Entradas etiquetadas como tierra

EN SAN FRANCISCO DE OPALACA HARÁN CONSULTA SOBERANA SOBRE CONCESIONES EN SU TERRITORIO

Este fin de semana, el domingo 11 de septiembre la población del municipio de San Francisco de Opalaca, Intibucá realizará un ejercicio soberano donde se consultará a la ciudadanía si están de acuerdo o no con las concesiones mineras e hidroeléctricas en la zona.

San Francisco de Opalaca, en uno de los municipios más postergados del país, fundado en 1994, su población está distribuida en 8 aldeas y 78 caseríos. Actualmente alcanza los 11,352 habitantes. Todos sus habitantes son lencas.

Hace dos años fue conocida por el conflicto político que hoy los ha llevado a tener dos alcaldes. LEA MÁS AQUÍ

Según el dirigente de la Mesa Interinstitucional en San Francisco de Opalaca, Marcelino Bautista, la consulta se realizará a través  de asambleas comunitarias, mismas que se desarrollarán en 16 centros de votación distribuidos en distintas comunidades del municipio. (…)

Origen: http://radioprogresohn.net/~rprog/index.php/comunicaciones/noticias/item/3160-en-san-francisco-de-opalaca-harán-consulta-soberana-sobre-concesiones-instalándose-en-su-territorio

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Fuerzas Armadas niegan información sobre terreno en litigio amparados en la Ley de Secretos

Origen: http://www.clibrehonduras.com/alerta/fuerzas-armadas-niegan-información-sobre-terreno-en-litigio-amparados-en-la-ley-de-secretos

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Valientes lucha mundial de mujeres indígenas por sus recursos y territorios

Origen: Valientes lucha mundial de mujeres indígenas por sus recursos y territorios

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EL ORIGEN DE NUESTRA «NACIÓN»

APUNTES HISTÓRICOS SOBRE EL CONCEPTO DE ESTADO (TERRITORIO) EN HONDURAS. Concepciones generales acerca del «Estado». El concepto «territorio» hace referencia a una determinada área que comprende tierras, aguas y espacios aéreos, y que puede pertenecer a una persona, organización, institución, Estado o país (Geiger, 1996). En realidad, la definición suele entenderse como el área geográfica, […]

Origen: http://elpulso.hn/el-origen-de-nuestra-nacion/

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Foro por la Unidad Popular se realiza en Tegucigalpa, Honduras

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. Los dias 16 y 17 de agosto Tegucigalpa, la capital de Honduras, es la sede del primer Foro por la Unidad Popular enmarcado en la lucha por la tierra, el territorio y contra la criminalización social. El objetivo es demandar que se detenga en Honduras la impunidad, criminalización y la […]

Origen: Foro por la Unidad Popular se realiza en Tegucigalpa, Honduras – CRITERIO

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El rey del Porno, la usurpación del territorio Garífuna de Trujillo y la inaplicabilidad de la ley en Honduras.

Sambo Creek, 21 de Junio del 2016.- Los múltiples atropellos sufridos por el pueblo Garífuna en Honduras, forman parte de la antología de despojos territoriales que  afectan a los pueblos indígenas del continente. En nombre de un supuesto desarrollo el saqueo se ha intensificado en este milenio, al mismo tiempo que la aplicación de justicia se ha debilitado.

En el caso de la Bahía de Trujillo, el empresario canadiense Randy Jorgensen, se apropió de los hábitats funcionales de las comunidades de Guadalupe, Santa Fe e incluso de la misma ciudad de Trujillo; además de haber demolido parte de la comunidad Garífuna de Río Negro, para lo cual contó con el apoyo irrestricto de la municipalidad de Trujillo.

Desde de diciembre del año 2011, la Fiscalía de las Etnias emitió un requerimiento fiscal, en el cual acusó al rey del porno -nombre con el cual se le conoce al empresario en su país-  en relación a la usurpación de tierras Garífunas, en las cuales incluso construyó uno de sus proyectos de villas de lujo, localizado en un área de alta fragilidad ecológica y que se encuentran en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Capiro y Calentura.

Jorgenson tras evadir en varias ocasiones su comparecencia ante las autoridades, se presentó al juzgado de Letras de Trujillo el 3 de noviembre del 2015, el que le concedió un sobreseimiento. El 20 de noviembre fue interpuesto un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de la Ceiba, ente que emitió una resolución en el mes de marzo del presente año, en la cual ordenó revocar el sobreseimiento y efectuar una nueva audiencia, realizada el pasado 2 de mayo. Jorgenson una vez más eludió hacerse presente, y su apoderado legal manifestó que se encontraba fuera del país.

