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La presión del Estado logró sacar a los muertos de Azacualpa y autorizó la destrucción de la comunidad

Las calles polvorientas son el anuncio de que algo anda muy mal en Azacualpa, Copán, en el Occidente de Honduras. Pero la presencia de altos funcionarios del Esatdo de Honduras que presionaron por la firma de un convenio, es todavía más graves, es un mal presagio.

La comunidad de Azacualpa está en manos de los buitres y ven en el oro la oportunidad para llenar los bolsillos a costa de matar el medio ambiente, enfermar a la gente y sacar a los muertos de su quietud.

En efecto al adentrarse en la comunidad la actividad de la minera Aura Minerals no deja un minuto libre para que los pobladores puedan tener paz. El polvo combinado con metales pesados  pulula en el ambiente.

Esta empresa trabaja 24 horas, los siete días de la semana para arrancar de las entrañas de la tierra el deseado oro que le dejará millonarias ganancias a la compañía, pero destrucción y muerte a las comunidades, así como pérdidas económicas al país, por la falta de control de los recursos  por las instituciones del Estado que deberían hacerlo, sin embargo el poder minero en el país ha logrado muchas cosas, entre ellas esa ausencia de una auditoría estatal la cual sí se aplica a las pequeñas empresas hasta asfixiarlas.

Minerales de Occidente, MINOSA, es subsidiaria de Aura Minerals, una transnacional canadiense que extrae alrededor de 344 mil onzas de oro al mes en una explotación a cielo abierto.

Según lo expresaron varios pobladores helicópteros llegan los fines de semana a traer el mineral, nadie controla cuánto llevan. Ese promedio de onzas  del metal podría ser mayor, pero quién lo sabe?.

Para separar el oro de la piedra  se utiliza agua con cianuro, un proceso llamado lixiviación, práctica utilizada también por otra empresa minera canadiense, “Entremares”, en el Valle de Siria, hace algunos años los que dejó graves problemas de salud a sus habitantes y ha dañado seriamente el medioambiente.

La pobreza del departamento de Copán contrasta con la riqueza natural, el oro se encuentra en la zona, pero la gente le queda como “recompensa macabra” más pobreza, desplazamiento y persecución de líderes.

La presión trabajó igual que la minera 24 horas los siete días de la semana

El 29 de julio recién pasado  pasosdeanimalgrande.com en compañía de la organización ACI-Participa llegaron al sector. El gobierno convocó a una reunión pero la canceló a última hora, ante la presencia de invitados que no considera sus aliados.

Una reunión con los pobladores y la Asociación de Organismos no Gubernamentales, ASONOG,  en las primeras horas de la mañana,  mapearon los tremendos daños que la minera está provocando, con la complicidad de las distintas instituciones del Estado de Honduras, que utilizan el aparato gubernamental para ejercen la presión contra los ciudadanos y ciudadanas para que la empresa no tenga ningún tipo de resistencias y pueda destruir cuanto encuentre a su paso.

La reunión de ese día era que para la comunidad de Azacualpa aceptara y firmara por las buenas o por las malas un documento que le dejaría total control del territorio a la minera Aura Minerals, una empresa canadiense que ha permanecido unos 30 años en el país, durante los cuales ha cambiado de nombre para lavar la cara sucia que ha dejado al convertir en fantasmas a pueblos enteros los cuales desalojó con la complicidad de las autoridades de los diferentes gobiernos.

La impotencia se palpa a cada tramo que se avanza. Guardias de seguridad agitan sus armas cuando ven a gente extraña en el lugar. “Prohibido tomar fotografías aquí”, dijo uno de ellos cuando se estaba pasosdeanimalgrande.com documentaba la destrucción.

La minería a cielo abierto utiliza grandes cantidades de cianuro para separar el oro del material removido, deja un dique de colas repleto de compuestos tóxicos que no son degradables. El cianuro es extremadamente tóxico para las plantas y los animales. Derrames de esta sustancia mata la vegetación, afectar la fotosíntesis y las capacidades reproductivas de las plantas. El cianuro puede ser absorbido por los animales a través de la piel, ingerido o aspirado, de acuerdo a una publicación de Vida Laboral.

