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Según informe de FIAN: Operadores de Justicia se parcializan en el Bajo Aguán

La situación en el bajo Aguán no ha cambiado, si bien es cierto que las ejecuciones extrajudiciales han bajado, el conflicto por el derecho a la tierra continua, al grado que es un caso emblemático a nivel internacional, donde sus habitantes viven expuestos a cualquier violación de derechos humanos, manifestó Marlon Ochoa, director ejecutivo de FIAN Honduras.

Lo expresado fue en la publicación del informe “El papel de los Operadores de Justicia en la Violación de Derechos Humanos en el Bajo Aguán”, donde la criminalización persiste la justicia se ve parcializada en favor de los terratenientes y en contra del campesinado.

Un caso muy conocido es José Isabel Morales, conocido como “Chabelo” quien estuvo casi siete años en prisión, acusado tres veces por un mismo delito, y al final se le dio sobreseimiento definitivo al no podérsele comprobar los hechos de asesinato contra Carlos Manrique Osorto, robo agravado e incendio agravado en perjuicio de la familia Osorto Canales, en Silin, Colon, en el 2008.

Mientras Chabelo estuvo preso, se le murió el papá, una hija, sufrió un derrame cerebral, y accidentes que dañaron su rostro, en el 2015 salió en libertad, y el Estado no pudo aportar ninguna prueba en su contra, declaró el representante de FIAN-Honduras.

Además hay casos de criminalización contra defensores de derechos humanos, hostigamiento, persecución, asesinatos y desapariciones forzadas, en lo que las autoridades judiciales pese a recibir las denuncias en tiempo y forma, no dan respuestas.

En el Bajo Aguán es una constante violación de DDHH de parte de policías, militares, el Poder Judicial y autoridades políticas locales, sus actuaciones están plasmadas en el informe que hemos trabajado a raíz del acompañamiento que hemos hecho a las empresas y grupos campesinos de la región, afirmó Ochoa.

Vemos un trato desigual de parte de las autoridades estatales con los que brinda a las organizaciones campesinas, quienes son criminalizados y no tienen ninguna garantía para resguardar su vida.

Por su parte, Irma Lemus, coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán,  OPDHA, expuso que las violaciones varían, pero no cesan, ya que en el marco del conflicto agrario se registra 330 campesinos procesados judicialmente en 25 casos que ellos han regsityardo, pero hay casos en otras organizaciones que no han proporcionado datos.

De estos procesados, 256 son hombres, 38 mujeres y 36 son menores de edad, muchos de ellos, por diferentes motivos han dejado de ir a firmar como parte de las medidas sustitutivas a la prisión que se les han impuesto, por lo que se han librado órdenes de captura contra ellos y deben andar huyendo acusados de delitos que no han cometido.

Hay violaciones de ddhh en hostigamientos, persecuciones, atentados contra la vida, difamaciones, exilios, asesinatos y desapariciones y acosos sexuales de parte de los operadores de justicia quienes le dicen a las defensoras cuando van a solicitar información que si fueran sus novias o esposas si les darían lo que solicitan.

Pese a las denuncias de estos hechos, al no tener respuesta en Tocoa, Colón, van a las instancias en las ciudades de La Ceiba, departamento de Atlántida o en Tegucigalpa, la capital hondureña que dista a unos 500 kilómetros u 10 horas de viaje, pero la respuesta es la misma, silencio, complicidad e impunidad, expuso Lemus.

El tema de las violaciones de DDHH del Bajo Aguán, es constante en la palestra pública a nivel nacional e internacional, en las audiencias anteriores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se expuso con la participación de defensoras de Derechos Humanos de la región acompañadas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, y Cejil.

A inicios de mayo, una misión internacional de observadores de derechos humanos de al menos 12 países de América y Europa, viajaron al Bajo Aguán, acompañados por el COFADEH, para escuchar y documentar testimonios de las víctimas de violaciones a DDHH y hacer acciones de incidencia a nivel internacional, entre ellos había representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, periodistas de Francia, Italia, Costa Rica, y la Oficina de DDHH de la Arquidiócesis de Guatemala.

En febrero un grupo de defensores de la tierra del Bajo Aguán, realizaron un intercambio de experiencias por las recuperaciones de tierras, desalojos violentos y lucha contra poderosos,  con defensores indígenas Queq’chi´, organizado por el COFADEH y el Comité Unidad Campesina, CUC.

Estas actividades se han dado en el marco del proyecto “poyo y protección a los defensores de derechos humanos que trabajan en conflicto por la tierra y los bienes de la naturaleza”, que ejecuta COFADEH, FIAN Internacional y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC.

Entre las conclusiones del informe “El papel de los Operadores de Justicia en la Violación de Derechos Humanos en el Bajo Aguán”, se expone que:
Los organismos privados de derechos humanos hayan develado el colapso del sistema de protección oficial de derechos humanos.

Los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han jugado un papel significativo en la visibilización del conflicto en el Bajo Aguán, contribuyendo a la clarificación de las complejas causas que los han provocado.

Las políticas públicas e institucionales por parte del Estado han sido orientadas de forma abierta a privilegiar los procesos de concentración de la tierra en manos de las élites empresariales agrarias y han profundizado el latifundio.

La reforma agraria en el país es una tema pendiente en cuanto a las perspectivas de su enfoque que debería abordar transversalmente la seguridad y soberanía alimentaria del país, la afectividad generalizada, el cambio de estructura agraria, y privilegiar políticas de equidad y de desarrollo económico y social.

Los órganos administradores de justicia han orientado sus actuaciones oficiales a dirimir asuntos de carácter social que tienen otro espacio de solución en otras instancias administrativas.

La Corte Suprema de Justicia ha callado de forma sospechosa la declaración de inconstitucionalidad de leyes secundarias como la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector  Agrícola, que por razones de orden fáctico se antepone a la supremacía de la Constitución de la República, Esto sin duda explica las limitaciones que implica que un poder del Estado (Poder Judicial, que administra justicia) sea nombrado por otro poder del Estado (Poder Legislativo, que hace las leyes).

