14 de septiembre del 2016.- Directivos de la comunidad Garífuna de Barra Vieja fueron absueltos del delito de usurpación de su territorio ancestral, el pasado 9 de septiembre, cuando el Juzgado d…
El juicio contra la directiva de Barra Vieja tuvo lugar después de haber sido juzgados 64 miembros de la comunidad en junio del año pasado, los que fueron absueltos del delito de usurpación. La se…
Sambo Creek, 20 de Julio del 2016.- A pesar que la Corte Suprema de Justicia desestimó el Recurso de Casación interpuesto por el Indura y la Empresa Nacional Portuaria (EPN) en contra de la Sentencia Absolutoria a favor de la comunidad Garífuna de Barra Vieja, la EPN y los empresarios asociados al Indura Beach persiste en la persecución jurídica a los miembros directivos del patronato de Barra Vieja.
El 4 de junio de 2015, el Juzgado de Tela dicto una sentencia absolutoria a favor de la comunidad de Barra Vieja, en un juicio donde fueron encausados más de un centenar de los habitantes de la comunidad. La asombrosa actitud asumida por el estado de Honduras a través del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), la Empresa Nacional Portuaria y el Indura Beach, ha demostrado la persecución contra el pueblo Garífuna, la que se incrementó a partir del golpe de estado del año 2009.
Loa habitantes de Barra Vieja han padecido de una persecución judicial precedida de varios intentos de desalojo, donde la comunidad garífuna demostró su capacidad para eludir la violencia de las fuerzas de seguridad estatales, que pretendieron atemorizar a al población con su inclinación a la violencia, demostrada en los múltiples desalojos, los cuales suelen ser muy habituales en nuestro país.
Según la sentencia emitida por el Juzgado de Tela, la ENP no pudo demostrar que son dueños de la tierra donde esta ubicada la comunidad de Barra Vieja. Además se señaló que los acusados no son usurpadores, por lo tanto se les suspendieron las medidas sustitutivas a los miembros dela comunidad sindicados en el caso.
Ante la problemática existente en Honduras en materia de titulación, el Juzgado en su sentencia indicó que “este tribunal no duda de la autenticidad de la escritura, no así en lo referente a su contenido en vista de que no se acreditó en el juicio oral mediante las escrituras correspondientes los desmembramientos que se encuentran registradas y que consta en las notas marginales, tampoco se constataron las dimensiones y colindancias de dichos predios, por tal razón se desconoce actualmente cual es la cantidad de hectáreas o manzanas registradas a favor de la Empresa Nacional Portuaria, o del Instituto Hondureño de turismo, del Instituto Nacional Agrario y del Proyecto Bahía de Tela”.
La sentencia demuestra como las diversas instituciones del estado de Honduras y los empresarios han realizado una piñata con el territorio ancestral Garífuna. La asombrosa actitud asumida por el estado a través del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), y la élite de poder económico de apropiarse y repartirse Barra Vieja, utilizando al Poder Judicial, no es más que un despojo que viola convenios jurídicos internacionales, además demuestra la ausencia de ética de los funcionarios públicos.
La presencia Garífuna en Barra Vieja se remonta al año de 1911, y para 1950 se encuentra constituida la comunidad, la que después del huracán Mitch es deshabitada ante la muerte de los cocos y el avance de la erosión costera. En el año 2006 comienzan los antiguos habitantes de Barra Vieja a retornar a su territorio ancestral, y reconstruir sus viviendas.
La E.P.N se encuentra además implicada en el despojo de la comunidad Garifuna de Puerto Castilla, en la que pistola en mano el general Gustavo Alvarez Martinez obligó a la comunidad de Cristales y Río Negro en Trujillo ceder parte de su territorio para la construcción del muelle en Castilla, situación que implicó una relocalización de la comunidad en 1976. En la actualidad existen amenazas de una nueva relocalización de Castilla como parte de la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), conocida también como Ciudad Modelo.
Exigimos al estado de Honduras, IHT, EPN y empresarios asociados con el Indura Beach, que cesen el hostigamiento y persecución judicial a los dirigentes del Patronato de Barra Vieja. Además a la EPN reconsidere los planes de expulsión de los habitantes de Puerto Castilla, ya que las ZEDE no fueron consultadas en ningún momento con el pueblo Garífuna, tal como exige el Convenio 169 de la OIT.
Cabe mencionar el hecho que en diciembre del 2015, La Corte Interamericana emitió dos sentencias condenatorias contra el Estado Hondureño, por la violación del derecho a la Consulta-Consentimiento Previo Libre e Informada de la comunidad de Triunfo de la Cruz y de la falta de protección y garantía del titulo comunitario otorgado a la comunidad de Punta Piedra.
Desde hace varios años la comunidad Garífuna de Barra Vieja, ubicada en el municipio de Tela, Atlántida, al norte de Honduras enfrenta un proceso de despojo de tierra, mismo que ha sido acompañado de persecución judicial y amenazas.
Como parte de la persecución desde el año 2014, alrededor de 60 familias de la comunidad fueron procesadas, acusadas de usurpación de tierra, por la Empresa Nacional Portuaria y por el Proyecto Hotelero Indura Beach and Golf Resort.
La acusación emprendida por la Empresa Nacional Portuaria en contra de la comunidad Garífuna se convirtió en una seria amenaza para las familias, porque sufrieron desalojos, e intimidaciones de los organismos de seguridad del Estado.
El día 5 de junio del 2015, y después de muchas horas en los tribunales, el Tribunal de Sentencia se reunió en el antiguo edificio de la contaduría en el centro de Tela. Ese Tribunal emitió una sentencia, ese mismo 5 de junio a favor de las comunidades, dejando sin valor la acusación realizada por la Empresa Nacional Portuaria (ENP), y dejando en libertad a las más de 60 familias que habitan el lugar.
Sin embargo la misma fue apelada a través de un recurso de casación interpuesto por la ENP ante la Corte Suprema de Justicia.
No pasó ni un mes, cuando apareció una nueva acusación contra la comunidad. El 30 de junio del 2015, surgió una acusación contra los líderes del patronato de la comunidad, por el delito de usurpación de tierras, siempre por la ENP.
ACTUALIDAD
El pasado lunes 18 de julio, en los juzgados de Tela, Atlántida, se llevó a cabo la audiencia de presentación de pruebas contra 10 directivos del patronato de la comunidad Garífuna de Barra Vieja, mismos que fueron acusados en el 2015 acusados de ser invasores de un terreno que forma parte del territorio ancestral Garífuna.
El abogado Carlos Velásquez, apoderado legal de la comunidad, manifiesta que en la audiencia se propuso las pruebas y se señaló una nueva fecha para el debate, mismo que se realizará el próximo 17 de agosto a las diez de la mañana en los Tribunales de Tela.
El profesional del derecho señala que en la audiencia fueron notificados que la Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso de casación interpuesto por el proyecto Indura y la Empresa Nacional Portuaria en el caso de una sentencia dictada por un Tribunal en Tela, y que la misma era a favor de las familias de la comunidad.
Carlos Velázquez dice que la decisión de la Corte Suprema de Justicia es un revés para el sistema de desojo de tierras y criminalización de los pueblos indígenas y originarios que mantiene el Estado hondureño.
En ese contexto de despojo de tierras, criminalización y persecución a las comunidades Garífunas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en diciembre del 2015 una sentencia a favor de la comunidad Triunfo de la Cruz, en Tela.
La sentencia encuentra al Estado hondureño internacionalmente responsable por violación a varios derechos de la comunidad garífuna.
La situación de las comunidades de Barra Vieja y El Triunfo de la Cruz, no dista mucho de la que viven otros pueblos originarios en el país, que son perseguidos y criminalizados por empresas que en complicidad con el Estado buscan despojarlas del territorio que ancestralmente les pertenece.
A new complaint was lodged with the CAO regarding an IFC financial intermediary investment in Honduras, while another financial intermediary case, previously linked to the IFC, escalate into violence.
In October 2015 a Honduran indigenous Garifuna community, with support of local NGO the Black Fraternal Organisation of Honduras (OFRANEH), lodged a complaint with the Compliance Advisor Ombudsman (CAO), the accountability mechanism of the International Finance Corporation (IFC, the World Bank’s private sector arm). The complaint alleged a number of breaches stemming from the Tela Bay Tourism development project in Indura, including “land grabbing, community displacement, lack of economic benefits and environmental degradation”. The CAO found the complaint eligible for further assessment in December and is currently assessing the case further. One of the project’s financiers is Banco Ficohsa, Honduras’ third largest bank, in which the IFC has made several investments since 2008, including trade finance, housing and SME loans as well as an equity investment in May 2011. The IFC’s investments through financial intermediaries (FIs) have been repeatedly criticised by the CAO and NGOs claiming that the IFC is unable to determine the development impact of the investments and to ensure they do no harm (see ObserverSpring 2015, Winter 2015, and Spring 2014).
In the complaint OFRANEH sets out the deleterious impact of World Bank involvement in Honduras since the 90s in promoting the “restructuring of land registration systems and cadastre through [development] programmes that affect the rights of Garifuna communities”. OFRANEH concluded “that a set of World Bank projects promoted massive encroachment of Garifunas’ land on the north coast, facilitating illegal [land] titles to third parties of ancestral Garifunas’ land and the IFC financed investments in private sector projects built on this stolen land.” It requested that the CAO investigate the IFC investment in Ficohsa and undertake a “broader review of the World Bank policies and practices that have contributed to the dispossession of large-scale land in Honduras and in particular the Garifunas communities”.
Repeated human rights concerns, same suspects
This is not the first time that the IFC’s investments in Ficohsa have come under scrutiny by the CAO. In August 2013 the CAO initiated a compliance appraisal, triggered by Ficohsa’s significant exposure to Corporación Dinant, a controversial palm oil producer in Honduras, also subject to a CAO audit that was initiated in 2012 due to allegations of human rights violations (see ObserverWinter 2014, BulletinAug 2014, Update86). In January 2016 the CAO released its monitoring report of the Ficohsa investigation, citing repeated concerns about IFC’s management of environmental and social risk in relation to Ficohsa’s lending to Dinant. The CAO concluded that “to date IFC has not assured itself that Ficohsa’s ongoing financing for Dinant is contingent on binding commitments to implement the performance standards, either through its loan agreements or the environmental and social action plan.” The CAO will continue to monitor the IFC’s supervision of Ficohsa and aims to release a follow up monitoring report no later than December 2016.
World Bank projects promoted massive encroachment of Garifunas’ land…, facilitating illegal [land] titles… and the IFC financed investments in private sector projects built on this stolen land.OFRANEH complaint letter to CAO
Honduran activists murdered
In early March Berta Cáceres, leader of Honduran NGO the National Council of Popular and Indigenous Organisations of Honduras (COPINH), was murdered. Cáceres had led the peaceful opposition to the construction of the Agua Zarca dam, arguing it would destroy local indigenous Lenca communities’ farmland and limit their access to drinking water, and received continuous threats, harassment and persecution by the state and others. In October 2013 COPINH registered a complaint with the CAO concerning the Agua Zarca hydropower project, carried out by the company DESA, following the killing of an indigenous protestor, allegedly by the army and the building company, and intimidation of activists and local communities opposing the project (see Bulletin Dec 2013, Observer Autumn 2013). However, the case did not come to conclusion, as CAMIF, IFC’s client, pulled out its investment in DESA and the Agua Zarca project. CAMIF’s withdrawal was followed by China’s Sinhydro, which cited publicly that its withdrawal was due to conflicts between the company and communities.
Following Cáceres’ murder numerous CSOs, such as COPINH, and Both ENDS, called on all investors to pull out of the Agua Zarca project and do everything in their power to stop the violence and intimidation against activists. The Netherlands Development Finance Company (FMO) and the Finnish Finnfund suspended their support for the project one day after Nelson García of COPINH was also shot and killed in late March. On the website ‘Justice for Berta’, her children and COPINH demand “immediate cancellation of the Agua Zarca project, justice for the Berta’s murder, an end to the persecution of the Lenca community and justice for projects that threaten the environment and the lives of indigenous communities in Honduras”.