Silencio sepulcral, un cerco informativo ahoga la verdad

La información de lo que realmente está ocurriendo en Azacualpa no circula en medios de comunicación de la zona. El acceso a la información está vedado, los pobladores señalan que por una parte es que hay miedo de los periodistas y por el otro hay muchos contratos de publicidad circulando. Otros periodistas han sido amenazados- El crimen contra el periodista German Rivas en el 2003, sembró el temor para hablar del tema.

Se informó por parte de los líderes de Azacualpa que el gobernador de la zona juramentó un patronato paralelo, pero al ver que no podía ocultarlo, entonces también lo hizo con un comité comunitario municipal, creado por él mismo.

El  Embajador de Canadá, Michael Gort y el Consejero para la Responsabilidad Social Empresarial, llegaron a la zona desde el 29 de julio , el gran interés a qué se debía? , era para respaldar a la empresa y empujar la presión,  o en realidad tenía interés genuino en revisar las actuaciones de la minera de capital canadiense  que violenta la cláusula de derechos humanos establecida a las empresas por Canadá?.

El alcalde de La Unión conformó y juramentó un Comité de Desarrollo Comunitario de Azacualpa, el cual está nombrado de manera impositiva e integrado por personas de la empresa minera y ex-directivos del patronato. Este Comité no tiene derecho de representar la comunidad por varias razones, dijeron los líderes comunitarios.

En la zona hay 24 caceríos afectados,  aparte de San Andrés Minas, San Juan y Platanares

Las tres décadas de permanencia de esa empresa ha dejado pueblos fantasmas e irrespeto a los muertos, “ hace unos años sacaron

El uso del derecho penal para sembrar el miedo

No cabe duda que la empresa jugó con balón adelantado, teniendo a su lado a los jugadores más experimentados para mover la pelota: al Estado de Honduras y a los medios de comunicación. Esa gigantesca ola de presión orilló a que la empresa por fin obtuviera un convenio donde se compromete a darles el sol, la luna y las estrellas a los pobladores.

La destrucción total será rápida, en menos de tres años la transnacional se ha propuesto sacar a  los muertos del cementerio, a los pobladores de sus casas y llevarse el oro de Honduras.

Una comisión estatal nutrida que llegó el 11 de agosto,  ayudó a la empresa  para tal fin, desde el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, el Ministro de Gobernación Justicia y Derechos Humanos, Leonel Ayala, la designada presidencial Rosana Guevara, entre otros funcionarios del gobierno central sumado al alcalde y el gobernador departamental .

En ninguna parte del convenio se habla de proteger la vida de las personas que estarán sometidas a tragar metales pesados, tampoco se garantiza la protección del medio ambiente, no cabe duda que ganó el capital y se enterró la vida.

http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/contexto/item/1484-la-presion-del-estado-logro-sacar-a-los-muertos-de-azacualpa-y-autorizo-la-destruccion-de-la-comunidad

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New Report – Mining in a State of Impunity: Coerced Negotiations and Forced Displacement by Aura Minerals in Western Honduras