El Ministerio Público se ha instrumentalizado para paralizar las reivindicaciones sociales que siendo legítimas se penalizan.
La impunidad es generalizada y los mismos órganos encargados de luchar contra ella, la reproducen en sus ejecuciones oficiales.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4141:segun-informe-de-fian-operadores-de-justicia-se-parcializan-en-el-bajo-aguan-&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Acción Urgente: UMVIBA coloca en riesgo vida de defensora del Aguán

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ante la comunidad nacional e internacional expresa su preocupación por los últimos acontecimientos en contra Martha Ligia Arnold, Presidenta del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán (OPDHBA), beneficiaria de la Medida Cautelar otorgada por la CIDH No.MC65-15.

H E C H O S

El 16 de marzo del 2016, Martha Ligia Arnold, recibió una comunicación de parte del Coordinador Local de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA), Javier Guzmán,  una Unidad especializada   del Ministerio Publico en la que le manifiestan la decisión de las autoridades centrales de esta Unidad de no brindar ningún tipo de información que la defensora en representación de Observatorio Permanente de Derechos Humanos solicite sobre avances investigativos de casos que se han presentado a la UMVIBA, por considerar que la defensora de derechos humanos tiene nexos con miembros de una banda de delincuentes que operan en el departamento.

Textualmente le manifiestan lo siguiente:  “Que según investigaciones realizadas por esta unidad existe demasiada fuga de información por parte de ese organismo que usted preside aunado a esto la estrecha relación que su persona tiene con varios miembros de una banda de delincuentes que opera en este departamento, y que también están involucrados en delitos que nosotros investigamos es por esa razón de que se tomó la decisión consensuada con las autoridades centrales de no seguir brindando ningún tipo de información de las investigaciones que llevamos a cabo para tratar de esclarecer dichos casos; se les brindará únicamente datos estadísticos que se manejan de manera concreta por escrito”.

Esta aseveración coloca en riesgo a la defensora, al vincularla a bandas del crimen organizado, especialmente porque la declaración procede de altos funcionarios del Estado obligados a respetar  y garantizar los derechos de los ciudadanos y en forma especial a los que defienden derechos. Así mismo genera estigmatización para los defensores organizados en el Observatorio.

En el pasado Martha ha enfrentado persecuciones, amenazas, amenazas a sus hijos,  campañas de desprestigio que le han obligado a mantenerse de bajo perfil a fin de proteger y salvaguardar su vida y la de sus hijos. Hechos que fueron sido denunciados el 26 de febrero del 2015 ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, solicitando se ordene una investigación inmediata de los hechos denunciados y se gestione protección para la defensora y sus hijos.

Estos acontecimientos se dan  en momentos cuando otros defensores y líderes locales enfrentan sistemáticas amenazas a muerte y persecución como los hechos del domingo 20 de marzo del 2016, cuando Vitalino Alvarez, Vocero de la Plataforma Agraria del Bajo Aguán, Región del Aguán, ha tenido que salir del país por la persecución, amenazas constante en contra de su vida y la de sus hijos.   Igual situación enfrenta Jaime Cabrera, Coordinador  de la Plataforma Agraria Región del Aguán, quien el 12 de marzo del 2016, a eso de la 1:30 de la tarde al salir de una reunión, fue objeto de persecución por un vehículo color rojo, doble cabina, vidrios polarizados, sin placas, cuando él se trasladaba en una motocicleta hacia su residencia ubicada en la Aldea Panamá, Trujillo, Colón. Días anteriores denunció la presencia de dos motociclistas que merodeaban su vivienda en actitud de vigilancia.  Ambos defensores son beneficiarios de la Medida Cautelar No.MC50-14, otorgada por la CIDH.

En el último mes  fue asesinada Bertha Isabel Cáceres y Nelson García defensores del territorio y de los pueblos indígenas. La Organización indígena Milpha a reportado la muerte de 20 miembros de su organización, los últimos cinco en el mes de diciembre de 2015.

Todos estos hechos no pueden valorarse en forma aislada  demuestran que el ataque a Martha Arnold, obedece  a un ataque sistemático en contra de defensores  de derechos humanos  que es tolerado e impulsado por agentes del Estado. Preocupa aun más porque el ente investigador, lejos de desmantelar las estructuras que generan la inseguridad contra de Martha Arnold, la convierte en blanco de ataque directo, Y a la denunciante en investigada.

PETICION:

El COFADEH solicita a la comunidad internacional y nacional exigir al Estado de Honduras tome las medidas necesarias  para garantizar el derecho a defender los derechos humanos universalmente reconocido, como lo establece la Declaración Universal de los Defensores  de las Naciones Unidas, aprobada en 1998 y las Resoluciones de la OEA de 1999 y 2000.

•    Recordarle al Estado de Honduras su obligación de proteger a los ciudadanos de su país agotar todos los medios a su alcance para investigar las amenazas en contra de los defensores y en forma especial la situación de Martha Arnold.
•    Exigir al Estado  implementar en forma efectiva las medidas cautelares otorgadas por  la CIDH a favor de Martha Arnold y sus hijos.
•    Implementar la Ley de Protección de Defensores Periodistas y Operadores de Justicia.
•    Garantizar que Martha Arnold y los  defensores que integran el OPDHBA  puedan realizar su labor de defensoría en un ambiente de seguridad.
•    Exigirle el desmantelamiento de las estructuras de inseguridad en contra de Martha Arnold y  los defensores del derecho a la tierra y el territorio.
Hacer llamamientos a las siguientes autoridades.

Abog. Rolando Argueta  
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Tel (504) 2269-3000  2269-3069
Mail: cedij@poderjudicial.gob.hn

Abogda. Karla Cueva
Sub Secretaria de Estado en los Despachos de
Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización
Tel(fax) (506) 2232-7800

 Oscar Fernando Chinchilla     
Fiscal General de la República.
Fax (504) 2221-5667
Tel (504) 2221-5670  2221-3099

Abog. Soraya Morales
Fiscal Especial de Derechos Humanos
Ministerio Público

Abog. Javier Guzman
Coordinador Local UMVIBA
Tocoa, Colón,
Tel(fax) (506)2444-3992

Tegucigalpa, MDC., 28 de marzo de 2016.

C  O  F  A  D  E  H

Defensores en linea

Origen: Acción Urgente: UMVIBA coloca en riesgo vida de defensora del Aguán

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Honduras: Lentamente avanzan investigaciones de asesinatos de campesinos en el Bajo Aguán

miércoles, 19 de agosto de 2015

Tocoa, Colón.
Una estela de sangre, muerte y horror, ha envuelto a comunidades campesinas del Bajo Aguán desde el 9 de diciembre del 2009, cuando el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), decidió recuperar 26 fincas de palma africana que están bajo control de las grandes empresas agroexportadoras de palma asentadas en esa zona del país.

