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El Ina en picada – 03 Septiembre 2016

El Instituto Nacional Agrario, Ina, se suma a la lista de instituciones públicas del país que están siendo sometidas a un proceso de desaparición bajo la argumentación oficial de tratarse de un proceso de transformación y modernización. Así nos vendieron el proceso que le han dado a la Empresa Nacional Portuaria, a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel. Ahora lo que tenemos es solo “el cascajo” de dichas empresas.

Ese mismos camino está siguiendo el Instituto Nacional Agrario, Ina, la institución semi-autónoma del Estado, cuyo fin es realizar el proceso de reforma agraria en cumplimiento de la política agrícola nacional impulsada por el gobierno, con el propósito de lograr la transformación de la estructura agraria del país e incorporar a la población rural al desarrollo integral de la nación.

Hay que reconocer que esa ha sido una tarea que no ha podido cumplir a lo largo de 43 años de existencia. El Ina ha servido para darle trabajo a un montón de activistas de los partidos políticos que han gobernado la institución. Pero lejos, muy lejos ha quedado la función esencial del Ina que es la implementación en el país de una verdadera reforma agraria.

Según cuentan los propios sindicalistas del Ina, los pocos proyectos agrarios que la institución agraria ha impulsado han sido por la presión ejercida por organismos internacionales que han financiado dichos proyectos, después de eso el Ina, ha sido una institución que muy poco aporta al agro y a garantizar el derecho de acceso a la tierra.

Pero también hay que señalar que en el Ina, sus trabajadores y trabajadoras, organizadas en el sindicato, no han sido capaces de parar la caída de una institución acaparada por los políticos. No pudieron denunciar, en el momento que sucedían las cosas, para evitar llegar a condiciones tan extremas de una institución que parece haber iniciado su cuenta regresiva a su desaparición.

De acuerdo al plan de reingeniería establecido en un decreto ejecutivo, se ordena el cierre de 18 regionales, más la división de atención a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Unos 400 empleados, dice el gobierno, deben ser despedidos para que el Ina siga operando ya que arrastra un déficit de presupuesto de 140 millones de lempiras al año.

El sindicato ha iniciado una serie de acciones para que se respeten los derechos de sus agremiados, una lucha muy válida y que da razón de ser al sindicato, pero a la par de esta lucha se debe exigir y demandar por el rescate de la institución y por una tan ansiada y anhelada reforma agraria integral.

Pero hay que decirlo, y decirlo con mucha firmeza, en estos momentos pareciera que la lucha del sindicato se centra en la mera lucha por defender un empleo que la propia institución y no se dan cuenta que con el entierro del INA también se entierras las posibilidades de una verdadera reforma agraria.

Pero todo parece indicarnos que la suerte del Instituto Nacional Agrario, Ina, parece estar echada, no hay vuelta atrás y ha iniciado su camino a la desaparición.

Origen: El Ina en picada – 03 Septiembre 2016

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Empresa Nacional Portuaria y el Indura Beach persisten en acosar Garífunas de Barra Vieja.

Sambo Creek, 20 de Julio del 2016.- A pesar que la Corte Suprema de Justicia desestimó el Recurso de Casación interpuesto por el Indura y la Empresa Nacional Portuaria (EPN) en contra de la Sentencia Absolutoria a favor de la comunidad Garífuna de Barra Vieja, la EPN  y los empresarios asociados al Indura Beach persiste en la persecución jurídica a los miembros directivos del patronato de Barra Vieja.

El 4 de junio de 2015, el Juzgado de Tela dicto una sentencia absolutoria a favor de la comunidad de Barra Vieja, en un juicio donde fueron encausados más de un centenar de los habitantes de la comunidad. La asombrosa actitud asumida por el estado de Honduras a través del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), la Empresa Nacional Portuaria y el Indura Beach, ha demostrado la persecución contra el pueblo Garífuna, la que se incrementó a partir del golpe de estado del año 2009.

Loa habitantes de Barra Vieja han padecido de una persecución judicial precedida de varios intentos de desalojo, donde la comunidad garífuna demostró su capacidad para eludir la violencia de las fuerzas de seguridad estatales, que pretendieron atemorizar a al población con su inclinación a la violencia, demostrada en los múltiples desalojos, los cuales suelen ser muy habituales en nuestro país.

Según la sentencia emitida por el Juzgado de Tela, la ENP no pudo demostrar que son dueños de la tierra donde esta ubicada la comunidad de Barra Vieja. Además se señaló que los acusados no son usurpadores, por lo tanto se les suspendieron las medidas sustitutivas a los miembros dela comunidad sindicados en el caso.

Ante la problemática existente en Honduras en materia de titulación, el Juzgado en su sentencia indicó que “este tribunal no duda de la autenticidad de la escritura, no así en lo referente a su contenido en vista de que no se acreditó en el juicio oral mediante las escrituras correspondientes los desmembramientos que se encuentran registradas y que consta en las notas marginales, tampoco se constataron las dimensiones y colindancias de dichos predios, por tal razón se desconoce actualmente cual es la cantidad de hectáreas o manzanas registradas a favor de la Empresa Nacional Portuaria, o del Instituto Hondureño de turismo, del Instituto Nacional Agrario y del Proyecto Bahía de Tela”.

La sentencia demuestra como las diversas instituciones del estado de Honduras y los empresarios han realizado una piñata con el territorio ancestral Garífuna. La asombrosa actitud asumida por el estado a través del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), y la  élite de poder económico de apropiarse y repartirse Barra Vieja, utilizando al Poder Judicial, no es más que un despojo que viola convenios jurídicos internacionales, además demuestra la ausencia de ética de los funcionarios públicos.

La presencia Garífuna en Barra Vieja se remonta al año de 1911, y para 1950 se encuentra constituida la comunidad, la que después del huracán Mitch es deshabitada ante la muerte de los cocos y el avance de la erosión costera. En el año 2006 comienzan los antiguos habitantes de Barra Vieja a retornar a su territorio ancestral, y reconstruir sus viviendas.

La E.P.N se encuentra además implicada en el despojo de la comunidad Garifuna de Puerto Castilla, en la que pistola en mano el general Gustavo Alvarez Martinez obligó a la comunidad de Cristales y Río Negro en Trujillo ceder parte de su territorio para la construcción del muelle en Castilla, situación que implicó una relocalización de la comunidad en 1976. En la actualidad existen amenazas de una nueva relocalización de Castilla como parte de la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), conocida también como Ciudad Modelo.

Exigimos al estado de Honduras, IHT, EPN y empresarios asociados con el Indura Beach, que cesen el hostigamiento y persecución judicial a los dirigentes del Patronato de Barra Vieja. Además a la EPN reconsidere los planes de expulsión de los habitantes de Puerto Castilla, ya que las ZEDE no fueron consultadas en ningún momento con el pueblo Garífuna, tal como exige el Convenio 169 de la OIT.

Cabe mencionar el hecho que en diciembre del 2015, La Corte Interamericana emitió dos sentencias condenatorias contra el Estado Hondureño, por la violación del derecho a la Consulta-Consentimiento Previo Libre e Informada de la comunidad de Triunfo de la Cruz y de la falta de protección y garantía del titulo comunitario otorgado a la comunidad de Punta Piedra.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Origen: Empresa Nacional Portuaria y el Indura Beach persisten en acosar Garífunas de Barra Vieja.

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Asesinan a Jefe de personal de la Portuaria

JEFEPORTUARIAMUERTOÁngel Gabriel Viera jefe de personal de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) en Honduras fue asesinado la mañana de este martes, informó la Policía Nacional.

El hecho violento se registró a las 7:00 de la mañana cuando el funcionario de la ENP salía de su vivienda, ubicada en la colonia La Paz del municipio de La Lima, Cortés.

Según datos preliminares, Viera fue atacado por un hombre que sin mediar palabra le disparó a quemarropa hasta causarle la muerte.

Agentes policiales que llegaron a la escena del crimen acordonaron la zona para dar con el paradero del asesino.

Se desconoce el móvil del suceso y quiénes estarían interesados en su muerte ya que según familiares de Viera aseguraron que su pariente no tenía enemistades.

CARROJEFEPORTUARIA

URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=11248

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Nuevo juicio para expulsar a la comunidad Garífuna de Barra Vieja de su territorio ancestral.

Sambo Creek, 29 de junio de 2015.- Para el próximo martes 30 de junio, la Junta Directiva de la comunidad de Barra Vieja ha sido citada por el Juzgado de Tela, con el propósito de efectuar una audiencia preliminar, en referencia a la supuesta usurpación de tierras que promueve la Empresa Nacional Portuaria (EPN).

Los empresarios asociados al proyecto de megaturismo Indura Resort, conocido previamente como Laguna de Micos, continúan presionando para apoderarse del territorio ocupado por el pueblo Garífuna desde 1885, cuando los garinagus que habitaban en el antiguo de Triunfo de la Cruz, -conocido actualmente como la ciudad de Tela- fueron desplazados por las compañías bananeras, replegándose en Tornabé y en el actual Triunfo.

Desde la década de los años 70 se dio inicio a una serie de especulaciones inmobiliarias alrededor del proyecto que se conoció en aquel entonces como Bahía de Tela, las cuales afectaron a todas las comunidades Garífunas de la bahía. Con la ampliación del casco urbano de la ciudad de Tela y la implementación de la Ley de Municipalidades (1992), empresarios, políticos y militares se apropiaron de las tierras consideradas idóneas para el negocio del turismo.

El año pasado se suscitaron tres intentos de desalojo y este año en el mes de mayo, la EPN siguiendo las instrucciones del Indura Resort, prosiguió a la casi toda la población adulta de la comunidad, fallando sorpresivamante el Juzgado de Tela a favor de Barra Vieja.

La politización del sistema judicial en Honduras se agudizo a partir del golpe de estado y posteriormente se agravó con el golpe a la Corte Constitucional perpetrado por Juan Orlando Hernández cuando se desempeñaba como presidente del Congreso Nacional. La enorme mora judicial y la presteza con que actual el Juzgado de Tela denota el enorme interés de los empresarios del Indura Resort.

Cabe señalar que el Indura Resort se encuentra íntimamente ligado al Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) capítulo Honduras, grupo que financió a Lany Davis, encargado de cabildear en Washington a favor del golpista Roberto Micheletti. Davis es uno de los hombres de confianza de Hillary Clinton, la ex Secretaria de Estado durante el golpe de estado del año 2009.

El despojo de Barra Vieja forma parte de la estrategia de expulsión del pueblo Garifuna de la costa Caribe de Honduras. Mientras la misma EPN viene amenazando de expulsar a la comunidad de Puerto Castilla, donde pretenden construir una supuesta Ciudad Modelo, el crimen organizado efectúa presiones territoriales en las comunidades de Armenia y Vallecito.

Mañana se dará inicio a una nueva farsa jurídica de un caso ya juzgado, pero que el fallo no fue del agrado de la élite de poder de un país autocrático abatido por la corrupción y la violencia. Es de esperar los argumentos usuales del Ministerio Público: denegar la existencia de la comunidad e insistir en diluir la condición de pueblo indígena de los Garifunas.

