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Urgent Action Honduras: Further information: Mexican defender fears for safety in Honduras: Gustavo Castro Soto

Honduran authorities have ordered Mexican human rights defender Gustavo Castro Soto, sole witness to the murder of Indigenous leader Berta Cáceres and victim of the attack, to remain another 30 days in the country. He has already provided testimony and fears for his safety in Honduras.

https://www.amnesty.org/en/documents/amr37/3614/2016/en/

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JOH se niega a recibir a directora de Amnistía Internacional –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn  Tegucigalpa.-En una conferencia de prensa, realizada este martes, la directora de Amnistía Internacional,  Erika Guevara Rosa, dio a conocer que el Presidente hondureño se ha negado a recibirla a ella y su comitiva.   Según la defensora de los derechos humanos han llegado al país con el objetivo principal de reunirse con […]

Origen: JOH se niega a recibir a directora de Amnistía Internacional –

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En su visita a Honduras: Amnistía Internacional señala serias debilidades en las investigaciones sobre asesinato de Bertha Cáceres

Origen: En su visita a Honduras: Amnistía Internacional señala serias debilidades en las investigaciones sobre asesinato de Bertha Cáceres

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En su visita a Honduras: Amnistía Internacional señala serias debilidades en las investigaciones sobre asesinato de Bertha Cáceres

Origen: En su visita a Honduras: Amnistía Internacional señala serias debilidades en las investigaciones sobre asesinato de Bertha Cáceres

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Honduras: El Estado hondureño deber garantizar la vida e integridad personal de líderes Indígenas Tolupanes

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Amnistía Internacional considera alarmante que las acciones pacificas de defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales realizadas por indígenas tolupanes los hagan sujetos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia. La organización hace un llamado al Estado hondureño a brindar medidas eficaces de protección a favor de los beneficiarios de las medidas cautelares, y de todos y todas las líderes indígenas que promueven y defienden los derechos humanos. Las agresiones a las que han sido sometidos estos líderes deben ser investigadas y los sospechosos de ser responsables deben ser presentados ante la justicia.

El 25 de agosto de 2013, Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina, líderes indígenas tolupanes de Locomapa, departamento del Yoro e integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justica (MADJ), fueron asesinados mientras participaban en una manifestación pacífica por la defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales.

De acuerdo al MADJ, los autores del crimen fueron plenamente identificados y las respectivas denuncias fueron interpuestas ante las autoridades hondureñas competentes. En los meses siguientes, integrantes del MADJ denunciaron públicamente ser sujetos de amenazas y hostigamientos como represalia a su trabajo por la defensa de los recursos naturales y por sus demandas del ejercicio de su derecho a una consulta previa, libre e informada frente a proyectos que incluyen el aprovechamiento de los recursos naturales en las tierras y territorios de las comunidades Indígenas de San Francisco de Locomapa.

En ese contexto de asesinatos, amenazas, intimidaciones y actos de violencia, el MADJ y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron, en noviembre de 2013, medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 19 de diciembre de 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares para la protección de 18 integrantes del MADJ y sus familias –en su mayoría indígenas tolupanes. La CIDH consideró que ¨la información presentada demuestra prima facie que los 18 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y sus respectivas familias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo¨1. Como consecuencia, la CIDH solicitó al Estado hondureño que adoptara medidas para preservar la vida e integridad de las 18 personas y sus familias, concertara las medidas con los beneficiarios y sus representantes; e informara las acciones adoptadas para la investigación de los hechos que dieron lugar a las medidas cautelares para evitar su repetición.

Pese a lo anterior, hasta el momento el Estado hondureño continúa sin implementar medidas de protección efectivas para preservar la vida e integridad de los beneficiarios de las medidas cautelares. Además, las autoridades hondureñas no han realizado una investigación seria con miras a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos de violencia sufridos por los y las indígenas. ¨Se han hecho múltiples esfuerzos para que el Estado asuma su responsabilidad de implementar las medidas de protección pero no lo ha hecho, las situaciones se han agravado¨, expresó Víctor Fernández, abogado e integrante del MADJ.

A raíz de la falta de implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, 7 indígenas tolupanes de la comunidad de San Francisco de Locomapa, se encuentran en huelga de hambre en los alrededores de Casa Presidencial desde el 30 de junio de 2015. Entre sus demandas, se encuentra la exigencia de protección estatal, así como, la investigación, captura y sanción de los responsables de las agresiones sufridas.

Durante el primer trimestre del año, Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, expresó su ¨ honda preocupación por el clima inhóspito y poco favorable en el que operan las y los defensores en Honduras¨ y por el alto nivel de impunidad respecto a las agresiones y violaciones de los derechos de los defensoras y defensores (A/HRC/28/63/Ad).

Amnistía Internacional considera alarmante que las acciones pacificas de defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales realizadas por indígenas tolupanes los hagan sujetos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia. La organización hace un llamado al Estado hondureño a brindar medidas eficaces de protección a favor de los beneficiarios de las medidas cautelares, y de todos y todas las líderes indígenas que promueven y defienden los derechos humanos. Las agresiones a las que han sido sometidos estos líderes deben ser investigadas y los sospechosos de ser responsables deben ser presentados ante la justicia. Exhortamos al Estado Hondureño a que genere un entorno seguro y libre de riesgos en el que los defensores y defensoras puedan ejercer su labor por los derechos humanos.
/FIN

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3651:honduras-el-estado-hondureno-deber-garantizar-la-vida-e-integridad-personal-de-lideres-indigenas-tolupanes&catid=71:def&Itemid=166

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Acción urgente: Periodista amenazado por un militar

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Un periodista hondureño recibió una amenaza de muerte verbal y ha sufrido discriminación, según se cree a causa de su trabajo periodístico. Se teme por su seguridad.

El 24 de enero, al periodista César Omar Silva Rosales le denegaron el acceso al Congreso Nacional de Honduras en Tegucigualpa, la capital, cuando trataba de informar sobre una sesión en la que se iba a debatir el rango constitucional de la Policía Militar A César Omar Silva Rosales le dijeron que su nombre no constaba en la lista de periodistas autorizados y, cuando pidió una explicación, un militar de alta graduación le apuntó con el dedo y dijo: “No entras porque yo no quiero y yo soy el que manda aquí, y seguí publicando vídeos de militares comiendo perro y verás […] amordazado y con las patas amarillas en una cuneta te van a encontrar”.

El 29 de enero se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos pero, hasta la fecha, César Omar Silva Rosales no ha sido citado para prestar declaración con el fin de iniciar el proceso formal.

Se cree que la amenaza está directamente relacionada con el trabajo periodístico de César Omar Silva Rosales. El 18 de enero, un programa de televisión para el que trabaja emitió un reportaje de investigación que sacaba a la luz las escalofriantes prácticas de adiestramiento de miembros del ejército.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
­    instando a las autoridades a brindar a César Omar Silva Rosales protección efectiva y expresando honda preocupación por la seguridad de este periodista, en vista de la amenaza recibida el 24 de enero;
­    pidiéndoles que lleven a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre la amenaza y la discriminación sufridas por César Omar Silva Rosales el 24 de enero, y que lleven a los responsables ante la justicia;
­    instándolas a garantizar que se respeta el derecho a la libertad de expresión y que los periodistas y los profesionales de los medios de comunicación pueden desempeñar su labor legítima sin temor a represalias.

Fiscal General de la República
Óscar Fernando Chinchilla
Lomas del Guijarro
Avenida República Dominicana
Edificio Lomas Plaza II
Tegucigalpa, Honduras
Fax: +504 2 221 5667
Correo-e: daniela.marine2@hotmail.com
Tratamiento: Estimado Fiscal General

Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
Fredy Díaz Zelaya
Comandancia General de las Fuerzas Armadas
Colonia El Obelisco
Comayagüela
Honduras
Fax: +504 2 238 0005
Twitter: @FFAA_Hn
Tratamiento: Estimado Jefe

Y copia a:
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Correo-e: mail@cofadeh.org

Información complementaria

César Omar Silva Rosales es el director de un conocido programa de televisión hondureño, y durante su carrera como periodista ha sufrido diversos actos de intimidación y amenaza.

En febrero de 2013, mientras informaba cerca del Palacio Presidencial, él y su camarógrafo fueron atacados por unos individuos a los que se creía miembros de un partido político y que les causaron lesiones y daños materiales.

En diciembre de 2009, César Omar Silva Rosales fue secuestrado por unos hombres armados que lo llevaron a un lugar desconocido. Los hombres lo golpearon, lo interrogaron y lo amenazaron para, a continuación, arrojarlo de un automóvil en marcha. Se vio obligado a abandonar el país, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares. Sin embargo, esas medidas no llegaron a aplicarse, y en 2014 se suspendieron.

En agosto de 2009, mientras informaba sobre una manifestación, unos policías golpearon a César Omar Silva en la cabeza con sus porras y le rompieron la cámara que había utilizado para filmar la agresión.

En junio de 2009, César Omar Silva Rosales fue detenido en Guaimaca, Honduras, mientras realizaba trabajo periodístico. Por fortuna, los residentes intercedieron para pedir, mediante manifestaciones, su liberación inmediata.

En Honduras, el periodismo puede ser una profesión peligrosa, y el riesgo parece ir en aumento. Según una fuente local, en los últimos cinco años unos 32 profesionales de los medios de comunicación han sido víctimas de homicidio, mientras que muchos otros han sido intimidados a causa de su trabajo. Las autoridades no han adoptado medidas de protección efectiva ni han implantado mecanismos de investigación, lo que ha generado un clima de impunidad y de miedo entre quienes trabajan en los medios de comunicación.

AU: 51/15 Índice: AMR 37/1130/2015 Fecha de emisión: 9 de marzo de 2015

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Piden a Honduras dar la ayuda prometida a migrante excarcelado en México


  • Jueves, 11 Diciembre 2014 17:36

Piden a Honduras dar la ayuda prometida a migrante excarcelado en México

Autor del artículo: EFE

México – El Gobierno hondureño no está generando las condiciones adecuadas de retorno para Ángel Amílcar, el migrante hondureño que pasó más de cinco años en una cárcel mexicana acusado de delitos que dice no haber cometido, denunció hoy el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

A través de un comunicado, esta organización indicó que la Secretaría de Gobernación de Honduras se comprometió a apoyar a Amílcar, quien regresó a Honduras el pasado 9 de noviembre, con un proyecto productivo y que no lo está cumpliendo.

A su regreso, el hondureño fue recibido por diversas instancias del Gobierno hondureño, como el comisionado nacional de Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, y el secretario de Derechos Humanos, Gobernación, Justicia y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo.

Este solicitó formalmente a la segunda dependencia medidas de acompañamiento para facilitar su retorno a Honduras, entre ellas apoyo para iniciar un proyecto productivo y continuar con su proceso de rehabilitación física y psicológica.

Sin embargo, señaló el Centro Prodh, un mes después de la solicitud, Amílcar “no ha recibido respuesta alguna de su petición, a pesar del compromiso asumido desde la secretaría citada”.

“Cabe mencionar que la propia oficina del secretario hizo pública la reunión sostenida con Ángel a través de los medios de comunicación, así como la petición que Ángel realizó”, apunta el documento.

El hondureño fue detenido en 2009 en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con EE.UU., cuando la Policía allanó la vivienda donde un traficante de personas lo mantenía antes del cruce.

“Viví un infierno, a mí me arraigaron 40 días en un cuartel militar, me trataron como prisionero de guerra, después me trasladaron a una cárcel de máxima seguridad donde completé mis cinco años, siete meses y seis días” de prisión, subrayó a su regreso a Honduras.

Durante los más de cinco años que estuvo en una cárcel de Tepic, en el occidental estado de Nayarit, tuvo “problemas con las autoridades”, pues lo “incomunicaron” y le “dificultaron reunir los medios de prueba necesarios para demostrar” su “inocencia”.

La organización Amnistía Internacional (AI) lo declaró preso de conciencia porque “la tortura y el maltrato del que fue víctima tuvo un factor de discriminación racial por su origen afrodescendiente garífuna y resultó su encarcelamiento en un procesamiento injusto”.

Fuente: http://www.proceso.hn/component/k2/item/92990-piden-a-honduras-dar-la-ayuda-prometida-a-migrante-excarcelado-en-m%C3%A9xico.html

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Gobierno, consulados y embajadas deben saber qué sucede con los hondureños emigrantes y presos en el extranjero

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Denise González, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro PRODH.