(Ottawa/Tegucigalpa) A new report outlines the continuing struggle of the Honduran community of Azacualpa to defend the integrity of the town, including a 200-year old cemetery, against the expansion of a Canadian-owned open-pit gold mine. Mining In a State of Impunity: Coerced Negotiations and Forced Displacement by Aura Minerals in Western Honduras published by MiningWatch Canada and the Honduras Solidarity Network, documents how the Canadian mining companies that have operated the San Andrés mine in western Honduras have continually violated the land rights and communally-held land tenure of affected communities for the last 18 years. Neither Honduran authorities nor Toronto-based Aura Minerals, now the concession holder and operator of the mine, even acknowledge that the community has such rights. The report notes that “municipal authorities and the mining company make no mention of Azacualpa’s land rights and the details of the original mining concession granted in 1983.” Aura Minerals is now “negotiating” with Azacualpa to expand the mining operation. The report states, “It’s difficult if not impossible to call this process a “negotiation” as the community is clearly being coerced.” The report’s author, Karen Spring, Honduras Coordinator for the Honduras Solidarity Network, explained, “Community leaders have publicly denounced the presence of Honduran military and police in the so-called ‘negotiations’.” Spring adds, “This is a clear sign of intimidation in a country with rampant levels of corruption and a high impunity rate. Nineteen residents involved in defending the community cemetery still face trumped up charges and threats of further legal repercussions if they continue to protest the mine’s expansion.” The report makes a series of recommendations, including calling for a comprehensive legal analysis regarding land tenure and land transfer before “negotiations” move forward or the San Andrés mine expands further, and calling for all six affected communities be fully consulted on whether they agree with the expansion of the mine and the displacement of their cemetery. The report also emphasizes that it is critical to develop and document a better understanding of the history of communities forcibly displaced by the San Andrés mine as the basis for any future discussion. Contact: * Karen Spring, Honduras Solidarity Network, spring.kj@gmail.com, (504) 9507-3835 * Jen Moore, MiningWatch Canada, jen@miningwatch.ca, (521) 55 1329-3508

Origen: New Report – Mining in a State of Impunity: Coerced Negotiations and Forced Displacement by Aura Minerals in Western Honduras

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Empresa minera sigue violando derechos de población de Azacualpa, Copán

Origen: Empresa minera sigue violando derechos de población de Azacualpa, Copán

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Minera Canadiense nerviosa por acompañamiento nacional e internacional en Azacualpa lanza advertencia

Origen: http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/contexto/item/1360-minera-canadiense-nerviosa-por-acompanamiento-nacional-e-internacional-en-azacualpa-lanza-advertencia

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Enmedio de intimidaciones, inicia proceso de diálogo entre comunidades de la Unión, Copán y empresa minera

Origen: Enmedio de intimidaciones, inicia proceso de diálogo entre comunidades de la Unión, Copán y empresa minera

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Empresa Minera envía grupo de choque para atacar a pobladores de Azacualpa, La Unión, Copán – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- El ambiente hostil que viven los pobladores de Azacualpa quienes se encuentran resistiendo la invasión territorial del siglo 21 por parte de la Empresa Minerales de Occidente (MINOSA), compañía subsidiaria de la transnacional Aura Minerales, que con fondos canadienses ha desatado una ola de violencia emocional y agresiones físicas en […]

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Comunicado: Minosa y estado hondureño continúan acosando a pobladores de Azacualpa

Origen: Comunicado: Minosa y estado hondureño continúan acosando a pobladores de Azacualpa

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Azacualpa, otra víctima de la industria extractiva

Uno de tantos ejemplos del daño, dolor y persecución que deja la minería es el que se vive en el occidente hondureño en la comunidad de Azacualpa, La Unión, Copán.

En 1983 el Estado otorgó a la empresa Minerales de Occidente (Minosa) más de 300 hectáreas de tierra para extraer metales, principalmente oro, el permiso fue entregado bajo un convenio de compromiso de la empresa con las comunidades el que hasta el momento no se ha cumplido.

Como en muchas zonas del país, las comunidades enfrentan problemas habitacionales y Azacualpa no es la excepción, el pueblo está ubicado en un bordo de un cerro, panorama que dio paso a que la empresa prometiera la construcción de 300 viviendas a cambio de extraer metales de la tierra.

Desde entonces las comunidades han estado en lucha permanente exigiendo el cumplimiento del convenio, y esto ha derivado en persecución contra líderes ambientalistas y comunales.

Al pasar los años la población de la zona se ha dado cuenta que nada puede suplantar el grave daño que la minería deja a los bosques, ríos y ambiente.