El Rey de Porno con el aval de la municipalidad, así como el del Sr. Ramón Lobo y su reputado clan familiar, ha logrado apoderarse de buena parte de los territorios de las comunidades Garífunas de la Bahía de Trujillo. Cabe recordar que el “empresario” fue condecorado en la comunidad de Santa Fe por el ex presidente Porfirio Lobo, acompañado de sus ministros “afrocondescendientes”. Casualmente Honduras en ese momento pasaba por el período más violento de su historia, al mismo tiempo que sus instituciones eran sangradas y destruidas por sus gobernantes de turno.

Aparentemente Ramón Lobo le vendió dos concesiones de minería no metálica para la explotación de oxido de hierro. Una  de ellas, denominada Montecristo, registrada a nombre de Visión de Vida , la que se encuentra dentro del título de la comunidad de Cristales y Río negro, y posee una extensión de 600 hectáreas.

Cabe recordar que Ramón Lobo apareció como propietario de una concesión denominada Punta Piedras II a nombre de la empresa Punta Caxina, y sobre la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronunció en su sentencia del caso Punta Piedras versus Estado de Honduras, indicando la necesidad de apegarse al Convenio 169 de la OIT en referencia al Derecho a la Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI) y la obligatoriedad de efectuar la consulta Previa antes de las exploraciones; descartando de esta forma la distorsión del CPLI que alberga la vigente Ley de Minería, la cual estipula que la consulta debe efectuarse previo a la explotación.

El Estado de Honduras ha incurrido en sinfín de aberraciones jurídicas en detrimento de los pueblos indígenas del país en relación a las violaciones al CPLI. En el caso específico del Rey del Porno, el estado violó el CPLI al haber  efectuado  la demolición de Río Negro ya que en vez de haber realizado una consulta al respecto, simplemente procedió a amenazar a la comundiad de Río Negro  -en conjunto con la municipalidad de Trujillo- sobre la implementación de la Ley de Expropiación Forzosa (1913), aprovechando el interregno de la dictadura de Roberto Micheletti y las condiciones de república mafiosa.

Exigimos a los operadores de justicia ceñirse al estado de derecho y apostar por la restitución del estado de derecho, ya que es la única alternativa para lograr salir de la espiral de violencia en que se encuentra sumida Honduras.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Origen: El rey del Porno, la usurpación del territorio Garífuna de Trujillo y la inaplicabilidad de la ley en Honduras.

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Estado y poderosos conspiran para despojar de sus tierras a campesinos de Valle y Choluteca

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- La lucha por la tierra y por los medios de subsistencia mantiene en el presidio de Nacaome, departamento de Valle, a dos miembros de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), publicó el Cofadeh en su pagina de facebook. La publicación relata que, un […]

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Aprueban decretos para expropiación de terrenos en Corredor Logístico y traspaso de bienes a favor del CN

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

El Congreso Nacional aprobó este jueves un decreto para la expropiación forzosa de terrenos en la vía donde se construye el Corredor Logístico y otra iniciativa orientada al traspaso de bienes a favor del Poder Legislativo.

En ese sentido, se aprobó en tercer y último debate, la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, orientada a declarar la expropiación forzosa y sus anexos del proyecto del Corredor Logístico, conocido como Canal Seco Interoceánico que comunicará el sur del país desde Goascorán hasta la Villa de San Antonio en Comayagua hasta empalmar con la carretera CA-5 Norte, proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Asimismo, se aprobó en tercer y último debate, el decreto presentad por el diputado nacionalista por Comayagua, Miguel Edgardo Martínez, orientada a ordenar a la Procuraduría General de la República (PGR), realizar los instrumentos públicos de traspaso de los bienes inmuebles del Centro de Investigación Logística, hemiciclo y edificio de oficinas de secretaría y prosecretarías y área de presidencia y vicepresidencias, inmuebles que deben inscribirse a favor del Congreso Nacional de la República de Honduras, describiéndose en el documento correspondiente los números registrales y catastrales.

Código Penal

En la sesión de este jueves, se avanzó en la aprobación en último debate del proyecto del nuevo Código Penal para Honduras, que establece más de 50 nuevas figuras delictivas que no están contempladas en la actual legislación.

En la sesión, en la que se aprobó del artículo 33 al 38 de la nueva normativa, participaron los consultores internacionales y especialistas en derecho penal, Francisco Javier Álvarez y Esther Hava García, así como la gerente legislativa Karen Motiño.

Mediante el nuevo código, se propone una sistematización única de todos los delitos y de todas las penas y se quiere redactar un texto sencillo, un texto fácil de aplicar, que no sea fragoso, sino un texto general con normas generales que dé instrucciones claras a los jueces.

En los primeros artículos del nuevo Código Penal se encuentran reflejadas todas y cada una de las garantías que ilustran el derecho penal contemporáneo, pero también se encuentran otros aspectos fundamentales.

