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La Alianza para la Prosperidad, un «deja vú» para el triángulo norte

Tegucigalpa. Esta semana se dio la visita en Tegucigalpa del senador del Estado de la Florida y ex precandidato presidencial de los Estados Unidos por el partido republicano, Marco Rubio, quien anunció que continuará apoyando los procesos de reformas institucionales en Honduras a través del Plan Alianza para la Prosperidad. «Hemos visto cómo la cooperación […]

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Alianza para la Prosperidad inspira estrategia de desarrollo regional

Origen: Alianza para la Prosperidad inspira estrategia de desarrollo regional – Diario La Tribuna Honduras

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Washington: “Ley Berta”, candados al PPTN y el viaje de JOH

El presidente Juan Orlando Hernández busca con su visita a Washington desactivar el creciente apoyo que está recibiendo la Ley Berta.

SAN PEDRO SULA.- El presidente hondureño Juan Orlando Hernández busca con su visita a Washington desactivar el creciente apoyo que está recibiendo de parte de senadores y congresistas estadounidenses la denominada Ley Berta e intentar bajar la resistencia del Senado de Estados Unidos a aprobar los fondos de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte (PPTN).

Washington: "Ley Berta", candados al PPTN y el viaje de JOH.
Washington: “Ley Berta”, candados al PPTN y el viaje de JOH.

Como han informado grupos civiles que impulsan esta normativa, “El 14 de junio de 2016, el representante Henry C Johnson, Jr., de Georgia, introdujo un Proyecto de ley llamado “Ley Berta Caceres para los Derechos Humanos en Honduras”, que de convertirse en ley, restringiría severamente la asistencia financiera que da Estados Unidos a las fuerzas militar y policial” en en nuestro país.

Las autoridades hondureños han tratado de no poner en su verdadero contexto la visita del presidente Juan Orlando Hernández, al afirmar que se trata de una gira enmarcada “en las relaciones bilaterales entre Honduras y Estados Unidos y en el trabajo regional por el desarrollo”.

Antes de llegar a Washington, Juan Orlando Hernández, visitó por varias horas a República Dominicana, el lunes.

Como previa inductoria a la vista a EE.UU., el martes y miércoles, el embajador de Honduras en Estados Unidos, Jorge Milla, dijo a la prensa hondureña ” que la presencia del mandatario hondureño en la capital estadounidense viene a reforzar “el crecimiento y liderazgo del presidente Juan Orlando Hernández”.

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La Alianza para la Prosperidad, un «deja vú» para el triángulo norte

Tegucigalpa. Esta semana se dio la visita en Tegucigalpa del senador del Estado de la Florida y ex precandidato presidencial de los Estados Unidos por el partido republicano, Marco Rubio, quien anunció que continuará apoyando los procesos de reformas institucionales en Honduras a través del Plan Alianza para la Prosperidad. «Hemos visto cómo la cooperación […]

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Militarización, sicarios, negocios y Alianza por la Prosperidad en Honduras

A raíz de la resistencia contra el proyecto de Agua Zarca por los habitantes de Rio Blanco, la región ha sido militarizada para imponer la construcción del proyecto hidroeléctrico. No es sorpresa, por tanto, que altos miembros de DESA posean influencia en la actuación de las fuerzas estatales de seguridad hondureñas.

El presidente de la junta directiva, David Castillo Mejía fue ministro de gobernación durante el mandato de Ricardo Maduro, mientras el secretario de DESA, Roberto Pacheco Reyes, es un oficial de inteligencia militar. Pacheco también posee conexiones en el sector de energía pues actuó en 2008 como coordinador de desarrollo para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), institución propiedad del gobierno hondureño, la única restante controlada por el aparato estatal en la región centroamericana.

La respuesta militarizada va de la mano con la trayectoria del proyecto neoliberal promovido en 1992 tras la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola. Dictada por el Banco Mundial (junto a un paquete de políticas de ajustes estructurales) redujo los apoyos a los productores agrícolas locales y a su vez incrementó el respaldo al sector de exportaciones, pero sobre todo permitió vender tierras colectivas a inversores privados, lo cual ha aumentado las luchas territoriales con muestras extremas de represión por parte de empresas aliadas al estado hondureño como en la masacre de campesinos en el valle del Bajo Aguán por parte de Dinant.

Existe una estrategia de parte de empresas y organismos multinacionales para fomentar el saqueo de recursos y la propagación de proyectos de “desarrollo” que son un atentado en contra de la biodiversidad que resguardan las comunidades originarias.

El conflicto por la tierra se remonta hacia inicios de los cincuentas del siglo pasado. El presidente guatemalteco Jacobo Arbenz promovió una reforma que otorgaba parcelas sin usar de compañías fruteras hacia campesinos sin tierra, afectando los intereses de la estadounidense United Fruit Company, lo cual provocó el respaldo de Washington al golpe de estado de 1954. Al tiempo que la marina de los EU patrullaban la costas centroamericanas en preparación del ataque militar a Guatemala, estalló una huelga de trabajadores de la United en Honduras; como respuesta la compañía decidió mecanizar la producción y despedir a 15 mil trabajadores. Con el apoyo del gobierno hondureño, muchos de los obreros comenzaron a trabajar las tierras abandonadas por la empresa en tierras nacionales (propiedad del gobierno) o ejidales (títulos colectivos, algunos con origen en tiempos coloniales), las cuales hasta antes de 1990 fueron protegidas contra la titulación a privados. Con la Ley de Municipalidades de inicios de los noventas y la reforma agrícola de 1992 se aceleró la invasión de tierras indígenas.

Y en 2009 el proyecto de saqueo tomó un salto exponencial con el golpe de estado planeado por las trece familias oligarcas hondureñas con la ayuda del departamento de estado de los Estados Unidos, en ese tiempo con Hillary Clinton a la cabeza; el plan incluyó utilizar el avión privado de Miguel Facussé, presidente de Dinant para trasladar a Manuel Zelaya a la base militar de los EU conocida como Palmerola y de ahí expulsarlo hacia Panamá. Con ello la riqueza de Honduras se trasladó a la elite local y sus aliados estadounidenses engrosando sus cuentas en bancos offshore mientras los niveles de pobreza incrementaban. De acuerdo al Centro de Investigación en Economía y Política, desde el golpe prácticamente 100% de los ingresos se han concentrado en el 10% del sector más rico del país.

