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Gobierno Hondureño responsable de la desaparición, exilio y auto censura de periodistas y Medios de comunicación

“ES TU CULPA QUE TE HAYAN PUÑALEADO” SABES QUE TE QUIEREN MATAR Y AUN NO TE HAS IDO”

Esas fueron las palabras del oficial a cargo de la Dirección Nacional de Investigación Criminal en la estación de Amapala Valle al momento de interponer mi primer denuncia por intento de asesinato por un desconocido (Muricio Gomez) quien me ataco con un cuchillo por la espalda acompañados por dos miembros de la comunidad de Puerto Grande (Abelino Martinez y Fabricio Castillo), en ningún momento se hizo nada contra los agresores por lo que lo ataques siguieron hasta considerar mi salida del país como única alternativa de vida, ya llevo un año entre calles y detenciones y la situación en Honduras cada ves es mas cruda, las y los que siguen ejerciendo comunicación sin venderse están destinados al encierro, exilio o muerte como es el caso que atraviesan David Romero, Félix Molina, Cesario Padilla, Abel Perez y muchos y muchas que ya no están como Berta Caceres Fundadora de COPINH y de sus radios indígenas.

De los cinco años que trabaje como programador de Radio para La Voz de Zacate Grande recuerdo la primer ves que sentí miedo de volver a hablar por un radio transmisor, fue el 30 de Mayo del 2010 pocos días de a ver inaugurado la Voz de Zacate Grande el 14 de Abril., en horas de la tarde llego mi abuelo, un agotado anciano que por décadas trabajo para la empresa Dinat, dueña de lo que hoy se conoce como conservatorio de vida silvestre, lugar donde nacieron y crecieron mi padre y sus hermanos.- sus lágrimas rodaron, me abrazo, levanto su rostro y miro hacia el frente, su mirada se perdió en cuatro paredes bacías y un micrófono en el que no paraban de hablar, y me dijo ¨hijo´ vengo a decirte que me despidió Miguel Facusse, y me dijo su uno de sus guardaespaldas que estabas asiendo mucha bulla, que si no te callas en cualquier momento vas a amanecer con la lengua cortada´´ a la ves resalto con voz forzada ¨pero lo que te vengo a decir no es para que tengas miedo, si no para que sepas que aquí tienes un compañero mas que nunca te fallara´´.

Recuerdo que desde ese día mi abuelo no falto a ninguna de las asambleas ni reuniones de trabajo del grupo campesino del que yo era secretario de actas, siempre era el primero en llegar, con su porrita de agua y su machete jorolo (de vuelta), donde escuchaba que estábamos con los otrxs cipotes de la radio el siempre llegaba, no quería perderse ningún acontecimiento que fuera a ocurrir en nuestra contra sin estar el presente, el sabia quien era Facusse y de su ira maliciosa, todos lo sabíamos, pero la resistencia florecia con los mensajes de aquella pequeña radio, así como el valor para seguir ejerciendo la palabra, eramos jóvenes todos así que no había que darle tantas vueltas al asunto para hacer lo planificado, no mencionábamos nuestros nombre para evitar ser blancos de atentados contra nuestra organización ADEPZA, pero eso no fue suficiente, por mas que retomamos mecanismos de seguridad siempre llegaban a nosotros los arrestos por cubrir manifestaciones y desalojos, los golpes por quienes no estaban de acuerdo con que expresáramos nuestra opinión, las amenazas eran innumerables contra 18 comunicadores que trabajábamos de manera voluntaria para la pequeña estación de radio, pero cuando llegaba la policía para querernos decomisar el equipo bastaban cinco minutos después de anunciarlo para que las comunidades se desplazaran hasta ahí y poder impedir su entrada a las instalaciones de la radio.
Cual era el secreto de la resistencia? Acaso la radio anunciando la próxima movilización en Defensa de los bienes comunes y naturales? invitar para la reuniones de la junta de agua o el patronato? o la venta de tamales de doña mariana? Yo siempre decía que la radio era como un virus, que entraba hasta el interior de sus casas, sus mentes y contaminaba todo ese cerco mediático y la falsa historia que nos han contado, radical, sentimental, amorosa o alegre, no importaba que situación pasáramos, solo era cuestión de sintonizarla y ella cambiaba nuestra depresión con sonrisas, la indignación en rabia y la cólera en deseos de un cambio, el defenderla significaba defender la alegría, defender la esperanza, el sueño de un mundo diferente.

Tomamos como tema principal la defensa de los derechos Humanos y la defensa a quienes luchan por este Derecho,- por lo general consideremos la Violaciones a estos cuando enfrentamos daños físicos, atentados directos contra nuestra vida, o hasta que estamos muertos, pero la lucha por los derechos humanos de la que participábamos como radio es exigir públicamente una vida digna, una vivienda digna, un salario completo no un salario mínimo, trabajo, medicina, tierras, playas, educación etc,. Como radio eso es lo que asíamos y aun lo siguen asiendo mis compañerxs, al llevar ese mensaje hasta los mas afectados, presos y demás víctimas por parte de los grandes terratenientes,- al mencionar con nombre y apellido a cada uno de ellos, sus vínculos con el Gobierno y proyectos con que siguen manteniendo sus lujosas residencias y que son fruto de nuestro trabajo y lo que nosotros mismos consumimos, la radio después de 6 años de su lanzamiento sigue manteniendo la denuncia constante contra el Club de Coyolito por las compras, ventas y robos de playas de manera ilegal en la península de Zacate Grande, denunciando a los Hijos de Miguel Facusse Barjum y su Empresa Corporación Dinat por las 69 procesos jurídicos contra 36 Dirigentes campesinos y pescadores de la Península de Zacate Grande por los delitos de usurpación de tierras, daños al medio ambiente, daños a la propiedad privada, amenazas e intento de asesinato contra guardias de la empresa DINAT, todas las acusaciones a manos del fiscal Tomy Zambrano Diputado del Parido Nacional.

El precio por ejercer la libertad de expresión  

En uno de los diferentes arrestos que recibí sin orden de captura, recuerdo las palabra del inspector Duarte al tenerme detenido en la estación Policial de San Lorenzo el 31 de Mayo del 2014 ´´y ustedes que es lo que guardan en esa radio que no quieren que entremos, tienen armas, se preparan para la guerra, y tu por que cuestionas tanto al gobierno, sabes que la conspiración es un acto terrorista, y por que hablan tanto de nosotros y de como hacemos nuestro trabajo´´ yo decidí callar y esperar lo que tuviera que pasar, el me conocía muy bien, paresia que había escuchado cada uno de mis programas, lo mas ilógico es que el era el encargado de darme protección cuando yo me sintiera en peligro por ejercer mi trabajo de periodista o comunicador de radio,. Yo sabia que estaba molesto con migo, pensé que solo me quisieran dar una lección, pues un día antes no lo quise atender cuando llego a la radio, yo le dije que sin que las abogadas del COFADEH no estuvieras presente ahí el tenia prohibido entrar a las instalaciones de la radio, puesto que en el 2012 la Corte interamericana de Derechos Humanos-CIDH nos había decretado medidas de protección, en donde parte de las acuerdo es que la policía no debía de acercarse a menos de 30 metros de la radio para poder garantizar nuestra labor sin la presión o miedo de que nos fueran a decomisar el equipo como lo habían intentado hacer anteriormente, pero dos años después nada había cambiado, aunque la radio ya era legal desde el 2013 la policía no comprendía que nuestra palabra además de ser legitima ya era legal, y que constantemente estaríamos denunciando su actuación en contra de la población cuando son sobornados por los terratenientes, y prestarse para desalojar familias y encarcelarlas sin orden de captura, seis meses después de que el inspector Castro Duarte me encarcelo y que gracias al COFADEH Y ADEPZA pude salir de la detención, seis meses despues el inspector apareció muerto de un disparo en la cabeza, ahora soy objeto de investigación por su muerte, hace tres meses recibí la llamada de un investigador quien llego con dos sujetos mas a la casa de mis padres en Zacate Grande Honduras, fuertemente armados sin placas ni escolta policial, carro sin placa, dijeron que eran del Departamento de Investigación de la Carrera Policial, supuestamente investigando una denuncia que yo puse contra Castro Duarte en el 2014, por mi parte yo en ningún momento puse denuncia contra Duarte, mis declaraciones fueron publicas a través de la radio y redes sociales, el Ministerio publico hasta la fecha tampoco se reconocen a estas personas como investigadores de la carrera policial, no queda duda de que en honduras existe un plan de inteligencia (anti-terrorista) contra medios de comunicación que mantienen la denuncia y cuestionamientos en contra del actual gobierno, desde el 2009 lideres como Berta oliva, berta Caceres, Manuel Zelaya Rosales han denunciado la aplicación de escuadrones de la muerte o grupos de exterminio contra miembros de la resistencia, dirigentes indígenas, periodistas, campesinos y estudiantes. No me queda mas que decir que nos encontramos en el punto clave de la implantación de un modelo neoliberal que no nos permite la lucha, hasta exterminar y saquear los pocos recursos que nos quedan en la ya devastada honduras.

Presos de exilio, inmigrantes de nuestra propia tierra, perseguidos por nuestras ideas, ese es nuestro precio por denunciar todos los actos de corrupción que se siguen permitiendo desde las estructuras del gobierno.