Esto provocó un enfrentamiento entre el movimiento campesino y los agroindustriales, que ha dejado  hasta la fecha a más 130 personas asesinadas (entre campesinos, guardias de seguridad y policías), en su mayoría campesinos convirtiéndose en el mayor conflicto agrario del país de las últimas tres décadas.
El 13 de abril de 2014, el Ministerio Público creó la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA), con el fin de resolver el conflicto que ha habido en esta zona del país.
Javier Guzmán, Fiscal coordinador de la UMVIBA, está consciente de cuál es la misión de su trabajo, pero desconoce por cuanto  tiempo estará en funcionamiento esta dependencia  del Ministerio Público en el Bajo Aguán, que hasta el momento no ha esclarecido las múltiples muertes violentas producto del conflicto en el Bajo Aguán.

Para La UMVIBA  que lleva 16 meses  de funcionamiento, el trabajo comienza y hay mucho por hacer para esclarecer las muertes, que ha dejado centenares de  viudas y huérfanos.

En el Bajo Aguán ha habido enfrentamiento o pugna entre campesinos y autoridades de gobierno y también con empresas privadas de seguridad, que son las partes intervinientes en este conflicto.

Desde que surgió el conflicto, hasta la fecha, suman 130 muertes violentos , de las cuales ya se han judicializado algunos casos y otros están en procesos de investigación, para que posteriormente el Ministerio Público pueda interponer los respectivos requerimientos fiscales en los órganos jurisdiccionales competentes.

Momento cuando exhumaban el cuerpo de Gregorio Chávez, en la finca Paso Aguán

“Hay casos que está judicializados, tenemos personas que están con órdenes de captura, incluso personas guardando prisión producto de los requerimientos presentados por esta unidad Fiscal”, expresó Javier Guzmán, coordinador de la UMVIBA, que tiene su sede en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón.

Para lograr estos pequeños avances, Guzmán reconoce que han tenido la colaboración de un sector de los grupos  campesinos, pero que también han encontrado en otros, que no quieren colaborar, ya sea por temor o porque no lo quieren hacer.

Esa negativa de algunos campesinos y familiares de las víctimas no ha detenido a los fiscales de la UMVIBA para seguir con el proceso de investigación y son optimistas del trabajo que realizan.

“Hay casos que están muy difíciles, consideramos muy difícil su investigación porque son casos que sucedieron hace años y es muy difícil ubicar a los familiares y testigos, porque muchos ya no están en la zona del Aguán, se han ido huyendo del lugar y otra gente que se ha mostrado reacia a declarar en esta oficina; pero seguimos trabajando en las investigaciones”, sostuvo Guzmán.

El funcionario informó que en el caso  José Trejo Cabrera, asesinado el 16 de febrero del 2013, a manos de unos desconocidos, cuando circulaba en su motocicleta en el barrio San Isidro de la ciudad de Tocoa, éste está judicializado y que hubo sentencia absolutoria  y que pasó a la instancia de casación. El juicio oral y público se realizó 21 de abril pasado, informó Guzmán.

José Trejo Cabrera era hermano del abogado Antonio Trejo Cabrera, quien se desempeñaba como apoderado legal de los campesinos y que fuera asesinado en Tegucigalpa en el mes de septiembre del año 2012.

Entre los casos que se señalan como más complicados en su investigación,  el coordinador de la UMVIBA, dijo que es el relacionado a la desaparición y asesinato del campesino Gregorio Chávez, hecho ocurrido a inicios del mes de julio del año 2012 en la finca Paso Aguán, propiedad del terrateniente Miguel Facussé, fallecido hace unos meses en Tegucigalpa.

Guzmán Indicó que este caso está complicado porque no hay colaboración de los familiares y que no hay como abrir una línea de investigación.

“La mayor dificultad que hemos encontrado en los familiares de las víctimas de los ofendidos es  que la mayoría no quiere colaborar y de repente sin la ayuda de ellos es un poco difícil tratar de encontrar el hilo de la madeja para resolver ciertos casos”, enfatizó Guzmán.

Asimismo señaló que estás mismas dificultades se están enfrentando con el caso de El Tumbador, donde los familiares y testigos están reacios a colaborar, porque muchos de ellos temen que una vez que sirvan de testigos protegidos, la Fiscalía emita algún requerimiento fiscal en su contra, ya que algunos están relacionados a algunos ilícitos que la Fiscalía tiene documentados con la correspondiente orden de captura, y que por eso se niegan a colaborar con la unidad.

Pese a esos obstáculos, más la contaminación que se hizo de la escena del crimen del caso El Tumbador, Guzmán indicó que han tenido algunos avances en las investigaciones, que les permitió elaborar un croquis del lugar en donde sucedieron los hechos y que eso les ha permitido identificar el sitio y la forma como quedaron los cuerpos inertes de los campesinos asesinados, la distancia que quedaron uno del otro y el lugar por donde ingresaron sus atacantes.

El funcionario indicó que eran casos que estaban dormidos, eran casos que estaban abandonados, casos que estaban tirados en una esquina sin tener ningún tipo de movimiento, “nosotros hemos venido a desempolvarlos, hemos venido a darles movimiento para reducir la impunidad en esta zona”.

Para dar respuestas a los familiares de las víctimas, quienes exigen justicia por el asesinato de sus parientes, la UMVIBA ha realizado 53 exhumaciones, en su mayoría de campesinos, de los que no había una autopsia legal  por parte de la dirección de Medicina Forense y para encontrar virtuales evidencias que podrían  servir para resolver los casos y muchas de esas autopsias les han servido a ellos para documentar mejor los expedientes.

“Recuerde que la autopsia es un medio probatorio importante para establecer circunstancias de muerte”, expresó finalmente el Fiscal Guzmán.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3679:lentamente-avanzan-investigaciones-de-asesinatos-de-campesinos-en-el-bajo-aguan&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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Fuerzas de seguridad hondureñas criminalizan y difaman observadores de derechos humanos internacionales y periodistas

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Una delegación internacional de once personas, incluyendo observadores de derechos humanos de Estados Unidos y Canadá y un periodista de The Nation, visitaron varias regiones de Honduras entre el 11 y 20 de agosto del 2014, tomando testimonios de violaciones de derechos humanos y realizando entrevistas. Miembros de la Red de Solidaridad con Honduras, lo cual consiste de más de treinta organizaciones de Estados Unidos, formaron parte de la delegación.