Las elecciones de 2013, compradas por Juan Orlando Hernández, vinieron a sellar la consumación del golpe financiero militar, el cual se mantiene a fuego bajo el corrupto sistema judicial hondureño (financiado por USAID), aparato direccionado a brindar protección a la élite empresarial que criminaliza a más de 4 mil campesinos (mil de ellos sólo en 2014) y es cómplice de los asesinatos de terratenientes como Facussé, quienes utilizan a su antojo los cuerpos de seguridad estatales.

El gobierno de Hernández, bajo el mandato neoliberal norteamericano, ha demostrado la necesidad de utilizar la violencia y militarización para mantener los privilegios y aumentar las ganancias de corporaciones globales, al establecer alianzas con fuerzas israelíes y colombianas –además de estadounidenses– para entrenar al ejército y policía hondureña en su tarea de reprimir a comunidades indígenas, campesinas, negras y populares bajo estrategias de guerra de baja intensidad donde actúan los fondos de apoyo de la USAID y la Fundación Nacional para la Democracia, todo para consolidar lo que las reformas de 1992 agudizaron: los tratados de libre comercio de América del norte y de Centroamérica, precedentes clave en el asalto corporativo en el cual los acuerdos transpacífico y transatlántico representan su fase global actual.

Tomás Gómez coordinador COPINH<img class=” wp-image-18996″ src=”http://criterio.hn/wp-content/uploads/2016/05/Tomás-Gómez-COPINH-2-300×225.jpg” alt=”Tomás Gómez coordinador COPINH” width=”488″ height=”366″ srcset=”http://criterio.hn/wp-content/uploads/2016/05/Tomás-Gómez-COPINH-2-300×225.jpg 300w, http://criterio.hn/wp-content/uploads/2016/05/Tomás-Gómez-COPINH-2.jpg 640w” sizes=”(max-width: 488px) 100vw, 488px” />

Tomás Gómez coordinador COPINH

«La empresa ha exigido al Estado que dote de equipo técnico y logístico a la policía y el ejército porque ahí se ve donde tienen toda la logística, tienen suficientes carros para poderse movilizar y cuidar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Cada uno de los militares y policías les dan 1,000 lempiras por cada día,  y aparte de darles la comida. La policía nacional, policía militar y ejército se convierten en empleados de la empresa. Por eso ellos no actúan contra los sicarios que ha contratado la empresa. Nosotros decimos con argumentos que en diciembre de 2015 la policía agarró a uno de los sicarios, que se llama Olvin y lo vino a sacar Jorge Ávila, el jefe de seguridad de la empresa DESA. Le levantaron un expediente, lo agarraron con fuertes armas, de grueso calibre, le preguntaron para que las andaba, él dijo que para matar a los copines. Ahí está la evidencia y nosotros vemos que al ministerio público, le dieron 100 mil lempiras para que desistiera, a la jueza también le dieron 100 mil lempiras y este Olvin ya tiene tres personas que ha matado, uno de ellos está ahí en la comunidad de Valle de Ángeles pero la empresa le dio 40 mil lempiras a la familia para bonificarle o supuestamente indemnizarla para que no pusieran la denuncia contra él y lo dejaran preso. Se ve como la policía y los sicarios, impunemente pueden actuar frente a ellos y no hay decisión de quitarle nada. Vemos que en este país, los poderes los tienen el poder económico y político, o sea la empresa privada y los políticos que son títeres» continua relatando Tomás Gómez a Subversiones durante la entrevista realizada en el contexto del Encuentro Internacional Berta Cáceres Vive.

 

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Experta dice que Plan para Prosperidad no frenará migración en Centroamérica

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US Push to De-Militarize CentAm Policing Poses a Dilemma

The United States has reiterated its disapproval of militarizing citizen security in Central America’s Northern Triangle countries, a somewhat problematic stance given critical violence levels and weak police institutions in the region.

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Readout of Vice President Biden’s Meeting with President Salvador Sánchez-Cerén of El Salvador, President Jimmy Morales of Guatemala, and President Juan Orlando Hernández of Honduras

President Obama joined the Vice President for part of the meeting to emphasize the importance of sustained political will and deep reforms to address the root causes of migration and ensure a strong foundation for future U.S. assistance and partnership with the Northern Triangle. The leaders agreed that the United States and Central America were engaged in an ambitious process of aligning their goals and strategies that would benefit future generations of Central Americans and contribute positively to United States relations with the Western Hemisphere.

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CentAm Shows Mixed Results as Leaders Discuss US Security Plan

The US Vice President has praised progress made in the multilateral security plan for Central America’s Northern Triangle countries after meeting with regional leaders, but on the ground the picture is far murkier than his diplomatic platitudes suggest.

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Gobernantes del Triángulo Norte y presidente del BID analizan Plan Alianza  

El Plan cuenta con el respaldo de los Estados Unidos, que destinó 750 millones de dólares para esta iniciativa, que se suman a los 2,600 millones de dólares que aporta el Triángulo Norte

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Honduras hace esfuerzos en DDHH y transparencia, requisitos del Plan Alianza: Embajador Milla

Washington – El embajador de Honduras en Estados Unidos, Jorge Milla Reyes, afirmó que Honduras está cumpliendo con los requisitos del Plan Alianza para la Prosperidad (APP) en cuanto al respeto a los derechos humanos y la transparencia.

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Colombia apoya Plan para Prosperidad en Triángulo Norte de Centroamérica

Santos cerró en Honduras una gira centroamericana que incluyó a Guatemala y El Salvador, los países del Triángulo Norte que serán apoyados por Estados Unidos con un aporte de 750 millones de dólares

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Colombia ofrece apoyo a la Alianza para la Prosperidad en Centroamérica

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, reiteró el lunes el apoyo de su país a Guatemala, Honduras y El Salvador en la implementación del plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte de Centroamérica, para el que el Congreso de EUA aprobó una partida de 750 millones de dólares.

Santos, tras una reunión privada con el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, recordó cómo en su país se desarrolló, también con el apoyo de Estados Unidos, el Plan Colombia, ideado para luchar contra el narcotráfico y la guerrilla y para focalizar esfuerzos en materia social.

