo estas inspecciones raramente ocurren.

La mayoría de los hondureños que utilizan estos servicios prefieren escoger la opción mas económica, sin prestar mucha atención a la legalidad del servicio.

Se establece que solo ex militares o policías son aptos para trabajar en dichas empresas y deben pasar múltiples exámenes antes de poder conseguir la licencia o el uniforme de trabajo. Sin embargo, varias de estas empresas no registradas emplean a jóvenes que buscan un trabajo, sin estar necesariamente calificados y solamente les dan una breve capacitación en el uso de armas.  Tampoco hay regulación sobre que armas se pueden utilizar, se utilizan desde los machetes hasta armas tan avanzadas como las de la propia policía.

Estas empresas, a pesar de mantener acuerdos con el gobierno debido a la gran cantidad de armas que poseen, van incrementando y creciendo con poca supervisión lo que podría resultar en otro problema de seguridad en el futuro.

 

Fuente: http://lanoticia.hn/nacionales/honduras-tres-veces-mas-agentes-de-seguridad-privada-que-miembros-de-la-policia-nacional/

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Honduras / Alerta Acción urgente ! Guardias de seguridad privada y militares amenazan a lideres y lideresas campesinas

martes, 19 de agosto de 2014

Comunicado de Alerta
El Observatorio Permanente de Derechos Humanos de Aguán (OPDHA) DENUNCIA las agresiones de militares y guardias de seguridad  perpetradas en horas de la mañana de este día  en las casas de habitación de líderes y lideresas del Movimiento Campesino Gregorio Chávez en la comunidad de Panamá.

A esos de las Once de la mañana (11:00 am) un contingente de ocho (8) militares y tres (3) guardias de seguridad que se conducían en un vehículo Toyota gris doble cabina   llegaron a la casa de habitación del dirigente campesino Santos Torres amenazándole y apuntándole con armas de fuego  a él y su esposa  diciéndole frases como: “Un solo tiro te vamos a pegar”

El contingente llego donde este dirigente después de haber hecho una acción similar en la casa de habitación de la defensora de derechos humanos del Observatorio Permanente de Derechos Humanos de Aguán (OPDHA) Glenda Chávez, también lideresa de este movimiento campesino, misma que fue avisada por su madre, ya que ella se encontraba fuera del lugar.

Cabe señalar que de este mismo vehículo se infirieron los disparos a los campesinos y campesinas que el pasado viernes 15 de agosto hacían otro intento por  recuperar la tierra de la Finca Paso Aguán. Estos mismos militares y guardias de seguridad son los que se encuentran custodiando dicha finca desde hace más de un mes.
El Observatorio Permanente de Derechos Humanos de Aguán (OPDHA) llama a las autoridades competentes a investigar estas acciones conjunta entre militares y guardias de seguridad privada  en contra de integrantes del movimiento campesino. Tales acciones evidencian  la falta de control y transparencia con  que están operando las  empresas de seguridad privada en complicidad con las Fuerzas Armadas;  tal como lo alertó la Misión de Mercenarios de Naciones Unidas desde el  año 2006, sin que a la fecha el Estado haya asumido con responsabilidad las recomendaciones emanadas al  respecto, por el sistema regional y universal  de derechos humanos.
Hacemos un atento llamado a las organizaciones de derechos humanos, sociales y personas solidarias a estar atentos y a pronunciar su posición frente a la situación en la que se expone a la líderes y lideresas campesinas dado que visibiliza la inseguridad y el riesgo en los que se encuentran.
Tocoa, Colón, 19 de agosto, 2014
Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán

Observatorio Permanente de Derechos Humanos de Aguán

(OPDHA)

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/08/honduras-alerta-accion-urgenteguardias.html

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A 40 subirán las exhumaciones de cadáveres, por el conflicto agrario en el Aguán

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Tocoa, Honduras (Conexihon).- Más de 40 familias esperan los resultados de las exhumaciones iniciadas en el sector del Bajo Aguán por un equipo de Medicina Forense, en medio del marco del conflicto agrario en la zona. La acción busca probables elementos de prueba al momento de presentar los requerimientos fiscales que correspondientes. La primera etapa, en la que se realizaron 15 exhumaciones de personas que supuestamente han muerto en el marco del conflicto agrario, se desarrolló entre el 16 y el 20 de junio, en distintos lugares de la región. 

Sin embargo, serán 40 cadáveres los que se desenterrarán en las próximas semanas, a petición de la Unidad de Investigación de las Muertes Violentas en el Valle del Aguán. De acuerdo con coordinador de esa Unidad de Investigación, el abogado Javier Guzmán, “el objetivo del Ministerio Público es exhumar los cadáveres a los que no se les había practicado la autopsia respectiva como lo establece la Ley”.
“Buscamos evidencias e indicios que se puedan aportar a un proceso y buscar después de la investigación el requerimiento fiscal, para posteriormente identificar a los que cometieron estos delitos y buscar que a estas personas se les castigue por el delito cometido”, subrayó.
El equipo, desentierra tres cuerpos a diario
El equipo es apoyado por un equipo de peritos forenses del Ministerio Público de Tegucigalpa, “ellos son los que h
acen las pericias respectivas, el objetivo es bajar los índices de impunidad que ha existido en los casos de muertes violentas del Bajo Aguán”.
Agregó que tanto el Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla y el Fiscal Adjunto, Rigoberto Cuellar, como el Director de Fiscales, Rolando Argueta, “se han comprometido muy seriamente a darle continuidad a estas investigaciones hasta identificar a los responsables de estos delitos y a llevarlos a los tribunales para que sean condenados si se logra probar su participación en uno de estos delitos”.

“Estamos exhumando tres cuerpos diarios son 15 exhumaciones programadas para esta semana, pero estamos investigando otras que se harán posteriormente a groso modo podemos decir que son 40 exhumaciones las que se harán en su totalidad, pero para eso tiene que haber una previa información de campo de donde están enterradas las personas e incluso las que están desaparecidas estamos haciendo la búsqueda de estas personas para continuar con el proceso”, subrayó Guzmán.
Todos los expedientes que esta Unidad maneja son muertes violentas de campesinos que se han dado producto del conflicto en el Bajo Aguán, los casos que hemos visto que no está relacionados con el conflicto los vamos enviándo a la fiscalía local respectiva, para que sean ellos quienes realicen las
 diligencias que correspondan, concluyó.
Esperamos que se conozcan los responsables
Para Heriberto Alemán, vocero del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, “existe esperanza y abogamos porque se conozca quienes son los responsables de todos estos homicidios que han ocurrido. Esperamos que se dé con el paradero de los actores intelectuales de todos estos hechos no importa de donde son y cual es su posición social y política. Ojala que quienes hayan estado cometiendo estos hechos en contra de la vida”.
A su criterio, las exhumaciones “aportan elementos de prueba a las investigaciones y al mismo tiempo hubieron algunos casos de homicidios a los que no se les hizo el levantamiento cadavérico, por lo que no hay un expediente formal que estableciera que tal persona estuviera fallecida”.
“Lo que toda la sociedad está esperando es que estas investigaciones permitan que se paren lo asesinatos en la región creemos que no es suficiente con la investigación para castigar a los responsables de las muertes, creemos que tiene que tratarse la raíz del problema, si no se le da un tratamiento a lo genero esta problemática se corre el riesgo de que estos hechos se pueda repetir”, subrayó.

De igual forma, hizo un llamado al gobierno de la república para que revise y regule la legislación existente relacionada a la tenencia de la tierra y la aprobación de la Ley de Transformación Agraria.
MUCA: “Proceso de exhumaciones están siendo manipulado”
Por su parte, el Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA) el proceso que se lleva a cabo es “ilegitimo y falto de transparencia”, pues “no se ha consultado con los familiares de las víctimas”. En un comunicado conjunto la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, el  movimiento social,  el Frente Nacional de Resistencia Popular de Colon y organizaciones de derechos humanos “existe desesperación por parte de Corporación Dinant en  limpiar su imagen ante el Banco Mundial y la comunidad internacional, luego de la publicación de los hallazgos del Ombudsman y Asesor en materia de Observancia (CAO por sus siglas en inglés), mecanismo independiente para proyectos respaldados por los Banco Mundial han evidenciado la participación de los guardias de seguridad de Dinant en una serie de asesinatos y violaciones a los derechos humanos”.
Explicaron que “algunas de las osamentas exhumadas por la unidad especial de  investigación  no corresponden a campesinos que han sido asesinados en el marco del conflicto agrario y que están realizando una investigación apresurada bajo una serie de irregularidades  en el proceso”. A su juicio “existen casos claros de la participación de los guardias de seguridad” por lo que piden que “no continúen las exhumaciones de osamentas de campesinos  en la región, hasta tener el  consentimiento y acompañamiento de los familiares de las víctimas y la participación de médicos forenses internacionales propuestos por las organizaciones campesinas”. La Unidad Especial de  Investigación que se instálalo en el Bajo Aguán para investigar el  asesinato de más de 115 campesinos y campesinas en el marco del conflicto agrario.