El consultor internacional Francisco Javier Álvarez, aclaró que no se podrá aplicar ningún atenuante en caso de delitos como feminicidios.

En la sesión de este miércoles, se aprobaron artículos como los referentes a las clases de penas entre las que figuran la prisión a perpetuidad, la pena de detención de fin de semana, arresto domiciliario o multa previa audiencia de las partes, expulsión del territorio nacional, opciones diferentes a la pena de prisión, entre las que figuran la libertad vigilada, localización permanente a través de pulseras o aparatos electrónicos.

Asimismo, la clasificación de las penas que van de graves a menos graves; penas privativas de la libertad, mínima de un mes y máxima de 30 años de prisión, aunque se aclaró que hay excepcionalidades como el caso de extorsionadores que den muerte a la víctima que recibirán prisión a perpetuidad o cárcel de por vida.

En la sesión de este jueves, se conoció una iniciativa introducida por el diputado nacionalista por Francisco Morazán, Antonio Rivera Callejas, orientada a instruir a la Secretaría de Finanzas para que modifique el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), para la ejecución fiscal 2016 en el sentido de incorporar la cantidad de 94 millones de lempiras en varias estructuras presupuestarias de esa dependencia estatal.

El presidente en funciones del Congreso Nacional, Rolando Dubón Bueso, cerró la sesión y convocó para una nueva reunión el próximo martes 24 de mayo a las 3:00 de la tarde.

Origen: Aprueban decretos para expropiación de terrenos en Corredor Logístico y traspaso de bienes a favor del CN – Noticias Cholusat Sur

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Misión Internacional de Observación de DDHH denuncia que continúa la criminalización de las personas que lideran la lucha por el acceso a la tierra y la defensa de los territorios

La Misión Internacional de Observación de DDHH, conformada por delegados y delegadas de Europa, de Estados Unidos y de Latinoamérica, convocada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras –COFADEH- en su visita a La Esperanza y el Valle de El Aguan, del 6 a al 12 de mayo de 2016, comunica a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

1.    El asesinato de Berta Cáceres Flores ha afectado no solamente a su familia y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas –COPINH-, sino al pueblo hondureño y  la humanidad en su conjunto, por la trascendencia de su lucha en la defensa de los bienes comunes, los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, de las mujeres, de los derechos humanos y por su resistencia pacífica.

2.    Consideramos que el asesinato de Berta Cáceres Flores es un crimen político, del cual el Estado es responsable, no solamente porque se ha vinculado a un oficial del Ejército hondureño, sino porque estaba obligado a proteger su vida e integridad física.

3.    La misión valora la identificación y procesamiento de cinco personas que serían parte del gran entramado que se desarrolló para asesinarla, sin embargo, compartimos el llamado de la familia de constituir una Comisión Internacional de Investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, autónoma del Estado hondureño que contribuya a la investigación  y la sanción efectiva de todos los autores materiales e intelectuales del crimen, incluyendo los actores con intereses económicos.

4.    La misión condena la represión ejercida contra manifestantes del COPINH que fueron atacados por la policía el día 9 de mayo en Tegucigalpa, exige la inmediata liberación de las personas detenidas y llama al Gobierno a evitar cualquier forma de criminalización de la protesta social.

Por otra parte en el Bajo Aguán la misión ha constatado:

5.    Se mantienen las amenazas, ataques e intentos de asesinato en contra de los líderes y lideresas, de personas defensoras de derechos humanos en el Bajo Aguán, así como de dirigentes comunitarios que protegen el agua, los ríos y el medio ambiente, que están siendo amenazados por proyectos extractivistas.

6.    Continua la criminalización de las personas que lideran la lucha por el acceso a la tierra, la defensa de los territorios, y de los derechos humanos, mientras la impunidad prevalece en más de 150 asesinatos perpetrados en la región desde el golpe de Estado, siendo la masacre del Tumbador un caso emblemático.  Las amenazas sistemáticas, el desplazamiento forzado, las torturas, el exilio, los desalojos forzados, los despojos y difamación permanecen en la impunidad.

7.    En esta persecución cada vez más selectiva participan fuerzas de seguridad privada y escuadrones de la muerte, que estarían amparados por el Estado que ha militarizado la región con el patrocinio y provecho de los poderes económicos regionales.

8.    El conflicto agrario que tiene su raíz en la Ley de Modernización del Sector Agrícola de 1992, además de no resolverse con los acuerdos relativos a la compra de tierras firmados en el 2010, actualmente se ha agudizado por la falta de voluntad política, la vinculación y connivencia del estamento militar, la policía, los terratenientes, las corporaciones internacionales, los narcotraficantes y sectores políticos de Honduras.