Lucha y persecución

La lucha contra la empresa Minosa se agudiza cada vez más en Azacualpa, a inicios de semana la población se tomó varias carreteras pidiendo la salida de esta empresa de la comunidad debido al daño ocasionado y a la falta de cumplimiento de las promesas acordadas.

A cambio el Estado les ha respondido con militarización y persecución judicial, hasta la fecha hay 23 pobladores en proceso de criminalización por oponerse a la industria extractiva.

Asimismo las denuncias de amenazas siguen en aumento, para el caso durante las protestas de la semana la población de Azacualpa aseguró que son vigilados por militares y guardias de seguridad de la empresa.

Genaro Rodríguez del Comité Ambientalista de Azacualpa dijo: “estamos siendo perseguidos por la minera, policía y militares, cualquier cosa que nos pase los responsabilizamos a ellos, porque nos están persiguiendo por todos lados de forma permanente”.

Origen: Azacualpa, otra víctima de la industria extractiva

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A L E R T A : Pobladores de Azacualpa

Pobladores de la aldea de Azacualpa, en el Municipio de la Unión, Departamento de Copan, responsabilizan por sus vidas a las autoridades de justicia y seguridad de la ciudad de Santa Rosa de Copán, cabecera departamento de Copán al occidente del país.

De acuerdo a lo denunciado vía telefónica por dirigentes del Comité Ambientalista y del Patronato de Azacualpa, miembros de la Policía Militar del Orden Publico (PMOP) y agentes del Ministerio Publico (MP), se encuentran custodiando los bines privados de Empresa Minerales de Occidente (MINOSA), compañía subsidiaria de la transnacional Yamana Gold.

Lo curioso del caso es que las maquinarias resguardadas por las autoridades Estatales, se encuentran en territorio ejidal (propiedad de la Alcaldía Municipal de la Unión), extrayendo materiales y minerales de pertenencia comunitaria.

La Asociación para una Ciudadanía Participativa (Aci-Participa), publico a finales de febrero del presente año una denuncia pública, producto de una visita de acompañamiento a los pobladores de Azacualpa, en la misma se detalló la intensión de invasión por parte de la minera al cementerio comunitario, aun y cuando dicha área no forma parte de la concesión.

De igual manera, Aci-Participa, evidencio el acoso judicial por parte de la trasnacional en contubernio con las autoridades locales, las mismas que hoy se encuentran custodiando los bienes privados de la minera en lugar de brindar protección a los pobladores de Azacualpa.

Desde el día martes 29 de abril, los pobladores de Azacualpa de manera permanente se encuentran salvaguardando el cementerio comunitario para impedir su destrucción por parte de la empresa minera. Esta situación, sumado al hecho de la presencia policial y militar que custodia los bienes privados de la trasnacional, convierte a los pobladores de Azacualpa en un grupo muy vulnerable.

En estos momentos un equipo de Aci-Participa, se desplaza a la zona de conflicto para garantizar el respeto a los derechos humanos de la comunidad de Azacualpa.

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Honduras: Criminalization and Threats to Community Cemetery in Copán Persist

Today, Tuesday March 29, the Azacualpa Environmental Committee in Copán, Honduras issued the following alert regarding the continuing criminalization of dissent in their communities and the ongoing threat they face from the expansion of Aura Minerals’ San Andrés mine into their 200-year old cemetery.

On Monday March 28, nineteen community members traveled to the city of Copán for a hearing over charges that the state laid against them for illicit association following a peaceful protest at the San Andrés mine in 2014. For some community members, getting to Copán requires hours of walking and travel time.

Upon arriving, the nineteen learned that the courthouse had suspended the hearing, with no future date to reschedule. From the community’s perspective, this is a way to prolong the tiring process of criminalization against their peaceful struggle in opposition to the expansion of the San Andrés mine into their cemetery.

As a result, community members are protesting today against the criminalization of dissent and against Aura Minerals’ efforts to destroy their community cemetery. Given the presence of national policy, military and private security guards at their protest, they are deeply worried about their own security.