 

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/conflicto-agrario-y-minero/40-subir%C3%A1n-las-exhumaciones-de-cad%C3%A1veres-por-el

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Ocho personas comparecerán ante la justicia por oponerse a explotación minera

Jun 23, 2014

Ocho personas de la Aldea El Tránsito, Nacaome, en el Departamento de Valle deberán comparecer este jueves 26 de junio ante los juzgados de dicha localidad, por el supuesto delito de usurpación en contra de una empresa minera.

Recientemente, hombres armados y al servicio de la empresa minera, dispararon contra 25 personas que permanecían en una toma de carretera protestando contra un proyecto minero (extracción de oro) que les está destruyendo el territorio.

Las autoridades judiciales no levantaron un proceso judicial en contra de los guardias de seguridad de la empresa minera que intentaron asesinar a los manifestantes, al contrario; el proceso judicial fue contra los líderes que defendían su territorio en esta manifestación.

Pamela Matamoros quien forma parte del patronato de la Aldea El Tránsito, en Nacaome Valle, explicó que ellos fueron a interponer la denuncia contra estos guardias de seguridad a la Dirección Nacional de Investigación Criminal pero no la aceptaron, ni la Fiscalía ha hecho algo contra estos hombres.

“El 26 de este mes, tenemos el citatorio de la denuncia que interpusieron, somos los 8 miembros directivos que estamos acusados de usurpación de propiedad”, expresó Matamoros.

La comunidad está en contra de los Proyectos mineros porque ellos viven cerca de la mina,  la comunidad del Tránsito es un lugar que esta perforado, tiene túneles; además la población no puede consumir el agua porque está contaminada de cadmio y hierro, además la minería trae otras consecuencias.

Honduras puso en marcha la nueva Ley de Minería en la cual se da prioridad a las empresas mineras y se quita autoridad de decidir a las alcaldías municipales.

Sin embargo, la última palabra sigue estando en manos de las comunidades, ya que para todo proyecto es necesario hacer una “Consulta Previa”, por lo tanto, son ellos al final quienes deciden si un proyecto se desarrolla o no en sus comunidades.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1113-ocho-personas-comparecer%C3%A1n-ante-la-justicia-por-oponerse-a-explotaci%C3%B3n-minera

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El caso Tumbador suma en la larga lista de impunidad en el Aguán

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El equipo del Cofadeh visitó a Marta Julia López esposa de Ciriaco Muñóz

Tocoa, Colón.

En un sector tan violento donde los defensores y defensoras de derechos humanos arriesgan las vidas para defender los derechos de los campesinos y campesinas, la impunidad gana terreno cada día que pasa.

Se trata de la zona del Aguán localizada en el departamento de Colón al norte de Honduras. El 15 de noviembre de 2010, guardias de seguridad que trabajaban para el terrateniente Miguel Facussé asesinaron a 5 campesinos en la finca de palma africana conocida como Tumbador.

Un fallo emitido por el tribunal de justicia dictó sobreseimiento provisional para los supuestos victimarios, aumentando con ello la desconfianza en la aplicación de justicia y perpetrando la impunidad de los victimarios en el Bajo Aguán.

Un equipo de procuradoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) que visitó la zona, constató que la Fiscalía no presentó ningún recurso de apelación para contrarrestar la decisión del tribunal, proporcionando libertad para quienes dispararon y mataron a 5 campesinos.

Las consecuencias de estos hechos han derivado en situaciones precarias para las familias de las víctimas, cuando las viudas perdieron la fuente de ingresos que proporcionaban sus compañeros de hogar y en el presente afrontan grandes dificultades para alimentar a sus hijos e hijas que quedaron sin padres.

Uno de esos casos es de María Concepción Membreño, esposa de Teodoro  Acosta. Cuando su compañero de hogar fue asesinado, su hijo menor apenas tenía 10 meses de nacido y ahora después de 4 años lucha por la vida para alimentar a sus 5 hijos.

Membreño dijo a defensoresenlinea.com que los que mataron a su marido fueron guardias de seguridad del terrateniente Miguel Facussé y que esa muerte junto a la de otros cuatro campesinos, cegó las intenciones de recuperar tierras y los anhelos de cultivar para sobrevivir.

“Uno de pobre, por eso es que necesita las tierras para cultivar, porque yo soy pobre y para mí es difícil todo esto, yo ya no soy como antes como cuando él estaba (Teodoro Acosta), encuentro todo diferente y no tengo amparo de nadie, solo de Dios”, expresó con tristeza Membreño que vive con sus hijos e hijas en una pequeña parcela de tierra en la comunidad Guadalupe Carney, municipio de Trujillo, en el departamento de Colón.

María Concepción Membreño dando declarciones al periodista Marvin Palacios

La situación que vive María Concepción Membreño no difiere mucho de las otras cuatro viudas que demandan justicia al Estado de Honduras, al perder a sus compañeros de hogar en condiciones violentas y a manos de guardias de seguridad, que de acuerdo a denuncias operan con total impunidad en el Aguán.

A cuatro años de los trágicos eventos para estas familias campesinas, el caso se encuentra en un punto muerto, no hay avances y mucho menos, esperanzas de alcanzar justicia.

En febrero de 2014 la organización internacional Human Rights Watch publicó un informe sobre Honduras titulado: “‘Aquí no hay investigaciones’: Impunidad de homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras”.

Las autoridades hondureñas no han investigado adecuadamente la ola de homicidios y otros abusos presuntamente vinculados a conflictos por la tierra en la región del Bajo Aguán, señaló Human Rights Watch.

El informe examina 29 homicidios y dos privaciones ilegales de la libertad ocurridos en el Bajo Aguán desde 2009, así como violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y policías. Human Rights Watch determinó que fiscales y policías ignoraron sistemáticamente medidas de investigaciones oportunas y exhaustivas que permitieran esclarecer estos delitos, y dicha omisión ha sido reconocida en entrevistas por fiscales, policías y militares hondureños.

“Incluso tratándose de un país con alarmantes niveles de violencia e impunidad, la situación en el Bajo Aguán es particularmente grave”, observó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “La ausencia de las medidas más básicas para llevar a los responsables de crímenes ante la justicia, ha perpetuado un clima de impunidad que estimula nuevos delitos, e incrementa la desconfianza en las autoridades”.

En ninguno de los 29 homicidios documentados por Human Rights Watch en el Bajo Aguán se ha dictado condena, según surge de información proporcionada por funcionarios gubernamentales. Solamente un caso llegó a juicio: El asesinato de cinco campesinos, ocurrido en noviembre de 2010.
Pero en enero de 2013 se dictó el sobreseimiento provisional hasta que se presentaran nuevas evidencias, luego de que la justicia no encontrara elementos suficientes para seguir adelante con la causa, y desde entonces no se ha reanudado. Se trata del caso conocido como Tumbador, ocurrido en Trujillo, departamento de Colón.

En 13 de los 29 homicidios y privación ilegal de la libertad que investigó Human Rights Watch, las evidencias apuntaban a la posible intervención de guardias de seguridad privada. Los guardias privados están sujetos a las leyes nacionales sobre uso de la fuerza y están obligados a respetar los derechos de los ciudadanos.

Las investigaciones de casos en que las víctimas indicaron que había guardias privados involucrados han estado marcadas por reiterados errores y omisiones, como situaciones en que los fiscales no exigieron los registros laborales donde consta qué guardias estaban trabajando cuando se cometió un delito.

Debido a la presunta participación de guardias de seguridad que trabajan para empresas agroindustriales del Bajo Aguán en delitos vinculados a conflictos por tierras, la Oficina del Ombudsman (CAO) —el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (IFC)— ha iniciado una investigación sobre préstamos otorgados por esta última a la Corporación Dinant, propiedad del terrateniente Miguel Facussé.

La IFC, organismo de préstamo al sector privado del Banco Mundial, cuenta con normas sobre las prácticas de sus clientes relativas a contratación, utilización y supervisión de guardias de seguridad privada, en particular ante denuncias creíbles de abusos. La Corporación Dinant indicó a Human Rights Watch que realiza investigaciones internas de todas las denuncias de abusos que afectan a su personal y coopera plenamente con las autoridades en relación con cualquier denuncia penal.

