Archivos para 3/07/15

DIALOGO PARA LA PAZ SOCIAL/ Comunicado Conferencia Episcopal

Jul 03, 2015

“Bienaventurados los que trabajan por la paz” (Mt. 5,9)

Nuestro país se conmueve ante tanta corrupción, violencia, hambre e impunidad. Desde hace tiempo muchos hondureños y hondureñas hemos venido denunciando la injusticia social.

La iglesia ha levantado su voz en múltiples ocasiones a través de la Conferencia Episcopal, Obispos, Presbíteros en sus diócesis, Vida Consagrada y fieles cristianos Laicos, profetizando, denunciando tanto pecado y anunciando el Reino de Dios, donde la justicia, el respeto a la vida y a la dignidad del ser humano, la promoción del bien común y la inclusión de los más necesitados sea una realidad.

No podemos ser indiferentes ante el clamor de un pueblo que llora sus muertos por tanta violencia; que sufre la pobreza por falta de empleo y ve partir a sus hijos en una migración forzosa que separa familias y desarraiga a las personas de su Fe y cultura.  Porque no hay que comer o la muerte por homicidio los acecha, devorando cada día a muchos hondureños.

Por eso, nosotros, miembros de la Conferencia Episcopal, representando al pueblo católico que peregrina en Honduras, nos unimos a todos los que luchan por una Honduras mejor y proclamamos que no podrá haber paz sin justicia social, fraternidad sin reconciliación, solidaridad sin compasión por los más pobres, armonía social sin erradicar la impunidad, ni proceso sin echar fuera la corrupción que tanto mal nos hace a todos.

En un país donde se han roto muchas reglas morales, jurídicas y laborales, a fin de beneficiar a pocos que se enriquecen indebidamente, creemos que se debe seguir por el valiente camino de erradicar el crimen organizado, la delincuencia y el consumo de drogas que causa tanta destrucción a los jóvenes y a las familias.

Es urgente y necesario el fortalecimiento institucional del Estado, en particular del Ministerio Público. No podemos callar ante el triste caso del Seguro Social donde miles fueron y siguen siendo víctimas.  Tampoco podemos callar ante la depuración inconclusa de la Policía Nacional, ante el sicariato, la extorsión o el mal llamado impuesto de guerra, que tanto hacen sufrir a la población.

En cualquier democracia, el único camino para solventar diferencias es el diálogo abierto, respetuoso y sincero, con capacidad de escucha y que provea soluciones concretas y verificables que beneficien a la sociedad. Todos debemos asumir nuestra cuota de corresponsabilidad en este momento crucial de nuestra historia. Agradecemos que la Comunidad Internacional quiera acompañarnos en este proceso, respetando nuestra soberanía y valores propios.

Hemos aprendido del Evangelio del Señor Jesús y de la Doctrina Social de la Iglesia, que el camino para alcanzar la dignidad de la persona humana y la inclusión de los más pobres – los desechables como dice el Papa Francisco -, consiste en vivir con un corazón infinitamente misericordioso que opta por salvar a todos y que sin rechazar a nadie busque el Reino de Dios.

 

 

CONFERENCIA EPSICOPAL DE HONDURAS

Tegucigalpa. M.D.C. 2 de julio de 2015.

 

 

 

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2206-comunicado-conferencia

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Tabla de unidades valorativas genera nuevas protestas en la UNAH

Jul 03, 2015

La aprobación de la tabla que regula las unidades valorativas que los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras pueden matricular cada periodo desató un nuevo proceso de lucha que ya incluye protestas y cierres de centros regionales.

La medida fue aprobada en la sesión de Consejo Universitario correspondiente al mes de junio, donde con 26 votos a favor y 11 en contra se ratificó la tabla que entrará en vigencia a partir del primer periodo académico del 2016.

Según la disposición los estudiantes que tengan un índice de 0 a 39% podrán matricular 12 unidades valorativas por periodo, los que tengan entre 40 a 59 matricularán 14, los de 60 a 69 accederán a 16, de 70 a 79 podrán asignar 20 y los de más de 80% tendrán opción a más de 25 unidades.

La tabla quedó conformada de esa forma luego de sufrir modificaciones debido a las sugerencias de los distintos sectores universitarios entre ellos: docentes, carreras y movimientos estudiantiles.

En respuesta a la normativa el movimiento estudiantil inició un nuevo proceso de lucha que ha dejado el cierre indefinido de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), en esta ocasión impulsado por uno de los sectores más afectados, que es el área de la salud que incluye a las carreras de Odontología y Medicina.

Propuestas fallidas

Durante el proceso de discusión de la nueva tabla de matrícula, docentes, coordinadores de algunas carreras y también movimientos estudiantiles presentaron propuestas ante las autoridades universitarias para que la tabla se modificara y no fuera tan excluyente.

Las sugerencias fueron presentadas, pero no generaron el eco que los estudiantes esperaban, por lo tanto la tabla se aprobó según la dirigencia del movimiento estudiantil sin un proceso de discusión con los estudiantes.

Como parte de la solicitud de los alumnos y alumnas es que se modificara la tabla pero bajo un pliego de criterios a cumplir por parte de las autoridades, que incluían facilidades de secciones, mejora académica y condiciones de los centros.

Pero ninguna de las sugerencias fue tomada en cuenta por las autoridades, en ese sentido el coordinador de la Federación de Asociaciones de Estudiantes (FAE) dijo a los espacios informativos de Radio Progreso que la medida es un apéndice más de las Normas Académicas que pretenden excluir a los estudiantes de la educación superior gratuita.

Córdova manifestó que la reforma aprobada por el Consejo Universitario forma parte de un plan de privatización de la educación que se ha visto reflejado a través de la exclusión, mediante el examen de admisión, reformas en los índices, entre otros.

Las autoridades universitarias han dicho en repetidas ocasiones que las reformas son parte del proceso de reestructuración de la universidad y que pretenden mejorar la calidad académica.

Ante la falta del diálogo que construya salidas consensuadas, la crisis se sigue agudizando en la universidad y es que representantes de una de las carreras más afectadas como lo es Odontología iniciaron una toma de instalaciones que hasta el momento mantiene el carácter indefinido.

Las carreras pertenecientes a las ciencias médicas sufrirán un fuerte impacto con la medida, debido a la limitación de asignaturas a matricular generando estancamiento en el avance de la carrera universitaria para sus estudiantes.

Futuro inmediato

A partir del cierre de las instalaciones de la universidad en la costa norte, Brayan Ochoa estudiante de Odontología y dirigente del movimiento en huelga, afirmó que la acción continuará hasta que se derogue la tabla aprobada.

En ese sentido la carrera de Odontología en conjunto con las demás asociaciones y movimientos estudiantiles convocaron a una asamblea el pasado jueves 2 de junio donde en conclusión general aprobaron la ampliación de la huelga y el involucramiento de todas las asociaciones.

Como reacción a la alternativa estudiantil, el director del centro Francisco Herrera aseguró que le tomó por sorpresa el cierre y dijo que él siempre ha estado dispuesto a conversar con el estudiantado.

Herrera también dejó claro que desde el centro no pueden modificar ni mucho menos derogar la tabla, pues las decisiones se toman a nivel de Consejo Universitario.

Pero manifestó su disposición de ser mediador y sugerir a las autoridades de tal instancia una salida al conflicto.

La próxima sesión de Consejo Universitario será hasta finales de julio y mientras eso sucede la UNAH-VS ya inició un nuevo proceso de huelga que por las características que lo definen es muy similar al que se presentó en octubre del año pasado que duró 16 días.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2207-tabla-de-unidades-valorativas-genera-nuevas-protestas-en-la-unah

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Recomendaciones de Comisión de la Verdad podrían abonar a solventar crisis en Honduras

Jul 03, 2015

La crisis actual en Honduras, que mantiene a miles y miles en las calles exigiendo que se instale una comisión internacional que investigue los actos de corrupción cometidos por la clase política y empresarial, y que despertaron la indignación de la ciudadanía por la quiebra del Seguro Social, requiere de respuestas estructurales y nos cosméticas, aseguran analistas.

Más de 7 mil millones de lempiras, unos 300 millones de dólares, fueron saqueados de las arcas del IHSS durante la administración de Porfirio Lobo Sosa, siendo presidente del Congreso Nacional y candidato a la presidencia, el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Para analistas, si el país hubiese retomado las 84 recomendaciones que la oficial Comisión de la Verdad y Reconciliación dejó luego de evaluar los hechos ocurridos antes, durante y después del golpe de Estado de 2009, que sacó a Manuel Zelaya Rosales de la presidencia, otra realidad pintara.

Para el doctor Rolando Sierra, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso, y quien el 2010 formó parte del equipo que trabajó el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se planteó la necesidad que la clase política hondureña y las instituciones democráticas del país asumieran medidas orientadas al fortalecimiento de la institucionalidad y democracia, para buscar una cultura de mayor participación ciudadana en Honduras.

“La crisis política y el golpe de Estado desnudó a la clase política, se vieron sus falencias, y hoy en día la población está demandando y luchando en función de cambios para país, pero cambios más de transformación. La  gobernabilidad sistemática que vive Honduras ha hecho cambios, pero que no ha transformado de manera profunda la institucionalidad, ni ha brindado visiones que apunten a las necesidades de la población. La clase política y el gobierno tienen que generar gobernabilidad democrática, que significa hacer nuevas reglas del juego para elevar los niveles de confianza y participación del Estado y la ciudadanía”, menciona el profesional.

Para Sierra, la clase política no ha asumido los retos que la sociedad hondureña tiene. En el informe se dejó claro que los temas a trabajar eran: el combate a la corrupción, el fortalecimiento al Estado de derecho, en perspectiva de luchar contra la impunidad, pero jamás se trabajó en ellas y ahora asistimos a un momento de crisis producto de ese mismo escenario.

Unidad de seguimiento

La comisión presentó dos informes, el año 2012 y 2013, de seguimiento a las recomendaciones. En el último se informó al gobierno que de las 84 recomendaciones dadas, únicamente se cumplieron 37. Tres de ellas destinadas a asuntos constitucionales, 15 sobre materia de derechos humanos, 5 sobre corrupción, 1 en Estado de derecho, 1 sobre el ámbito internacional, 6 de medios de comunicación, 4 en asuntos político electorales y dos en el ámbito del rescate de  la memoria.

“Quedaron en proceso  de cumplimiento 32 recomendaciones. Del total de las 84, cumplieron 37 y el resto están en proceso de cumplirse. Muchas destinadas a reformas al sistema de justicia y sobre medios de comunicación y libertad de expresión. No obstante, el nuevo gobierno no siguió trabajando con la comisión de seguimiento. Pero ha cumplido con nuevas recomendaciones, una de ella la aprobación de la Ley de Protección a Defensoras y Defensoras de derechos humanos”.

 

Sobre solicitar la instalación de una Comisión Internacional contra Impunidad, Sierra dice que en la recomendación número 47 se dijo al gobierno que era necesario solicitar a las Naciones Unidas, ONU una instancia de investigación para fortalecer la institucionalidad publica, a través del combate a la corrupción y el crimen organizado.

En aquel momento el mandatario Porfirio Lobo hizo la solicitud  a la Secretaría General de las Naciones Unidas y hubo respuestas. “Era una necesidad el fortalecer la institucionalidad del país, bajo la idea de la CICIG en Guatemala, reconociendo que hay un problema de institucionalidad que es histórico”.

Rolando Sierra es de la idea que Honduras necesitaba que el informe “Para que los hechos no se repitan”, lograra el fortalecer las instancias públicas y que los diversos sectores respetaran la ley. Al consultar si esa podría ser la salida, mencionó la necesidad de entablar un diálogo con todos los actores, viendo los resultados que la CICIG dejó y cómo se puede potencializar en Honduras.

Reformas institucionales 

El doctor en materia de derechos humanos, Joaquín Mejía aseguró a Radio Progreso que una de las cuestiones fundamentales que plantean varias de las recomendaciones de la CVR, es las reformas institucionales y normativas para el fortalecimiento de la  democracia y del  Estado de derecho. Una de ellas sobre los procedimientos para la elección de las máximas autoridades del país.

“Los partidos, sobre todo los tradicionales, van a querer tener su cuota de poder. En la última elección del Procurador de la República, el Consejo de la Judicatura, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y fiscales general y adjunto, los políticos han influido y esto ha llevado a que la institucionalidad esté secuestrada”, dijo Mejía.

El abogado Joaquín Mejía le recuerda al gobierno de Juan Orlando Hernández que es su obligación el cumplimiento de las recomendaciones, ya que estas se asumieron desde el Estado.  Sobre quién debe ahora darle seguimiento, el doctor en derechos humanos lamenta que instancia como el CONADEH no desempeñen esta función que según mandato constitucional debería de realizar para proteger los intereses de la ciudadanía.