Tengo cicatrices en mi rostro, mi cuerpo, una picadura en el cráneo y mil nudos en mi garganta por mi salida, asesinaron mi lucha, yo nací y crecí en ella, esa era mi vida y me la arrebataron, así como nos quitaron a Berta, así como nos han quitado a 50 periodistas y 120 dirigentes campesinos dese el golpe de estado, mi cuerpo sigue andando pero ya no esta donde debería, después de los últimos dos atentados que recibí hace poco ya mas de un año los agresores siguen intimidando a mi familia, la policía cuestiono mis denuncias aduciendo que yo tenia la culpa, nunca nadie me pregunto que me paso, jamas recibí una entrevista pero fui expulsado del proyecto que trabajábamos con ADEPZA por considerarme un peligro para la organización, mi lucha fue criminalizada, ahora mi familia me pide que por favor no regrese, que ya no tienen para donde irse si llega a pasar algo peor.

Desde el 2012 se me otorgaron medidas de protección cautelar por la corte interamericana de Derechos Humanos, recibí un carnet donde dice (El secretario de Estado del Despacho de seguridad certifica que el portador de esta credencial identificado al adverso, es beneficiario de Medidas de Protección decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, en tal sentido se le solicita a las autoridades Civiles, Militares y Policiales la colaboración con el portador de la misma´´ pero nada de esto ha sido cumplido, en los 5 años que trabaje para la voz de Zacate Grande tengo 5 arresto sin orden de captura, 3 denuncias que yo he puesto por amenazas a muerte y dos denuncias por atentados con arma blanca, en la denuncia del 14 de Diciembre del 2014 al momento de interponerla el agente de la DNIC, me dijo *es tu culpa que te hayan puñaleado, sabes que te quieren matar y no te vas de la comunidad*, en la del 26 de Enero del 2015, el mismo oficial de la Dirección Nacional de Investigación Criminal me dijo que no podía arrestar al que me dio los machetazos en la cabeza porque para eso tendría que presentar le un examen forense de mas de un mes de convalecencia internado en el hospital, luego cuestiono mi versión de los hechos y me dijo que los policías de la comunidad le habían informado que era un pleito territorial por venta de drogas así que ellos no se podían meter en eso, hasta la fecha el gobierno Hondureño sigue incumpliendo los acuerdo y tratados internacionales al no dar investigación sobre los hechos que se dieron contra mi persona así como tampoco lo hicieron con Berta Caceres quien también era beneficiaria de Medidas de Protección Cautelar y fue asesinada hace poco mas de tres meses.

Origen: Gobierno Hondureño responsable de la desaparición, exilio y auto censura de periodistas y Medios de comunicación

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Familiares de Miguel Facussé hacen propuesta grosera a pobladores de Zacate Grande

Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn Tegucigalpa.-

Tegucigalpa.-Los apoderados legales del extinto empresario hondureño Miguel Facussé Barjúm proponen a un grupo de 34  pobladores de Zacate Grande, Amapala, en el sureño departamento de Valle que desalojen las tierras que ocupan a cambio de anularles los juicios que hay en su contra.

Los pobladores, que se encuentran acusados en los juzgados de Amapala por el delito de usurpación de tierras, han recibido la propuesta de la familia Facussé, quienes a cambio de quitarles las medidas preventivas  les proponen que reconozcan la legítima pertenencia a favor del extinto empresario.

“Con un documento borrador, denominado “acta de conciliación y acuerdos en causa incoada contra imputados de zacate grande, Amapala, Valle” escrito con fecha 14 de febrero del 2014, y expuesta hasta el 8 de octubre del 2015, donde nos convocaron para hacerlo de nuestro conocimiento, pretenden que negociemos nuestro silencio a cambio de quitarnos las acusaciones que pesan por defender nuestro territorio que por generaciones nos han pertenecido”, dijeron los pobladores.

En conferencia de prensa en el Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH) los afectados apuntaron que el documento está redactado “como si nosotros hubiésemos estado presentes en dicha reunión, lo que negamos rotundamente, así como nos abstenemos de aceptar su propuesta en la que nos comprometen a aceptar que esas tierras son legítimas del ingeniero Miguel Facussé Barjúm (fallecido el 23 de junio 2015) por lo que debemos alejarnos de las propiedades, donde sembramos maíz, maicillo, sandia, huertos familiares, árboles frutales y cultivos de camarón orgánico, todo para el sustento familiar”.

La denuncia se efectuó durante una conferencia de prensa en las instalaciones del COFADEH.

La denuncia se efectuó durante una conferencia de prensa en las instalaciones del COFADEH.

Recordaron que están procesados judicialmente desde el  2005, con medidas sustitutivas a la prisión como ser: ir a firmar al Juzgado Primero de Letras de la Isla del Tigre cada 15 días, no salir del país y no acercarse a los predios en litigio ni a la gente allegada a la familia Facussé. “Y según esta propuesta si aceptamos sus condiciones nos suspenderían esta medidas”, acotaron.

En virtud de lo antes señalado los pobladores denunciaron lo siguiente:

1.-Que estas medidas que propone la familia Facussé, nosotros los defensores de la tierra y playas de la península de Zacate Grande las consideramos una acción más de hostigamiento y violación a nuestros derechos, ya que nuestro único medio de sobrevivencia es la tierra en que habitamos, la producimos y la cuidamos, así como las playas de donde muchas familias viven de la pesca artesanal, y las están privatizando.

2.-Parte del interés de apoderase de nuestras tierras y playas es porque el gobierno de la República está promoviendo  la construcción de una Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o “Ciudad Modelo” en Amapala, y por eso otras personas como la familia Gutiérrez, Fredy Nasser, Juan Orlando Hernández y Jorge Cassis, están adquiriendo propiedades, y en ocasiones desalojando a sus habitantes, para impulsar ese negocio. Para el caso la familia Malespín ha regresado a Zacate Grande, aduciendo que  la fallecida Carmen Malespín, aún tiene propiedades a su sombre, pese a que en los 80 y 90 vendió hasta las playas que por ley le pertenecen al Estado.

3.-No vamos a negociar una propuesta que nos expulsa de nuestra tierra e impone terror; que beneficia solo a los terratenientes y pretende dividir a la comunidad, quienes pueden aceptar cualquier negociación bajo amenazas y miedo a ser requeridos judicialmente, porque las autoridades también están de parte del poder.

Tegucigalpa m D.C., 02 de diciembre de 2015

Comisión de lucha por la tierra de la Península de Zacate Grande

Origen: Familiares de Miguel Facussé hacen propuesta grosera a pobladores de Zacate Grande –

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Comunidades de Zacate Grande rechazan acuerdo que a su juicio es humillante y viola los derechos humanos

Tegucigalpa. Por considerar que es humillante y es una violación a los derechos humanos,  31 campesinos y pescadores de Zacate Grande, entre ellos una mujer, rechazaron la pretensión de firmar una Acta de Conciliación que les impide ingresar a tierras supuestamente adquiridas por la familia del terrateniente Miguel Facussé, no cultivar granos básicos y tampoco ejercer la pesca como medios de sustento.

En conferencia de prensa, varios de los procesados comparecieron en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) para manifestar ante los medios de comunicación, su rechazo ante las pretensiones de los familiares del extinto agroindustrial Miguel Facussé.

Pedro Canales a nombre de los campesinos y campesinas procesadas judicialmente por usurpación de tierras en Zacate Grande, expresó que toda la problemática con la familia Facussé surgió  a partir que Carmen Malespín se declaró como dueña de la península de Zacate Grande.

Ella vendió a todos los ricos y políticos de este país quienes después despojaron a todos los pobladores de las playas, aseguró Canales, quien es el presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA).

La ADEPZA expuso que el 99 por ciento de las playas de Zacate Grande están en poder de los ricos; una menor parte, y que las playas más feas están en poder de pescadores y campesinos.

La península de Zacate Grande está bajo la jurisdicción del municipio de Amapala, departamento de Valle en el pacifico hondureño.

Canales señaló la familia Facussé envió un documento que fue presentado el 8 de octubre pasado, en donde pide a 31 procesados que aceptemos firmar un documento de conciliación, pero a cambio de no volver nunca a entrar a las tierras de donde nosotros sacamos los alimentos diarios de nuestras familias.

El dirigente comunitario aseguró que el fallecido terrateniente Miguel Facussé dejó este documento en donde menciona que fue elaborado en la comunidad de Novillo, “cosa que nosotros nunca nos reunimos con el señor”.

Al documento “nosotros lo consideramos como una humillación, hostigamiento y violación a los derechos humanos, porque exigir que se firme un documento de estos, significa que nosotros ya no vamos a poder vivir en Zacate Grande y los 31 procesados por el delito de usurpación que fuimos enjuiciados en el 2005 por esta familia (Facussé); algunos hemos sido encarcelados y humillados, y esto viene a profundizar más la crisis de división y de desprecio por parte de las autoridades judiciales, policía y Ministerio Público en contra nuestra”.

Pedro Canales

Canales añadió que el documento dice que quien va a dictar las pautas de este proceso es el juez de Amapala y aparte de eso piden 6 años de prueba, que quiere decir que nosotros como imputados tendríamos que sembrar árboles en los lugares donde nosotros cultivamos el maíz, sandía, maicillo y todo lo que comemos.

Por eso es que nosotros consideramos que esto es una humillación y queremos denunciarlo ante los organismos de derechos humanos, principalmente al COFADEH y a los medios de comunicación, sostuvo Canales.

“Rechazamos totalmente esta propuesta, y la rechazamos a tal grado que les hemos dicho a nuestras familias allá en Zacate Grande que esto no lo podemos firmar, la mayor parte de imputados que estamos dentro de esto; rechazamos totalmente esta propuesta y no la vamos a firmar”.

