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Mil 700 mujeres campesinas, indígenas y garífunas han sido judicializadas en los últimos tres años

El sistema de justicia inclina la balanza para la impunidad y ha dejado en desprotección a unas mil 700  mujeres campesina, indígenas y garífunas a quienes se les ha levantado procesos penales por el hecho de ejercer su derecho a la tierra y más de 100 fueron ya asesinadas, de acuerdo a un informe de la Articulación de Mujeres de la Vía Campesina Honduras, presentado en conferencia de prensa este 21 de junio de 2016.

Esta red de organizaciones ofreció una conferencia de prensa en donde dio a conocer un análisis de la grave situación que están viviendo las mujeres de los sectores arriba indicados, ante la ola represiva de criminalización por la lucha por la tierra y el territorio.

Denunciaron que el Ministerio Público tiene engavetado un informe desde el año 2014 donde se identifican graves violaciones a los derechos humanos de dichos grupos.

La Articulación está conformada por mujeres miembras de la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH), la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), el Consejo de Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), la Unión Campesina Indígena Hondureña (UCIH) y la Asociación para el Desarrollo Rural de Honduras (ADROH).

En su comunicado sostuvieron que el  tres por ciento  de los terratenientes poseen el 70 por ciento de las tierras cultivables, esto en el contexto que enfrenta la lucha campesina y como defensoras de derechos humanos.

Honduras en el Índice Global de Impunidad, (IGI), es el número siete entre los países que tiene el nivel de impunidad más alto, resultan insuficientes las medidas que se han impuesto en los últimos años en materia de investigación, cuentan con pocos recursos financieros, humanos y técnicos; lo que tiene como consecuencia que el 96 por ciento  de casos están impunes.

Existen más de seis mil  campesinos y campesinas  con procesos judiciales a nivel nacional, de los cuales  mil 700 son mujeres campesinas e indígenas , y 120 campesinos fueron asesinadas en los últimos tres años, entre ellas cinco mujeres ,  lo que hace que su vida personal y familiar sea afectada.

En el marco de esta situación  las Articulación de Mujeres de la Vía Campesina Honduras exige el cese inmediato a la criminalización por el derecho a la tierra y el territorio; procesos judiciales transparentes e investigaciones de las demandas de la tierra por los grupos campesinos.

Al Fiscal General de la República Oscar Chinchilla le demandaron que dé a conocer el informe realizado en el 2014, en donde se constata las múltiples violaciones a los derechos humanos de las y los campesinos, elaborado por la Fiscalía de Derechos Humanos en los diferentes juzgados, para deducir las responsabilidades del caso.

A la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), exigieron la investigación de los asesinatos de las cinco mujeres campesinas e indígenas.

Asimismo demandaron al Congreso Nacional de la República la inmediata discusión y aprobación de la propuesta de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, introducida el 09 de abril del 2014, para solventar la deuda social del acceso a la tierra y defensa del territorio.

La Articulación se sumó a las demandas de la familia de Bertha Cáceres en sus cuatro puntos principales: Castigo para los autores intelectuales de su asesinato; la cancelación de licencia de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, S.A, DESA;  la instalación de una Comisión Internacional Independiente,  y declarar el Rio Gualcarque como Patrimonio Nacional.

Situación mujeres campesinas

campesina criminalizada

María Rosa Santamaría Tabora

María Rosa Santamaría Tabora es una de las dirigentas de la Articulación , explicó que uno de los principales problemas de las mujeres en el área rural es que no cuentan con una parcela de tierra para cultivar, que hay un número de ellas que son madres solteras y tienen que ver la manera de darles de comer a sus hijos e hijas y que tener tierra para cultivar sería una forma de alimentarlos.

“Nos criminalizan, nos matan y nos meten presas por estar defendiendo un derecho que es tener tierra, para trabajar, para tener soberanía alimentaria que es por lo que luchamos en nuestra organización” señaló Santamaría.

La campesina indicó que son discriminadas por ser mujeres, campesinas e indígenas, “no podemos tener un título de tierra a nombre de las mujeres, desde ese momento estamos siendo violentadas, por eso es esta conferencia para exigirle al Estado y al INA, que queremos ser dueñas de tierras también”.

Como resultado “tenemos un caos en las comunidades, lo que lleva a la inmigración de niños, jóvenes y mujeres, que se están yendo del país, por no tener un pedazo de tierra donde trabajar” informó la indígena.

Según Santamaría desde hace años vienen las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes sufriendo violación a sus derechos humanos, pero “es hasta ahora que estamos levantando la cabeza, el 8 por ciento de las mujeres se encuentra en el área rural”.

Policía: Les vamos a echar veneno para que se mueran todos estos perros

La campesina reveló que en los desalojos violentos en algunas ocasiones han sufrido violaciones sexuales por parte de los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.