Recomendaciones que aportarían en actual crisis 

Recomendación 33. El Estado de Honduras debe tomar las medidas correspondientes para reconocer públicamente que los defensores de derechos humanos de la sociedad civil cumplen una función de notorio interés público y asegurar que desarrollen su labor sin obstrucción ni acoso, ya sea de sus propios agentes o de particulares y vigilar porque se erradique cualquier práctica que tienda a criminalizar su trabajo.

Recomendación  35. Reglamentar el Convenio 169 de la OIT para asegurar el cumplimiento de los procedimientos de consulta a los pueblos indígenas y tribales respecto al uso y explotación de los recursos naturales en sus territorios.

Recomendación  37. Retomar el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC).

Recomendación  40. Los comisionados recomendamos que el Tribunal Superior de Cuentas continúe con las investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción cometidos durante la administración de José Manuel Zelaya y de Roberto Micheletti Baín vinculados a la crisis del 28 de junio de 2009.

Recomendación  46. Recomendamos que la Constitución debiera especificar que los procesos judiciales en contra de un funcionario del Gobierno deben ser públicos y registrados, la secretividad crea la posibilidad de que observadores imparciales puedan tener dudas genuinas con respecto al inicio de procesos judiciales. Por ello, la secretividad solo puede ser admitida por vía de excepción, en la etapa de investigación.

Recomendación  47. Los comisionados recomendamos al Gobierno de Honduras solicitar a la Organización de las Naciones Unidas considerar el establecimiento de una instancia internacional de investigación para fortalecer la institucionalidad pública en su capacidad de investigación de actos de corrupción y crimen organizado, cuyo mandato no debe ser inferior a cinco años de duración. Tal instancia o comisión debe someterse a un control estricto de legalidad y rendición de cuentas ante la sociedad hondureña e internacional.

Recomendación  52. Modificar los procedimientos de nombramientos de los funcionarios del TSE y RNP, reduciendo y hasta eliminando el peso que los partidos políticos tienen en la designación.

Recomendación 55. Mejorar los aspectos de uso racional y trasparente de los recursos de los partidos políticos.

Recomendación 57. Recomendamos reformar el procedimiento para seleccionar a los candidatos a magistrados al Tribunal Supremo electoral (TSE) para fortalecer la independencia del mismo, de forma que no sea integrada por activista o dirigentes de los partidos políticos.

Recomendación 60. El Tribunal Supremo Electoral debe tener una mayor intervención en la financiación no electoral y fiscalización de los gastos, a fin de garantizar la transparencia de las cuentas de ingresos y gastos de los partidos.

Recomendación  71. Instituir los mecanismos que garanticen la aplicabilidad y efectividad de la norma constitucional dirigida a proteger un derecho fundamental, como lo es la libre emisión del pensamiento.

Recomendación  74. Eliminar la práctica del pago dudoso a los medios de comunicación y agencias de relaciones públicas y de publicidad para construir una imagen favorable de Gobierno o de altos funcionarios, en particular de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Recomendación  80. Exigir que normas como la contenida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se cumplan y no sean utilizadas como un instrumento político que contravenga su propósito original.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2197-recomendaciones-de-comisi%C3%B3n-de-la-verdad-podr%C3%ADan-abonar-a-solventar-crisis-en-honduras

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Presidente se opone a la CICIH para evitar que lo investiguen, según analistas

Jul 03, 2015

En Honduras, la crisis se desarrolla en dos escenarios: el primero es las calles con las caminatas de las antorchas de la población indignada que al no encontrar respuesta han optado incluso por declararse en huelga de hambre. El segundo escenario es el montado por el gobierno convocando a diálogo al que han respondido los sectores afines.

La población indignada sigue exigiendo la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad que investigue y persiga a los involucrados en actos de corrupción, especialmente el del Seguro Social.

Pero para tener la posibilidad de instalar una comisión de esa naturaleza se necesita de mucha voluntad política de los gobernantes según dijo a Radio Progreso el coordinador de la Comisión Internacional de Juristas en Centroamérica, Ramón Cadena. Cadena es de Guatemala y conoce de cerca la experiencia con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

“El principal obstáculo es de voluntad política de los estados porque quiénes están en el poder tienen miedo que llegue una comisión de carácter internacional que finalmente los va a juzgar por los crímenes que están cometiendo, actos de corrupción o ejecuciones extrajudiciales o bien otros delitos, por eso el principal obstáculo para establecer una comisión de esta naturaleza es la falta de voluntad de los funcionarios” expresó Cadena.

Una necesidad

Según el abogado Guillermo López Lone de la Coalición contra la Impunidad, la Comisión Internacional contra la Impunidad es hoy en día una necesidad porque las instituciones del sistema de justicia prácticamente colapsaron.

“Que venga una Comisión Internacional contra la Impunidad para que participe directamente en la investigación y en la persecución penal de estos crímenes paradigmáticos y para que contribuya a fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público, de la policía nacional, y ampliar el mandato para que fortalezca también al poder judicial” aseguró Lone.

El sector oficial ha criminalizado la presencia de la Cicig en Guatemala argumentando que costó mucho tiempo su instalación, además de mucho presupuesto para tan pobres resultados.

“Si hay voluntad política para establecer esta comisión en Honduras no debería de ser más de medio año siempre y cuando se cuente con el apoyo de la comunidad internacional. Pero si es un acuerdo del propio Estado y el Estado lo está pidiendo, la comunidad internacional hará, creo yo, todos los esfuerzos ya que se trata de un apoyo a un Estado que tiene un problema serio” expresó Ramón Cadena.

Con relación a lo costos económicos, Cadena aseguró que el gasto es considerable. “Estas misiones son de un presupuesto alto pero la comunidad internacional, en base al principio de la cooperación, ha asumido un compromiso y de tal forma ha estado funcionando en Guatemala” manifestó el jurista internacional.

Hay condiciones

El abogado guatemalteco Ramón Cadena estuvo en el país disertando sobre el rol que debe jugar una Cicih en las condiciones en las que se encuentra el país.

“Yo diría que hay similitudes porque los niveles de impunidad en Honduras son también muy amplios, y solo ese índice de impunidad ya nos demuestra que hay un problema muy serio de falta de justicia. Sería interesante analizar los casos en los que no se logra una sentencia, casos de corrupción por ejemplo, casos de falta de independencia judicial” dijo Cadena.

Cadena agregó que no solo hay índices de impunidad altísimos, o sea falta de castigo, “tampoco se pueden llevar a los tribunales de justicia a funcionarios de alto nivel. La corrupción que hay en el país afecta seriamente a la sociedad hondureña así como también sucede en Guatemala”.

El diálogo

La propuesta de un diálogo social sin condiciones que hizo el gobierno se ha llevado una lluvia de críticas. “Desde que se plantea un diálogo social sin condiciones allí está la primera reserva. Hay un clamor, hay una exigencia de parte de diferentes sectores, no solo el sector de los indignados y las indignadas sino que de los mismos actores políticos que deberán cumplirse algunas condiciones mínimas” dijo Guillermo López Lone.

LEA Comunicado del Partido Liberal

Para Ramón Cadena, Honduras tiene un problema muy serio de impunidad, por lo tanto al requerir el apoyo a la comunidad internacional, no debería ser el tiempo un argumento para no aceptar una comisión como la comisión contra la impunidad” dijo Ramón Cadena.

En las calles, la población indignada plantea la necesidad que se instale en el país la Comisión Internacional contra la Impunidad, que se proceda a la destitución o a la renuncia del fiscal general y el fiscal adjunto, y que se crea un mecanismo de carácter especial para la elección de los magistrados y magistradas para la Corte Suprema de Justicia.

“Me parece que el diálogo está vacío, está vacío porque esperábamos una respuesta distinta si es que el gobierno iba a tener el atrevimiento, porque está desautorizado desde el punto de vista político, desde de punto de vista moral para poder convocarnos a un diálogo, es más, esa era una condición también, que el ejecutivo no interviniera en el diálogo” aseguró Guillermo López Lone.

Ramón Cadena cree que siempre habrá quiénes se opongan a que las cosas cambien porque se benefician de la situación actual del país. “La instalación de la Cicig en Guatemala llevó tres años. Tuvo muchos obstáculos. Habían grupos de extremistas que están vinculados al crimen organizado, al narcotráfico, que han tenido desde el inicio una oposición férrea, pero precisamente son esos grupos los que van a ser afectados por una comisión contra la impunidad” finalizó Ramón Cadena.

Recomendamos: Sobre el diálogo nacional

La OEA y la ONU apoyarán el dialogo propuesto por el gobierno, según fuentes oficiales. Según el ex fiscal del Estado Edmundo Orellana Mercado, el dialogo tiene que realizarse con intermediarios de estos dos organismos internacionales porque el gobierno no tiene legitimidad en este momento para la mayoría de la población que está exigiendo castigo a los corruptos en las calles. Sin embargo no puede ser un dialogo convocado por el presidente de la república.

Los puntos principales de un diálogo, según Orellana Mercado tendrían que ser: la instalacion de la CICIH, la destitucion del fiscal general y garantizar que las nuevas autoridades del poder judicial respondan a los intereses del pueblo y no a los intereses de los grupos de poder.

“El gobierno perdió el poder de convocatoria desde que el pueblo indignado ha salido a las calles, en ese caso debe ser con la ONU y la OEA el diálogo”, dijo Orellana.

Para el ex candidato del partido de oposición PAC, Salvador Nasralla, no se descarta un diálogo con el gobierno siempre y cuando se instale una comisión internacional contra la impunidad. Aseguró que su posición depende de lo que la gente está exigiendo en las calles.

“Si la ONU es un mediador en el dialogo entre las partes en conflicto, no le veo nada malo, pero no podemos pasar por alto la petición de los millones de hondureños que andan en las calles pidiendo la CICIH. Al presidente se le pasó la hora, nosotros como PAC pedimos un diálogo hace un tiempo para que se corrigieran las arbitrariedades que estaba cometiendo en un año y medio de gobierno, pero él no quiso responder al llamado y dijo que nos llamaría pero nunca lo hizo”, expresó Nasralla.

Desde el Frente Patriótico para la defensa de la constitución se ha estado trabajando para promover un diálogo nacional también para analizar problemas estructurales que afectan el país, no solo la corrupción. Jorge Illescas, miembro de este frente dijo que para iniciar el diálogo, los facilitadores que tendrían que ser de la ONU o la OEA, deben analizar la propuesta de Juan Orlando Hernández de crear un Sistema Hondureño contra la Impunidad y Corrupción, y analizar quiénes podrían ser los convocados y convocantes para buscar consensos.

“Hemos estado trabajando en promover un dialogo nacional porque siempre hemos creído que la indignación del pueblo hondureño es a razón del IHSS que solo es el detonante de todas las frustraciones del pueblo hondureño”, dijo Illescas.

Por su parte, la Coalición Nacional Opositora “Honduras es Primero” (PINU-SD, PLH, PAC, LIBRE), se reunió con el embajador de Estados Unidos, James Nealon y dejaron claros 4 puntos innegociables para ellos, incluida la negativa de participar en un diálogo provocado por el actual gobierno (por su falta de credibilidad), la instalación de una CICIH  a la mayor brevedad posible, reformas a la ley electoral que incluyan una segunda vuelta electoral, financiamiento a partidos políticos, y los aspectos de equidad e igualdad política; y la anulación de la reelección presidencial.

Gabriela Glen del movimiento los indignados en Tegucigalpa aseguró en un foro realizado en la capital para hablar sobre la instalación de una CICIH, que los ciudadanos hondureños están convencidos de que la CICIH es un cambio para Honduras, “yo creo que el estado debe de tener personas capaces con valores y compromisos para este país”, por lo que dicen no a un diálogo con una agenda impuesta por el gobierno sino que debe existir una agenda consensuada, ya que es la sociedad quien debe legitimar el diálogo y o el gobierno.