Como es de conocimiento del estado de Honduras, en cualquier momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictará una sentencia sobre los dos casos que se ventilan alrededor del pueblo garifuna. En el caso de Triunfo de la Cruz se incluye precisamente la denegación al derecho a la Consulta Previa Libre e Informada sobre la imposición de los proyectos turísticos y creación de áreas protegidas consultas. Los fallos harán más palpables la distorsión de la aplicación de justicia en Honduras y la cruenta situación por la que atravesamos los pueblos indígenas del país.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2015/06/29/nuevo-juicio-para-expulsar-a-la-comunidad-garifuna-de-barra-vieja-de-su-territorio-ancestral/

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Barra Vieja, Honduras: Toda una Comunidad Garífuna a juicio por invadir su territorio ancestral

Sambo Creek, Atlántida, 11 de mayo de 2015.- Como muestra de la insólita aplicación de la justicia en Honduras, el Juzgado de la ciudad de Tela, ha citado a la comunidad Garifuna de Barra Vieja, para los días 12 al 15 del presente a un audiencia, acusados de ser invasores de un terreno que forma parte del territorio ancestral Garífuna.

En el año 2007, el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) interpuso a través de la empresa nacional Portuaria (EPN) una denuncia ante la Fiscalía de Tela, por la supuesta usurpación de tierras estatales, las cuales no podrían ser afectadas para otros fines, por tratarse de un proyecto de interés nacional.

El IHT se refirió al proyecto conocido como Indura Beach, empresa instigadora de los desalojos perpetradas en el año 2014. Para el 13 de junio de ese año, la Corte de Apelaciones de la ciudad de La Ceiba, emitió una orden de desalojo, la cual se llevo a efecto el 6 de agosto. Posteriormente el 22 de septiembre el juez accedió a una nueva solicitud de desalojo, dándose un conato de desalojo el 29 de septiembre, el cual se repitió el día 30.

La población de Barra Vieja retornó de nuevo a sus moradas, y se encuentra ocupando una vez más el territorio ancestral. Sin embargo, recibieron un requerimiento par presentarse al juzgado, como usurpadores de un territorio que ha sido utilizado por los garifunas desde el año1885 cuando fueron presionados a abandonar el antiguo Triunfo de la Cruz, conocido en la actualidad como la ciudad de Tela.

El caso de Barra Vieja es una violación del Convenio 169 de la OIT y Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,además de infringir el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos humanos.

Existe una enorme jurisprudencia del Sistema Interamericano de Justicia que reafirma el derecho de los pueblos indígenas a su territorio ancestral. Desde la sentencia Awas Tigni vs Nicaragua hasta la del pueblo Saramaka versus Surinam, entre otras, ha quedado señalada la importancia del reconocimiento de los estados -nación a los derechos de los pueblos sobre sus territorios ancestrales.

Desafortunadamente los tribunales de la Ceiba y Tela, se apegan más a los intereses de la elite de poder, que al derecho de los pueblos y han demostrado hasta la saciedad desconocer los convenios y declaraciones internacionales emitidas a favor de derechos de los pueblos indígenas.

Para los Garífunas de Barra vieja, su territorio ancestral no es una dádiva, existe una relación intima con el territorio que ocupan. Para ellos la conexión con la madre tierra va más allá de un lucrativo negocio.

Solicitamos solidaridad para los habitantes de Barra Vieja, enviando cartas de apoyo dirigidas a la Corte Suprema de Justicia al siguiente correo electrónico comunicaciones@poderjudicial.gob.hn

Organización Fraterna Negra Hondureña

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2015/05/12/barra-vieja-honduras-toda-una-comunidad-garifuna-a-juicio-por-invadir-su-territorio-ancestral/

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Barra Vieja: una comunidad en continua represión

Abr 30, 2015

La comunidad garífuna de Barra Vieja ubicada entre el mar caribe y la Laguna de Los Micos en la bahía de Tela, departamento de Atlántida, es una comunidad con mucha riqueza natural que quieren acaparar grandes empresarios. Barra Vieja se sitúa a pocos metros del complejo hotelero Indura Beach and Resort.

En los últimos años, la comunidad ha tenido una lucha permanente en defensa de su territorio. Barra Vieja fue fundada en 1902, desde esa fecha la comunidad ha subsistido de la pesca artesanal y de sembrar algunos cultivos como la yuca. La comunidad la forman unas 400 personas que viven en humildes casas hechas con caña y hojas de coco, no hay escuela ni centro de salud, los niños para poder recibir educación tienen que desplazarse caminado por la playa hasta la comunidad de Tornabé que se encuentra a tres kilómetros.

Desde el inicio del proyecto Bahía de Tela, Barra Vieja viene enfrentándose a los ricos y poderosos de nuestro país.

La Empresa Nacional Portuaria (ENP) de forma misteriosa se convirtió en propietaria de buena parte del territorio Garífuna de la Bahía de Tela, entre ellos Barra Vieja. En el año 2006 cedió  25 hectáreas de las tierras expropiadas a la comunidad de Miami, y de esa forma  obtuvieron un título comunitario.

En varias ocasiones los garífunas han sido desalojados de sus hogares acusados por la ENP de estar usurpando territorio. Solo en el 2014, se efectuaron más de dos desalojos, provocando terror en los pobladores y pobladoras.

Continúa la represión

La lucha de la comunidad por la defensa del territorio ha sido criminalizada, están en amenaza permanente de desalojo, lo más reciente es una citatoria que tiene toda la comunidad para comparecer ante los juzgados en Tela. La citatoria es para el 12, 13 y 14 de mayo en el edificio de la antigua contaduría en Tela, se les acusa de ser usurpadores de las tierras que les han pertenecido ancestralmente.

Para Carlos Castillo, presidente del patronato de Barra Vieja, la acción responde al interés de INDURA BEACH que quiere despojar a los garífunas de su territorio quedarse con las tierras para ampliar el proyecto.  Asegura que la comunidad se presentará a la citatoria porque ellos, no tienen nada que temer, pues están en el territorio, que les pertenece y ha pertenecido siempre.

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Castillo hace un llamado a todas las organizaciones sociales y populares, y a toda la población Hondureña para que se solidaricen con la comunidad, pues su lucha es una lucha justa.

Los habitantes de Barra Vieja han declarado que primero muertos antes de abandonar sus casas. Cabe señalar que el Estado de Honduras incumple una vez más sus obligaciones de proteger al pueblo Garífuna, como lo indica la Constitución Nacional y Convenios internacionales suscritos por el Estado.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2024-barra-vieja-una-comunidad-en-continua-represi%C3%B3n

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Honduras y Estados Unidos acuerdan alianza portuaria

puerto cortes 2

El presidente Juan Orlando Hernández acordó con el director del puerto de Miami, Juan Kuryla, firmar un convenio para concretar una alianza entre el principal puerto de los Estados Unidos en el Atlántico sur, con el sistema portuario hondureño.

La importancia estratégica del acuerdo estriba en la utilización de las ventajas competitivas de Honduras como puente terrestre entre el Atlántico y el Pacífico.

Honduras cuenta con el puerto de mayor volumen de carga en la costa atlántica de Centroamérica, Puerto Cortes, y ha hecho importantes inversiones en su ampliación y modernización desde que se concesionó mediante un contrato de alianza pública privada.

Puerto Cortés sigue siendo el más grande de Centroamérica, con un altísimo movimiento de carga que se puede incrementar con nuevas inversiones, como también lo ha señalado el presidente Hernández durante su visita de una semana a Estados Unidos.

Fuente: http://lanoticia.hn/nacionales/honduras-y-estados-unidos-acuerdan-alianza-portuaria/

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Conductores de transporte pesado anuncian paro de labores para enero

“Los motoristas sólo realizan su trabajo de transportar la mercadería de un punto a otro; no vemos el por qué la exigencia, si el dueño de cada mercancía presenta su documentación”

En protesta a la determinación por parte de la aduana en Puerto Cortes, los conductores de transporte pesado están amenazando con paralizarse en los primeros días de enero del 2015, expreso Edgardo Menéndez, presidente de la Asociación de Transporte de Petróleo del Norte.

El empresario dijo que no hay razón que a cada conductor les soliciten el Registro Tributario Nacional, RTN, si ellos solo se encargan de transportar la mercadería, ya que los dueños de los productos presentan todo la documentación incluyendo el RTN.

“Los motoristas sólo realizan su trabajo de transportar la mercadería de un punto a otro; no vemos el por qué la exigencia, si el dueño de cada mercancía presenta su documentación”

Menéndez dijo que ese trámite, es engorroso y les genera pérdida de tiempo, en ese sentido, advirtió que si el gobierno no les resuelve lo antes posible van a paralizar las unidades en la primera semana de enero próximo.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/conductores-de-transporte-pesado-anuncian-paro-de-labores-para-enero

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Ejecutivo confirma depuración en 11 instituciones públicas

2 de Diciembre de 2014

10:00PM  –  Redacción  

Detectan que la mitad de trabajadores no tienen asignaciones. Ya hay sistema de registro de empleados públicos.

El Poder Ejecutivo confirmó la depuración en 11 instituciones públicas.
El Poder Ejecutivo confirmó la depuración en 11 instituciones públicas.

Tegucigalpa, Honduras

El Poder Ejecutivo reiteró este martes que inició un proceso de depuración de personal en todo el aparato del Estado.

La medida está encaminada a expulsar a todas las personas que ostentan salarios sin tener asignaciones específicas.

Jorge Ramón Hernández Alcerro, ministro general de Gobierno de Honduras, reveló que cerca de la mitad de la fuerza laboral del Estado no tiene asignadas funciones en particular.

Datos oficiales recientes señalan que la administración pública del nivel central y descentralizado lo componen al menos 200 mil empleados.

Hernández Alcerro informó que recién el 30 de noviembre se concluyó un sistema de registro de todos los empleados públicos.

Explicó que el sistema facilitará el proceso de depuración que será enfocado en 11 instituciones de gobierno abarrotadas de paracaidistas.

Entre estas citó el IHNFA (que será liquidado totalmente el 6 de diciembre), la ENEE, Hondutel, SANAA, Empresa Nacional Portuaria, Secretaría de Salud, Educación, Seguridad e Insep.

“Se trata de depurar, se trata de limpiar, se trata de que los hondureños paguemos a través de nuestros impuestos a quienes realmente trabajan”, afirmó Hernández Alcerro.

“Hemos encontrado que cerca de la mitad (de empleados públicos) no tenían asignación específica… Son miles de millones de lempiras que se van anualmente (en salarios) que luego tenemos que dejar de invertir en programas sociales”, apuntó.

El pasado lunes el asesor presidencial, Ebal Díaz, manifestó que el Poder Ejecutivo reducirá la masa laboral del gobierno como mínimo en un 30 por ciento durante el 2015.

Advirtió que se comenzará a aplicar un mecanismo de medición y eficiencia en las diferentes instituciones del Estado que servirá para establecer quiénes deberán dejar la administración de gobierno.

El gobierno ha presupuestado una suma de 35,940.4 millones de lempiras para salarios de la administración central durante el 2015, una cifra inferior a lo que fue presupuestado para el presente año que fue de 36,564.8 millones de lempiras.

“Estamos trabajando de manera focalizada con 11 instituciones que son las instituciones donde los trabajados de la Comisión de Reforma de la Administración Pública hemos encontrado la situaciones más preocupantes”, reveló Hernández Alcerro.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/773295-331/ejecutivo-confirma-depuraci%C3%B3n-en-11-instituciones-p%C3%BAblicas

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Honduras: Planes de rescate de ENEE y Hondutel son una farsa

30 de Octubre de 2014

10:11PM  –  Redacción  

Sindicalistas responden que el Congreso es también responsable aprobando leyes nocivas para las estatales.

Los sindicalistas afirman que el Congreso y sus diputados tienen su cuota de responsabilidad.
Los sindicalistas afirman que el Congreso y sus diputados tienen su cuota de responsabilidad.