El informe del Ombudsman del Banco Mundial, que se difundió en enero de 2014, identificó graves problemas en el modo en que el personal de la IFC había manejado la situación, que incluyeron subestimar los riesgos relativos a seguridad y conflictos por tierras, y no actuar con la debida diligencia a pesar de que se había planteado públicamente la situación relativa al proyecto y los riesgos que suponía. Según concluye el informe, el personal de proyectos de la IFC tampoco informó a otros especialistas de IFC en este tipo de riesgos ambientales y sociales sobre los problemas que sabían que estaban sucediendo. La IFC ha reconocido públicamente que hubo falencias en la implementación por la IFC de sus propios estándares.

Durante su gobierno, de 2010 a 2013, el presidente Porfirio Lobo adoptó ciertas medidas tendientes a mitigar los conflictos por tierras en el Bajo Aguán a través de mediación y compra de tierras. Pero, en general, la estrategia de su gobierno para abordar la violencia en la región consistió en incrementar la presencia de fuerzas de seguridad y atribuir su origen a grupos delictivos. No obstante, esta estrategia no contribuyó a reducir los delitos ni mejorar la rendición de cuentas, sostuvo Human Rights Watch en su informe-

El gobierno del presidente Lobo tampoco adoptó medidas preventivas para proteger a personas que se encontraban en riesgo a causa de conflictos por tierras en el Bajo Aguán, incluso en casos en que las evidencias sugerían de manera persuasiva que era probable que se produjeran hechos de violencia. En al menos dos ocasiones desde 2010, fueron asesinadas personas que previamente habían sido beneficiadas formalmente con “medidas cautelares” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en razón de las actividades que desarrollaban en el Bajo Aguán, y que exigían al gobierno hondureño brindarles protección inmediata.

Estas víctimas fueron un periodista y un activista campesino. En un tercer caso, un abogado de derechos humanos a quien el gobierno hondureño había prometido protección fue asesinado. Ninguna de estas tres víctimas contaba con protección del gobierno en el momento en que fueron asesinadas, concluyó Human Rights Watch.

En otras instancias de amenazas creíbles a comunidades o personas, los funcionarios no han investigado los hechos ni han ofrecido medidas de protección efectivas. Reiteradamente en 2013, militares en la región agravaron el riesgo al cual estaban expuestos ciertos activistas que trabajan en el Bajo Aguán, al hacer declaraciones difamatorias y cuestionar la credibilidad de su trabajo.

 

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3187:el-caso-tumbador-suma-en-la-larga-lista-de-impunidad-en-el-aguan&catid=71:def&Itemid=166

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Desalojan de forma violenta a pobladores de Puerto Castilla

May 23, 2014

Esta mañana un plantón realizado por pobladores de Puerto Castilla fue desalojado violentamente por policías y militares. Irma Lemus Amaya del Observatorio de Derechos Humanos en el valle del Aguán denunció que a los militares no les bastó con desalojarlos sino que los persiguió hasta sus casas y dentro tiraron gases lacrimógenos.

Lemus se encontraba en la posta policial de Trujillo para presentar un hábeas corpus por el señor Marvin Noel quien fue detenido por el jefe de seguridad de la Portuaria, Godofredo Martínez.
En 1970, la comunidad de Castilla fue desplazada por la construcción de la Empresa Portuaria y hoy  exigen el cumplimiento de los compromisos hechos por la empresa que a más de 30 años no se han cumplido y la recuperación de tierras para ampliar su comunidad.
El desalojo fue una operación combinada entre policías, militares y la empresa de seguridad de la Portuaria. Lemus reportó que hubo niños desmayados, otros refugiados en el mar en cayucos, y posiblemente dos bebés estén muertos pues desaparecieron en medio del conflicto y sus padres aún no saben si los llevaron a algún hospital a recibir atención médica. Dos adultos están en el hospital de Trujillo con convulsiones y aún se está recabando información para saber cuántos fueron los heridos.
Lemus asegura que son alrededor de 800 los pobladores afectados de las cuales había muchos niños, niñas y adolescentes.
“La comunidad está muy indignada, las autoridades los persiguieron hasta sus viviendas. Denunciamos ante las autoridades y a nivel internacional porque lo que más hay que proteger es la vida”, expresó Lemus del observatorio de derechos humanos.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/952-desalojan-de-forma-violenta-a-pobladores-de-puerto-castilla

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CAMPESINOS DEL AGUAN SIGUEN DETENIDOS EN LA POSTA DE TRUJILLO

Miércoles 21 de Mayo de 2014 17:16

CAMPESINOS DEL AGUAN SIGUEN DETENIDOS EN LA POSTA DE TRUJILLO
El Observatorio Permanente de los Derechos Humanos del Aguan informan de manera URGENTE al pueblo en general y a las organizaciones de DDHH nacionales e internacionales.
Que después de la acción violenta ejecutada por los cuerpos de seguridad del Estado y la guardia privada del terrateniente René Morales que de manera ilegal y violatoria a todos los preceptos constitucionales en contra de las familias campesinas de la Trinidad que fueron salvajemente reprimidas y perseguidas tenemos que informar que:
1.      Que después del desalojo forzado, desde horas tempranas hasta ahora cuando marcan las 4:30 Meridiano sigue militarizado el perímetro de la entrada a la Finca La Trinidad , prácticamente han montado un cerco militar y policial por lo que hemos abogado desde el Observatorio de los DDHH del Aguan para que les permitan a los miembros de las familias campesinas entrar al lugar a sacar sus pertenencias y verificar si no hay más personas heridas o muertas ya que hay compañeros campesinos que se han reportado como desaparecidos.
2.      Exigimos respeto a la integridad física, psicológica y emocional de las siguientes personas; Mirna Yadira Pineda (14), Nolvia Berrios (35), Berta Ramos (40), Omar Espinoza (20), José Luis Chávez (28), Walter Cárcamo, Jaime Adalid Cabrera (35), Ana Maryuri Maradiaga (15), Jervin Giovanni Rodríguez (17), Silverio Orellana (53), Seida Xiomara Alemán (14), Elder Nahúm Meza (14), Wilmer Alexis Antúnez (17), todos ellos y ellas siguen retenidos por la policía de Trujillo sin que tengan acceso a una revisión medica ya que la mayoría esta goleados y presentan cuadros respiratorios intensos debido al consumo de gases lacrimógenos que lanzo la operación combinada.
Seguiremos informando y haciendo valer los derechos y las garantías ciudadanas las cuales deben ser respetadas aun y cuando persistan las situaciones críticas en el Bajo Aguan.
EXIGIMOS RESPETO A LA VIDA Y LA DIGNIDAD CAMPESINA.
OBSERVATORIO PERMANENTE DE LOS DDHH DEL AGUAN.
21 de Mayo del 2014

 

observatorio_permanenteEl Observatorio Permanente de los Derechos Humanos del Aguan informan de manera URGENTE al pueblo en general y a las organizaciones de DDHH nacionales e internacionales.
Que después de la acción violenta ejecutada por los cuerpos de seguridad del Estado y la guardia privada del terrateniente René Morales que de manera ilegal y violatoria a todos los preceptos constitucionales en contra de las familias campesinas de la Trinidad que fueron salvajemente reprimidas y perseguidas tenemos que informar que:1.      Que después del desalojo forzado, desde horas tempranas hasta ahora cuando marcan las 4:30 Meridiano sigue militarizado el perímetro de la entrada a la Finca La Trinidad , prácticamente han montado un cerco militar y policial por lo que hemos abogado desde el Observatorio de los DDHH del Aguan para que les permitan a los miembros de las familias campesinas entrar al lugar a sacar sus pertenencias y verificar si no hay más personas heridas o muertas ya que hay compañeros campesinos que se han reportado como desaparecidos.
 
2.      Exigimos respeto a la integridad física, psicológica y emocional de las siguientes personas; Mirna Yadira Pineda (14), Nolvia Berrios (35), Berta Ramos (40), Omar Espinoza (20), José Luis Chávez (28), Walter Cárcamo, Jaime Adalid Cabrera (35), Ana Maryuri Maradiaga (15), Jervin Giovanni Rodríguez (17), Silverio Orellana (53), Seida Xiomara Alemán (14), Elder Nahúm Meza (14), Wilmer Alexis Antúnez (17), todos ellos y ellas siguen retenidos por la policía de Trujillo sin que tengan acceso a una revisión medica ya que la mayoría esta goleados y presentan cuadros respiratorios intensos debido al consumo de gases lacrimógenos que lanzo la operación combinada.
 
Seguiremos informando y haciendo valer los derechos y las garantías ciudadanas las cuales deben ser respetadas aun y cuando persistan las situaciones críticas en el Bajo Aguan.
EXIGIMOS RESPETO A LA VIDA Y LA DIGNIDAD CAMPESINA.OBSERVATORIO PERMANENTE DE LOS DDHH DEL AGUAN.21 de Mayo del 2014

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Policías, mayores agresores de la comunidad lésbico-gay

Lunes, 19 Mayo 2014 22:51

Según el CONADEH

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Los policías constantemente son denunciados por la comunidad lésbico-gay y demás miembros de la diversidad sexual, de abusarlos física, sicológica y sexualmente, después de robarles dinero, celulares y otros objetos de valor, durante los operativos.