9.    Según los testimonios obtenidos, la Hoja de Ruta para buscar una solución al conflicto agrario propuesta por el Banco Mundial no cuenta con los mecanismos de consulta participativos con las organizaciones campesinas.

La misión hace las siguientes recomendaciones:

–    La Fiscalía debe asegurar la investigación de los crímenes cometidos como premisa fundamental para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.

–    El gobierno de Honduras debe asegurar que se cumplan los acuerdos relativos para garantizar el acceso a la tierra de las organizaciones campesinas.

–    El gobierno de Honduras debe proteger y no estigmatizar a quienes ven su integridad amenazada por defender sus derechos.

–    Es obligación del Estado garantizar el estricto cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a cuyo efecto deberán destinarse las medidas y los recursos necesarios, puesto que de no hacerse supondría la responsabilidad y connivencia del Estado con las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos.

–    Crear mecanismos de consulta participativos con las organizaciones campesinas en cuanto a los proyectos que se implementan en su territorios.

–    Hacemos un llamado a la comunidad internacional, para que esté vigilante ante la situación que enfrentan el pueblo hondureño y en particular las personas que defienden los derechos humanos, y mas concretamente las comunidades  campesinas del Aguan, que sufren constantes amenazas y hostigamientos por las fuerzas de seguridad del estado.

Tocoa, 10 de mayo de 2016.

Versión en inglés

The International Human Rights Observation Mission made up of delegates from Europe, the United States and Latin America, convened by the Committee of Families of the Disappeared Detainees in Honduras – COFADEH – regarding its visit to La Esperanza and the Aguan Valley from May 6-12th, 2016, communicates the following to the international and national community.

1.    The assassination of Berta Cáceres Flores has affected not only her family and the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations (COPINH) but also the Honduran people and humanity in its totality, because of the transcendent nature of her struggle in defense of the common good, the rights of the indigenous peoples and their territories, of women, human rights and her non-violent resistance.

2.    We consider the assassination of Berta Cáceres Flores to be a political crime for which the State is responsible, not only because an official from the Honduran Army has been linked to the crime but because the state was obligated to protect her life and physical integrity.

3.    The Mission values the identification and arrests of five people who were part of the larger scheme that was developed in order to assassinate her, however we hare the call by the family for the creation of an International Investigative Commission of the Inter-American Human Rights Commission, autonomous from the Honduran State that would contribute to the investigation and effective sanctioning of all of the material and intellectual authors of the crime, including those with economic interests. involved.

4.    The Mission condemns the repression against the protests by COPINH that were attacked by the police on May 9th in Tegucigalpa, we demand the immediate liberation of those detained and call on the Government to avoid any form of criminalization of social protest.

Regarding the Lower Aguan Valley, the Mission declares:

•    Threats, attacks and assassination attempts continue against the leaders and defenders of human rights in the Aguan, as well as against community leaders defending water, the rivers and the environment that are all threatened by the extractive projects.

•    The criminalization of persons leading the struggle for access to land, defense of the territories and human rights continues, meanwhile impunity is prevalent in more than 150 assassinations perpetrated in the region since the coup d’etat, an emblematic case being that of the Tumbador massacre. The systematic threats, forced displacement, tortures, exile, forced evictions, seizures of property, and defamation remain in impunity.

•    In this ever more selective persecution there is participation by private security forces and death squads that are sheltered by the State which has militarized the region with the patronage and approval of the regional economic powers.

•    The agraria conflict, that has its roots in the 1992 Law for  Modernization of the Agricultural Sector, has not only not been resolved with the agreements related to the purchase of lands which were signed in 2010 but has now deepened by the lack of political will and the ties and relationship between the military, police, big land owners, international corporations, narcotics traffickers and political sectors in Honduras.

•    According to the testimonies received, the “Hoja de Ruta” plan by the World Bank to seek a solution to the agrarian conflict does not have the mechanisms for participative consultations with the campesino organizations.

The Mission makes the following recommendations

•    The Prosecutors’ office must ensure the investigation of crimes committed as a fundamental premise for the guarantee of the right to truth, justice and reparations for the victims.

•    The government of Honduras must ensure compliance with the agreements regarding the guarantee of access to land for the campesino organizations.

•    The government of Honduras must protect and not stigmatize those who see that they are threatened for defending their rights.

•    It is the obligation of the State to guarantee the strict fulfillment of the protective measures mandated by the Inter-american Commission of Human Rights, designating the needed resources and measures, given that not to do so would suppose the responsibility and connivance of the State with the multiple and serious violations of human rights.

•    Create mechanisms for participative consultations with the campesino organizes regarding projects that are to be implemented in their territories.

•    We call on the international community to be vigilant in the face of the situation that confronts the Honduran people and in particular people who defend human rights, and more precisely the campesino communities in the Aguan that suffer constant threats and harassment by the security forces of the state.