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, Francisco Rivera, aseguró ayer que los planes de rescate financiero de las empresas estatales ENEE y Hondutel resultaron siendo una “verdadera farsa”.

Ambas instituciones están en la presente administración gubernamental bajo el mando del secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Roberto Ordóñez, quien hasta el momento no ha dado luces de hacia dónde se dirige el destino de estas legendarias empresas.

Datos oficiales del gobierno dan cuenta que en 2013 solo la ENEE y Hondutel le generaron pérdidas al Estado por alrededor de cuatro mil 750 millones de lempiras. Unos cuatro mil millones de lempiras corresponden a la ENEE y 750 millones de lempiras a Hondutel.

En el caso de la estatal eléctrica, la empresa comenzó un proceso de rescate por medio de la implementación de fideicomisos con participación de capitales privados. En tanto, el sindicato de la institución ha denunciado que se pretende llevar a la ENEE a una sociedad anónima bajo la segmentación de los servicios.

Mientras, en el caso de Hondutel, el panorama es más sombrío porque luego de la instalación de varias comisiones interventoras en el gobierno de Porfirio Lobo, la situación sigue siendo precaria y sin un plan de rescate real apoyado por el Poder Ejecutivo.

La ENEE no puede reducir las pérdidas por distribución y robo de energía, lo que le genera cuantiosas mermas en sus ingresos y que el propio exgerente de la estatal, Emil Hawit, ha reconocido que ronda el 30 por ciento, una cifra insoportable desde todo punto de vista.

Por su parte, Hondutel lo único que ha hecho es el retiro voluntario de mil trabajadores y anunciar la posibilidad de inversiones por el monto de 206 millones de lempiras para ampliar el cable submarino y el ancho de banda.

Atol con el dedo

Lo anterior es criticado por el diputado nacionalista Francisco Rivera, quien sostiene que los sindicatos de estas instituciones “le dieron atol con el dedo al pueblo hondureño porque lo que querían era beneficiarse y buscar la forma de ampliar sus contratos colectivos”.

“Creímos de buena fe, pero estas empresas lo que requieren es orden”, comentó Rivera, tras pedir públicamente al Presidente de la República que, para empezar, elimine las juntas directivas de estas empresas de servicio público.

Solo el SANAA y la Empresa Nacional Portuaria son las que tienen una luz de esperanza para el rescate, pero las demás son un desastre, aseguró el diputado nacionalista.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/763185-331/honduras-planes-de-rescate-de-enee-y-hondutel-son-una-farsa

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Honduras: Gobierno ocupa 1,800 millones para prestaciones de unos 3000 empleados

domingo, 26 de octubre de 2014

La Tribuna.hn/ 26 octubre, 2014 – 7:00 pm
» La suspensión de empleados es el inicio del recorte de planillas en Hondutel, la ENEE y la Portuaria.

El gobierno necesita unos 1,800 millones de lempiras para pagarle las prestaciones a por lo menos 3,000 empleados en lista de despido de tres instituciones descentralizadas.
Los trabajadores pertenecen a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y la Empresa Nacional Portuaria (ENP).
Estos empleados serán destituidos en los próximos meses como parte de la reducción del gasto corriente del gobierno, afirmó el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, el diputado nacionalista Francisco Rivera.
El proceso de despidos ha comenzado en las tres empresas con la suspensión de labores por 120 días de estos empleados, conforme a lo establecido en la ley, apuntó el congresista.
Las tres empresas emplean a unas 10 mil personas, pero el diputado dijo que una buena parte de los trabajadores han sido recomendados de los políticos de turno en los últimos gobiernos.
Consideró que a toda acción existe una reacción y, entonces, el gobierno debe preparar 1,800 millones de lempiras, equivalentes a 50 millones de dólares por el pago de prestaciones y derechos laborales.
Al cumplirse con el compromiso de estos pagos, se reducirá el aparato estatal, medida que es necesaria, en primer lugar, para satisfacer las peticiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y cumplir con la reducción del gasto corriente, puntualizó el diputado. (EG) 
http://www.latribuna.hn/2014/10/26/gobierno-ocupa-1800-millones-para-prestaciones-de-unos-3000-empleados/

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Honduras: Policía desaloja la comunidad Garífuna de Barra Vieja

Organizaciones de Derechos Humanos exigen al gobierno el respeto al derecho a la propiedad ancestral que poseen los habitantes de Barra Vieja, y que cese el desalojo e intimidación que padecen sus habitantes.

El desalojo ocurre debido a la urgencia de ampliar las instalaciones del complejo turístico Indura Beach Resort para confort sobre todo de turistas extranjeros, así se ha mandado a la calle este dia a más de 450 personas, vistos como estorbo para el proyecto turístico causante de la destrucción de parte de los humedales de la laguna de Micos (RAMSAR 722), ha denunciado la Ofraneh.

Edición Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Este día fuerzas militares por orden judicial desalojaron a los pobladores garífunas de la comunidad Barra Vieja, ubicada cerca de la ciudad de Tela en el norte de Honduras.

Según organismos de fraternidad negra esto obedece a la campaña emprendida por el actual gobierno en contra del pueblo Garífuna, y en esa línea se desalojó a la comunidad de Barra Vieja, Tela. Esto ocurrió a instancias de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y el Indura Beach Resort, que pretenden desalojar a más de 450 personas, vistos como estorbo para el proyecto turístico causante de la destrucción de parte de los humedales de la laguna de Micos (RAMSAR 722).

La Organización Fraternidad Negra de Honduras (OFRANEH), ha dicho que la Corte de Apelaciones de La Ceiba ha repetido la ofensiva en contra de Barra Vieja perpetrada desde el pasado 6 de agosto pasado, cuanto un contingente de policías arremetió contra los habitantes de la comunidad, allanando sus moradas y sacando los enseres, con el propósito posterior de demoler las viviendas.

Hasta este día, la resistencia pacífica de la comunidad evitó que las fuerzas del Ministerio de Seguridad llevaran a cabo su objetivo, pero hoy cumplieron su amenaza de que regresarían con un mayor número de efectivos para lograr su objetivo. Desde entonces, se había decretado una guerra sicológica en contra de los garífunas de Barra Vieja, lanzando globos sonda cargados de intimidaciones y amenazas del desalojo.

Un dirigente garífuna entrevistado en la zona por medios televisados ha dicho hace unas horas que “el Estado de Honduras ha demostrado en las recientes audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un irrespeto total en relación a los derechos territorial que poseemos los garífunas, denegando nuestra condición como pueblo indígenas”.

Las presiones territoriales existentes en Honduras en contra de los pueblos indígenas, expone Ofraneh, se agravan con la entrada en vigor de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, (ciudades modelo) la que incluye a más de 20 comunidades en siete de las 10 zonas señaladas para la entrega al capital extranjero, con el propósito de crear repúblicas cuasi independientes y recurrir a la tercerización de la justicia.

El desalojo en Nueva Armenia y Barra Vieja, no es más que la antesala de la tercera reubicación de Castilla, comunidad que fue trasladada en 1941 y en 1978. La primera vez para la construcción de una base militar estadounidense y la segunda cuando el general Álvarez Martínez obligó a las comunidades de Cristales y Río Negro a ceder la vieja Castilla a la Empresa Nacional Portuaria. En fecha reciente se efectuó un desalojo en un terreno en disputa en Puerto Castilla, lo que no fue más que un ensayo para la expulsión de la comunidad con el objetivo de asentar en el lugar, una de las ciudades modelo-ZEDE.

“Existe enorme jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con relación a los derechos de los pueblos indígenas y su territorio ancestral, aunque no exista un reconocimiento del estado sobre dichos territorios”, expone la organización.

Y en un comunicado indica que tanto en la Audiencia en Costa Rica en mayo anterior sobre el caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz, y este mes en Paraguay sobre el caso de la comunidad de Punta Piedra, la Comisión interamericana de Derechos Humanos señaló al Estado de Honduras su incongruencia en relación al reconocimiento territorial, el cual debe incluir los territorios no titulados.

“Desgraciadamente, ya sea por omisión o ignorancia la Corte de Apelaciones de La Ceiba desconoce las sentencias de la Corte IDH y con base a una cuestionable Ley de Municipalidades y la ilegal Ley de Propiedad, pretende satisfacer los mandatos de los empresarios hoteleros. De esta forma una vez más el Estado viola la Convención de Viena y el Convenio 169 de la OIT”.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/honduras-polic%C3%ADa-desaloja-la-comunidad-gar%C3%ADfuna-de-barra-vieja

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ENP si está facultada para suscribir contratos de fideicomisos según MP

La Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución emitió en las últimas horas un dictamen en el que se considera constitucional la suscripción de Contratos de Fideicomisos entre la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y terceros, en virtud del Recurso de Inconstitucionalidad presentado por el Sindicato de Trabajadores de  la ENP contra el decreto 82-2012, contentivo del Contrato de Fideicomiso para la Estructuración, Desarrollo y Financiamiento de la Terminal Especializada en Contenedores y Carga General de Puerto Cortés y del Contrato de Fideicomiso para Estructuración, Desarrollo y Operación de la Terminal de Gráneles de Puerto Cortés.
Para el Ministerio Público, el decreto 82-2012 no vulnera garantías constitucionales, ya que la ley constitutiva de la ENP contempla que ésta podrá, en cuales quiera de los puertos bajo su jurisdicción, celebrar contratos con terceras personas en los términos que se consideran más adecuados ya sea para que se realicen total o parcialmente los servicios que se requieran.
En ese contexto, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución es del criterio que este decreto va en consonancia con la propia normativa de la ENP, que desde el momento de su concepción, previó la posibilidad de conceder a terceros, la realización de actividades, siempre y cuando esto no implique una supresión de la ENP, que era el alegato de los impetrantes.

Fuente: http://www.tercerpoder.hn/enp-si-esta-facultada-para-suscribir-contratos-de-fideicomisos-segun-mp/

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Inminente desalojo en la comunidad Garífuna de Barra Vieja

Como parte de la campaña emprendida por la actual administración gubernamental en contra del pueblo Garífuna, se renueva la amenaza de desalojo en la comunidad de Barra Vieja, Tela, a instancias de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y el Indura Beach Resort, los que pretenden desalojar a más de 450 personas, vistos como un estorbo para el proyecto tCurístico causante de la destrucción de parte de los humedales de la laguna de Micos (RAMSAR 722).

la Corte de Apelaciones de La Ceiba repite la ofensiva en contra de la comunidad de Barra Vieja perpetrada el pasado 6 de agosto, cuanto un contingente de policías arremetió contra los habitantes de la comunidad, allanando sus moradas y sacando los enseres, con el propósito de posteriormente demoler las viviendas.

La resistencia pacífica de la comunidad evitó que las fuerzas del Ministerio de Seguridad llevaran a cabo su objetivo, amenazando estos que regresarían con un mayor número de efectivos para lograr su objetivo. Desde esa fecha, se ha decretado una guerra sicológica en contra los garifunas de Barra Vieja, lanzando globos sonda cargados de intimidaciones, y amenazas del posible desalojo.

El Estado de Honduras ha demostrado en las recientes audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un irrespeto total en relación a los derechos territorial que poseemos los garífunas, denegando nuestra condición como pueblo indígenas.

Las presiones territoriales existentes en Honduras en contra de los pueblos indígenas, se agravan con la entrada en vigor de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, la que incluye a más de 20 comunidades en siete de las 10 zonas señaladas para la entrega al capital extranjero, con el propósito de crear repúblicas cuasi independientes y recurrir a la tercerización de la justicia.