Le decimos al estado de Honduras, cómo es posible que el 99 por ciento de la población de Zacate Grande no tiene documentos, los ricos y políticos vana al Instituto de la Propiedad (IP) y sacan escrituras como cuando un campesino va al Registro de las Personas a sacar una partida de nacimiento; así lo hacen los ricos escriturando playas y escriturando la tierra de Zacate Grande, preguntó el presidente de la ADEPZA.

Hasta JOH posee tierras en Zacate Grande denuncia la ADEPZA

El 99 por ciento de las tierras están en poder de los ricos y lo último que se ha dado es la privatización de la Playa La Guayaba donde el presidente Juan Orlando Hernández ha instalado muros y portones de acero. Playa que pertenecía al pueblo hondureño, está totalmente privatizado así como lo fue la Playa Las Gaviotas.

Ethel Corea que es la única mujer procesada de la ADEPZA y expresó que la situación de las mujeres es un poco complicada porque con este problema de las tierras, nosotras no tenemos acceso a trabajar la tierra, porque las mujeres somos un poco temerosas; porque la policía está a favor de esta gente y cuando miramos la policía nos ponemos nerviosas y tenemos temor a que nos puedan golpear.

“En el 2010 yo fui golpeada muy fuerte en la cabeza, porque los policías estaban ahí, nosotras estábamos en los terrenos en litigio y desde ahí las mujeres se han alejado un poco, porque tienen temor”, denunció Corea.

Ethel Corea tiene 34 años de vivir en la comunidad de Puerto Grande en Zacate Grande y enfrenta un proceso judicial por el delito de usurpación de tierras, por lo que debe gastar 200 lempiras al mes para presentarse a firmar el libro de registro de procesados en los tribunales de Amapala.

Corea señaló que el documento que les ha hecho llegar la familia Facussé “es una amenaza de desalojo, que es brutal para nosotros porque si firmamos este acuerdo que ellos ponen, yo tengo mi casa en los terrenos que están en litigio y si firmamos, prácticamente para dónde voy a agarrar yo”.

La ADEPZA consideró que detrás de la firma del convenio se oculta la intención de instalar en Zacate Grande, una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Por su parte la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva dijo que lo expuesto obedece a otra estrategia muy diferente a la que se ha iniciado en el valle del Aguán, pero lo que debemos ver es que son los mismos actores y en contra de la misma población.

“Y esta que se está implementado en Zacate Grande es como muy parecida a la que se vive en algunos sectores de Colombia; y es bastante peligrosa porque tratan de hacer acciones encaminadas a dividir a la misma comunidad; para hacer parecer que no hay ninguna mano oficial, sino que son pleitos y disputas entre comunidades, eso es lo más peligroso que nosotros estamos viendo que se está dando en Zacate Grande”, sostuvo Oliva.

Llamamos la atención de esto porque, por otro lado, sin ninguna justificación fuerte han enjuiciado a mucha gente de las comunidades; y eso juicio que pesa sobre ellos, también los doblega para no seguir haciendo la acción de demanda, de reclamación y apropiación y manda un mensaje claro al resto de la población para que no se aglutine en la defensa de su territorio.

“Ese es otro mecanismo, pero a mi juicio es efectivo, porque la gente sabe en qué sistema de indefensión se encuentra cuando acude ante los tribunales de nuestro país. Los tribunales hasta hoy día no han estado haciendo una acción que nos indique que tienen la mira de ser independientes, los que aplican justicia en nuestro país están con una gran dosis de obediencia a quién los tiene en el poder”, sostuvo la coordinadora del COFADEH.

Origen: Comunidades de Zacate Grande rechazan acuerdo que a su juicio es humillante y viola los derechos humanos

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Propuesta de Facussé quiere silenciar la lucha de campesinos de Zacate Grande

Los miembros de la lucha por la tierra de la Península de Zacate Grande, y los 34 imputados por el delito de “usurpación de tierra, supuestamente propiedad de la familia Facussé, ante la propuesta enviada por la familia del fallecido terrateniente Miguel Facussé Barjun, quien por años pretendió apoderarse de nuestras tierras y playas,  la comunidad nacional e internacional, informamos que:

Con un documento borrador, denominado “ACTA DE CONCILIACION Y ACUERDOS EN CAUSA INCOADA CONTRA IMPUTADOS DE ZACATE GRANDE, AMAPALA, VALLE” escrito con fecha 14 de febrero del 2014, y expuesta hasta el 8 de octubre del 2015, donde nos convocaron para hacerlo de nuestro conocimiento, pretenden que negociemos nuestro silencio a cambio de quitarnos las acusaciones que pesan por defender nuestro territorio que por generaciones nos han pertenecido.

1.       El documento está redactado como si nosotros hubiésemos estado presentes en dicha reunión, lo que negamos rotundamente, así como nos abstenemos de aceptar su propuesta en la que nos comprometen a aceptar que esas tierras son legítimas del ingeniero Miguel Facussé Barjum (fallecido el 23 de junio 2015) por lo que debemos alejarnos de las propiedades, donde sembramos maíz, maicillo, sandia, huertos familiares, árboles frutales y cultivos de camarón orgánico, todo para el sustento familiar.

2.       Estamos procesados judicialmente desde el año 2005, con medidas sustitutivas a la prisión como ser: ir a firmar al Juzgado Primero de Letras de la Isla del Tigre cada 15 días, no salir del país y no acercarse a los predios en litigio ni a la gente allegada a la familia Facussé. Y según esta propuesta si aceptamos sus condiciones nos suspenderían esta medidas.

Por lo tanto denunciamos:

1.       Que estas medidas que propone la familia Facussé, nosotros los defensores de la tierra y playas de la península de Zacate Grande las consideramos una acción más de hostigamiento y violación a nuestros derechos, ya que nuestro único medio de sobrevivencia es la tierra en que habitamos, la producimos y la cuidamos, así como las playas de donde muchas familias viven de la pesca artesanal, y las están privatizando.

2.       Parte del interés de apoderase de nuestras tierras y playas es porque el gobierno de la República está promoviendo  la construcción de una Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o “Ciudad Modelo” en Amapala, y por eso otras personas como la familia Gutiérrez, Fredy Nasser, Juan Orlando Hernández y Jorge Cassis,  están adquiriendo propiedades, y en ocasiones desalojando a sus habitantes, para impulsar ese negocio. Para el caso la familia Malespín ha regresado a Zacate Grande, aduciendo que  la fallecida Carmen Malespín, aún tiene propiedades a su sombre, pese a que en los 80 y 90 vendió hasta las playas que por ley le pertenecen al Estado.

3.        No vamos a negociar una propuesta que nos expulsa de nuestra tierra e impone terror; que beneficia solo a los terratenientes y pretende dividir a la comunidad, quienes pueden aceptar cualquier negociación bajo amenazas y miedo a ser requeridos judicialmente, porque las autoridades también están de parte del poder.

Origen: Propuesta de Facussé quiere silenciar la lucha de campesinos de Zacate Grande

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Honduras: The Impunity and Legacy of Miguel Facussé

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Written by Greg McCain
Monday, 24 August 2015 10:20
Ciriaco de Jesús Muñoz, PRESENTE! Ignacio Reyes García, PRESENTE!; Raúl Castillo, PRESENTE!; Teodoro Acosta, PRESENTE!; José Luis Sauceda Pastrana, PRESENTE!.

These are the names of the five campesinos (peasant farmers) who were massacred in November of 2010 at El Tumbador. Francisco Ramirez calls out the names to begin a meeting with a human rights delegation. The group calls out “PRESENTE!” to show that each of the five is still a part of the community of Guadalupe Carney and a member of the Campesino Movement of the Aguán (MCA in its Spanish Acronym).

November 15th 2015 marks the fifth anniversary of the massacre at El Tumbador, the African Palm plantation on Laguna Guaimoreto in Trujillo, Colon. Paramilitary private guards and members of the military ambushed the five, along with several other campesinos from the community, in the early morning hours as they attempted to enter their property. Francisco was among those severely wounded as bullets tore through his face and body. He is left with constant pain that makes it next to impossible for him to work plus the fact that the land he was entitled to cultivate was stolen from him.

November 15 also marks five years of impunity for the Dinant Corporation whose President, Miguel Facussé Barjum, ordered his private security guards and State security forces to open fire on the campesinos and kill as many as possible. Dinant is a Honduran company that grows African Palm and processes the oil in addition to harvesting other crops. It distributes cooking oil, snack food, sugary juices and a variety of other junk food and household products nationally and internationally. It also has a Biofuel processing program that is set up more as a PR scam for receiving Carbon Credits than as a feasible alternative fuel producer.

Facussé died in June of this year. He was considered one of the richest men in Honduras and the 11th richest in Central America. His death ensured his impunity for various crimes. He made his money swindling banks and other companies and used his influence in the government to have agrarian laws changed in order to swindle, intimidate, and usurp land from peasant farmers in various sectors throughout Honduras. One of his largest land holdings were the African Palm plantations in the Northeastern region known as the Bajo Aguán. It was here, since the 1990’s, that he wreaked havoc on the lives of the peasant farmers. Facussé left a legacy of murder, embezzlement, and theft much of it with the full knowledge and tacit approval of the US government.