Please respond by sending an email to Aura Minerals with a copy to your member of parliament urging that no one be hurt or harassed, that the criminalization stop, and that the company respond in good faith to the community’s demands. The Committee is also specifically calling on Aura Minerals to send its general mine manager together with the mayor of Union to the protest to talk with the people. See the community’s Janury 24, 2016 statement for their full list of demands.

Aura Minerals
155 University Avenue, Suite 1240
Toronto, ON, M5H 3B7
Tel:  (416) 649-1033
info@auraminerals.com

Find the address for your member of parliament here.

Context

The Canadian government took advantage of the increasingly deadly conditions for people fighting for their land and a healthy environment in Honduras in order to improve conditions for mining companies immediately following the June 28, 2009 military-backed coup.

Months after the coup, Canadian authorities began lobbying for an end to a seven-year mining moratorium on new mining permits through the development of a new mining law. Canadian overseas development aid was granted for technical assistance on the law, which was approved in January 2013.

Since its approval, two legal challenges have been presented against the law, which fails to incorporate the demands that affected communities and civil society organizations had been fighting for for many years prior to the coup.

Between 2010 and 2014, over 100 people fighting for land and a healthy environment have been murdered in Honduras, with many more threatened or criminalized. Most recently, the murder of Lenca Indigenous and environmental activist Berta Cáceres has drawn international attention on the nightmarish situation for communities all over the country.

Following Berta’s murder, many Canadian organizations have been demanding that the Canadian government take concerted action to address this situation.

http://miningwatch.ca/blog/2016/3/29/honduras-criminalization-and-threats-community-cemetery-cop-n-persist

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Canada-based Aura Minerals Ready to Dig up the Dead in Honduras

Friday, November 7, 2014

In April 2014, the community of Azacualpa blocked the entrance of the San Andres mine in La Unión, Copan, in western Honduras. The open-pit gold mine is owned by Minerales de Occidente, a subsidiary of Toronto-based mining company, Aura Minerals who acquired the mine in August 2009.

A few weeks after initiating the blockade, the community was violently evicted by Honduran military and police who beat protesters including minors, shot tear gas, and arrested those that stuck around to fight the evict or that lived close to where it took place. Radio Progreso reports that various people were arrested and 21 community members face charges requiring them to sign before a Honduran judge every month.

According to a community member that asked that her name not be revealed because of the delicate security situation in the area: “A large group from the community and former employees of the mine blocked the entrance of the mine for .. some days, 15 days. The company refused to negotiate, they told us that they had nothing to say to us. The military arrived, beat, and captured some people .. I think 15 people, but I’m not sure, many were injured”

A 20-minute video shot on a community member’s cell phone (that is shaky and needs some editing) caught and recorded the eviction:

Upon initiating the blockade, the residents of Azacualpa were protesting the expansion of the mining operation, including a potential threat that operations would expand into the community’s cemetery. According to Radio Progreso’s report, the Azacualpa residents agreed to be relocated to a new area before the operations expanded, but since the agreement was reached the company’s commitment failed to materialized. However, despite the relocation agreement, the community leadership says that they did not want the company to operate in the cemetery, where approximately 400 families lay their loved ones to rest.

As Orlando Rodriguez, the Vice President of the patronato (the community leadership) told Radio Progreso:

“They [the mining company] want to exploit the land of the cemetery but the community is not in agreement, we have our public deed that gives us the power to prevent it. They claim that they have permission to exploit 50 metres from the cemetery, we as the elected community leadership decided to consult the people house-by-house and the majority do not agree that the remains in the cemetery are removed, but they have used force because they have militarized the area and continue to exploit.”

Following the eviction, Honduran military remained in the community for approximately three weeks and Aura Minerals continues its operations that a community member described as “very close to the boundaries of the cemetery.”

“They put military soldiers in the cemetery, there are only guards now but yes, after that, a lot of time passed, I think three weeks, that the military was patrolling. There were a lot of military cars patrolling the area. They were going to put up a big gate so that people could not enter [the cemetery].”