El desalojo en Nueva Armenia y el planificado para Barra Vieja, no es más que la antesala de la tercera reubicación de Castilla, comunidad que fue trasladada en 1941 y en 1978. La primera vez para la construcción de una base militar estadounidense y la segunda cuando Alvarez Martinez obligó a las comunidades de Cristales y Río Negro a ceder la vieja Castilla a la Empresa Nacional Portuaria. En fecha reciente se efectuó un desalojo en un terreno en disputa en Puerto Castilla, lo que no fue más que un ensayo para la expulsión de la comunidad con el objetivo de asentar en el lugar, una de las ciudades modelo-ZEDE.

Existe una enorme jurisprudencia de la Corte IDH en relación a los derechos de los pueblos indígenas y su territorio ancestral, aunque no exista un reconocimiento del estado sobre dichos territorios. Tanto en la Audiencia en Costa Rica en mayo sobre el caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz, y este mes en Paraguay sobre el caso de la comunidad de Punta Piedra, la Comisión interamericana de Derechos Humanos señaló al Estado de Honduras su incongruencia en relación al reconocimiento territorial, el cual debe incluir los territorios no titulados.

Desgraciadamente, ya sea por omisión o ignorancia la Corte de Apelaciones de La Ceiba desconoce las sentencias de la Corte IDH y en base a una cuestionable Ley de Municipalidades y la ilegal Ley de Propiedad, pretende satisfacer los mandatos de los empresarios hoteleros. De esta forma una vez más el Estado viola la Convención de Viena y el Convenio 169 dela OIT.

La OFRANEH exige el respeto al derecho a la propiedad ancestral que poseen los habitantes de Barra Vieja, y que cese de una vez por todas las amenazas de desalojo e intimidaciones que padecen sus habitantes.

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2014/09/25/inminente-desalojo-en-la-comunidad-garifuna-de-barra-vieja/

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Por fin llega a Honduras cargamento de frijoles africanos

En tres contenedores llegaron los frijoles; cada uno con alrededor de 480 sacos para hacer un total de 1,440 unidades.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Tras varios meses de espera, el barco con frijoles provenientes de Etiopía llegó por fin a Honduras con apenas 1,440 sacos.

Alrededor de las ocho de la mañana de este lunes se reportó que el buque ingresó a Puerto Cortés había descargado el grano ya que ingresó a la terminal el pasado domingo.

En tres contenedores llegaron los frijoles; cada uno con alrededor de 480 sacos para hacer un total de 1,440 unidades.

Por ahora, el cargamento ha sido almacenado en las bodegas del operador privado de la Empresa Nacional Portuaria (ENP).

Por su parte, el responsable de la importación, Ramón Montero, dijo que se procederá a la fumigación de los sacos y se espera terminar este proceso de miércoles a jueves, debido a que hay otros trámites portuarios y aduaneros que se tienen que hacer”.

Cabe recordar que el secretario de Desarrollo Económico, Alden Rivera, prometió que los frijoles habían sido transportados desde la nación africana; fue señalado de ocultar la verdad de la importación.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/por-fin-llega-honduras-cargamento-de-frijoles-africanos

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Desalojo en la comunidad Garifuna de Puerto Castilla

El día de ayer se efectuó un desalojo en la comunidad Garífuna de Puerto
Castilla,   promovido   por   el   Sr.   Dennis   Weizemblut   Oliva,  el   que   aduce  ser
propietario de un terreno de una extensión aproximada de cinco manzanas.

El tracto sucesivo de la posesión del terreno en litigio se convirtió en un
laberinto jurídico, donde José Mauricio Weizemblut le vende a Dennis Josue
Weizemblut   Oliva. El   primero   aparentemente   se   convirtió   en   propietario
cuando   era   representante  legal  de   la   compañía   Intermares,  propiedad  del
japonés Satoshi Sasaki, el cual logró sin el aval de la comunidad de Castilla,
adquirir un terreno dentro de la comunidad de Castilla en el año de 1997.

La comunidad de Puerto Castilla enfrenta una enorme carencia de tierra,
como consecuencia del despojo cometido por el Estado de Honduras a favor
de la Empresa Nacional Portuaria (EPN) en detrimento de la comunidad. De
acuerdo   a   los   mapas   cartográficos,   el   terreno   que   aduce   ser   propietario
Weizemblut Oliva está ubicado dentro del mar en la Bahía de Trujillo.

La   promoción   de   Puerto   Castilla   como   uno   de   los   parajes   que   pretenden
convertir   en   una   supuesta   ciudad   modelo   (ZEDE),   ha   dado   lugar   a   un
sinnúmero   de   especulaciones   inmobiliarias   y   despojos   en   la   Bahía   de
Trujillo,   impulsando   un   apetito   voraz   por   parte   de   inversionistas   para
apoderarse de terrenos ubicados en lugares estratégicos.

Cabe recordar que el pasado viernes 23 de mayo, un contingente de policías
y   soldados,   con   el   pretexto   de   disolver   una   manifestación   comunitaria,
atacaron   la   comunidad   de   Puerto   Castilla,   utilizando   gases   lacrimógenos
como una arma ofensiva.

Historia de un despojo

La Puntilla, nombre con que se le conocía a Puerto Castilla, fue concedida  a
la comunidad Garífuna de Cristales y Río Negro, el 18 de mayo de 1889, por
el   General   Luis   Bogran,   reconociéndole   tres   millas  de   ancho   por   doce   de
largo.

El 9 de abril de 1921 La Truxillo Railroad Company adquirió 239 hectáreas
del   terreno   conocido   como   La   Puntilla,   perteneciente   a   la   comunidad   de
Cristales   y   Río   Negro.   La   compañía   retornó   el   terreno   en   cuestión   a   la
comunidad de Cristales y Río Negro en julio de 1942
El 2 de abril de 1912, Manuel Bonilla firmó el Decreto No 99, aprobando la
contrata entre el Estado de Honduras y Juan Glynn, en representación de
Victor Camors, el que resultó ser el representante de la Truxillo Rail Road
Company. Fue hasta el mes de abril de 1921 cuando la comunidad accedió a
ceder 239 hectáreas del terreno de la Puntilla, por un término de 99 años

El   17   de   noviembre   de   1977   se   decretó   la   cancelación   del   asiento   que
constaba el antecedente de dominio útil a favor de la comunidad de Cristales
y Río Negro, procediendo el Estado a otorgar las tierras de la Puntilla a favor
de La Empresa Nacional Portuaria. Según testimonios de los habitantes de
la  comunidad  de  Cristales,  el  General  Alvarez   Martinez,  pistola   en  mano,
obligó a la comunidad a ceder las tierras de la Puntilla en el año de 1976.

En el año de 1996 la E.N.P. supuestamente vendió o cedió cinco manzanas
de   tierra   a   la   compañía   Intermares,   la   que   pretendió   construir   una
procesadora de harina de pescado, proyecto supuestamente apoyado por la
cooperación japonesa.

En   fecha   reciente,   los   comuneros   de   Castilla   aseguran   haber   recibido
amenazas de ser relocalizados en Plan Grande, comunidad que se encuentra
al oeste de la  Bahía de Trujillo, donde no existe vía de comunicación alguna
o   infraestructura   básica.   La   ciudad   modelo   en   Castilla   es   una   amenaza
tanto para los habitantes de esa comunidad, y el resto de las comunidades
Garífunas.

!!Alto al despojo de los territorios del pueblo Garifuna!!

Sambo Creek, 29 de Agosto del 2014

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2014/08/29/desalojo-en-la-comunidad-garifuna-de-puerto-castilla/

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Empresa Nacional Portuaria tiene paralizada inversión de mil millones

27 de Agosto de 2014

12:25AM  –  Luis Rodríguez  

Desde diciembre de 2010, el BID aprobó 135 millones de dólares para modernizar Cortés, sin embargo, la ejecución del préstamo es lenta por el incumplimiento de compromisos.

El crédito BID 2470/BL-HO para modernizar Cortés ha sorteado en los últimos años una serie de situaciones que han puesto en riesgo esos fondos.
El crédito BID 2470/BL-HO para modernizar Cortés ha sorteado en los últimos años una serie de situaciones que han puesto en riesgo esos fondos.

Tegucigalpa, Honduras

Las principales empresas públicas de Honduras atraviesan serios problemas financieros por la escasez de recursos invertidos para la prestación de servicios y, por ende, mejorar sus ingresos.

Pero ese no es el caso de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), quien desde diciembre de 2010 tiene en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un préstamo aprobado por 135 millones de dólares para la modernización de los cuatro puertos comerciales del país, principalmente Cortés.

Para 2014, las autoridades de la ENP han planificado una histórica inversión pública en el sistema portuario hondureño, estimándose 1,194 millones de lempiras con fondos propios y préstamos externos.

A pesar de contar con esa millonaria cantidad de recursos, la ENP no ha podido ejecutar los proyectos trazados en el plan de modernización de las instalaciones portuarias y se ha definido 2014 para arrancar con las obras, las que aún continúan paralizadas.

EL HERALDO buscó la opinión del gerente de la Portuaria, Darío Gámez, sin embargo, la respuesta de sus asistentes fue que el citado funcionario estaría fuera de la oficina en la presente semana y solo él podía referirse al tema, y en caso de hacerlo otro de sus colaboradores, tendría que contar con el visto bueno de las máximas autoridades.

También se contactó al despacho del superintendente de Puerto Cortés, Bruno Fontana, quien a través de una de sus asistentes respondió que él no estaba enterado del plan de modernización de las instalaciones portuarias y lo mejor era que respondiera Gámez.

El crédito BID 2470/BL-HO para modernizar Cortés ha sorteado en los últimos años una serie de situaciones que han puesto en riesgo esos fondos y han sido los personeros del Banco Interamericano de Desarrollo quienes han solicitado a las autoridades hondureñas agilizar los compromisos pendientes para acceder a los fondos.

“Es importante lograr la elegibilidad del programa, ampliación y modernización de Puerto Cortés BID 2470/BL-HO en el primer trimestre de 2014, ya que el mismo representa el 27% del disponible de la cartera de préstamos y el no desembolsar estos recursos en el corto plazo puede afectar el desempeño global de la cartera”, subraya un informe del Banco Interamericano de Desarrollo al cual tuvo acceso este medio de comunicación.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Finanzas (Sefin), la ENP reportó 1,126.1 millones de lempiras en concepto de ingresos corrientes durante 2013, de los que el 92.3% (1,039.8 millones) procedieron de los servicios ofrecidos en los puertos de Cortés, La Ceiba, Castilla, San Lorenzo y la zona libre.

Sin embargo, lograr las metas de ingresos por la venta de servicios, por ejemplo 1,658.2 millones de lempiras para 2014, requiere de inversiones urgentes en los puertos, ya que las empresas navieras, exportadores e importadores han venido exigiendo mejorar las condiciones de operabilidad para las embarcaciones.

Inversiones

El plan de inversiones de la Empresa Nacional Portuaria experimenta un fuerte desfase. No obstante, para 2014 la ENP programó una inversión en proyectos por 1,038.5 millones de lempiras, los que son financiados en un 100% con recursos de crédito externo con el BID, asignación destinada a la ejecución del proyecto “Programa de ampliación y modernización de Puerto Cortés”.