Killings of environmental activists a global trend
In April 2015 Global Witness, a UK based NGO, argued in its report How many more? that 2014 saw an increase in the killings of environmental activists. At least 116 environmental activists worldwide were killed, 40 per cent of which were from indigenous communities, with most working against hydropower, mining and agribusiness projects. The report described Honduras as “the most dangerous country to be an environmental defender” and “emblematic of the systematic targeting of defenders”. Three-quarters took place in Latin America, with South Asia the second-deadliest region. Victoria Tauli-Corpuz, UN special rapporteur on the rights of indigenous peoples, urged governments to give protection to environmental defenders. In March she told Climate Home, a global news agency: “The pattern of killings in many countries is becoming an epidemic definitely.” Tauli-Corpuz called for recognition of land rights and a robust legal system to prosecute perpetrators.
In late March the UN Human Rights Council approved a new resolution on the protection of human rights defenders addressing economic, social and cultural rights. An earlier draft version included a paragraph highlighting the human rights obligations of international financial institutions. This paragraph was removed in the final version due to calls for removal from the EU, China and Canada.
Sambo Creek, 29 de junio de 2015.- Para el próximo martes 30 de junio, la Junta Directiva de lacomunidad de Barra Vieja ha sido citada por el Juzgado de Tela, con el propósito de efectuar una audiencia preliminar, en referencia a la supuesta usurpación de tierras que promueve la Empresa Nacional Portuaria (EPN).
Los empresarios asociados al proyecto de megaturismo Indura Resort, conocido previamente como Laguna de Micos, continúan presionando para apoderarse del territorio ocupado por el pueblo Garífuna desde 1885, cuando los garinagus que habitaban en el antiguo de Triunfo de la Cruz, -conocido actualmente como la ciudad de Tela- fueron desplazados por las compañías bananeras, replegándose en Tornabé y en el actual Triunfo.
Desde la década de los años 70 se dio inicio a una serie de especulaciones inmobiliarias alrededor del proyecto que se conoció en aquel entonces como Bahía de Tela, las cuales afectaron a todas las comunidades Garífunas de la bahía. Con la ampliación del casco urbano de la ciudad de Tela y la implementación de la Ley de Municipalidades (1992), empresarios, políticos y militares se apropiaron de las tierras consideradas idóneas para el negocio del turismo.
El año pasado se suscitaron tres intentos de desalojo y este año en el mes de mayo, la EPN siguiendo las instrucciones del Indura Resort, prosiguió a la casi toda la población adulta de la comunidad, fallando sorpresivamante el Juzgado de Tela a favor de Barra Vieja.
La politización del sistema judicial en Honduras se agudizo a partir del golpe de estado y posteriormente se agravó con el golpe a la Corte Constitucional perpetrado por Juan Orlando Hernández cuando se desempeñaba como presidente del Congreso Nacional. La enorme mora judicial y la presteza con que actual el Juzgado de Tela denota el enorme interés de los empresarios del Indura Resort.
Cabe señalar que el Indura Resort se encuentra íntimamente ligado al Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) capítulo Honduras, grupo que financió a Lany Davis, encargado de cabildear en Washington a favor del golpista Roberto Micheletti. Davis es uno de los hombres de confianza de Hillary Clinton, la ex Secretaria de Estado durante el golpe de estado del año 2009.
El despojo de Barra Vieja forma parte de la estrategia de expulsión del pueblo Garifuna de la costa Caribe de Honduras. Mientras la misma EPN viene amenazando de expulsar a la comunidad de Puerto Castilla, donde pretenden construir una supuesta Ciudad Modelo, el crimen organizado efectúa presiones territoriales en las comunidades de Armenia y Vallecito.
Mañana se dará inicio a una nueva farsa jurídica de un caso ya juzgado, pero que el fallo no fue del agrado de la élite de poder de un país autocrático abatido por la corrupción y la violencia. Es de esperar los argumentos usuales del Ministerio Público: denegar la existencia de la comunidad e insistir en diluir la condición de pueblo indígena de los Garifunas.
Como es de conocimiento del estado de Honduras, en cualquier momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictará una sentencia sobre los dos casos que se ventilan alrededor del pueblo garifuna. En el caso de Triunfo de la Cruz se incluye precisamente la denegación al derecho a la Consulta Previa Libre e Informada sobre la imposición de los proyectos turísticos y creación de áreas protegidas consultas. Los fallos harán más palpables la distorsión de la aplicación de justicia en Honduras y la cruenta situación por la que atravesamos los pueblos indígenas del país.
El pasado 4 de junio, el tribunal de sentencia de Tela dio lectura a la resolución donde declaró absolución del delito de usurpación de tierras a más de 80 pobladores y pobladoras de la comunidad garífuna de Barra Vieja en el municipio de Tela argumentando no poseer pruebas suficientes para su condena penal. La alegría duró poco ya que semana se conoció que en los juzgados de Tela, se ha reactivado un nuevo juicio, esta vez contra los miembros del patronato.
Los pobladores y pobladoras fueron acusados por la Empresa Nacional Portuaria de usurpar territorio perteneciente a esa institución, sin embargo, éstos aseguran que la comunidad existe mucho antes de la creación de la Empresa Nacional Portuaria y que en la misma han vivido por muchos años .
Mirian Miranda, Presidenta de la Organización Fraternal Negra OFRANEH dice que la este juicio ya había sido iniciado contra 8 dirigentes del patronato.
“Después del fallo absolutorio a favor de más de 80 miembros de la comunidad, era de esperar que se reactivara este otro juicio contra dirigentes del patronato, hemos estado dialogando con el apoderado legal de la comunidad y nos ha informado que la cita está para el próximo 30 de junio” señaló la líder garífuna.
La comunidad garífuna de Barra Vieja, ubicada en la bahía de Tela, junto al proyecto Turístico Indura Beach and Resort, viene enfrentando constantes amenazas de desalojo desde hace muchos años. En el año 2014 en varias ocasiones, militares y policías llegaron hasta la comunidad a desalojarlos.
Los dirigentes comunales de Barra Vieja, han manifestado su preocupación por la continua persecución que hace el Estado hondureño solo por defender las tierras que ancestralmente les han pertenecido. Carlos Castillo es el presidente del patronato de Barra Vieja y asegura que están preocupados por la nueva jugada que ha realizado la Empresa Nacional Portuaria, según Carlos, ahora los acusan de ser “los que lideran los grupos invasores de las playas, como no pudieron con toda la comunidad, ahora nos están acusando solo a nosotros”.
Los pueblos indígenas y originarios en nuestro país históricamente han sido olvidados, criminalizados y despojados de su territorio. Desde el golpe de Estado del 2009, la criminalización, la persecución el desplazamiento se ha agudizado.
En 1994 el Estado de Honduras firmó el Convenio 169 de la OIT y posteriormente lo ratificó en 1995. El convenio cita que los pueblos originarios e indígenas tienen derecho a la consulta previa, pese a eso, es el mismo Estado el que impone megaproyectos desplazando a las comunidades.
El mejor ejemplo de persecución, criminalización y despojo, es la comunidad de Barra Vieja en la bahía de Tela. Barra vieja, también es un claro ejemplo de lucha y dignidad, sus pobladores y pobladoras día a día luchan unidos y se resisten a ser despojados de las tierras de las cuales han sido dueños toda la vida.
Desde hace varios años los pobladores y pobladoras de la comunidad garífuna de Barra Vieja en Tela, Atlántida vienen enfrentando amenazas de despojo del territorio que ancestralmente han habitado.
En el año 2007, el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) interpuso a través de la Empresa Nacional Portuaria una denuncia ante la fiscalía de Tela por la supuesta usurpación de tierras pertenecientes al Estado.
El pasado 12 y 13 de mayo del 2015, en el antiguo edificio de la Contaduría de la Tela Railroad Company, se llevó a cabo la audiencia de debate sobre este tema donde más de 80 garífunas fueron acusados de usurpación de sus propias tierras, según un proceso judicial iniciado por la Portuaria que inició una querella desde el año pasado.
El 4 de junio, el Tribunal de Sentencia de Tela, citó a los pobladores y pobladoras de la comunidad para que se presentaran a escuchar la resolución que dictarían.
Pasadas las 3 de la tarde el Tribunal de Sentencia dio lectura a la resolución donde declaró absolución del delito de usurpación de tierras, argumentando no poseer pruebas suficientes para su condena penal.
La comunidad de Barra Vieja está ubicada en el parque nacional Blanca Jeannette Kawas, a pocos metros del proyecto turístico Bahía de Tela, por la belleza y riqueza natural esta comunidad se ve asediada constantemente por empresarios que quieren adueñarse de sus tierras a cualquier costo.
Con la construcción del Proyecto Indura Beach, la elite poderosa de Honduras está obteniendo jugosas ganancias a costa del despojo, marginamiento y desplazamiento de cientos de garífunas. El proyecto no solamente causa daños a los pobladoras del sector, también ha generado un daño irreversible al parque Nacional Blanca Jeannette Kawas, ya que para su construcción tuvieron que rellenarse varias hectáreas de humedales que son los encargados de mantener la buena salud del ecosistema del lugar, causando también migración de varias especies animales, mencionó la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH.
La lucha continúa
Luego de haber escuchado la sentencia, Carlos Castillo, presidente del patronato de la comunidad de Barra Vieja dijo que no bajarán la guardia y continuarán con la lucha. Castillo cree que con la resolución el Estado reconoce la existencia de la comunidad y acepta que la lucha por la defensa del territorio que mantienen muchas comunidades es legítima.
El líder garífuna también hizo ver la precaria situación en la que se encuentran, “no contamos con los servicios básicos, no tenemos escuelas ni centros de salud, nuestros hijos e hijas tienen que caminar varios kilómetros para poder estudiar” señaló.
Miriam Miranda presidenta de la OFRANEH, asegura que la resolución dada por el Tribunal de Sentencia de Tela, es un hecho histórico, es una resolución que demuestra que no puede ser condenada toda una comunidad que lucha por su legítimo derecho a la tierra.
Agregó que se encuentran satisfechos con el fallo, y esperan que las autoridades no vayan a retroceder con la decisión de respetar la lucha por la defensa de sus tierras, por lo que se encuentran a la expectativa con lo que pueda solicitar la Empresa Nacional Portuaria.
En nuestro país, muchas comunidades se ven amenazadas constantemente por la voracidad de empresarios que con la finalidad de obtener enormes ganancias, buscan apoderarse de los territorios con mayor belleza y riqueza natural de la nación, no importando si con esto desplazan, despojan o asesinan a los pobladores y pobladores, concluye Miranda.
Sambo Creek, 5 de junio de 2015.- El día de ayer finalmente el Juzgado de Tela emitió un veredicto a favor de la comunidad de Barra Vieja, la que se encontraba procesada por el supuesto delito de usurpación de su territorio ancestral
El veredicto fue una sorpresa ante la persistente actitud asumida por el poder judicial de desdeñar los reclamos interpuestos por el pueblo Garífuna en relación a los despojos sistemáticos que se han venido dando en las últimas décadas.
La querella emprendida por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y la Empresa Nacional Portuaria (EPN) en contra de la comunidad Garífuna de Barra Vieja, se convirtió en una amenaza para los mas de 450 pobladores que sufrieron varios intentos de desalojo, a manos de las fuerzas de seguridad del estado.
Según el veredicto del Juzgado, la ENP no pudo demostrar que son dueños de la tierra donde esta ubicada la comunidad de Barra Vieja. Además se señaló que los acusados no son usurpadores, por lo tanto se les suspendieron las medidas sustitutivas a todos los acusados.