Miembros del movimiento de Indignados han dejado claro que no aceptan un diálogo promovido por el presidente Juan Orlando Hernández quien hasta ahora ha mostrado no tener voluntad política para llamar a una Comisión contra la impunidad, la principal exigencia de la gente en las calles. Sin embargo se ha aceptado que es importante un proceso de diálogo y que la Organización de Naciones Unidas puede ayudar a que éste se dé fuera de manipulación por parte del gobierno y autores políticos, económicos y sociales implicados en casos de corrupción en Honduras. El próximo martes, la oficina de Naciones Unidas en Nueva York recibirá un grupo de jóvenes en representación del movimiento de Indignados para hablar de sus exigencias, principalmente de la petición de una Comisión Internacional contra la Impunidad.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2200-falta-de-voluntad-pol%C3%ADtica-mayor-obst%C3%A1culo-para-instalaci%C3%B3n-de-cici-en-honduras-seg%C3%BAn-jurista-internacional

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Jóvenes e indígenas tolupanes indignados se alimentan del sueño de una Honduras sin corrupción e impunidad

Jul 03, 2015

Se han cumplido los primeros once días de la huelga de hambre contra la corrupción e impunidad. La huelga, que tomó como sede las cercanías de Casa Presidencial, tiene como objetivo lograr el castigo para todas las personas, entre ellas funcionarios del actual gobierno, implicadas en latrocino a las arcas del Instituto Hondureño de Seguridad Social –IHSS-, a través de la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad –CICIH-.

Los jóvenes indignados y en huelga de hambre están claros en su objetivo: iniciar un proceso de transformación democrática, el que incluye la reestructuración de los poderes del Estado, y para ello exigen que el Congreso Nacional inicie el proceso de juicio político para el Fiscal General y Fiscal Adjunto por su incapacidad y negligencia ante los casos de corrupción, y, en especial el saqueo de SIETE MIL MILLONES de lempiras al Seguro Social.

Los jóvenes indignados

Dos botes con agua, seis mangos, varios bolsos típicos elaboradores por él, y no más de cien lempiras  para pagar el bus hacia Tegucigalpa cargaba Gerson Suazo, joven originario de Santa Bárbara, el día que decidió viajar a la capital, lugar donde se inició la huelga de hambre contra la corrupción e impunidad.

Gerson, quien ante las carencias económicas para continuar sus estudios universitarios se ha dedicado a la artesanía, nos contó, mientras tomaba a sorbos el suero para mantenerse, que su hambre ahora es de justicia para las casi tres mil personas que perdieron la vida por falta de atención médica en el Seguro Social, consecuencia del desfalco que sobrepasó los siete mil millones de lempiras.

“Ahora podría estar en un lugar con aire acondicionado y comiendo papas fritas allá en Choluteca”, dijo entre risas Hernán Silva, el mayor de los tres indignados que han formado su propia comunidad frente a la valla de policías y militares que custodian Casa Presidencial.

Hernán este viernes cumplió seis días en huelga de hambre; sin embargo tuvo que ser hospitalizado porque su organismo se debilitó. Antes de ser trasladado a un centro asistencial, nos comentó que en lo único que ahora piensa y exige al gobierno de  Juan Orlando Hernández es la instalación de la CICIH.

La represión no nos debilita

German Ayala, originario de San Pedro Sula, padre de dos niñas y parte de los miles de hondureños desempleados, dice que sus deseos de ir construyendo un mejor país para sus hijas y las generaciones futuras es más grande que las intimidaciones y tortura psicológica que ejerce las fuerzas policiales y militares las madrugadas en que se han quedado solos en sus tiendas de campaña.

A pesar que en medios de comunicación y por parte de funcionarios de gobierno se daba la información que la huelga de los jóvenes se había suspendido con el retiro de Ariel Varela y Miguel Briceño, jóvenes que comenzaron esta acción hace dos semanas, Gerson, German, Erlin y los 7 tolupanes demuestran que la huelga sigue y que están firmes en su posición.

No al diálogo propuesto por Hernández

La Organización de los Estados Americanos –OEA- y la Organización de las Naciones Unidas –ONU- han anunciado que facilitarán el diálogo sin condiciones convocado por el mandatario nacionalista; el objetivo de la intervención en el diálogo sería fortalecer la institucionalidad democrática y combatir de manera integral la impunidad y la corrupción.

Sin embargo, Erlin Mejía, un joven indignado que viajó desde la ciudad de Danlí y que su protesta ha sido a través de ayunos ante su padecimiento de epilepsia, asegura que la única salida es la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, pues solo desde esa instancia habrá castigo para cada uno de los implicados en el saqueo al Seguro Social.

Tolupanes de San Francisco de Locomapa 

Vestidos con balandranes color verde, en honor a Cipriano Martínez último cacique de la Montaña de la Flor en Francisco Morazán quien murió la semana anterior, y cargando sus colchonetas, siete indígenas Tolupanes de la Tribu de San Francisco de Locomapa, en el departamento de Yoro, llegaron a Tegucigalpa para unirse a la huelga de hambre en contra la corrupción e impunidad.

“La huelga de hambre es indefinida, cansados y cansadas, al igual que los jóvenes indignados, de la corrupción que en sus comunidades se manifiesta a través del gozo de la impunidad con la que caminan los asesinos de los bienes naturales y de las personas que los defienden”, dijo don Ramón Matute.

Mientras era evaluado por una de las doctoras indignadas, don Santos Córdoba dejó claro que la lucha que ahora han iniciado está basada en la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y en el rechazo al diálogo sin condiciones propuesto por el gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández.

Alejandra Cabrera, indígena tolupana y primera mujer en integrarse a la huelga de hambre, demanda al Estado hondureño justicia en el asesinato de su madre María Enriqueta Matute, quien fue una incansable defensora de los derechos del pueblo tolupan y asesinada durante una toma que impedía se llevaran la madera y minerales de sus tierras.

Hasta la fecha, más de 100 indígenas han sido asesinados por defender sus territorios. Solo en 2013 fueron asesinados 3 miembros de la tribu San Francisco de Locomapa y 3 de la tribu Subirana, en el departamento de Yoro.

Alcalde Colinas, Santa Bárbara, se une en ayuno a la huelga de hambre

A pesar de las campañas de descrédito, algunas iniciadas desde el gobierno, la huelga de hambre de los jóvenes indignados y seis hombres y una mujer pertenecientes al pueblo tolupán, se fortalece.

Y es que al finalizar la tarde de este viernes, el edil del municipio de San José de Colinas, departamento de Santa Bárbara, Amable de Jesús Hernández, se incorporó a dicha huelga con un ayuno de tres días. Hernández, al igual que los demás indignados en huelga de hambre, le apunta a la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad –CICIH-, el fortalecimiento del Estado de Derecho, pero además, el respeto a la autonomía municipal.

“Nuestra condición de funcionarios públicos nos limita para estar de lleno en la huelga, estamos sujetos a una ley. Nos unimos a la exigencia para lograr la reconciliación del país, la CICIH vendría a garantizar el Estado de derecho”, dijo el edil.

Al campamento de los jóvenes y tolupanes indignados, también llegó el sacerdote Fausto Milla para expresar su solidaridad con la lucha en contra del gobierno de Juan Orlando Hernández, al que califica de corrupto y dictatorial.

La mañana del jueves se incorporó a la huelga Franklin Rivera, un joven de la ciudad de Tela que se mantenía en ayuno frente a las instalaciones de la alcaldía de dicha ciudad, también exigiendo la instalación de la CICIH.

Una muestra más de resistencia

Hoy, el pueblo hondureño está más unido que nunca; hay a quienes sorprende la determinación de cada hombre, mujer y jóvenes de salir a las calles a exigir un antídoto para la erradicar la bacteria de corrupción  y la impunidad.

Las manifestaciones de las antorchas, que durante un mes se han venido realizando a lo largo y ancho del país, y la huelga de hambre de once indignados es la gota que derramó el vaso de la atrocidades que gobierno tras gobierno ejercieron sobre  los hondureños y hondureñas, comenta Ana Ortega, feminista y doctora en ciencias políticas.

“Lo que dice es que todos los sectores están siendo golpeados por este gobierno, por este modelo. Creyeron que era una pataleta de inconformes, lo que está claro es que la sociedad hondureña ha despertado y no está dispuesta a tolerar más mentiras, más corrupción, más saqueo. Estos compañeros y compañera están resistiendo con su propia vida, creo que es una forma extrema de decirle a este gobierno que ya basta”, agregó, además se mostró inquieta por el papel de la comunidad internacional, que según ella, no está del todo claro.

El gobierno de Hernández se ha mostrado apático de cara a las demandas de la población, una actitud que no debe de asombrar. Nelson Pavón, defensor de derechos humanos y artista indignado, dice que la apatía de la administración nacionalista debe ser la punta de lanza para que los diferentes grupos sociales de oposición se sienten en una mesa para dialogar sobre las acciones que puedan fortalecer la lucha que los jóvenes iniciaron.

“Las decisiones del movimiento de indignados no pueden girar alrededor de dos o tres personas aunque hayan sido ellos los que iniciaron el proceso; yo creo que ya es el momento de sentarnos e ir identificando cuál puede ser el mecanismo para coordinar mucho mejor, una muestra de ello fue la descoordinación que hubo para definir el lugar hacia donde se dirigía la manifestación de hoy”, dijo Pavón.

Mientras las calles se siguen desbordando de indignación  por la inoperancia de un sistema de justicia politizado, Juan Orlando Hernández y sus aliados  quieren pretenden hacerle creer a la comunidad internacional que han abierto las puertas de la Casa Presidencial, cercada por vallas metálicas y custodiada por militares y policías, para iniciar un diálogo en el que en ningún momento se ha invitado a los verdaderos actores afectados: el pueblo.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2201-j%C3%B3venes-e-ind%C3%ADgenas-tolupanes-indignados-se-alimentan-del-sue%C3%B1o-de-una-honduras-sin-corrupci%C3%B3n-e-impunidad

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Por abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios es denunciado el presidente JOH

Jul 03, 2015

“Prometo ser fiel a la república,  cumplir y hacer cumplir la Constitución y las demás leyes”, estas palabras que Juan Orlando Hernández dijo cuando fue  juramentado como presidente de Honduras, se han roto  de acuerdo a una denuncia donde se argumenta que el mandatario nacionalista ha cometido los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios por nombrar a parientes en puestos públicos.

La denuncia fue interpuesta el pasado miércoles ante la Fiscalía de Defensa a la Constitución del Ministerio Público, por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)  donde también se presentó otra acusación en contra de la hermana del mandatario, Hilda Hernández, por el delito de usurpación de funciones.

Ambas denuncias se sustentan en la ilegalidad que habría en el nombramiento de Hilda Hernández, como ministra asesora de Estrategia y Comunicaciones, por su nexo consanguíneo en segundo grado con el presidente de la República, prohibición que está sustentada en el artículo 250 de la Constitución de la República.

“Además de presentar la denuncia y pedir la investigación hemos hecho una petición expresa  para  que se recuse  para conocer de este caso  al Fiscal General y adjunto, y al director de fiscales porque también tienen notorios vínculos con el presidente de la república y su hermana, por lo que su intervención constituiría un elemento más de deslegitimación del caso”, indicó el abogado Víctor Fernández del MADJ.

Aseguró que la denuncia fue sustentada con documentación que conllevaría a varias responsabilidades legales, por lo que además se pide se abra una investigación y que se permita al MADJ su intervención en el procedimiento investigativo y judicial.

En su relación de hechos, en la denuncia se  señala que Juan Orlando Hernández en su condición de presidente de la República, procedió a nombrar y a juramentar a su hermana Hilda Hernández como ministra asesora de Estrategia y Comunicación, mediante el decreto ejecutivo número PCM -001-2014, publicado el 22 de febrero de 2014, en el diario oficial La Gaceta.

Asimismo, establece que hay publicaciones en los medios de comunicación, viajes oficiales y documentos públicos, que sustentan que la funcionaria figura y se identifica como secretaria de Estado en el Despacho de Estrategia y Comunicación.

A manera de ejemplo, se acompaña el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Estrategia y Comunicaciones y el Registro Nacional de las Personas, suscrito en fecha 16 de febrero del año 2015.

La denuncia que estipula la comisión de los delitos, se fundamenta en el artículo 250 de la Constitución de la República, que reza que no pueden ser secretarios y subsecretarios de Estado, los parientes del presidente de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

La acción del MADJ, también invoca el artículo 321 de la carta magna, que establece que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.

Además de la violación a la Constitución de la República, se hace hincapié en otras leyes como al Código de Conducta  Ética de los Servidores Públicos, que en el artículo 13, refiere que el servidor público tiene prohibido designar parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad para que presten servicios en la institución directamente a su cargo, sea de manera remunerada o adhonorem.

“Le hemos  pedido al ministerio Público que salga de esa pereza que se encuentra  para que  ejerza  el proceso investigativo y esperamos que ejecute  una acción penal contra las personas involucradas en este hecho”, manifestó el abogado Fernández.