Precisamente Santos cree que este punto puede ser de gran experiencia para los países que integran el Triángulo Norte, ya que “en la lucha contra el crimen organizado, contra la inseguridad, tiene que haber también un componente social para ser más efectivos”.

“(Ya) se ha hablado para triangular esa ayuda”, resumió Santos y añadió que esta disposición, patente desde los primeros pasos, estará también disponible en el futuro: “Hay experiencias que pueden ser muy útiles”.

El Salvador, Guatemala y Honduras buscan generar desarrollo económico con la creación de empleos, estabilidad social con programas de combate a los carteles de la droga y reducir así los niveles de migración hacia Estados Unidos.

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EE.UU. asegura proyectos hidroeléctricos y mineros a cambio de fondos de la Alianza para la Prosperidad – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- A juicio del presidente interino del  Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Tomás Gómez,  Estados Unidos  está asegurando la ejecución de los proyectos hidroeléctricos y mineros en los territorios de los pueblos autóctonos de Honduras, a cambio de la donación de los recursos de la Alianza […]

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El Movimiento Social y Popular demanda la intervención de un panel independiente internacional que investigue asesinato de Berta Cáceres

Defensores en linea

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España reitera apoyo para construir aeropuerto de Palmerola – Diario La Tribuna Honduras

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, José Manuel García-Margallo, expresó este miércoles el apoyo de ese país a Honduras en materia de seguridad, en la construcción del aeropuerto de Palmerola y en el impulso a la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, entre otras iniciativas.

Además, anunció que la cooperación de España ascenderá a 150 millones de euros (3.676 millones de lempiras) en el período 2014-2018.

García-Margallo, que cumple una visita de trabajo de dos días a Honduras, fue recibido por el presidente Juan Orlando Hernández, junto al canciller Arturo Corrales, para analizar distintos aspectos de las relaciones y la cooperación bilaterales.

Estos temas también fueron abordados por García-Margallo en una reunión de trabajo posterior con el canciller Corrales y otros miembros del Gabinete de Gobierno en Casa Presidencial.

En comparecencia ante la prensa luego de ambas reuniones, el ministro español de Asuntos Exteriores destacó que “mi cercanía con Honduras ha sido constante” y que su visita al país es “extraordinariamente importante”.

García-Margallo llegó a Tegucigalpa procedente de Puerto Rico, donde asistió al séptimo Congreso de la Lengua Española.

“Nuestras relaciones políticas son muy estrechas, son fraternales”, apuntó, y recordó que “tuvimos el honor de recibir al Presidente en el año 2014; en el año 2015 la Reina Letizia, que también estuvo en Puerto Rico, visitó Honduras”.

Ayuda en seguridad

García-Margallo informó que, “en la reunión que acabamos de terminar con el Presidente y el canciller, España manifestó su deseo de contribuir a la mejora de los niveles de seguridad en el país”.

“En ese marco firmaremos un convenio de cooperación para prevenir la violencia en el centro histórico de Tegucigalpa con financiación de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo”, informó.

“En el tema de seguridad no tengo más remedio que aludir y reiterar la condena por el asesinato de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres”, dijo el ministro español de Asuntos Exteriores.

Sin embargo, destacó que “el canciller y el Presidente me han informado que esta tarde a las cuatro habrá una reunión en que el propio canciller informará a los embajadores acreditados en Tegucigalpa cómo marchan las investigaciones”.

García-Margallo apuntó que espera que esas investigaciones “terminen cuanto antes y los culpables sean llevados ante la justicia; lamentar también, aunque no tenga nada que ver, la muerte de (el activista) Nelson García”.

CANCI

El funcionario español señaló que “esta visita, además de los aspectos políticos y de contribución a afianzar la seguridad en esta república, tiene una vertiente económica importante”.

Lamentó que “las cifras de comercio son todavía muy modestas y muy lejos de lo que son las legítimas ambiciones y el potencial de los dos países”.

Aeropuerto y Triángulo Norte

García-Margallo detalló que, “en materia de inversión, trabajan en Honduras 30 empresas españolas que contribuyen al desarrollo del país, no sólo en el terreno económico sino en la responsabilidad social coorporativa, ayudar a la educación, a la preservación del medio ambiente y a aquellas cosas que hacen grande a este país”.

“Confirmo, como ha señalado el canciller, la promesa que hizo el presidente del Gobierno (de España, Mariano Rajoy) en 2014, que ayudaremos a la construcción del aeropuerto de Comayagua, lo que será un estímulo importante para aumentar el turismo” en Honduras, reafirmó.

Al destacar el potencial del turismo en Honduras, resaltó que “puedo decir que sus bellezas, desde Roatán hasta el Sur, pueden ser ofrecidas a la población de todo el mundo y especialmente a la europea”.

“En materia de cooperación, España ha tenido que hacer, en estos años de dificultades económicas, restricciones en la cooperación, pero Honduras ha seguido siendo, como seguirá siendo, país prioritario en nuestra cooperación”, afirmó.

El ministro de Asuntos Exteriores de España anunció que “está previsto invertir en el período 2014-2018, un total de 150 millones de euros que fundamentalmente se destinarán, se invertirán, en dos grandes rubros: la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho y el desarrollo local”.

“Sí quisiera subrayar que en los proyectos de cooperación tengo especial cariño por todos los que hace el Fondo del Agua, que es un fondo extraordinariamente importante para nuestra cooperación”, aseveró.

García-Margallo refirió que “el Presidente y el canciller me han explicado los planes para aliviar la pobreza y aumentar el desarrollo de los países del Triángulo Norte, yéndose a erradicar las causas que generan la migración; España está muy comprometida a ayudar en ese terreno”.

“Sabemos que lo que realmente importa es ayudar a los pueblos a desarrollarse porque nadie deja su casa si tiene oportunidades económicas”, subrayó.

Una relación clara e importante

Por su parte, el canciller Arturo Corrales informó que en la reunión del presidente Hernández con García-Margallo “se abordaron varios temas, uno de los que para nosotros tiene una connotación muy importante: (el aeropuerto de) Palmerola”.

“Ya está todo listo, hoy está en el Congreso de la República el convenio para la construcción de Palmerola, está el financiamiento del proyecto, está la compañía y ahora a tener ese aeropuerto tan deseado y tan necesitado en Honduras con la ayuda importante del país, del Reino de España”, expresó Corrales.