The 1992 Agrarian Modernization Law, which Facussé, other ruling elites, and the Bush Sr. administration’s State Department drafted and pushed through the Honduran Congress, gutted the agrarian reform laws that had existed previously. It put State owned land distributed for subsistence farming on the public market. What were once cooperatives or peasant farmer collectives were divided up into individual titles. Many of the farmers were coerced into selling their land for a pittance. In other examples, people who had no authority to sell communal or cooperative land took bribes signing over titles to big rich landowners. In still other instances, Facussé used his military ties to intimidate farmers and their families off of their land killing those who resisted.

Much of the poverty in the country stems from the effects that the Modernization Law had on farmers. Also, the corruption that came in the aftermath of Hurricane Mitch in 1998 contributed as well. The hurricane itself created misery for the entire country as crops, houses, roads, bridges and whole towns were washed away. Facussé’s nephew, Carlos Flores Facussé, was President at the time. He appointed his uncle as director of the national bank. International aid poured in for rebuilding infrastructure as well as relief aid to keep people from starving and to assist them in rebuilding their lives. Shortly after tens of millions of dollars were accumulated, the nephew dissolved the national bank as part of IMF neoliberal restructuring and the money disappeared. Miguel Facussé began to accumulate, with his newfound riches, tens of thousands of hectares of African Palm plantations in addition to private property in National preserves and along the Northern coast and in the Gulf of Fonseca. He financed palm oil processing plants and began to export palm oil and other products and buying brand names, such as Mazola, that he had the exclusive Central American rights to.

In 1999, campesino organizations investigated ways for displaced peasant farmers to acquire land. The Honduran Constitution states that National land lying idle was to have a percentage doled out to peasant farmers who would agree to use the land for subsistence farming. Campesino organizations from five of the northern departments approached the National Agrarian Institute (INA) with the proposal that the land known as the CREM be titled over to the campesinos who had organized as the MCA.

CREM is the Spanish acronym for the Regional Military Training Center. The US military used the site in the 1980s for training the Contras in Reagan’s war against the popular Sandinista government in Nicaragua which won it’s revolution against the US backed dictatorship of Somoza. It also trained the military of El Salvador during their bloody civil war waged against the populace by the military junta. Honduran military officers received training there as well for counter insurgency from the US’s School of the Americas. It is reported that many Hondurans were disappeared and tortured at the CREM. This includes the US born Jesuit priest Father Guadalupe Carney, whom the MCA named its community after. He disappeared in 1982.

INA determined that the MCA could indeed take possession of initially 1000 hectares within the CREM. In time, the number of legally established peasant enterprises grew to 46 as the MCA continued to organize and grow. In total, it was determined that the MCA could obtain provisional titles to 5742.90 hectares (14,191 acres) of land.

Through out this time the campesinos faced brutal aggression from rich landowners who had purchased CREM land illegally. The Municipality of Trujillo had no right to sell national land to these, mostly, cattle ranchers, which included politically powerful families such as Facussé and the Lobo-Sosas. In 2010 INA determined that El Tumbador fell within the boundaries of the CREM. Facussé denied this even though maps of the CREM clearly show that it falls within the boundaries. The government of Pepe Lobo intervened and attempted negotiations with Facussé and the MCA. Facussé accused Cesar Ham, then Director of INA of inciting the campesinos. Ham, knowing Facusse’s past inclination of killing those who challenged him, so feared for his life that he publically stated that if anything bad happened to him it was Facussé who was responsible.

Gaining access to El Tumbador was becoming a long drawn out process that was being stalled by Facussé through bribes to government officials. The campesinos decided to take possession of what was legally theirs if only with the blessings of INA. The peasant farmers, both men and women, worked in El Tumbador for almost a year as negotiations continued. Up until November 15th the campesinos worked without provocation albeit the members of the MCA had faced constant threats since 2000. More than 20 members of their community had been assassinated.

In 2009, Ciriaco traveled from Olancho to find an opportunity to provide for his four children and his common law wife of 20 years, Martha López. On November 15th, he left his house in Guadalupe Carney at 3am and headed to El Tumbador. At 5am, about ten private guards on the plantation demanded that the campesinos leave. They refused saying that this was their land. The guards made phone calls and a short time later 200 heavily armed military personnel arrived. They had military grade weapons such as AK-47s, M-16s and R-15 rifles. The campesinos were on the road outside of the plantation armed only with their machetes which they used for work. Without saying a word, the guards and military opened fire on the campesinos who immediately fled into the dense palm. Ciriaco wasn’t so lucky. He was killed immediately at close range as were 3 of the others. The fifth campesino to be murdered, José Luis Sauceda Pastrana, was found the next day not far from the execution of the others. He had three M-15 bullets in his body.

The next day the mainstream press, the military, and Dinant spokesmen including Facussé were all acting as judge and jury in what amounted to a summary execution. The military planted their own AK-47s and other arms on the bodies of the massacred to spin it that the campesinos were nothing more than insurrectionaries usurping land. Later the Public Minister’s office and the local police, in a rare moment of honesty, discounted this version stating that the campesinos had nothing more than their machetes and other tools to harvest the land.

The Public Prosecutor presented a case against five of the guards, but failed to present any evidence such as ballistics and didn’t even bother to confiscate the weapons of the guards. An official autopsy was never done on the victims either.

In February of 2014, the Attorney General’s office created a special Taskforce on Violent Crimes in the Bajo Aguán (UMVIBA). This was done after the World Bank and it’s financing member, the International Finance Corporation (IFC), did an audit of the Dinant Corporation and found that it did not comply with many of the IFC’s human rights requirements to be eligible for loans. This audit happened after much international attention and pressure fell on Dinant, the World Bank, and the Honduran and US Governments. Facussé pressured JOH to create the faux taskforce because that was one of the conditions for reinstating the other half of the IFC’s $30 million loan to Dinant.

The UMVIBA arrived in the Aguán in April 2014. In addition to other land conflict murders it took on, it reopened the El Tumbador case. Almost a year and a half later, the Taskforce has not publically reported on any of the cases. They have not done any exhumations of the El Tumbador victims let alone autopsies. Noe have they ordered Dinant to hand over the guard’s weapons for forensics testing.

They have exhumed bodies from other cases, many with the families’ of the victims in protest. One family states that their loved one’s grave was desecrated for no reason because their death was not linked to the land conflict, but from a traffic accident. Others have complained that when the bodies were reinterred the headstones and the gravesites were destroyed. Previously UMVIBA had publicly stated that Dinant was not cooperating in the investigations, but in recent interviews political pressure has them putting the blame on the families of the victims.

In 2010, the court in Trujillo dismissed the case against the five guards for lack of evidence. It appears that the impunity that is built into the system will once again favor those who pulled the trigger as it had favored Miguel Facussé.

Fuente. http://upsidedownworld.org/main/honduras-archives-46/5443-honduras-the-impunity-and-legacy-of-miguel-facusse

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Considered the Most Evil Man in Central America Found Dead

Considered the Most Evil Man in Central America Found Dead

Posted: June 23, 2015 at 9:53 am by , in Breaking News, International News

The man whose plantation security guards once shot toward a human rights delegation that KGNU was accompanying died Monday of unkown causes.  Miguel Facusse, thought to be the richest and most powerful man in Honduras has manufactured a complex regime of repression against civil society after becoming the chief economic advisor to President Roberto Suazo Cordova in the 1980s.

In his quest to turn the country into a haven of African palm oil production, he was named as the author of multiple violent evictions of campesinos and rural residents throughout the country.  KGNU has reported from the northern coast of Honduras where indigenous Garifuna reported the violent evictions from the land they have occupied for centuries. The Garifuna recuperated their territory and recently won title to Vallecito but not before having suffered multiple violent evictions rendering the group homeless and forcing them to live under plastic tarps each time they recuperated their land.

In the Bajo Aguan region communities have been attacked and violently removed from their homes where Facusse attempted to confiscate land of residents who possessed cooperative land titles issued at a time when a pre-2009 coup government honored cooperative titles.  Communities there have also resorted to under-tarp existence after recuperating their land.

Last week KGNU aired the interview of a resident (holding protective measures from the Inter-American Commission on Human Rights because of death threats) about the attempts of Facusse to confiscate the land in Zacate Grande in the southern region of Honduras where indigenous communities also reside.  Facusse owns or claims the land surrounding their territory.

Born in 1924, he gained prominence in right wing circles in his earlier years by holding a degree in aeronautical engineering from the United States and later using his skills converting warplanes into commercial cargo airliners after World War II. He continued his influence by making a career of maintaining military aircraft from international sources.  He later entered the textile industry and then founded Dinant Chemical of Central America after which he began distribution of products for Proctor and Gamble.

His Dinant Chemical factory began manufacturing soap but his more recent factories now produce the palm oil used in the junk food that now permeates the Honduran food market.  The remaining oil is distributed internationally as biodiesel and rejected by informed prospective buyers who have termed the product “blood oil.”  The World Bank has in the past withheld loans to the Dinant Corporation reportedly the result of the WB being forced to seriously consider the multiple reports of human rights violations on the part of Dinant although at other times has awarded Dinant massive loans to fund his projects.

Facusse publicly supported the 2009 military coup which catapulted Honduras into the most dangerous country in the world seeing an escalation of assassinations of political opponents, union leaders, land rights activists, the attorneys who represent those groups, and the journalists who report on this repression.

His ties to the cocaine industry have been common knowledge among Honduran civil society but also to the US State Department.  2011 WikiLeaks cables exposed that the US Embassy in Tegucigalpa has known of his cocaine dealings for years prior to being exposed.  The clandestine landing strips for his planes are rural.  KGNU reports concentrate on rural communities and we have reported from on location where the community pointed to landing strips on his property and to where residents have heard plane activity only during the night.