Tocoa, May 10, 2016

Origen: Misión Internacional de Observación de DDHH denuncia que continúa la criminalización de las personas que lideran la lucha por el acceso a la tierra y la defensa de los territorios

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A tiros matan a dirigente campesina de Santa Cruz

San Pedro Sula, Honduras

Una campesina fue asesinada a balazos en la aldea Oropéndolas, Santa Cruz de Yojoa, informaron autoridades y familiares.

Autoridades de la Policía Nacional manifestaron que recibieron la denuncia al número de emergencia 911, por lo que al llegar encontraron el cadáver a orilla de carretera.

La víctima es Abilia Sánchez, quien se desempeñaba como dirigente agraria. Equipos policiales investigan quiénes le arrebataron la vida.

Información preliminar indica que Sánchez fue ultimada producto de la lucha por la tierra que desempeñaba, ya que en el sector hubo varios desalojos.

Familiares y miembros del grupo campesino al que pertenecía condenaron el vil asesinato y exigieron al Estado capturar a los autores intelectuales y materiales del crimen.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de medicina forense para la respectiva autopsia.

Origen: A tiros matan a dirigente campesina de Santa Cruz

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The Struggle Continues: Garifuna land defender shot in Honduras Attack occurred two weeks after court hearing against Canadian tourism developer

“This is where the first bullet grazed me,” says Vidal Leiva, pointing to the side of his face.

Shot three times outside his home on Nov. 27, the Garifuna community leader survived and is now recovering from the gunshot wounds to his torso. However, since the attack, members of Leiva’s family and of the Land Defense Committee he heads report receiving threats.

Sitting up carefully, Leiva lifts his shirt. On his right shoulder, front, and back, stitches mark bullet entry and exit points. A bandage covers the middle of Leiva’s abdomen, where a bullet pierced internal organs before exiting through his back. His liver, intestines, and right lung all suffered damage in the shooting.

Leiva is president of the Land Defense Committee of Cristales and Rio Negro, two Indigenous Garifuna communities at either edge of the town of Trujillo, on the Caribbean coast of Honduras. He is also a candidate in the local elections later this month for the leadership of the community council (patronato) of Cristales and Rio Negro.

The outspoken Garifuna land defender believes his three attackers were hired to kill him due to his involvement in the local struggle to recuperate and defend Garifuna lands. Collective lands belonging to Cristales and Rio Negro and to other Garifuna communities along the Trujillo Bay are being taken over by Canadian developers for tourism projects.

The Garifuna people and language arose on the Caribbean island of Saint Vincent in the early 17th century, when people being trafficked into slavery from several regions of Africa survived a shipwreck and mixed with local Indigenous Arawak and Carib populations. In 1797, the British forcibly expelled the Garifuna from Saint Vincent, dropping them off on an island off the coast of Honduras. After forming the first mainland community in Trujillo, the Garifuna spread out along the Caribbean coast of Central America between Belize and Nicaragua.

In the 1880s and early 1900s, Cristales, Rio Negro, and other Garifuna communities along the Trujillo Bay were granted inalienable collective land titles to nearly the entire bay. Over the course of the next few decades, the communities faced pressure on and usurpation of their lands by US transnational banana company plantations and infrastructure, as well as from the expanding non-Indigenous population.

In recent years, there has been a new upsurge in pressure on the territory. Randy Jorgensen and other primarily Canadian investors and developers have taken over Garifuna lands in the Trujillo Bay in order to build gated vacation home complexes and other tourism projects.

“We’re in a strategic location. There’s the bay, the lagoons, the rivers,” Leiva told Intercontinental Cry in an interview in northern Honduras less than a week after he was shot.

“The lands have now become coveted by everyone – from Europe, from Canada, from the United States, and also by powerful people in government,” says Leiva. “[They want] to obtain it by any means possible, killing people, dispossessing them, trying to invent laws in Congress so that ancestral titles are abolished.”

Tourism projects in Garifuna lands along the Trujillo Bay picked up in the wake of the June 2009 coup d’état that ousted the Honduran president. In 2010, the government declared one of Jorgensen’s projects – the Banana Coast cruise ship port complex in Rio Negro – in the public interest, and the project moved forward when Rio Negro residents were threatened with forced expropriation.

Construction of a series of tourism and residential complexes owned by Jorgensen – Campa Vista, Coroz Alta, New Palm Beach, and Alta Vista – and by other Canadian developers in coastal Garifuna lands in the municipalities of Trujillo and Santa Fe gained momentum after the coup. The lands of the two municipalities are also in the running to become an Economic Development and Employment Zone (ZEDE), a controversial post-coup creation that would have special regions essentially function as semi-autonomous, privatized city-states.