Tegucigalpa.

Hace un mes que el hondureño Ángel Amílcar Colón  regresó al país, después de cinco años preso en México, acusado de una serie de delitos federales que no cometió, es conocido como “un preso de conciencia”, su caso refleja la falta de aplicación de justicia, violaciones a los derechos humanos y que el Estado hondureño debe estar más pendiente de lo que sucede con sus connacionales que abandonan por necesidad el país.Colón, de 38 años de edad, es un defensor de Derechos Humanos, que necesitaba encontrar un trabajo con el cual pagar el tratamiento médico de su hijo gravemente enfermo, por lo que tomó la decisión, en 2009, de emigrar a los Estado Unidos de América, como lo hacen 80 mil hondureños cada año, debido a la falta de políticas públicas que les permita el acceso a un empleo, educación, salud, seguridad, en general tener estabilidad familiar y emocional.

En tierra donde sólo iba de paso, el ex presidente de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH, fue víctima de discriminación, detención arbitraria, tortura, incomunicación, presunción de inocencia y debido proceso.

En la detención participaron agentes de la policía mexicana quienes lo torturaron y humillaron para obligarlo a realizar una confesión falsa en la que reconocía su implicación en la delincuencia común organizada.

En el mes de julio, Amnistía Internacional, AI, declaró preso de conciencia, al considerar que la tortura y el maltrato del que fue víctima, tras su detención en el 9 de marzo del 2009 en Tijuana, fue un factor de discriminación racial por su origen étnico garífuna y resultó en su encarcelamiento en un procesamiento injusto.

Después de un largo proceso por obtener justicia, el Centro PRODH y AI, instaron al gobierno mexicano, en especial a la Procuraduría General de la República mexicana, PGR, a retirar los cargos contra Ángel Colón permitiendo su inmediata e incondicional liberación, además de solicitar una investigación “exhaustiva e imparcial” sobre las denuncias de tortura y otras violaciones de los derechos humanos, incluida la discriminación racial.

15 de octubre de 2014, la PGR, presentó conclusiones no acusatorias en favor de Ángel reconociendo que no se encontraba acreditada su responsabilidad penal en los delitos por los cuales había sido acusado; sin embargo, no ha recibido reparación integral del daño.

Y de un viaje que de “sueño americano” se convirtió en una pesadilla de 5 años en la cárcel de Tepic, México, Ángel volvió a su tierra, pero no vino sólo, sino que lo acompañaban dos abogados que vivieron de cerca su sufrimiento, Luís Tapia y Denise González, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro PRODH.

Ángel al volver a Honduras, con su familia, se mostró contento, después de 5 años de estar en una cárcel de máxima seguridad en un  país extranjero. Hubo momentos de tristeza y felicidad, pero contento de volver a su país, compartieron  sus abogados.

Pero desde el Centro PRODH, uno de los retos para acompañar a Ángel durante su proceso penal, explicó Luís, fue que los peritos mexicanos no querían aplicar la prueba idónea para documentar  la tortura, argumentaban diferencias culturales, por lo que tuvimos que buscar personas expertas de Honduras, específicamente del Centro de Prevención, Rehabilitación y Tratamiento de Víctimas de Tortura, CPTRT.

Pero estuvo más de un año el litigio de quien realizara este examen y finalmente se hizo en mayo pasado, y por ahí empezamos a ver la posibilidad de que Ángel recobrara su libertad.

Había que aplicar el Protocolo de Estambul, que es el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2001).

Luís Tapia

También se vio como un reto el financiamiento para la movilización hasta el centro penal donde permanecía, pues había que viajar mucho para ir a ver su estado personal y expediente judicial, comentó Denise.

Cabe mencionar que el centro PRODH recibe denuncias de muchos casos de este tipo, y aunque quisieran atenderlas todas, brinda más de 300 asesorías al año, por lo que es importante  el trabajo en red y la articulación con otras organizaciones, expresaron los abogados mexicanos.

Estado hondureño debe identificar a sus 400 connacionales presos en México

Una de los detalles para que el caso de Amílcar fuera conocido a nivel internacional, considera Luís, es que la denuncia sea pública. De aquí se trabajó en el informe “Migrantes en prisión, la incriminación de migrantes en México, otro destino trágico”, para saber cuántas personas centroamericanas están en cárceles mexicanas, y resulta que hay 400 hondureños.

Esta carga se le trasladó al Estado –mexicano-, ellos tienen que averiguar quiénes son y a través de sus órganos deben garantizarles los derechos humanos.

También tiene que dar cuentas sobre qué hace por las personas migrantes que pasan por México tratando de llegar a EEUU, cómo se trata a los que caen en cárceles, y aquellos que  cómo el caso de Ángel, son acusados injustamente.

Por lo que, hay que denunciar ante el gobierno hondureño lo que está sucediendo en el extranjero, y el Estado –hondureño- debe  garantizar la protección de sus connacionales fuera del país.

No hay manera de que las familias sepan de sus parientes migrantes, si no se cumple con las funciones consulares, si la Embajada y Consulados no están dotadas con el personal necesario y no van a las cárceles a ver si hay un hondureño allí, enfatizaron los representantes del Centro PRODH.

“En el caso de Ángel, se le venció el término de presentar pruebas de su inocencia, porque no tuvo apoyo consular”, afirmaron los defensores mexicanos.

Además las familias deben abocarse a organizaciones defensoras de ddhh, servicio a migrantes, redes de madres que buscan a sus hijos, aconsejan los acompañantes de Ángel Amílcar.

A un mes de estar en el seno de su hogar, para Ángel debe continuar el proceso de reparación de parte del gobierno mexicano y reconstruir su vida, con su familia. Mientras que el centro PRODH seguir apoyándolo en la medida de sus posibilidades.

Y para el Estado hondureño, que conozca quienes son los presos centroamericanos, que identifique quienes son los hondureños, y que deba identificar si hay más personas encarcelados injustamente.

A Ángel las pesadillas no lo dejan dormir tranquilo, porque con frecuencia revive los momentos de la tortura por parte de los agentes mexicanos, fueron cinco años tras las rejas, ha vuelto a su casa, pero ya no encontró a su hijo Ángel, por cuya salud decidió emigrar a EEUU, tampoco está su mamá, hermanos y tía, y de ninguno se pudo despedir porque fallecieron, y no se le permitió hablar con ellos.

“Ya no hay nada que me impulse a abandonar de nuevo el país, voy a tratar de tener una estabilidad de mi hogar, ver la manera de proveer para las necesidades de la casa  y ver como echar a andar algunas ideas que tengo por ahí”, expuso Colón a su regreso.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3365:gobierno-consulados-y-embajadas-deben-saber-que-sucede-con-los-hondurenos-emigrantes-y-presos-en-el-extranjero&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Americas: Violence on the rise against those defending human rights

9 December 2014

Many human rights defenders in Latin America and the Caribbean are constantly persecuted and attacked and even killed in reprisal for their work.Many human rights defenders in Latin America and the Caribbean are constantly persecuted and attacked and even killed in reprisal for their work.

© LLUIS GENE/AFP/Getty Images

The tragic reality is that many human rights defenders in Latin America and the Caribbean are constantly persecuted and attacked in reprisal for their work. In various countries we have seen a worrying and shameful increase in the rate at which defenders suffer violence and repression just for standing up for human rights and justice.

Erika Guevara Rosas, Americas Director at Amnesty International
Tue, 09/12/2014

Campaigners, lawyers, journalists, community leaders and trade unionists, all human rights defenders who put their lives and liberty at risk in the fight for human rights, continue to suffer intimidation, harassment and violence across Latin America and the Caribbean according to a new Amnesty International report published today.

 

Launching on International Human Rights Defenders Day, Defending Human Rights in the Americas: Necessary, Legitimate and Dangerous gives an overview on the situation of human rights defenders in the Americas region. The report focuses primarily on over 200 cases of attacks and abuses on which Amnesty International took action during the last two years.

 

“The tragic reality is that many human rights defenders in Latin America and the Caribbean are constantly persecuted and attacked in reprisal for their work. In various countries we have seen a worrying and shameful increase in the rate at which defenders suffer violence and repression just for standing up for human rights and justice,” said Erika Guevara Rosas, Americas Director at Amnesty International.

 

“It is harrowing to see the type and frequency of cowardly attempts to silence and intimidate those that are working to shine a light on human rights abuses. But these admirable defenders fight on, even in the face of such repression. It is imperative that the leaders of the Americas step up and do more to effectively protect and support human rights defenders.”

 

The report is based on cases from Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Dominican Republic and Venezuela.

 

The research found a particularly high level of violence and repression suffered by those working on rights related to lands, territory and natural resources, those working on women and girls’ rights, the rights of people who identify as lesbian, gay, bisexual, transgender or intersex (LGBTI) and migrant rights; as well as against journalists and trade unionists who defend human rights.

 

Death and violence

Some countries have seen a meteoric rise in threats and attacks against defenders. Meanwhile state authorities across the region are failing to address the growing problem.

 

Colombia featured with one of the worst records. At least 40 human rights defenders were killed in the first nine months of 2014 according to the Office of the United Nations’ High Commissioner for Human Rights. Between September and October this year more than 100 human rights defenders and activists received a series of email death threats sent by paramilitary groups.

 

“All too often the killing of human rights defenders could have been avoided if state authorities took proper notice and investigated the threats and acts of intimidation they face. State leaders in the region must do more to address these issues and to effectively protect human rights defenders at risk,” said Nancy Tapias Torrado, Americas Human Rights Defenders Researcher at Amnesty International.

 

Land rights and territory 

Across the region Amnesty International’s research found those working on human rights in relation to land, territory and natural resources paid a heavy price for their work.

 

In one emblematic case in Honduras, on 27 August 2014, Margarita Murillo was shot dead. She had reported previous threats and intimidation. She was a defender and community leader, who had worked for more than 40 years fighting for rights to improve the lives of peasant communities.

 

Gender violence and discrimination 

Those working on women and girls’ rights and the rights of people who identify as lesbian, gay, bisexual, transgender or intersex (LGBTI) are also at particular risk.

 

Amnesty International conducted scores of interviews with women defenders. They not only face repression for their human rights work, but battle inequality, discrimination and endure threats and attacks based on their gender.

 

In El Salvador, women human rights defenders fighting against the total ban on abortion and its deadly consequences have been repeatedly intimidated and stigmatized. Some have been threatened to be taken to court, if they carry on with their work supporting vulnerable women who have been unjustly imprisoned for miscarriages.

 

States are yet to adopt and implement specific and enhanced protection measures for women human rights defenders in order to overcome the particular risks they face.

 

Likewise LGBTI defenders are often targeted because of their work. It has been a particular problem in the Caribbean.

 

In August 2014, Javed Jaghai, a member of the Jamaica Forum of Lesbians, All-Sexuals and Gays (J-FLAG), dropped a constitutional challenge against laws criminalizing sex between men, following the receipt of death threats against him and his family.

 

Punished for defending human rights

Amnesty International has also observed judicial systems being used to repress human rights defenders and stop their work.

 

Bettina Cruz Velázquez is a member and co-founder of the Assembly of Indigenous Peoples of the Isthmus of Tehuantepec in Defence of Land and Territory (APIITDTT) in Mexico. She faces unfounded criminal charges of illegal detention of public officials and damage to public property since 2011. Her only “crime” has been to protect the rights of Indigenous Peoples in relation to the construction of wind turbines on their land.

 

“Sadly in Latin America and the Caribbean it is increasingly common to see human rights defenders facing unfounded accusations and unfair detentions. It is of the utmost concern that the authorities are failing to stop the misuse of the justice system as a means of repression,” said Nancy Tapias Torrado.

 

Steps forward

The report highlights how progress enshrined in regional and international law are yet to filter through to governments across the Americas.

 

“While international standards on the protection of human rights defenders have moved forward, there is still a long way to go before those at the very frontline of human rights work are afforded the respect and protection they so clearly need,” said Erika Guevara Rosas.

 

“We urge governments throughout the region to rise to the challenge and fulfil their obligations to protect those who defend human rights so these inspirational activists can continue their fight for rights.”

Standing up for human rights in the Americas

In the past few years, Amnesty International has documented hundreds of attacks on human rights defenders in the Americas region. In this map you will find 6 real cases of human rights defenders from the North, Central, South America and the Caribbean. They face great risks for stading up for human rights. They show some of the challenges and risks defenders are facing across the region.