US military aid to Honduras directly supports the Honduran military who have been present to execute many of the violent rural evictions of indigenous and rural communities.  Many human rights groups have called for the ending of US military aid to Honduras.

Facusse’s inevitable death has never been considered the only threat to Honduran peace and quest for democracy.  He leaves behind five children and a nephew, Carlos Flores Facusse who was president of Honduras from 1998 to 2002.  Flores Facusse has collaborated with his uncle Miguel Facusse on many business dealings and also in his repressive tactics when Flores Facusse was overheard by a Canadian reporter saying “Just kill him!” at a news conference where a Honduran reporter was challenging the elder Facusse’s business practices.

Today the US human rights group La Voz de los de Abajo raised concerns about Facusse’s legacy as well.  A coordinator for La Voz, Vicki Cervantes responded to the news this morning “My organization and I have personally accompanied survivors and families of so many campesinos violently attacked by Miguel Facusse’s paramilitary guards, witnessed so many families threatened, forced off their land because of the intransgence of this most powerful of all oligarchs.  I don’t know what his heirs will do but the agrarian problem cries out for legal reform and an end to Facusse-type impunity.”

Chuck Kaufman Co-coordinator for the human rights group Alliance for Global Justice responded to the news of Facusse’s death, “A prince of darkness has returned to hell.”

Editor note:

We have chosen to report about specific incidents, locations, and persons in general terms.  We have omitted the names of those under direct threat for their protections.  Several persons who have received protective measures from the Inter-American Commission on Human Rights created by the Organization of American States OAS have been assassinated in recent months after their identities or positions were made public.

Fuente: http://news.kgnu.org/2015/06/considered-the-most-evil-man-in-central-america-found-dead/

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Fallece el empresario hondureño Miguel Facussé Barjum

23 Jun 2015 / 06:16 AM /

Miguel Facussé Barjum era el presidente de Corporación Dinant.

Miguel Facussé Barjum.
Miguel Facussé Barjum.

Tegucigalpa, Honduras

El empresario hondureño Miguel Facussé Barjum falleció la noche de este lunes en Tegucigalpa, capital de Honduras.

“Lamentablemente (Facussé) falleció ayer al final de la noche”, afirmó a la AFP Roger Pineda, portavoz de Dinant, la empresa propietaria de las fincas y fábrica de alimentos enlatados y jabones, de la que el empresario era presidente.

Se desconocen las causas del deceso del empresario. En el transcurso del día se dará a conocer donde se hará la misa de cuerpo presente.

Miguel Facussé nació en Tegucigalpa el 14 de agosto de 1924. Fue el séptimo de nueve hijos de Nicolás Facussé y María Barjum de Facussé, de descendencia judía.

Facussé fundó en los años 70 la fábrica Químicas Dinant (ahora Corporación Dinant). Esta compañía se concentra en los sectores de alimentos, agronegocios, biodiésel, biogás y productos de limpieza y cuidado del hogar.

En 1994 comenzó a cultivar y comprar tierras en la zona norte para sembrar palma africana. Miguel Facussé reconfiguró el mercado de consumo masivo en Honduras hasta llevarlo a alcanzar el sitio que hoy ocupa.

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Miguel Facussé Barjum era el presidente de Corporación Dinant.
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Muere el empresario Miguel Facussé Barjum en Honduras

Publicado: 23 Junio 2015

El empresario Miguel Facussé se dedicó en los últimos años a reprimir y matar a campesinos del Aguán a través de guardias de seguridad, según denuncias de organizaciones defensoras de la vida.  

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR 

 

Tegucigalpa. El empresario hondureño de ascendencia árabe, Miguel Facussé Barjum, falleció la noche del lunes en la capital. Facussé era el propietario de corporación Dinant, productora de alimentos de consumo popular.

 

En un escueto comunicado, la empresa lamentó el fallecimiento del empresario  que “se le recordará por su inalcanzable trabajo en posicionar a Honduras en el panorama mundial a través de su pasión por elaborar productos de calidad, innovadores y que facilitan las labores del hogar”. Al momento de su muerte, Facussé tenía 91 años; nació 14 de agosto de 1924.

 

El anciano empresario era influyente en los círculos políticos en Honduras y fue considerado como el financista de campañas electorales y era conocido como el “Tío Mike”. Además, fue uno de los autores intelectuales del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

 

Fue señalado por organizaciones defensoras de derechos humanos de ser responsable de más de un centenar de muertes de campesinos cometidos en varias fincas en el Valle del Aguán, noreste de Honduras.

 

La mayoría de los crímenes contra miembros de las asociaciones campesinas, fueron cometidos, según organismos que velan por la vida, por guardias de seguridad privados y paramilitares. Los asesinatos siguen en la impunidad, denunciaron.

 

Por estos hechos, bancos extranjeros dejaron de prestar grandes cantidades de dinero a Dinant, por considerar que hubo “masivas muertes de campesinos”.  Incluso, el Ombudsman del Banco Mundial cuestionó el desembolso de fondos que hizo la Corporación Financiera Internacional a la empresa propiedad de Facussé.

 

Entre los señalamientos que hacen al ahora occiso, es sobre su participación en la quiebra de la Corporación Nacional de Inversiones (Conadi), en la década de 1980.

 

Un informe creado por la organización internacional Nizkor, detalla que Facussé “había establecido una sólida amistad con los gobiernos militares de facto, lo que le permitió conseguir el aval solidario del Estado a través de la CONADI, y algunos préstamos bancarios por2.5 millones de lempiras del Bank Of América y 11.2 millones lempiras del Lloyds Bank International, para hacer un capital de 13.7 millones de lempiras, en ese tiempo casi 7 millones de dólares”.

 

“A finales de los 70 Miguel Facussé se integró a un consorcio empresarial conocido como Asociación para el Progreso de Honduras (Aproh), cuyos socios eran un grupo de empresarios y coroneles entre ellos Gustavo Álvarez Martínez”.

 

Una carta divulgada por el abogado Manuel Acosta y reproducido por EL LIBERTADOR en febrero de 2011, le recrimina el amasamiento de capital a través de Conadi.

Fuente: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/193-muere-el-empresario-miguel-facusse-barjum-en-honduras

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Gobierno le sigue dando largas para aprobar créditos a las mujeres rurales

Saturday, 20 June 2015 05:40 Written by  Published in Contexto Read 29 times

El gobierno dio nuevamente largas al otorgamiento de créditos para las mujeres rurales que se vieron obligadas junto a feministas que están aglutinadas en la Plataforma 25 de Noviembre,  a realizar más presión a través de una manifestación en las afueras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, este 18 de junio.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por las mujeres entre el 2014 y 2015 el 70 por ciento de los mil 500 millones de lempiras del Fondo para la Reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras, FIRSA fue entregado a los empresarios de aceite de palma africana.

Eso implica unos mil 50 millones de lempiras solamente para un sector donde son hombres los propietarios de las empresa y uno de ellos es Miguel Facussé, quien siempre se ha beneficiado a manos llenas de los recursos del Estado y tiene su mayor producción en El Aguán, él ha sido señalado por el movimiento campesino de la zona y misiones internacionales de derechos humanos de cometer graves violaciones a los derechos fundamentales  de los campesinos que han sido despojados de sus tierras y más de 50 perdieron la vida por defender sus predios.

 

La falta de dinero fue el pretexto de siempre que salió a relucir en la reunión sostenida con las mujeres que dejaron de creer en esas falsas excusas desde hace mucho tiempo. La realiad deja al descubierto un argumento que ya es rancio. La riqueza del país se reparte entre unos pocos y lo que queda se destina para gastar un gran porcentaje en la militarización de la sociedad. En el 2014 el 76 por ciento de los fondos fueron a parar a seguridad y justicia, sin resultados pues en relación a la violencia contra las mujeres no se ha hecho nada, lo demuestran las estadísticas de 246.3 por ciento de incremento de los crímenes contra mujeres si se comparan las cifras entre el 2012 y el 2015.

Basta ya de mentiras dijeron las mujeres

Decenas de mujeres campesinas y feministas se plantaron por varias horas lo que obligó a los funcionarios de la SAG a recibirlas, pero el ministro Jacobo Paz brilló por su ausencia y se reunieron con el viceministro José Luís Osorio y un grupo de técnicos , pero se limitaron a aceptar la conformación de una comisión que estará integrada por las organizaciones manifestantes, el Instituto Nacional de la Mujer, INAM y dos técnicos de esa institución.
El objetivo de dicha comisión será construir de manera conjunta un programa de crédito solidario para mujeres rurales la cual será presentada al ministro de dicha dependencia que preside el Comité Directivo  del FIRSA, sin embargo no hay una seguridad a mediano plazo para que se concrete el otorgamiento de créditos, lo que deja demostrado que los derechos de las mujeres siguen postergados en Honduras.

 

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Hicieron también entrega de una carta donde protestan por  la inequidad en el otorgamiento de créditos, “ De entrada, destacamos que, igual que en 2014, en 2015 no es justa ni equitativa la distribución que el Ejecutivo hizo de los 1,500 millones de lempiras del Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agrícola, FIRSA, pues no refleja absolutamente nuestra demanda de acceso directo a crédito solidario como mujeres rurales”.

 

Aunque el Estado de Honduras está obligado a hacer lo necesario para proporcionar los créditos a las mujeres el asunto va de mano en mano de funcionarios, desde el 03 de septiembre del año pasado en que las mujeres presentaron una propuesta de Ley ante el Congreso Nacional denominada Crédito Solidario para la Mujer Rural, CREDIMUJER, con el lema “las campesinas merecen todo nuestro crédito”.