 

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2203-por-abuso-de-autoridad-y-violaci%C3%B3n-a-los-deberes-de-los-funcionarios-es-denunciado-el-presidente-joh

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La memoria es elemental para combatir la impunidad

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Hoy se realizó en  el séptimo plantón de este año, una las formas en que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, mantiene viva y actualizada la memoria histórica, con las conversaciones, relatos y preguntas que hacen las personas que se acercan al lugar que desde 1982, las madres con sus pañuelos blancos exigen al Estado, les rinda informe sobre sus parientes.

La Plaza Los Desaparecidos, es uno de los puntos de la Ruta de La Memoria que realiza el COFADEH, ubicada junto al Congreso Nacional y cerca de dónde está la antigua Casa Presidencial, en el centro de Tegucigalpa, y donde el primer viernes de cada mes, se colocan mantas con los rostros de los detenidos desaparecidos por el Estado hondureño.

En medio de un ambiente indignado por tantas violaciones a los derechos humanos, para el COFADEH, la memoria es elemental, porque un pueblo que olvida está condenado a repetir los mismos hechos, y son miles y miles de hondureños que se han sumado al clamor de combatir la impunidad, porque es un pueblo que no olvida.

Dicha impunidad, no sólo tiene que ver con los delitos de lesa humanidad sin investigar, sino con los niveles de corrupción en el país, pues no castigar a un violador de derechos humanos, es corrupción.

Denunciamos que el sistema de justicia cada vez es más deplorable en su aptitud, pues ¿Con qué confianza pueden recurrir los demandantes de justicia ante un sistema que no da ningún indicio de querer corregir sus errores? eso es impunidad.

Vemos a un pueblo indignado, que se iluminar las calles oscuras, con antorchas encendidas para disipar la impunidad, se ha ido a una huelga de hambre indefinida, desde el pasado 22 de junio, en los alrededores de Casa Presidencial, zona militarizada desde entonces.

La población se acerca al plantón, se solidariza y lamenta que en la actualidad vivíamos de igual manera que en la década de 1980, es como se viviéramos nuevamente la Doctrina de Seguridad Nacional, bajo el mando del escuadro de la muerte 3-16.

Pero el miedo se ha perdido, comenta un hombre que dijo conocer algunos de los rostros de los detenidos desaparecidos.

La situación está peor, manifestó una de las madres del COFADEH, mientras acompaña un instante, con unos medicamentos en su mano. Ella es doña Elvia Zelaya, madre de Roger Gonzales, desaparecido en 1988, y por lo que ella y otras madres y amigos de los detenidos desaparecidos, se mantuvieron en 23 días de huelga de hambre en el parque central de Tegucigalpa, su hijo sigue en la memoria de los estudiantes que en las paredes plasman su nombre.

Unas estudiantes de secundaria, tras preguntar el motivo de porque se realizan los plantones, han asegurado que el tema debe ser compartido con toda la juventud, porque cosas como estas no se pueden callar.

La población indignada cada vez se suma y suma, de tal manera que así como no se supo cómo empezó, no se sabe cómo terminará.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3612:la-memoria-es-elemental-para-combatir-la-impunidad-&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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Bajo fuerte militarización conmemoran tercer aniversario de la muerte de Gregorio Chávez

Friday, 03 July 2015 04:37 Written by  Marvin Palacios Published in Contexto Read 21 times

Las organizaciones de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán  alertaron a la comunidad nacional e internacional que la comunidad de Panamá ubicada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, ha sido nuevamente militarizada como un acto de intimidación hacia los líderes  y las lideresas de esta comunidad, en el marco del tercer aniversario del asesinato del líder comunitario Gregorio Chávez.

El 2 de julio del 2012, Gregorio Chávez, líder de esta comunidad fue secuestrado por supuestos guardias de seguridad de la Corporación Dinant, propiedad del extinto empresario y terrateniente Miguel Facussé.

El 7 de julio su cuerpo sin vida fue encontrado, semi-enterrado en la Finca Paso Aguán, que colinda con la comunidad Panamá, en este lugar hay extensas tierras de palma africana recuperadas por el movimiento campesino y que disputa la Corporación Dinant del terrateniente Facussé.

Gregorio Chávez era Delegado de la Palabra de la Iglesia Católica y campesino independiente muy querido por la comunidad de Panamá.

Gregorio Chávez

Hoy jueves 2 de  julio del 2015 y en el marco del tercer año del asesinato de Chávez, las organizaciones de la Plataforma Agraria realizaron una caminata para demandar justicia por la muerte violenta de su dirigente y que se castigue a los autores materiales e intelectuales del vil asesinato.

La caminata del movimiento campesino y popular en demanda de justicia, recorrió unos 7 kilómetros iniciando desde el puente del Aguán hasta la comunidad Panamá, luego visitaron la tumba del dirigente en el cementerio del municipio de Trujillo, en la costa norte.

La dirigenta de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Esly Banegas , dijo que “Gregorio Chávez fue un campesino que hace 3 años fue secuestrado por guardias de Miguel Facussé porque así lo afirma la comunidad y los que vieron ese hecho y que fuimos hasta el cementerio conmemorando estos 3 años exigiendo justicia, exigiendo que se castigue a los culpables y seguimos diciendo él fue encontrado atado, con una bolsa en la cara 3 días después en uno de los lotes manejados por Miguel Facussé en la finca Paso Aguán aquí en la aldea Panamá”.

Por eso estamos exigiendo justicia y que cese la impunidad, que los operadores de justicia no sigan enredándose con la oligarquía de este país y a favor de los terratenientes, expresó Banegas.

La dirigenta lamentó que el gobierno no haya querido resolver el conflicto de tierras en el Aguán que ha desembocado en el asesinato de más de un centenar de campesinos.

“Hoy como pueblo estamos exigiendo por la vida, por toda historia y por todo lo que este compañero representaba para las organizaciones y la lucha agraria de este país”, sostuvo Banegas.

Esly banegas 1

Alertamos a la comunidad nacional e internacional, organizaciones defensoras de derechos humanos y al movimiento social   y a la vez responsabilizamos a los guardias de seguridad de   Corporación Dinant, a la policía y al ejército de  cualquier hecho que pueda darse en contra de niños, niñas, mujeres, ancianos y jóvenes de las diferentes organizaciones que participamos en la caminata, advierte el comunicado difundido por la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán.

Panamá una comunidad que vive en constante amenaza

El golpe de Estado trajo consigo una brutal represión en el Aguán, las comunidades vivieron y viven actualmente un ambiente de zozobra promovido por la presencia de la Fuerza de Tarea Xatruch III y la Policía Nacional.

La Coordinadora de COPA y defensores y defensoras de derechos humanos han expresado en reiteradas oportunidades que los contingentes policiales y militares destacados en el valle del Aguán, no han traído la paz y la seguridad en la zona, por el contrario se han dedicado a hostigar y perseguir a dirigentes y dirigentes campesinas.

Por otro lado el movimiento campesino ha denunciado también que los operadores de justicia se han prestado a criminalizar la lucha por la recuperación de las tierras y que no han mostrado avances en las investigaciones para capturar y enjuiciar a los responsables de más de un centenar de campesinos asesinados.

La comunidad Panamá ha sido víctima de ataques con bala viva de parte de efectivos militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III, en ocasiones cuando los efectivos han cercado la finca Paso Aguán.

Dirigentes de la comunidad como Santos Torres han denunciado los abusos y las violaciones a los derechos humanos que han perpetrado agentes del Estado y lo ataques de los guardias de seguridad que prestan servicio a la Corporación Dinant.

Es a estos mismos guardias de seguridad a quienes la comunidad Panamá, responsabilizó del secuestro y asesinato del dirigente Gregorio Chávez y del crimen del campesino independiente José Antonio López Lara, encontrado enterrado en uno de los lotes de la finca Paso Aguán.

Jose Antonio López Lara

Familiares de López Lara ,de 47 años,  informaron en aquella oportunidad que su pariente  desapareció el domingo 29 de abril del 2012, en la comunidad de Rigores, cuando salió a pescar al rio para llevar alimento a su familia pero nunca más regresó.

Según relatos de su esposa Rosa Delia Gonzáles, ocho días antes de su desaparición López Lara, había sido amenazado con arma de fuego por guardias de seguridad de Miguel Facusse, quienes le advirtieron que si lo miraban nuevamente pescando no lo dejarían regresar con vida.

Su cuerpo fue encontrado dentro de la fosa clandestina, con una bolsita en la cual llevaba sus cuerdas para pescar y una gorra que le había dado su esposa para que se protegiera del sol.

Los restos del campesino López Lara, fueron exhumados el 26 de abril del año 2013 en la finca Paso Aguán, por un equipo de forenses guatemaltecos con el acompañamiento de defensoras de derechos humanos y autoridades judiciales del departamento de Colón.

Según la información preliminar de los expertos forenses, la osamenta presentaba signos fehacientes de que José Antonio López Lara fue torturado porque el hueso de su mano izquierda estaba totalmente desecho, de igual manera su cráneo fue desfigurado a golpes, antes de asesinarlo, para después enterrarlo dentro de una fosa clandestina.

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Honduras: Esposa de Padilla: Si querían ridiculizarlo se equivocaron de hombre // Caso Cuarta Urna: Auto de formal procesamiento para Rebeca Santos

viernes, 3 de julio de 2015

Cuatro días en el Centro Penal ha pasado el ex alcalde Roldolfo Padilla Sunseri.

Tiempo.hn/ Viernes, 03 Julio 2015 – 22::21 
SAN PEDRO SULA- “Siempre nos sorprende, si la intención era ridiculizarlo, se equivocaron de hombre, él es un hombre digno, humilde, que tiene su conciencia tranquila porque no se ha apropiado de fondos públicos y sobre todo no lleva en sus espaldas la muerte de miles de personas”, escribió ayer en su cuenta de Facebook la esposa del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri.

Laura Noriega de Padilla, quien le ha dado su apoyo al exalcalde desde que inició el juicio oral y público hasta que fue llevado al Centro Penal, donde permanece ha escrito en las redes sociales algunas incidencias del proceso que enfrenta su esposo.
En su cuenta de Facebook Laura de Padilla le agradece a sus seguidores y amigos las muestras de solidaridad para él y su familia. También les ha respondido que trasladará todas esas expresiones de solidaridad a Padilla Sunseri, quien ha recibido muchas visitas en el reclusorio.

El exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri, cumplió hoy su cuarto día en el Centro Penal, donde ha sido ubicado en un cuarto privado cerca de donde esta presa la exjefa de Control de Ingresos Ada Esperanza Muñoz Torres, por quien le libraron la nueva orden de captura.

Amigos que lo han visitado señalan que Padilla sigue siendo el mismo; un hombre fuerte que habla con tranquilidad y no se desespera, pero esta vez no puede esconder el daño que le han causado.

EL PRESTAMO
La Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción presentó una nueva acusación en contra del ex alcalde Rodolfo Padilla Sunseri (2006-2009) por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

Esa acusación la fiscalía la basa en un préstamo que el ex alcalde Padilla autorizó a al ex jefa de Control de Ingresos Ada Esperanza Muñoz Torres de 400 mil lempiras el cual, según los fiscales, lo hizo sin respetar los estatutos.

Pero los defensores preparan sus pruebas para presentarlas el lunes 6 de julio en la audiencia inicial donde están seguros que demostrarán que todos se hizo en base a ley.

Según se conoció la defensa presentará documentación de que el préstamo Ada Muñoz Torres lo solicitó el 24 de abril de 2008 y hasta en agosto de ese año se lo aprobaron.

El préstamo fue otorgado amparándose en la clausula 59 del contrato colectivo vigente desde el 2005 en el cual lo permite.

Las condiciones de ese préstamo debieron estar plasmadas en un reglamento que tenía que hacer la directiva del sindicato y la municipalidad sampedrana, pero nunca lo finiquitaron.
Es por eso que así como le aprobaron préstamos a la exjefa de Control de Ingresos otros empleados también obtuvieron esos beneficios no solo en la administración de Padilla Sunseri sino que en varias administraciones.

La fiscalía argumenta que un acta memorial de obligaciones se especifican las condiciones para los préstamos y prohíbe los  mayores a siete salarios mínimos, pero dicha acta según los defensores era de 1999 y con el contrato colectivo del 2005 ya había perdido vigencia.

De lograr acreditar con pruebas que el ex alcalde Rodolfo Padilla Sunseri no cometió los delitos podrá salir de prisión, pero si el juez resuelve que hay suficientes indicios de su participación en los hechos continuará con la prisión preventiva.
JULIO
El ex alcalde Roldolfo Padilla Sunseri conocerá en este mes de julio si es condenado en un juicio o declarado inocente.