Tegucigalpa, Honduras

Agentes de la Policía Nacional, policías municipales, guardias de seguridad, familiares y personas desconocidas figuran entre los principales agresores y violadores de miembros de la comunidad lésbico-gay, según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

La investigación establece que por causas no establecidas, la impunidad prevalece en la muerte de más de un centenar de miembros de la comunidad Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual (LGTBI) que perdieron la vida en forma violenta entre 2005 y 2014.

Se estima que en los últimos años, al menos, 150 miembros de la comunidad LGTBI perdieron la vida violentamente a nivel nacional, muchos de ellos en circunstancias aún no esclarecidas, cuyos crímenes están en la impunidad.

De acuerdo al CONADEH, existe preocupación por las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos que sufren las personas de la diversidad sexual y población transgénero en el país.

Un recuento de los hechos registrados en los últimos años, establece que han sido víctimas de homicidios; tentativas de homicidio; abusos de autoridad; lesiones; detenciones ilegales; robo; hostigamiento; violación sexual; amenazas a muerte; violencia intrafamiliar y agresión, por parte de particulares e incluso por  agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, en su mayoría, policías.

Según el titular del CONADEH, Roberto Herrera Cáceres, la serie de crímenes y agresiones contra estas personas indica que en Honduras hay discriminación hacia este sector de la población por lo que su misión al frente del ente estatal es velar porque en el país no existe discriminación, homofobia y que haya  igualdad de oportunidades para todos los compatriotas.

Herrera Cáceres anunció que en los próximos días impulsará una campaña nacional para que en el país haya una cultura de respeto a los miembros de la diversidad sexual, con el propósito que la población entienda qué son los derechos humanos, y por qué debemos respetarnos los unos a los otros.

“La homofobia es entendida como la intolerancia y el desprecio hacia quienes presentan una orientación o identidad diferente a la heterosexual; y se menciona la discriminación, odio, miedo, prejuicio o aversión contra hombres homosexuales, mujeres lesbianas y personas bisexuales, transgénero, travestis, transexuales e intersexuales” , indica el informe emitido por el CONADEH.

El escrito contempla que la discriminación se da en el seno familiar; el campo laboral; los servicios de salud; servicios públicos; la política; educación y en las  actividades sociales y deportivas, según denuncias recibidas de parte de los afectados.

En reunión sostenida recientemente entre Herrera Cáceres y representantes de la diversidad sexual, éstos le pidieron al ombudsman hondureño que promueva el respeto de sus derechos humanos, principalmente el derecho a la vida y que cesen los crímenes y el odio en contra de ellos.

HALLAZGOS DEL INFORME
-Los policías figuran entre los más agresores y violadores de la comunidad de la diversidad sexual.

-Más del 92 por ciento de los delitos cometidos contra miembros de la comunidad lésbica gay y afines, permanece en total impunidad por la falta de investigación.

-Las ciudades donde más se registran hechos violentos en contra de personas de la diversidad sexual son: Comayagüela y Tegucigalpa; San Pedro Sula y Choloma, en Cortés; La Ceiba, Atlántida; y El Progreso, Yoro.

Fuente: http://www.tiempo.hn/nacion/noticias/policias,-mayores-agresores-de-la-comunidad-lesbico-gay?utm_source=nacionTab&utm_medium=page&utm_campaign=tabs

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La seguridad privada

La seguridad privada en Honduras ha continuado ser la mayor fuente de seguridad para el pueblo hondureño, según estadísticas publicados por la Red de Seguridad y Defensa en America Latina (RESDAL).

 

 SERIE 6/9 

Las estadísticas recopiladas por la institución sugieren que hay entre 15,000 y hasta 80,000 empleados en el sector, y por lo menos 402 empresas de seguridad privada en el país. En este sentido, la dependencia en esta forma de seguridad para los hondureños queda muy evidente, y sugiere una vez más que Honduras requiere una reforma a sus operadores de seguridad y justicia.

 INFOGRAFIAS 

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Ver en mejor resolución

 

Ultima modificación Miércoles, 30 Abril 2014 17:02

Fuente: http://www.revistazo.biz/web2/index.php/a-fondo/violencia-y-crimen-en-honduras/item/863-la-seguridad-privada

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Honduras: Alertan a pacientes de cobros ilegales

Sábado 26 de abril de 2014

10:04 pm  – Julissa Mercado   

El Comisionado Nacional de Derechos Humanos abrió un expediente de investigación en el que además se incluyeron denuncias de maltrato físico de los guardias a los familiares de pacientes.

El hospital ha sido inundado con rótulos para prevenir a los visitantes.

El hospital ha sido inundado con rótulos para prevenir a los visitantes. (Redacción)

Tegucigalpa,

Honduras

Las continuas denuncias realizadas por los usuarios del Hospital Escuela Universitario (HEU) sobre el “impuesto de guerra” cobrado por los guardias de seguridad ha obligado a las autoridades a tomar medidas.

Desde hace varios meses, pacientes y sus familiares han puesto a oídos de los medios de comunicación los cobros o regalías que deben ser dadas a los vigilantes a cambio de que estos les permitan ingresar al centro.

En base a estas denuncias, el año anterior el Comisionado Nacional de Derechos Humanos abrió un expediente de investigación en el que además se incluyeron denuncias de maltrato físico de los guardias a los familiares de pacientes.

Pero, al parecer el negocio podría llegar a su fin, o por lo menos ese es el objetivo de las autoridades que han inundado las puertas y portones con rótulos que alertan a los visitantes.

Los letreros fueron ilustrados con un signo de prohibición sobre dos manos que pagan y reciben dinero.

Además se incluye un mensaje que dice “No dé gratificaciones, no ofrezca ni permita que le cobren dinero” y concluye “A menos que sea mediante factura en caja”.

Con la colocación de los rótulos la opinión de los afectados no se hizo esperar.

“Esto está bueno, es que ya no se aguanta tanto cobro y ellos mismos con esos cobros dejan pasar a ladrones”, dijo Karla María Hernández, familiar de un paciente.

“A mí nunca me han cobrado, pero es bueno saber que cobran para uno no caer”, opinó Glenda Muñoz, paciente del HEU.

“A ver si da resultado porque ellos le cobran a gente que es bien humilde y que ni sabe leer, yo pienso que ellos deben investigar, ver si es cierto y si comprueban quitar esa gente y poner gente honesta”, recomendó Sebastián Bonilla, paciente del centro.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Honduras-Alertan-a-pacientes-de-cobros-ilegales

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Temen perder vidas humanas por conflicto de minera

Domingo 06 de abril de 2014

07:38 pm  – Alexis Espinal   

Vecinos denuncian que han recibido disparos de vigilantes, mientras que los propietarios de la zona piden apoyo de la Policía.

Los vecinos, en las últimas horas, bloquearon el paso de los agentes de la Policía Nacional, quienes pretendían llevar alimentos a los guardias que se encuentran en la propiedad de la familia Valle.

Los vecinos, en las últimas horas, bloquearon el paso de los agentes de la Policía Nacional, quienes pretendían llevar alimentos a los guardias que se encuentran en la propiedad de la familia Valle. (El Heraldo)

El Tránsito, Nacaome,

Honduras

Las denuncias sobre abusos llegan de uno y otro extremo. Los pobladores de la comunidad de El Tránsito no ceden en su afán de no permitir que se explote una zona minera, que es propiedad privada, mientras que los dueños del área aseguran que tan solo pretenden extraer oro de forma artesanal, en carácter de subsistencia.

El conflicto se ha agudizado en los últimos días, luego que los pobladores denunciaran que han sido amenazados con disparos, mientras que los celadores que permanecen en la propiedad aseguran que ellos también han sido amenazados de muerte.

José Meza, representante de los pobladores, dijo que los guardias que han contratado los propietarios del área permanecen bien armados.

“Les solicitamos a las autoridades de la Fiscalía actuar lo más pronto posible, ya que estamos cansados de que personas ajenas a la comunidad nos vengan a quitar la paz”, manifestó Meza.

Las autoridades de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Geología y Minas (Ingeomin), visitaron la comunidad el 24 de marzo para investigar las denuncias que han presentado los pobladores, pero aún no brindan un dictamen sobre lo que se encontró en la zona.

En las últimas horas se reportó otro incidente, luego que agentes de la Policía Nacional trataran de ingresar a la comunidad para llevarles alimentación a los guardias que se encuentran en la propiedad, en apoyo a los dueños de la mina, por lo que los vecinos les bloquearon el paso.