Explicó que también se abordaron “problemas de migración, la Alianza para la Prosperidad (del Triángulo Norte de Centroamérica), el proyecto de la MACCIH (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras)”.

El canciller hondureño resaltó “esa relación tan clara” que Honduras mantiene con España, la cual “siempre es deseada, siempre es oportuna, siempre es bienvenida”.

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Biden insta a Centroamérica a luchar contra corrupción y migración clandestina –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Washington.-El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó este miércoles a tres mandatarios centroamericanos en Washington, a unir esfuerzos para luchar contra la corrupción y la migración clandestina hacia Norteamérica, indicando que de ello dependería la continuación de la ayuda estadounidense. “Vamos a tener que seguir dando pasos para garantizar algunas […]

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Presidentes del Triángulo Norte se preparan para reunirse con Biden

Los presidentes de Honduras, Juan Hernández; de El Salvador, Salvador Sánchez y de Guatemala, Jimmy Morales, hablaron el Plan Alianza para la Prosperidad, previo a la reunión con el vicepresidente de EE.UU., Joseph Biden.

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. Los gobernantes  de Honduras, Guatemala y El Salvador sostuvieron este miércoles un encuentro trilateral previo a la reunión que tendrán este mismo día con el vicepresidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, para discutir la implementación del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

 

Durante el encuentro los presidentes de Honduras, Juan Hernández; de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y de Guatemala, Jimmy Morales, hablaron sobre sus proyecciones del Plan Alianza para la Prosperidad y otros temas de interés regional.

 

Los tres mandatarios reunirán con el vicepresidente estadounidense en la Blair House, residencia para invitados oficiales del presidente de Estados Unidos.

 

La agenda  contempla la creación de un  ente autónomo en cada país  para el Plan Alianza; proyectos regionales y política estadounidense, entre otros temas de interés multilateral.

En diciembre de 2015 el Congreso norteamericano aprobó 750 millones de dólares para financiar el Plan Alianza para la Prosperidad.

El gobierno de Honduras dice que destinó 950 millones de dólares para poder ejecutar los ejes fundamentales del Plan, que se basan en el fomento de la actividad económica para la generación de oportunidades; desarrollo del capital humano e inserción laboral; seguridad ciudadana, justicia y derechos humanos.

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Hernández habla del Plan Alianza y migración con senadores de EUA

Washington, Estados Unidos.

Una jornada de reuniones tuvo el presidente Juan Orlando Hernández en su visita a la capital estadounidense, donde el punto toral fue la firma del convenio que dio vida a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

El mandatario llegó al Congreso estadounidense para reunirse, por separado, con los senadores Tim Kaine y Ron Johnson, y dar su agradecimiento por sus gestiones a favor del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, así como la confianza en el país.

El senador Tim Kaine es miembro de los comités de Presupuesto, Relaciones Exteriores y Servicios Armados, mientras que Ron Johnson es presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado de los Estados Unidos de América.

Además, conversaron sobre temas migratorios y avances de Honduras en seguridad y economía.

Ahí, los congresistas reconocieron los avances que se están haciendo en Honduras en seguridad, reducción de la pobreza y los esfuerzos para mejorar el futuro de los habitantes.

Hernández solicitó el apoyo para dar seguimiento a todos los esfuerzos que en se realicen después para que el Plan Alianza tenga un buen resultado en los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador).

El Plan Alianza tiene su base en las líneas estratégicas del Plan de Gobierno 2014-2018: Plan de Todos para una Vida Mejor, el que a la vez se fundamenta en los objetivos, metas y lineamientos de la Visión de País y el Plan de Nación.

Visitas semestrales

Producto del trabajo que está logrando Honduras en materia económica, las evaluaciones del Fondo Monetario Internacional(FMI) ya no serán trimestrales, sino que semestrales, por lo que se espera que la próxima evaluación será en mayo y la siguiente en octubre, dijo Marlon Tábora, representante de Honduras ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Tábora participó en la reunión que el mandatario hondureño tuvo una reunión con el director del Hemisferio Occidental de ese organismo, Alejandro Werner; el jefe de la Misión para Honduras, Roberto García, y el miembro del Hemisferio Occidental y revisor del programa vigente con el país, Robert Renhart.

Detalló que los personeros del FMI destacaron la lucha del mandatario hondureño para combatir la corrupción y la impunidad, y consideraron que la Maccih fortalecerá de manera importante la institucionalidad que se requiere para atraer inversión extranjera directa, generar estabilidad y confianza en el país.

El mandatario también se reunió con los directores de centros de pensamiento, donde promovió el país y exteriorizaron la satisfacción por la firma de la Maccih.

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Rigurosas condiciones impone EUA a fondos del Plan Alianza

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Honduras deberá cumplir con rigurosas condiciones impuestas por Estados Unidos para poder recibir los desembolsos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, de lo contrario correrá el riesgo de que se le suspenda o congele la ayuda económica de forma parcial o total.

Dentro de esas condiciones, están reducir el rol de los militares en las tareas de la seguridad pública, el apoyo a una comisión internacional contra la impunidad y la investigación, enjuiciamiento de funcionarios corruptos, así como de policías y militares involucrados en violaciones a los derechos humanos.

Las disposiciones están establecidas en la Ley de Asignaciones Presupuestarias para el Año Fiscal 2016, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en diciembre del año pasado.

EUA aprobó un paquete de ayuda para Honduras, El Salvador y Guatemala de 750 millones de dólares, el 40 por ciento de los cuales (299.4 millones) estará encaminado a programas de desarrollo, mientras que el 24 por ciento (183.5 millones) en asistencia económica y el 30 por ciento (222 millones) para iniciativas de seguridad.

Un 25% del total de la cooperación se entregará sin ningún tipo de condiciones, pero el 75% restante se hará en etapas y según el cumplimiento de al menos 17 medidas dirigidas a mejorar la gobernabilidad, seguridad y atenuar otras causas que provocan la masiva inmigración de hondureños a EUA. La ley establece que el Secretario de Estado de EUA, Jhon Kerry, revisará periódicamente el progreso de cada gobierno y que a más tardar el 30 de septiembre de 2016 presentará un informe a los comités del Congreso estadounidense.