Del 13 al 15 de agosto, nuestra delegación visitó varias comunidades campesinas en el Bajo Aguán y documentó violaciones a derechos humanos atribuidas a las fuerzas estatales hondureñas y la corporación Dinant. Estas violaciones, basadas en testimonios personales de las víctimas, incluyeron un desalojo violento de la comunidad de La Panamá por las fuerzas armadas hondureñas el 3 de julio de 2014, con gases lacrimógenos, balas, y agresión física en espacios públicos cerca de casas y escuelas. Un hombre murió, dos fueron gravemente heridos, varios fueron golpeados, y siete fueron detenidos dentro de sus casas, acusados, y luego fueron puestos en libertad. Varios testimonios hicieron hincapié al rol directo de las fuerzas militares hondureñas en propiedad privada de Dinant, borrando las líneas entre el papel del estado hondureño y guardias privadas de seguridad.

Al día siguiente de nuestra visita al Bajo Aguán, nuestra delegación fue acusada por el Coronel Germán Alfaro de FUSINA de “alientan a los campesinos lanzar ataques” y “causar dispersión” en la región. También dijo que nuestra delegación estaba siendo investigada por estar en “un área prácticamente restrictiva del país.” Estas acusaciones son similares a las que se hicieron en contra la defensora de derechos humanos Annie Bird de Rights Action en diciembre de 2013 y julio de 2014 cuando Roger Pineda de Dinant y el Coronel Alfaro acusaron a Bird de desestabilizar la región del Aguán, y la acusaron de estar involucrada en actividades ilícitas en un canal local de televisión en Tocoa, Colón. Denunciamos estas acusaciones y difamación en la prensa como parte de un plan estratégico sistemático para amenazar, criminalizar, y silenciar la documentación de violaciones de derechos humanos de observadores nacionales e internacionales y periodistas.

La necesidad de exponer las violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán es urgente y las violaciones que nosotros escuchamos en La Panamá y en el Aguán son similares a otros que han sido ampliamente documentados por organizaciones de derechos humanos como Rights Action, Human Rights Watch, y el Grupo de Trabajo sobre el uso de Mercenarios de las Naciones Unidas. Más de cien campesinos han sido asesinados en el Bajo Aguán desde el 2009 y muy pocos casos han sido investigados o juzgados. Acusaciones sobre abusos y violaciones cometidas por las fuerzas estatales hondureñas y Dinant contra comunidades campesinas en el Aguán motivaron a la IFC, el brazo privado del Banco Mundial, a iniciar una auditoría interna de su préstamo de 30 millones de dólares a Dinant.

Además, durante nuestra visita a La Panamá el 15 de Agosto de 2014, escuchamos tiros de bala cerca del área donde tomábamos los testimonios, y después descubrimos que cuatro miembros de la comunidad habían sido detenidos por las fuerzas militares hondureñas. En ese momento, notificamos a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa sobre nuestra localización y preocupación por la población de La Panamá. También estábamos muy preocupados por nuestra seguridad dado que otras delegaciones internacionales habían sufrido intimidación por parte de las guardias privadas de Dinant quienes dispararon cerca de los delegados y comunidad campesina.

La difamación y los ataques contra observadores internacionales, defensores de derechos humanos y periodistas que investigan abusos de derechos humanos en el Bajo Aguán es un intento de encubrir las violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas estatales hondureñas y Dinant en el Bajo Aguán. Exigimos:

1. El cese inmediato de la campaña de criminalización y difamación contra defensores de derechos humanos tanto nacionales como internacionales y periodistas en el Aguán y otras regiones de Honduras.

2. El cese a toda ayuda económica de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad hondureñas, especialmente antes la documentación de abusos por parte de las fuerzas militares en La Panamá y en el valle Aguán.

3. Que la Unidad Especial de Investigación de Muertes Violentas en el Bajo Aguán sea acompañada por una comisión independiente, imparcial, e internacional con expertos forenses.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3263:fuerzas-de-seguridad-hondurenas-criminalizan-y-difaman-observadores-de-derechos-humanos-internacionales-y-periodistas&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Fiscalía realizará 50 exhumaciones en Bajo Aguán

18 de Julio de 2014

12:40AM  –  Redacción   

 

Denuncian que grupo campesino invade tierras “a punta de pistola”.

En el Bajo Aguán han sido vistos grupos de personas armadas.
En el Bajo Aguán han sido vistos grupos de personas armadas.

Tegucigalpa, Honduras

El fiscal general Óscar Chinchilla anunció que se realizarán 50 exhumaciones en el Bajo Aguán, Colón, como parte de las investigaciones de muertes por el conflicto agrario en la zona.

“Hemos estado monitoreando a través de ustedes, los medios de comunicación, la incomodidad que puede existir de algunas personas con el tema de las exhumaciones que estamos llevando a cabo y que se van a llevar a cabo, vamos a hacer 50 exhumaciones en total”, dijo.

En ese valle se ha reportado decenas de muertes violentas de campesinos, guardias de seguridad privada y soldados producto de enfrentamientos y emboscadas generados por las invasiones de tierras desde 2009.

La solución al conflicto se suponía que había llegado a su fin cuando el gobierno Lobo Sosa y el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) suscribieran un acuerdo que permitió a los labriegos recibir un préstamo en condiciones preferenciales de 526 millones de lempiras para pagar las tierras que habían invadido.

Pero ahora el MUCA sostiene que necesita renegociar las condiciones del crédito.

Mientras tanto, el grupo campesino Gregorio Chávez ha recurrido a la violencia para invadir una finca en el bajo Aguán y que a la fuerza les sea vendida.

La acusación la formuló Roger Pineda, ejecutivo de Corporación Dinant, luego de que trascendiera que hace unos días esa organización agraria incendiara el rancho donde se cultiva palma africana llamado Paso Aguán.

Según Pineda, representantes de Dinant habían sostenido una reunión con miembros de la organización Gregorio Chávez en vista de que estos reclamaban que se les vendiera, pero como se les dijo que eso no iba a ser posible, entonces “al día siguiente se metieron nuevamente a la finca”.