Cabe resaltar la actitud asumida una vez más por la Procuraduría General de la República de denegar la condición indígena del pueblo Garifuna, tal como pretendió en las audiencias efectuadas el año pasado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en relación a los casos de las comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
La Procuraduría una vez mas recayó en la ignorancia en cuanto a la indigenidad del pueblo Garífuna, con el propósito de socavar la posible protección que confiere el Convenio 169 de la OIT, el que si bien fue firmado y ratificado por el Estado de Honduras hace dos décadas, el Estado nunca procedió a adaptar las leyes nacionales al Convenio, tal como lo indica la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969).
Existe una sistemática ofensiva por parte de grupos empresariales y el crimen organizado de despojar a las comunidades Garifunas de nuestros territorios ancestrales. A partir del golpe de estado del año 2009 se intensificaron las presiones y como resultado del colapso jurídico, la comunidad de Río Negro, Trujillo, fue demolida a instancias del empresario canadiense Randy Jorgenson, el que abocándose a la Ley de Expropiación Forzosa (1913) se apoderó de una de las primeras comunidades Garífunas fundada en Honduras.
El año pasado, a medida que el pueblo Garífuna avanzaba en su lucha jurídica ante la Corte IDH, el estado promovió desalojos en las comunidades Garífunas de Barra Vieja, Armenia y Puerto Castilla. La criminalización de la defensa del territorio ancestral, acompañadas de amenazas de muerte no frenaron los reclamos territoriales planteados por las comunidades.
La doctrina planteada por la Procuraduría en relación a considerar al pueblo Garífuna como extranjeros en Honduras y por ende denegar nuestros derechos territoriales, está impregnada de un enorme racismo. Buena parte de la elite de poder nacional es de origen extranjero y llevan mucho menos de un siglo en el país, sin que se les cuestione en ningún momento su hondureñidad.
Es de esperar que la EPN, el IHT y los verdaderos promotores de un juicio indudablemente político, el INDURA RESORT, apelarán el veredicto. Por supuesto que el torbellino por el cual atraviesa Honduras y la involucración de la elite de poder en el saqueo de las instituciones estatales, no es el panorama más adecuado para persistir en la distorsión jurídica y el prevaricato que tanto ha prosperado en Honduras en las últimas décadas.
!!! Celebramos una vez mas este triunfo de la comunidad de Barra Vieja, que constituye un triunfo de todo el pueblo Garifuna. Así mismo agradecemos a la solidaridad nacional e internacional quienes han venido acompañando la lucha y resistencia de la comunidad de Barra Vieja!!!
Jueves, 04 Junio 2015 15:46 Written by Dina Meza Published in Contexto Read 60 times
El Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida se apresta a dar un veredicto contra el pueblo garífuna de Barra Vieja, en un juicio donde la dilación y la parcialidad hacia el proyecto turístico Bahía de Tela , a través de la Empresa Nacional Portuaria, ENP, como mampara, es una ilegalidad que no logran esconder.
En la tarde de hoy 04 de junio de 2015, el pueblo garífuna espera el veredicto, donde no hay ninguna esperanza de que se les restituyan sus derechos sino que se proceda a fijar una sentencia donde se asuma “como caso cerrado” para el Estado de Honduras. Muchos millones de dólares están en juego para el capital, pero cientos de familias del pueblo Garífuna de Barra Vieja no se quedarán de brazos cruzados, pues han dicho que solo muertos los sacan de allí.
El pasado 13 y 14 de mayo inició la audiencia de debate en ese tribunal. La sala estaba repleta no de público sino de procesados y procedas por usurpación de tierras, eran hombres y mujeres que por década están en su tierra, la cual fue vista como una mercancía y el despojo llegó.
El Estado de Honduras a través de las instituciones involucradas en este caso como la Procuraduría General de la República, PGR, el Ministerio Público y el Instituto Nacional Agrario, INA, persistieron en su afán de negar la existencia de la comunidad garífuna de Barra Vieja y en general de todo el pueblo.
Aunque los ancianos de Barra Vieja han brindado múltiples testimonios sobre la presencia del pueblo Garífuna, la que se remonta a finales del siglo XIX, cuando las compañías fruteras desplazaron a los Garífunas del antiguo Triunfo de la Cruz, pero eso no ha valido de nada, porque la rapiña está prevaleciendo, en violación al Convenio 160 de la OIT.
El 14 de mayo se suspendió la audiencia de Debate para “darle tiempo” a la Fiscalía de presentar los testigos que no presentó en esos dos días aduciendo una serie de pretextos, eran un empleado del Instituto Nacional Agrario, INA, para que avala un informe del Consejo Nacional Agrario donde había toda una argumentación favorable al emporio turístico.
El pueblo garífuna, representado a través de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, tendrá que ir nuevamente a los tribunales internacionales porque aquí en Honduyras, la justicia les cierra las puertas y hay una campaña discriminatoria para quererles presentar incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, como extranjeros en su propia tierra.
General Álvarez Martínez llegó pistola en mano para que cedieran sus tierras
Según señala la OFRANEH y para dejar constancia histórica del saqueo, la Empresa Nacional Portuaria se apropió de los terrenos de Puerto Castilla, cuando el 1976 el general Álvarez Martínez, pistola en mano, hizo firmar a los miembros de la comunidad de Cristales y Río Negro la cesión del territorio ancestral conocido como la Puntilla y que estaba titulado a favor del pueblo Garífuna desde 1902.
A continuación un comunicado de OFRANEH sobre este despojo
Sambo Creek, 4 Junio del 2015.- Después de varias horas de espera, el juicio de la comunidad Garífuna de Barra Vieja, se reanudó en horas de la tarde del día de ayer, persistiendo el Estado de Honduras en denegar la existencia de la comunidad y la condición de indígenas del pueblo Garífuna.
Se supone que el día de hoy en horas de la tarde se emitirá una resolución, la que es de esperar será a favor de la Empresa Nacional Portuaria. Honduras al igual que en “Alicia en el país de las maravillas”, la sentencia precede a los cargos.
Los tres intentos de desalojo efectuados el año pasado en contra de Barra Vieja, podemos indicar que forman parte de una sentencia a priori, de un juicio que se vino a efectuar meses después de las arremetidas en contra de la comunidad por parte de las fuerzas de seguridad estatales.
Los ancianos de Barra Vieja han brindado múltiples testimonios sobre la presencia del pueblo Garífuna, la que se remonta a finales del siglo XIX, cuando las compañías fruteras desplazaron a los Garifunas del antiguo Triunfo de la Cruz, los que se vieron obligados a relocalizarse en el nuevo Triunfo y en Tornabé.
El cabo Santa Marta, cayo Tornabé -como se le conoce a Barra Vieja en los archivos catastrales- fue donado a la Empresa Nacional Portuaria por el Procurador Nacional de la República, el Señor Serapio Hernández Castellanos, el 18 de septiembre de 1975, a través de la escritura pública No.29, otorgada en Puerto Cortes.
En ningún momento a la comunidad de Barra Vieja o Tornabé se les notificó de la entrega de su territorio a la EPN.
Cabe recordar como la EPN se apropió de los terrenos de Puerto Castilla, cuando el 1976 el general Álvarez Martínez, pistola en mano, hizo firmar a los miembros de la comunidad de Cristales y Río Negro la cesión del territorio ancestral conocido como la Puntilla y titulado a favor del pueblo Garífuna en 1902.
En la actualidad se está fraguando una expulsión más de los habitantes de Puerto Castilla promovida por la EPN, para la construcción de una supuesta ciudad modelo (ZEDE)
La debacle por la cual atraviesa Honduras está cimentada en el saqueo tanto de instituciones como de territorios, situación que se agravó con el golpe de estado del año 2009.
Para los empresarios asociados con el INDURAS RESORT, la presencia de Barra Vieja contiguo a su emporio, se convierte en una afrenta, ya que existen planes para terminar de destruir los humedales de la Laguna de Micos (RAMSAR 722).
El juicio de Barra Vieja no es más que una farsa judicial, ante la garrafal omisión de un procedimiento indispensable que omitieron el año pasado antes de haber intentado los desalojos.
El haber escogido las ruinas del edificio de la Tela Rail Road Company para llevar a cabo el juicio, es una señal inequívoca de no haber superado la etapa neocolonial en la cual se sumió Honduras en el siglo XX y que parece ser, se está repitiendo de nuevo en el siglo XXI.
Sambo Creek, 4 Junio del 2015.- Después de varias horas de espera, el juicio de la comunidad Garífuna de Barra Vieja, se reanudó en horas de la tarde del día de ayer, persistiendo el Estado de Honduras en denegar la existencia de la comunidad y la condición de indígenas del pueblo Garífuna.
Se supone que el día de hoy en horas de la tarde se emitirá una resolución, la que es de esperar será a favor de la Empresa Nacional Portuaria. Honduras al igual que en “Alicia en el país de las maravillas”, la sentencia precede a los cargos. Los tres intentos de desalojo efectuados el año pasado en contra de Barra Vieja, podemos indicar que forman parte de una sentencia a priori, de un juicio que se vino a efectuar meses después de las arremetidas en contra de la comunidad por parte de las fuerzas de seguridad estatales.
Los ancianos de Barra Vieja han brindado múltiples testimonios sobre la presencia del pueblo Garífuna, la que se remonta a finales del siglo XIX, cuando las compañías fruteras desplazaron a los Garifunas del antiguo Triunfo de la Cruz, los que se vieron obligados a relocalizarse en el nuevo Triunfo y en Tornabé.
El cabo Santa Marta, cayo Tornabé -como se le conoce a Barra Vieja en los archivos catastrales- fue donado a la Empresa Nacional Portuaria por el Procurador Nacional de la República, el Señor Serapio Hernández Castellanos, el 18 de septiembre de 1975, a través de la escritura publica No.29, otorgada en Puerto Cortes. En ninguno momento a la comunidad de Barra Vieja o Tornabe se les notificó de la entrega de su territorio a la EPN.
Cabe recordar como la EPN se apropió de los terrenos de Puerto Castilla, cuando el 1976 el general Alvarez Martinez, pistola en mano, hizo firmar a los miembros de la comunidad de Cristales y Río Negro la cesión del territorio ancestral conocido como la Puntilla y titulado a favor del pueblo Garifuna en 1902. En la actualidad se está fraguando una expulsión más de los habitantes de Puerto Castilla promovida por la EPN, para la construcción de una supuesta ciudad modelo (ZEDE)
La debacle por la cual atraviesa Honduras está cimentada en el saqueo tanto de instituciones como de territorios, situación que se agravó con el golpe de estado del año 2009. Para los empresarios asociados con el INDURAS RESORT, la presencia de Barra Vieja contiguo a su emporio, se convierte en una afrenta, ya que existen planes para terminar de destruir los humedales de la Laguna de Micos (RAMSAR 722).
El juicio de Barra Vieja no es más que un farsa judicial, ante la garrafal omisión de un procedimiento indispensable que omitieron el año pasado antes de haber intentado los desalojos. El haber escogido las ruinas del edificio de la Tela Rail Road Company para llevar a cabo el juicio, es una señal inequívoca de no haber superado la etapa neocolonial en la cual se sumió Honduras en el siglo XX y que parece ser, se está repitiendo de nuevo en el siglo XXI.
Del 12 al 14 de mayo PROAH acompañó a la comunidad garífuna de Barra Vieja en Tela, donde 66 personas de la comunidad comparecieron en un juicio oral y público por una acusación de “usurpación de tierras en perjuicio del Estado”.
La comunidad garífuna de Barra Vieja, ubicada en el municipio de Tela, igual que muchas comunidades garífunas en la costa norte de Honduras, está amenazada con ser desalojada de sus tierras ancestrales por parte de intereses económicas privados y del Estado de Honduras.