“Nos golpean, nos insultan” denunció  y ejemplificó el caso del desalojo en la comunidad de “Rigores” en donde el 24 de junio del 2011, el juez de la ciudad de Tocoa, Josué Pagoada Mejía, emitió orden de desalojo al Movimiento Campesino de Rigores en el Bajo Aguan.

Los daños fueron 114 casas demolidas, valoradas en 14 mil lempiras cada una, destruyeron seis aulas de clases, tres iglesias, tres proyectos de engorde de pollos, un centro comunal al igual que varias otras facilidades productivas del grupo y los cultivos de próxima cosecha; todo con retroexcavadora y el tractor del grupo fue confiscado.

Explicó que en esa represión además de los golpes físicos que sufrieron, los policías les envenenaron la comida, “nos destruyeron todo, fue la policía, una fundación llegó con comida y los policías dijeron: les vamos a echar veneno para que se mueran todos estos perros”.

Santamaría recordó que hubo mujeres que abortaron a raíz de las golpizas propinadas por los uniformados y por los efectos de los gases lacrimógenos.

Por otro lado hubo un caso en La Paz, donde los cuerpos represores se llevaron presa a una campesina de la tercera edad “la tuvieron esposada y la sacaban a hacer limpieza, otra compañera la llevaron presa embarazada, en esos días que estuvo en la cárcel abortó su bebe”.

Por eso es necesario que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de Ley presentado en el 2014 que se llama Ley de Reforma Agraria con Equidad de Género, “en donde las campesinas, indígenas y garífunas consideraron que es una manera de fortalecerse como mujeres para poder tener los derechos como ciudadanas, necesitamos que en los títulos de las tierras vayan nombres de mujeres”, finalizó la campesina.

Origen: Mil 700 mujeres campesinas, indígenas y garífunas han sido judicializadas en los últimos tres años

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Mujeres campesinas exigen cese a la criminalización de la lucha social

Su día inicia a las cuatro de la mañana, debe encargarse de las labores del hogar como hacer tortillas, preparar la comida, despachar a sus tres pequeños hijos a la escuela, lavar la ropa y aseo de la casa. Pero también hace tiempo para cultivar la tierra, y participar en las reuniones sociales propias de la defensa del territorio en su comunidad indígena de La Paz, al centro de Honduras.

Ella es Glenda Martínez, una mujer Lenca e integrante de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), quien hoy denunció las consecuencias que como mujeres sufren debido a la criminalización de las protestas sociales cuando están procesos de recuperación de tierras apropiadas por quienes tienen el poder político y económico, marginando a los verdaderos dueños y herederos ancestrales de los recursos naturales.

Cuando los policías y militares llegan a las propiedades usan de manera extrema la fuerza, y con las mujeres se ensañan más, al grado que algunas compañeras han sufrido abortos por los golpes recibidos, así mismo, solo en La Paz, uno de los 18 departamentos del país, hay más de 200 mujeres campesinas criminalizadas por esta lucha.

Glenda está en un proceso de defensa de la tierra desde el 2004, pero desde el 2010 está criminalizada con medidas sustitutivas a la prisión, por lo que debe ir a firmar cada semana al juzgado asignado, debido a la denuncia de terratenientes, “allí los que se dicen dueños son los de apellidos Córdova” dijo Glenda, quien agregó que son parientes del ex presidente de Honduras, Roberto Suazo Córdoba (1982-1986), quien inició la supuesta era de gobiernos democráticos en Honduras, pero que también presidio en la época donde se instaló por el gobierno de los Estados Unidos la Doctrina de Seguridad Nacional que dejó más de 184 detenidos desaparecidos en Honduras, y cientos de violaciones a DDHH y exilios forzados.

Recientemente Ana Mirian Romero, dirigente indígena Lenca de La Paz, fue reconocida con el premio “Defensores en Riesgo” en Irlanda, por la organización Front Line, ella es un ejemplo de lucha y por eso no nos damos por vencidas, porque estamos defendiendo los bienes para nuestros hijos e hijas, pero también son bienes que sirven a la población en general, expresó Glenda.

La Articulación de Mujeres de la Vía Campesina Honduras, de la cual Glenda forma parte, junto a Ericka Fúnez de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), Esperanza Cardona, Emma Fúnez e Irma Martínez, exigen que cese la criminalización en un entorno donde el 70 por ciento de las tierras están en poder de un tres por ciento de terratenientes,   con un gobierno excluyente y poder judicial amañado que favorece a quien tiene dinero.

En el comunicado de prensa, compartido este dia, manifiestas que: Nosotras la Articulación de Mujeres de La Vía Campesina Honduras, integrada por representantes de las organizaciones campesinas (ANACH, CNTC, CODIMCA, UCIH-Choluteca y ADROH-La Paz), reunidas en Tegucigalpa, Honduras, hicimos un análisis de la grave situación que están viviendo las mujeres campesina, indígenas y garífunas ante la ola represiva de criminalización por la lucha por la tierra y el territorio.