“Digamos que se podría interpretar de esa manera, en el campo de esa forma es, porque a punta de pistola están entrando a la finca”, acotó Pineda.

El ejecutivo indicó que antes de que la finca Paso Aguán fuera incendiada por miembros del movimiento Gregorio Chávez, estos habían sido desalojados de ese predio por orden judicial.

Según Pineda, la reactivación de la violencia por parte de los campesinos de la zona es apoyada por el MUCA.

“Ahora han surgido nuevos movimientos campesinos en la zona, derivaciones de movimientos campesinos, afiliados a MUCA, afiliados a lo que hoy día se llama la plataforma agraria y que reclaman el acceso a la tierra, es decir, el mismo discurso, esto lo que ha generado es que aproximadamente unos tres meses se recrudezca el tema de las invasiones en la zona”, señaló.

El director del Instituto Nacional Agrario, Ramón Lara, confirmó que hay extranjeros que se han dedicado a avivar el conflicto en el Bajo Aguán.

“Tenemos conocimiento que hay una norteamericana… ella ya había estado anteriormente en el país promoviendo este tipo de acciones o sea conflictos agrarios”, expresó Lara.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/730305-331/fiscal%C3%ADa-realizar%C3%A1-50-exhumaciones-en-bajo-agu%C3%A1n

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Desalojan a ocupantes de finca de palma africana “Panamá” en Colón

12:17
26
Junio
2014
Tegucigalpa – En operación combinada por diferentes unidades de la Policía Nacional y militares, a tempranas horas de este jueves, se efectuó el desalojo de la finca de palma africana Panamá, en el Bajo Aguán, departamento de Colón, Caribe de Honduras.

De acuerdo con la fuente, la acción fue ejecutada por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), con la participación de 120 miembros.

Más de un centenar de muertes violentas se han registrado en el Bajo Aguán en los últimos años, muchas de ellas ligadas al conflicto agrario que se vive en el zona.

En ese sentido, las autoridades de seguridad de Honduras, crearon la unidad especializada para investigar los crímenes que se han registrado en la zona.

Esa unidad está integrada por miembros élite de la Policía Nacional hondureña, junto a analistas de investigación y personal auxiliar del Ministerio Público.

Además, se busca determinar las causas reales de los crímenes cometidos en el marco del conflicto suscitado en esa zona del país y también se pretende establecer quiénes son los responsables, y lograr su enjuiciamiento mediante su captura.

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/06/26/Nacionales/Desalojan.a.ocupantes/88424.html

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A 40 subirán las exhumaciones de cadáveres, por el conflicto agrario en el Aguán

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Tocoa, Honduras (Conexihon).- Más de 40 familias esperan los resultados de las exhumaciones iniciadas en el sector del Bajo Aguán por un equipo de Medicina Forense, en medio del marco del conflicto agrario en la zona. La acción busca probables elementos de prueba al momento de presentar los requerimientos fiscales que correspondientes. La primera etapa, en la que se realizaron 15 exhumaciones de personas que supuestamente han muerto en el marco del conflicto agrario, se desarrolló entre el 16 y el 20 de junio, en distintos lugares de la región. 

Sin embargo, serán 40 cadáveres los que se desenterrarán en las próximas semanas, a petición de la Unidad de Investigación de las Muertes Violentas en el Valle del Aguán. De acuerdo con coordinador de esa Unidad de Investigación, el abogado Javier Guzmán, “el objetivo del Ministerio Público es exhumar los cadáveres a los que no se les había practicado la autopsia respectiva como lo establece la Ley”.
“Buscamos evidencias e indicios que se puedan aportar a un proceso y buscar después de la investigación el requerimiento fiscal, para posteriormente identificar a los que cometieron estos delitos y buscar que a estas personas se les castigue por el delito cometido”, subrayó.
El equipo, desentierra tres cuerpos a diario
El equipo es apoyado por un equipo de peritos forenses del Ministerio Público de Tegucigalpa, “ellos son los que h
acen las pericias respectivas, el objetivo es bajar los índices de impunidad que ha existido en los casos de muertes violentas del Bajo Aguán”.
Agregó que tanto el Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla y el Fiscal Adjunto, Rigoberto Cuellar, como el Director de Fiscales, Rolando Argueta, “se han comprometido muy seriamente a darle continuidad a estas investigaciones hasta identificar a los responsables de estos delitos y a llevarlos a los tribunales para que sean condenados si se logra probar su participación en uno de estos delitos”.

“Estamos exhumando tres cuerpos diarios son 15 exhumaciones programadas para esta semana, pero estamos investigando otras que se harán posteriormente a groso modo podemos decir que son 40 exhumaciones las que se harán en su totalidad, pero para eso tiene que haber una previa información de campo de donde están enterradas las personas e incluso las que están desaparecidas estamos haciendo la búsqueda de estas personas para continuar con el proceso”, subrayó Guzmán.
Todos los expedientes que esta Unidad maneja son muertes violentas de campesinos que se han dado producto del conflicto en el Bajo Aguán, los casos que hemos visto que no está relacionados con el conflicto los vamos enviándo a la fiscalía local respectiva, para que sean ellos quienes realicen las
 diligencias que correspondan, concluyó.
Esperamos que se conozcan los responsables
Para Heriberto Alemán, vocero del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, “existe esperanza y abogamos porque se conozca quienes son los responsables de todos estos homicidios que han ocurrido. Esperamos que se dé con el paradero de los actores intelectuales de todos estos hechos no importa de donde son y cual es su posición social y política. Ojala que quienes hayan estado cometiendo estos hechos en contra de la vida”.
A su criterio, las exhumaciones “aportan elementos de prueba a las investigaciones y al mismo tiempo hubieron algunos casos de homicidios a los que no se les hizo el levantamiento cadavérico, por lo que no hay un expediente formal que estableciera que tal persona estuviera fallecida”.
“Lo que toda la sociedad está esperando es que estas investigaciones permitan que se paren lo asesinatos en la región creemos que no es suficiente con la investigación para castigar a los responsables de las muertes, creemos que tiene que tratarse la raíz del problema, si no se le da un tratamiento a lo genero esta problemática se corre el riesgo de que estos hechos se pueda repetir”, subrayó.