Desde que sus pobladores se enteraron de la intención de instalar en su comunidad un lujoso complejo turístico, la lucha por el reconocimiento de sus derechos sobre su tierra ancestral y por la defensa de la cultura garífuna se intensificó. En consecuencia, la comunidad sufrió dos desalojos y denuncias legales por usurpación que la llevó a un juicio del 12 al 14 de mayo 2015.
Indura Beach & Golf Resort, un proyecto turístico impulsado por grandes empresarios y el Estado hondureño.
La construcción del complejo Indura Beach Resort comenzó en 2006, privando a la comunidad de varias manzanas de su territorio. El hotel fue inaugurado en noviembre de 2013, pero está previsto extenderlo aún más. Hoy en día la entrada vigilada del resort se encuentra a la par de la comunidad de Barra Vieja. La cerca que delimita la propiedad del hotel bordea la ruta de acceso a Barra Vieja.
La empresa Desarrollo Turístico Bahía de Tela (DTBT), dueña del proyecto, es una sociedad pública-privada, financiada al 49% por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y al 51% por el Fondo Hondureño de Inversión Turística (FHIT), integrado por unos de los empresarios más poderosos de Honduras 1.
La lucha legal por la tierra y la consecuente criminalización de los defensores del territorio
En el año 2007 el Instituto Hondureño de Turismo, a través de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Tela en contra de los pobladores de Barra Vieja, por usurpación de tierras estatales, afirmando ser dueños de este territorio. Según OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), la ENP “de manera misteriosa se convirtió en propietaria de buena parte del territorio Garífuna de la Bahia de Tela”. Click para ver fuente. Desde este momento, la comunidad emprendió una lucha legal para que se reconociera su derecho a vivir en sus tierras ancestrales, enfrentándose a poderosos intereses de inversionistas hondureños y del Estado.
La criminalización empezó en julio de 2013, cuando varios miembros de la comunidad fueron capturados por la policía, y detenidos por unas horas. Desde esta fecha, casi todos los adultos miembros de la comunidad están bajo medidas sustitutivas a la cárcel, acusados de usurpación, lo que les obliga a ir al juzgado a firmar cada semana y les impide salir del país.
Un año después, la comunidad de Barra Vieja tuvo que enfrentar dos desalojos: el 6 de septiembre y el 30 de septiembre del 2014. En ambos casos, las fuerzas armadas sacaron fuera de sus casas las pertenencias personales de las 150 familias. La población opuso una resistencia pacífica al desalojo y el mismo día volvió a su comunidad. Los habitantes de Barra Vieja denuncian desde ese entonces los efectos sicológicos de los desalojos sobre la población y principalmente sobre los niños, impactados por la fuerte presencia policial y militar, que PROAH pudo observar durante el intento de desalojo el 29 de septiembre del 2014:
El juicio oral y público:
Del 12 al 14 de abril de 2015, 66 personas de la comunidad fueron citadas a comparecer ante el juzgado de Tela, acusadas de usurpación en perjuicio del Estado. Por no haber suficiente espacio en el juzgado de Tela, las audiencias se desarrollaron en las antiguas instalaciones de la Tela Railroad Company, subsidiaria de la transnacional frutera United Fruit Company, que desde los años 1930 impulsó el desalojo de comunidades garífunas de sus tierras para el cultivo del banano.
Durante los tres días de audiencia, alrededor de 400 personas, provenientes de diferentes comunidades garífunas, acompañaron en solidaridad a los criminalizados de Barra Vieja. Curiosamente, solamente 66 personas comparecieron; más de 40 pobladores de la comunidad, así como la mayoría de los líderes de la comunidad, no fueron citados al juicio aunque siguen procesados y con medidas sustitutivas. La parte acusadora estuvo representada por el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la Empresa Nacional Portuaria.
Después de casi tres días de audiencia, el juez aceptó la solicitud de la parte acusadora de postergar la continuación de la audiencia, para que pueda tener tiempo de ubicar a sus testigos, que no se habían presentado en las audiencias, y así permitir su comparecencia en la siguiente audiencia, que fijaron para el 3 de junio de 2015.
Derecho Internacional de los Derechos Humanos vs intereses transnacionales
Según OFRANEH, “El caso de Barra Vieja es una violación al Convenio 169 de la OIT para los pueblos indígenas y tribales”, lo cual fue ratificado por el Estado de Honduras.
Para la organización garífuna OFRANEH, las presiones ejercidas en Barra Vieja son parte de una estrategia del gobierno hondureño para desalojar a los garífunas de sus territorios ancestrales y explotar sus tierras. Presentan un peligro a su derecho al acceso a la tierra, a la consulta previa y amenazan su sobrevivencia y cultura.
Las presiones territoriales existentes en Honduras en contra de los pueblos indígenas se agravan con la entrada en vigor en 2013 de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), o ciudades modelo, que incluye a más de 20 comunidades garífunas distribuidas en varias de estas zonas previstas para ser entregadas al capital extranjero, con el propósito de crear zonas casi independientes de las instancias estatales y de recurrir a la tercerización de la justicia (2).
En el reporte preliminar de la visita in situ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Honduras en Diciembre de 2014, la CIDH instó al gobierno: 1) “a reconocer la identidad cultural del Pueblo Garífuna” y 2) “a intensificar sus acciones para respetar y garantizar las tierras, y adoptar las medidas estatales necesarias para cumplir con su obligación, y garantizar una consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas sobre los proyectos desarrollados en sus tierras, territorios, y que afectan sus recursos naturales, tomando en consideración la especial relación entre estos pueblos, y la tierra y los recursos naturales.”
Frente a las fuertes presiones económicas en juego en el caso de Barra Vieja y según el fallo que el tribunal dará en junio,posiblemente lacomunidad tendrá queacudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo cual hadesarrollado una gran jurisprudencia reafirmando el derecho de los pueblos indígenas a su territorio ancestral.
Para más información:
Ver el video de OFRANEH:Juicio a la comunidad Garifuna de Barra Vieja acusada de usurpación de su territorio ancestral
1Es precisamente en este hotel que se desarrolló, en febrero de 2015, el Primer Encuentro de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, con la presencia de los presidentes de Honduras, Guatemala, El Salvador, y del CEAL, el Consejo Empresarial de América Latina, de lo cual forman parte los directivos del FHIT-Indura Beach. El propósito oficial del evento: respaldar el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte con el apoyo del sector privado. Un conjunto de organizaciones de sociedad civil de Centroamérica y Estados Unidos, expresaron su gran preocupación por esta alianza en una carta pública dirigida a los jefes de Estado de estos países. En particular, su preocupación “se fundamenta en que el Plan refuerza las mismas políticas económicas que han resultado en inequidad y han detonado las violaciones generalizadas de los derechos laborales, un incremento de violencia hacia los liderazgos laborales y el desplazamiento forzoso de la población a través de Mesoamérica”.
Monday, 01 June 2015 20:19 Written by Dina Meza Published in Contexto Read 56 times
Créditos: Steven Pavey
El derecho a la tierra pende de una decisión de un Tribunal de Sentencia de Tela en el departamento de Atlántida, que se ha mostrado parcializado con instituciones del Estado para despojar a garífunas asentados desde hace décadas en la comunidad de Barra Vieja, para favorecer al proyecto turístico Bahía de Tela.
La presencia de Barra Vieja se remonta desde el año de 1885 y su ocupación permanente se produjo desde el año de 1904. Los garífunas han tenido que luchas por sus territorios en ese tiempo con las transnacionales bananeras y ahora con proyectos turísticos auspiciados desde los grupos de poder que ven en la zona una riqueza que la venden al mejor postor sin importar la violación a los derechos humanos.
El 12 y 13 de mayo pasado se llevó a cabo la audiencia de debate sobre este tema donde 66 garífunas están acusados de usurpación de su propia tierra, según un proceso judicial iniciado por la Empresa Nacional Portuaria que inició una querella desde el año pasado según consta en el expediente número 2298-2014.
Hasta el edificio donde se han desarrollado las audiencia es un mal presagio y podría ser un mensaje subliminal pues perteneció a las transnacionales bananaeras que despojaron de sus tierras hace décadas a los garífunas obligándoles a arrinconarse a pesar de ser los dueños.
De acuerdo a las fallas de procedimiento judicial que violentan el debido proceso y el acceso a la justicia, los jueces admitieron la denuncia por usurpación a pesar que el Ministerio Público no recibió ninguna denuncia por parte de la Procuraduría General de la República, “hay una falta de acción porque la Procuraduría nunca denunció a los supuestos invasores ni los investigó el Ministerio Público”, dijo José Carlos Velásquez, abogado defensor de la comunidad.
Velásquez agregó que hay de por medio unos 40 millones de lempiras con bancos extranjeros, todos representados por el Banco FICOHSA de Honduras.
El pueblo garífuna está protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y en todo el juicio lo que ha existido es indefensión y por lo tanto quebrantamiento de la norma, “y no se le está permitiendo a la defensa que haga su trabajo, creo que hay parcialización del tribunal porque desde el principio le hemos presentado pruebas de que los garífunas tienen el derecho de posesión y no hay respuestas”, argumentó el defensor.
Los garífunas no tiene propiedad individual de la tierra sino comunal, de orden colectivo, pero aunque se apeló la decisión del Juzgado de llevar a cabo un desalojo, y después un ampao que fue desestimado, esto no surtió efecto , y el año pasado camiones del ejército y la policía llegaron a desalojarlos.
En la audiencia de mayo se leyó una resolución de Consejo Nacional Agrario del Instituto Nacional Agrario, INA, la cual señala que “el predio no se puede otorgar a ningún particular porque ya es propiedad del proyecto turístico Bahía de Tela , sería un desastre ecológico si se entrega a particulares .
En Consejo Nacional Agrario argumentó que no se está violentando el Convenio 169 de la OIT porque la comunidad no tiene escuelas y otras obras de desarrollo, ni tampoco la comunidad de Barra Vieja tiene denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos , “por eso no hay violaciones a los derechos humanos”.
El 13 de mayo el Ministerio Público debió presentar a sus testigos propuestos pero no llegaron , eran agentes de policía que debían ratificar actas de inspecciones oculares pero el fiscal adujo que no pudieron comparecer uno porque estaba de vacaciones y otro porque nunca se le citó, por eso pidió suspensión del Debate , aunque el abogado defensor de los garífunas se opuso a que se pospusiera la audiencia, el Tribunal de Sentencia dio curso a la petición del Ministerio Público dando ventaja a los acusadores .
Barra Vieja está ubicado contiguo al proyecto turístico Indura Resort, conocido previamente como Laguna de Micos & Beach Resort, perteneciente a la elite de poder de Honduras, implicados directamente en el golpe de estado del año 2009. Vea detalles de desalojo del año pasado.
Alfredo López, dirigente de OFRANEH criticó el papel del Estado de Honduras que en vez de proceder a la protección de los garífunas violenta sus derechos, eso traerá consecuencias dijo, «Hemos estado 15 años en las cortes internacionales pues aquí no hay justicia, y seguiremos entonces en estas cortes»
Pero se teme que la decisión del Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida, sea desalojar a Barra Vieja y de esta forma obviar los derechos que tienen los garífunas para favorecer al gran capital. Sin embargo los y las pobladores de la comunidad ha declarado que solo muertos los sacan de allí.
“Estoy muriendo solo de pensar que si nos quitan nuestras tierras a dónde vamos ir a vivir. Aquí nació mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, yo, mis hijos, mis nietos y bisnietos”, dijo con voz entrecortada Idelfonsa Guzmán, una garífuna de 72 años de edad habitante de la comunidad Barra Vieja, Tela, Atlántida.
Lo que está pasando en la comunidad garífuna es la muestra de la insólita aplicación de la justicia en Honduras. El juzgado de la ciudad de Tela, desarrolló la audiencia probatoria los días 12, 13 y 14 de mayo a los habitantes de dicha comunidad, a quienes acusa de invasores de un terreno que forma parte de las tierras ancestrales garífunas.