Los gastos capitalizables recomendados suman 1,194.3 millones de lempiras. En maquinaria y equipo se aprobaron 97.4 millones de lempiras principalmente para la adquisición de embarcaciones marítimas; equipos de transporte auxiliar, señalamiento y de elevación y tracción.

Los activos intangible (dragados) ascienden a 803.9 millones de lempiras, de los que el 98.1% (788.4 millones) se financiarán con fondos provenientes de fuente externa para el proyecto “Ampliación y modernización de Puerto Cortés” y el 1.2% (15.5 millones) se financiará con fondos propios.

En construcciones, adiciones y mejoras se recomendó una asignación de 292.9 millones de lempiras, de los que 41.4% (121.6 millones) son financiados con fondos propios destinados a obras de mantenimiento de los cuatro puertos que administra la ENP y 58.6% (171.6 millones) de fondos externos para el “Proyecto de ampliación y modernización de Puerto Cortés”.

Sin embargo, el principal componente del programa de inversión pública de la ENP, que es la modernización de Cortés, observa un lento avance. Al 31 de julio de 2014, la cantidad desembolsada por el BID apenas fue menor a un millón de dólares, quedando pendiente más de 134 millones de dólares.

Un informe de Sefin sobre la cartera de operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo con Honduras subraya que actualmente se mantiene suscrito un convenio subsidiario entre la Empresa Nacional Portuaria y la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza) para la ejecución del proyecto.

“Este proyecto fortalecerá la actividad puerto del país, ya que de los componentes de inversión, a los cuales se les está otorgando mayor énfasis son las de dragado, relleno y ampliación de la terminal de contenedores”, agrega.

Fuente:http://www.elheraldo.hn/inicio/741857-331/empresa-nacional-portuaria-tiene-paralizada-inversi%C3%B3n-de-mil-millones

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Garífunas de Trujillo preocupados por despojo de sus territorios

Ago 15, 2014

Las comunidades garífunas en el litoral caribe, al norte de Honduras, continúan siendo perjudicadas por empresarios y transnacionales que las ven como un estorbo para instalar sus megaproyectos mineros, turísticos, entre otros. Esta información fue dada por varios garífunas del municipio de Trujillo, Colón, a quienes por cuestiones de seguridad no mencionaremos sus nombres.

El ex presidente de Honduras, el general, Manuel Bonilla (1903-1907) entregó títulos de terrenos comunales a las comunidades garífunas en Trujillo, Colón. Sin embargo, las autoridades y empresarios no respetan la decisión de estas comunidades de no aceptar proyectos que los desplacen o que envenenen sus ríos. Los garífunas han denunciado que ya se hizo en la zona el anuncio de la construcción de una mina para extraer hierro, sin hacer una sola consulta a la comunidad, sin hacer un estudio de impacto ambiental y sin las mínimas condiciones de seguridad.

En el nuevo proyecto minero que se quiere instalar, la comunidad menciona a grandes políticos de Honduras, estos políticos tienen intención de explotar esas minas. “Por ejemplo, ahí está el señor Moncho Lobo, está el señor Jorge Lobo que es hijo de Moncho Lobo, incluso está un hijo de Pepe Lobo (ex presidente de Honduras), y el mismo Pepe Lobo; o sea que son socios mayoritarios, gente que ha estado en el Estado,” dijo otro de los garífunas.

La comunidad garífuna coincide en que no permitirán que se instale ahí un proyecto minero, ya que el agua contaminada caerá desde la parte alta, y se dirigirá hasta la laguna de Guaimoreto, un paraíso terrenal, que en el año 1992, fue declarado área protegida, en la categoría de Refugio de Vida Silvestre con el fin de proteger y conservar la biodiversidad de flora y fauna que posee.

Los garífunas creen que también se verá afectada la gente que se dedique a la pesca, porque los peces morirán debido a los químicos que usan las compañías mineras. “La gente que pesca dejaría de hacerlo, también dejaría de ser un recurso que usa la gente para realizar labores cotidianas,” señaló una de las garífunas.

En la zona de Colón ya opera una empresa minera que está causando serios daños a la salud de las personas, además de estar acusada de violar los derechos humanos a los trabajadores. “La mina esa que le digo que están explotando, está ubicada en la Esperanza, en el lado de Bonito Oriental, de ahí halan piedras hasta Puerto Castilla para luego enviarlas por mar hacia China,” expresó una de las fuentes.

Los trabajadores hacen sus labores sin guantes, mascarillas, sin tapones en sus oídos y muchas veces arriesgan sus vidas para extraer minerales para estas compañías mineras.

“Puerto Castilla ha denunciado tal situación en reiteradas ocasiones, tememos al óxido de zinc que desprenden las piedras que son trasladas hacia el Puerto Castilla, ese polvillo afecta a la gente con problemas respiratorios; cuando vino el proyecto, dijeron que iban a reparar la calle, la calle CA4 específicamente, y ni siquiera esa promesa se ha cumplido,” dijo una habitante de la zona de Bonito Oriental.

También en la zona de Colón, otro territorio amenazado es el de Vallecito, en donde grupos de narcotráfico han utilizado predios para instalar pistas de aterrizaje clandestinas y por esto han amenazado a los pueblos garífunas que tienen su reserva en este territorio.

Lea también: Atentado contra garífunas es mensaje de represión para todo el movimiento en defensa del territorio

Las comunidades garífunas a lo largo y ancho de Honduras se encuentran terriblemente amenazadas.

La comunidad Barra Vieja en Tela, Atlántida está ubicada a la entrada del proyecto turístico Indura Beach, al que en un comunicado la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, culpa de rellenar 80 hectáreas del humedal de Laguna de los Micos, para la construcción de un campo de golf, sin tomar en cuenta el daño ambiental causado en la zona.

La semana pasada agentes policiales con órdenes de los tribunales de Tela realizaron el desalojo de 400 personas de la comunidad, argumentando que esas tierras pertenecen a la Empresa Nacional Portuaria. Tras el hecho, inmediatamente otras comunidades y organizaciones de derechos humanos acudieron a la zona en apoyo de Barra Vieja, denunciando los nuevos atropellos y arbitrariedades en contra del pueblo garífuna.

Lea también: Barra Vieja: Otra muestra del despojo contra pueblo garífuna

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1277-gar%C3%ADfunas-de-trujillo-preocupados-por-despojo-de-sus-territorios

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Barra Vieja: Otra muestra del despojo contra pueblo garífuna

Ago 08, 2014

No habían pasado ni quince días del secuestro de líderes garífunas, incluida la lideresa Miriam Miranda, en la comunidad de Vallecito en el departamento de Colón, cuando otra comunidad garífuna fue el blanco de atropellos y despojos. Ahora el escenario conflictivo se instala en Barra Vieja en el municipio de Tela, Atlántida.

La comunidad Barra Vieja está ubicada a la entrada del proyecto turístico Indura Beach, al que en un comunicado la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, culpa de rellenar 80 hectáreas del humedal de Laguna de los Micos, para la construcción de un campo de golf, sin tomar en cuenta el daño ambiental causado en la zona.

Fue el pasado miércoles que agentes policiales con órdenes de los tribunales de Tela realizaron el desalojo de 400 personas de la comunidad, argumentando que esas tierras pertenecen a la Empresa Nacional Portuaria. Tras el hecho, inmediatamente otras comunidades y organizaciones de derechos humanos acudieron a la zona en apoyo de Barra Vieja, denunciando los nuevos atropellos y arbitrariedades en contra del pueblo garífuna.

OFRANEH además denunció que del desalojo en Barra Vieja, la Portuaria está pretendiendo reubicar nuevamente la comunidad garífuna de Puerto Castilla, relocalizada en 1978 por la misma empresa estatal, después que el general Álvarez Martínez obligó a punta de pistola a firmar un convenio entre la comunidad y la Portuaria, despojando de esta forma a los garífunas de los terrenos en los que se encuentra ubicada actualmente la ENP en Puerto Castilla, Trujillo, Colón.

“Primero muertos”

Los habitantes de Barra Vieja han declarado que primero muertos antes de abandonar sus casas. Don Santos Valerio, habitante que desde hace 50 años reside en la zona dijo que, “no tenemos donde ir. Desde hace años vivo aquí, no sé porque ahora dicen que estas tierras les pertenece cuando es nuestro hogar”.

Don Valerio al igual que las cientos de familias teme que en cualquier momento, oficiales policiales incendien sus casas y destruyan las pocas cosas que han logrado con  tantos esfuerzos.

Desde el inicio de los años 80 comenzaron las especulaciones de tierras en la bahía de Tela, además de las amenazas y asesinatos de los opositores  a la entrega del territorio de las comunidades garífunas. Actualmente se espera una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación al caso de Triunfo de la Cruz, y en fecha reciente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe de admisibilidad del caso de la comunidad San Juan, Tela.

Alfredo López, vicepresidente de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH dijo que lo ocurrido en Barra Vieja es una muestra del despojo del que son víctimas como pueblos originarios. “Lo sufrido en Barra Vieja es lo que se vive en Miami, San Juan, Triunfo, Tornabé, Vallecito y todas las comunidades garífunas que están en pie de lucha defendiendo sus tierras, su soberanía”.

López dice que ya enviaron comunicación sobre lo ocurrido en Barra Viaja a CIDH, a quien solicitaron medidas cautelares para los cientos de habitantes que corren peligro con las constantes amenazas de desalojo. Este caso se suma al de Triunfo de la Cruz que ya pasó a la CorteIDH, ya que se denuncia la responsabilidad del Estado en las acciones que atentan en contra de la tierra y los bienes de los garífunas.

“La gente tiene que regresar a sus tierras, debe cuidar sus casas y las únicas cositas que tienen, ellos no tienen nada más de hacer porque ese lugar significa su vida”, agregó el dirigente.

Induras beach & golf resort

Induras que en lengua garífuna significa Honduras, es un proyecto turístico instalado en el caribe hondureño, en medio de la Bahía de Tela, una zona reconocida internacionalmente por su enorme riqueza natural.

Los planes para la construcción del complejo turístico nacieron en el año 2003 con la administración del gobierno nacionalista de Ricardo Maduro, quien junto a un grupo de empresarios dieron origen al Fondo de Inversión en turismo, una instancia público-privada que sería quien concretaría el proyecto multimillonario.

En su inauguración, siendo alcalde del municipio de Tela, David Zacaro dijo que “este proyecto significa una gran oportunidad para el municipio de Tela, por la generación de empleos lo que va a consolidar a la zona como el principal destino turístico a nivel de Honduras”.

Los administradores del proyecto dicen que las ganancias que genere se destinarán en un 42 por ciento al Instituto Hondureño de Turismo, el 7 por ciento a las comunidades garífunas y el 51 por ciento al Fondo de inversión turística.

Frente a estos datos, Alfredo López cree que lejos de generar desarrollo para las comunidades, estos proyectos están expulsando a la gente, ya que el capital transnacional quiere apropiarse de los bienes que ancestralmente les corresponden y que son garantizados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, referente a pueblo indígenas y garífunas.

“Exigimos al Estado protección ya que hay reincidencia en violaciones a nuestro derecho a la tierra, se ha ido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por usurpación de tierras como el caso de Triunfo de la Cruz en el que toda la comunidad goza de medidas cautelares”, recordó López.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1264-barra-vieja-otra-muestra-del-despojo-contra-pueblo-gar%C3%ADfuna

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Empresa Nacional Portuaria (ENP) hundida por Coalianza, según sindicato

Ago 08, 2014

En agonía se encuentra la Empresa Nacional Portuaria (ENP), según los miembros del sindicato quienes aseguran que a raíz del olvido gubernamental y de las concesiones de sus principales servicios, pasó de ser una de las más rentables empresas a no generar grandes ganancias para el Estado. Todo esto a pesar de que sus puertos están asentados en lugares estratégicos para toda América Latina.