Laura Noriega ha agradecido en su cuenta de Facebook las muestras de solidaridad con Padilla Sunseri.

 http://tiempo.hn/nacion/item/38622-esposa-de-padilla-si-querian-ridiculizarlo-se-equivocaron-de-hombre 

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Caso Cuarta Urna: Auto de formal procesamiento para Rebeca Santos

Tiempo.hn/  Viernes, 03 Julio 2015 – 17:23 TEGUCIGALPA-

Dictan auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas para la exministra de Finanzas Rebeca Santos, desición que ha sido tomada en horas de la tarde de hoy viernes por el juzgado competente del Distrito Central.

EN HORAS TEMPRANAS SE INFORMÓ
El Juzgado de Letras de lo Penal de Comayagüela suspendió la audiencia que estaba programada para este viernes contra la exministra de finanzas, Rebeca Santos, acusada por despilfarro de fondos públicos para el proyecto de la cuarta urna.
Rebeca Santos fue ministra de Finanzas en el período 2008-2009, en el gobierno del presidente Manuel Zelaya, derrocado en un Golpe de Estado en el 2009. A la exministra de finanzas se le acusa de fraude en relación a 30 millones de lempiras que fueron utilizados del Fondo Hondureño de inversion Social (FHIS) para contratación de publicidad.
Además es acusada por los delitos de abuso de autoridad y fraude, se presentó a la audiencia inicial a finales de junio. La audiencia estaba programada para la mañana de este viernes a las 9:00 de la mañana.
Santos se presentó este viernes a la audiencia de evacuación de pruebas ante un juez en los Juzgados Unificados de Francisco Morazán, en la capital de Honduras, pero la audiencia fue cancelada y será trasladada para la semana entrante.

20150703163048

Auto de formal procesamiento para la exministra.

 http://www.tiempo.hn/nacion/item/38504-honduras-suspenden-audiencia-a-rebeca-santos

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Honduras: Huelguistas y organizaciones de DD.HH. presentan recurso de amparo por violación de derechos constitucionales