El hijo de la propietaria de las tierras, Eduardo Valle, por su parte denunció que la población está aplicando su propia ley y no permite que sean las autoridades quienes diriman el problema.

“Los guardias que están en la minera podrían morir de hambre si no se alimentan. En ningún momento mis trabajadores han disparado en contra de los pobladores sino que ha sido al contrario, ellos están armados y en las noches buscan a los trabajadores para dispararles”, dijo Valle.

La denuncia sobre lo acontecido, según Valle, será interpuesta una vez más ante las autoridades competentes.

“Hago un llamado a las autoridades policiales para que intervengan en este problema, para no llegar al extremo de que se pierda una vida humana”, expresó Valle.

Ante los últimos hechos, tres elementos de la Policía Nacional y militares han permanecido en la zona.

El área que en la actualidad ha sido objeto de disputa entre vecinos y propietarios es de 12 manzanas de terreno.

La zona donde se encuentran los antiguos túneles mineros fue adquirida por el padre de Valle para explotarla, pero al cabo de unos años quedó abandonada y en la actualidad se pretende reactivar.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/content/view/full/233168

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HONDURAS: Presentan primer informe sobre muertes violentas en Bajo Aguán

jueves, 13 de marzo de 2014

hondudiario.com  / 13 de Marzo 2014

13 Marzo 2014 – 4:44pm
13 Marzo 2014 – 4:44pm

Observatorio indica que del 2008 al 2013 un promedio de 123 personas perdieron la vida y seis están desaparecidas por el conflicto agrario.
Tegucigalpa, Honduras. El Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán presentó hoy el “Primer Informe de Muertes Violentas provocadas por el conflicto agrario en el Bajo Aguán” al Secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización abogado Rigoberto Chang Castillo, el cual registra la muerte de 123 personas y 6 desapariciones forzadas, datos que corresponden del año 2008 a diciembre de 2013. Asistieron a la presentación del documento el titular de la Secretaría de Defensa Samuel Reyes y el Fiscal General del Estado Oscar Chinchilla, así como representares del Poder Judicial y de la Secretaría de Seguridad quienes fueron informados sobre los casos de asesinatos y desapariciones forzadas de campesinos, guardias privados, autoridades de justicia, defensores de ambas partes, terratenientes y víctimas indirectas.

El informe revela que de la totalidad de muertes 90 son campesinos, 1 militar, 1 policía, 14 guardias de seguridad, 7 terratenientes y 15 personas pertenecientes al grupo de apoderados legales y víctimas colaterales o indirectas. El documento refiere que los municipios con mayores índices de violencia son Tocoa donde se registran 68 casos, Trujillo con 42 y Sonaguera con 6, seguidos por Santa Rosa de Aguán, Olanchito, Sabá, Bonito Oriental y La Ceiba. Asimismo, el informe refiere que de los 129 casos registrados entre violaciones a la vida o desapariciones forzadas, 12 casos fueron masacres o hechos que originaron más de 3 víctimas mortales, llegando a alcanzar un máximo de 11 muertes en un mismo hecho. En cuanto a la edad promedio de las víctimas, el informe indica que tres eran menores de edad, 28 hombres menores de 33 años, y 32 hombres tenían edades comprendidas entre los 34 y 64 años. Sin embargo, la edad promedio de los campesinos asesinados es de 27 años.

Por otra parte, desde el 2008 al 2013 el Observatorio de Derechos Humanos del Bajo Aguan registró que 38 personas pertenecientes a los cuerpos de seguridad, terratenientes y victimas colaterales que perdieron la vida a causa del acribillamiento. Este trabajo investigativo es producto de los esfuerzos realizados gracias al apoyo de las organizaciones Diakonia de Suecia y Trocaire de Irlanda, ambas son agencias de la cooperación europeas con más de 25 años de presencia en el país.
Dichas organizaciones han realizado un trabajo coordinado en la temática de Derechos Humanos en la región del Bajo Aguán y desde el año 2013 junto a la Fundación San Alonso Rodríguez, realizan un proyecto de fortalecimiento institucional del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán, el cual está integrado por los 12 movimientos campesinos de la zona, quienes continuamente hacen públicas sus denuncias sobre atentados, secuestros y desalojos violentos. En tal sentido, el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán solicitó a las autoridades competentes que se investigue, judicialice y sentencie a las personas responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. También que se tomen las medidas inmediatas para prevenir las futuras violaciones de derechos humanos, la reparación a las víctimas, así como que se brinde protección a las y los defensores de derechos humanos.

Asimismo, solicitaron la instalación de una Unidad de investigación en la zona, dependiente de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y de la Unidad de Delitos de Impacto Social, a fin de que se tomen acciones inmediatas que resuelvan las causas estructurales de la violencia en el Bajo Aguán. En tal sentido, el Secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo manifestó que el gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández tiene la mejor disponibilidad para hacer realidad el enfoque de los derechos humanos en el país. El funcionario exhortó a los representantes de dichas organizaciones para que se conformen como personalidad jurídica ya que de esa forma cuenten con el respaldo de la autoridad, lo que les garantizará que durante la realización de sus labores no serán perturbados. “Pretendemos sentar las bases de confianza para demostrar que el gobierno tiene un interés capital en los derechos humanos, ya se terminó la fiesta en este país, se van a procesar y sentenciar a los responsables, les vamos a demostrar que habrá cero impunidad y todo va a cambiar para el beneficio de todos los hondureños”, acotó Chang Castillo.

Por su parte, la Subsecretaria de Derechos Humanos y Justicia, Karla Cueva anunció que existe un equipo de respuesta conformado por representantes de la Secretaría de Seguridad, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y Procuraduría General de la República, quienes a la brevedad del caso se desplazarán a la zona del Bajo Aguán para recabar información que dará soporte a las acciones institucionales con enfoque de derechos humanos. “Esta es una gran oportunidad porque en la medida que el Estado tenga información podremos encontrar la solución y trabajar en las causas que generan los conflictos, para lo cual será necesario la realización de actividades de prevención mediante la implementación de diferentes Políticas Públicas”, agregó Cueva.
hondudiario

Publicado por Américo Roca Dalton en 21:22

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/03/honduras-presentan-primer-informe-sobre.html

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Ninguno de más de un centenar de homicidios en el Aguán ha sido investigado

Thursday, 13 February 2014 20:57 Marvin Palacios
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Tegucigalpa.

El director de Human Rigths Watch (HRW), José Miguel Vivanco  expresó en torno al Informe “Aquí no hay investigaciones”, relativo a casi un centenar de muertes violentas perpetradas por agentes del estado y guardias de seguridad en el Bajo Aguán (costa norte) que “la conclusión es devastadora, no hay nadie que haya sido condenado por los homicidios cometidos, torturas, detenciones ilegales y al menos 3 desapariciones de personas”.

Así lo manifestó el representante de (HRW) al dirigirse a defensores y defensoras de derechos humanos de varias organizaciones y a familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos (en su mayoría del departamento de Colón) convocados a un desayuno-conversatorio por la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva y desarrollado en un hotel de esta capital.

El COFADEH ha mantenido denuncias permanentes sobre las muertes violentas acontecidas en el  Aguán desde 2009 a 2012, que involucran a terratenientes de la zona, policías, militares y guardias de seguridad de empresas privadas, (de los cuales también hay víctimas mortales) en una dinámica de muerte generada por el conflicto de tierras.

La incidencia a través de sus medios de comunicación, conferencias de prensa con las víctimas y sus familiares, la comparescencia ante foros internacionales, reuniones con congresistas estadounidenses y acciones de búsqueda de desaparecidos hasta la realización de exhumaciones, son entre otras, las acciones emprendidas por el COFADEH en el tema del Bajo Aguán.

El informe “Aquí no hay investigaciones”, Impunidad de homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras, resalta que policías y fiscales no cumplieron procesos básicos para investigar los delitos y llevar ante la justicia a los responsables.

Además señala que la administración del ex presidente Porfirio Lobo Sosa adoptó medidas para tratar de mitigar los conflictos a través de la mediación y compra de tierras, pero la estrategia para abordar la violencia consistió en incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad y atribuir su origen a grupos delictivos. El gobierno no adoptó medidas preventivas para proteger a personas en riesgo, incluso cuando existían evidencias de que podían ser objeto de ataques.

“Conclusión devastadora”

Vivanco  explicó que existen distintos diagnósticos con respecto a la cantidad de homicidios en el Aguán, “hay cifras que superan los cien casos en los últimos años, hay otras que están inmediatamente inferiores, pero nuestro informe no debate cifras, lo que nos importó más, fue ver cómo había reaccionado hasta ahora la justicia en esos casos, y la conclusión es devastadora, no hay ningún caso, ninguno”.