Whether obtained through illegal sales or threats of forced expropriation, any and all purchases of and documents to land within the Garifuna communities’ inalienable collective land titles are illegal, Leiva emphasizes. “There are very clear prohibitions in the community’s collective titles prohibiting the sale of lands and the dismemberment of the collective land titles,” he says.

Over the years, Garifuna community members have filed formal complaints and reports for the usurpation of lands within their collective titles, usually to no avail. One such case did gradually advance, however, after Cristales and Rio Negro and OFRANEH, a Garifuna federation, pushed for the prosecution of Jorgensen for usurpation with regard to the Canadian’s Campa Vista project.

Four years and an arrest warrant later, Jorgensen appeared in court on Nov. 13. The hearing ended in a temporary stay of proceedings pending further evidence, but the lawyer representing Cristales and Rio Negro has since filed an appeal against the ruling. In the street outside the Trujillo courthouse where the hearing took place, Garifuna community members rallied against Jorgensen.

Two weeks later, Leiva was shot.

On Nov. 27, Leiva headed home at the end of the day after working with other members of the Land Defense Committee in one of several Garifuna land recuperations in the Trujillo area. That evening, he noticed three men hanging out at the edge of his property, but says that wasn’t out of the ordinary because the road from Trujillo to Santa Fe passes by his house. An hour or so later, he went outside.

“When I went to inspect a motorcycle, one of the men raised a weapon,” says Leiva. “I looked up, and saw that the weapon was pointed at me.”

Leiva saw the three men, none of whom were Garifuna, when he turned to look. It was approximately 8:45pm when the attackers opened fire. The first shot was fired from a 9mm handgun at a distance of less than four meters, says Leiva.

“When the shots began, I threw myself to the ground, rolling, rolling all over the place, and the three of them were shooting at me,” he says. When he got to his feet in order to run, he suffered the gunshot wounds to his torso.

Leiva doesn’t have high hopes for justice in Honduras, pointing to the control exerted over the judiciary by the executive branch of government and to rampant corruption. According to reports, the initial police response to the attack against the Garifuna land defender was that the gunshot wounds were self-inflicted.

“There’s no justice,” says Leiva. Regardless, the work of the Land Defense Committee of Cristales and Rio Negro to recuperate and defend collective Garifuna lands will continue, he says. “The struggle continues, and we always stand strong in the struggle.”

Origen: https://intercontinentalcry.org/garifuna-land-defender-shot-honduras/

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Familiares de Miguel Facussé hacen propuesta grosera a pobladores de Zacate Grande

Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn Tegucigalpa.-

Tegucigalpa.-Los apoderados legales del extinto empresario hondureño Miguel Facussé Barjúm proponen a un grupo de 34  pobladores de Zacate Grande, Amapala, en el sureño departamento de Valle que desalojen las tierras que ocupan a cambio de anularles los juicios que hay en su contra.

Los pobladores, que se encuentran acusados en los juzgados de Amapala por el delito de usurpación de tierras, han recibido la propuesta de la familia Facussé, quienes a cambio de quitarles las medidas preventivas  les proponen que reconozcan la legítima pertenencia a favor del extinto empresario.

“Con un documento borrador, denominado “acta de conciliación y acuerdos en causa incoada contra imputados de zacate grande, Amapala, Valle” escrito con fecha 14 de febrero del 2014, y expuesta hasta el 8 de octubre del 2015, donde nos convocaron para hacerlo de nuestro conocimiento, pretenden que negociemos nuestro silencio a cambio de quitarnos las acusaciones que pesan por defender nuestro territorio que por generaciones nos han pertenecido”, dijeron los pobladores.

En conferencia de prensa en el Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH) los afectados apuntaron que el documento está redactado “como si nosotros hubiésemos estado presentes en dicha reunión, lo que negamos rotundamente, así como nos abstenemos de aceptar su propuesta en la que nos comprometen a aceptar que esas tierras son legítimas del ingeniero Miguel Facussé Barjúm (fallecido el 23 de junio 2015) por lo que debemos alejarnos de las propiedades, donde sembramos maíz, maicillo, sandia, huertos familiares, árboles frutales y cultivos de camarón orgánico, todo para el sustento familiar”.

La denuncia se efectuó durante una conferencia de prensa en las instalaciones del COFADEH.

La denuncia se efectuó durante una conferencia de prensa en las instalaciones del COFADEH.

Recordaron que están procesados judicialmente desde el  2005, con medidas sustitutivas a la prisión como ser: ir a firmar al Juzgado Primero de Letras de la Isla del Tigre cada 15 días, no salir del país y no acercarse a los predios en litigio ni a la gente allegada a la familia Facussé. “Y según esta propuesta si aceptamos sus condiciones nos suspenderían esta medidas”, acotaron.