La audiencia estaba prevista para que finalizará este viernes 15 de mayo, sin embargo fue suspendida para el próximo 3 de junio, porque no llegaron los testigos que presentó la Fiscalía y la Procuraduría General de la República en contra de la comunidad garífuna.
“El Ministerio Público, acusa a mis representados de ser usurpadores de las tierras que supuestamente son de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), sin embargo los verdaderos usurpadores son ellos y el proyecto hotelero Indura Beach, quienes pretenden despojar de las tierras a la comunidad que las ha poseído desde 1885”, indicó el abogado defensor José Velásquez.
Proceso de despojo
En el año 2007, el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) interpuso a través de la Empresa Nacional Portuaria una denuncia ante la fiscalía de Tela por la supuesta usurpación de tierras estatales, las cuales no podrían ser afectadas para otros fines, por tratarse de un proyecto de interés nacional.
El Instituto de Turismo se refirió al proyecto conocido como Indura Beach, empresa que la comunidad acusa de instigadora de los desalojos perpetrados el año 2014. Para el 13 de junio de ese año, la Corte de Apelaciones de la ciudad de La Ceiba, emitió una orden de desalojo, la cual se llevó a cabo el 6 de agosto. Posteriormente el 22 de septiembre el juez accedió a una nueva solicitud de desalojo, el cual se repitió el día 30 de ese mes.
La población de Barra Vieja retornó de nuevo a sus moradas, y se encuentra ocupando una vez más el territorio ancestral. Sin embargo, recibieron un requerimiento para presentarse al juzgado, como usurpadores de un territorio que ha sido utilizado por los garífunas desde el año1885 cuando fueron presionados a abandonar el antiguo Triunfo de la Cruz, conocido en la actualidad como la ciudad de Tela.
“El caso de Barra Vieja es una violación al Convenio 169 de la OIT y Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, además de infringir el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos humanos”, denuncia la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh.
Así mismo indica en un comunicado: “existe una enorme jurisprudencia del Sistema Interamericano de Justicia que reafirma el derecho de los pueblos indígenas a su territorio ancestral. Desde la sentencia Awas Tigni vs Nicaragua hasta la del pueblo Saramaka versus Surinam, entre otras, ha quedado señalada la importancia del reconocimiento de los Estados -nación a los derechos de los pueblos sobre sus territorios ancestrales”.
Desafortunadamente los tribunales de la Ceiba y Tela, se apegan más a los intereses de la elite de poder, que al derecho de los pueblos y han demostrado hasta la saciedad desconocer los convenios y declaraciones internacionales emitidas a favor de derechos de los pueblos indígenas”, sigue denunciando Ofraneh.
“Para los garífunas de Barra vieja, su territorio ancestral no es una dádiva, existe una relación íntima con el territorio que ocupan. Para ellos la conexión con la madre tierra va más allá de un lucrativo negocio”, concluye el comunicado.
“Aquí moriremos”
“Aquí vivimos de la pesca, de hacer pan y cultivar yuca, por lo tanto ni en broma pensamos vivir lejos de nuestra tierra y del mar, por la tanto primero muertos antes de abandonar nuestras casas”, dijo Carlos Castillo presidente del patronato de Barra Vieja.
Desde el inicio de los años 80 comenzaron las especulaciones de tierras en la Bahía de Tela, además de las amenazas y asesinatos de los opositores a la entrega del territorio de las comunidades garífunas. Actualmente se espera una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación al caso de Triunfo de la Cruz, y en fecha reciente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe de admisibilidad del caso de la comunidad San Juan, Tela.
Alfredo López, vicepresidente de la Organización Fraternal Negra de Honduras, dijo que lo ocurrido en Barra Vieja es una muestra del despojo del cual son víctimas los pueblos originarios. “Lo sufrido en Barra Vieja es lo que se vive en Miami, San Juan, Triunfo, Tornabé, Vallecito y todas las comunidades garífunas que están en pie de lucha defendiendo sus tierras, su soberanía”.
“Si en junio, que se reinicia el juicio, hay una sentencia de culpabilidad esta vendría aparejada de una nueva orden de desalojo. Tendríamos que interponer un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, y si no hay respuesta a nivel nacional, vamos a pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH”, indicó la abogada Ivania Galeano, representante de la Comisión de Juristas Internacionales, instancia que acompaña a la comunidad.
Friday, 15 May 2015 05:23 Written by Dina Meza Published in Contexto Read 188 times
Unos 66 garífunas entre hombres y mujeres de la comunidad de Barra Vieja, en el Atlántico de Honduras, acusados de usurpación de tierras, llegaron a la audiencia de debate que un Tribunal de Sentencia inició desde el martes 13 de mayo hasta este jueves, en Tela, del departamento de Atlántida.
A simple vista se nota que se tiene como objetivo despojar de sus tierras ancestrales a los residentes de este sector que están en completa indefensión . El objetivo es favorecer a la empresa turística Bahía de Tela, donde hay grupos poderosos de Honduras.
La presencia de Barra Vieja se remonta desde el año de 1885 y su ocupación permanente se produjo desde el año de 1904. Los garífunas han tenido que luchas por sus territorios en ese tiempo con las transnacionales bananeras y ahora con proyectos turísticos auspiciados desde los grupos de poder que ven en la zona una riqueza que la venden al mejor postor sin importar la violación a los derechos humanos.
A la audiencia asistieron aparte de los imputados a quienes se les acusa de usurpación de tierras, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Ministerio Público, un acusador privado de la Empresa Nacional Portuaria que reclama como suyas las tierras y un abogado y una abogada que son los apoderados legales de la comunidad de Barra Vieja.
Sin embargo, al Audiencia de Debate fue suspendida este jueves hasta para el 03 de junio próximo, para darle tiempo al Ministerio Público para que consiguiera a sus testigos los cuales no llegaron durante los tres días.
El Tribunal de Sentencia con esta decisión violentó el Código de Procedimientos Penales que ya señala que no pueden suspenderse las audiencias de debate pues vulnera el principio de continuidad.
El Tribunal acogió todas las peticiones de los acusadores no así del abogado defensor de los garífunas, lo que evidencia que la imparcialidad está lejos de aplicarse y la justicia se inclina al don dinero.
La audiencia se llevó a cabo en un edificio en ruinas que perteneció a la transnacional frutera Tela Railroad Company. Quizá no se trata de una casualidad porque en 1885 la transnacional Cuyamel Fruit Company despojó también de sus tierras a los garífunas.
A la audiencia llegaron dirigentes de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, defensoras y defensores de derechos humanos.
Sambo Creek, Atlántida, 11 de mayo de 2015.- Como muestra de la insólita aplicación de la justicia en Honduras, el Juzgado de la ciudad de Tela, ha citado a la comunidad Garifuna de Barra Vieja, para los días 12 al 15 del presente a un audiencia, acusados de ser invasores de un terreno que forma parte del territorio ancestral Garífuna.
En el año 2007, el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) interpuso a través de la empresa nacional Portuaria (EPN) una denuncia ante la Fiscalía de Tela, por la supuesta usurpación de tierras estatales, las cuales no podrían ser afectadas para otros fines, por tratarse de un proyecto de interés nacional.
El IHT se refirió al proyecto conocido como Indura Beach, empresa instigadora de los desalojos perpetradas en el año 2014. Para el 13 de junio de ese año, la Corte de Apelaciones de la ciudad de La Ceiba, emitió una orden de desalojo, la cual se llevo a efecto el 6 de agosto. Posteriormente el 22 de septiembre el juez accedió a una nueva solicitud de desalojo, dándose un conato de desalojo el 29 de septiembre, el cual se repitió el día 30.
La población de Barra Vieja retornó de nuevo a sus moradas, y se encuentra ocupando una vez más el territorio ancestral. Sin embargo, recibieron un requerimiento par presentarse al juzgado, como usurpadores de un territorio que ha sido utilizado por los garifunas desde el año1885 cuando fueron presionados a abandonar el antiguo Triunfo de la Cruz, conocido en la actualidad como la ciudad de Tela.
El caso de Barra Vieja es una violación del Convenio 169 de la OIT y Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,además de infringir el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos humanos.
Existe una enorme jurisprudencia del Sistema Interamericano de Justicia que reafirma el derecho de los pueblos indígenas a su territorio ancestral. Desde la sentencia Awas Tigni vs Nicaragua hasta la del pueblo Saramaka versus Surinam, entre otras, ha quedado señalada la importancia del reconocimiento de los estados -nación a los derechos de los pueblos sobre sus territorios ancestrales.
Desafortunadamente los tribunales de la Ceiba y Tela, se apegan más a los intereses de la elite de poder, que al derecho de los pueblos y han demostrado hasta la saciedad desconocer los convenios y declaraciones internacionales emitidas a favor de derechos de los pueblos indígenas.
Para los Garífunas de Barra vieja, su territorio ancestral no es una dádiva, existe una relación intima con el territorio que ocupan. Para ellos la conexión con la madre tierra va más allá de un lucrativo negocio.
Solicitamos solidaridad para los habitantes de Barra Vieja, enviando cartas de apoyo dirigidas a la Corte Suprema de Justicia al siguiente correo electrónico comunicaciones@poderjudicial.gob.hn
La comunidad garífuna de Barra Vieja ubicada entre el mar caribe y la Laguna de Los Micos en la bahía de Tela, departamento de Atlántida, es una comunidad con mucha riqueza natural que quieren acaparar grandes empresarios. Barra Vieja se sitúa a pocos metros del complejo hotelero Indura Beach and Resort.
En los últimos años, la comunidad ha tenido una lucha permanente en defensa de su territorio. Barra Vieja fue fundada en 1902, desde esa fecha la comunidad ha subsistido de la pesca artesanal y de sembrar algunos cultivos como la yuca. La comunidad la forman unas 400 personas que viven en humildes casas hechas con caña y hojas de coco, no hay escuela ni centro de salud, los niños para poder recibir educación tienen que desplazarse caminado por la playa hasta la comunidad de Tornabé que se encuentra a tres kilómetros.
Desde el inicio del proyecto Bahía de Tela, Barra Vieja viene enfrentándose a los ricos y poderosos de nuestro país.
La Empresa Nacional Portuaria (ENP) de forma misteriosa se convirtió en propietaria de buena parte del territorio Garífuna de la Bahía de Tela, entre ellos Barra Vieja. En el año 2006 cedió 25 hectáreas de las tierras expropiadas a la comunidad de Miami, y de esa forma obtuvieron un título comunitario.
En varias ocasiones los garífunas han sido desalojados de sus hogares acusados por la ENP de estar usurpando territorio. Solo en el 2014, se efectuaron más de dos desalojos, provocando terror en los pobladores y pobladoras.
Continúa la represión
La lucha de la comunidad por la defensa del territorio ha sido criminalizada, están en amenaza permanente de desalojo, lo más reciente es una citatoria que tiene toda la comunidad para comparecer ante los juzgados en Tela. La citatoria es para el 12, 13 y 14 de mayo en el edificio de la antigua contaduría en Tela, se les acusa de ser usurpadores de las tierras que les han pertenecido ancestralmente.
Para Carlos Castillo, presidente del patronato de Barra Vieja, la acción responde al interés de INDURA BEACH que quiere despojar a los garífunas de su territorio quedarse con las tierras para ampliar el proyecto. Asegura que la comunidad se presentará a la citatoria porque ellos, no tienen nada que temer, pues están en el territorio, que les pertenece y ha pertenecido siempre.
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Castillo hace un llamado a todas las organizaciones sociales y populares, y a toda la población Hondureña para que se solidaricen con la comunidad, pues su lucha es una lucha justa.