 

En esa oportunidad se hizo todo un show político del actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, hasta hora se quedó en puras palabrerías y la Ley aun no se concreta.

Las organizaciones dejaron claro ante el vice ministro de la SAG que de no poder entrar con los recursos de FIRSA , esa secretaría  deberá buscar los recursos en las otras líneas de financiamiento que se tienen en ese ministerio porque el gobierno en base a las convenciones internacionales que ellos son firmantes están en la obligación a crear las condiciones para el acceso al crédito para las mujeres rurales como una acción afirmativa que no sean las mismas condiciones con las que otorgan los otros préstamos, sino que contemplen  intereses muy bajos, sin hipotecas, o sea una garantía solidaria.

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Además las mujeres le recordaron al funcionario  que  el Congreso Nacional aprobó dentro de las disposiciones generales del presupuesto el artículo 10 que obliga a las secretarías de Estado a incluir la perspectiva de género en sus planificaciones.

Expresaron que preparan estrategias de lucha  más fuertes encaminadas a lograr que se respeten sus derechos, porque si solo esperan cumplimiento de promesas, éstas dormirán el sueño de los justos.

El contenido de la carta dirigida al Ministro de la SAG es el  siguiente:

 

Tegucigalpa, MDC, 16 de junio 2015

Señor

Jacobo Paz

Secretario de Estado

Agricultura y Ganadería

SAG

Su Despacho:

Por este medio, de manera atenta y cordial, comparecemos nuevamente ante Usted las representantes de las organizaciones que conformamos la Campaña las Campesinas Merecen Todo Nuestro Crédito y la Plataforma 25 de Noviembre, con el objetivo de destacar hechos, reconocer acciones y demandar decisiones.

De entrada, destacamos que, igual que en 2014, en 2015 no es justa ni equitativa la distribución que el Ejecutivo hizo de los 1,500 millones de lempiras del Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agrícola, FIRSA, pues no refleja absolutamente nuestra demanda de acceso directo a crédito solidario como mujeres rurales.

2014
70% para la Palma Aceitera Hondureña,
15% para el Programa de Repoblación Bovina, Porcina y Avícola,
7.5% para el Programa de Seguridad y Soberanía Alimentaria y el
7.5% para otros sectores tal como el de la Caña de Azúcar, entre otros.

También se está apoyando con estos recursos al Programa de Alianza para el Corredor Seco y al Fondo de Garantías Recíprocas con L. 200 Millones anuales para cada uno.

Al mes de junio 2015
366.02  millones para Ganadería
499.3    millones para Palma Aceitera
151.5    millones para Café
2.2        millones para Sorgo
2           millones para Caña de azúcar
2           millones para siembra de Calabaza, chile jalapeño, piscicultura
0.5        millones para siembra de frijol.
1,174.5 millones de lempiras comprometidos para el 2015

Se autorizó el financiamiento para construir la Represa de Usos Múltiples El Tablón en el río Chamelecón, cuyo costo total es de tres mil millones de Lempiras.

¿Por qué la SAG no incluye a las mujeres rurales en esa asignación de los fondos FIRSA? Merecemos una respuesta, ministro Paz.

Honduras es signataria de la Convencion sobre la Eliminacion de Todas las Formas de Discriminacion contra la Mujer (CEDAW), que en su articulo 14, numeral 2, plantea: ”Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: inciso g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento”.

Reconocemos la ejecución de acciones afirmativas para las mujeres en el Presupuesto Nacional, en la iniciativa oficial de crédito y aval solidario y la apertura de BanRural.

Pero hace falta que nos dé una respuesta a nuestras pregunta directas: ¿Por qué la SAG no incluye un crédito solidario específico para mujeres rurales en los fondos FIRSA? ¿Qué tal un Fondo de Garantías Reciprocas, que cubra al menos el 80% de los créditos para mujeres sin tierra? Una decisión como esta puede representar para el gobierno una acción afirmativa, concreta, para las mujeres que representamos más del 50% de la población de este país y somos  madres del otro 50% de los hondureños.

Por tanto, el espíritu de esta carta, Señor Ministro Jacobo Paz, es definir con Usted como delegado del Presidente de la República y nosotras como representantes de millones de productoras rurales un compromiso objetivo, medible, que se materialice en la construcción conjunta de un mecanismo para acceder específicamente al fondo FIRSA por las mujeres rurales.

Por tanto, le solicitamos  antes que finalice el mes de junio, la designación de un equipo de enlace permanente entre la SAG y nosotras para definir el mecanismo de acceso a recursos por las mujeres.

Esperando la mayor atención suya a la presente, nos suscribimos atentamente,

CREDIMUJER y Plataforma 25 de Noviembre.

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‘Bañadas En Sangre’

La Rama Del Banco Mundial Dedicada Al Sector Privado Respaldó A Una Empresa Productora De Aceite De Palma En Medio De Una Mortífera Guerra Por La Tierra

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JOH: el rostro de la decadencia en la Honduras neoliberal

“El escándalo del IHSS define la urgencia de un cambio de modelo en Honduras. El neoliberalismo ha fracasado, y todos, salvo las elites que a través de su implementación se han apoderado de la riqueza nacional, sentimos los rigores de esa estafa que prometía prosperidad para todos cuando lo único que ha garantizado objetivamente hablando, es el saqueo total de nuestro pueblo y su miseria más infame”.

“Quizá a esta hora Miguel Facussé, hombre del sistema al final de cuentas, ya piensa en un cambio de cromos, con lo que aquella idea del “hombre perfecto para reelegirse” pase a ser una quimera que no pasara de cuatro años”.

Manuel Antonio Diaz-Galeas*

Hace pocos días, Miguel Facussé, magnate neoliberal hondureño, una especie de oráculo cuyos mensajes se convierten en verdadera palabra santa para los amos del orden establecido, comparecía ante los medios de comunicación expresando con suma satisfacción que Juan Orlando Hernández era “el hombre perfecto para reelegirse” en la presidencia de la nación.

Hoy, el jefe del ejecutivo nacional se encuentra en el ojo del huracán expuesto como figura central del vergonzoso y criminal asalto al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el más grande escándalo de corrupción en la historia de este país, que supera incluso los récords que en la materia poseía otro icono del neoliberalismo hondureño, el ex presidente Rafael Leonardo Callejas.

El IHSS, quizá el último reducto que quedaba en pie más allá de sus imperfecciones, de lo que alguna vez fue el intento de construcción en Honduras del Estado del Bienestar, literalmente fue convertido en botín de bandoleros neoliberales que tenían como doble objetivo, drenar los fondos de la Institución a favor de cuentas del oficialismo para financiar la pasada campaña electoral, mientras que con la quiebra producto de ese asalto, preparaban el terreno para que el capital privado ingresara pisando alfombras rojas al “suculento negocio” de la salud. Perverso desde cualquier ángulo que se le vea.

La decadencia neoliberal es total, el colapso del modelo impuesto en Honduras no solo es social, es ético, es moral, la ausencia de principios y valores en la política es de tal magnitud que observamos como ciertas organizaciones casi en su totalidad en el ejercicio del gobierno, mutan a verdaderas bandas mafiosas cuyo fin es robar el erario público, quebrar empresas estatales y vender el patrimonio nacional para de esa forma, sin pudor alguno, terminar entregando el país, sus recursos y su potencial, a las manos del capital trasnacional y de unas élites que ciegas en su afán de acumulación, fermentan el caldo de cultivo de lo que será su propia autodestrucción.

El escándalo del IHSS define la urgencia de un cambio de modelo en Honduras. El neoliberalismo ha fracasado, y todos, salvo las elites que a través de su implementación se han apoderado de la riqueza nacional, sentimos los rigores de esa estafa que prometía prosperidad para todos cuando lo único que ha garantizado objetivamente hablando, es el saqueo total de nuestro pueblo y su miseria más infame.

Juan Orlando Hernández es el rostro de una decadencia que ya solo se sostiene por lo militar.

Quizá a esta hora Miguel Facussé, hombre del sistema al final de cuentas, ya piensa en un cambio de cromos, con lo que aquella idea del “hombre perfecto para reelegirse” pase a ser una quimera que no pasara de cuatro años.

En momentos como los actuales al sistema solo le importa prevalecer, por lo que, el cambiar algo para que nada cambie, siempre será una estrategia válida para factores de poder que temerosos frente a la amenaza de un pueblo que poco a poco adquiere conciencia, no se van a guardar ningún as bajo la manga.

*Abogado, Candidato a Magister en Relaciones Internacionales, Columnista de EL LIBERTADOR y Secretario de Comunicación del Partido LIBRE.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/joh-el-rostro-de-la-decadencia-en-la-honduras-neoliberal

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Death valley: the land war gripping Honduras

With a murder rate 65 times higher than Ireland’s, Honduras is one of the world’s most violent countries. And few parts are more dangerous than the Lower Aguán Valley, where local farmers claim that big business has illegally taken over their land

With a murder rate 65 times higher than Ireland’s, Honduras is one of the world’s most violent countries. In the Lower Aguán Valley, local farmers claim that big business has illegally taken over their land. Video: Sorcha Pollak

Sat, May 9, 2015, 01:00

Guadalupe Gallerda can still remember the sound of gunfire echoing through her village, in the Lower Aguán Valley, in Honduras, the day her husband was murdered. More than four years later she stills struggles for words when speaking of his death.