El gobierno concesionó los principales servicios a través de la modalidad de alianzas público-privadas, a través de una figura conocida como Coalianza. En la página web de la Portuaria, se muestran algunas de las concesiones que han otorgado los últimos gobiernos.

Entre las concesiones figura el Contrato Fideicomiso ENP-Coalianza-Banco Atlántida, el Contrato Construcción Terminal de Graneles Sólidos,  el Contrato Operación Terminal de Graneles Sólidos, el Contrato para Terminal de Contenedores con OPC y los Anexos De Contrato para Terminal de Contenedores con OPC.

La OPC significa, Operadora Portuaria Centroamericana, y es una filial de la empresa filipina International Container Terminal Services Inc. (ICTSI),  y se define como una empresa que “busca la excelencia y calidad en su servicio, mediante el trabajo en equipo, la armonía y unidad de sus colaboradores; todos contribuyendo y coordinados hacia la misma meta, que es ser el mejor Puerto de Centroamérica.”

Para el presidente del sindicato de la Portuaria, Felipe Aguilar la OPC solo ha venido a apoderarse de lo que ya está hecho, esta empresa compró 4 grúas que la Portuaria perfectamente pudo haber comprado.

“La ENP les paga hasta 70 u 80 millones de lempiras por el servicio que prestan los remolcadores, también tuvo el dinero para comprar esos remolcadores, pero bajo la modalidad de las alianzas público-privadas han hecho este negocio redondo para ellos,” aseguró.

Aguilar añadió que “Coalianza es el peor parto que ha salido de un gobierno hondureño”. Esto lo dice fundamentado en que el gobierno mediante la figura de las alianzas público-privadas, ha adjudicado más de 13 proyectos de infraestructura, servicios y bienes por medio de la Comisión para la Alianza Público-Privada (Coalianza).

Algunas de las concesiones se hicieron a 30 años plazo. El 1 de febrero del año pasado se dio la concesión a la empresa filipina International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), una empresa que sin invertir mucho dinero sacará ganancias jugosas.

ICTSI, según ha hecho creer el gobierno, es una operadora internacional de puertos que cuenta con 6,000 empleados distribuidos en 26 terminales que operan en 19 países de Asia, Europa, África y América. No obstante, el gobierno es señalado de haber entregado servicios estratégicos a empresas de maletín, para beneficiar a empresarios nacionales que forman parte de los grupos de poder.

Anteriormente el sindicato de la ENP contaba con 1,200 afiliados, pero en la actualidad, solamente hay 385, y en lo que va del año 10 trabajadores “se han retirado voluntariamente”.

ICTSI recontrató al mismo personal, que existía en la Portuaria antes de la concesión, esa acción le dio el tiro de gracia al sindicato de la Portuaria que quedó desarticulado, según expresó Mariana Madrid Secretaria General del sindicato.

A partir de la adjudicación del contrato, los recursos que estén ingresando a la ENP-Puerto Cortés serán administrados por el banco fiduciario, Ficosah, el cual manejará y administrará los recursos públicos. El sindicato tiene recursos de inconstitucionalidad, pero aseguran, no avanzan en la Corte Suprema de Justicia.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1260-empresa-nacional-portuaria-enp-hundida-por-coalianza-seg%C3%BAn-sindicato

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Empresa Nacional Portuaria (E.N.P) promueve desalojo de la comunidad Garífuna de Barra Vieja, Tela.

El día de ayer en horas de la tarde, se inició el desalojo de la comunidad Garifuna de Barra Vieja, Tela. El juez ejecutor Abigael Tinoco, el que no estuvo presente en el lugar de los hechos, demostró una enorme insensibilidad social, además de su servilismo hacia a la Empresa Nacional Porturia (ENP) la que se encuentra íntimamente ligada a los “empresarios” del proyecto Indura Beach Resort, conocido como Bahía de Tela, asociados al Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) promotores del golpe de estado en honduras del año 2009.

Mas de 45O personas entre ellas 200 menores de edad se verán afectados por este desalojo, el cual no es que una confabulación entre la ENP y el Indura Beach, en detrimento de los habitantes de Barra Vieja.

La ENP de forma misteriosa se convirtió en propietaria de buena parte del territorio Garifuna de la Bahía de Tela. En el año 2006 cedió  25 hectáreas de las tierras expropiadas a la comunidad de Miami, y de esa forma  obtuvieron un título comunitario. Posteriormente las tierras fueron vendidas de forma ilegal a empresarios de San Pedro Sula, contraviniendo las cláusulas del titulo, las que son explícitas en la prohibición sobre ventas de tierras a foráneos.

Barra Vieja se encuentra ubicada a la entrada del proyecto turístico Indura Beach, culpable de rellenar 80 hectáreas del humedal de Laguna de Micos, para la construcción de un campo de golf, sin tomar en cuenta el daño ambiental causado al humedal inscrito en la lista del Convenio RAMSAR bajo el número 722.

Desde el inicio de los años 80 comenzó las especulaciones de tierras  en la bahía, además de las amenazas y asesinatos de los opositores  a la entrega del territorio de las comunidades Garífunas . Actualmente se espera una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación al caso de Triunfo de la Cruz, y en fecha reciente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe de admisibilidad del caso de la comunidad Garifuna de San Juan Tela.

Además del desalojo en Barra Vieja, la ENP esta pretendiendo reubicar nuevamente la comunidad Garífuna de  Puerto Castilla, relocalizada en 1978 por la misma ENP, después que el general Alvarez Martinez obligó a punta de pistola a firmar un “convenio entre la comunidad y la Empresa Portuaria, despojando de esta forma a los Garifunas de los terrenos en los que se encuentra ubicada actualmente la ENP en Puerto Castilla.

Los habitantes de Barra Vieja han declarado que primero muertos antes de abandonar sus casas. En vista de la manifiesta oposición de la comunidad el día de ayer, el desalojo fue transferido para el día de hoy. Cabe señalar que el Estado de Honduras incumple una vez más sus obligaciones de proteger al pueblo Garífuna, como lo indica la Constitución Nacional y Convenios internacionales suscritos por el Estado.

La piñata del territorio Garífuna efectuada por las diversas administraciones gubernamentales, ha conllevado a la OFRANEH a acompañar las comunidades ante el Sistema interamericano de Justicia, por la falta de aplicación  justicia en el país. Además de la sentencia del caso de Triunfo de la Cruz, el próximo mes de septiembre se llevara a cabo una audiencia en Asunción Paraguay de la Corte IDH, sobre el caso de la comunidad de Punta Piedra. Mientras tanto se ventila en la CIDH los casos de Cayos Cochinos y San Juan Tela, así como las peticiones sobre Travesía y la Ley de Propiedad.

Sambo Creek, 7 de agosto del 2014

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente. https://ofraneh.wordpress.com/2014/08/07/empresa-nacional-portuaria-e-n-p-promueve-desalojo-de-la-comunidad-garifuna-de-barra-vieja-tela/

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Coalianza: ¿Se repite la historia de la CONADI?

Jun 27, 2014

“Quien olvida su historia, está condenado a repetirla” así lo dijo un día el filósofo hispano-estadounidense George Santayana, hoy es una realidad en Honduras.

Ayer comenzó el cobro del peaje en la carretera CA5 hacia Tegucigalpa por obra de Coalianza, una institución creada para regular las Alianzas Público-Privadas (APP) en Honduras. Analistas coinciden que el parecido es inmenso con la extinta Corporación Nacional de Inversiones (Conadi), abriendo la posibilidad de repetir uno de los actos de corrupción más grandes de la historia hondureña.

Coalianza es una institución desconcentrada del poder Ejecutivo, sus magistrados son nombrados por el Congreso Nacional y de allí salieron sus estatutos. Actualmente representan el proceso de privatización con el que han prometido mejorar la situación de crisis en la que se encuentra la economía hondureña. Actualmente en cartera tienen 23 proyectos en infraestructura vial, aeropuertos, energía, puertos marítimos y servicios de salud, según su página web.

Si regresamos al año 1974 vemos en un marco muy parecido la constitución de la Conadi creada por el gobierno militar de Juan Alberto Melgar Castro a iniciativa de la empresa privada como parte de la estrategia para consolidar el nuevo modelo de desarrollo implementado (Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones ISI).

La Conadi no duró mucho. En 1980 la liquidan en un proceso de privatización de las empresas del Estado creadas por la misma corporación. La privatización de la empresa tuvo un alto costo financiero para el país, alrededor de  670 millones de dólares fueron robados y aunque se abrió un proceso judicial en contra de empresarios y políticos implicados, el caso sigue cobijado por la impunidad y en el olvido.

Peajes

Por el camino desde San Pedro Sula hacia Tegucigalpa se visualizan decenas de rótulos justificando el cobro del peaje que catalogan como ahorro para la ciudadanía. La publicidad vende el cobro del peaje como un paso para el desarrollo del país ya que con el dinero recaudado se dará mantenimiento a las carreteras del corredor logístico de Honduras.

El Estado a través de Coalianza otorgó en 2012 el contrato de concesión de vías a Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V. (COVI)  integrado por la empresa Hidalgo e Hidalgo S.A. de C.V. de Ecuador y Construcción y Administración de Perú. Se les adjudicó un contrato por 20 años, en el que Covi realizará trabajos de reparación y mantenimiento de la carretera. El convenio faculta a la empresa la construcción de cuatro casetas para el cobro de peaje en Zambrano, Lamaní, Siguatepeque y en el sector de Yojoa y compromete del Estado la seguridad de las casetas, cerca de las cuales habrá una posta para policías militares.

Como protesta ante el cobro del peaje, decenas de transportistas de carga estacionaron sus rastras en un carril cerca del peaje pues consideran muy altas las tarifas y un abuso pues ya con el impuesto por combustible se deberían mantener en buen estado las carreteras. Y aseguraron que serán auditores de este proyecto pues a ellos les interesa que las carreteras estén en buen estado y su dinero sea invertido y no robado.

También el diputado del partido Libertad y Refundación (LIBRE) Jari Dixon, expresó que lo que se está viviendo es uno de los robos más grandes de la historia.

“Una carretera nueva que no le ha costado ni al Estado ni a la empresa privada la van a explotar como si fuera de ellos. La población hondureña es la única que puede detener este proyecto porque para el Estado ya el negocio está montado, si la gente no protesta ya en agosto estarán instaladas las otras dos”, expresó paradójicamente este funcionario quien además asegura que en la oposición del Congreso Nacional no hay esperanzas, pues simplemente no son mayoría.

Había circulado en un medio de comunicación nacional que desde el Legislativo harían una propuesta que daría mayor potestad a la Secretaría de Finanzas para vetar proyectos aprobados por Coalianza, sin embargo Dixon negó esta información.

Gabriela Castellanos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expresó su preocupación por  cómo Coalianza se ha salido de las manos de las autoridades del Estado. Castellanos asegura que Coalianza pasa contratos de 500 páginas para que en el Congreso Nacional se aprueben a la brevedad posible sin dejarles tiempo para analizarlos. Algo hay detrás de estos contratos sospecha el CNA y por eso ha levantado una investigación de esta institución.

El diputado y ex fiscal Jari Dixon asegura que los contratos aprobados por Coalianza son leoninos, es decir, que el Estado tiene todas las de perder y las concesionarias todas las de ganar.