Y lo decimos con toda responsabilidad porque hemos trabajado con la Fiscalía, tanto en Tegucigalpa como a nivel local y creo que la comunidad internacional se va a sorprender acerca de  que “no hay nadie que haya sido condenado, no hay condena, por ninguno de los homicidios cometidos, ni por los casos de tortura y las detenciones ilegales, aseguró el defensor de derechos humanos.

Añadió que también “en al menos 3 desapariciones de personas, no hay investigaciones, son todas primarias en etapas iniciales y constantemente se les niega a las víctimas y a sus familiares información sobre el estado del proceso, cuando el Código Procesal Penal hondureño, obliga a los fiscales a compartir información e informar a los familiares de cuál es el estado de los procesos”.

Al referirse sobre el por qué Human Rigths Watch enfocó su informe en las muertes violentas ocurridas en medio de una conflictividad generada por la tierra en aquella zona, Vivanco señaló que se hizo sobre el Bajo Aguán “porque de la ayuda en el ámbito militar, el 35 por ciento de esa ayuda que se le d a los militares hondureños y a la policía para el combate al narcotráfico, “está condicionada al tema de los derechos humanos”.

Señaló que el Congreso de Estados Unidos le presta colaboración de todo tipo a las fuerzas militares  de Honduras, pero esa cooperación no puede entregarse si no se cumplen con algunos requerimientos en el ámbito de derechos humanos.

“Son tres condiciones: Una que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, otra, con medidas concretas que permitan establecer rendición de cuentas por violaciones a derechos humanos y hay una en particular, la tercera condición, que habla específicamente del Bajo Aguán…”

“Y dice que se estén investigando esos hechos, que se garantice la protección de los derechos fundamentales en el Bajo Aguán concretamente. Este informe creo que va a ser útil, no solo acá en Honduras, esperamos que sea útil en el Congreso de Estados Unidos, ante las autoridades del Departamento de Estado y la Oficina del embajador Brownsfield, porque justamente habla de la situación en el Bajo Aguán”,  detalló Vivanco.

Vivanco realizó un trabajo extraordinario con familiares de víctimas de la desaparición forzada en la década de los ochenta en Honduras y por esas investigaciones fue declarado non grato por las autoridades de aquel entonces. No fue sino hasta 1994 cuando pudo regresar al país durante la administración del ex presidente Carlos Roberto Reina para continuar documentando los crímenes de lesa humanidad cometidos por escuadrones de la muerte, amparados en la Doctrina de Seguridad Nacional implementada en América Latina por Estados Unidos.

Casos documentados por José Miguel Vivanco se convirtieron en sentencias condenatorias contra el Estado de Honduras por haberse comprobado que existía una política de persecución, torturas, detenciones y desapariciones forzadas contra dirigentes del movimiento social hondureño. Como ejemplo el caso Manfredo Velásquez y Saúl Godínez del cual existe jurisprudencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al respecto Vivanco apuntó que el trabajo en derechos humanos no tiene fronteras, no tiene ideología, no hace ningún tipo de discriminación o distinciones y para mí la experiencia inicial en mis tareas representando víctimas de desapariciones forzadas acá en Honduras, marcó mi carrera y desde esos años que ya son casi 30, he estado dedicado a esta tarea al igual que muchos de ustedes; porque sin el apoyo de varios de los que están aquí en esta mesa, no habría sido posible avanzar en esas investigaciones y denunciar lo que estaba ocurriendo.

Al desayuno-conversatorio, asistieron representantes del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Diakonia, el COFADEH, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia (SITRAPANI), Sindicato de Trabajadores de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (SITRADEI), Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos y el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), entre otras organizaciones.

Human Rigths Watch es una organización internacional dedicada a la protección de derechos humanos y de acompañamiento a las víctimas de violaciones a los derechos universales, con presencia en más de 40 países y con oficinas en Amsterdam, Beirut, Berlín, Bruselas, Chicago, Ginebra, Goma, Johannesburgo, Londres, Los Angeles, Moscú, Nairobi, Nueva York, París, San Francisco, tokio, Toronto, Túnez, Washington D.C. y Zurich.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2972:ninguno-de-mas-de-un-centenar-de-homicidios-en-el-aguan-ha-sido-investigado&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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Honduras: 400 huérfanos dejan conflicto agrario en el Aguán

Escrito por Redacción en Jue, 02/13/2014 – 16:50

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Más de 400 menores de edad quedaron huérfanos en los últimos cuatro años en la zona del valle del Aguán, tras la muerte de 113 campesinos asesinados por el conflicto de la tenencia de tierras, así lo denunciaron sobrevivientes pertenecientes a la Plataforma Agraria.
“Estamos condenado la impunidad de parte del aparato judicial del Estado, ante la represión sistemática, persecución judicial y atentados criminales”, denunciaron al menos 42 personas en un comunicado conjunto emitido en la capital hondureña.
Según la Plataforma Agraria, al menos 113 personas fallecieron víctimas del conflicto durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, hechos en los que se ha denunciado “la participación de paramilitares,  guardias de seguridad de corporaciones terratenientes  en confabulación de los aparatos represivos del Estado”, indicaron. “Como resultado tenemos al menos 400 niños y niñas huérfanas, madres viudas, decenas de hombres y mujeres heridas”, lamentaron.
Impunidad
De acuerdo con las organizaciones campesinas, estos hechos “reflejan los niveles de impunidad que gozan las corporaciones como Dinant y Oleopalma  que acaparan tierra  mediante el desplazamiento de las comunidades,  a  través de la confabulación de la débil institucionalidad de los entes encargados de impartir justicia”.
La Plataforma Agraria sostiene que la crisis agraria que se vive en la región fue generada en 1992  en el gobierno de Rafael Leonado Callejas con la aprobación de la fatídica e inconstitucional Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola y que hasta la fecha, pese a la firma de acuerdos firmados en el 2010, por el entonces presidente, Porfirio Lobo Sosa, para la entrega de 11 mil hectáreas de tierra de las cuáles únicamente se han entregado 3,062 hectáreas.
En ese sentido, la organización demandó “el respeto a la posesión de la tierra que a través del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia  a favor de MARCA y la adjudicación del área que por derecho generacional les corresponde a los pobladores de la comunidad de Panamá, así como también el respeto del fallo emitido el 16 de febrero 2012 por la Corte Suprema de Justicia a favor de MARCA  y el cumplimiento de los acuerdos firmados el 17 de abril del 2010 entre el Gobierno y MUCA”.
De acuerdo con Yoni Rivas, secretario general del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), “ellos representan un 20% del total de compañeros que han sufrido por la represión militar y de los guardias de seguridad de Corporación Dinant”.
La denuncia- explicó- busca “visibilizar lo ocurrido para que las autoridades que estén haciendo presencia en el departamento y el país tengan conocimiento”. A su criterio, Miguel Facussé “tiene que entender que hay un pueblo organizado que está exigiendo que haya justicia”.
“Hemos estado el 2012 y 2013, la dirigencia de MARCA, MUCA, MOCRA y MCA, denunciando todos estos hechos, realmente da consternación recordarlo, pero aquí hay compañeros que han perdido sus hermanos, compañeras de hogar, compañeras que han perdido sus esposos y compañeros que han sido heridos de bala disparadas por los guardias de seguridad”.
Para Rivas, “se ha instalado en el Poder Ejecutivo alguien que ha desconocido las necesidades del campesino y podría venir una represión mucho mayor en estos próximos cuatro años”.




Las víctimas siguen siendo amenazadas

Blanca Aguilar, viuda de José Santos Aguilar 
“Mataron a mi marido el 15 de abril del año 2009. Lo mataron porque uno a veces uno tiene ni un pedazo de tierra, entonces arriesga la vida con meterse a tierras y el terrateniente lo mandó a matar. José Santos se dedicaba a labrar la tierra, yo quedé desamparada sin tener su apoyo, pero yo también me convertí en socia de la CNTC (Central Nacional de Trabajadores del Campo)”.
“Tengo tres hijos, dos niñas y un niño, la más grande tiene 18, 15 y 12 años. Pienso que corremos peligro y solo nos agarramos de Dios, pero seguimos ahí porque no tengo donde vivir, arriesgamos la vida porque no tenemos ni un pedacito de tierra donde vivir”.
“En el sector donde vivo hay como 90 familias, hay muchas otras que han tenido amenazas. Hace poco despareció un compañero, se llamaba Francisco Pascual. Las tierras donde estamos están pegadas a las de Facussé pero a él lo mataron en las tierras de nosotros y lo arrastraron como a un perro, sabemos que los guardias de Facussé lo tiraron pero hasta ahora no hemos hallado ni sus huesos”.