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UA291/14
Honduras
Aktiv seit 14. November 2014 | Noch 38 Tage Laufzeit

Campesino leader killed, others could be at risk

AI-Index:AMR 37/011/2014

Community and campesino (peasant farmer) leader has been killed in northern Honduras on 11 November. The fatal incident follows the recent murder of another campesino leader in August. The safety of his family and other leaders may be at risk.

On 11 November, Juan Ángel López Miralda (also known as Juan Galindo) was shot dead by two unknown individuals riding a motorcycle in the Rigores Community, Trujillo Municipality, Colón department. He received several bullet impacts in his back. Juan Ángel López Miralda was cycling home after leaving a meeting in a nearby church.

Juan Ángel López Miralda was a campesino leader and until the end of 2013 had been a member of the Unified Peasant Movement of Aguán (Movimiento unificado Campesino del Aguán, MUCA), an organisation that fights for the rights to land of campesinos in the Aguán area. In November 2013, Juan Ángel López Miralda had to relocate abroad due to death threats received, but he had recently returned home for family reasons.

In November 2013 Juan Ángel López Miralda reported to the human rights organization Committee of Relatives of the Detained and Disappeared in Honduras (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH) about two attempts on his life. One of them in April 2013, when men wearing balaclavas tried to kill him and another in October 2013, just days after police officers had visited his father’s home.

ADDITIONAL INFORMATION

 

Recommended action

Please write immediately in Spanish or your own language:

  • Urging the authorities to protect the family members of Juan Ángel López Miralda in accordance with their wishes;
  • Calling on the authorities to carry out a swift and independent investigation into the killing of Juan Ángel López Miralda, to make the results public and to bring those found responsible to justice;
  • Calling on the authorities to adopt and fully implement a mechanism to protect those who are at risk of reprisal for their work in defence of human rights, and reminding them of their responsibilities as established in the 1998 UN Declaration on Human Rights Defenders.

Fuente: http://ua.amnesty.ch/urgent-actions/2014/11/291-14

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Honduras: Preso de conciencia acumula violaciones en su contra durante su cautiverio en México // La lucha contra la tortura: “No bajen la guardia”‏

martes, 30 de septiembre de 2014

Desde hace cinco años Ángel Amílcar Colón guarda prisión en Mexico.

Autor del artículo: Proceso DigitalMartes,30 de Septiembre 2014-12:14



Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, lamentó hoy que el proceso contra el migrante hondureño Ángel Amílcar Colón se haya extendido por más de 5 años y aseguró que cada día que pasa, en la prisión de máxima seguridad en México, es una acumulación de violaciones a sus derechos humanos.
–          Comisionado de DDHH reclama libertad y derechos de su compatriota.
En reunión sostenida,  este martes, en México, con el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón, el ombudsman hondureño calificó de “terribles” los daños psicológicos y morales que está sufriendo tanto Amílcar Colón, que guarda prisión, como su familia y su misma comunidad garífuna.
Durante la entrevista, Herrera Cáceres hizo un recuento de las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido el migrante hondureño desde que fue privado de su libertad por las autoridades mexicanas, en marzo del 2009.
Mencionó para el caso, que el juicio ha durado más de 5 años y aún no hay sentencia, a lo anterior se suma el hecho que  no fue notificado consularmente, fue objeto de torturas, lo mantuvieron incomunicado de su familia  y otras  violaciones que hacen que el proceso sea nulo desde el inicio.
Reiteró que un proceso que ha durado más 5 años sin sentencia, es  excesivamente largo en cualquier Estado de derecho y viola todos los principios de plazo razonable.
“Nos encontramos que cada día que él está allí, privado de su libertad en esa cárcel de máxima seguridad en México, es para acumular más violaciones a sus derechos humanos”, cuestionó.
Fue reciente que este hombre logró que por primera vez  desde su detención que lograra ver a su esposa y a su hijo.
Según el defensor de los derechos humanos, lo importante, en este momento, es que Amílcar Colón logre su libertad.
Herrera Cáceres, se encuentra en México realizando acciones en defensa del migrante hondureño, además  participará  en la XIX Asamblea General y Congreso Internacional de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO)  que tendrá lugar en México, del 1 al 3 de octubre, en la que se abordarán temas relativos a la niñez, mujer, migrantes y trata de personas, se informó en esta capital.
Es una “tragedia humanitaria” lo que ocurre en México
Por su parte, el  director  del Centro Prodh, Mario Patrón, destacó el compromiso y capacidad de respuesta  asumida tanto por el Comisionado de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres como por el embajador de Honduras en México, Mariano Castillo.
Declaró que el Centro asumió la defensa de Ángel Colón luego que éste les enviara una carta solicitándoles apoyo.
“No podíamos soslayar la solicitud de un garífuna que lleva más de 5 años de estar en prisión, donde la constante han sido las graves violaciones a los derechos humanos que ha sufrido tanto las vinculadas a su libertad personal como con su integridad física”, expresó
Calificó como una “tragedia humanitaria” lo que está pasando en su país, México,  con las personas migrantes, cuyo destino es Estados Unidos.
“Es una tragedia humanitaria, no la puedo catalogar de otra manera, estamos hablando de migrantes  secuestrados, extorsionados, desaparecidos, ejecutados y torturados”, puntualizó.
Miles de migrantes condenados, no por las leyes sino por el abandono
Patrón indicó que para el  Centro Prodh,  el caso de Ángel Amílcar Colón, representa la oportunidad de evidenciar una arista más, que era un componente no visibilizado hasta ahora, en esa “tragedia humanitaria” que se vive en México.
Agregó que en las cárceles de su país hay miles de migrantes centroamericanos que están detenidos, acusados de delitos y prácticamente condenados, no por las leyes  sino que por el abandono.
En su criterio son personas que por su calificación de indocumentadas y sin redes de apoyo, por no contar con una representación jurídica adecuada están en condición de vulnerabilidad extrema, como ocurrió con  Ángel Colón.
Procurador  General de México fue interpelado en la cámara de diputados
Patrón ve con mucha satisfacción que el Procurador  General de la República de México haya dado instrucciones a sus asistentes para que se haga justicia en el caso del migrante hondureño y también defensor de los derechos humanos del pueblo garífuna
El funcionario compareció ante el Congreso Nacional de México donde fue interpelado, la semana recién pasada, por diputados  mexicanos en torno al  caso  del hondureño Ángel Colón.
En julio, el ombudsman hondureño remitió una misiva dirigida a diputados del Congreso Nacional de Honduras donde les informó pormenorizadamente del caso y les pidió que  a través de ese poder del Estado realizarán las gestiones necesarias para apoyar al migrante hondureño, sin embargo, meses después aún no se han pronunciado. 
Un sueño que terminó en una cárcel de máxima seguridad
A sus 32 años y dejando a su esposa e hijos, Ángel Amílcar Colón salió de Honduras el 7 de enero de 2009 con la intensión de llegar a Estados Unidos para ayudar a su familia y sobretodo,  pagar la atención médica de uno de sus hijos, quien fue diagnosticado con cáncer y que meses después murió.
El garífuna viajó 34 horas dentro de la caja refrigerada de un camión que le llevará al Distrito Federal, al parecer, con él iban otras 119 personas.
Del Distrito Federal salió hacia Tijuana, Baja California (frontera con EEUU), a donde llegó dos meses después. Allí conoció a una persona que le prometió falsamente ayudarle a cruzar la frontera y le llevó a una casa donde fue amenazado desde el inicio.
Al llegar, se le informó que no podía entrar a ciertas habitaciones, ni hacer preguntas sobre lo que viera u oyera y tampoco podía asomarse por las ventanas “si quería seguir con vida”.
El 9 de marzo de 2009, cuando llevaba 4 días en la casa, el hondureño escuchó golpes violentos y detonaciones de arma de fuego que provenían del exterior. Sin saber lo que pasaba y ante el temor de perder su vida, salió por la parte trasera de la vivienda.
Se trataba de un operativo conjunto de la Policía Federal Preventiva, la Estatal Preventiva, la Ministerial del Estado y la Municipal que justificaron el operativo argumentando que estos últimos habían escuchado detonaciones  y pedido refuerzos para investigar.
Ángel fue detenido junto a otras diez personas, acusado de haber cometido diversos delitos federales, como delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína y marihuana con fines de comercio.
Ángel Amílcar Colón Quevedo se encuentra encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social No 4 Noroeste en Tepic, Estado de Nayarit, México.
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Honduras: La lucha contra la tortura: “No bajen la guardia”‏

Por Alex Neve, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Canadá (habla inglesa)
Llevábamos dos horas y media de viaje desde que salimos de Guadalajara. Al acercarnos, el ominoso nombre de la cárcel, CEFERESO número 4, Centro Federal de Readaptación Social, surgió, enorme e intimidante, al pie de una colina.
La siguiente hora la pasamos recorriendo interminables controles de seguridad, la mayor cantidad por la que he pasado en una visita a una cárcel en ningún lugar del mundo. Nos pusieron un sello en los antebrazos, visible sólo con una luz especial, y que tuvimos que enseñar a la salida para demostrar que ninguno se había quedado en lugar de un preso. De hecho, la seguridad visible era mayor de lo que yo había visto en ninguna de mis visitas al centro de detención de Estados Unidos de Guantánamo, en Cuba.
Todo esto, pensarán ustedes, porque el equipo de Amnistía iba a ver a un famoso terrorista, al capo de un cartel de la droga o a un temido jefe de la delincuencia organizada.
Nada de eso. Íbamos a entrevistar a Ángel Amílcar Colón Quevedo, activista de derechos humanos que ha soportado tortura, discriminación racial y un proceso jurídico terriblemente injusto durante más de cinco años. Que un hombre así, tras haber pasado por semejante abanico de graves violaciones de derechos humanos, esté encerrado en un lugar tan ominoso y duro añade una dimensión especialmente cruel a las injusticias que ha sufrido.
Ángel, un hombre elocuente que rezuma elegancia, dignidad y un estimulante compromiso con la justicia, nos habló de su trabajo y de sus viajes en defensa de su comunidad afrodescendiente garífuna y denunciando problemas medioambientales. A comienzos de 2009, sufrió una inmensa tragedia personal: uno de sus dos hijos enfermó de cáncer y el dinero necesario para costear el tratamiento que podría salvarle la vida al muchacho superaba con mucho lo que su padre podía ganar en Honduras. Como tantos cientos de miles de centroamericanos y centroamericanas, emprendió el viaje de la emigración. Atravesó México, en dirección a la frontera con los Estados Unidos, con intención de cruzarla y encontrar un trabajo con el que conseguir el dinero que su familia necesitaba deseperadamente.
Pero todo salió muy mal. La policía estatal hizo una redada en la vivienda de Tijuana donde esperaba para cruzar. Ángel huyó, pero fue detenido en las inmediaciones.
Y entonces comenzó la tortura.
Lo golpearon una y otra vez en las costillas, le hicieron caminar arrodillado, le dieron patadas y puñetazos en el estómago. Con los ojos vendados, lo trasladaron a una base militar, donde oía los gritos de otras personas que estaban siendo torturadas.
Le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza para provocarle sensación de asfixia. Lo hicieron desnudarse y lamer los zapatos de otros presos. Proferían contra él insultos racistas. Y todo esto siguió durante 16 horas, después de las cuales lo obligaron a hacer una declaración y sirviéndose de ella lo acusaron de pertenencer a una banda de delincuentes. A pesar de que se retractó de lo declarado cuando más tarde fue llevado ante un juez, y describió cómo lo habían torturado, esa declaración sigue formando parte del sumario y no se han investigado los hechos.
Hasta este año, cinco después de su terrible experiencia, no ha sido examinado por fin por expertos médicos independientes, que han confirmado casi con total certeza que fue torturado. Y sin embargo, sigue tras las rejas.
Las próximas semanas son críticas, pues la fiscalía decidirá a mediados de octubre si sigue adelante con el caso.
Al comenzar nuestra visita, le informamos de la oleada de activismo que, tanto en México como en todo el mundo, se ha desarrollado y se desarrollará en su favor. Pudimos mostrarle páginas y páginas con los mensajes de solidaridad de más de 2.000 personas que ha recogido la Sección Mexicana. Enseguida sus ojos se llenaron de lágrimas, sin duda conmovido por saber que tanta gente, en tantas partes del mundo, sabía de su caso, se preocupaba por él y actuaba para conseguir su libertad.
Nos contó la profunda tristeza que sintió cuando supo que su hijo había muerto de cáncer pocos meses después de salir él de Honduras, y el dolor de llevar tanto tiempo separado de su esposa y su otro hijo, que sólo tenía dos años cuando se fue.
Pero aún tiene esperanza de que se hará justicia: “Ahorita me gustaría algo: que pongan ante la justicia a la gente que cometió estos actos. […] Que se presente a la justicia y que la justicia haga lo que deba hacer. Para que esas cosas no vuelvan a pasar. Que lo que me pasó a mí no le pase a otras personas.”
Expresó su agradecimiento a las personas que habían actuado en su caso y en otros. Y con el corazón en la mano, pidió que todas las personas que se habían solidarizado con él y que están contra la tortura “no bajen la guardia”. Como señaló: “La tortura no tiene color, no tiene raza, no tiene distinciones algunas. Puede ser cualquier persona. Y destruye. Destruye la vida, destruye a la persona.”
Al terminar nuestra visita hubo cálidos y estrechos abrazos. Me sentí como si me despidiera de un buen amigo, pero sabiendo que nos volveríamos a encontrar. Todo el equipo salió del CEFERESO número 4 con la firme determinación de hacer todo lo que pudiéramos en las próximas semanas para atraer aún más atención sobre el caso y generar aún más presión sobre las autoridades mexicanas. La decisión sobre el caso está  prevista para mediados de octubre, el margen de tiempo para conseguirlo es crítico.
Ángel confía en que su libertad está cerca. “Para mí me gustaría en este momento que se me diera la libertad”, nos dijo. Su confianza debe ser nuestra confianza. Su determinación debe ser la nuestra.
#StopTortura en México. #Free Ángel Colón. Firma la petición. Escribe una carta. Y consigue que el mayor número posible de amistades, familiares y compañeros y compañeras de trabajo lo hagan también.
No podemos bajar la guardia.
www.alzatuvoz.org/amilcar/