De igual forma, hizo un llamado al gobierno de la república para que revise y regule la legislación existente relacionada a la tenencia de la tierra y la aprobación de la Ley de Transformación Agraria.
MUCA: “Proceso de exhumaciones están siendo manipulado”
Por su parte, el Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA) el proceso que se lleva a cabo es “ilegitimo y falto de transparencia”, pues “no se ha consultado con los familiares de las víctimas”. En un comunicado conjunto la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, el  movimiento social,  el Frente Nacional de Resistencia Popular de Colon y organizaciones de derechos humanos “existe desesperación por parte de Corporación Dinant en  limpiar su imagen ante el Banco Mundial y la comunidad internacional, luego de la publicación de los hallazgos del Ombudsman y Asesor en materia de Observancia (CAO por sus siglas en inglés), mecanismo independiente para proyectos respaldados por los Banco Mundial han evidenciado la participación de los guardias de seguridad de Dinant en una serie de asesinatos y violaciones a los derechos humanos”.
Explicaron que “algunas de las osamentas exhumadas por la unidad especial de  investigación  no corresponden a campesinos que han sido asesinados en el marco del conflicto agrario y que están realizando una investigación apresurada bajo una serie de irregularidades  en el proceso”. A su juicio “existen casos claros de la participación de los guardias de seguridad” por lo que piden que “no continúen las exhumaciones de osamentas de campesinos  en la región, hasta tener el  consentimiento y acompañamiento de los familiares de las víctimas y la participación de médicos forenses internacionales propuestos por las organizaciones campesinas”. La Unidad Especial de  Investigación que se instálalo en el Bajo Aguán para investigar el  asesinato de más de 115 campesinos y campesinas en el marco del conflicto agrario.

 

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/conflicto-agrario-y-minero/40-subir%C3%A1n-las-exhumaciones-de-cad%C3%A1veres-por-el

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Honduras: Exhumación de campesinos asesinados y el negocio palmero de Dinant

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Tocoa, Colón (Conexihon).- El viernes pasado (20/6) la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán difundió un comunicado, en el cual califica de “ilegítimo, turbio y manipulado” el proceso de exhumación de osamentas de campesinos, que han sido asesinados en el marco del grave conflicto agrario que ha ensangrentado esta región al noreste de Honduras.
La exhumación de los primeros 15 cadáveres está a cargo de la Unidad especial de investigación de muertes violentas en el Bajo Aguán, que fue creada en abril de este año por el Fiscal general Óscar Chinchilla y que está dirigida por Javier Guzmán, jefe de la Fiscalía de Homicidios de Tocoa, con el propósito declarado de esclarecer decenas de asesinatos cometidos durante los últimos 5 años y que han quedado en total impunidad.
“Ya no podemos hablar de que hay impunidad, porque se están investigando los casos. De hecho, vamos a ver resultados muy pronto”, dijo Guzmán a medios nacionales. El sorprendente optimismo mostrado por el jefe de la Fiscalía de Homicidios de Tocoa choca con la trágica realidad del Bajo Aguán, donde los intereses de unos pocos terratenientes y productores palmeros han privado a miles de familias campesinas del derecho al acceso a la tierra, a la alimentación y a una vida digna.
De acuerdo con la Plataforma Agraria, detrás de esta maniobra de la Fiscalía se ocultaría la intención de satisfacer intereses mezquinos de los grandes acaparadores de tierra, limpiando su imagen a nivel nacional e internacional, para que puedan volver a tener acceso a los fondos millonarios de la cooperación. “Es claro que el único propósito de esta Unidad especial es limpiar la imagen de Corporación Dinant ante el Banco Mundial y la comunidad internacional, criminalizando el sector campesino como lo han hecho por más de tres años”, denunciaron las organizaciones campesinas.
Los ojos del mundo centrados en el Bajo Aguán 
El año pasado, el Compliance Advisor Ombudsman (CAO), el órgano fiscalizador interno de la Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad adscrita al Banco Mundial, realizó una profunda investigación en la zona del Bajo Aguán.
En su informe final evidenció la grave situación del Bajo Aguán, y pidió a la CFI suspender el desembolso de 15 millones de dólares a Corporación Dinant, cuyo presidente es el terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum, para la expansión del cultivo de palma africana. Unas 70 organizaciones, tanto nacionales como internacionales, respaldaron dicho planteamiento.
Durante los últimos años, estas organizaciones han venido monitoreando constantemente la situación de derechos humanos en el Bajo Aguán, entre otros, a través de una misión de verificación internacional de derechos humanos en marzo de 2011, una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington en octubre de 2011, una audiencia pública internacional sobre la situación de derechos humanos en mayo de 2012, y varias gestiones de apoyo a las diligencias realizadas por el CAO en 2013 y 2014.
La denuncia de la grave crisis de derechos humanos en el Bajo Aguán hizo que, el 14 de abril de 2011, la empresa EDF Trading, subsidiaria en Londres de la sociedad anónima francés de capital público EDF SA e integrante de EDF Group, renunciara a la compra de créditos de carbono en el Bajo Aguán a la empresa Exportadora del Atlántico SA, división agrícola de Corporación Dinant.
Esta decisión del gigante energético francés representó un segundo duro golpe en pocos días para las empresas de Miguel Facussé. Pocos días antes y después de analizar en profundidad la situación del conflicto agrario en el Bajo Aguán, la Sociedad Alemana de Inversión y Desarrollo (DEG) -que es parte del estatal Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW Bankengruppe)- decidió retirar un financiamiento de 20 millones de dólares a la Corporación Dinant.
“Existen casos claros de la participación de los guardias de seguridad en el asesinato de campesinos y existe desesperación por parte de Corporación Dinant en limpiar su imagen. Por lo tanto, los movimientos campesinos del Aguán desconocemos y rechazamos  cualquier informe presentado por la Unidad especial de investigación, ya que conocemos su confabulación con los terratenientes”, cita el comunicado de la Plataforma Agraria.
Las organizaciones campesinas pidieron la suspensión inmediata de las exhumaciones “hasta tener el  consentimiento y acompañamiento de los familiares de las víctimas, y la participación de médicos forenses internacionales propuestos por las organizaciones campesinas y los familiares”.
Asimismo, exigieron transparentar las fuentes que están financiando la Unidad especial de investigación, y denunciaron el aparato de inteligencia militar, asesorado por el Comando de Operaciones Especiales del ejército de Estados Unidos, que tiene el propósito de “seguir criminalizando la lucha de las organizaciones campesinas por el acceso a la tierra”.
Finalmente, la Plataforma Agraria hizo un llamado a los organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos, para que se mantengan en alerta ante la estrategia de manipulación que pretende hacer creer a la comunidad internacional que el asesinato de campesinos “no es producto de la represión policial, militar y paramilitar”, ni que está relacionado con los terratenientes y productores palmeros./Honduras: Exhumación de campesinos asesinados y el negocio palmero de Dinant.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/conflicto-agrario-y-minero/honduras-exhumaci%C3%B3n-de-campesinos-asesinados-y

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Organizaciones campesinas rechazan proceso de exhumaciones de la Fiscalía

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Tegucigalpa.