Los habitantes de Barra Vieja han declarado que primero muertos antes de abandonar sus casas. Cabe señalar que el Estado de Honduras incumple una vez más sus obligaciones de proteger al pueblo Garífuna, como lo indica la Constitución Nacional y Convenios internacionales suscritos por el Estado.
teleSUR investigates the continuous attacks on the Garifuna community and their courage to fightback. In this piece, teleSUR investigates the recent evictions in Garifuna communities and privatization of their communal lands that threaten their very existence as an Afro-indigenous nation.
«We believe that there is a clear persecution against the organization and the Garifuna people. They want to displace us from the coast. They criminalize our leaders and we have identified that there is an intentionality. The Honduran state wants to strip the Garifuna of our rights. They said the Garifuna are not indigenous, this is the worst that could happen to us,» explains Miriam Miranda, the coordinator for the Black Fraternal Organization of Honduras (Ofraneh).
Indigenous and subsistence farmer communities face incredible repression in Honduras. They are systematically intimidated off their lands by the state, foreign investors as well as drug traffickers and are constantly under the threat of eviction. The Honduran State consistently fails to defend indigenous people’s rights to their ancestral lands as cited by the International Labour Organization (ILO) Convention 169 and instead, sell the country’s sovereignty to the highest bidder.
The Garifuna, an afro-indigenous people of Arawak indigenous heritage and West African roots, have lead centuries of resistance since their arrival to Central America in the 18th century after shipwrecking on the coast of St. Vincent. The Garifuna arrived to Central America and fought to found independent nations across the region. In exchange, they began to build their societies along the Central American Caribbean coastline.
Presently, the Garifuna reside along the Central American coasts of Belize, Guatemala, Honduras and Nicaragua making up approximately 600,000 people with their largest population in Honduras, spread throughout 46 communities.
In the last several months, the Garifuna’s struggle to remain on their lands and defend their communities from state sanctioned and drug-related violence has intensified. The Garifuna have fought against kidnapping, assassination attempts and several evictions. The expansion of tourist projects, agribusiness plantations along with the exploitation of natural resources along the coastlines threaten the very livelihood of the Garifuna people, their culture and their history.
Currently, the Garifuna have several cases open in the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) denouncing the Honduran state for violating their rights as indigenous peoples.
Ancestral Lands for Sale in Honduras
The Black Fraternal Organization of Honduras (Ofraneh) explains «Honduras is submerged in a labyrinth of criminality, where the institutions responsible for justice and security have become absurd serving an elite class dedicated solely to the looting of the state and the country’s commons.»
Under Porfirio Lobo’s administration (2010-2014), 24 Garifuna communities were targeted and their lands auctioned off to foreign investors to create «model cities» also known as «charter cities.» Presently, the five targeted regions along the Honduran North Coast include Puerto Cortes, La Ceiba, Trujillo, Rio Platano, and along the Honduran/Guatemalan border region.
These cities would become their own independent enclaves; establish their own government, laws and security all conditional upon the company or individual(s) that have purchased the land. Charter cities would create a pseudo-state within a state opening up neo-liberal approaches of governance potentially eliminating fundamental rights and liberties.
In 2012 the RED (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) law permitting charter cities was declared unconstitutional by the Supreme Court; however, the law was re-introduced in 2013 under the name of ZEDE (Special Economic Development Zones).
Miranda refers to this moment on December 12, 2012 as the second coup in Honduras when the Congress overrode the Supreme Court’s decision. Then president of the national assembly, Juan Orlando Hernandez drove the re-introduction of charter cities and as current president there is no doubt that the Honduran government is selling the country piece by piece to foreign investors.
In 2013, the government also introduced the «Mortgage Law» allowing for the auctioning off of communally held lands. That same year, the government issued a decree that authorizes the military to sell timber encouraging a long standing practice of the military illegally profiting off of indigenous lands.
In 2014, the government passed the Law for the Promotion of Development and Reconversion of Public Debt authorizing the government to leverage the country’s “idle” resources in order to attract foreign investment. Most of these so-called “idle” lands reside within indigenous territories primarily the Miskitu, Pech, Lenca, Tawahka and Garifuna. Illegal Evictions and Invasions of Garifuna Territories
«This is our ancestral land and what happened was an illegal eviction,» explains community organizer Yilian David with Garifuna Youth in Defense of our Rights (Nanigu) after the most recent attempt by the Honduran armed forces to evict the community of Barra Vieja.
Barra Vieja is one of several communities along Tela Bay that faces ongoing threats of eviction and displacement in the name of mega tourism projects. Barra Viaja was officially founded by the Garifuna in 1950 although generations prior resided on these lands.
David explains that on September 30, the heavily armed Honduran military and police arrived to forcefully evict the community’s 450 inhabitants. The Honduran authorities have attempted to evict the Garifuna community, unsuccessfully, since August 6.
Honduras: Eviction of the Garifuna community of Barra Vieja on Sept 30, families were evicted and homes destroyed http://t.co/achv2CcUY0
«We asked them to show us the documents that justified the eviction. They had an order of eviction for an individual. The name of the community didn’t appear anywhere, nor was there any official signature,» she emphasizes.
The authorities spent two days causing physical and emotional damage to families and their homes. After documenting the eviction, families recovered their belongings and returned to their homes. David says «they [Honduran authorities] have threatened to return with bulldozers to destroy our homes. Thankfully they haven’t brought any machinery yet.»
This expression of state sanctioned violence against the Garifuna people was perpetrated in the name of the Indura Beach and Resort tourism project previously known as Laguna de Micos & Beach Resort. David exclaims, «Since when do these lands belong to the Indura Project? We have so many years existing as Garifuna, these are Garifuna lands.»
According to Ofraneh, the resort is under the management of a powerful class of elite Honduran families directly involved in the 2009 coup. The public-private project covers 80 hectares of the Micos Lagoon. Communities surrounding Barra Vieja such as Miami and Tornabe have been coerced into selling their land. The Honduran government holds 49 percent of the share-holds while 51 percent is in the hands of private business.
When teleSUR asked David when the government may return to carry out the eviction, she responded, «We don’t know yet. They [Honduran authorities] just wait for the orders from Indura.»
Ofraneh has submitted the case of Barra Vieja to the Inter-American Court of Human Rights for precautionary measures and filed for an appeal with the Supreme Court.
Ofraneh explains, «The human and territorial rights of more than 400 inhabitans of Barra Vieja have been violated, this is part of a strategy to expel the Garifuna people from the coast that we have inhabited for more than two centuries.»
On Wednesday October 15, he Norwegian Jewel cruise ship arrived to Trujillo, Colon with 2,376 tourists and 1,100 crew. Five hundred police and military authorities accompanied the tourists within 70 kilometres of the cruise line for the security purposes.
This is the second cruise ship to dock since February 2014 however, the first official inauguration involving government ceremonies and national media attention. The port dubbed «Banana Coast» is a project owned by Canadian Randy Jorgenson and is Honduras’ first mainland cruise port.
In the months leading up to the 2009 coup, Jorgenson illicitly acquired Garifuna land in Tela Bay. Following the coup, he later took over lands in Trujillo, Santa Fe and Guadalupe building villas for foreigners with the Life Vision development project.
Since then, the Garifuna communities have denounced the illegal sale of their communal lands. In the case of Guadalupe, they have communal land titles dating back to 1887.
The Norwegian Jewel is scheduled to arrive weekly in Trujillo throughout October and November whereas Holland America Line’s Ryndamn, Silversea’s Silver Shado and P&O Cruises Adonia have prepared to pass through Trujillo until April.
David explains, «The disadvantage with the people in Trujillo is that they have practically sold everything. Many of them live off of remittances. However, today, they saw the cruise ship arrive, they saw all the foreigners and realized that the cruise line has all their activities planned out. They witnessed that they will not benefit not one cent off this project….They woke up. Let’s see if next time they allow the cruise ship to dock.»
President Juan Orlando Hernandez tweeted welcoming the cruise line and thanking the industry for increasing the number of tourist by 15 percent this year. However, cruise ship companies provide minimal tax income to the countries they visit.
The inauguration of Banana Coast carries on the history of displacement that the Garifuna have faced over the last several centuries since their arrival to the Americas. The Garifuna continue their struggle to defend their survival and as Miranda stresses, «I believe we are in the most danger we have ever been in as a people. We have no other option than to fight back and denounce what is happening against our people.»
“Lo que está pasando con nuestra comunidad es una clara violación a los derechos humanos y territoriales de las familias que habitamos la comunidad garífuna Barra Vieja, Tela, siendo el desalojo parte de una estrategia de expulsión del pueblo negro de la costa atlántica”, indicó Carlos Castillo, presidente del patronato de dicha comunidad.
El desalojo para las 400 personas que habitan Barra Vieja, se ejecutó el martes 30 de septiembre de 2014 con una fuerza combinada de policía y ejército. La comunidad Barra Vieja está ubicada contiguo al proyecto turístico Indura Resort, en la ciudad de Tela, Atlántida, perteneciente a la élite de poder de Honduras, implicados directamente en el golpe de estado del 2009.
“Nosotros ese mismo día, ya en horas de la noche regresamos a nuestra comunidad porque nos pertenece ancestralmente. Recordemos que fueron nuestros antepasados quienes llegaron en 1802 procedentes de lugares aledaños y comenzaron descombrar los guamiles que habían en esta zona e hicieron las pequeñas casas para habitarlas”, aseguró Carlos Castillo.
Argumentó que en esa misma comunidad empobrecida han nacido y crecido dignamente en sus pequeñas casas de manaca, madera y otros materiales. “Aquí mismo también han nacido nuestras hijas y e hijos, y hemos sobrevivido por más de dos siglos cultivando la tierra y desarrollando la pesca artesanal”.
“El proceso de desalojo inició desde el pasado mes de agosto, pero fueron truncados ante los repetidos fallos de redacción de la orden de desalojo, la cual eran dirigidas a personas y no a la comunidad de Barra Vieja”, indicó Norma Quioto, dirigente de la comunidad.
Esta mujer, con su fuerza, lamentó la actitud de las autoridades judiciales quienes el lunes 29 de septiembre después de la cinco de la tarde lograron elaborar una nueva orden de captura que fue la que se llevó al día siguiente para ejecutar el desalojo.
Menores afectados
Cuando personas extrañas a la comunidad llegan a Barra Vieja, los niños y las niñas comienzan a sentir zozobra. “Nuestros hijos piensan que son los policías y los militares que vienen a desalojarlos de las casas”, aseguró una vecina quien cargaba a su hijo en brazos.
De acuerdo a testimonios de las madres y padres de familia, la mayor parte de los menores tiene problemas psicológicos ya que ellos y ellas vieron cuando los policías y militares armados entraron a las casas y comenzaron a sacar por la fuerza las pertenencias de cada familia.
“A mí me sacaron mis juguetes y me los tiraron a la calle”, dijo un niño de 3 años de edad mientras sus ojos se llenaban de lágrimas creyendo que el equipo de Radio Progreso y el semanario aMecate Corto, éramos parte de las personas que íbamos a desalojarlos nuevamente.
“Mis hermanos y yo sacamos la ropa y los juguetes, y salimos corriendo para la lancha que está a la orilla del mar. Así no escapamos de esos hombres malos que vienen a sacarnos de nuestras casas (Militares y policías)”, indicó una niña mientras junto a otros menores se mecían en una hamaca colgada de dos árboles de coco.
Mirna Zambulá madre de dos menores indicó que actualmente carecen de alimentos ya que no pueden salir a trabajar por el temor que en cualquier momento lleguen a ejecutar un nuevo desalojo.
“Nosotros necesitamos la ayuda de víveres para que nuestros hijos puedan tener algo que comer. Además necesitamos la solidaridad de las diferentes organizaciones sociales del país, porque nos estamos enfrentando a las familias Maduro, Facussé, Atala, Rosenthal, Juan Orlando Hernández, etc, ya que son los principales socios de este proyecto turístico”, indicó.