Agradecemos a todas las personas que se han solidarizado con Ángel Amílcar, preso de conciencia que fue torturado y humillado por agentes de la Policía Estatal, Federal y por miembros del ejército para obligarlo a realizar una confesión falsa.Tras entregarle los mensajes de solidaridad que fueron enviados de todas partes del mundo, Ángel Amílcar agradeció a todas las personas y organizaciones que se han solidarizado con su caso y luchan contra la tortura y discriminación donde quiera que se encuentren.No descansaremos hasta ver a Ángel Amílcar reunirse con su familia en libertad. Alza tu voz por él en: www.alzatuvoz.org/amilcar

Agradecemos a todas las personas que se han solidarizado con Ángel Amílcar, preso de conciencia que fue torturado y humillado por agentes de la Policía Estatal, Federal y por miembros del ejército para obligarlo a realizar una confesión falsa.

Tras entregarle los mensajes de solidaridad que fueron enviados de todas partes del mundo, Ángel Amílcar agradeció a todas las personas y organizaciones que se han solidarizado con su caso y luchan contra la tortura y discriminación donde quiera que se encuentren.

No descansaremos hasta ver a Ángel Amílcar reunirse con su familia en libertad. Alza tu voz por él en: www.alzatuvoz.org/amilcar

http://aimexico.tumblr.com/

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Activistas de Amnistía Internacional visitarán a Amílcar, hondureño preso de conciencia en México


  • Sábado, 06 Septiembre 2014 16:56

De acuerdo con AI, el hondureño de la comunidad Garífuna, sufrió tortura y maltrato por parte de policías estatales y militares. De acuerdo con AI, el hondureño de la comunidad Garífuna, sufrió tortura y maltrato por parte de policías estatales y militares.

Autor del artículo: Agencias

México – Este domingo el ciudadano hondureño Ángel Amílcar, preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Tepic, Nayarit, recibirá la visita de una delegación de Amnistía Internacional (AI).

Directivos de la organización internación ingresarán a conversar con Amílcar a quien en 2009 lo detuvieron en Tijuana, Baja California, mientras esperaba cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

De acuerdo con AI, el hondureño de la comunidad Garífuna, sufrió tortura y maltrato por parte de policías estatales y militares en un aparente motivo de discriminación por su origen étnico.

La representante de la organización “llevará a cabo un acto de solidaridad en esta misma ciudad. Este acto estará encabezado por el Grupo de Activistas, Voluntarias y Voluntarios de Amnistía Internacional en Tepic” y servirá para entregar a Amílcar las cartas que personas en todo el mundo le expresan su apoyo, se informó en un comunicado.

La organización hizo un llamado a medios de comunicación y simpatizantes locales a sumarse al acto de solidaridad que se llevará a cabo en Tepic en el Parque La Loma, ubicado en Paseo de la Loma esquina Querétaro (entrada principal frente al restaurante El Girasol).

En ese lugar, la delegación de AI que visita a Ángel Amílcar dará a conocer toda la información relevante del caso el próximo 7 de septiembre de 2014, a las 17:30 horas.

Fuente: http://www.proceso.hn/index.php/component/k2/item/87254-activistas-de-amnist%C3%ADa-internacional-visitar%C3%A1n-a-am%C3%ADlcar-hondure%C3%B1o-preso-de-conciencia-en-m%C3%A9xico

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Migrante hondureño “preso de conciencia” en México podría ser sentenciado a 70 años de cárcel

Ciudad de México. En unos días el primer migrante centroamericano, considerado por Amnistía Internacional (AI) como un “preso de conciencia”, será sentenciado con una pena que podría alcanzar los 70 años de prisión.

Se trata de Ángel Amílcar Colón Quevedo, un hondureño garífuna con ascendencia africana que es procesado por delincuencia organizada desde 2009 en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 “Noroeste”.

Colón Quevedo fue detenido en una casa de seguridad de un coyote en Tijuana, Baja California en 2009. Decidió migrar hacia Estados Unidos para poder costear el tratamiento de uno de sus dos hijos que padecía cáncer.

Fue en la cárcel donde recibió la noticia, seis meses después de su detención, de que su hijo de siete años había muerto.

“Preso de conciencia es el más amplio respaldo y apoyo que Amnistía pueda otorgar a las víctimas en su defensa. En México es el primer migrante con estas características, ya hubo otros como Jacinta Francisco Marcial, pero con otras características”, dijo Denise González Núñez, miembro del Área Institucional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

González explicó que la causa de Ángel será cerrada en unos días y que la sentencia por delincuencia organizada, el delito por el cual es procesado el hondureño, alcanza hasta los 70 años de cárcel.

“Este caso es muy grave porque pone en evidencia una realidad de la migración, porque tras documentar lo que sucedió, se concluye que fue discriminado por su origen étnico, torturado con insultos racistas, por su color de piel”, explicó.

Cuando Ángel Amílcar fue detenido en una casa de seguridad de un coyote en Tijuana, Baja California en 2009, su color de piel oscura jugó un papel muy importante.

“Ángel fue engañado por un coyote, lo tenía secuestrado en una casa de seguridad. Llegó un operativo y Ángel creyó que sería liberado, pero la autoridad en lugar de tratarlo como una víctima lo torturó y lo insultó.

Le decían ‘pinche negro colombiano, crees que nos van a engañar’, y el juez tenía un expediente de un delincuente al que le apodaban ‘El Negro’ y eso le bastó cuando tuvo enfrente a Ángel para concluir: ‘Este es negro como el que andamos buscando, este es’, sin ninguna otra justificación”, explicó Denise González.

Desde ese momento el migrante hondureño se encuentra recluido, sin que el respaldo de organizaciones como AI pueda ayudarlo a salir de su cautiverio. Fue en la cárcel donde recibió la noticia, seis meses después de su detención, de que su hijo de siete años que padecía cáncer, había muerto.

“Ni siquiera pudo despedirse de su hijo, la razón por la cual decidió migrar hacia Estados Unidos para poder costear su tratamiento. Se quedó en México, no pudo llegar”, recordó González Núñez. Ángel Amílcar no es cualquier hondureño.

En su país fue un conocido defensor de los derechos humanos y participó en organizaciones internaciones, pero la necesidad económica lo orilló a salir de Honduras un 7 de enero de 2009, con 32 años, esposa y dos hijos.

“Viajé para buscar recursos para la atención de mi hijo”, dijo Ángel en una de sus declaraciones ante el juez. Para poder viajar a Estados Unidos Ángel pidió préstamos, se gastó sus ahorros y pagó a un coyote cinco mil dólares para llevarlo a la ciudad de Houston, Texas.

El coyote cruzó Guatemala por tierra y por agua junto con otros migrantes, pero como ocurre en muchos casos, las autoridades mexicanas los interceptaron en la zona de Balancán, Tabasco, donde los migrantes fueron abandonados.

Ángel pagó mil 500 pesos para viajar al Distrito Federal en una caja refrigerada de un camión con otras 119 personas. De la Ciudad de México hasta Tijuana fueron dos meses de viaje.

Cuando llegó a Tijuana Ángel conoció a un coyote apodado “El Ruso”, quien con la promesa de ayudarlo a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, lo llevó a una casa de seguridad.

De acuerdo con el Centro Prodh, el migrante fue retenido a la fuerza en esa casa y obligado a realizar labores de limpieza para poder comer, en un lugar donde había armas y drogas, donde fue detenido junto con sus secuestradores.

El Centro Pro Juárez informó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de Ángel son: un parte informativo de los policías que participaron en el operativo y por una serie de dictámenes periciales respecto de la cantidad y el tipo de drogas, armas y demás objetos encontrados en el interior de la casa en la cual fue detenido.

Aministía Internacional lanzó una petición a través de redes sociales para que ciudadanos se unan a la causa y logren liberar al migrante. “Le escribo para externarle mi preocupación por el caso de Ángel Colón, migrante de origen afro descendiente garífuna quien, tras sufrir tortura y otros malos tratos, se encuentra recluido en Nayarit”.

“Le pido que se retiren los cargos en su contra y se permita su libertad inmediata e incondicional. También, le pido que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre sus denuncias de tortura y otras violaciones de derechos humanos, tales como la discriminación racial; que se examinen a fondo todas las pruebas disponibles, incluido el informe forense elaborado por expertos en medicina independientes, que se hagan públicos sus resultados y que las personas responsables de esos actos comparezcan ante la justicia”.

Lo anterior es el texto que circula en Twitter y Facebook en una carta dirigida al Procurador Jesús Murillo Karam. (Tomado del diario Sin Embargo).

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/migrante-hondure%C3%B1o-%E2%80%9Cpreso-de-conciencia%E2%80%9D-en-m%C3%A9xico-podr%C3%ADa-ser-sentenciado-70-a%C3%B1os-de-c%C3%A1rcel

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Exigen liberación de hondureño preso en México desde 2009

Martes, 22 Julio 2014 23:15

Amílcar permanece en el Centro Federal de Readaptación Social 4 Noroeste en Tepic, Nayarit, donde no tiene permitido llamar ni escribir a su familia en Honduras, acusaron.

Amílcar permanece en el Centro Federal de Readaptación Social 4 Noroeste en Tepic, Nayarit, donde no tiene permitido llamar ni escribir a su familia en Honduras, acusaron.

MEXICO, (AFP) – Organizaciones civiles como Amnistía Internacional denunciaron ayer que los migrantes que pasan por México para llegar a Estados Unidos siguen sufriendo abusos de las autoridades, como el caso de un hondureño que fue torturado para que se autoinculpara de delitos.

“Los migrantes son susceptibles de ser encarcelados y acusados de delitos que no cometieron” y las garantías judiciales, como el derecho a la asistencia consular, “son prácticamente una fantasía para ellos”, dijo en conferencia Denise González, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

“México es un país profundamente racista y discriminador que se acentúa con los migrantes”, dijo el representante en México de Amnistía Internacional (AI), Perseo Quiroz.

Una “muestra”, dijo Quiroz, es el caso del hondureño Ángel Amílcar Colón Quevedo, exintegrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) de Honduras, a quien el cáncer de su hijo lo obligó por razones económicas a emigrar a Estados Unidos.

Hechos
Al pasar por México, en la ciudad de Tijuana pagó 3.000 dólares a un traficante de personas para que lo pasara a la vecina localidad estadounidense de San Diego (California, EEUU), pero los traficantes lo encerraron en una casa en territorio mexicano.

