La teoría de la que partió la comuna capitalina para derribarlos fue que “los árboles eran viejos”, asimismo, que “la especie de ficus es dañina”, reproduciendo las declaraciones de Carlos Escobar, responsable de la UGAM.
Las intervenciones, que luego podrían ser performatorios, las realizan bajo el nombre de “El silencio de los inocentes”.
“Luego vamos a hacer un intervención en la calle Mendieta, donde ya se contaron dos y queremos evitar que corten los demás; en esta ocasión llevaremos lonas pintadas”, detalló Erick Castellanos, uno de los activistas.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Honduras resultó aplazada en materia de respeto a la normativa ambiental, con una calificación de 1.29 de 3 puntos, una nota equivalente al 43% en base a 100, así lo revela el estudio realizado por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y la Iniciativa de Acceso (TAI), que evalúo el impacto ambiental de 70 países a nivel mundial.
El estudio denominado Índice de Democracia Ambiental (EDI, por sus siglas en inglés) fue presentado este jueves en un hotel capitalino por el Instituto de Derecho Ambiental en Honduras (IDAMAHO) ante más de 50 organizaciones de la sociedad civil y grupos defensores del ambiente.
Desde 1993 fue creada en nuestro la Ley General del Ambiente, sin embargo, debido a limitaciones en recursos humanos y a la falta de mecanismos de aplicación o al desconocimiento de la legislación esta no es aplicada de forma eficaz y expedita, detalla además el informe publicado en 2009 por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambienta (SERNA) hoy Mi Ambiente.
De acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) pese a que Honduras obtuvo mejores resultados en el pilar de la transparencia (1.60), los sectores relacionados con la participación ciudadana (0.78) y acceso a la justicia (1.49) reflejan serias bajas.
Tres pilares
De acuerdo con ese análisis en el sector de transparencia, Honduras cuenta con una Ley que establece el derecho a acceder a la información ambiental; sin embargo, sólo una cantidad mínima de los procesos de impacto ambiental son puestos de manera proactiva a disposición del público.
Del mismo modo en el pilar de participación, la ley ofrece al público el derecho a participar en una amplia gama de decisiones ambientales, más no así a tomar influencia en las decisiones plenas de los temas que le afecten directamente.
En cuanto al pilar de Acceso a la Justicia, la ley hondureña reconoce ampliamente el derecho del público a acceder a los tribunales y desafiar las decisiones gubernamentales sobre el medio ambiente, pero no existen mecanismos de asistencia para asegurar que los pobres y marginados pueden acceder a la justicia.
La metodología
El Índice de Democracia Ambiental (EDI, por sus siglas en inglés) fue desarrollado por la Iniciativa de Acceso (TAI) y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), en colaboración con socios de todo el mundo. El índice evalúa 70 países, a través de 75 indicadores legales, sobre la base de criterios objetivos y reconocidos internacionalmente establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a través de las Directrices de Bali.
EDI también incluye un conjunto adicional de 24 indicadores de práctica limitadas que permiten conocer el desempeño de un país en la implementación legislativa. Las leyes y prácticas nacionales
EDI es una plataforma en línea única que tiene como objetivo sensibilizar, atraer al público y fortalecer la legislación ambiental y la participación pública
Medidas EDI el grado en que los países han promulgado normas jurídicamente vinculantes que proporcionan para la recolección de información y divulgación del medio ambiente, la participación del público a través de una serie de decisiones ambientales, de forma justa, asequible y las vías judiciales independientes para la búsqueda de la justicia especialmente en las decisiones difíciles que afectan el medio ambiente.
Valorar legislaciones internacionales
Representantes del Instituto de Derecho Ambiental en Honduras indicaron que pese a que la calificación toma mayor fuerza en la normativa vigente y no en el respeto o aplicabilidad de la legislación, constituye un importante esfuerzo para valorar las legislaciones en materia ambiental a nivel mundial, especialmente porque el Índice le da la oportunidad al gobierno de mejorar su calificación conforme a las reformas o normativas legales que se tengan al 31 de agosto de este año.
Para el WRI, “la protección de estos derechos, especialmente para los más marginados y vulnerables, es el primer paso para promover la equidad y la imparcialidad en el desarrollo sostenible”. Pues “sin estos derechos esenciales, el intercambio de información entre los gobiernos y el público sobre las decisiones que perjudican a las comunidades y el medio ambiente no puede ser impugnada o remediarse. El establecimiento de una base legal fuerte es el punto de partida para el reconocimiento, la protección y la aplicación de la democracia ambiental”.
La comunidad internacional reconoce por primera vez estos derechos como parte del Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que firmaron 178 gobiernos y del cual Honduras forma parte.
Opiniones
Omar BanegasAmbientalista, La Venta de El Sur“El punto es que en materia de acceso a la información ambiental es restringida, pues esa ley no nos permite a nosotros los hondureños tener acceso a la información, hay información reservada. Aquí hay una trampa, por ejemplo en las comunidades no podemos tener acceso a los estados de resultados, estudios de impacto ambiental o a los balances generales, para saber que si las empresas están o no cumpliendo con las leyes y normativas, por eso considero que tienen una calificación muy alta tenemos una Ley General del ambiente que prácticamente no funciona”.
Laura Palmesse
Abogada de IDAMHO
“Nos parece que ver las leyes en otros países puede dar ideas de qué está funcionando o no en nuestro país, creo que podemos llevar a una mejor aplicabilidad de las normativas. Ya hemos llevado a Instituto de Acceso a la Información Pública en los casos que nos nieguen diferentes solicitudes y se han pronunciado de manera sancionatoria, de tal forma que dentro de poco podemos ver que el IAIP disponga una sanción al Oficial de Transparencia”.
Katherine Ramírez 
Honduprensa 