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SE PRESENTA RECURSO DE AMPARO POR DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS PARA PROTEGER Y GARANTIZAR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, REUNIÓN, ASOCIACIÓN, INTEGRIDAD FÍSICA, IGUALDAD, CON EFECTOS ERGA OMNES
Señores/as Magistrados/as de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
Nosotros  HEDME CASTRO con identidad 0601-1957-01131 en representación de ACI Participa; JUAN ALMENDAREZ BONILLA con identidad número 0501-1939-01020 en representación del Centro de Prevención de la Tortura (CPTRT); RIGOBERTO ULLOA CARBAJAL con identidad 0801-1953-03774 en representación del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos; MATÍAS SAUCEDA MONCADA con identidad 0801-1963-00279 en representación del Centro de Investigación y Protección de Derechos Humanos; ARIEL EDGARDO DÍAZ con identidad número 0801-1997-20432 en representación de la Juventud por la Defensa de los Derechos Humanos (JDH); EDY TÁBORA con identidad 0423-1983-00065 en representación del Centro por la Libertad de Expresión (C-Libre); YESSICA TRINIDAD con identidad número 0801-1977-07545 en representación de La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDH); HERMES ANIBAL REYES NAVARRETE con identidad número 0801-1975-03077 en representación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ); GILDA MARÍA SIERRA con identidad número 0801-1956-01260 en representación del CENTRO DE DERECHOS DE LA MUJER (CDM); asistimos con todo respeto a su despacho, abogando por los derechos de GERMAN ENRIQUE AYALA FIGUEROA con identidad 0501-1972-07915, FRANKLIN MARTÌN RIVERA ALVA con identidad 0107-1990-01667; RAÚL HERNÁN SILVA MARTÍNEZ con identidad 0801-1970-05333; todos mayores de edad y hondureños, por otra parte de los derechos de RAMÓN SANTIAGO MATUTE AVILA con identidad número 1801-1971-00761, SERGIO ÁVILA 1801-1980-01957; SANTOS ANTONIO CÓRDOVA con identidad 1801-1968-00530; JOSÉ MARÍA PINEDA con identidad 1803-1958-00306; JUAN SAMUEL MATUTE ÀVILA con identidad 1801-1990-00656; ALEJANDRA ANTONIA CABRERA con identidad número 1801-1997-03523 y DARLIN ERMILIO SOTO con identidad número 1801-1980-000883, todos hondureños mayores de edad, con domicilio en el municipio de Yoro, departamento de Yoro, y de la Tribu de “San Francisco de Locomapa” del pueblo Tolupan:
I. Hechos contra los que se presenta el Recurso de Amparo
Primero: Desde el día miércoles 24 los señores GERMAN ENRIQUE AYALA FIGUEROA, FRANKLIN MARTÌN RIVERA; RAÚL HERNÁN SILVA MARTÍNEZ, se encuentra en Huelga de Hambre en una calle cercana a la Casa Presidencial.
Segundo: El día martes 30 de junio de 2015 los señores RAMÓN SANTIAGO MATUTE AVILA, SERGIO ÁVILA, SANTOS ANTONIO CÓRDOVA; JOSÉ MARÍA PINEDA; JUAN SAMUEL MATUTE ÁVILA; DARLIN ERMILIO SOTO y la señora ALEJANDRA ANTONIA CABRERA; todos de la de la Tribu de “San Francisco de Locomapa” del pueblo Tolupan, se incorporaron a la Huelga de Hambre. A partir de su incorporación algunos parientes han recibido amenazas a muerte.
Tercero: El día viernes 26 de junio de 2015, se realizó una manifestación por parte de miles de hondureños, en las denominadas “Manifestaciones de la Antorchas”, que llegaron hasta el lugar donde se realiza la huelga. Ese día cientos de militares y policías desde horas tempranas se formaron en el estacionamiento de casa presidencial. Ese mismo día se observaron francotiradores en edificios cercanos al lugar donde se encuentra instalada la Huelga de Hambre. Esto coloca en peligro la vida y la integridad física y psicológica de las personas que participan en la huelga de hambre y las personas que se manifiestan en las manifestaciones de las antorchas.
Cuarto: Ese mismo día 26 de junio y el día domingo 28 de junio de 2015, miembros/as del partido Nacional efectuaron manifestaciones en la calle, pero sin que el Estado enviara militares y policías para controlar la manifestación o ni intimidarlos. Esto a diferencia de lo que ocurrió con la “manifestación de las antorchas”.
Quinto: El día 27 de junio de 2015, el señor Miguel Briceño que se encontraba en Huelga de Hambre, fue agredido por un miembro de la Policía Nacional por lo que luego de esto salió se retiró de la misma por temor a que se continuara las agresiones.
Sexto: Todas las noches y madrugadas a partir del comienzo de la Huelga de Hambre, pasan vehículos por el lugar de la Huelga, y las personas que abordan los mismos, intimidan, acosan y pasan a una excesiva velocidad sin que los Agentes de Autoridad Pública hagan algo para detener esta situación.
II. MEDIOS DE PRUEBA PARA ACREDITAR LOS HECHOS MENCIONADOS
Fotografías.
DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN VIOLADOS O ESTÁN EN PELIGRO
Huelga de hambre
La huelga de hambre es una herramienta de denuncia y protesta que emerge con fuerza cuando las demandas sociales colisionan con un Estado que ve agotada su capacidad de respuesta. En el caso de Honduras, la impunidad frente a los graves casos de corrupción y los casos de homicidios y asesinatos.
En este sentido, la huelga de hambre es una forma de protesta social pacífica y extrema al mismo tiempo, en la que se tensionan valores centrales del individuo, como la vida y la libertad, porque vida y libertad se contienen en la esencia de la dignidad humana.
Los elementos que comprende la huelga de hambre como forma de protesta son una “decisión voluntaria” de privarse de alimento hasta la muerte (como horizonte probable y no como objetivo necesario); “la finalidad” de conseguir el reconocimiento efectivo de un derecho juzgado, conculcado o no admitido, en este caso el de obtener una respuesta a la impunidad en los graves casos de corrupción; “el procedimiento” de presión sobre una persona o una institución causante de la injusticia reclamada, en este caso sobre el Poder Ejecutivo para que entre a un diálogo y que el Ministerio Público ejerza la acción pública en todos los casos que impliquen casos de corrupción.
“Causa justa”: se requiere que el bien que se reivindica, además de justo[1], sea de amplio alcance social, que considere “un consenso general en demandar ese bien o bienes”, todos y todas las hondureñas están y estamos en contra de la corrupción.
v DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El derecho a la protesta emana de la esfera de la libertad de expresión. Esta definición tiene gran importancia para la investigación, pues aclara que el contenido del derecho a la libertad de expresión va más allá, es decir, que se lo puede percibir también en el derecho a la reunión, de asociación, trabajo, instrucción, cultura, enseñanza y en toda expresión humana, por lo que se inserta dentro de esta definición el derecho a la protesta.[2]
En el entendido de que, la libertad de expresión se manifiesta también en el derecho de protesta y entendiéndose a ésta como queja o disconformidad, se dirá que existen o pueden darse dos tipos de protesta, éstas son: individual y colectiva. Ambas manifestaciones del derecho de protesta pueden ser ejercidas por cualquier persona, sin discriminación alguna, puesto que se trata de un derecho consagrado con criterio universal, pues, en primer lugar, corresponde a toda persona, es decir, toda persona natural o moral, nacional o extranjera, domiciliada o no en el país, de derecho público o de derecho privado, estatal o no estatal. En segundo lugar, el derecho de protesta puede expresarse libremente, sin limitaciones ni restricciones, salvo aquellas que derivan del derecho de los demás y del orden público o social. Por lo precedente el derecho de protesta se ejerce universalmente por todas las personas sin discriminación alguna, además de que cualquier individuo pueden expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones sin restricción alguna, salvo aquellas derivadas del derecho de los demás y del orden público y del bien común.[3]
Ø  La Constitución de la República establece este derecho:
Art. 72: Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura.
Ø  Ley de libre emisión del pensamiento
ART. 1: Ninguna persona puede ser inquietada o perseguida por sus opiniones. Las acciones privadas que no alteren el orden público o que no causen daño a terceros, estarán fuera de la acción de la ley.
Art. 2: Las libertades de expresión del pensamiento e información son inviolables (…)
Ø  Declaración Universal de Derechos Humanos
Art. 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Ø  Convención Americana de Derechos Humanos
Art. 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
Ø  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Art. 19. (…) 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones (…)
SE PRESENTA ESTE RECURSO POR ESTE DERECHO PARA QUE SE RESTITUYA EL DERECHO VIOLADO
Los señores GERMAN ENRIQUE AYALA FIGUEROA, FRANKLIN MARTÍN RIVERA; RAÚL HERNÁN SILVA MARTÍNEZ, RAMÓN SANTIAGO MATUTE AVILA, SERGIO ÁVILA, SANTOS ANTONIO CÓRDOVA; JOSÉ MARÍA PINEDA; JUAN SAMUEL MATUTE ÁVILA; DARLIN ERMILIO SOTO y la señora ALEJANDRA ANTONIA CABRERA; desde el inicio han querido instalarse frente a casa presidencial, que es un bien colectivo, es decir de todos y todas las hondureñas, pero los miembros de la policía nacional y de las Fuerzas Armadas no lo han permitido.
COMO LA HUELGA DE HAMBRE ES UNA MANERA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, SOLICITAMOS QUE SE ORDENE QUE SE RESPETE EL DERECHO A EXPRESAR ESTE DERECHO EN EL ESPACIO PÚBLICO QUE SE QUIERA.
SE PRESENTA ESTE RECURSO POR ESTE DERECHO PARA QUE SE MANTENGA Y RESPETE EL DERECHO  A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SE PREVENGA LA VIOLACIÓN AL MISMO
Los agentes la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, le han manifestado a las personas que están en el lugar que en cualquier momento los van a desalojar del espacio físico en el que están ahora, por lo que se pone en peligro la Libertad de Expresión.
En este caso es un derecho que se exige una tutela preventiva, sencillamente porque vulnerado son de difícil o imposible reparación posterior.
Los señores GERMAN ENRIQUE AYALA FIGUEROA, FRANKLIN MARTÌN RIVERA; RAÚL HERNÁN SILVA MARTÍNEZ, RAMÓN SANTIAGO MATUTE AVILA, SERGIO ÁVILA, SANTOS ANTONIO CÓRDOVA; JOSÉ MARÍA PINEDA; JUAN SAMUEL MATUTE ÁVILA; DARLIN ERMILIO SOTO y la señora ALEJANDRA ANTONIA CABRERA; mediante la presencia constante de Militares y Policías en constante intimidación, con equipos de desalojo frente a ellos todos los días y todo el día se sienten intimidados y amenazados en su vida e integridad física y psicológica.
POR EL HECHO DE LA PRESENCIA POLICIAL Y MILITAR CON LOS MEDIOS PARA LA REPRESIÓN EN MANIFESTACIONES, EN CUALQUIER MOMENTO SE PUEDE PROVOCAR UNA REPRESIÓN VIOLENTA POR LO QUE ES NECESARIO QUE SE ORDENE QUE NO SE VAYA A PROVOCAR ESTA SITUACIÒN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES PUES SE TRATA DE MANIFESTACIONES VIOLENTAS.
v DERECHO A LA ASOCIACIÓN Y REUNIÓN
    El derecho a la libertad de expresión constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, pues es indispen­sable para la formación de la opinión pública y es una conditio sine qua non para que, quienes deseen incidir sobre la colectividad y las políticas públicas, puedan de­sarrollarse plenamente.[4] De esta manera, ante la falta de cumplimiento de dicha promesa constitucional, «el derecho a protestar aparece así, en un sentido importante al menos, como el “primer derecho”: el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos».[5]
Por su cercanía al nervio democrático, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, como un mecanismo de intercambio de ideas y reivindicaciones sociales, su­pone el ejercicio de otros derechos conexos reconocidos constitucional y convencionalmente, como el derecho de asociación y reunión, y el de manifestación pública y pacífica (artículos 72, 78 y 79 constitucionales, y 13, 15 y 16 de la Convención Americana).
‒        Constitución de la República
Art. 78. Se garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres.
SE PRESENTA ESTE RECURSO POR ESTE DERECHO PARA QUE SE GARANTICE Y RESPETE EL DERECHO  A LA ASOCIACIÓN Y REUNIÒN
Este derecho de reunión lo están tratando de ejercer las personas que están en Huelga de Hambre sin sufrir atentados a sus derechos humanos, pero miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con todos los instrumentos de represión de una protesta pública, se han colocado frente a los manifestantes, como el viernes pasado 26 de junio de 2015. De no protegerse y garantizarse previamente este derecho podría generarse graves violaciones a los derechos humanos de muchos hondureños.
En este caso es un derecho que se exige una tutela preventiva, sencillamente porque vulnerado son de difícil o imposible reparación posterior.
DERECHO A LA SEGURIDAD INDIVIDUAL
La Seguridad Pública (SP), en Honduras tiene la categoría de un derecho fundamental[6], este derecho equivale a la tranquilidad, es decir, a poder disfrutar sin riesgos, sobresaltos ni temores de los demás derechos constitucionales (como los de libre circulación, propiedad, vida, salud e integridad física, etc.), vale decir, sin sufrir daños o perturbaciones en las personas o en los bienes. Implica el deber del Estado a resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia[7]. Es decir que como manifestación cotidiana, la seguridad pública se refiere a la seguridad física y psicológica de las personas frente a las amenazas o agresiones físicas por parte de otras personas. Enfatiza también el imperio de la ley, lo que implica tanto la aplicación efectiva de la ley por parte del gobierno como la seguridad de las [personas] frente a la coerción ilegal por parte de las fuerzas del Estado. Los orígenes de las amenazas a la seguridad pública son principalmente el crimen [de personas privadas y agentes del estado], la violencia, el terrorismo [ya sea público o privado] y las instituciones caracterizadas por su incompetencia, corrupción e impunidad[8].
Es por ello que el derecho a la SP, impone dos consecuencias: el derecho a exigir una acción preventiva por parte del Estado, a fin de impedir atentados contra los derechos constitucionales, provengan éstos de particulares o agentes públicos, y el derecho a exigir, también, una acción represiva si se producen  los ataques no evitados, para castigar a los infractores (…) Surge pues una obligación constitucional del Estado de programar un sistema de protección de los derechos personales[9]. En este sentido [entendemos] la seguridad como un derecho humano (…) Su reconocimiento desde las Declaración Americana[10] y Universal[11] , exige que la seguridad sea siempre abordada como un tema de ddhh.
Se ha observado en edificios cercanos a la Huelga de Hambre, personas apostadas como francotiradores, no se sabe si son autoridades públicas o se trata de personas privadas.
SE PRESENTA ESTE RECURSO POR ESTE DERECHO PARA QUE SE MANTENGA Y RESPETE EL DERECHO A LA SEGURIDAD PÚBLICA
Los agentes policiales y militares omiten proteger a personas que se estaban manifestando, por lo que están omitiendo como autoridades el derecho de toda persona a la seguridad personal. Este es un derecho que se exige una tutela preventiva, sencillamente porque vulnerados son de difícil o imposible reparación posterior.
Las autoridades no han investigado la presencia de estos francotiradores.
v DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA
Esta parte se desarrolla a partir del derecho a la integridad física y psicológica que tiene toda persona, si bien es cierto no se cuenta con un marco legal amplio que nos establezca de manera positiva el desarrollo de este derecho, sino que por el contrario el mayor parte de las normas lo establecen como prohibición de la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes.
El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica la preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales[12].
MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE EL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA
Art. 68: Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral (…)
MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA
Existen disimilitudes en la forma como los instrumentos internacionales que constituyen el marco principal de referencia, abordan la protección de dicho derecho. Curiosamente, ni la Declaración Universal de Derechos Humanos ni la Declaración Americana ni el Pacto Internacional de los Derecho Civiles, reconocen expresamente el derecho a la integridad personal como tal. No obstante, es evidente que la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal de la prohibición de tortura y trato cruel e inhumano, prevista en el artículo 5 de la Declaración Universal y 7 del PIDCP.
El artículo 5.1 de la Convención Americana consagra expresamente el derecho a la integridad personal y hace un aporte valioso a la definición de su contenido, al precisar qué comprende la “integridad física, psíquica y moral”[13]. La Corte IDH, ha dicho:
Párr. 85. El artículo 5 de la Convención consagra uno de los valores más fundamentales en una sociedad democrática: el derecho a la integridad personal, según el cual “[t]oda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”, y quedan expresamente prohibidos la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En lo que se refiere a personas privadas de la libertad el propio artículo 5.2 de la Convención establece que serán tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. De conformidad con el artículo 27.2 de la Convención este derecho forma parte del núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes. En tal sentido, los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que sean tan pobres que no respeten la dignidad inherente del ser humano[14].
También la Corte IDH, ha manifestado que este derecho es esencial para el disfrute de la vida humana[15].
La Declaración Americana no sólo carece de una disposición que reconoce el derecho a la integridad personal, sino que también carece de una prohibición expresa de tortura y trato cruel, inhumano y degradante. No obstante, su primer artículo consagra el derecho de toda persona a “la vida, la libertad y a la seguridad de su persona”[16]. La CIDH considera que el concepto de seguridad personal comprende la integridad personal. En una oportunidad manifestó “(…) que la tortura física o moral no se justifica en modo alguno, por ser atentatoria contra la dignidad humana y viola la integridad de la persona, cuya defensa está consagrada en el Artículo 1 de la Declaración Americana”[17].
SE PRESENTA ESTE RECURSO POR ESTE DERECHO PARA QUE SE MANTENGA Y RESPETE EL DERECHO  A LA INTEGRIDAD FÍSICA
La presencia de cientos de policías y militares el viernes anterior 26 de junio de 2015, coloca en serio peligro el derecho a la vida e integridad física, pues hay agentes policiales y militares que andan con armas de fuego, y militares y policías con todo el equipo para reprimir las protestas sociales, cuando las mismas son y han sido totalmente pacíficas. Esto puede vulnerar seriamente los derechos mencionados.
Este es un derecho que se exige una tutela preventiva, sencillamente porque vulnerados son de difícil o imposible reparación posterior.
v  DERECHO A LA IGUALDAD
La Constitución de la República en su artículo 60 establece: “Todos los hombres y mujeres nacen libre e iguales en derechos”.
Este artículo Constitucional no se cumple cuando el Estado a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se presentan a las “manifestaciones de las antorchas”, en actitud intimidante y amenazante, con equipos de desalojo y represión de protestas, a contrario sentido de lo que sucede en las manifestaciones del los simpatizantes del partido Nacional. LO QUE PRODUCE UNA DISCRIMINACIÒN Y CON ELLO DESIGUALDAD EN EL TRATO.
OBLIGACIONES DEL ESTADO FRENTE A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
De acuerdo con la Convención Americana el Estado tiene las obligaciones siguientes en cuanto a los Derechos Humanos:
De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos el Estado tiene las obligaciones siguientes:
Art. 1. Los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (…)
Art. 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
Es decir que estos artículos aplican para la protección de los derechos humanos de las personas que participan en una huelga de hambre o que asiste a un lugar para obtener información para transmitirla a la población.
El autor hondureño Dr. Joaquìn Mejìa R.[18] en su libro “Una Mirada a la Justicia Constitucional hondureña, desde la óptica de los Derechos Humanos”[19], desarrolla las obligaciones del estado en materia de tutela efectiva de derechos humanos:
El doble papel de la judicatura: de jueces nacionales a jueces interamericanos: Lo desarrollado hasta aquí deja establecido que el clá­sico principio de «imperio de ley» se actualiza a «imperio de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos»; pero, además, que la «supremacía constitucional» actualiza y configura la «supremacía con­vencional». En este sentido, los jueces y juezas tienen la obligación de ejercer el control de constitucionalidad y de convencionalidad, lo que implica, bajo el prisma del principio iura novit curia, que deben conocer y aplicar el derecho nacional e internacional en los casos que son sometidos a su conocimiento.
Tomando particularmente en cuenta nuestro sistema regional de protección, las juezas y jueces hondureños se convierten en jueces interamericanos, en auténticos guardianes de la Convención Americana, de sus Protoco­los adicionales y de otros instrumentos interamericanos de derechos humanos, y de la jurisprudencia de la Corte IDH que interpreta dicha normatividad; pero el juez o jueza no solo debe aplicar la jurisprudencia que nace de aquellos casos en los que el Estado de Honduras es parte, sino también de aquellos donde no sea parte, «ya que lo que define la integración de la jurisprudencia de la Corte IDH es la interpretación que ese Tribunal Interamericano realiza del corpus juris interamericano con la finalidad de crear un estándar en la región sobre su aplicabilidad y efectividad»[20].
En este sentido, es esencial que jueces y juezas hon­dureñas tengan claro, al momento de aplicar el derecho y la jurisprudencia a casos concretos, que los tratados internacionales de derechos humanos obligan al Estado de Honduras a respetar y garantizar los derechos re­conocidos en ellos. La obligación de respetar tiene un carácter negativo en cuanto comprende, fundamentalmen­te, el deber del Estado de abstenerse de interferir en el ejercicio de los mismos, ya que el «ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado»[21].
Por su parte, la obligación de garantizar tiene un carácter positivo, ya que el Estado de Honduras tiene el deber de adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar el ejercicio de tales derechos, y esto implica «organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejer­cicio de los derechos humanos». Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos[22].
La prevención de violaciones de derechos humanos: Para prevenir las violaciones a derechos humanos, el Estado de Honduras debe adoptar todas las medidas necesarias de carácter jurídico, político, administrativo y de cualquier otro orden que promuevan la tutela de tales derechos y que aseguren que las posibles violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, acarrea sanciones para quien las ordena y ejecuta, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias per­judiciales[23].
Entre tales medidas se encuentra, en primer lugar, la de regular o imponer límites legales a la conducta de los agentes públicos y privados para evitar que pueda afectar el ejercicio de los derechos humanos, y establecer las sanciones correspondientes para quienes sobrepasen dichos límites. Por ello, la Convención Americana en su artículo 2 establece una obligación independiente de la doble obligación de respetar y garantizar, en el sentido de que si el ejercicio de los derechos y libertades reco­nocidas no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, el Estado se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucio­nales y a las disposiciones interamericanas, las medidas que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
Además de las medidas legislativas para suplir even­tuales lagunas o insuficiencias del derecho interno o para realizar las modificaciones necesarias que aseguren el fiel cumplimiento de las obligaciones estatales, se requiere que el Estado hondureño adecúe su actuación conforme a la normativa internacional de derechos humanos; en otras palabras, se precisa que tanto la adopción de me­didas normativas como de conducta sean efectivas, en el sentido que tengan un impacto real en la vida cotidiana de las personas[24]
Es decir que el Estado tiene obligación de respetar, proteger, garantizar el goce los derechos humanos, y además el Estado tiene la obligación de prevenir la violación de los derechos humanos.
IV. AUTORIDAD CONTRA LA CUAL SE DEMANADA EL AMPARO
El señor Jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, General Fredy Díaz.
El señor Jefe de la Policía Nacional, General Julián Pacheco.
Al presidente de la República como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras y como superior de la Policía Nacional.
V. MEDIDA CAUTELAR
QUE SE DECRETE COMO MEDIDA CAUTELAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO Que se cese en el acordonamiento militar y policial y se cese en la violación a la libertad de expresión y amenazas a la seguridad, integridad física y psíquica de los amparantes.
Con el debido respeto solicitamos con carácter de Urgente la SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO, que se cese en las acciones de acordonamiento militar y policial, intimidación, hostigamiento, que ponen en amenaza la seguridad personal, la integridad física y psiquíca  de los señores GERMAN ENRIQUE AYALA FIGUEROA, FRANKLIN MARTÍN RIVERA; RAÚL HERNÁN SILVA MARTÍNEZ, RAMÓN SANTIAGO MATUTE AVILA, SERGIO ÁVILA, SANTOS ANTONIO CÓRDOVA; JOSÉ MARÍA PINEDA; JUAN SAMUEL MATUTE ÁVILA; DARLIN ERMILIO SOTO y la señora ALEJANDRA ANTONIA CABRERA que se encuentran en huelga de hambre en la inmediaciones de Casa Presidencial; Y DE LOS MANIFESTANTES QUE DE LAS ANTORCHAS
De igual manera que se cese en la restricción al ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los señores/as los señores GERMAN ENRIQUE AYALA FIGUEROA, FRANKLIN MARTÍN RIVERA; RAÚL HERNÁN SILVA MARTÍNEZ, RAMÓN SANTIAGO MATUTE AVILA, SERGIO ÁVILA, SANTOS ANTONIO CÓRDOVA; JOSÉ MARÍA PINEDA; JUAN SAMUEL MATUTE ÁVILA; DARLIN ERMILIO SOTO y la señora ALEJANDRA ANTONIA CABRERA, entiéndase en el sentido del libre ejercicio de la emisión del pensamiento y opinión.
La Ley de Justicia Constitucional establece en su artículo 59, que se decretarán medidas cautelares sobre el (…) acto (…) reclamado si:
1)       Si de su mantenimiento resulta peligro para la integridad personal del reclamante o una grave e inminente violación de un derecho fundamental;
Es evidente honorables Magistradas y Magistradas, que de mantenerse está situación de intimidación, acordonamiento y hostigamiento efectuada por autoridad policiales y militares contra los los señores GERMAN ENRIQUE AYALA FIGUEROA, FRANKLIN MARTÍN RIVERA; RAÚL HERNÁN SILVA MARTÍNEZ, RAMÓN SANTIAGO MATUTE AVILA, SERGIO ÁVILA, SANTOS ANTONIO CÓRDOVA; JOSÉ MARÍA PINEDA; JUAN SAMUEL MATUTE ÁVILA; DARLIN ERMILIO SOTO y la señora ALEJANDRA ANTONIA CABRERA, que se encuentran en huelga de hambre existe un grave peligro para la integridad personal tanto física como psicológica de los mismos, indicios de dicho peligro son las circunstancias que se desarrollaron por ejemplo con los francotiradores y el viernes pasado 26 de junio de 2015, con los cientos de policías y militares que llegaron al lugar de la huelga, que evidencian la existencia de este peligro.
De igual manera, al no otorgarse esta medida cautelar y por la dimensión del peligro al cual se encuentran sujetos los señores GERMAN ENRIQUE AYALA FIGUEROA, FRANKLIN MARTÍN RIVERA; RAÚL HERNÁN SILVA MARTÍNEZ, RAMÓN SANTIAGO MATUTE AVILA, SERGIO ÁVILA, SANTOS ANTONIO CÓRDOVA; JOSÉ MARÍA PINEDA; JUAN SAMUEL MATUTE ÁVILA; DARLIN ERMILIO SOTO y la señora ALEJANDRA ANTONIA CABRERA que se encuentran en huelga de hambre en la inmediaciones de Casa Presidencial; Y DE LOS MANIFESTANTES QUE DE LAS ANTORCHAS, según se ha descrito en la presente acción, existe la posibilidad de que al resolverse el amparo, la ejecución del mismo se vuelva inútil, por haberse materializado la violación al derecho a la seguridad e integridad de los amparantes.
Además, según lo dispuesto en el númeral 1 del artículo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, de mantenerse este acto continuaría la violación de un derecho fundamental como es el derecho a la libertad de expresión, los señores GERMAN ENRIQUE AYALA FIGUEROA, FRANKLIN MARTÍN RIVERA; RAÚL HERNÁN SILVA MARTÍNEZ, RAMÓN SANTIAGO MATUTE AVILA, SERGIO ÁVILA, SANTOS ANTONIO CÓRDOVA; JOSÉ MARÍA PINEDA; JUAN SAMUEL MATUTE ÁVILA; DARLIN ERMILIO SOTO y la señora ALEJANDRA ANTONIA CABRERA que se encuentran en huelga de hambre en la inmediaciones de Casa Presidencial; Y DE LOS MANIFESTANTES QUE DE LAS ANTORCHAS, como de los periodistas y comunicadores que también se encuentran cubriendo esta huelga en las inmediaciones de Casa Presidencial.
Por todo esto deberá ordenarse al Director de la Policía Nacional, al Jefe de la Fuerzas Armadas y al Presidente de la República que se abstengan de ordenar cualquier tipo de medida represiva contra los manifestantes, que se ordene que en el lugar los militares y policías no anden con armas de fuego, y que se garantice el derecho a la libertad de expresión, que se quiten las vaya de la calle. Ademàs se ordene que se de el mismo trato a los manifestantes de las antorchas como a las manifestaciones de los simpatizantes del partido nacional.
VI. LEGITIMACIÓN
Tanto la Constitución de la República en su artículo 182 como la Ley de Justicia Constitucional en su artículo 41, establece que cualquier persona en nombre de los agraviados pueden interponer esta acción. Y nosotros como representantes de organizaciones de Derechos Humanos estamos además legitimados para hacerlo por la Ley de Defensores/as de Derechos Humanos que recién entró en vigencia.
VII. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Se fundamenta la Demanda de  Amparo en los artículos: 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 57, 60, 63, 64, 65, 68 de la Ley de Justicia Constitucional;  80, 183 numeral 1, 304, 305 de la Constitución de la República.
VIII. PETICIÓN
A Vos Honorable Tribunal, con el mayor de los respetos que os merecéis, se le pide: Admitir la Demanda de Amparo; se conceda las medidas cautelares solicitadas; se libre atenta comunicación a la autoridad contra quien se interpone la acción de amparo, a efecto que rinda un informe circunstanciado en relación con los mismos;  se conceda oportunamente vista por cuarenta y ocho horas a efecto de formalizar el recurso y en definitiva  se dicte un fallo CON EFECTO ERGA OMNES, en el cual se ordene: que se permita a los señores los señores GERMAN ENRIQUE AYALA FIGUEROA, FRANKLIN MARTÍN RIVERA; RAÚL HERNÁN SILVA MARTÍNEZ, RAMÓN SANTIAGO MATUTE AVILA, SERGIO ÁVILA, SANTOS ANTONIO CÓRDOVA; JOSÉ MARÍA PINEDA; JUAN SAMUEL MATUTE ÁVILA; DARLIN ERMILIO SOTO y la señora ALEJANDRA ANTONIA CABRERA que se encuentran en huelga de hambre en la inmediaciones de Casa Presidencial; Y DE LOS MANIFESTANTES QUE DE LAS ANTORCHAS, como de los periodistas y comunicadores que también se encuentran cubriendo esta huelga en las inmediaciones de Casa Presidencial y a cualquier otra persona, ejercer su derecho a la reunión, asociación y libertad de expresión, para ello que se permita la instalación de la reunión de las personas en huelga de hambre frente a la Casa Presidencial; que los militares y policías se abstengan de desalojar a cualquier persona incluyendo a los periodistas y comunicadores/as sociales que este ejerciendo la libertad de expresión; que se permita que las personas en huelga de hambre tengan lo necesario para sus necesidades fisiológicas y cubrir sus necesidades básicas; que se ordene que la Policía Nacional y Las Fuerzas Armadas estén en el lugar para proteger los derechos humanos y no para reprimir los derechos humanos; que se ordene que las autoridades policiales y militares permitan a los periodistas, comunicadores/as sociales ejercer su labor periodística.
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de julio de 2015
[1] Entendemos la causa justa como el consenso de quienes cuestionan la legitimidad de una determinada situación jurídica, social o política, u otras que motiven la huelga. En este sentido, la acción de los huelguistas contiene una demanda de reconocimiento a lo exigido.
[2] Eduardo Rodríguez Veltzé y Farit L. Rojas Tudela, Criminalización y derecho a la protesta, en: E. Bertoni, ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho Penal y libertad de expresión en América Latina, universidad de Palermo, Argentina, 2010,  p. 29
[3] Ibíd. p. 31.
[4] Corte IDH, La colegiación obligatoria de periodistas, párr. 70.
[5] GARGARELLA, Roberto, El derecho a la protesta. El primer derecho, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005, p. 19
[6] Art. 61 CR: La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la (…) seguridad individual (…)
[7] N. P. Sagüés, Manual de derecho constitucional, Buenos Aires, 2007, pp. 667-668.
[8] L. Dammert y J. Bailey (coord.), Seguridad y reforma policial en las Américas: experiencias y desafíos, México, 2005, p. 23.
[9] N. P. Sagüés, Manual de derecho constitucional, Buenos Aires, 2007, pp. 667-668.
[10] Art. 1: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la integridad de su persona.
[11] Art. 3: Todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
[13] D. O’DONNELL, Derecho Internacional de los Derechos Humanos: normativa, jurisprudencia y doctrina de los Sistemas Universal e Interamericano, México D.F., Segunda edición, 2012, pág. 303.
[14] Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) c. Venezuela, Sentencia de 5 de julio de 2006 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas) párr. 85.
[15] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Albán Cornejo y Otros vs. Ecuador, sentencia de 22 de noviembre de 2007 (fondo, reparaciones y costas), párr. 117.
[16] D. O’DONNELL, op. cit. nota 8, pág. 165.
[17]Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Diez años de actividad, p. 337.
[18] Doctor en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, España.
[19] J. Mejía, Una Mirada a la Justicia Constitucional hondureña, desde la óptica de los Derechos Humanos, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, 2012, véase: pp. 68-71.
[20] Corte IDH, Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, voto razonado del juez Ad Hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, párr. 21, 24 y 51.
[21] Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 166.
[22] Ibíd., párr. 166-167.
[23] Ibíd., párr. 175. «Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado».
[24] Corte IDH, Caso «La última tentación de Cristo» (Ol­medo Bustos y otros vs. Chile). Sentencia de 5 de febrero de 2001, párr. 87.