Cuatro días después, el 9 de mayo, fue detenido en un operativo en esa casa y posteriormente fue torturado “por elementos del Ejército y policías federales para obligarlo a autoinculparse en la comisión de delitos”, dijo Denise González.

AI declaró ayer a Colón “preso de conciencia” debido a que fue “sometido a tortura” a causa de su origen afrodescendiente garífuna dando lugar a “un procesamiento infundado” en el que se le acusa de crimen organizado, dijo Quiroz.

Con la voz quebrada por el llanto, la esposa de Colón, Yuly Alexandra Baltazar, pidió “justicia” a las autoridades judiciales mexicanas.

July Baltazar, pareja de Amílcar, lamentó que ni siquiera pudo informarle de la muerte de Ángel, su hijo mayor de dos, quien padecía cáncer.

Quevedo está encarcelado desde hace cinco años en el estado de Nayarit, noroeste de México, y su proceso está en la recta final. AI y el Centro Prodh pidieron a la fiscalía reconocer “su inocencia”.
El aumento en los últimos años de los menores que migran solos, puso el tema de los indocumentados en la mesa de discusión de Estados Unidos, México y países centroamericanos. Como resultado, el gobierno mexicano anunció medidas para frenar la inmigración de indocumentados, estimados en 200.000 al año.

Frase
“Exigimos al Estado mexicano su inmediata e incondicional liberación. Asimismo, Amnistía Internacional ha emitido una acción urgente en la que hace un llamado a todos sus activistas, a que actúen por Ángel”, Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional México.

Expediente
En el expediente ya obra un Protocolo de Estambul, que es la prueba médica y psicológica que da cuenta de la tortura y que, por tanto, la prueba incriminatoria que tiene a Ángel en la cárcel es un medio de prueba ilícito”, describió Mario Patrón, subdirector del Centro Prodh.

“Estaremos próximos a la etapa final del juicio, teniendo la expectativa y la confianza de que el juez que conoce del caso, si hace una valoración somera de la prueba, tendrá que declararlo inocente”.

En caso de que el Poder Judicial Federación no lo encuentre inocente, puntualizó, solicitan a la PGR que emita conclusiones no acusatorias en contra de Amílcar, para así finalizar el juicio.

Cifra
1,219 centroamericanos están encarcelados en México por procesos irregulares, según estudio  del centro Prodh

FOTO Zócalo-Zaltillo.

Fuente: http://www.tiempo.hn/el-mundo/noticias/exigen-liberacion-de-hondureno-preso-en-mexico-desde-2009?utm_source=el-mundoTab&utm_medium=page&utm_campaign=tabs

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Defender a quienes defienden los derechos humanos, condición necesaria para el desarrollo con inclusión social

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Por Nancy Tapias Torrado, Investigadora de Amnistía Internacional sobre la Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en América, Marcia Aguiluz, Directora de CEJIL Mesoamérica y Alejandra Vicente, Abogada Senior de CEJIL.

Defender los derechos humanos es crucial para lograr el “desarrollo con inclusión social”, tema de la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). En este sentido el trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos en el continente americano es esencial para el avance de los principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos al afianzamiento de sociedades democráticas.

A pesar de ello, las defensoras, los defensores, sus organizaciones y familiares siguen en muchos casos pagando con su propia vida, integridad y libertades, entre otros.  A unos pocos días de la próxima Asamblea General de la OEA, a celebrarse en Asunción, Paraguay, del 3 al 5 de junio, los líderes de las Américas deben renovar su compromiso con el respeto y la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, y tomar acciones para cumplir cabalmente con sus obligaciones ya establecidas por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

A finales de marzo, en el marco del 150º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, más de 40 organizaciones participamos en dos audiencias temáticas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos. En las mismas evidenciamos que los asesinatos, las agresiones físicas, las amenazas y los hostigamientos contra defensoras y defensores de derechos humanos, siguen siendo una tendencia preocupante en la región.

En el 2013 tan sólo en Colombia hubo más de 70 defensoras y defensores asesinados, incluyendo dirigentes comunitarios, indígenas y afrodescendientes. En Honduras en lo que va corrido del 2014 han sido asesinados dos defensores que contaban con medidas de protección de la CIDH.  En México,  hace unos pocos días fue asesinada otra defensora más. El 12 de mayo en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa, fue muerta a balazos Sandra Hernández. Ella luchaba por encontrar verdad y justicia en el caso de su hijo “desaparecido” y ese día iba camino a una cita en la que le darían información al respecto. .

Además de los riesgos contra la vida, el sistema de justicia es usado con frecuencia para coartar el trabajo de defensoras y defensores, para tratar de silenciarlos y minar su credibilidad. Este es el caso por ejemplo de una de las defensoras que participó en estas audiencias. Iduvina Hernández es la directora de la Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia –SEDEM- y una destacada defensora cuyo trabajo se enfoca en lograr mecanismos y reformas para que las fuerzas de seguridad no cometan violaciones a derechos humanos en Guatemala. Por sus esfuerzos ha sido estigmatizada, hostigada y enfrenta acusaciones penales. Estas acusaciones estarían basadas en supuestos delitos cometidos cuando ella tan sólo era una niña.

Los ataques a las libertades de asociación, expresión y reunión son otra preocupación constante a nivel regional. El uso excesivo de la fuerza es usado con frecuencia para reprimir protestas sociales, por ejemplo en el contexto de proyectos a gran escala y cuestiones sociales. En los últimos meses y durante el año 2013, se han dado varias protestas sociales en Brasil y en Venezuela, a las que las fuerzas de seguridad han respondido con uso excesivo de la fuerza, malos tratos, detenciones y violencia.

Otra tendencia es la estigmatización y ataques a la reputación de defensoras y defensores. Además se han usado normas restrictivas para limitar su derecho de asociación. Este es el caso de la Fundación Pachamama en Ecuador, cerrada arbitrariamente en diciembre del 2013 tras una decisión en la que no hubo oportunidad de rebatir las acusaciones o defenderse, y para la que se usó un decreto ejecutivo con normas amplias y ambiguas. En República Dominicana, a raíz de la publicación de una controvertida decisión de la Corte Constitucional que priva en la práctica de la nacionalidad dominicana a las personas de ascendencia extranjera y las convierte en apátridas, en el último trimestre de 2013 se produjo un aumento de retórica hostil, amenazas y actos de intimidación contra personas de ascendencia haitiana y quienes defienden sus derechos humanos.

La situación de las mujeres que defienden los derechos humanos también es preocupante. Como quedó evidenciado en la audiencia dedicada a este tema ante la CIDH, las defensoras además de enfrentar riesgos y agresiones por su activismo, son objeto de violencias, discriminaciones y obstáculos por el hecho de ser mujeres. En muchos casos las agresiones en su contra hacen alusión a su identidad, tienen un carácter sexual, ponen en duda su moral sexual o se centran en la estigmatización de género. Las defensoras además, en respuesta a su liderazgo o activismo, sufren violencias en el entorno familiar y comunitario, así como agresiones al interior de los movimientos sociales, lo cual aumenta sus situaciones de riesgo y limita sus redes sociales de apoyo.

De igual modo, las personas que defienden los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo (LGBTI) están expuestas a sufrir abusos y ataques. A menudo se las percibe como transgresores de los valores sociales y culturales. Debido a la estigmatización y la exclusión, las defensoras y los defensores LGBTI suelen correr mayores peligros porque con frecuencia se les niega la protección y el reconocimiento como defensores legítimos.

En esta situación de desprotección para defensoras y defensores de derechos humanos, hemos evidenciado que el nivel de impunidad es alarmante. Son contados los casos en los que las investigaciones terminan con la sanción de los responsables, siendo la mayoría archivados por falta de impulso procesal.

En este sentido, es de vital importancia que los Estados de las Américas acaten los estándares ya establecidos por los órganos del SIDH y:  reconozcan la legitimidad e importancia fundamental de quienes defienden los derechos humanos; garanticen investigaciones efectivas de los ataques y agresiones contra éstas personas; establezcan salvaguardas procesales que eviten el uso indebido del sistema de justicia en su contra; y, protejan de manera efectiva, integral y diferenciada a los defensores y defensoras en situación de riesgo, teniendo en cuenta su género, contexto y circunstancias particulares.

Esta próxima Asamblea General de la OEA abre una nueva oportunidad para que los líderes de las Américas reafirmen su compromiso con los derechos humanos, con el sistema que los protege y con la protección integral de quienes los defienden. Defender a quienes defienden los derechos humanos sin duda contribuye al desarrollo inclusivo. Por ello, los Estados deberían redoblar sus acciones para acatar los estándares del SIDH en la materia.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3170:defender-a-quienes-defienden-los-derechos-humanos-condicion-necesaria-para-el-desarrollo-con-inclusion-social&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Ex presidente de la OFRANEH fue torturado por agentes mexicanos

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Amílcar Colón estuvo arraigado del 13 de marzo al 31 de mayo de 2009

Tegucigalpa.

Amnistía Internacional (AI) en un informe divulgado recientemente sobre la situación en México acerca de la aplicación de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, registró el caso de Angel Amílcar Colón Quevedo, un reconocido defensor de derechos humanos de la comunidad garífuna hondureña, que fue víctima de dichos vejámenes a manos de efectivos militares y policiales mexicanos. Colón Quevedo guarda prisión por delitos que no cometió desde el año 2009.

El pasado 13 de mayo de 2014, Amnistía Internacional lanzó una campaña mundial que se llama Stop Torture (Alto a la tortura). Esta campaña se enfoca en 5 países: México, Filipinas, Marruecos, Nigeria y Uzbequistán.

En su Informe “La Tortura en México”, Amnistía Internacional retomó 4 casos paradigmáticos, uno de los cuales es el del líder comunitario, defensor de los derechos humanos de la comunidad garífuna y ex presidente de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).  Angel Amílcar Colón Quevedo, quien fue víctima de torturas de parte de autoridades policiales mexicanas.

Colón Quevedo fue detenido el 9 de marzo de 2009 en Tijuana, acusado de delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína y marihuana con fines de comercio. Admitió las acusaciones, afirma, tras haber sido sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por policías estatales y federales así como por militares.

Reconocido en Honduras como defensor de los derechos humanos perteneciente al pueblo afrodescendiente garífuna de Honduras, Colón Quevedo había viajado el  7 de enero de 2009 a Tijuana, Mexico  de camino a Estados Unidos. Confiaba en ganar en Estados Unidos dinero con el que pagar el tratamiento del cáncer para su hijo, relata el informe documentado de este caso por parte de  Amnistía Internacional (AI).

Colón Quevedo le pagó 5 mil dólares a un coyote para que lo llevara de Guatemala a Houston, Texas, Estados Unidos, pero fue abandonado por el coyote en una región de Tabasco junto a otros emigrantes.

Tras llegar a Tijuana, Colón Quevedo se puso en contacto con un supuesto coyote conocido como el Ruso o Rulo, quien lo condujo a una casa en una zona residencial con instrucciones de guardar silencio e ignorar sobre todo lo que aconteciera en aquella residencia.

Se le advirtió que no saliera de la habitación donde fue conducido por el Rulo o Ruso y que aguardara instrucciones, sin embargo el 9 de marzo de  2009, alrededor de las cuatro de la tarde el hondureño escuchó disparos dentro del inmueble, por lo que salió y se escondió en una barranca cercana.

“El Estado mexicano me destruyó”

El diariodelyaqui.mx  publicó el 3 de mayo de 2014 un reportaje titulado “El estado mexicano me destruyó”, en donde Angel Amílcar Colón Quevedo declaró:  “Las pesadillas no me dejan. Frecuentemente revivo las escenas de cómo me torturaron”.

Edmundo Orellana, Amílcar Colón, padre Andrés Tamayo y Bertha Oliva durante una conferencia de prensa de “La Marcha por La vida”

A veces despierto llorando, gritando (…). Me han expuesto con una gran cantidad de drogas y de armas en los periódicos; dicen que soy ladrón, asesino, narcotraficante. El Estado mexicano me destruyó”, acusa Ángel Amílcar Colón Quevedo, inmigrante hondureño, desde el penal de alta seguridad de Tepic.

El diarioyaqui.mx relató en su reportaje que el 9 de marzo de 2009, hombres armados irrumpieron en la casa y él huyó. Fue detenido momento después por la Policía Estatal Preventiva (PEP).