Doris María Pérez  

Fue herida de bala el 05 de junio 2011. “Un día domingo fue cuando a eso de las 5:00 de la mañana escuchamos la tirazon (disparos) en el lado de la finca y le dije a mis hijos que se encerraran. Al salir a la puerta un compañero me dijo que era peligroso que saliera, entonces entré. En esa casa vivían cinco familias y una de las señoras estaba embarazada. Les dije a mis hijos que se quedaran agachados en el suelo por si había una bala perdida. Minutos después escucho a la gente gritando, alguien dijo están los guardias aquí adentro”.
“Todos los niños salieron corriendo, pero mis hijos no iban entonces regresé al cuarto ellos estaban escondidos debajo de la cama”. “Mi hija mayor me dijo ahora si nos matan. Yo le dije que iba a salir primero y que ellos se pegaran atrás por el monte. Los guardias de la finca San Isidro, (propiedad de Facussé) se fijaron, nos tiramos al suelo y ellos empezaron a disparar. Le dije a mis hijos que corrieran adelante y cuando volteé a ver me pegaron el tiro”.
“Estuve hospitalizada dos meses, pero como no podía trabajar los compañeros me regalaban para la comida para mí y mis hijos de 13, 11, 9 y 7 años, pues soy madre soltera”. “Tengo cuatro años viviendo en este lugar, antes trabajábamos en un palmera pero las llenas nos sacaron, si no vivo aquí no tengo a donde ir y no sé qué le voy a hacer. Tengo miedo por cualquier cosa que ocurra, esa gente es capaz de todo”.



Otros casos

Santos Bernabé Cruz 
Un joven adolecente que fue bañado de gasolina y amenazado por militares con arma de fuego  el 19 de septiembre del 2011.
Juan José Salgado
Hijo de la pareja que fue asesinada el 19 de agosto del 2011.
Neptali  Esquivel 
Herido de bala por un militar en el momento que reprimían una manifestación pública el 30 de marzo 2011.
José Chavez
Hermano de Gregorio Chavez, desaparecido el doce de julio de 2012 en la finca Paso Aguán, su cuerpo fue encontrado sepultado en esta finca la estaban convirtiendo en cementerio clandestino.
Florida Rodríguez

Fue raptada por guardias de seguridad el 16 de enero de 2012.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-conflicto-agrario-y-minero/honduras-400-hu%C3%A9rfanos-dejan

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Honduras: Sin justicia en la ola de homicidios vinculados a conflictos por la tierra

La inacción de las autoridades agrava la impunidad en el Bajo Aguán
February 12, 2014

(Tegucigalpa) – Las autoridades hondureñas no han investigado adecuadamente la ola de homicidios y otros abusos presuntamente vinculados a conflictos por la tierra en la región del Bajo Aguán, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy.

El informe de 78 páginas, “‘Aquí no hay investigaciones’: Impunidad de homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras”, examina 29 homicidios y dos privaciones ilegales de la libertad ocurridos en el Bajo Aguán desde 2009, así como violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y policías. Human Rights Watch determinó que fiscales y policías ignoraron sistemáticamente medidas de investigación oportunas y exhaustivas que permitieran esclarecer estos delitos, y dicha omisión ha sido reconocida en entrevistas por fiscales, policías y militares hondureños.

“Incluso tratándose de un país con alarmantes niveles de violencia e impunidad, la situación en el Bajo Aguán es particularmente grave”, observó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “La ausencia de las medidas más básicas para llevar a los responsables de crímenes ante la justicia, ha perpetuado un clima de impunidad que estimula nuevos delitos, e incrementa la desconfianza en las autoridades”.

En ninguno de los 29 homicidios documentados por Human Rights Watch en el Bajo Aguán se ha dictado condena, según surge de información proporcionada por funcionarios gubernamentales. Solamente un caso llegó a juicio: el asesinato de cinco campesinos, ocurrido en noviembre de 2010. Pero en enero de 2013 se dictó el sobreseimiento provisional hasta que se presentaran nuevas evidencias, luego de que la justicia no encontrara elementos suficientes para seguir adelante con la causa, y desde entonces no se ha reanudado.

La región del Bajo Aguán, en el norte de Honduras, ha sido escenario de prolongadas y a menudo violentos conflictos por la tierra, muchas de ellas surgidas tras la reforma de la ley agraria del país en 1992. Grandes extensiones de territorio en la región han sido disputadas entre organizaciones campesinas y empresas agroindustriales, que se dedican en su mayoría al cultivo de palma africana para la producción de aceite. Según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 92 personas murieron en el contexto de conflictos por la tierra en el Bajo Aguán entre 2009 y 2012. Si bien la mayoría de las víctimas han sido campesinos, también fueron asesinados guardias de seguridad empleados por empresas privadas.

En casos en que la evidencia sugería que soldados y policías del Bajo Aguán cometieron violaciones de derechos humanos, los investigadores no cumplieron pasos básicos para determinar si se habían producido abusos, según comprobó Human Rights Watch. Frente a hechos en que las evidencias indicaban que miembros de las fuerzas de seguridad participaron en torturas y detenciones arbitrarias, los fiscales no se constituyeron en hasta el lugar de los hechos ni entrevistaron a testigos y presuntos responsables. Las autoridades también postergaron la búsqueda de personas que, según indica la evidencia, fueron llevadas contra su voluntad, aun cuando había indicios sobre dónde podrían ser encontradas. En uno de estos casos que fue examinado por Human Rights Watch, la víctima posteriormente fue hallada muerta, y dos aún están desaparecidas.

La falta de transparencia por parte de fiscales y policías con respecto al estado de las investigaciones en curso mantiene desinformados a los familiares y socava la confianza en el sistema judicial, expresó Human Rights Watch. Sumados a la falta de avances en el juzgamiento de estos delitos, estos factores provocan un círculo vicioso que disuade a quienes podrían aportar pruebas que permitan procesar a los responsables.

En 13 de los 29 homicidios y privación ilegal de la libertad que investigó Human Rights Watch, las evidencias apuntaban a la posible intervención de guardias de seguridad privada. Los guardias privados están sujetos a las leyes nacionales sobre uso de la fuerza y están obligados a respetar los derechos de los ciudadanos. Las investigaciones de casos en que las víctimas indicaron que había guardias privados involucrados han estado marcadas por reiterados errores y omisiones, como situaciones en que los fiscales no exigieron los registros laborales donde consta qué guardias estaban trabajando cuando se cometió un delito.

Debido a la presunta participación de guardias de seguridad que trabajan para empresas agroindustriales del Bajo Aguán en delitos vinculados a conflictos por tierras, la Oficina del Ombudsman (CAO) —el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (IFC)— ha iniciado una investigación sobre préstamos otorgados por esta última a la Corporación Dinant.

La IFC, organismo de préstamo al sector privado del Banco Mundial, cuenta con normas sobre las prácticas de sus clientes relativas a contratación, utilización y supervisión de guardias de seguridad privada, en particular ante denuncias creíbles de abusos. La Corporación Dinant indicó a Human Rights Watch que realiza investigaciones internas de todas las denuncias de abusos que afectan a su personal y coopera plenamente con las autoridades en relación con cualquier denuncia penal.

El informe del Ombudsman del Banco Mundial, que se difundió en enero de 2014, identificó graves problemas en el modo en que el personal de la IFC había manejado la situación, que incluyeron subestimar los riesgos relativos a seguridad y conflictos por tierras, y no actuar con la debida diligencia a pesar de que se había planteado públicamente la situación relativa al proyecto y los riesgos que suponía. Según concluye el informe, el personal de proyectos de la IFC tampoco informó a otros especialistas de IFC en este tipo de riesgos ambientales y sociales sobre los problemas que sabían que estaban sucediendo. La IFC ha reconocido públicamente que hubo falencias en la implementación por la IFC de sus propios estándares.

La falta de progreso en las investigaciones en el Bajo Aguán ha exacerbado la desconfianza en el gobierno y el temor entre la población de la región, sobre todo las organizaciones campesinas.

Durante su gobierno, de 2010 a 2013, el presidente Porfirio Lobo adoptó ciertas medidas tendientes a mitigar los conflictos por tierras en el Bajo Aguán a través de mediación y compra de tierras. Pero, en general, la estrategia de su gobierno para abordar la violencia en la región consistió en incrementar la presencia de fuerzas de seguridad y atribuir su origen a grupos delictivos. No obstante, esta estrategia no contribuyó a reducir los delitos ni mejorar la rendición de cuentas.

El gobierno del presidente Lobo tampoco adoptó medidas preventivas para proteger a personas que se encontraban en riesgo a causa de conflictos por tierras en el Bajo Aguán, incluso en casos en que las evidencias sugerían de manera persuasiva que era probable que se produjeran hechos de violencia. En al menos dos ocasiones desde 2010, fueron asesinadas personas que previamente habían sido beneficiadas formalmente con “medidas cautelares” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en razón de las actividades que desarrollaban en el Bajo Aguán, y que exigían al gobierno hondureño brindarles protección inmediata. Estas víctimas fueron un periodista y un activista campesino. En un tercer caso, un abogado de derechos humanos a quien el gobierno hondureño había prometido protección fue asesinado. Ninguna de estas tres víctimas contaba con protección del gobierno en el momento en que fueron asesinadas, concluyó Human Rights Watch.