La Ley es muy clara en el sentido que en caso de incumplimiento, el Secretario de Estado deberá suspender total o parcial la ayuda al Gobierno, aunque se encuentra en la Ley la reanudación de la misma una vez que se certifique que se han tomado las medidas correctivas.

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Cumplimiento

Consultada sobre el tema, Rocío Tábora, subsecretaria de Finanzas y coordinadora del equipo técnico de Honduras, explicó que el 25% de la ayuda no está condicionada, pero para el desembolso de los fondos restantes habrá una reunión dentro de 15 días con los equipos técnicos de los tres países y del Departamento de Estado con el fin de ponerse de acuerdo sobre cuáles serán los indicadores para medir el progreso de cada Gobierno en vista que dichas condiciones son muy generales.

Agregó que en la última reunión celebrada en Guatemala, hubo un reconocimiento del vicepresidente de EUA, Joe Biden, en el sentido que los tres países han venido avanzando en el Plan de la Alianza, aún en medio de sus dificultades internas.

En ese sentido, indicó que Honduras es uno de los países que más ha avanzado en el cumplimiento de la Declaración que se suscribió en marzo del año pasado en Guatemala, concretamente en aspectos tributarios, combate al narcotráfico y lucha contra la corrupción.

Con respecto a la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en el país, planteada por EUA, Tábora detalló que esta condición se enmarca en lo que la instancia soberana de cada país decida, lo importante es que funcione y haya un efectivo combate a la corrupción e impunidad.

En cuanto al rol de los militares en la seguridad, apuntó que ese es un tema conversado con EUA, y en la medida que avance la depuración policial y el fortalecimiento de la Policía se reducirá la participación de los soldados.

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Presidentes del Triángulo Norte hablarán migración con EE UU en Guatemala  

Los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras se reunirán el 14 de enero con el vicepresidente de Estados Unidos.

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“Si JOH se le para en 30 a los Estados Unidos, se lo van a llevar”: Manuel Zelaya

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El exgobernante de Honduras, Manuel Zelaya advirtió este martes que si el presidente Juan Hernández hace caso omiso a la recomendación de los Estados Unidos en cuanto a la instalación de una  comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, podría ser extraditado.

MEL Y JOH

“Honestamente si Juan Orlando se le  para en 30 a los Estados Unidos para que no intervengan tanto como lo hacen en este país en todos los campos, se lo llevan”, dijo Zelaya en una entrevista concedida a Radio y TV Globo, donde además  apuntó que si Hernández se niega a la instalación de la comisión internacional está dando por sentado que está involucrado en actos de corrupción.

La instalación de la comisión contra la corrupción y la impunidad, es parte de una innumerable lista de condiciones que el gobierno de los Estados Unidos ha planteado a Honduras para recibir los fondos aprobados por el Congreso de aquel país, en el marco del Plan Alianza para la Prosperidad.

El exmandatario dijo que la instalación de la comisión es una política de los Estados Unidos para Centroamérica, pues ya la instalaron en Guatemala y ahora la están pidiendo para Honduras y El Salvador.

TEMORES DE JOH

“Cuando el presidente Hernández, estando los  indignados en las calles se opuso a ser investigado por una comisión independiente-internacional dirigida por Naciones Unidas, creó la sospecha aquí y afuera, que tenía algo que esconder y por tanto temía a la cárcel o a la extradición”, expresó Zelaya.

Sin embargo, agregó que “mientras Juan Orlando siga atendiendo todas las instrucciones de los Estados Unidos ahí va a estar y lo van a dejar hasta  participar en el proceso”, indicó al referirse a las próximas elecciones presidenciales de 2017.

Precisó que conoce de primera fuente que los Estados Unidos lo que está pidiendo, al igual que la Unión Europea,  es que la “reelección no sea indefinida”, sino que quede reglamentada.

PRUEBAS Y LA EXTRADICIÓN

El también coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre) y diputado al Congreso Nacional  en representación de esa fuerza política, indicó que la nación del norte tiene pruebas en contra de Hernández y del Partido Nacional, pero serán utilizadas hasta “cuando éste (presidente Hernández) desobedezca, cuándo éste no les haga caso”.

En cuanto a la extradición de hondureños hacia los Estados Unidos, dijo que de acuerdo a la Constitución de la República vigente desde 1982, esto estaba prohibido y que ese extremo ha sido compartido por el expresidente Carlos Flores Facussé, quien se lo confió recientemente durante una reunión social en la que estaban  varios periodistas y donde se habló del  caso de Rafael Leonardo Callejas, extraditado recientemente a la nación del norte.

Ahondó que en caso que una Corte o una Fiscalía de los Estados Unidos pidiera la extradición del presidente Hernández, al titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, no le quedará de otra que entregarlo, porque así lo establece el auto de la extradición de la Corte Suprema de Justicia.

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EE UU aumenta ayuda para Centroamerica, pero no es un cheque en blanco

También prevé la posible financiación de apoyo a las comisiones internacionales contra la impunidad en Honduras y El Salvador, se deben establecer los órganos y siempre que tengan niveles de independencia y autoridad investigadora comparables a los de la CICIG.

TRIÁNGULO NORTE1

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El viernes pasado, luego de meses de negociaciones, el Congreso de Estados Unidos aprobó el presupuesto anual para el año 2016. Entre las cuestiones objeto de debate fue de mil millones de dólares la solicitud de ayuda del gobierno de Barack Obama para ayudar a los países del Triángulo del Norte de El Salvador, Honduras y Guatemala frente a la violencia, la falta de gobernabilidad, y la falta de oportunidades económicas que impulsan la migración de la región.

El número de niños centroamericanos que siguen migrando debe servir como un recordatorio de que a menos que los factores que los impulsan a huir se traten, los migrantes seguirán buscando refugio en los Estados Unidos en vez de quedarse a convertirse en víctimas de la violencia que asola sus comunidades.

Afortunadamente, el presupuesto aprobado para el 2016 deja espacio para un optimismo cauteloso: El Congreso parece haber reconocido que los problemas económicos y de inseguridad que enfrenta América Central deben ser abordados.

El presupuesto de 2016 incluye $ 750 millones en asistencia a Centroamérica, en particular para ayudar a Guatemala, El Salvador y Honduras frente a la violencia, la falta de oportunidades y la débil gobernabilidad que impulsan la migración de la región.