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Misión de ONU viene a reunirse con “indignados”

Por: Redacción CRITERIO

redacción@criterio.hn

indignates

Una misión de la Organización  de las Naciones Unidas (ONU) vendrá a Honduras el próximo martes a reunirse con los líderes de la “Oposición Indignada”, un movimiento social integrado por jóvenes, que exige en las calles la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad-Honduras (CICIH).

Inicialmente Ariel Varela, uno de los cabecillas de los “indignados” dijo a CRITERIO que la cita se realizaría en la sede del organismo mundial en Nueva York, pero este sábado se aclaró que será en Tegucigalpa.

El encuentro se celebrará con una misión del Departamento de Asuntos Políticos del organismo, cuyos nombres no han sido precisados.

Aunque el protocolo establece que la solicitud formal la debe hacer el presidente del país solicitante, los jóvenes aprovecharán el encuentro para hacer la petición y entregar el listado de firmas que hasta el momento han logrado recolectar.

Varela explicó que además de la entrega de las firmas, incidirán en el abordaje de algunos puntos como la necesidad de alcanzar la independencia financiera sobre el país o países que financien el funcionamiento de la CICIH, en caso que está sea instalada.

Amplió que de momento, ya hay varios países interesados en colaborar con la instalación, entre los que citó a Estados Unidos y a naciones europeas, como Suiza, España y otras de ese continente, que no  especificó.

Los muchachos expondrán, además, las razones del por qué se debe instalar dicho órgano y los temas que se deben abordar. En ese sentido, Varela, citó la conformación de una policía técnica de investigación y que la CICIH tenga plenos poderes para investigar los casos de corrupción y plenos poderes de judicialización.

Ariel Varela no especificó quiénes conformarán la delegación de “indignados” que viajará a Nueva York , pero precisó que la invitación de la ONU ha sido girada para cinco representantes.

Mientras los “indignados”, acompañados por un fuerte sector de la sociedad hondureña, incluyendo a los partidos de aposición, exigen una CICIH, el gobierno presidido por Juan Hernández, solicitó a la ONU su colaboración para el establecimiento del diálogo nacional, orientado al establecimiento del Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y Corrupción (SIHCIC).