Según el expediente 53/2009 de la causa penal y la ampliación de su declaración preparatoria, rendida ante el Juzgado Segundo de Procesos Penales en Tepic, una vez descubierto por agentes que dijeron ser policías estatales fue obligado a patadas, puñetazos y toletazos a subir de rodillas una loma, su rostro fue cubierto con su camisa; otras 10 personas fueron detenidas con él, entre ellos un mexicano de nombre Jesús Armando Isedo Medina, quien también esperaba cruzar la frontera.

Ante el juez, el hondureño Colón Quevedo contó que fue “paseado” por los oficiales mexicanos dentro de un vehículo durante varias horas; luego fue llevado al baño de unas oficinas cuyo piso estaba lleno de sangre y ahí policías federales lo intentaron asfixiar con una bolsa de plástico, más tarde en instalaciones que cree son de la Procuraduría General de la República (PGR)  le tomaron huellas dactilares y fotografías y lo obligaron a firmar documentos.

Fue torturado y humillado

Después fue trasladado a la Segunda Zona Militar donde los malos tratos corrieron a cargo de militares. Mientras escuchaba cómo torturaban a otras personas en un cuarto, “yo realizaba las humillaciones desagradables que me pedían, para evitar la macaneada”, se destaca en el expediente.

Los militares lo obligaron a limpiar con su saliva los zapatos de sus co-procesados y de otros detenidos y a adoptar “posturas militares” mientras era insultado por su color de piel.

“Me convirtieron en el payaso”, señala en su ampliación de declaración, en la cual afirma que la madrugada del 10 de marzo de 2009 , vencido por las humillaciones y ante la actitud amenazante de sus captores, firmó documentos en presencia de militares encapuchados y tres civiles que dijeron ser del Ministerio Público Federal.

Lo obligaron a hacer una declaración que luego fue utilizada para procesarlo por cargos de pertenencia a una banda criminal. Él denunció el trato sufrido, pero no se llevó a cabo ninguna investigación. Cuatro años después de su detención,  Ángel Amílcar Colón Quevedo recibió la visita de un psicólogo de la Procuraduría General de la República (PGR), pero éste suspendió la evaluación alegando supuestas diferencias culturales. No se ha llevado a cabo ninguna otra evaluación.

Colón Quevedo fue presentado ante los medios junto con sus co-acusados (Jesús Armando Isedo Medina, Sergio Alonso Barraza Elías, Marcos Adrián Herrera Uny, Christian Macías Vega, Francisca López Morales, Juan Bernardo Figueroa Ortega, José Alfredo Mallory Figueroa, Raúl Sandoval Moral, Hugo Noel García Estrada y Juan Gabriel Monárrez Ontiveros) con armas de fuego y droga, supuestamente decomisadas en la casa donde permaneció.

Colón estuvo arraigado del 13 de marzo al 31 de mayo de 2009, un tiempo en el cuartel militar, otro en un hotel e incluso lo llevaron a la Ciudad de México, “pero lo regresaron a Tijuana porque no había lugar en el Centro Nacional de Arraigos”, apunta el abogado Tapia Olivares.

Abunda que el auto de formal prisión fue dictado en razón de su color.

“En la puesta a disposición, los agentes aprehensores dicen que en la casa además de armas y drogas había copias de una causa penal que nada tiene que ver con la de Ángel Amílcar , en la que se hacía mención de un supuesto miembro del cártel de los Arellano Félix dedicado al cobro de derecho de piso, al que le apodan El Negro; con eso, el juez (primero de Distrito del XXIV Circuito en Nayarit) concluye que Ángel Amílcar es esa persona, por ser afrodescendiente, y le dicta el auto de formal prisión”, el 31 de mayo de 2009.

El caso sería transferido posteriormente al Segundo Juzgado, donde ahora se desahoga, de acuerdo con la publicación realizada el 3 de mayo de 2014 del periódico digital: diarioyaqui.mx, el diario destaca que Denise González Núñez y Luis Tapia Olivares, abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Prodh) quienes apoyan la defensa jurídica de Angel Amílcar Colón Quevedo informaron que la intervención en agosto de 2013, de los relatores de la ONU, Gabriela Knaul (sobre independencia de magistrados y abogados)  y  Juan Méndez (sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes)  hizo que la Procuraduría General de la República (PGR) de México,  iniciara el 11 de diciembre del año pasado una averiguación previa por tortura en agravio de Colón Quevedo y 10 coacusados.

El anuncio fue confirmado por  la Misión Permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra, en un documento dirigido el 15 de enero de 2014 al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El abogado Juan Méndez visitó a Colón Quevedo el pasado 24 de abril de este año en el penal de Tepic,  como parte de una gira de trabajo en México que comenzó el 22 de abril y concluyó el viernes 2 de mayo, relata el diariodeyaqui.mx.

La publicación añade que “entrevistado vía telefónica desde las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh), el cual lleva su defensa jurídica, Colón está esperanzado en que Méndez continúe “en esa misma línea y exija al Estado mexicano que aclare las controversias” para alcanzar la libertad y que le sea reparado el daño.

Además de las secuelas a su salud, entre ellas la hipertensión diagnosticada ocho días después de su detención, durante su reclusión cinco miembros de su familia murieron “por el impacto y la depresión”.

Amnistía Internacional pide que se adopten medidas urgentes para acabar con el uso de la tortura y otros malos tratos en México, y para poner fin al clima de impunidad, se garantice que las personas detenidas tengan acceso a asistencia letrada, incluida la oportunidad de contactar con un abogado particular, desde el momento de la detención.

Además demanda al gobierno mexicano que garantice que las personas privadas de libertad puedan tener acceso a sus familiares y médicos de manera rápida y periódica y que toda persona puesta bajo custodia, pueda impugnar de inmediato la legalidad de su detención y eliminar la detención preventiva sin cargos (“arraigo”).

Amnistía Internacional insta al Gobierno de México recluir a las personas que sean sospechosas de delitos,  únicamente en centros de detención reconocidos. Garantizar que recae en la policía y en el Ministerio Público la carga probatoria de demostrar que las declaraciones se han realizado sin coacción, entre otras recomendaciones.

Durante el periodo en que fue detenido Colón Quevedo, organizaciones civiles, como la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN), documentaron decenas de casos de tortura.

El secretario ejecutivo de la CCDHN, Raúl Ramírez Baena, informó que de 2009 a 2013 de las 35 quejas documentadas en Baja California contra miembros del Ejército y la Policía Preventiva, 25 correspondieron a tortura, con 166 víctimas directas.

“Mientras estuvo el general Alfonso Duarte Múgica al frente de la Segunda Zona Militar, con base en Tijuana, primero, y después en la II Región Militar, con control en las dos Baja Californias y Sonora, de 2008 a finales de 2012, las denuncias por tortura señalaban a militares como los agresores. Después las acusaciones de tortura se dirigieron hacia agentes de la Policía Estatal Preventiva”, explica Ramírez en entrevista, luego de participar en una reunión del relator con varias organizaciones en Tijuana el pasado 30 de abril del año en curso, señaló el periódico digital diariodelyaqui.mx

 

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3142:ex-presidente-de-la-ofraneh-fue-torturado-por-agentes-mexicanos&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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Honduras: el deterioro de la situación de los derechos humanos exige medidas urgentes

Thursday, 06 March 2014 11:35 Administrador
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Amnistía Internacional está cada vez más preocupada por la situación de los derechos humanos en Honduras, y en especial por las violaciones perpetradas contra los derechos humanos de los defensores y defensoras de los derechos humanos, de las mujeres y las niñas y de las comunidades indígena, afrodescendiente, campesina y LGBTI.

Ver documento

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3011:honduras-el-deterioro-de-la-situacion-de-los-derechos-humanos-exige-medidas-urgentes&catid=67:monitoreo&Itemid=192

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Honduras: EN PELIGRO HERMANO DE PERIODISTA ASESINADO

Thursday, 06 March 2014 11:42 Administrador
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Tras el asesinato del periodista hondureño Juan Carlos Argeñal el 7 de diciembre, su hermano, Mario Argeñal, ha sido objeto de intimidación y hostigamiento por hablar públicamente del caso y exigir que las autoridades hagan justicia. No ha habido ningún avance en la investigación de la muerte de Juan Carlos Argeñal.

Mario Argeñal ha concedido varias entrevistas a los medios de comunicación nacionales desde el homicidio de Juan Carlos Argeñal el 7 de diciembre. En ellas, ha relacionado el homicidio del periodista con su denuncia pública de la corrupción. Mario Argeñal también se ha reunido con las autoridades para exigir justicia. La familia Argeñal ve con preocupación que la investigación no haya avanzado nada, casi tres meses después de la muerte de Juan Carlos.

Amnistía Internacional ha recibido noticias de que Mario Argeñal ha sufrido actos de intimidación y hostigamiento desde que empezó a exigir justicia en nombre de hermano. En varias ocasiones, entre el 11 y el 15 de diciembre de 2013, dos camionetas sin matrícula dieron vueltas alrededor de su casa a altas horas de la noche. Hace poco, el 24 de febrero, entre las dos y las cuatro de la tarde, un hombre permaneció varias horas en un automóvil aparcado frente a la casa de Mario Argeñal. Mario Argeñal corre peligro de sufrir nuevos actos de intimidación y hostigamiento debido a su búsqueda de justicia.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

recordando a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva, imparcial e independiente sobre el homicidio Juan Carlos Argeñal, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia.

instándolas a tomar medidas inmediatas para proporcionar una protección adecuada a Mario Argeñal y su familia, conforme a los deseos de los propios afectados.

instándolas a establecer mecanismos de protección para los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos, previa consulta con la sociedad civil y de acuerdo con las recomendaciones y necesidades de los afectados;

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 15 DE ABRIL DE 2014, A:

Fiscal general

Oscar Chinchilla Banegas

Ministerio Público, Lomas del Guijarro

Avenida República Dominicana

Edificio Lomas Plaza II

Tegucigalpa, Honduras

Fax: +504 2221 5667

Twitter: @MP_Honduras

Tratamiento: Señor Fiscal General/Dear Attorney General

Ministro del Interior

Sr. Arturo Corrales

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

Aldea el Ocotal, Antiguo Local de la Academia Nacional de Policia ANAPO

Tegucigalpa, Honduras

Correo-e: comunicacionCNDS@gmail.com

Tratamiento: Señor Ministro / Dear Minister

Copias a:

Equipo de Centroamérica

Amnistía Internacional

Correo-e: equipoca@amnesty.org

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Juan Carlos Argeñal, un periodista que había informado sobre la corrupción, murió el 7 de diciembre de 2013 en su casa de Danlí, departamento meridional de El Paraíso, por los disparos de dos hombres no identificados. Juan Carlos Argeñal era corresponsal de Radio Globo y Globo TV, así como propietario de una emisora local de televisión y activista en favor del Partido Libertad y Refundación (LIBRE).

Los periodistas que defienden los derechos humanos desempeñan un papel crucial a la hora de denunciar las violaciones de derechos humanos que, de no ser por su trabajo, permanecerían en secreto. En Honduras, Amnistía Internacional ha documentado un incremento en el número de amenazas de muerte y ataques contra defensores de los derechos humanos, periodistas y blogueros, tal como afirmó en el informe regional Transformar dolor en esperanza: Defensoras y defensores de derechos humanos en América, publicado el 7 de diciembre de 2012.

Aníbal Barrow, periodista de Globo TV en Honduras, fue secuestrado el 24 de junio. Cuando se recibió la noticia de su secuestro, las autoridades empezaron a buscarlo en la zona que rodea San Pedro Sula. Tras dos semanas de búsqueda, el cadáver de Aníbal Barrow fue encontrado, y en julio de 2013 se detuvo a cuatro individuos. En noviembre de 2013 se realizó otra detención más en relación con el caso (véase AU 165/13 ).

Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 30 periodistas y 70 abogados han sido asesinados en Honduras desde enero de 2010, cuando ocupó su cargo el gobierno actual. En noviembre de 2013 se celebraron elecciones generales en el país. En los meses previos a las elecciones, los medios de comunicación informaron sobre decenas de ataques contra candidatos o activistas de partidos. Una proporción considerable de estos ataques se produjo contra activistas de LIBRE.