En virtud de lo antes señalado los pobladores denunciaron lo siguiente:

1.-Que estas medidas que propone la familia Facussé, nosotros los defensores de la tierra y playas de la península de Zacate Grande las consideramos una acción más de hostigamiento y violación a nuestros derechos, ya que nuestro único medio de sobrevivencia es la tierra en que habitamos, la producimos y la cuidamos, así como las playas de donde muchas familias viven de la pesca artesanal, y las están privatizando.

2.-Parte del interés de apoderase de nuestras tierras y playas es porque el gobierno de la República está promoviendo  la construcción de una Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o “Ciudad Modelo” en Amapala, y por eso otras personas como la familia Gutiérrez, Fredy Nasser, Juan Orlando Hernández y Jorge Cassis, están adquiriendo propiedades, y en ocasiones desalojando a sus habitantes, para impulsar ese negocio. Para el caso la familia Malespín ha regresado a Zacate Grande, aduciendo que  la fallecida Carmen Malespín, aún tiene propiedades a su sombre, pese a que en los 80 y 90 vendió hasta las playas que por ley le pertenecen al Estado.

3.-No vamos a negociar una propuesta que nos expulsa de nuestra tierra e impone terror; que beneficia solo a los terratenientes y pretende dividir a la comunidad, quienes pueden aceptar cualquier negociación bajo amenazas y miedo a ser requeridos judicialmente, porque las autoridades también están de parte del poder.

Tegucigalpa m D.C., 02 de diciembre de 2015

Comisión de lucha por la tierra de la Península de Zacate Grande

Origen: Familiares de Miguel Facussé hacen propuesta grosera a pobladores de Zacate Grande –

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Plataforma Agraria del Aguán demanda un nuevo plan de negocios para pagar tierras recuperadas

18 November 2015; Marvin Palacios

Tocoa, Colón.

En la década de los años noventa la política de “modernización del sector agrícola” implementada por la administración del ex presidente Rafael Leonardo Callejas  concentró las tierras más productivas de Honduras en un puñado de terratenientes  y asfixió económicamente a través del control del mercado, a las cooperativas campesinas.

Para Yoni Rivas de la Plataforma Agraria del Aguán, en el presente, esta misma política se está repitiendo con el apoyo de organismos financieros internacionales  que son los que controlan los mercados y “son realmente los que nos están asfixiando en el caso del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA)”.

Rivas dijo que en este caso se firmaron planes de negocios y estructuras financieras en el año 2012 para poder hacer las retenciones de dinero para el pago de las tierras recuperadas con un precio piso de 3 mil 100 a 3 mil 600 lempiras la tonelada métrica de la fruta de palma africana.

“Y en la actualidad ha caído en 53.4 por ciento, lo que significa que el precio en agosto de este año es de 1 mil 450 lempiras la tonelada, esto es una asfixia económica; y estamos trabajando desde hace más de un año haciendo propuestas a los diferentes poderes del Estado en búsqueda de la solución; pero hasta el día de hoy no nos han escuchado”, explicó el dirigente campesino.

Rivas señaló que están trabajando con la bancada del partido Libertad y Refundación (LIBRE) en la elaboración de un decreto que se entregará en las próximas horas durante la instalación del Congreso Móvil que se desarrollará en la ciudad de Choluteca.

“Este decreto tiene como fin la elaboración de un nuevo plan de negocios y una estructura financiera, tomando como piso un mil quinientos lempiras la tonelada métrica de la fruta de palma africana, así como también que haya un tiempo de amnistía, o sea la suspensión del pago de la deuda por el término de 2 años y un elemento llamado amortización, debido a que el estado se comprometió en desarrollar proyectos sociales como salud, educación, vivienda, infraestructura, dotación de maquinaria agrícola a MUCA y MARCA”, detalló Rivas.

El líder campesino Yoni Rivas expresó que la Plataforma Agraria es la que ha estado de forma permanente en el diálogo buscando una solución que pueda ser satisfactoria para el sector campesino que ha sido excluido, ha sido destruido y olvidado por el estado hondureño.

Las declaraciones de Yoni Rivas se dieron a conocer el martes 17 de noviembre en el marco de una reunión  en Tocoa, entre representantes de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán con delegados de la Fundación San Alonso, FIAN-Honduras, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH)las agencias de cooperación Diaconia, Trocaire y Oxfam, así como con el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA) y organizaciones sindicales, con el propósito de analizar una propuesta que marcaría la hoja de ruta para solucionar el conflicto de tierras en el Aguán.

Yoni Rivas de la Plataforma Agraria del Aguán

La propuesta denominada “Sugerencias de Diseño del Proceso para el Fortalecimiento del Compromiso Dinant-Comunidad-Gobierno y del Desarrollo Regional Inclusivo” fue presentada recientemente por el Instituto de Construcción de Consensos (Consensus Building Institute (CBI) con sede en Estados Unidos, una empresa consultora  experta en solución de conflictos, que fue contratada por la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Banco Mundial.