La cantidad aprobada está por debajo de los mil millones solicitado por el gobierno de Obama en febrero pasado, pero superior al $ 675 millones inicialmente asignados por el Senado y $ 450 millones por encima del monto asignado por la Cámara en cada una de sus respectivas cuentas de apropiación . El monto aprobado representa un aumento significativo de la $ 294 millones asignados a la región para el año 2015, y es probable que estimular los aumentos de otros donantes y de los prestamistas como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este paquete de gastos excluye los fondos antidrogas determinada según el Pentágono.

Los Hondureños huyen de la miseria y violencia que impera en Honduras.

Los Hondureños huyen de la miseria y violencia que impera en Honduras.

Expande la estrategia regional de Estados Unidos a partir de un enfoque de seguridad orientada a uno que busca fortalecer las instituciones e invertir en el desarrollo económico. De los fondos asignados, el 40 por ciento ($ 299,400,000) se les concedió para apoyar Asistencia para el Desarrollo, 24 por ciento se destina al Fondo de Apoyo Económico ($ 183,5 millones) y el 30 por ciento ($ 222 millones) se destinará a apoyar las iniciativas de seguridad. Por supuesto, un mayor gasto por sí solo no es suficiente. En última instancia los detalles de esta financiación y cómo se implementa determinará la eficacia de la estrategia de Estados Unidos para hacer frente a las causas subyacentes de la espiral de violencia en América Central.

Establece requisitos de planificación y coordinación claras para el Departamento de Estado,  antes de la liberación de los fondos. Antes de que cualquier dinero pueda ser liberado, el Departamento de Estado tiene que proporcionar al Congreso un plan de gastos plurianual que incluya objetivos, indicadores de progreso y un calendario claramente definidos para la implementación de su estrategia. Estas medidas mejorarán la supervisión del uso de los fondos y permitir una mayor capacidad de evaluar si la ayuda estadounidense está logrando el impacto deseado. Con estos requisitos, el Congreso parece decidido a garantizar que la ayuda contribuya realmente a las instituciones más fuertes y responsables, una mejor gobernanza, y los niveles más bajos de violencia en América Central. El plan de gastos también debe especificar la forma en la asistencia estadounidense será diferente o complementar la ayuda proporcionada por otros donantes e instituciones multilaterales.

Establece una serie de condiciones fuertes que los gobiernos de América Central deben demostrar antes que los fondos les sean liberados a ellos. De acuerdo con el presupuesto, el 50 por ciento debe ser retenido a los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala a menos que el Departamento de Estado certifique que el gobierno receptor está adoptando medidas eficaces para:

  • Establecer una entidad autónoma, públicamente responsable de proporcionar la supervisión del Plan para la Alianza para la Prosperidad.
  • Combatir la corrupción, incluida la investigación y enjuiciamiento creíble de los funcionarios del gobierno presuntamente corruptos.
  • Implementar reformas y políticas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo la capacidad e independencia de los sistemas judiciales y oficinas del Fiscal General.
  • Establecer mecanismos de consulta a la sociedad civil y los gobiernos locales.
  • Combatir las bandas criminales, los traficantes de drogas y el crimen organizado.
  • Investigar y enjuiciar en tribunales civiles miembros de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales que han violado los derechos humanos.
  • Cooperar con las comisiones de lucha contra la impunidad y los órganos regionales de Derechos Humanos.
  • Los programas de apoyo para reducir la pobreza, promover el crecimiento económico equitativo y crear puestos de trabajo en las comunidades de origen de los migrantes.
  • Desarrollar e implementar un plan para crear fuerzas policiales profesionales y responsables y reducir el papel de los militares en la policía civil.
  • Proteger los derechos humanos.
  • Implementar reformas fiscales y reforzar las agencias de aduana.
  • Resolver las disputas comerciales.

Se trata de un conjunto significativo de condiciones previas. Refleja la creencia de que la ayuda de Estados Unidos debe ayudar a América Central frente a las condiciones de la región que están impulsando la migración irregular, y la convicción de que la ayuda de Estados Unidos no va a hacer la diferencia a menos que estos países demuestran un firme compromiso con el fortalecimiento del estado de derecho y la lucha contra la corrupción, la pobreza y la desigualdad.

El edificio del Capitolio, sede del Senado de los Estados Unidos.

El edificio del Capitolio, sede del Senado de los Estados Unidos.

El paquete de gastos, por desgracia, también condiciona el 25 por ciento de los fondos en las medidas para aumentar la seguridad en la frontera y reducir la migración irregular. Estas medidas tienen el potencial para alimentar el maltrato a los migrantes, y es poco probable que tenga un efecto duradero en las tasas de migración. También en este caso, sin embargo, hay un resquicio de esperanza: las condiciones al menos reconocen que la deportación y repatriación debe reservarse para aquellos que “no califican como refugiados, de conformidad con el derecho internacional.”

Requiere consulta con la sociedad civil y los gobiernos locales.  Vale la pena señalar que, como parte de la serie de condiciones en el presupuesto, los gobiernos centroamericanos deben consultar con las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil (incluyendo los grupos marginados indígenas y otros), y de los gobiernos locales en el diseño, implementación y evaluación de las actividades de la Alianza para la Prosperidad que les afectan. Si se aplica sistemáticamente, esto podría ser un paso importante y positivo.

Proporciona significativa atención a la lucha en curso en Centroamérica contra la impunidad rampante y la corrupción. El presupuesto incluye $ 7.5 millones para apoyar el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que es un aumento significativo sobre contribuciones pasadas del Congreso estadounidense. También prevé la posible financiación de apoyo a las comisiones internacionales contra la impunidad en Honduras y El Salvador, se deben establecer los órganos y siempre que tengan niveles de independencia y autoridad investigadora comparables a los de la CICIG.

Establece un proceso de revisión y suspensión formal. Las tareas del presupuesto del Departamento de Estado con la revisión de los progresos realizados por los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala en las condiciones establecidas y presentar un informe al Congreso a más tardar el 30 de septiembre de 2016. Tanto el Congreso y el Departamento de Estado puede suspender la ayuda, en su totalidad o en parte, a ningún gobierno en particular.