En Honduras la impunidad es generalizada. Según la información que ha recibido Amnistía Internacional, entre las decenas de casos de violaciones de derechos humanos y abusos cometidos contra defensores y defensoras de los derechos humanos en los últimos cinco años, sólo en uno de ellos se ha procesado, declarado culpable y condenado a los responsables. En abril de 2013, el entonces fiscal general explicó al Congreso Nacional que el Ministerio Póblico sólo tenía capacidad para investigar el 20 por ciento de los homicidios cometidos en el país. La institución está desbordada por los elevados índices de violencia y delincuencia y carece de los recursos necesarios para desempeñar su labor de forma efectiva. En algunos casos, los propios fiscales temen tomar medidas debido al contexto tan peligroso en el que trabajan. El sistema de justicia del país debe fortalecerse y dotarse de recursos suficientes.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3012:honduras-en-peligro-hermano-de-periodista-asesinado&catid=54:den&Itemid=171

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Suecia se solidariza con labor de COFADEH

Wednesday, 05 February 2014 12:34 Sandra Rodríguez
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Tegucigalpa.

Este día llegó a la oficina del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, una manta en muestra de solidaridad por el trabajo de defensoría de derechos humanos y exigiendo a quienes dirigen el gobierno, cese el hostigamiento y persecución en contra la organización.

Amigos y amigas del COFADEH:

“Les mandamos este mensaje en solidaridad y con mucha admiración por su valiosa labor de promover y proteger los derechos humanos en Honduras”.
Seguida de muchos nombres y firmas, de quienes integran el grupo 21 de la sección Sueca de Amnistía Internacional.

Esta manta, enviada desde Europa, es una de las expresiones de la campaña “Escribe por los derechos” promovida por Amnistía Internacional en favor del COFADEH, organización defensora de derechos humanos desde 1982, y víctima de hostigamiento y persecución en Honduras.

La iniciativa tenía como objetivo reunir dos millones de mensajes a favor de 12 víctimas de abuso, entre ellas una mujer mexicana y el CODADEH, en Honduras.

Personas de más de 80 países de todo el mundo escribieron a través de cartas, faxes, correos electrónicos, tuits y mensajes de texto, entre el 6 y 17 de diciembre, para señalar y dejar en evidencia a los gobiernos responsables de los abusos, a los que harán llamamientos específicos en apoyo de quienes sufren la opresión del Estado.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2955:suiza-se-solidariza-con-labor-de-cofadeh&catid=71:def&Itemid=166

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Honduras: Miles de tarjetas recibe COFADEH por campaña de Amnistía Internacional

jueves, 30 de enero de 2014

Miércoles, 29 de Enero 2014 – 12:05   Sandra Rodríguez  /  defensoresenlinea.com/

Tegucigalpa.

Más de cinco mil tarjetas y cartas con mensajes de solidaridad, son parte de la respuesta a la campaña “Escribe por los derechos” iniciativa de Amnistía Internacional en favor del COFADEH, organización defensora de derechos humanos y víctima de hostigamiento y persecución en Honduras.
La campaña fue lanzada a inicios del mes de diciembre pasado, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, con la que pretende reunir dos millones de mensajes a favor de 12 víctimas de abuso, entre ellas una mujer mexicana y el cese al hostigamiento contra el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, CODADEH.
Del 6 al 17 de diciembre, personas de más de 80 países de todo el mundo hicieron campaña en favor de 12 personas y comunidades que sufren abusos contra los derechos humanos.
Los mensajes se difundieron a través de “cartas, faxes, correos electrónicos, tuits y mensajes de texto”.
Al volver del periodo de vacaciones, el pasado 14 de enero, fue sorprendente recibir grandes paquetes con tarjetas y cartas conteniendo mensajes de solidaridad para nuestra organización, declaró muy entusiasmada Nohemy Pérez, procuradora de ddhh del CODAFEH.

El objetivo de estos mensajes es señalar y dejar en evidencia a los gobiernos responsables de los abusos, a los que harán llamamientos específicos en apoyo de quienes sufren la opresión del Estado.

Es de mucha alegría que gente de países lejanos están pendientes de nuestro trabajo, que allá (Europa) también les preocupa como somos víctimas de la violencia, inseguridad e irresponsabilidad de parte de los operadores de justicia que no dan respuesta a los grandes hechos de violaciones a ddhh en Honduras, lamentó Nohemy.

Agregó que “Vemos tarjetas de todo tipo, aunque predominan las imágenes de palomas, símbolo de  paz, y que se identifican con nuestra labor y ardua lucha por la demanda de paz y justicia, eso nos anima a seguir adelante porque la comunidad internacional nos tiene presentes”.

Las tarjetas sólo son una muestra de todas las cartas que la comunidad nacional e internacional ha enviado a las autoridades hondureñas en las que se solicita respuesta en cuanto que ha pasado con nuestros seres queridos, donde están los informes sobre las desapariciones forzadas y el cese a la represión contra los y las defensoras del COFADEH, explicó Nohemy, una de las fundadoras de la organización, en 1982.

Mediante la campaña “Escribe por los Derechos”, Amnistía Internacional pide el fin del acoso al COFADEH, una ONG que se dedica a investigar las desapariciones y otros abusos contra los derechos humanos.

En su comunicado de lanzamiento, AI denuncia que la organización es “objeto de constante vigilancia” y sus miembros “sufren amenazas y agresiones” y pide “a las autoridades hondureñas que apoyen su trabajo y les protejan”.

La primera campaña Escribe por los Derechos de Amnistía Internacional se organizó en Polonia hace 11 años y la del 2012 logró reunir 1.9 millones de mensajes.

y desde el lanzamiento de esta última, personas de todo el territorio hondureños llaman a la oficina del COFADEH, para solidarizarse y hacerse parte de esta iniciativa que hace que los derechos humanos en el mundo, estén en permanente movimiento.

Publicado por Américo Roca Dalton en 10:47

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/01/honduras-miles-de-tarjetas-recibe.html

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Transparencia aboga por la protección de los derechos humanos

25 de Enero de 2014

11:34PM   – Redacción:  redaccion@laprensa.hn

El organismo Amnistía Internacional (AI) pidió al nuevo presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, comprometerse urgentemente con los derechos humanos.

Algunas líderes indígenas han sido amenazadas.
Algunas líderes indígenas han sido amenazadas.

Tegucigalpa, Honduras.

El organismo Amnistía Internacional (AI) pidió al nuevo presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, comprometerse urgentemente con los derechos humanos y con la protección de quienes los defienden.

“Comienza un nuevo Gobierno en el país y se espera que en sus primeros 100 días dé muestras claras de que habrá un cambio positivo en materia de derechos humanos y que se cumplirá con las obligaciones internacionales pendientes”, cita una declaración pública de AI. “Honduras lleva largo tiempo en una grave situación de derechos humanos y es urgente que el nuevo Presidente se comprometa de manera pública y explícita con el respeto y garantía de estos derechos, así como con la protección de quienes los defienden”, agrega. AI recuerda que en los últimos años, un alto número de defensores, incluidos líderes indígenas, garífunas, campesinos, activistas de la diversidad sexual, operadores de justicia y periodistas, entre otros, han sido objeto de asesinatos, ataques y amenazas.

“En Honduras se vive un ambiente generalizado de violencia, inseguridad e impunidad que requiere medidas prontas y respetuosas de los derechos humanos”, expone AI.

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/444734-96/transparencia-aboga-por-la-proteccion-de-los-derechos-humanos

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The “Most Dangerous City in the World” – Especially for Sex Workers

January 18, 2014 at 8:00 AM

Sex workers wait for customers in Honduras. Honduras now has the highest per capita murder rate in the world and its capital city, Tegucigalpa, is plagued by violence, poverty, homelessness and sexual assaults (Photo Credit: Spencer Platt/Getty Images).

Sex workers wait for customers in Honduras. Honduras now has the highest per capita murder rate in the world and its capital city, Tegucigalpa, is plagued by violence, poverty, homelessness and sexual assaults (Photo Credit: Spencer Platt/Getty Images).

Ian Lekus of Amnesty USA’s LGBT Human Rights Cogroup contributed to this post.

San Pedro Sula, Honduras, has been called “the most dangerous city in the world.” For sex workers in the city, the risk of violence is multiplied many times over.

Despite the fact that sex work is legal in Honduras, many groups and individuals view their actions as immoral. Those who murder sex workers believe they can literally treat these human beings as garbage to be disposed of. Such violence takes place against the broader backdrop of widespread gender- and sexuality-based violence that imperils women and LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) persons all through Honduras.

 

Prejudice against sex workers makes it especially hard to bring pressure on the government to protect those who engage in this activity. Human rights are not, however, a popularity contest. They must apply equally to everyone – and must protect a country’s most vulnerable citizens.

Those who murder sex workers believe they can literally treat these human beings as garbage to be disposed of.

Amnesty International has issued an Urgent Action on the recent killing of sex workers in San Pedro Sula, Honduras. In less than a month, at least nine sex workers were murdered in the city of roughly 900,000 residents.On December 13, 2013, several men riding in a minivan shot and killed three sex workers following a brief argument:

  • Ana María Sánchez Zaldíva
  • Doris Malene García
  • Milagro Rosario Bonill

The same gunmen also abducted Zoila Yamileth Sánchez Zaldívar, who was later found dead.

About two weeks later, a similar group shot at a group of four women working outside a bar in San Pedro Sula, killing:

  • Irina Marisela García Maradiaga
  • Irma Melisa Benítez Lewis
  • Sandra Liseth Aldana Pereza
  • Gabriela Alejandra Osorto

The latest incident took place on January 7, 2013, when Marco Noé López Castillo, a transgender sex worker, was abducted by gunmen wearing ski masks and body armor. Like many other victims in the region, her body was thrown away as garbage in a plastic bag. She had been bound, strangled, and repeatedly run over by vehicles.

These killings are part of an overall epidemic of gender-based violence in Honduras. In its report covering 2012, the Regional Human Rights Monitoring and Analysis Team in Central America (Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica) found the homicide rate against women in Honduras rose more than 18 percent over the 2011. This was the 8th straight increase. Most of the violence took place in urban areas similar to San Pedro Sula.

The Regional Human Rights Monitoring and Analysis Team in Central America also contains information on the horrific violence against the LGBT community is also horrific in the Honduras. The National Human Rights Commission of Honduras reported that at least 61 members of the LGBT community were killed between 2010 and 2011. (The National Autonomous University of Honduras reports 101 during the same period.)

While 92% of these cases are never resolved due to lack of investigation, the report found that those responsible, include “members of the National Police, the Municipal Police, relatives, security guards, and unknown individuals.” The report also highlighted San Pedro Sula as one of the cities with highest level of anti-LGBT violence.

While sex workers make up a small portion of women and LGBT individuals, they are more likely to be targeted with violence and less likely to receive protection. The information contained in Amnesty International’s Urgent Action makes it clear that these killings were carried out in an organized manner, with a similar modus operandi used in both of the December attacks.

Furthermore, the abduction and murder of Marco Noé López Castillo by men wearing ski masks and bulletproof vests clearly shows premeditation. The groups behind these abuses must be thoroughly investigated, disbanded, and punished. The Honduran government’s failure to do so following past killings has allowed these crimes to continue.

Please take action and tell the Honduran authorities that they must investigate the murder of these individuals and all other sex workers!

For more information on femicide – the murder of women in which gender was a motivation – in the “northern triangle” of Honduras, Guatemala and El Salvador, see a recent New York Daily News article. (Disclosure – I was a source for this article.)

Please also read the January/February 2014 issue of Amnesty’s WIRE magazine for information on AI’s upcoming My Body My Rights campaign, which will focus on sexual and reproductive rights in Nepal, El Salvador, Burkina Faso, Ireland and the Maghreb (Algeria, Morocco-Western Sahara, Tunisia).