Mediante un posicionamiento divulgado a través de los medios de comunicación,  la Plataforma Agraria del Valle del Aguán, el Frente Nacional de Resistencia y el movimiento social de la zona, calificó las exhumaciones practicadas por la Unidad Especial de Investigación como un proceso que no ha sido transparente, participativo ni consultado con los familiares de las víctimas.

Las organizaciones consideraron que las exhumaciones ejecutadas por la Unidad de Investigación buscan limpiar la imagen de Corporación Dinant ante el Banco Mundial “luego de la publicación de los hallazgos del Ombudsman y Asesor en materia de Observancia (CAO por sus siglas en inglés), mecanismo independiente para proyectos respaldados por el Banco Mundial que han evidenciado la participación de los guardias de seguridad de Dinant en una serie de asesinatos y violaciones a los derechos humanos de los campesinos y campesinas en el Bajo Aguán”.

La Unidad Especial de Investigación surge debido a la presión ejercida por la comunidad internacional dados los múltiples asesinatos cometidos en esta zona que suman más de cien, en su mayoría campesinos y campesinas, producto del conflicto de tierras que los gobiernos no han podido solucionar.

“Es claro que la fiscalía del Ministerio Publico y ahora la Unidad Especial de Investigación recién creada y dirigida por el fiscal Javier Guzmán, para investigar supuestamente los asesinatos en el Bajo Aguán, solo pretende limpiar la imagen de la empresa de palma africana y criminalizar el sector campesino como lo han hecho por más de tres años, por lo tanto los movimientos campesinos del Aguan desconocemos y rechazamos cualquier informe presentado por la unidad de investigación ya que conocemos su confabulación con los terratenientes”, asegura el posicionamiento.

Añade que existen casos claros de la participación de los guardias de seguridad y declaraciones públicas del señor Miguel Facussé gerente general de corporación Dinant, dadas a medios de comunicación el 16 de noviembre del 2010 un día después de la masacre suscitada en el sector del Tumbador, donde fueron asesinados cinco campesinos del Movimiento Campesino del Aguán, expresando “ que porque el oso negro  (Cesar Ham) había mandado a los campesinos a meterse a sus tierras si sabía que ahí tenía sus hombre armados”, casos como este gozan de total impunidad.

Las organizaciones suscritas en el posicionamiento exigen que no continúen las exhumaciones hasta que exista el acompañamiento y consentimiento de los familiares de las víctimas y la participación de expertos forenses internacionales.

“Exigimos aclaraciones por parte de la cooperación que financió la Unidad Especial de Investigación que se instaló en el Bajo Aguán para investigar el asesinato de más de 115 campesinos y campesinas en el marco del conflicto agrario, hemos escuchado que la misma fue financiada con fondos de la USAID a través del Organismo de Estados Americanos (OEA)”.

Las organizaciones denunciaron que el proceso de exhumaciones se está llevando a cabo con un patrón de inteligencia militar asesorado por el Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los EEUU, que pretende criminalizar a las organizaciones campesinas del Aguán que luchan por el acceso a la tierra.
El posicionamiento también denuncia “que algunas de las osamentas exhumadas por la Unidad Especial de Investigación no corresponden a campesinos que han sido asesinados en el marco del conflicto agrario y que están realizando una investigación apresurada bajo una serie de irregularidades en el proceso”, señalaron las organizaciones.

“Llamamos a los organismos nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos a que se mantengan en alerta, así como también una comisión internacional acompañe todo el proceso para poder resguardar las evidencias”, demandaron las organizaciones campesinas en el posicionamiento emitido el 20 de junio de 2014.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3193:organizaciones-campesinas-rechazan-proceso-de-exhumaciones-de-la-fiscalia&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Exhuman cinco cadáveres en el Bajo Aguán

Jun 19, 2014

La Unidad Especial de Investigación de Muertes Violentas en el Bajo Aguán, exhumó esta semana los restos de cinco personas en el departamento de Colón, donde se ha generado el mayor conflicto por la tenencia de la tierra  entre familias campesinas y terratenientes.

Los cuerpos se exhumaron en una zona  próxima a la ciudad de Tocoa y al puerto de Trujillo, y las autoridades han dicho que continuarán en busca de otros 15 cuerpos.

“Desde los movimientos campesinos nos preocupa que las mismas exhumaciones se estén haciendo a espaldas de los movimientos campesinos, hay sorpresa en cómo se están haciendo estas exhumaciones, quienes las están haciendo, cual es el método de acercamiento a los familiares”, expresó Hermes Reyes, de la Plataforma Agraria en el Bajo Aguán.

Este conflicto agrario ha dejado como saldo  a más de  127  personas asesinadas desde el año 2008, según las  estadísticas que maneja el Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Bajo Aguán.

El pasado 27 de febrero el fiscal general, Óscar Chinchilla, y el jefe de la policía, Ramón Sabillón, anunciaron la integración de la unidad para investigar al menos 147 asesinatos, aún impunes, ocurridos en el Valle del Aguán por disputas de tierras entre campesinos y guardias contratados por terratenientes.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1099-exhuman-cinco-cad%C3%A1veres-en-el-bajo-agu%C3%A1n

 

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Unidad especializada investigará asesinatos en el Aguán