“We want justice for the people who killed our family and friends. This is our land,” Gallerda says as she shelters from the midday sun in her sparse stone kitchen. “We need this land to look after our families. How many children must be left without fathers before we can reclaim the land that legally belongs to us?”

The village of Guadalupe Carney, not far from Honduras’s Caribbean coast, was shaken to its core when in November 2010 five farmers were shot dead while attempting to occupy a local African-palm plantation belonging to Miguel Facussé, a millionaire industrialist who is chief executive of Dinant Corporation.

Gallerda’s 48-year-old husband, Raúl Castillo, left his home in the early hours of the morning to join nearly 160 local farmers, members of the Peasant Movement of the Aguán, and reoccupy the El Tumbador plantation. The group had been battling in court for the land, part of a former military training area, since the 1990s.

As the group approached El Tumbador, they say, they were fired on by security guards hired by Dinant and members of the Honduran military. Survivors say the farmers carried only machetes; Dinant claims the local men were heavily armed and initiated the gunfire.

Jumi Judith Ordoño Acosta, who also lost her husband that day, said she waited all night, praying he would return home. “You could hear the noise, but I never imagined it would be him,” she says as tears stream down her face. “We’ve had no support or help. Now I have to work in the mountains like a man, grab my machete and go to work. We need Miguel Facussé to give us access to our land, so our children can grow up on it, and go to school, and so we can move forward with our lives.”

Francisco Ramírez, who still shows the scars of a bullet that passed through his face during the occupation, says that local farmers continue to feel harassed and that, even though Dinant security guards have stopped shooting people, their continued presence is highly intimidating to families and children.

Five security guards were charged with homicide for the Tumbador killings; none was convicted. A lack of evidence meant that they were given “provisional dismissals”; prosecutors were given five years to come up with more evidence.

Timeline of land violence in Honduras

Violent land disputes

The case of El Tumbador is just one of numerous violent land disputes in the Lower Aguán Valley. The roots of the conflict stretch back to the 1970s and 1980s, when the Honduran government introduced a process of agrarian reform through collective land ownership. Under the scheme the government distributed an estimated 120,000 hectares in the Aguán Valley to peasant co-operatives.

The land reform began to be reversed in 1992, after the introduction of a law that reduced restrictions on the sale of collectively owned land and promoted privatisation. This allowed wealthy landowners, such as Facussé, to buy the vast majority of arable land in the Lower Aguán Valley for the production of African palm oil, one the world’s cheapest edible oils and a key ingredient in many foodstuffs and cosmetics.

Local farmers claim that many of the sales were the result of bribery, threats and coercion, and they say that they are still the rightful owners of the land. They also say that the large-scale cultivation of palm oil has led to impoverishment and hunger.

In 2008 Manuel Zelaya, the country’s reformist president, announced steps to address the land conflict, but these ground to a halt the following year, when Zelaya, who had been democratically elected, was ousted in a military coup.

Since then farmers say they have been victimised by the police, army and private security guards working for palm-oil companies, as the Aguán region has become increasingly militarised. The government, meanwhile, has failed to ensure that local police and security guards respect citizens’ basic human rights.

With 79 murders per 100,000 people, Honduras is considered one of the most dangerous countries in the world. (The Republic of Ireland has 1.2 murders per 100,000 people.) This small Latin American nation of 8.4 million inhabitants made headlines in 2013 when its second city, San Pedro Sula, was named the most violent city in the world outside the Middle East and other war zones, with more than 1,200 killings a year.

This culture of violence and impunity has also spread to rural areas like the Aguán. According to the Permanent Observatory for Human Rights in the Aguán, which was set up in 2011 in response to escalating violence in the region, 123 people have been killed and four people forcibly disappeared, presumed dead, in the area between 2008 and 2013. These victims include 90 peasants, 10 security guards, one police office and one soldier.

Since the coup Honduras has witnessed a rise in inequality between rich and poor, and today it has the most unequal distribution of wealth in Latin America, with 40 per cent of the land belonging to only 2 per cent of landowners.

Winning back ownership

In 2012 Marca – the Authentic Peasant Reclamation Movement of the Aguán – which represents Trinidad, another Aguán village, succeeded in winning back ownership of three farms from the Oleopalma African palm company thanks to the work of a lawyer, Antonio Trejo Cabrera.

Walter Caracamo, whose father moved to the Aguán as part of the agrarian reforms of the 1970s and 1980s, wistfully recalls the time the community spent farming and living on their own land in Trinidad. “They were two very special years. We had work, food, an office; our children were in school. It was a completely different way of life.”

But this period of peace and relative prosperity was short lived. Soon after Trejo won the land-dispute case he was shot dead in the Honduran capital, Tegucigalpa.

In May 2014 a group of security officials from the Oleopalma company and the local military arrived in Trinidad to evacuate the 90 families living on the land. Caracamo says that the palm-oil company had threatened to evict them but that they had no idea when it might happen.

“There were about 150 soldiers and security guards,” he says. “They gave us 15 minutes to collect all our belongings and leave our homes. Then they burned down our houses, our belongings, our food, clothes and beds. They even burned our corn harvest. They held my arms behind me, and started to kick me while using tear gas in my face,” Caracamo says, adding that he was locked up for 26 hours after the evacuation. “The people didn’t want to abandon their land. This is where we live. We had the documentation to show we own this land.”

Reoccupation

Last month the Marca group decided to reoccupy the land on which it had previously lived and worked. The entire Trinidad community, including young children, arrived at the plantation in the early hours of the morning armed with machetes and poles. They are adamant that they were carrying no other weapons.

A short time later security guards representing Oleopalma and the army arrived at the scene, armed with AK-47s and other rifles. The head of security for Oleopalma, César David, claimed that security guards stationed on the land had fled after farmers arrived shooting into the air and that they later returned with reinforcements.

This reporter saw an unarmed group of farmers facing intimidating balaclava-wearing soldiers across a ditch while Martha Arnold, a local member of the human-rights observatory, tried to mediate.

Only the previous week the Inter-American Commission on Human Rights had called on the Honduran government to protect Arnold – and her five children – from “violence and harassment” while carrying out her human-rights duties.

“The role of the observatory is to observe and document,” she says. “We are here to make sure peace is maintained between the farmers and the military. We’re also here to mediate with the farmers, to make sure they don’t insult or provoke the military.”

Culture of impunity

In April 2014 the Honduran attorney general’s office created a unit to investigate killings and disappearances in the Aguán Valley, in an attempt to end the culture of impunity that has come to define the region’s agrarian conflict. A year later the unit has yet to file its first report.

Javier Guzmán, who is leading the investigation, says farmers lack confidence in the authorities and refuse to co-operate. He argues that the unit doesn’t have enough evidence to bring those responsible for the 2010 deaths to justice, adding that the investigation has been unable even to access the weapons used during the El Tumbador killings.

Roger Pineda, Dinant’s director of corporate relations, says the palm-oil company is happy to co-operate with the investigation but has yet to be approached by the unit. “Our position has always been to collaborate and never cover up for anyone,” he says. “If someone from our company misbehaves we will be sure to hand them over to the authorities.”

Last month Dinant said the company had removed firearms from security guards at “all plantations, manufacturing plants and extraction mills”. Asked about the El Tumbador deaths, Pineda says the security guards allegedly responsible had been hired through a third-party contractor.

Food security

If the Honduran government wants to gain the trust of the Aguán people it needs to avoid promoting monocultures such as that of African palm oil, which threatens the ability of poor families in the region to feed themselves, according to Jennifer Cornally, Trócaire’s director in Honduras.

“The state must combine making sure farmers have legal entitlement to their land with support for agricultural production and diversification, ensuring the protection of the environment using agricultural techniques, so that people can live a life of dignity.”

Rigores is one of the Aguán communities suffering from this lack of food security, in large part because of an eviction four years ago. In June 2011 police and soldiers arrived to throw its people off the land they had called home for more than a decade. Residents were given two hours to collect their belongings before their homes were set alight. Bulldozers destroyed many buildings in the village, including a school and two churches.

Santiago Maldonado describes the pain of watching helplessly as his home and crops were destroyed. After they burned their homes, he says, the authorities scattered poison over the fields. “As a small farming community we couldn’t do anything, just stand by and endure the destruction.”

Juana Esquivel, who runs Fundación San Alonso Rodríguez, a charity that supports the basic human rights of people in the Aguán Valley, says that land is the lifeline of these communities. “If you ask a local farmer what land means to them they will tell you it means life. On this land they have their home, their food, all their basic needs.”

Esquivel came to Dublin in March to ask the Irish Government to ask Honduras about human-rights abuses in the Aguán Valley. These questions, submitted through the United Nations’ Universal Periodic Review, which examines the human-rights performance of all of its member states, were put to Honduran representatives this week at a meeting in Geneva.

“The state has failed to respond to the continued violence and militarisation of the Aguán Valley,” says Esquivel. “This is about a peaceful struggle for social justice, so that peasant families have access to agrarian reform to ensure their economic, political, cultural and human rights.”

This article was supported by a grant from the Simon Cumbers Media Fund

Fuente: https://www.irishtimes.com/news/world/death-valley-the-land-war-gripping-honduras-1.2205506

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Organizaciones articulan lucha en oposición a “ciudades modelo” en el sur de Honduras

Abr 24, 2015

La dignidad de su población, la belleza y los indescriptibles encantos naturales que cautivan a propios y extraños están en el ojo del huracán en la región sur de Honduras. Esta zona, una de las más abandonadas del país reúne las condiciones de precariedad que necesitan los gobernantes y los inversionistas para desarrollar a sus anchas la primer Zona  Especial de Desarrollo (ZEDE), más conocida como Ciudad Modelo.