Fuente: http://blog.amnestyusa.org/americas/the-most-dangerous-city-in-the-world-especially-for-sex-workers/

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ATAQUES Y HOMICIDIOS CONTRA TRABAJADORAS SEXUALES EN HONDURAS

Una trabajadora sexual transgénero fue hallada muerta en San Pedro Sula, norte de Honduras, el 7 de enero. Desde principios de diciembre se ha asesinado la ciudad a nueve trabajadoras sexuales. Deben emprenderse urgentemente investigaciones exhaustivas sobre estos ataques. Al atardecer del 7 de enero, un vehículo gris se aproximó a Marco Noé López Castillo, trabajadora sexual transgénero, en una calle del barrio de Barandillas, en San Pedro Sula, donde solía trabajar. Según la información publicada en los medios de comunicación, unos hombres armados, con chalecos antibalas y con el rostro cubierto por pasamontañas, obligaron a Marco Noé López Castillo a entrar en el vehículo. Hacia las cinco de la mañana, el cadáver de la trabajadora sexual fue hallado, dentro de una bolsa de plástico, en la carretera, en la zona de El Playón, San Pedro Sula. La habían estrangulado y tenía los brazos y las piernas atados a la espalda. Como parte de las investigaciones en curso, la policía mencionó que el cadáver había sido arrollado por varios vehículos. Desde principios de diciembre, la violencia contra las trabajadoras sexuales ha ido en aumento en San Pedro Sula. El 30 de diciembre, cinco trabajadoras sexuales fueron agredidas delante de un bar en el centro de la ciudad, donde trabajaban. Un monovolumen con al menos cuatro pasajeros se aproximó a las mujeres y abrió fuego contra ellas. Irina Marisela García Maradiaga (23), Irma Melisa Benítez Lewis (21) y Sandra Liseth Aldana Pereza murieron en el acto. Gabriela Alejandra Osorto (21) murió al día siguiente, mientras que otra mujer resultó herida pero sobrevivió al ataque. Dos semanas antes, en la madrugada del 13 de diciembre, cuatro trabajadoras sexuales fueron asesinadas en la zona de Medina, en el centro de San Pedro Sula. En circunstancias aún por aclarar, varios hombres salieron de un monovolumen y discutieron con las trabajadoras sexuales mientras las apuntaban con sus armas. La discusión duró unos minutos, al cabo de los cuales los hombres mataron a tiros a Ana María Sánchez Zaldívar (37), Doris Malene García (30) y Milagro Rosario Bonilla (52). La cuarta mujer del grupo, Zoila Yamileth Sánchez Zaldívar (30), fue secuestrada y más tarde fue hallada muerta con heridas de bala en la zona de El Polvorín. Los medios de comunicación informaron además sobre cinco homicidios de mujeres cometidos entre el 30 de diciembre y el 3 de enero en los departamentos tanto de San Pedro Sula como de Cortés. Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma: − instando a las autoridades a llevar a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre los homicidios de mujeres y trabajadoras sexuales en San Pedro Sula y Cortés (citen los nombres enumerados más arriba) y a llevar a los responsables ante la justicia; − pidiendo a la policía que tome todas las medidas necesarias para prevenir nuevos ataques y proteger a las trabajadoras sexuales que puedan correr peligro de sufrir ataques similares; − recordándoles que, de acuerdo con las normas jurídicas internacionales y nacionales, deben reforzar y poner en marcha todos los mecanismos para prevenir los crímenes de odio contra personas LGBTI y la violencia contra mujeres y niñas.

Fuente:

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Honduras: ‘They can’t clip our wings’

For over 30 years, COFADEH has been a beacon of hope for people whose rights have been violated.For over 30 years, COFADEH has been a beacon of hope for people whose rights have been violated.

© Amnesty International

Bertha Oliva, COFADEH’s founding member and general coordinator

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Bertha Oliva, COFADEH’s founding member and general coordinator

© Amnesty International

Human rights defenders at COFADEH in Honduras have been harassed and threatened

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Human rights defenders at COFADEH in Honduras have been harassed and threatened

© Private

Standing up for human rights in Honduras is dangerous. Journalists, lawyers, trade unionists, Indigenous and peasant farmer leaders have been killed because of their work to defend human rights.

For over 30 years, a group of human rights defenders in Honduras has been a beacon of hope for people whose rights have been violated.

Ebed Yanez, 15, left his house in Tegucigalpa late at night on 26 May 2012, without telling his parents. Riding his father’s motorbike without a licence, he went to meet a girl. But going out at night in the Honduran capital is dangerous. Ebed never came home.

The next day, his worried parents looked for him everywhere, until they found his dead body at the morgue. He had been shot.

Wilfredo Yanez, Ebed’s father, wanted justice for his son. He followed leads and collected evidence, putting himself at great risk. A few days later, Wilfredo discovered that soldiers had shot Ebed after he failed to stop at an army checkpoint.

Wilfredo complained to the Public Prosecutor, but he didn’t hold out much hope that they would help him. After the 2009 military coup, Honduras’ state institutions became even weaker than before. And the already worrying human rights situation worsened.

According to UN statistics, Honduras has the world’s highest murder rate, and only 20 per cent of all criminal cases are investigated. It is one of the poorest countries in the Americas, with 60 per cent of the population living in poverty.

The police are notoriously corrupt, and often linked to organised crime. As the drug trafficking cartels expand their reach, the authorities have responded by putting more soldiers on the country’s streets.

So like most victims of human rights violations in Honduras, Wilfredo also approached the Committee of Relatives of the Detained and Disappeared in Honduras (COFADEH) for help.

No strangers to danger
Standing up for human rights in Honduras is dangerous. Journalists, lawyers, trade unionists, Indigenous and peasant farmer leaders have been killed because of their work to defend human rights.

COFADEH’s activists have received text messages threatening them with sexual violence and been physically attacked. Their offices have been broken into many times. But none of this has stopped them promoting and defending human rights in Honduras for over 30 years.

The organization was founded in 1982 by the relatives of political activists, students and trade union leaders who were “disappeared” by the security forces during a previous military government.

Since then, it has continued to collect testimony from victims, protecting people at risk and supporting people who, like Wilfredo, are searching for justice.

Shot on a fishing trip
Visiting COFADEH’s office in central Tegucigalpa is a memorable experience. People wait patiently to tell their stories to their lawyers, hoping that they can help. Many have travelled far to get here.

Many victims of human rights abuses we spoke to said that they didn’t report crimes to the authorities because they don’t trust them and are scared. They prefer to file a complaint with COFADEH, who then pass it on to the prosecutors.

When Amnesty last visited the organization in May 2013, we met Wilmer Sabillón, a young man. A few weeks before, he had been shot by a navy officer during a fishing trip. Wilmer didn’t get proper medical help and is still recovering.

Wilmer was very relieved to have found COFADEH.  Within hours, it had arranged for Wilmer be examined by a forensic doctor. It also filed a complaint with Honduras’ Human Rights Prosecutor, and got the case moving through the legal system.

Throughout the day, a COFADEH representative stayed by Wilmer and his family’s side. And in August, a navy officer was officially charged with Wilmer’s attempted murder.

Keeping the memory alive
Wilmer is just one of many people COFADEH has represented. It has become the victims’ voice, and the place to go for people who want justice.

Passing on historical memory is also fundamental for its activists. They don’t want the state’s responsibility for around 200 disappearances in the 1980s to be forgotten.

Honduras has a very young population, and many are at risk of joining gangs. Under COFADEH’s wings, a national youth activist network has grown.

In workshops and seminars, seasoned human rights defenders now teach young people how to recognise and document violations. They encourage them to participate in their local communities, and to promote values such as equality and solidarity.

Bertha Oliva, COFADEH’s founding member and general coordinator, told us that young people are the organisation’s strength.

Hope and international support
International solidarity is just as important. In the main hall of COFADEH’s offices hangs a red banner with doves – their logo – sewn on it (see above). It’s a gift from Amnesty members in the UK, celebrating the organization’s 30th anniversary last year.

“People feel moved when they look at the doves,” Bertha told us. “Now more than ever, it’s important to keep the solidarity campaign going, and demand that the Honduran state respects human rights defenders’ work. They can try and clip our wings, but they won’t be able to”.

COFADEH are still supporting Wilfredo’s fight to get justice for Ebed. One soldier is currently detained and facing criminal charges.

As Honduras just elected a new president in November, the importance of their human rights work – and the risks they face – will grow. Please write a letter on their behalf – your words can help support and protect the members of COFADEH.

 

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“Defender los derechos humanos es un crimen en Honduras”: Berta Cáceres

Escrito por Redacción en Mar, 11/26/2013 – 10:41

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  • “No puedo hacer mi vida como antes cuando estaba en la oficina, […] participar en todo el proceso públicamente, […] salir del país para hablar y denunciar la situación de la que es objeto el COPINH en foros internacionales […]. Se me ha impedido ir a nadar a Río Blanco, que es algo para mí muy importante […] porque en el pueblo lenca su cosmovisión es compartir, las ceremonias y agradecer al río y a la tierra por todo lo que da”.
  • “Defender los derechos humanos es un crimen en Honduras. Están criminalizando el derecho a nuestra identidad y a la conciencia de uno mismo”: Bertha Cáceres, coordinadora general de COPINH y miembro del pueblo indígena lenca.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Bertha Cáceres, defensora de los derechos humanos, apenas tiene un momento de tranquilidad, en el que se libre de la preocupación de lo que le pueda suceder por defender los derechos de su comunidad, el pueblo indígena lenca. El peligro es tan grave que se ha visto obligada a esconderse. “Quieren llenarnos de terror”, ha dicho a Amnistía Internacional.
“No puedo hacer mi vida como antes cuando estaba en la oficina, […] participar en todo el proceso públicamente, […] salir del país para hablar y denunciar la situación de la que es objeto el COPINH en foros internacionales […]. Se me ha impedido ir a nadar a Río Blanco, que es algo para mí muy importante […] porque en el pueblo lenca su cosmovisión es compartir, las ceremonias y agradecer al río y a la tierra por todo lo que da”, ha manifestado.
Bertha está sufriendo intimidación y amenazas a causa de su labor como coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Esta organización lleva más de 20 años luchando para mejorar las condiciones de vida de su comunidad en Río Blanco, en el noroeste de Honduras. Desde 2011, COPINH ha hecho campaña por el derecho de la comunidad a dar su consentimiento libre, previo e informado respecto al proyecto de construcción de una planta hidroeléctrica que podría expulsar a esta comunidad indígena de sus tierras ancestrales.
Una campaña de terror
Como si no bastara con las constantes llamadas anónimas insultantes y los carteles de “se busca” que muestran su cara, Bertha Cáceres se ha enfrentado a cargos infundados y aparentemente falsos formulados contra ella. En mayo de 2013 fue acusada de llevar en su automóvil un arma sin licencia. Ella afirma que la colocaron allí los militares de un retén. El juicio por este cargo aún está en curso.
Unas semanas después de la formulación de esos cargos, el ejército hondureño mató a un colega de Bertha Cáceres, el dirigente indígena Tomás García, e hirió de gravedad al hijo adolescente de éste. Todo esto sucedió el 15 de julio, cuando se manifestaban contra el proyecto hidroeléctrico. En estos momentos, un soldado está siendo procesado penalmente en relación cono ese homicidio.
En agosto se inició otro procedimiento penal contra Bertha Cáceres y otros dos dirigentes de COPINH, Tomás Gómez y Aureliano Molina. Todos ellos fueron acusados de incitar a otras personas a cometer los delitos de usurpación, coacción y daños continuados contra la empresa que está tras el proyecto hidroeléctrico de Río Blanco. En realidad, según la información recibida por Amnistía Internacional, lo que hicieron fue expresar su oposición al proyecto durante una reunión.
“La situación se ha agravado mucho. Es muy preocupante y hay más ensañamiento”, ha manifestado Bertha Cáceres.  Las informaciones sobre ataques y acoso contra activistas como Bertha son habituales en Honduras, y las autoridades rara vez las investigan.
“No tenemos nosotros a dónde acudir y nos sentimos también en indefensión, vulnerables, porque no tenemos ninguna confianza en el sistema de justicia de Honduras”, ha declarado Bertha. “Defender los derechos humanos es un crimen en Honduras. Están criminalizando el derecho a nuestra identidad y a la conciencia de uno mismo.”
Terreno vedado para quienes defienden los derechos humanos
Amnistía Internacional y otra organización de derechos humanos han informado recientemente sobre una escalada de las amenazas y los abusos contra defensores y defensoras de los derechos humanos como Bertha. Según afirman, toda persona a la que se vea hablando en favor de comunidades marginadas se convierte casi sistemáticamente en blanco de intimidación e incluso ataques directos.
Ahora que se acercan las elecciones presidenciales en este país centroamericano, Amnistía Internacional ha escrito a la candidata y los candidatos para pedirles que formulen el compromiso explícito de dar prioridad a la protección de los derechos humanos y de las personas que los defienden.  “Quiero que las autoridades entiendan que las exigencias de los pueblos indígenas no es  caridad. Estamos pidiendo justicia, por nuestros derechos, y por lo tanto están obligados a garantizarlos, a respetarlos y a cumplirlos”, ha manifestado Bertha./Amnistía Internacional

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