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Una unidad especializada interinstitucional será la encargada de investigar las muertes violentas registradas en la conflictiva zona del Aguán, dónde unas un promedio de 123 personas perdieron la vida y 6 están desaparecidas por el conflicto agrario, de acuerdo con las cifras del Observatorio de Derechos Humanos en la zona.  
El acuerdo PGR-004-2014, emitido el 27 de febrero de 2014 creó la Unidad Especializada para la Investigación y enjuiciamiento en aquellos casos de muertes violentas en la zona del Bajo Aguan, misma que será identificada como la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguan (UMVIBA).
Esta Unidad entró en funcionamiento el 3 de marzo, con 15 detectives de diferentes ramas de la Policía Nacional y varios fiscales del Ministerio Público, quienes tienen la tarea de investigar todas las muertes violentas en zona, sin distinción de ninguna  naturaleza.
La zona del Aguán incluye los departamentos de Atlántida, Yoro y Colón dónde se registra el mayor número de homicidios en Honduras, sobrepasando la tasa nacional de homicidios (79 pccmh). Atlántida (115.1), Yoro (105.3) y Colón (83.8), de acuerdo con el informe del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
A la inauguración asistieron el fiscal General del Estado, Oscar Fernando Chinchilla; el Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuellar; el Director de la Policía Nacional, Comisionado General Ramón Sabillon y el Director de Fiscales Rolando Argueta, al igual que representantes del Tribunal de Sentencia, la Policía Nacional, el Ejército, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).


Expectativas

Comisionado Ramón Sabillón,
Director de la policía Nacional
“El objetivo es que todo este esfuerzo institucional lleve a la investigación de casos de homicidio y que podamos marcar una pauta en la investigación del delito y que esa sea una barrera de contención, porque sabemos que una sentencia de condenatoria firme es la que disuade a quien delinque”. 

“Lo importante de todo esto es la voluntad expresa del estado con todas sus instituciones; la Policía Nacional, la fiscalía jueces, el ejército todos trabajando por un solo esfuerzo, pretendemos recuperar la paz y reducir todos aquellos casos que han estado impunes, que salgan a la luz y que tengan el efecto penal correspondiente, hoy iniciamos con 15 elementos de las diferentes especialidades de la Policía Nacional, dirigidos por los señores fiscales pero esto no se queda allí podríamos aumentar si es necesario el número de elementos”.
“Para nosotros las muertes por el conflicto agrario –comentó- son homicidios, pero la connotación social o de interés de otros grupos la respetamos pero la investigación científica del delito es lo que priva y tener las pruebas y los actores para llevarlos a los tribunales para que puedan ser juzgados es lo más importante, somos bien estrictos en ese cumplimiento de que lo más importante independientemente de la connotación que una muerte tenga para un determinado grupo”.
Abogado Rigoberto Cuellar, 
Fiscal General Adjunto
“Estamos muy contentos al estar cumpliendo una de las metas que nos trazamos con el fiscal general en cuanto a la lucha por los derechos humanos, creemos y reconocemos que uno de los problemas que tenemos como país y reconocido a nivel internacional en materia de derechos humanos es precisamente la impunidad, las muertes violentas en el bajo Aguan, eso fue lo que nos motivó a crear esta unidad especial, en un principio con una duración limitada de do años, pero que de conformidad a como vallan avanzando los procesos de investigación puede durar menos o puede durar más”.
“Lo importante es que existe una sinergia con los demás operadores de justicia, no solo estamos las máximas autoridades del Ministerio Público sino también la Policía Nacional y la Corte Suprema de Justicia y las Fuerzas Militares, este es un mensaje muy claro a lo interno y también a nivel internacional de la voluntad del Estado de que se investiguen estas muertes, sin miramientos de ningún tipo”.
Fiscal General del Estado, 
Oscar Fernando Chinchilla
“Esta es una primera etapa de lo que nosotros queremos instalar aquí, está formada por detectives de la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público que nos van a ayudar a investigar todas las muertes violentas que se han dado en la zona del Aguán para poder identificar primero las causas, sin importar cuál sea el origen de las mismas; identificar a los autores para poder llevarlos a los tribunales y enjuiciarlos”.
“Venimos a investigar las muertes sin importar cuál es el origen sea la delincuencia común, un problema agrario o si es parte de la criminalidad organizada. Nuestro objetivo es conocer la causa por la que ha incrementado las muertes violentas en la zona, identificar a los responsables y llevarlos a los tribunales competentes para que se les castigue por los delitos cometidos, no hemos establecido una causa en particular cualquiera que sea debe ser investigado y proceder contra los responsables”.
Juan José Colato, 
Párroco de la Iglesia Católica en Tocoa
“Una palabra que es muy importante que debe marcarnos a todos es generar confianza, lo primero es que los operadores de justicia devuelvan la confianza al pueblo, creo que de esa manera al devolverle la confianza en esta oficina y en los operadores de justicia una luz de esperanza, porque aquí no se hace investigación, la verdad está a medias hay que buscar la verdad, solo así podrá haber justicia aquí”.
“Lo que necesitamos es ese clima de respeto a la dignidad humana y que haya seguridad esa es la demanda del pueblo, pero seguridad para todos no solamente para los que pueden pagar o para los que pueden comprar la justicia, la demanda es para que se dé seguridad y justicia a todos los ciudadanos, las estadísticas nos dicen que aquí hay muchos campesinos, periodistas, abogados y jueces muertos producto del conflicto agrario, al igual que una gran cantidad de muertes producto del crimen organizado, entonces lo que se quiere es que se investigue y que opere la justicia, porque todos aspiramos a tener un clima de seguridad y de respeto a la dignidad humana”.
Heriberto Alemán, 
Vocero del Observatorio de derechos humanos del Aguán
“Vamos a mantenernos vigilantes esperando que los resultados sean imparciales veraces y apegados a la verdad, esto le dará legitimidad a las acciones de esta Unidad Especial de Investigación, desde que se agudizó el conflicto agrario ha sido un clamor la investigación ha sido un clamor de investigación y que se ha venido notando un vasillo institucional de parte del Estado, si nos ha sorprendido el hecho que tuvieron que pasar, cuatro o cinco años de constante y permanente denuncia por parte los sectores organizados del bajo Aguan entre ellos el observatorio que hemos estado pidiendo investigación, castigo y justicia para los culpables de tantos hechos violentos que han tenido que ver con la violación del derecho a la vida”.

“Lo que esperamos es que esta unidad actué apegada a la verdad y con imparcialidad, dando no solo con los actores materiales sino también con los intelectuales de todos y cada una de las muertes violentas que han ocurrido durante la agudización del conflicto agrario en esta zona, nuestra posición y petición coincide con lo que hoy hemos escuchado de las autoridades”./Fotografía: Fundación de Antropología Forense

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-conflicto-agrario-y-minero/unidad-especializada

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