En otras instancias de amenazas creíbles a comunidades o personas, los funcionarios no han investigado los hechos ni han ofrecido medidas de protección efectivas. Reiteradamente en 2013, militares en la región agravaron el riesgo al cual estaban expuestos ciertos activistas que trabajan en el Bajo Aguán, al hacer declaraciones difamatorias y cuestionar la credibilidad de su trabajo.

“El nuevo gobierno tiene la oportunidad de superar el fracaso de sus antecesores y, de una vez por todas, sancionar los asesinatos y abusos en el Bajo Aguán”, señaló Vivanco. “Si la actual administración no hace un esfuerzo serio, desde el primer día, para investigar estos crímenes, el gravísimo ciclo de violencia en el Aguán continuará”.

Human Rights Watch instó a las autoridades hondureñas a adoptar las siguientes medidas:

  • Conformar una unidad especial con un mandato de varios años integrada por fiscales, policías e investigadores, que inicie investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de los homicidios, privaciones ilegales de la libertad y otros delitos graves ocurridos en el Bajo Aguán en los cuales las evidencias sugieran que existe una conexión con el conflicto por la tierra, así como en todos los casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades en el Bajo Aguán.
  • Fortalecer los mecanismos y la legislación conexa para ofrecer protección oportuna y efectiva a personas o grupos en riesgo de sufrir violencia en el marco del conflicto por la tierra, especialmente defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de organizaciones campesinas que hayan recibido reiteradas amenazas.
  • Asegurar que todas las empresas de seguridad privada se inscriban ante el gobierno, y que las listas de personal empleado y armas de fuego en poder de tales empresas estén actualizadas, de conformidad con las leyes nacionales.

Ejemplos de casos tomados del informe sobre falencias en la investigación de homicidios, impunidad de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y medidas de protección inadecuadas para personas en riesgo:

  • Cinco miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) fueron asesinados durante un enfrentamiento por tierras en la plantación El Tumbador el 15 de noviembre de 2010. En la causa iniciada por este hecho contra cinco guardias de seguridad privada, se otorgó el sobreseimiento provisional, en un proceso en que los fiscales no recogieron evidencias esenciales, como realizar pruebas de balística en armas presuntamente utilizadas en el incidente y confeccionar un inventario completo de las armas asignadas a los guardias.
  • El agricultor y predicador laico Gregorio Chávez desapareció el 2 de julio de 2012 cerca de su vivienda en la comunidad Panamá. Transcurrieron varios días sin que la policía inspeccionara una plantación cercana a su propiedad, y esto provocó que se perdiera la oportunidad de recabar evidencias cruciales. Cuando la policía finalmente realizó una búsqueda en la plantación el 6 de julio, encontraron el cuerpo sin vida de Chávez. Ninguna persona ha sido imputada por este hecho.
  • Santos Bernabé Cruz —un joven que entonces tenía 16 años y es hijo del líder de una organización campesina— denunció que fue detenido arbitrariamente por policías el 19 de septiembre de 2011 y acusado de participar en un atentado en el cual perdió la vida un policía, si bien Cruz negó estar implicado. Cruz indicó que los policías lo golpearon con sus cascos, lo azotaron con una manguera, saltaron varias veces sobre su cuerpo mientras yacía tendido en el suelo, y luego lo rociaron con gasolina y le advirtieron que lo quemarían vivo si no confesaba. Dijo haber permanecido incomunicado toda la noche bajo custodia policial, y que fue liberado al día siguiente sin que se formularan cargos. La investigación penal sobre estos abusos se encuentra paralizada.
  • El 22 de septiembre de 2012, agresores armados emboscaron y asesinaron al abogado de derechos humanos Antonio Trejo en Tegucigalpa, afuera de una iglesia. Tres días después de su muerte, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos Ana Pineda reconoció que Trejo había informado al gobierno que temía por su vida debido a amenazas, e indicó que el gobierno le había otorgado “medidas de seguridad”. Sin embargo, al día siguiente, un vocero de la Secretaría de Seguridad indicó que, según había podido determinar, Trejo no había recibido protección a través de la secretaría. Ninguna persona ha sido acusada en relación con el asesinato de Trejo, que aún está siendo investigado.
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Fuente: http://www.hrw.org/node/123189

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Human Rights Watch denuncia inacción autoridades hondureñas agrava impunidad

Artículo | Febrero 12, 2014 – 11:34am

Agencias / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. La organización Human Rights Watch denunció hoy que “la inacción” de las autoridades de Honduras agrava la impunidad en el Bajo Aguán, en el Caribe del país centroamericano, donde campesinos reclaman tierras y muchos han sido asesinados.

Las autoridades hondureñas, según indicó la misma organización en Tegucigalpa, “no han investigado adecuadamente la ola de homicidios y otros abusos presuntamente vinculados a conflictos por la tierra en la región del Bajo Aguán”.

Human Rights Watch también presentó el informe “Aquí no hay investigaciones”, en el que examina 29 homicidios y dos privaciones ilegales de libertad ocurridos en el Bajo Aguán desde 2009, así como violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y policías.

El informe añade que Human Rights Watch determinó que fiscales y policías ignoraron sistemáticamente medidas de investigación oportunas y exhaustivas que permitieran esclarecer los delitos, y que esa omisión ha sido reconocida en entrevistas por fiscales, policías y militares hondureños.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que “incluso tratándose de un país con alarmantes niveles de violencia (un promedio de 20 muertes diarias) e impunidad, la situación en el Bajo Aguán es particularmente grave”.

Indicó además que “la ausencia de las medidas más básicas para llevar a los responsables de crímenes ante la justicia ha perpetuado un clima de impunidad que estimula nuevos delitos, e incrementa la desconfianza en las autoridades”.

Según organismos locales de derechos humanos y campesinos organizados, más de un centenar de labriegos fueron asesinados en el Bajo Aguán en los últimos cuatro años, crímenes en los que se vieron involucrados guardias de seguridad privada de empresarios agrícolas, policías y militares.

El informe del organismo indica además que guardias de seguridad también han sido asesinados en los enfrentamientos con campesinos.

Human Rights Watch señala que “en ninguno de los 29 homicidios documentados en el Bajo Aguán se ha dictado condena, según surge de información proporcionada por funcionarios gubernamentales”.

“Solamente un caso llegó a juicio: el asesinato de cinco campesinos, ocurrido en noviembre de 2010”, precisa.

“Pero en enero de 2013 se dictó el sobreseimiento provisional hasta que se presentaran nuevas evidencias, luego de que la Justicia no encontrara elementos suficientes para seguir adelante con la causa, y desde entonces no se ha reanudado”, subraya el informe.

La zona de conflicto, en la que permanece una fuerza militar especial enviada por el expresidente Porfirio Lobo, quien entregó el poder el 27 de enero pasado, es productora en mayor medida de palma africana.

Human Rights Watch indicó que en casos en que la evidencia sugería que soldados y policías del Bajo Aguán cometieron violaciones de derechos humanos, los investigadores no cumplieron pasos básicos para determinar si se habían producido abusos.

“Frente a hechos en que las evidencias indicaban que miembros de las fuerzas de seguridad participaron en torturas y detenciones arbitrarias, los fiscales no se constituyeron en hasta el lugar de los hechos ni entrevistaron a testigos y presuntos responsables”, agrega el informe.

También señala que las autoridades postergaron la búsqueda de personas que, según indica la evidencia, fueron llevadas contra su voluntad, aun cuando había indicios sobre dónde podrían ser encontradas.

“En uno de estos casos que fue examinado por Human Rights Watch, la víctima posteriormente fue hallada muerta, y dos aún están desaparecidas”, agrega.

Human Rights Watch subraya que en 13 de los 29 homicidios y privación ilegal de la libertad que investigó, las evidencias apuntaban a la posible intervención de guardias de seguridad privada, quienes están sujetos a las leyes nacionales sobre uso de la fuerza y obligados a respetar los derechos de los ciudadanos.

La Administración de Porfirio Lobo intentó solventar el problema con la compra de tierras a empresarios para entregarlas a los campesinos, pero la crisis sigue sin ser resuelta en el Bajo Aguán.

Human Rights Watch espera que el nuevo Gobierno que preside Juan Orlando Hernández busque una solución al conflicto. (Diario Vasco).

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/human-rights-watch-denuncia-inacci%C3%B3n-autoridades-hondure%C3%B1as-agrava-impunidad

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