Ending a seven-year mining moratorium, the law was approved in January 2013. Mining operations – many of which are owned by transnational corporations – are expanding and/or beginning in various parts of Honduras. Canadian companies like Aura Minerals have directly benefited from the new legal framework that was written with support and assistance from the Canadian government and the Canadian International Development Agency (CIDA). Since its approval last year, two legal challenges have been presented against the law and various communities and organizations argue that the process in which the law was written and the law itself, completely ignores the demands of communities that have and will be affected by mining operations in their territory.

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Amenaza minera acecha de nuevo a comunidad organizada

Jul 11, 2014

Azacualpa, La Unión, en el occidental departamento de Copán es ahora el escenario de un nuevo conflicto minero que en abril de 2014 se agudizó con la entrada de militares en la zona para reprimir a quienes exigen un alto a la explotación minera.

La empresa trasnacional canadiense Aura Minerals cuya subsidiaria en Honduras se llama Minerales de Occidente S.A., con una base de recursos actual de más de 1.6 millones de onzas de oro y el potencial de aumentar los recursos, ha explotado desde 1983 el subsuelo de las comunidades San Andrés y San Miguel en el municipio de la Unión Copán.

Ahora los pobladores de Azacualpa, ubicada en la parte más alta de La Unión denuncian que su comunidad se ha vuelto inhabitable y la empresa quiere ampliar la explotación de forma que hasta el cementerio comunitario sería removido.

Orlando Rodríguez, vicepresidente del patronato de Azacualpa, asegura que ellos habían llegado a un acuerdo con la empresa canadiense pues su plan siempre fue expandirse. El trato era que la comunidad fuera desplazada a una zona con condiciones dignas para vivir, sin embargo la explotación se fue extendiendo y el compromiso de la empresa no se ha materializado.

La gente de Azacualpa se resignó a perder sus tierras, sus solares amplios, su vida de tranquilidad cuando la empresa minera comenzó a desplazar las comunidades vecinas. La riqueza bajo el subsuelo es tan grande que la minera piensa explotar a costa de la vida de las comunidades. Rodríguez asegura que ellos han pedido que se les respeten sus derechos y sus vidas.

Cuando la empresa anunció que tenían permiso de explotar a 50 metros del cementerio, la comunidad dijo NO.

“Ellos quieren explotar el suelo del cementerio pero la comunidad no está de acuerdo, nosotros tenemos una escritura pública que nos da la potestad de evitarlo. Ellos alegan que tienen permiso para explotar a 50 metros del cementerio, nosotros como patronato decidimos consultar al pueblo casa por casa y la mayoría no está de acuerdo que se saquen los restos del cementerio, pero ellos han usado la fuerza porque tienen militarizada la zona y siguen explotando”, explicó el líder comunitario.

Según el patronato, varios geólogos han dicho que la comunidad es ahora inhabitable y es necesario el desplazamiento, sin embargo los pobladores tienen miedo ahora que las relaciones con la empresa trasnacional se han tensado y el conflicto se va volviendo más violento.

“Se llegó al consenso que si la empresa quería explotar, tenía que reubicar la comunidad pero ya se ve el avance del tajo que van explotando y el compromiso con la comunidad parece no avanzar. Hemos tenido varias sesiones y ahora ya no envían a sus representantes sino a la policía, eso es represión.”, explicó.

El 15 de abril de este año, el patronato decidió realizar medidas de presión. Se tomaron la entrada por 15 días sin dejar pasar los camiones de la minera tras las negativas de dialogar con ellos. Fueron desalojados, golpeados, gaseados, según cuenta este miembro del patronato, mujeres y niños fueron afectados y 21 personas fueron procesadas judicialmente y continúan con medidas sustitutivas.

Lea el reportaje: La explotación minera, tan dura como la dictadura

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1165-amenaza-minera-acecha-de-nuevo-a-comunidad-organizada

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