Hernández también ha pedido a la OEA, contribuir con facilitadores para  la jornada, que según él, será un diálogo “sincero y sin condiciones”.

Honduras enfrenta una crisis política y social, que se agudizó hace dos meses, luego que el propio presidente, Juan Hernández, admitiera que el oficialista Partido Nacional, que lo llevó al poder, recibió fondos de las empresas que defraudaron al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Fuente: http://criterio.hn/onu-cita-a-indignados-para-el-proximo-martes-en-nueva-york/

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Ministro del trabajo coordinará diálogo en Honduras

Por: Redacción CRITERIO

redacción@criterio.hn

Carlos Madero,  ex funcionario del gobierno de Manuel Zelaya Rosales en el Infop, presidirá el diálogo convocado por el presidente Juan Hernandez.

El  ministro del trabajo,  Carlos Madero,  se encargará de facilitar el proceso de diálogo iniciado la semana anterior por el presidente Juan Hernández, así lo dio a conocer el secretario de la Presidencia, Reinaldo Sánchez.

Madero fue designado por el mandatario para manejar el diálogo iniciado la semana anterior por Hernández y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, así como de acercarse a todos los sectores llamados a participar en el diálogo.

Se informó además,  que coordinará el apoyo ofrecido a Honduras por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para garantizar el éxito del diálogo con todos los sectores del país, indicó el secretario de la Presidencia, Reinaldo Sánchez.

El diálogo fue convocado la semana anterior por el mandatario hondureño, quien en los últimos días ha sostenido reuniones con diversos sectores de la población, entre ellos medios de comunicación, organismos no gubernamentales, alcaldes, académicos, agricultores y ganaderos.

El gobierno de Honduras propone la creación del Sistema Integrado Hondureño Contra la Impunidad y la Corrupción (SIHCIC) como punto de partida para la instalación de un gran diálogo que permita discutir y concertar acciones contundentes contra la corrupción.

Dentro de este proceso de diálogo, el gobierno de Honduras contempla la participación de jueces y juristas nacionales e internacionales para fortalecer la institucionalidad de los impartidores de justicia.

Asimismo, se tiene contemplado la creación de un Observatorio del Sistema de Justicia y un sistema de integridad empresarial regido por los principios de transparencia e integridad internacionalmente aceptados y con el marco legal apropiado para su implementación.

Fuente: http://criterio.hn/ministro-del-trabajo-coordinara-dialogo-en-honduras/

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Antorchas siguen iluminando a Honduras

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Una mega marcha de antorchas se observó la noche de este viernes en Tegucigalpa.

Miles de hondureños encendieron sus antorchas nuevamente este viernes para exigir en  las calles de la capital, Tegucigalpa, la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad-Honduras (CICIH) y la renuncia del presidente Juan Hernández.

Las protestas se han convertido en parte de la rutina de todos los viernes en este país centroamericano, donde sus habitantes piden semana a semana, mediante gritos y consignas, un cese a los altos niveles de corrupción e impunidad.

La sexta movilización consecutiva de las antorchas inició a eso de las 5:37 de la tarde, con las demandas de siempre que emanan del repudio por el fraude de casi 7,000 millones de lempiras (unos 350 millones de dólares), contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

El rótulo que potaba este joven evidencia la exigencia de los hondureños.

El recorrido de este viernes comenzó a la altura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), rumbo a Casa de Gobierno, donde se encuentran al menos doce personas en huelga de hambre, entre ellos un sacerdote, un alcalde municipal, siete miembros de la etnia tolupán  y jóvenes que se autodenominan “indignados”.

Al llegar a la sede del Poder Ejecutivo, los manifestantes se encontraron con una fuerte valla militar y policial de al menos unos 1,000 uniformados que se apostaron en los alrededores mediante varios retenes.

Algunos de los asistentes que se acercaron a los participantes de la huelga de hambre, fueron alcanzados por gases que esparció la policía, sin ninguna razón, ya que la actividad se realizó de manera pacífica.

La movilización inició y culminó pacíficamente.

La indignación de los hondureños tomó fuerzas luego que el presidente, Juan Orlando Hernández, admitiera que el Partido Nacional, que lo llevó al poder, recibió fondos de las empresas que defalcaron el IHSS.

Durante su recorrido los participantes coreaban consignas de siempre como: “fuera JOH, fuera JOH”, “va a caer, la dictadura va a caer”  y otras, en alusión al presidente Juan Orlando Hernández.

La movilización fue nuevamente encabezada por los jóvenes líderes de la “Oposición Indignada”, con la participación de algunas figuras políticas de los partidos de oposición, entre los que se observó al expresidenciable por el Partido Anticorrupción (PAC), Salvador Nasralla y a la exprimera dama y exprecandidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro de Zelaya.

El nuevo movimiento social que ha surgido en Honduras, pidió nuevamente la instalación de la CICIH, para contrarrestar los altos niveles de corrupción e impunidad.

El planteamiento aún no ha sido avalado por el Presidente, que en contraposición,  solicitó a la ONU su colaboración para el establecimiento del diálogo nacional, orientado al establecimiento del Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y Corrupción (SIHCIC).

Los hondureños han tomado conciencia para exigir sus derechos.

Hernández también ha pedido a la OEA, contribuir con facilitadores para  la jornada, que según él será un diálogo “sincero y sin condiciones”.

Al igual que otros viernes, hubo similares manifestaciones en la ciudad de Danlí, El Paraíso, zona oriental de Honduras.

Para mañana se ha anunciado una nueva movilización de las antorchas en San Pedro Sula, la segunda ciudad en importancia de Honduras, localizada en la zona norte.

Las movilizaciones se han replicado en varios países, donde hay presencia de hondureños, especialmente en Estados Unidos y España.

Fuente: http://criterio.hn/antorchas-siguen-iluminando-a-honduras/

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San Juan – Indigenous Farming Cooperative’s Defiant Stance against Land-grabbing & Murder

San Juan - the cooperative land is about 30 minutes walk behind the village

Friday 3rd July 2015

San Juan is a village in the hills about 3 hours by bus from La Esperanza. It isn’t as remote as San Marco – the community I last wrote about – but is in a beautifully natural setting. In the farmland behind the village, COPINH is supporting an indigenous farming cooperative who are in a deadly stand off with a well-armed, well-connected group trying to privatise and sell off their land. On Tuesday the 30th I was invited to San Juan with COPINH and saw a part of their struggle.

The rolling hills in which San Juan nestles

The farming collective consists of 27 families, and was set up in the 70s when the previous generation successfully applied for communal land title to an area of about 60 hectares. Communal titles mean that a group owns the land, rather than individual private holdings. Typically, a part of the title is then farmed communally, and the rest is divided between the individual families to produce their own crops, but these sections cannot be sold off without group agreement. This represents a traditional form of land ownership which ties the community together, facilitates resource sharing and makes a community more resilient. In contrast, private land titles tend to commodify the land, and put families in competition with each other. Communal land is also an important part of the indigenous economy and identity, and is protected under international treaties such as the International Labour Organisation’s “Convention 169 on Indigenous Rights”. It represents a form of empowerment for the very poorest sectors of society, giving them a solid basis for their livelihoods and preventing exploitation by landlords.

Communal land is also anathema to Honduras’ oligarchy of rich private land-owners and the big businesses they are involved in, which seek to profit from the control and sale of land. The San Juan cooperative’s 60 hectares falls in the middle of hundreds more hectares of land now owned by Mario Pérez. Pérez is an extremely powerful politician, Honduras’ Secretary of Congress, and very close to corrupt president Juan Orlando Hernández. His land is left largely unfarmed – despite the crushing need of Honduran campesinos – for breeding his collection of thoroughbred horses. Seemingly, the cooperative is getting in the way of the horse’s romping space, for Pérez is determined to get ownership of it.

View of part of the coop land from above, including the corn field starting to sprout and the cabin which we slept under

The Rios family are also poor campesinos from San Juan, and are included in the coop’s original land title. However, they have separated violently from the rest of the community, and for years now have been exploiting the name of the coop for themselves and trying to usurp the other families. They have become Mario Pérez’s middle-men, living in a now murderously divided community, doing his dirty work and receiving Pérez’s substantial pay-offs for advancing the privatisation of the coop land. For many years the land hasn’t grown crops, and the Rios have used it for livestock while the other coop members rented farm-land. However, when it became clear that the Rios were using their fraudulent claim to the the land to try to sell it off, the other families became galvanised to take the land back and reclaim their rights.

Two months ago, and supported by COPINH, the men of the families moved en-masse back onto the overgrown land – but this was no easy task. The first I heard of the struggle was watching a video taken on this day by COPINH. The coop members are moving up a hill into the land towards a house, when shots are heard. The house is being guarded by the Rios family, and they have shotguns and pistols trained on the group – bullets can be heard hitting the ground near the camera. COPINH believes that Mario Pérez is involved in drug trafficking – the very thing that Orlando’s government receives so much US military aid to try and stamp out. They believe that the Rios‘ armoury – which includes an Uzi submachine gun – comes from these connections. The San Juan cooperative have nothing but machetes, and since taking the land in this show of group strength, they have been constantly afraid for their lives.

The cross marks the site of Moisés Sánchez's death on the coop land

This fear was proven justified on the 20th May this year. At 2 pm two groups of men attacked the cooperative, firing on them and forcing them to run. Waiting for them over a hill was a third group. As coop member Moisés Durón Sánchez sheltered from their gunfire behind a rock, Saul Rios – according to at least 4 witnesses from the coop – moved forward under cover of tall weeds and shot him dead. During the shooting, the police said they were too far away to send help, they only got there after Moisés‘ death.

Despite the threats and violence against them, the cooperative members have stayed put. Their families stay in the village because of the danger, but all the older men of the families spend the time on the land – maintaining a large presence is their only way to defend it from further attacks. In just two months they have cleared the 60 hectares of weeds, and when I visited on Tuesday the corn crop that they have planted was just starting to grow. They also have yucca plantations, mango and papaya trees, and they are waiting for the harvest season. The commitment is a serious one – staying on the land to keep it secure means they’re missing out on paid work. If the Rios and Mario Pérez succeed in taking the land, they will lose everything.

The cooperative has their original papers from the 70s demonstrating their title to the land. However, the Rios’ have claimed the land for themselves, and with the power behind them the INA – Honduras’ National Agrarian Institute – have sided with the Rios. They have suggested that the dispute will be settled by granting the Rios family half of the 60 hectares, and the remaining 26 families the other half. The coop have refused to accept this blatant injustice, but INA is sitting on its hands.

Coop members show me parts of the sabotaged water supply - now dry after  valves have been removed and pipes cut

I visited the site with COPINH volunteer Luis – who is from Spain. The coop showed me the work they have done clearing it and planting it, and making palm-roofed accommodations for themselves. They showed me in detail the site of Moisés’ murder, and how they were ambushed. They also showed me the coop’s water system, installed in 2008, which brings drinkable water from several kilometers away to irrigate the site. Since Moisés’ death the Rios have, in broad daylight, stolen the valves that operate the system, and more recently started cutting open the pipes that supply it. The system is now dry, and the coop has to walk most of their water in from the village.

We stayed the night on the coop’s land, and then on Wednesday went with two of the coop members – Abener Jimenez and William Pinera, to the regional capital Santa Barbara. They were there to log an official charge against the Rios for the destruction of the water supply – a vital communal resource – and to chase up previous charges such as that of Moisés’ murder. Luis and I were there to tackle the disinterest and denial that is endemic in the ineffective criminal justice system in Honduras – especially when the people bringing the charges are indigenous, and especially when the defendants are supported by people like Mario Pérez. Shamefully, having European or US-looking observers by their side gives their demands weight that they’re not offered on their own – it motivates the authorities with the fear that the developed world is watching.

Moisés Durón Sánchez, photographed less than two weeks before he was killed  at the coop

It remains to be seen the outcome of the visit. The coop members talked to the police, whose first response was a dismissive “oh, another charge?” – as if the threats, sabotage and murder the cooperative faces are a mere annoyance. But the police agreed to send men the next day to take photos and open a case. Then we visited the public prosecutor, to keep the pressure on the murder case that is still being processed, and arranged a further meeting with them for this coming Monday. The battle is ongoing, but with continued attention, we hope that the channels they have opened will ultimately cause enough problems for the Rios that they stop their intimidation. I will report more on this as news comes in.

Coop & COPINH members who showed me around. From left to right: Ramon Pineda, Abener Jimenez, Alexis Castellano, Luis Diaz Teran (Spanish volunteer with COPINH), Melvin Jimenez, Elman Ruiz, Erli Castellano & Manuel Jimenez

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