“Hasta el momento son pocas las organizaciones que se han solidarizado con nosotros. Recordemos que aquí tenemos un cerco mediático que imposibilita que nuestros gritos de justicia salgan por los medios de comunicación. No así hay una campaña sobre las supuestas bondades del proyecto turístico para las comunidades garífunas y el pueblo hondureño.
La justicia al servicio del poder económico
“Con lo que está pasando en nuestra comunidad queda demostrado que aquí el sistema de justicia, la policía, los militares y la misma municipalidad son los mandaderos de quienes controlan el poder económico y político de Honduras”, indicó José Gamboa, vecino de la comunidad.
Las comunidades garífunas tienen una riqueza natural; rodeadas por el mar, por el parque nacional Jeannette Kawas, las lagunas Los Micos, Quemada y El Diamante, por lo que el proyecto Turístico, conocido como Bahía de Tela, pretende quedarse con las tierras donde han vivido las comunidades garífunas.
El complejo turístico Bahía de Tela fue construido con una inversión de 122 millones de dólares, equivalentes a más de 2,400 millones de lempiras, mediante una alianza público-privada, en la que el gobierno de Honduras es dueño del 49% de las acciones y un grupo de empresarios, del 51%. El proyecto fue inaugurado en noviembre del año pasado, al mismo tiempo que se efectuó una reunión del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).
El complejo turístico cuenta con más de tres kilómetros de playa natural donde solo se puede ingresar como cliente. Este año fue inaugurado el uno de los mejores campos de golf del continente americano, el cual incluye 18 hoyos. El campo de golf, diseñado por el reconocido jugador Gary Player, quien está incluido en el Salón de la Fama del Golf. (En Honduras solo la alta clase económica y política juega este deporte).
La Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, culpa al proyecto turístico de rellenar 80 hectáreas del humedal de Laguna de los Micos, para la construcción de un campo de golf, sin tomar en cuenta el daño ambiental causado en la zona.
“Más de 20 comunidades garífunas han sido incluidas dentro las Ciudades Modelo (Zede) que pretenden el Estado de Honduras subastar al capital extranjero para la creación de republiquetas cuasi independientes, siguiendo el modelo de los libertarios que han visto en Honduras un lugar propicio para instalar un laboratorio político social destinado a derruir los estado-nación existentes en Centroamérica”, según un comunicado de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh.
Desalojo en Barra Vieja conforma estrategia de expulsión del pueblo garífuna
“Lo que está pasando con nuestra comunidad es una clara violación a los derechos humanos y territoriales de las familias que habitamos la comunidad garífuna Barra Vieja, Tela, siendo el desalojo parte de una estrategia de expulsión del pueblo negro de la costa atlántica”, indicó Carlos Castillo, presidente del patronato de dicha comunidad.
El desalojo para las 400 personas que habitan Barra Vieja, se ejecutó el martes 30 de septiembre de 2014 con una fuerza combinada de policía y ejército. La comunidad Barra Vieja está ubicada contiguo al proyecto turístico Indura Resort, en la ciudad de Tela, Atlántida, perteneciente a la élite de poder de Honduras, implicados directamente en el golpe de estado del 2009.
“Nosotros ese mismo día, ya en horas de la noche regresamos a nuestra comunidad porque nos pertenece ancestralmente. Recordemos que fueron nuestros antepasados quienes llegaron en 1802 procedentes de lugares aledaños y comenzaron descombrar los guamiles que habían en esta zona e hicieron las pequeñas casas para habitarlas”, aseguró Carlos Castillo.
Argumentó que en esa misma comunidad empobrecida han nacido y crecido dignamente en sus pequeñas casas de manaca, madera y otros materiales. “Aquí mismo también han nacido nuestras hijas y e hijos, y hemos sobrevivido por más de dos siglos cultivando la tierra y desarrollando la pesca artesanal”.
“El proceso de desalojo inició desde el pasado mes de agosto, pero fueron truncados ante los repetidos fallos de redacción de la orden de desalojo, la cual eran dirigidas a personas y no a la comunidad de Barra Vieja”, indicó Norma Quioto, dirigente de la comunidad.
Esta mujer, con su fuerza, lamentó la actitud de las autoridades judiciales quienes el lunes 29 de septiembre después de la cinco de la tarde lograron elaborar una nueva orden de captura que fue la que se llevó al día siguiente para ejecutar el desalojo.
Menores afectados
Cuando personas extrañas a la comunidad llegan a Barra Vieja, los niños y las niñas comienzan a sentir zozobra. “Nuestros hijos piensan que son los policías y los militares que vienen a desalojarlos de las casas”, aseguró una vecina quien cargaba a su hijo en brazos.
De acuerdo a testimonios de las madres y padres de familia, la mayor parte de los menores tiene problemas psicológicos ya que ellos y ellas vieron cuando los policías y militares armados entraron a las casas y comenzaron a sacar por la fuerza las pertenencias de cada familia.
“A mí me sacaron mis juguetes y me los tiraron a la calle”, dijo un niño de 3 años de edad mientras sus ojos se llenaban de lágrimas creyendo que el equipo de Radio Progreso y el semanario aMecate Corto, éramos parte de las personas que íbamos a desalojarlos nuevamente.
“Mis hermanos y yo sacamos la ropa y los juguetes, y salimos corriendo para la lancha que está a la orilla del mar. Así no escapamos de esos hombres malos que vienen a sacarnos de nuestras casas (Militares y policías)”, indicó una niña mientras junto a otros menores se mecían en una hamaca colgada de dos árboles de coco.
Mirna Zambulá madre de dos menores indicó que actualmente carecen de alimentos ya que no pueden salir a trabajar por el temor que en cualquier momento lleguen a ejecutar un nuevo desalojo.
“Nosotros necesitamos la ayuda de víveres para que nuestros hijos puedan tener algo que comer. Además necesitamos la solidaridad de las diferentes organizaciones sociales del país, porque nos estamos enfrentando a las familias Maduro, Facussé, Atala, Rosenthal, Juan Orlando Hernández, etc, ya que son los principales socios de este proyecto turístico”, indicó.
“Hasta el momento son pocas las organizaciones que se han solidarizado con nosotros. Recordemos que aquí tenemos un cerco mediático que imposibilita que nuestros gritos de justicia salgan por los medios de comunicación. No así hay una campaña sobre las supuestas bondades del proyecto turístico para las comunidades garífunas y el pueblo hondureño.
La justicia al servicio del poder económico
“Con lo que está pasando en nuestra comunidad queda demostrado que aquí el sistema de justicia, la policía, los militares y la misma municipalidad son los mandaderos de quienes controlan el poder económico y político de Honduras”, indicó José Gamboa, vecino de la comunidad.
Las comunidades garífunas tienen una riqueza natural; rodeadas por el mar, por el parque nacional Jeannette Kawas, las lagunas Los Micos, Quemada y El Diamante, por lo que el proyecto Turístico, conocido como Bahía de Tela, pretende quedarse con las tierras donde han vivido las comunidades garífunas.
El complejo turístico Bahía de Tela fue construido con una inversión de 122 millones de dólares, equivalentes a más de 2,400 millones de lempiras, mediante una alianza público-privada, en la que el gobierno de Honduras es dueño del 49% de las acciones y un grupo de empresarios, del 51%. El proyecto fue inaugurado en noviembre del año pasado, al mismo tiempo que se efectuó una reunión del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).
El complejo turístico cuenta con más de tres kilómetros de playa natural donde solo se puede ingresar como cliente. Este año fue inaugurado el uno de los mejores campos de golf del continente americano, el cual incluye 18 hoyos. El campo de golf, diseñado por el reconocido jugador Gary Player, quien está incluido en el Salón de la Fama del Golf. (En Honduras solo la alta clase económica y política juega este deporte).
La Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, culpa al proyecto turístico de rellenar 80 hectáreas del humedal de Laguna de los Micos, para la construcción de un campo de golf, sin tomar en cuenta el daño ambiental causado en la zona.
“Más de 20 comunidades garífunas han sido incluidas dentro las Ciudades Modelo (Zede) que pretenden el Estado de Honduras subastar al capital extranjero para la creación de republiquetas cuasi independientes, siguiendo el modelo de los libertarios que han visto en Honduras un lugar propicio para instalar un laboratorio político social destinado a derruir los estado-nación existentes en Centroamérica”, según un comunicado de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh.
Tela, Atl{antida (Conexihon).- “Solo le voy a hacer una pregunta, con quién estás, vos sos parte del problema o de la solución”, preguntó un soldado de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), el periodista Isaac Leonardo Guevara Amaya, durante la cobertura periodística de un desalojo en la comunidad garífuna de Barra Vieja en Tela, Atlántida, al norte de Honduras.
La acción sobreviene minutos después de que el comunicador, quien además goza de medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizaba varias tomas a pocos metros de distancia de la expulsión de los pobladores ocurrida el 30 de septiembre reciente.
En declaraciones al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Guevara explicó que cuando el desalojo comenzaba se percató de que un miembro de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) con su rostro cubierto y desde la parte trasera de la paila de un vehículo de la Policía Nacional le gritó al comunicador “¡bájate de ahí no podes estar aquí!”, acto seguido sobrevino la intimidación por parte del militar.
“Lo logré grabar (al militar) porqué creía que era una cámara fotográfica, creo que él no intentó hacer nada porque cuando los pobladores se percataron que estaba discutiendo así conmigo un grupo de garífunas se acercó y lo detuvo de hacer otra cosa y comenzó a bajar el tono. El soldado andaba armado y portaba su uniforme, pero en ningún momento se identificó”, describió.
De acuerdo con los dirigentes garífunas de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) unas 450 personas fueron lanzadas a la calle tras la orden judicial, que irrespeta el derecho a la propiedad ancestral que poseen los habitantes de Barra Vieja.
El 19 de febrero del año anterior C-Libre denunció también las amenazas verbales por parte de elementos de la Policía Nacional, en contra de Guevara. En ese momento el profesional de la comunicación realizaba un reportaje sobre la actividad minera en la comunidad de Nueva Esperanza, Tela.
El comunicador tiene un programa independiente “ Todos con la Noticia Matutino”, en el Canal 27, tiene además tres años como corresponsal de Radio Progreso, poco más de un año trabajando para Radio Globo y es fundador de la radio comunitaria Exclusiva y ha trabajado para la radio Subirana.
Dentro de su labor periodística ha cubierto constantemente los acontecimientos alrededor de las comunidades afectadas por la minería, entre otros hechos que se producen y cubren en la zona del Litoral Atlántico./ Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
A continuación el video donde se demuestra la amenaza en contra del comunicador social.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), CPTRT, expresó su «más firme condena, a las graves violaciones a los derechos humanos, cometidas recientemente por miembros de la Policía Militar, en contra de la integridad física de compatriotas que merecen ser objeto del “cuidado y servicio” que como funcionarios de seguridad están obligados a prestar en el marco de sus obligaciones laborales». Y demandó » la inmediata devolución de la tierra a nuestros compatriotas de la comunidad de Barra Vieja en el municipio de Tela, se investigue y se sancione a los responsables de las violaciones al derecho a la integridad física y sicológica de nuestros compatriotas».
En el comunicado, el CPTRT enúmero al menos cuatro «graves violaciones» a los derechos humanos cometidos por los elementos de Seguridad y calificó como un » grave error que se ha cometido en política de seguridad pública por parte de este gobierno, al otorgarles funciones policiales a los militares».
1.- El día de ayer martes 30 de septiembre, en franca violación a los derechos del pueblo Garífuna del municipio de Tela, más de 400 vecinos de la comunidad de “Barra Vieja”, han sido desalojados de sus propiedades de manera violenta por miembros del ejército y la policía, convirtiéndolos en desplazados, por el mismo Estado. Todo esto para favorecer los intereses de un grupo empresarial dedicado a la industria turística en esa zona. Escuchar entrevista de Nahum Lalin, dirigente de la OFRANEH.