CONCLUSIONES

El aumento significativo de la ayuda a la región, y el cambio global lejos de una agenda predominantemente de seguridad centrada en Centroamérica, son pasos de bienvenida. Sin embargo, la lucha contra los niveles desenfrenados de violencia y la desigualdad no es sólo una cuestión de financiación, sino también una de las inversiones inteligentes. El gasto plurianual previsto que el Departamento de Estado está obligado a presentar al Congreso determinará si se le da suficiente atención a la generación de empleo y oportunidades de educación para los jóvenes, a la prevención de la violencia basada en la comunidad, y para la creación de los sistemas de justicia independiente y profesional y fuerzas policiales responsables, así como a la lucha contra la corrupción y garantizar la participación significativa de la sociedad civil.

Además, la inclusión de condiciones previas que demuestren los resultados reales en la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones públicas son una prioridad en la agenda de muchos legisladores estadounidenses. Ahora le toca a los gobiernos de América Central demostrar un compromiso similar. La elección a la espera de la Procuraduría General en El Salvador, las selecciones del gabinete del presidente guatemalteco entrante Jimmy Morales y su apoyo a la CICIG y el fiscal general, así como la próximas elecciones de la Corte Suprema de Honduras y la viabilidad del mecanismo internacional con el músculo para hacer frente con eficacia a la corrupción y lograr reformas significativas en Honduras,  serán algunos de los primeros indicadores de que estos países están completamente dedicados al fortalecimiento del Estado de Derecho.(Tomado de WOLA)

Origen: EE UU aumenta ayuda para Centroamerica, pero no es un cheque en blanco –

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Can Honduras meet the certification goals of the Alliance for Prosperity?

Tiempo reported today that the newly passed US budget bill includes money for, and suggests the implementation of, a Comision Internacional Contra la Impunidad y la Corupción en Honduras (CICIH), something the indignados have been calling for since they began marching in May of this year.

Tiempo did not get it quite right. The bill does contain authorization of funding for a CICIH, should Honduras implement it, but does not suggest or mandate that Honduras do so nor does it set a cap on support for one, if implemented. It provides that if Honduras or El Salvador establishes an International Commission against corruption and impunity, funds from the Central American Regional Security Initiative (CARSI) can be used to support them if the House Appropriations Committee agrees after consultation.

Which is not to say that the bill has no policy implications for Honduras, and for US relations with it. House Bill 2029, which passed and was signed by President Obama, establishes the appropriations for the State Department, including the authorization language regarding the Alliance for Prosperity in the Northern Triangle of Central America.

In reaction to concerns about continuing migration from these countries, Congress bars the disbursement of 25% of the approved funds to the Northern Triangle countries unless the Secretary of State can certify that these governments are informing their population of the dangers of traveling to the southwestern border of the United States; are combating human trafficking and smuggling; have improved their border security; and are cooperating with the US government and governments in the region to facilitate the return, repatriation, and reintegration of those that do not qualify for refugee status under International law.

A further 50% of the funds for the Alliance are embargoed until and unless the Secretary of Sate can certify that each government meets twelve other criteria. In the case of Honduras, we think the State Department has its work cut out for it.

First the Secretary of State must certify in writing that each government is taking effective steps to
“establish an autonomous public accountability entity to provide oversight of the Plan”. Honduras does not currently have such an entity that we can identify.

Next the Secretary of State must certify that each government is combating corruption “including investigating and prosecuting government officials credibly alleged to be corrupt.”

In Honduras, there are far more identified cases of corruption than the Public Prosecutor’s office has chosen to prosecute, and it has not prosecuted the most flagrant cases involving high status individuals in the National Party (the current ruling party in Honduras).

The Secretary of State is also charged to certify that these governments, including Honduras, has taken steps to “implement reforms, policies, and programs to improve transparency and strengthen public institutions, including increasing the capacity and independence of the judiciary and the Office of the Attorney General”.

Honduras has recently been signatory to an agreement with Transparency International and the Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) to promote and encourage transparency in the Honduran government.

There’s a conflict between what Honduras agreed to do with Transparency International, and what it is doing with the Ley de Secretos Oficiales, which allows the Honduran government to arbitrarily and unilaterally make anything it wants unavailable to the public for up to 25 years, an action taken despite strong opposition from groups like the ASJ and its own government transparency watchdog, the Instituto de Acceso a la Información Publica. In June of 2015 the Instituto de Acceso a la Información Publica issued a resolution ordering the Honduran Congress to reform the law to follow Article 72 of the constitution and other laws related to human rights and other agreements Honduras has entered into regarding transparency. To date, the Honduran Congress has refused to amend the law.

Honduras has taken baby steps towards training the judiciary and the office of the Public Prosecutor to better be able to do their jobs. While there’s been a large financial investment in training, there is little to show for it. The Honduran government has agreed to implement the OAS sponsored MACCIH, but it largely shaped this program into yet another advisory group that will propose changes to the judiciary and Public Prosecutor’s office. The current President and Congress have ignored at least four sets of recommendations for changes to the judiciary since the 2009 coup and we don’t see any reason to expect the outcome this time will be different.

The Secretary must further certify that civil society organizations and local communities are consulted during the design of projects, and participate in the implementation of them. The lack of such consultation has been a constant concern for indigenous and rural communities faced with mining, hydroelectric, and other government approved projects.

Another certification required by the bill is that the Honduran government is taking effective steps to “counter the activities of criminal gangs, drug traffickers, and organized crime.”

Here the government of Honduras has a mixed record.  On the one hand, it has somewhat improved the national homicide rate, bringing it down to about 60 homicides per 100,00 population this year.  It has made numerous arrests of gang members and members of organized crime, but has successfully prosecuted none of them to date.  All high level members of organized crime in Honduras have been extradited to the United States for trial on charges here.  Extortion is rampant, kidnapping for ransom is on the rise, and mass murder, in which four or more people are killed in a single incident, is on the rise. Drug use within Honduras is increasing as well.

Another certification deals with the government taking effective steps to “investigate and prosecute in the civilian justice system members of military and police forces who are credibly alleged to have violated human rights, and ensure that the military and police are cooperating in such cases”.

In theory this is already true under the Ley del Ministerio Publico of 1993.  However, the Public Prosecutor’s office has to choose to prosecute the case, and has a miserable success record in court.