“De hecho hay clausulas donde se establece que si la empresa no recoge al año lo planificado, el Estado hondureño con el dinero de los impuestos tendrá que resarcir esa cantidad. Empresas cuya única inversión es la instalación de los peajes. En el Congreso si se consiguen los votos se pueden conseguir muchas cosas, pero aquí priman intereses políticos y económicos, es un Congreso Nacional controlado por la oligarquía”, dijo Dixon.

Casi secundando esta idea de que en el Congreso se puede todo y se puede nada, el diputado del Partido Anticorrupcion, Aníbal Cálix asegura que la historia ya nos cuenta que estas alianzas público privadas no traen beneficios al pueblo más necesitado del país.

“No podemos criticar el concepto de APP, porque no necesariamente es malo, la situación en Honduras es que en todas esas negociaciones nunca el beneficiado es el Estado, las empresas que ganan los contratos son las que llevan la mayor parte de la tajada.

Nosotros lo criticamos en el momento de la adjudicación pero mientras no tengamos mayoría se quedará en reclamo”, explicó.

La empresa COVI de Honduras ha manifestado en medios de comunicación nacional que pronto comenzarán la inversión que luego sacarán del pago del peaje. Se han comprometido a ampliar a cuatro carriles el camino desde La Cuesta de la Virgen hasta La Barca, una inversión de 800 millones de dólares, que según el contrato esta empresa debe hacer antes de obtener el dinero de los peajes.

Zarpazos

Cada pasada por el peaje hacia Tegucigalpa, de ida y de venida cuesta entre 18 lempiras (el transporte más liviano) y 141 (el transporte más pesado).

El economista    Nelson García Lobos del Foro Social por la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) asegura que proyectos como este, son otro tipo de zarpazos para el pueblo hondureño.

“No hay duda que el sistema de peaje va a ser trasladado al pueblo usuario, ya lo han anunciado los empresarios. El transporte aumentará de precio. El transporte de carga pasará estos costos a los productos o al menos será un pretexto más de algún sector que tiene una muy voraz necesidad de tener mayores ganancias. El transporte de pasajeros aumentará también”, explicó.

El gobierno asegura que con la crisis es imposible que el mismo Estado se encargue de mantener buenas carreteras en el país, por lo cual las APP se han convertido en la solución. Y es verdad, la crisis económica en Honduras es profunda. El 35% del presupuesto nacional proviene de financiamiento internacional (donaciones y préstamos) y cerramos el año pasado con un déficit presupuestario de -7.9% del PIB, unos 29 mil 600 millones de lempiras. Estas  cifras luego se traducen en una realidad más en las bajuras. En las calles andan 2 millones de desempleados y desempleadas y 6 millones de pobres que viven con un dólar diario.

En un contexto de privatización de lo público

No solamente las APP, también las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES) forman parte de la estrategia del gobierno de Juan Orlando Hernández para encontrar una salida a lo económico. El economista Lobos lamenta que el pueblo hondureño no vea en esto toda una estrategia para enriquecer a la clase empresarial que está detrás de todas las decisiones de los gobiernos, decisiones malas para los más empobrecidos.

Lobos lo ve más simple: probablemente las APP puedan ser alguna alternativa, ha funcionado en otros países, pero la gran dificultad de Honduras radica en la facultad de los diputados para hacer negociaciones.

“Coalianza maneja otros proyectos de privatización ligados a la ENEE, a Hondutel y la Empresa Nacional Portuaria, instituciones que tradicionalemte han sido muy rentables para el pueblo hondureño. La intención de hacerlos ver mal tiene de fondo el afán de privatizarlos y darlos en arrendamiento a empresas de carácter nacional o a socios internacionales. Esperaríamos no repetir esa fatídica escena de la Conadi con los actos de corrupción más grandes de la historia de Honduras”, dijo.

Ficohsa, Banco Atlántida y Banco Continental, se encargarán del fideicomiso de la ENEE en ese proceso de privatización. El economista Domingo Godoy concuerda que los empresarios privados y las transnacionales han puesto los ojos en la ENEE para hacerse más millonarios, porque es una de las empresas más rentables del país, y advierte que no solo la energía está pasando a manos privadas, sino que también el agua, la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y las telecomunicaciones.

“Esto es parte de todo el proceso de privatización de las empresas públicas, recordemos que el gobierno aprobó la Ley de Asociación Pública-Privada, es decir Coalianza, el órgano que el gobierno utilizará para privatizar lo que queda del país. Uno de los casos más importantes en el papel de Coalianza es el tema de la portuaria, luego cayó el tema de las telecomunicaciones, el de la ENEE y el agua,” dijo Godoy.

Hay sectores deprimidos como la producción de granos, el manejo de los presidios, los servicios de atención a menores “¿por qué no entran en estos rubros? Solo los que ya están establecidos y en los que el gobierno ha invertido,” se pregunta y responde a la vez el economista García Lobos del Fosdeh.

Investigaciones

El CNA se ha dedicado a investigar a Coalianza pidiéndole contratos, reporte de intereses, fideicomisos y reporte de salarios de los comisionados. Los hallazgos han sido indignantes. Los tres titulares de Coalianza, Miguel Ángel Gámez, Erasmo Padilla y Zonia Morales, devengan L199,000 de salario neto, mientras no llegue a sus escritorios la resolución del presidente Juan Orlando Hernández, desautorizando el aumento aprobado en diciembre de 2013.

Aunque en su portal web, Coalianza desmintió este hecho, Gabriela Castellanos directora del CNA asegura que ellos tienen pruebas de que en enero, febrero y marzo de este año ellos variaban en la cifra de sus salarios y al pedir información a través del Instituto de Acceso a la Información Pública, seguían las inconsistencias, fue por esto que divulgaron la información obtenida para que el gobierno regulara estos aumentos desmedidos que contrastan con la realidad de país.

El asesor presidencial y secretario ejecutivo del Consejo de Secretarios de Estado, Ebal Díaz, explicó que en la empresa privada existen empleados que devengan más de 150,000 lempiras. “En el mercado laboral competitivo de la empresa privada, esos son salarios normales; incluso hay ejecutivos que ganan mucho más”, justificó en medios de comunicación nacional.

La junta ejecutiva del CNA está conformada por 12 organizaciones, una de ellas es el Consejo Hondureño del a Empresa Privada (COHEP) que ha defendido los procesos de Coalianza. Allí salta la duda de si en estas investigaciones se mueven intereses o si existen presiones, a lo que Castellanos contestó que no.  “No hemos tenido abuso ni interferencia por ninguna organización ni por COHEP, si hubiera sido así yo como directora ejecutiva lo comunicaría a los medios”, dijo.

Castellanos informó que en dos semanas se estarán divulgando los resultados de las investigaciones en Coalianza.

¿Se puede salir de la crisis?

Para García Lobos de Fosdeh, sí hay opciones para salir de la crisis y hay propuestas, pero el gobierno sigue prefiriendo moverse con los hilos del alto empresariado.

“Todo el proceso de privatización es avalado por el gobierno de Honduras, gobierno puesto por el sector privado que son los principales espacios en el país que se benefician ya con este tipo de legislaciones y la historia lo cuenta. El sector privado es el que tiene las exoneraciones en el país, tiene la liberación de impuestos, ahora hay que entregarle algunos sectores del gobierno que tienen algunos niveles de rentabilidad.

El gobierno no produce, no tiene dinero, no regala nada, cuando aquí se regala algo no se lo da el gobierno sino el pueblo hondureño, los pobres son los que le dan a los pobres, los que pagamos los impuestos en Honduras no son los ricos, somos los pobres,” explicó Lobos; hasta el asistencialismo los pobres lo pagan.

Lobos propone regresar al campo, apoyar iniciativas con pequeños y medianos productores quienes mantienen el 86% de los empleos en Honduras. Ellos subsisten aun en medio de una política que los vulnera, teniendo que pagar a especuladores, a bancos y hasta la extorsión a grupos delincuenciales. El economista insta al gobierno a escuchar las propuestas de otros sectores que quieren sacar a Honduras de la pobreza que ha causado la inequidad y los intereses mezquinos de unos pocos.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1123-coalianza-%C2%BFse-repite-la-historia-de-la-conadi?

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Puerto Castilla, Honduras: Corporate and Military Interests Above Garífuna Community Survival

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Written by badmin
Wednesday, 25 June 2014 09:10

Six children from the community of Puerto Castilla, Trujillo, suffered severe respiratory damage resulting from an attack carried out on May 23, 2014 by the Honduran National Police, Military Police, and in conjunction with the Operation Xatruch III military unit. Hundreds of tear gas canisters were fired into the community in a haphazard manner as a means of dispersing a peaceful protest. After inundating the town with tear gas, the roughly 500 security force members entered the community, dousing anyone within reach with pepper spray.

Tear gas canisters landed in the yard of the kindergarten and the Colegio 14 de agosto, the local high school. The wind pushed concentrated levels of the gas into the classrooms. Younger students were foaming at the mouth and convulsing as they gasped for air.Canisters landed at doorsteps and windows of houses and businesses, which also filled with the noxious fumes. No one in the town could escape the irritant laden clouds. A cat, hit by one of the intensely hot canisters, has a permanent scar the size of a nickel on its head. The clouds of tear gas and pepper spray covered the entire town to the extent that many of the children had to be evacuated by small fishing boats out to the Bay of Trujillo. After a week, many of the children and adults still suffered nasal irritation and severe coughs while the four still hospitalized, one as young a six months old, continued to suffer headaches, vomiting, asthma like symptoms, and emotional trauma.

According to the Material Safety Data Sheet supplied to OSHA by a manufacturer of the gas,

Overexposureto some of the components (such as to people in a confined space) has been found to cause liver abnormalities and kidney damage in laboratory animals. Vapors can cause headache and nausea…  Medical Conditions Generally Aggravated by Exposure: May put persons with pre-existing heart disease at risk. Vapors released at high concentrations may have an asthmatic effect and will displace air in confined spaces.

According to medical professionals writing in Irish Medical Times:

CS (teargas) is a cyanide compound and when it is metabolized, cyanide can be detected in human tissue. Also, when exposed to fire, cyanide compounds are undoubtedly released…  According to the United States Army Center for Health Promotion and Preventive Medicine, CS emits “very toxic fumes” when heated to decomposition, and at specified concentrations CS gas is an immediate danger to life and health.

The Honduran security forces were acting at the behest of the Municipality of Trujillo and of the Empresa Nacional Portuaria (ENP, the National Port Authority). On its web page, it states that the primary user of the Puerto Castilla port is Dole, the multinational fruit company. Further, it states,

The National Port Authority is a decentralized institution of the Government of the Republic …  Our goal is to create leading market positions in order to establish and develop investment projects in the short, medium and long term to provide port services and profitability by offering our customers very competitive flexible rates to allow us to compete in a global economy.

Perhaps ENP’s goal of profitability and global competitiveness are in conflict with the promises that it has made to the local community. The first being a contractual agreement to pay for the potable water it gets from the town of Castilla which it has not fulfilled. Second, it has made promises to employ 270 people from the town, but only employs a small fraction of that number at any given time. It has also agreed to end the harassment of those who do work at the port which often takes the form of racial discrimination as well as threats to those who openly support the community. On the day of the attack, community members were protesting these and other issues.