El contexto que enfrenta la lucha campesina y como defensoras de Derechos Humanos, en el agro hondureño, denunciamos que en el país un 3% de los terratenientes poseen el 70% de las tierras cultivables, en contraste con los 7 de cada 10 campesinos y campesinas que no poseen predios para producir y vivir.
Según el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, Honduras es uno de los siete países del mundo con los índices más altos de impunidad y muy poco se hace para revertir la situación, contando con pocos recursos financieros, humanos y técnicos para combatir ese flagelo.  En Honduras resultan insuficientes las medidas que se han impuesto en los últimos años en materia de investigación, ya que la inmensa mayoría de los casos ni siquiera son investigados y es una irrisoria cantidad la que llega a judicializarse, supuestamente el 96% permanecen impunes.

En los últimos tres años el agro hondureño reporta 120 campesinos y campesinas asesinados/as, entre ellas 5 mujeres campesinas e indígenas (2 en Pimienta, 1 en San Manuel, Cortés, Margarita Murillo – Agosto 2014 y Berta Cáceres – Marzo 2016).   De igual manera existen más 6,000 procesados/as a nivel nacional, entre ellas 1,700 mujeres campesinas e indígenas por estar exigiendo y defendiendo su derecho a la tierra y el territorio.

Nosotras las mujeres rurales que sufrimos constantemente la criminalización por parte de las autoridades estatales, nos vemos afectadas en nuestra vida personal y familiar. Durante la brutalidad en los desalojos violentos, nos golpean, nos encarcelan, queman nuestras viviendas, destruyen los cultivos, roban nuestras pertenencias, algunas abortan debido a la represión y los gases lacrimógenos, muchas sufrimos daños psicológicos.

Ante toda la grave situación que estamos viviendo como mujeres campesinas, indígenas y garífunas, EXIGIMOS a las autoridades y alertamos a Organismos Defensores de Derechos Humanos nacional e internacional:

1.- El cese inmediato a la criminalización por el derecho a la tierra y el territorio.

2.- Exigimos procesos judiciales transparentes e investigaciones de las demandas de la tierra por los grupos campesinos, así como determinar los sobreseimientos definitivos a las personas o grupos campesinos con medidas cautelares.

3.- Exigimos al Fiscal General de la República, Fernando Chinchilla la entrega del Informe realizado en el año 2014, donde se constata las múltiples violaciones a los derechos humanos de las y los campesinos realizados por la Fiscalía de DD.HH en los diferentes juzgados, para deducir las responsabilidades del caso.

4.- Exigimos la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la investigación de los asesinatos de las 5 mujeres campesinas e indígenas.

5.- Demandamos al Congreso Nacional de la República la inmediata discusión y aprobación de la propuesta de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, introducida el 9 de abril del año 2014, para solventar la deuda social del acceso a la tierra y defensa del territorio.

Como Articulación de Mujeres de LVC Honduras nos sumamos a las demandas de la familia de la compañera Berta Cáceres: 1) Castigo a los autores intelectuales de su asesinato, 2) La cancelación de la licencia de DESA, 3) La instalación de una Comisión Internacional Independiente de Investigación y 4) Declarar el Río Gualcarque “Patrimonio Nacional”.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Junio, 2016.
Articulación de Mujeres de La Vía Campesina Honduras
BASTA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL CAMPO

Origen: Mujeres campesinas exigen cese a la criminalización de la lucha social

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Campesinas y feministas conmemoran día de la mujer rural

Las organizaciones campesinas y feministas de Honduras, conmemoran el día internacional de la mujer rural, con la presentación del documental “Margarita Murillo”.

“Margarita Murillo” es el documental que evidencia los pocos resultados arrojados por la investigación criminal hasta la fecha.

La coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), Suyapa Martínez anuncio que el 29 por ciento de los crímenes contra las mueres se cometen en las zonas rurales del país, teniendo un índice de impunidad que supera el 90 por ciento de los casos.

“El 27 de agosto del 2014 dejo un crimen político que el Estado debió evitar. Ahora demandamos su responsabilidad para que su asesinato no quede impune” resaltó la coordinadora del Foro Valle de Sula, Suyapa Castro.

En los últimos cuatro años hay más de mil campesinas con órdenes de captura y medidas sustitutivas por demandar un campo más justo, lo que para las organizaciones es un mecanismo de intimidación.

Por su parte la secretaria general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, Magdalena Morales acotó que “las campesinas hemos luchado por el rompimiento de esta exclusión social, reclamando el cumplimiento de nuestros derechos, pero lo que hemos recibido como respuesta es la criminalización o las balas”.

La coalición de 28 organizaciones también exigió al Congreso Nacional aprobar en el presupuesto general del 2016 una partida para crear la Unidad de Investigación de muertes violentas de mujeres y femicidios en la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

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