The Secretary of State will have to certify that the Northern Triangle governments are taking effective steps to “cooperate with commissions against impunity, as appropriate, and with regional human rights entities.”  In Guatemala, the Public Prosecutor’s office was slow to accept the help and guidance of its Comisión Internacional Contra la Corrupcion y la Impunidad (CICIG).  Honduras and El Salvador currently don’t have such International commissions. Although there is sentiment in both places to establish them, that sentiment is just not in either current government.

Honduras recently boycotted a series of InterAmerican Human Rights hearings on judicial independence and the corruption of government institutions (see the videos of the hearings from October 22, 2015 on the linked page). Its absence was notable, and noted by the court.  It has, to date, ignored the finding of the InterAmerican Court that Honduras violated due process in dismissing three justices and a magistrate in 2010 for having opposed the 2009 coup.  In October, the court ordered two of the judges and the magistrate reinstated or paid lost wages. The Honduran government has done nothing to date, not even acknowledge the finding.  Ignoring and boycotting are not evidence of cooperation with regional human rights organizations.

The Secretary of State must also certify that the government will “support programs to reduce poverty, create jobs, and promote equitable economic growth in areas contributing to large numbers of migrants.”

The Honduran Congress is barely moving here. Historically National Party governments, like the current one, have increased, rather than decreased poverty in Honduras. This is visible both in the percentage of the population living in poverty, and in the GINI index recorded each year for Honduras. We’ve written about this trend before (here and here).

The Secretary of State will have to certify that the Honduran government is taking effective steps to “create a professional, accountable civilian police force and curtail the role of the military in internal policing”.

One could not certify that for Honduras today.  Not only is there no viable mechanism for removing corrupt, crime-linked police officers (everything done to date has been inconsequential), and no will to do so, but the current government is expressly in favor of militarizing the police and abolishing the civilian police force by progressively defunding it in favor of increased funding to the militarized police force it is building up from scratch.  Honduras is therefore unlikely to take steps under its current government to comply with this condition of funding.

The Secretary of State will have to certify that the government of Honduras is taking effective steps to “protect the rights of political opposition parties, journalists, trade unionists, human rights defenders, and other civil society activists to operate without interference”.

In the Honduras of today, reporters, trade unionists, human rights defenders, and members of the opposition party all regularly receive death threats via text messages.  Many of those threatened either quit, or get killed.  The Honduran police don’t have the staff to pursue something as high tech as tracing a text message source. The Honduran military intelligence group probably could do this, since they effectively have a tap on all Internet and telephone connections in the country, but haven’t done anything about it.  Opposition parties in Congress are shut out of the public debate of bills by the leadership.

The Secretary of State must certify that the governments of these countries, including Honduras, are  taking steps to “increase government revenues, including by implementing tax reforms and strengthening customs agencies”.

Finally, the Secretary must certify the government of Honduras is taking effective steps to “resolve commercial disputes, including the confiscation of real property, between United States entities and such government.”

Given the situation on the ground, it should be difficult for the Secretary of State to certify the Honduras of today is taking effective steps to meet these criteria. Unless it makes changes, Honduras might not have access to the funding it thinks it is going to receive under this program.

Origen: http://hondurasculturepolitics.blogspot.ch/2015/12/can-honduras-meet-certification-goals.html

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Sociedad civil y oposición hondureña vigilarán que fondos “gringos” sean utilizados con transparencia

Por: Redacción CRITERIO Redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Lo que se espera es que los fondos aprobados por los Estados Unidos mediante el Plan Alianza para la Prosperidad sean utilizados con la mayor transparencia posible y para ello los defensores de derechos humanos y los movimientos de oposición estaremos vigilantes dijo,  Wilfredo Méndez, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODEH.

Wilfredo Mendez, director ejecutivo de Ciprodeh.

Wilfredo Méndez, director ejecutivo de Ciprodeh.

Para ello se ha creado un mecanismo seguimiento y de estudio a nivel jurídico, a nivel del tratamiento migratorio y a nivel del tratamiento de los Derechos Humanos, para que estos dineros tengan los elementos de rendimiento de cuentas y transparencia en que ha insistido el gobierno estadounidense, dijo Méndez

Una de las condiciones de la Alianza para la Prosperidad, que incluye a los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), establece que el 25% de esos fondos serán retenidos hasta verificar las acciones que eviten la migración hacia los Estados Unidos.

Además un 50% deberá ser utilizado en la lucha contra la corrupción e impunidad y la judicialización de los delitos.

Ariel Varela, al parecer toma las decisiones solo porque no se ve un comunicado de la Oposición Indignada.

Ariel Varela

“Este 25% la administración del presidente Barack Obama lo va a retener hasta verificar que Honduras está haciendo las acciones establecidas para contrarrestar la migración y hay un 50% de esos fondos que están fuertemente condicionados a una lucha contra la corrupción y la impunidad al establecimiento de un mecanismo que permita judicializar a los altos funcionarios que han cometido actos de corrupción, lo cual es alentador para la lucha que hemos estado realizando”, dijo Ariel Varela de Oposición Indignada.

El fenómeno migratorio cobró mayor fuerza el año anterior con el crecimiento significativo de la migración de infantes hacia los Estados Unidos, sin embargo el Plan Alianza para la Prosperidad, es claro, la no ejecución de las condiciones establecidas,  llevaría al retiro total de las aportaciones.

Méndez manifestó que,  se debe constatar que los fondos vayan a beneficiar a los hombres y mujeres que al final tienen que abandonar el país por varias razones y sobre todo por la violencia que abate el país y por lo tanto hay que generar condiciones adecuadas y pertinentes, sin olvidar que migrar es un derecho humano cuando la persona quiere,  pero no cuando se ve obligado a salir de su país por la violencia.

Miguel Briceño

Miguel Briceño

Por su parte Miguel Briceño,  de “Honduras, indignados somos todos”, señaló que los recursos financieros son también parte de la lucha sostenida en las calles, pidiendo un alto a la corrupción y la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) y seguirán en pie de lucha por el logro de ese objetivo que es una de las recomendaciones del documento del Plan de la Prosperidad.

Origen: Sociedad civil y oposición hondureña vigilarán que fondos “gringos” sean utilizados con transparencia –

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