Beginning on May 18th, Castilla, a coastal fishing community populated primarily by Afro-indigenous Garifuna, Miskito and Mestizo people, set up a roadblock, closing truck traffic to the port. This roadblock lasted until May 20th. Three days later, on the 23rd, after the community attempted to communicate with ENP to no avail, the roadblock went back up. Within hours, the police and military arrived. They made no attempt to talk to the community, but rather opened fire with teargas bombs and pepper spray.

According to OFRANEH, (The Fraternal Organization of Black Hondurans) the conflict between ENP and the town of Castilla stems back to 1974 when General Alvarez Martinez, a graduate of the School of the Americas, forced the Garifuna communities in the area, at gunpoint, to give up their communal land to ENP. This forced the communities to relocate to a very constricted area. The current living space has become more cramped as the population has grown.

Over the years, the residents have negotiated agreements with the Port Authority, agreements which the Authority has subsequently ignored.  As reparations for displacing the community from what is now the site of the port, an agreement was made to construct 250 houses for the community as well as parks and recreational areas, and reforestation projects in addition to the employment agreements.

A further demand of the community, as stated by Julio Cesar Paks, President of the Town Council, is the removal of Carlos Barquero, Superintendent of the port, and Godofredo Martines, Head of Port Security (Protección de la Instalación Portuaria/Unidad de Protección Portuaria) who, “through an abuse of authority, have exhibited a lack of respect to the community through their insults and threats of reprisals.” They further ask that, “newly named authorities of the port keep in constant communication with the Town Council in order to make a commonwealth plan and have better results that benefit both parties.”

Adding to this tension is nearby land, 120 hectares (about half a square mile), that sits idle. The Honduran government “loaned” it to a Japanese company Intermares in the 1990s for business development that never materialized. It is now in the possession of José Mauricio Weizemblut Oliva, a representative of Intermares, who now intends to sell the loaned property.

According to OFRANEH, the Garífuna community of Puerto Castilla has had a history fraught with lanciudadd seizures and harassment by both the Honduran government and corporate and military interests. A presidential decree in 1899 and a later presidential endorsement in 1904 granted the Garífuna ownership rights to territory on the peninsula in the Bay of Trujillo that measured 12 miles long and 3 miles wide.

In 1921, the government reneged on the decree and gave parcels of the land to the Truxillo Railroad Company, a subsidiary of the United Fruit Company, a US enterprise, that later became Chiquita Brands. Due to a soil disease in the banana plantations of the North Coast, the Truxillo R.R. abandoned the peninsula and the land reverted back to the Garífuna community in 1942. But they had lost other land when displaced in 1940. Garífuna residents were forced to move south down the peninsula due to the construction of a US military base built in preparation for entry into World War II. At the end of the war, the land was returned to Honduras, but not to the Garífuna community.

A Honduran naval base, with US naval personnel, is currently there. Recent construction of “heliports and a jetty for speedboats, both to facilitate actions against drug trafficking and organized crime,” guarantees that the area will be crowded with very little available land for the community to expand. Adding to this threat is a proposal by the Juan Orlando Hernandez administration to make the area one of the sites for a Charter City or Special Economic Development Zone (ZEDE in its Spanish acronym). This would effectively be a neo-colonial sale of sovereign territory to foreign investors with a legal structure decided by administrators, presumably selected by the investors to ensure that they maintain profit growth.

Two-year-old Fabricio Hernandez returned from the hospital 4 days after the attack. He plays with his siblings, running through the sand, but a fit of coughing forces him to stop. His mother fears that he may have developed asthma and he has trouble sleeping at night. She worries about the emotional effects that the attack has had on him and the other children in the community. She states, “We were horrified when we saw the police and soldiers running through the streets shooting the gas bombs everywhere, They didn’t care that there were children in the school or playing in the streets.” She explained that the security forces came far past where the protest was located and made it clear that military police’s primary aim wasn’t to break up the roadblock, but rather to terrorize the community. “There are more children in this community than adults,” she added, “what is the future going to be for them with the military in the streets?

Greg McCain is an International Human Rights Defender in Honduras. You can find more information about the human rights situation in Honduras by visiting hrohblog.wordpress.com

Fuente: http://upsidedownworld.org/main/honduras-archives-46/4905-puerto-castilla-honduras-corporate-and-military-interests-above-garifuna-community-survival

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Violencia Estatal y el desalojo en la comunidad Garifuna de Puerto Castilla

 

Una vez más las fuerzas de seguridad hondureñas hacen gala del uso de la violencia indiscriminada en contra de la población civil, al disolver una manifestación de protesta comunitaria en Puerto Castilla el pasado viernes 23 de mayo, que culminó con seis niños hospitalizados en la ciudad de Trujillo.

La utilización de bombas lacrimógenas como un arma ofensiva, se ha convertido en una estrategia usual para las fuerzas de seguridad hondureñas, las que desafortunadamente son adiestradas en técnicas de agresión más que disuasión, y tiene un penoso y largo historial de abusos de los derechos humanos de la población civil.

La comunidad de Puerto Castilla se encuentra perpleja ante la hospitalización de seis menores de edad y la evacuación de buena parte de los infantes a un barco anclado frente a la comunidad, para así evitar la intoxicación causado por las bombas de gas pimienta y lacrimógenas. Los hechos acontecidos han dado lugar a un repudio generalizado entre el pueblo garífuna ante la ausencia de sensibilidad humana por parte de los represores y la incapacidad de diálogo demostrada por la Empresa Nacional Portuaria (EPN) y los funcionarios estatales.

El uso de armas químicas para el “control de multitudes¨

La utilización de armas químicas para disolver protestas y manifestaciones se ha incrementado en los últimos años en el planeta, especialmente después del colapso de la economía mundial del 2008. En Honduras es a partir del golpe de Estado cuando los gases lacrimógenos se convierte en parte del menú habitual del pueblo hondureño.

En Puerto Castilla fueron utilizadas de forma indiscriminada cientos de bombas de gas CS (clorobenzilideno malononitrilo), el que puede causar severo daño pulmonar, como también daños significativos en el corazón y el hígado. La mayoría de las bombas de 40 mm fueron fabricadas por ALS Technologies, empresa que en su hoja de referencia sobre el producto indican que contiene un químico peligroso. Además del gas CS, fueron utilizadas balas de goma por los elementos encargados de reprimir en Castilla.

Las bombas impactaron en el Jardín de Niñ@s de la comunidad y dentro de las casas de habitación, sembrando el terror entre los pobladores antes de recibir la embestida final de un desproporcionado número de uniformados.

La dictadura civil que sufre Honduras ademas del estado fallido inducido, nos ha conllevado a un laberinto de violencia estructural, donde los reclamos de la población se convierte en un objetivo de criminalización por parte del Estado, además de una represión crónica.

La comunidad de Puerto Castilla y sus reclamos históricos

La comunidad Garifuna de Puerto Castilla recibió un título en 1889 de manos del presidente Luis Bogran, bajo el nombre de “La Puntilla”, el cual incluía 12 millas de largo y tres de ancho. Este título fue refrendado en 1904 por Manuel Bonilla al otorgar el titulo a la comunidad de Cristales y Río Negro. Posteriormente parte de las tierras fueron concedidas en el año de 1921 a la Truxillo Railroad Company y traspasadas de nuevo a la comunidad de Cristales y Rio Negro en 1942. En 1974 el general Alvarez Martinez pistola en mano obligó a la comunidad de Cristales y Rio Negro a ceder las tierras de la Puntilla a la Empresa Nacional Portuaria (ENP).

Aparentemente la comunidad Garifuna de Castilla fue relocalizada en 1940 al sur de su lugar original, para la construcción de una base militar estadounidense, la cual fue retornada a Honduras al finalizar la guerra. Actualmente se encuentra en construcción una serie de helipuertos y atracaderos en la base militar hondureña-estadounidense, parte de la metástasis de bases militares estadounidenses en el continente.

Los habitantes de Puerto Castilla enfrentan un enorme hacinamiento, dada la ausencia de terrenos disponibles para la ampliación de la comunidad. El pueblo viene reclamando un terreno de cinco manzanas, cedido al Sr. José Mauricio Weizemblut Oliva, representante de Intermares, compañía japonesa que pretendió establecerse en Honduras en la década de los años 90. El terreno en cuestión aparentemente se encuentra en venta por Sr Weizemblut Oliva, quien ha asumido ser el supuesto propietario.

Entre los compromisos cíclicamente firmados por la ENP, se encuentra dotar de una cuota de puestos de trabajo a los habitantes de Puerto Castilla, punto que nunca ha sido cumplido por la empresa, la que se ha visto involucrada en múltiples casos de corrupción. Existe además un incremento en el racismo hacia el personal Garifuna laborando en la EPN, los que en muchas ocasiones padecen de acoso laboral, especialmente aquellos individuos supuestamente asociados con los reclamos comunitarios.

El despojo de las comunidades Garífunas y los reclamos territoriales

La violenta incursión de las fuerzas de seguridad en Puerto Castilla no contribuye a solucionar las severas problemáticas que enfrentan sus habitantes . La política de la seguridad del garrote aplicada por la actual administración “nacionalista” se asemeja cada día mas a las dictaduras de inicios del siglo pasado, las que diluyeron en Honduras la creación de un efectivo estado de ley.

A pesar de la intensa campaña de la Administración de Juan Hernández para erradicar la imagen de un país violento controlado por narcos políticos, el ataque a la población civil, en especial la fatal agresión que condujo a seis menores de edad al hospital como consecuencia del uso de armas químicas, y la evacuación de un nutrido grupo de menores a una barcaza para eludir los efectos del gas pimienta, incrementa la imagen de un Estado fallido donde el diálogo ha sido suplantado por el gas pimienta, alejando de esta forma la posible y ansiada inversión extranjera.

Nuestra organización condena la barbarie cometida, y exigimos el cumplimiento de las actas que se han venido firmando entre la Empresa Nacional Portuaria (ENP), con los habitantes de la comunidad de Puerto Castilla, así mismo el retorno de las tierras a la comunidad Garifuna, que por derecho a posesión ancestral les corresponde, el que fue ratificado en la reciente Audiencia efectuada en San José Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación al caso de Triunfo de la Cruz.

Sambo Creek, 27 de Mayo del 2014

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2014/05/27/violencia-estatal-y-el-desalojo-en-la-comunidad-garifuna-de-puerto-castilla/

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Policía desaloja a pobladores que se habían tomado la carretera a Trujillo y Puerto Castilla en Colón

11:49
20
Mayo
2014
Trujillo – La Policía desalojó a los pobladores de diferentes sectores de la comunidad de Castilla que se habían tomado la carretera que conduce hacia Trujillo y Puerto Castilla y cuyo objetivo era lograr que las autoridades de la Empresa Nacional Portuaria cumplan con los acuerdos firmados.

La protesta impidió el desarrollo de la economía del sector ya que afecta el traslado de la mercancía que es desaduanada en Puerto Castilla.

Los pobladores piden el cumplimiento de sieteacuerdosfirmados hace cuatro años, que incluyen la ampliación del territorio de la comunidad y la construcción de 250 viviendas, culminación de áreas recreativas y verdes.

Asimismo, la creación de fuentes de empleo, garantizar el pago de agua que la comunidad le brinda a la empresa portuaria, el cese de amenazas a dirigentes y la destitución del actual superintendente de la ENP en Castilla, Carlos Barquero.

Según los manifestantes, la toma es indefinida hasta tener un acuerdo favorablea sus peticiones, sin embargo los entes de seguridad desalojaron a los protestantes.

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/05/20/Nacionales/Polic.C.ADa/86682.html

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