2.- Ayer mismo, (30 de septiembre) el telenoticiero “Telenoticias ” que se transmite por “Canal 5”, informó que miembros de la Policía Militar torturaron a un joven en la mina artesanal de la aldea San Juan de Arriba, ubicada en el municipio del Corpus, departamento sur de Choluteca.
Fotografías: Diario El Heraldo
3.- Hoy (01 de octubre) en horas de la mañana, miembros de la Policía Militar, atacaron a tiros a una unidad de transporte público, que cubre la ruta entre la Colonia Arturo Quezada y el centro de la capital, hiriendo a cuatro personas que se encuentran hospitalizadas. Según informes de diferentes medios de comunicación. “El bus iba lleno de pasajeros”.
4.- Cuatro agentes de la Policía Nacional y doce militares, en estado de ebriedad hirieron de bala a tres habitantes del municipio de Wampusirpi , La Mosquitia, departamento de Gracias a Dios, hechos ocurrieron el día sábado 27 de septiembre.
En horas del madrugada del día de hoy, una fuerza combinada de policía y ejercito efectuaron un desalojo de la comunidad garífuna de Barra Vieja, Tela, procediendo a destruir las humildes casas de habitación y dispersar a sus moradores.
Barra Vieja está ubicado contiguo al proyecto turístico Indura Resort, conocido previamente como Laguna de Micos & Beach Resort, perteneciente a la elite de poder de Honduras, implicados directamente en el golpe de estado del año 2009. El proyecto fue inaugurado en noviembre del año pasado, al mismo tiempo que se efectuó una reunión del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).
Desde el pasado 6 de agosto se iniciaron los intentos de desalojo, los que fueron truncados ante los repetidos fallos en la redacción de la orden de desalojo, la cual en varias ocasiones fue dirigida a individuos y no a la comunidad de Barra Vieja.
El desalojo que se está efectuando en este momento, no se apega a derecho y es instigado por el INDURA RESORT, con la complicidad del Juzgado de Tela, el que se ha destacado por estar al servicio de los empresarios turísticos y la Municipalidad de Tela, en detrimento especialmente de la población garifuna radicada en la bahía.
Cabe señalar que un grupo de campesinos de la comunidad del Dorado, Tela, fueron transportados en un camión, con el propósito de utilizarlos para sacar los enseres de las moradas de los habitantes de Barra Vieja. Los campesinos se negaron a cumplir las ordenes de las Fuerzas de Seguridad, señalando además que el INDURA RESORT les ofreció un emolumento para efectuar dicha labor.
En fecha reciente se efectuó una audiencia en relación al caso de la comunidad garifuna de Triunfo de la Cruz, ante la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH) en relación a los despojos cometidos en contra de los habitantes de esa comunidad instigados por las especulaciones inmobiliarias surgidas desde la década los años 80 del siglo pasado, cuando se comenzó a planificar el denominado proyecto Bahía de Tela que culminó en este siglo con la implementación del Indura Resort, el cual rellenó el humedal de la laguna de Micos, incluida como parte del área protegida RAMSAR722.
Los derechos humanos y territoriales de los más de 400 habitantes de Barra Vieja han sido conculcados, siendo este desalojo parte de una estrategia de expulsión del pueblo Garífuna de la costa en que hemos habitando durante más de dos siglos. El pasado 8 de agosto se dio un desalojo en la comunidad de Armenia, en tierras ancestrales que fueron despojadas por la Standard Fruit Company a inicios del siglo pasado.
Mas de 20 comunidades garifunas han sido incluidas dentro las Ciudades Modelo (ZEDE) que pretenden el estado de Honduras subastar al capital extranjero para la creación de republiqetas cuasi independientes, siguiendo el modelo de los libertarios de ultraderecha (anarco capitalismo), que han visto en Honduras un lugar propicio para instalar un laboratorio político social destinado a derruir los estado-nacion existentes en centroamérica.
La OFRANEH demanda el respeto a los derechos sobre el territorio ancestral del pueblo Garifuna en Honduras, y el retorno inmediato de las tierras usurpadas en Barra Vieja
Organizaciones de Derechos Humanos exigen al gobierno el respeto al derecho a la propiedad ancestral que poseen los habitantes de Barra Vieja, y que cese el desalojo e intimidación que padecen sus habitantes.
Artículo | September 30, 2014 – 5:50pm
El desalojo ocurre debido a la urgencia de ampliar las instalaciones del complejo turístico Indura Beach Resort para confort sobre todo de turistas extranjeros, así se ha mandado a la calle este dia a más de 450 personas, vistos como estorbo para el proyecto turístico causante de la destrucción de parte de los humedales de la laguna de Micos (RAMSAR 722), ha denunciado la Ofraneh.
Edición Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Este día fuerzas militares por orden judicial desalojaron a los pobladores garífunas de la comunidad Barra Vieja, ubicada cerca de la ciudad de Tela en el norte de Honduras.
Según organismos de fraternidad negra esto obedece a la campaña emprendida por el actual gobierno en contra del pueblo Garífuna, y en esa línea se desalojó a la comunidad de Barra Vieja, Tela. Esto ocurrió a instancias de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y el Indura Beach Resort, que pretenden desalojar a más de 450 personas, vistos como estorbo para el proyecto turístico causante de la destrucción de parte de los humedales de la laguna de Micos (RAMSAR 722).
La Organización Fraternidad Negra de Honduras (OFRANEH), ha dicho que la Corte de Apelaciones de La Ceiba ha repetido la ofensiva en contra de Barra Vieja perpetrada desde el pasado 6 de agosto pasado, cuanto un contingente de policías arremetió contra los habitantes de la comunidad, allanando sus moradas y sacando los enseres, con el propósito posterior de demoler las viviendas.
Hasta este día, la resistencia pacífica de la comunidad evitó que las fuerzas del Ministerio de Seguridad llevaran a cabo su objetivo, pero hoy cumplieron su amenaza de que regresarían con un mayor número de efectivos para lograr su objetivo. Desde entonces, se había decretado una guerra sicológica en contra de los garífunas de Barra Vieja, lanzando globos sonda cargados de intimidaciones y amenazas del desalojo.
Un dirigente garífuna entrevistado en la zona por medios televisados ha dicho hace unas horas que “el Estado de Honduras ha demostrado en las recientes audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un irrespeto total en relación a los derechos territorial que poseemos los garífunas, denegando nuestra condición como pueblo indígenas”.
Las presiones territoriales existentes en Honduras en contra de los pueblos indígenas, expone Ofraneh, se agravan con la entrada en vigor de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, (ciudades modelo) la que incluye a más de 20 comunidades en siete de las 10 zonas señaladas para la entrega al capital extranjero, con el propósito de crear repúblicas cuasi independientes y recurrir a la tercerización de la justicia.
El desalojo en Nueva Armenia y Barra Vieja, no es más que la antesala de la tercera reubicación de Castilla, comunidad que fue trasladada en 1941 y en 1978. La primera vez para la construcción de una base militar estadounidense y la segunda cuando el general Álvarez Martínez obligó a las comunidades de Cristales y Río Negro a ceder la vieja Castilla a la Empresa Nacional Portuaria. En fecha reciente se efectuó un desalojo en un terreno en disputa en Puerto Castilla, lo que no fue más que un ensayo para la expulsión de la comunidad con el objetivo de asentar en el lugar, una de las ciudades modelo-ZEDE.
“Existe enorme jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con relación a los derechos de los pueblos indígenas y su territorio ancestral, aunque no exista un reconocimiento del estado sobre dichos territorios”, expone la organización.
Y en un comunicado indica que tanto en la Audiencia en Costa Rica en mayo anterior sobre el caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz, y este mes en Paraguay sobre el caso de la comunidad de Punta Piedra, la Comisión interamericana de Derechos Humanos señaló al Estado de Honduras su incongruencia en relación al reconocimiento territorial, el cual debe incluir los territorios no titulados.
“Desgraciadamente, ya sea por omisión o ignorancia la Corte de Apelaciones de La Ceiba desconoce las sentencias de la Corte IDH y con base a una cuestionable Ley de Municipalidades y la ilegal Ley de Propiedad, pretende satisfacer los mandatos de los empresarios hoteleros. De esta forma una vez más el Estado viola la Convención de Viena y el Convenio 169 de la OIT”.
Como parte de la campaña emprendida por la actual administración gubernamental en contra del pueblo Garífuna, se renueva la amenaza de desalojo en la comunidad de Barra Vieja, Tela, a instancias de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y el Indura Beach Resort, los que pretenden desalojar a más de 450 personas, vistos como un estorbo para el proyecto tCurístico causante de la destrucción de parte de los humedales de la laguna de Micos (RAMSAR 722).
la Corte de Apelaciones de La Ceiba repite la ofensiva en contra de la comunidad de Barra Vieja perpetrada el pasado 6 de agosto, cuanto un contingente de policías arremetió contra los habitantes de la comunidad, allanando sus moradas y sacando los enseres, con el propósito de posteriormente demoler las viviendas.
La resistencia pacífica de la comunidad evitó que las fuerzas del Ministerio de Seguridad llevaran a cabo su objetivo, amenazando estos que regresarían con un mayor número de efectivos para lograr su objetivo. Desde esa fecha, se ha decretado una guerra sicológica en contra los garifunas de Barra Vieja, lanzando globos sonda cargados de intimidaciones, y amenazas del posible desalojo.
El Estado de Honduras ha demostrado en las recientes audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un irrespeto total en relación a los derechos territorial que poseemos los garífunas, denegando nuestra condición como pueblo indígenas.
Las presiones territoriales existentes en Honduras en contra de los pueblos indígenas, se agravan con la entrada en vigor de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, la que incluye a más de 20 comunidades en siete de las 10 zonas señaladas para la entrega al capital extranjero, con el propósito de crear repúblicas cuasi independientes y recurrir a la tercerización de la justicia.
El desalojo en Nueva Armenia y el planificado para Barra Vieja, no es más que la antesala de la tercera reubicación de Castilla, comunidad que fue trasladada en 1941 y en 1978. La primera vez para la construcción de una base militar estadounidense y la segunda cuando Alvarez Martinez obligó a las comunidades de Cristales y Río Negro a ceder la vieja Castilla a la Empresa Nacional Portuaria. En fecha reciente se efectuó un desalojo en un terreno en disputa en Puerto Castilla, lo que no fue más que un ensayo para la expulsión de la comunidad con el objetivo de asentar en el lugar, una de las ciudades modelo-ZEDE.
Existe una enorme jurisprudencia de la Corte IDH en relación a los derechos de los pueblos indígenas y su territorio ancestral, aunque no exista un reconocimiento del estado sobre dichos territorios. Tanto en la Audiencia en Costa Rica en mayo sobre el caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz, y este mes en Paraguay sobre el caso de la comunidad de Punta Piedra, la Comisión interamericana de Derechos Humanos señaló al Estado de Honduras su incongruencia en relación al reconocimiento territorial, el cual debe incluir los territorios no titulados.
Desgraciadamente, ya sea por omisión o ignorancia la Corte de Apelaciones de La Ceiba desconoce las sentencias de la Corte IDH y en base a una cuestionable Ley de Municipalidades y la ilegal Ley de Propiedad, pretende satisfacer los mandatos de los empresarios hoteleros. De esta forma una vez más el Estado viola la Convención de Viena y el Convenio 169 dela OIT.
La OFRANEH exige el respeto al derecho a la propiedad ancestral que poseen los habitantes de Barra Vieja, y que cese de una vez por todas las amenazas de desalojo e intimidaciones que padecen sus habitantes.
En el año 2007, el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) interpuso a través de la Empresa Nacional Portuaria una denuncia ante la fiscalía de Tela por la supuesta usurpación de tierras estatales, las cuales no podrían ser afectadas para otros fines, por tratarse de un proyecto de interés nacional.
Honduprensa 