“Esta reunión busca realmente cómo poder diseñar una ruta que pueda permitirnos que el sector campesino pueda obtener lo que ha buscado históricamente, el derecho a la tierra”, declaró el dirigente campesino.

Rivas indicó que la propuesta obedece al informe brindado por la CAO u Ombusman del Banco Mundial (BM), quien determinó en enero de 2014, que Corporación Dinant incurrió en el incumplimiento de deberes sociales, responsabilidad ambiental y violaciones a los derechos humanos en contra de comunidades campesinas.

La CAO es la entidad del Banco Mundial que audita a los clientes del sector privado con la Corporación Financiera Internacional (CIF).

La CIF contrató los servicios del Instituto de Construcción de Consensos (Consensus Building Institute (CBI) para que lleve a cabo las negociaciones para lograr un acuerdo que ponga fin a la problemática agraria en el Aguán.

Al respecto la CBI designó a Merrick Hoben, quien a juicio de Yoni Rivas, es el encargado de “lavarle la imagen a Corporación Dinant y por supuesto al mismo Banco Mundial. Nos ha llevado a más de un año de estar dialogando y no vemos así una hoja de ruta clara; que tome en cuenta los puntos que pusimos en la agenda y que presentamos el 11 de septiembre de 2014”.

Origen: Plataforma Agraria del Aguán demanda un nuevo plan de negocios para pagar tierras recuperadas

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Dirigente comunal en Honduras denuncia amenazas

jueves, 12 de noviembre de 2015

El presidente de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (Conafeph), Marco Antonio Bhaday, denunció hoy que está siendo objeto de intimidaciones y amenazas por exigir la legalización de tierra en beneficio de varios pobladores.
“Estamos denunciando los atropellos y persecuciones de que estamos siendo objeto por pedir que se agilicen los trámites correspondientes para la titulación de tierras y por irnos a tomar otras instituciones que andan haciendo cosas malas, porque defendemos los derechos del pueblo en las calles”, acotó.
El dirigente hizo un llamado a las autoridades del Ministerio Público (MP) y Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que instruyan al personal sobre el significado de la Ley de la Propiedad y a los representantes del Instituto de la Propiedad (IP) para que actúen o realicen trámites para la titulación de tierras.
“Denunciamos que estamos siendo objeto de persecución, pues nos han visitado fiscales y agentes de la Dirección Policial de Investigación; entendemos que dicen que hay una denuncia en contra de nosotros, pero también deben atender nuestras denuncias, las cuales son miles y están engavetadas en la Fiscalía”, apuntó Bhaday.
Detalló que en el IP existe una mora de entrega de un millón de títulos de propiedad, la expropiación de unas 300 colonias y realizar las mesas de conciliación.
http://www.latribuna.hn/2015/11/12/dirigente-comunal-en-honduras-denuncia-amenazas/

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2015/11/inicio-honduras-noticias-sociales.html

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Tres sentencias más sobre Honduras – 10 Noviembre 2015

Entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró en San José, Costa Rica, su 111 Período Ordinario de Sesiones en el que emitió seis sentencias que serán notificadas próximamente.

Entre estas sentencias se encuentran tres relacionadas con Honduras, cuyas implicaciones podrían tener un impacto significativo en temas fundamentales para la democracia y el Estado de derecho, tales como la independencia judicial y el respeto a los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

Un​a​ de las sentencias trata sobre el caso López Lone y otros, acerca de los tres jueces y una magistrada que fueron separados por oponerse al golpe de Estado, por denunciar la complicidad de la Corte Suprema de Justicia con el gobierno de facto y por cumplir con su papel de garantes de la legalidad y el respeto de los derechos de la ciudadanía.

Las otras dos sentencias se refieren a los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, y sus miembros, a quienes el Estado de Honduras a través de megaproyectos turísticos los está despojando de sus territorios ancestrales, violentando de esa manera su derecho a la consulta previa e informada.

Sin duda alguna, de cumplirse con las expectativas que generan estas sentencias, sus puntos resolutivos podrían convertirse en una herramienta jurídica y política muy importante para promover cambios estructurales que favorezcan el respeto de la independencia judicial y de los derechos del pueblo garífuna y demás pueblos indígenas del país en relación con sus territorios.

A través de estas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede enviar un mensaje contundente al Estado hondureño y demás Estados de la región que creen que pueden seguir tratando a su ciudadanía como súbditos, y dejar claro que los derechos humanos están por encima del poder público, que está en la obligación de respetarlos, promoverlos y garantizarlos.

Origen: Tres sentencias más sobre Honduras – 10 Noviembre 2015

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