El golfo de Fonseca está en la mira. La Agencia de Cooperación de Corea Koica nominó desde el año anterior a tres municipios del departamento de Valle, con salida al océano pacífico, para ser la primera Zona de Empleo y Desarrollo (Zede) en el país, y según sus estatutos, la primera en el mundo. El 2014  dicha empresa presentó al gobierno un estudio de factibilidad valorado en 4 millones de dólares, para iniciar el proyecto.

Lea además: Zedes o ciudades modelo: ¿Solución o más deterioro para Honduras?

La “ciudad modelo” se pretende instalar en los municipios de Nacaome, Guascorán y Amapala en el departamento de Valle y desde hace algunos meses, varios sectores que se oponen de manera enérgica   han comenzado a articular la lucha, ya que consideran que con las Zedes, viene un despojo sistemático para las familias empobrecidas que habitan en el sector.

“No estamos dispuestos a dejarnos arrebatar nuestra tierra y nuestro mar del que han vivido nuestros antepasados y del que las actuales generaciones  vivimos produciendo la tierra y pescando indicó Pedro Canales, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA).

“Nuestra zona tiene una especie de belleza encantada ya que está escondida en medio de los cerros y los parajes maravillosos que comunican a la isla de Amapala, en Valle,   sin dejar de lado toda la belleza del manglar que encierra el Golfo de Fonseca en la Bahía de San Lorenzo o en la de Chismuyo, por ejemplo”.

Sin embargo hay un buen número de personas que están con grandes expectativas de los supuestos beneficios que otorgaría la implementación de las ciudades modelo. En el casco urbano de  Amapala,  enclavado en la Isla El Tigre, la población habla maravillas del proyecto y aseguran estar ansiosos para que se inicie la construcción.

De acuerdo al analista Pedro Landa,  las “ciudades modelo” según el marco jurídico que las crea: son espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para la apropiación y explotación de los bienes naturales. Estas regiones estarán sometidas a reglas diferentes del resto del país y con autonomía propia.

En medio de dos potentes filos 

“Hoy con la llegada de este proyecto capitalista aquí  en Zacate Grande, quedamos a dos poderosos filos, recordemos que desde hace varios años venimos luchando contra Miguel Facussé, quien se ha apropiado de más de 5 mil manzanas de tierra, de las 8 mil que tiene toda la comunidad”, explicó Pedro Canales.

“La lucha por la tierra es algo que no hemos quitado el dedo de la llaga y  no estamos dispuestos a negociar con nadie porque sabemos que las negociaciones para nosotros significan  la entrega de las comunidades de Zacate Grande, Nacaome y Guascorán”, explicó el líder comunitario que reside en la comunidad El Golfo.

Recalcó que las amenazas son fuertes, ante una negociación que nosotros no aceptamos entonces se nos vienen encima las amenazas, en este caso “yo he tenido muchas amenazas a muerte por gente vinculada a los ricos y en este aspecto a Miguel Facussé, corre peligro mi familia y otros dirigentes de ADEPZA”, denunció.

Así mismo dijo que hay una voz de alarma porque personas que trabajan con el programa de  gobierno “Por una vida mejor”  andan desarrollando encuestas en las comunidades de Zacate Grande, y le preguntan a cada dueño de vivienda si tiene documentos.

“Nosotros estamos seguros que esto tiene que ver con el tema de las “ciudades modelo”  y como la mayor parte de  las familias no tiene documentación alguna de sus terrenos y viviendas  por el problema creado por Miguel Facussé, para la instalación de la Zona de Desarrollo Especial, tendría otro punto más a su favor”, indicó Pedro Canales.

Articulación de lucha

“Aquí ya hemos iniciado la articulación de la lucha contra este tipo de proyectos que solo beneficia al gran capital. Decenas de organizaciones comunitarias y sociales nos hemos aglutinado en el Movimiento Ambientalista y Social de la Zona Sur, para defender el territorio y los demás recursos naturales amenazados”,  indicó Juan Gabriel Mendoza, promotor de  Cáritas de la Diócesis de Choluteca.

Manifestó que existe gran preocupación en el  caso del Golfo de Fonseca, ya que con las ciudades modelo a parte del desplazamiento paulatino  de las familias, los daños ambientales serían cuantiosos para esta zona.

El Golfo de Fonseca tiene una extensión de aproximadamente 2,010 kilómetros cuadrados y una extensión lineal de sus costas continentales de 131.75 millas náuticas, es una frontera natural que se comparte con Nicaragua y El Salvador. Posee una de las biodiversidades más ricas de la franja mesoamericana con su flora y fauna, según los expertos.

En peligro patrimonio mundial 

El Golfo de Fonseca, ha sido declarado como sitio Ramsar de patrimonio mundial que abarca un complejo de siete áreas costeras que incluyen la bahía de Chismuyo, la bahía de San Lorenzo, Los Delgaditos, las Iguanas y Punta Condega; Jicarito, San Bernardo y la Berbería, dentro de lo que es el corredor biológico mesoamericano en el Pacífico.

Esta zona  tiene un potencial marino y pesquero indescriptible y sus manglares son los principales protectores de la biodiversidad pues encierran nutrientes necesarios para el mar, la flora y la fauna. Sin embargo para el ambientalista Pedro Landa, con la “ciudad modelo”, este patrimonio estaría en serio peligro de desaparecer ya que es sensible a la contaminación.

De acuerdo a ambientalistas de  un tiempo a acá se han hecho fuertes impulsos por rescatar especies marinas casi en extinción como los cascos de curiles o cascos de burro, en donde algunas comunidades pesqueras con apoyo internacional en pequeños proyectos pesqueros comunales han logrado evitar que esta especie marina se extinga del recurso marino costero de la zona sur.

“Aquí se ha dado luz verde para que en unos cuantos años ya no queden los manglares y la biodiversidad que tiene el Golfo de Fonseca. Recuerde que aquí sería una terminal de barcos de grandes proporciones y con derramamientos de contaminantes que serían los que darían el tiro de gracia a la especie de manglar”, indicó.

De acuerdo al proyecto se crearía un puerto con capacidad para 60 mil contenedores de furgones en el sector de Zacate Grande, además en Jícaro Galán, se construiría una zona con capacidad de almacenar 120 mil contenedores. A parte de otras megaconstrucciones que con los años irán desplazando a las comunidades empobrecidas de la zona, concluyó Pedro Landa.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2013-organizaciones-articulan-lucha-en-oposici%C3%B3n-a-ciudades-modelo-en-el-sur-de-honduras

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Aguan, Honduras: World Bank Backs Death Squads and Displacement

17 April 2015 – 12:31 PM
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In Honduras, the World Bank has funded a known coup-backer, murderer, and narcotrafficker, while escalating a decades-long land conflict and undermining local food security.

Campesinos in  the Rigores community in the Aguán look on as houses burn during a violent eviction in 2011.

In November 2009, just months after the military coup ousting President Manuel Zelaya shook Honduras, the World Bank delivered a US$15 million loan to the Honduran corporation Grupo Dinant, despite obvious human rights concerns.

The US$15 million, paid through the World Bank’s private sector lending arm the International Financial Corporation (IFC), was the first installment of a US$30 million loan to be paid to to the palm oil processing and snack food company owned by Honduras’ largest landowner Miguel Facusse.

Though the World Bank approved the US$30 million loan prior to the coup in 2008, the first payment was made in the post-coup context of political repression, widespread human rights abuses, popular protest in Honduras, and regional condemnation of the coup regime. Honduras had been suspended from the Organization of American States (OAS), with the regional body encouraging both member states and international organizations to “review their relations” with Honduras in light of the coup. The World Bank did not take heed.

What’s more, Grupo Dinant’s founder and owner Miguel Facusse – palm oil magnate, member of the Honduran oligarchy, suspected narcotrafficker, and one of the wealthiest men in the country – was a key backer of the coup who has long been implicated in violent land conflicts in the Northern Aguan Valley region where Dinant’s African oil palm plantations and processing facilities are located.

“In Honduras, the main problem is a complete lack of democracy and violent repression of all those who oppose the pillaging of the country’s resources by a handful of elites, such as Miguel Facussé.”

Nevertheless, in spite of the precarious and dangerous  political situation in Honduras and dubious track record of Facusse and Dinant, the World Bank plowed ahead with the hefty loan, financing death and dispossession in the Aguan as a result.

As Annie Bird of Rights and Ecology explains, “If the Bank staff had done certain mandated due diligence and database searches they would have found news reporting implicating Dinant’s owner and the Dinant company in the use of its land for drug trafficking, misuse of political influence, murder, and environmental crimes.”

Instead, the World Bank has blood on its hands from the more than 120 murders in the Aguan region related to the land disputes in which Dinant is implicated.

According to Tanya Kerssen, Research Coordinator for Food First/Institute for Food and Development Policy, this follows the typical World Bank practice of promoting capitalism within business-friendly but highly repressive political environments.

“In Honduras, the main problem is a complete lack of democracy and violent repression of all those who oppose the pillaging of the country’s resources by a handful of elites, such as Miguel Facusse,” she said. “If the Bank were truly to engage in meaningful transformation, it would simply not operate in countries with such a savage disregard for democracy, instead of propping up corrupt governments that operate with impunity.”

International human rights organizations and Honduran social movements have pressured for the loan to be cancelled, calling attention to the despicable conduct of Dinant and the World Bank’s failure to even comply to its own rules. However, despite the evidence of a brutal human rights situation and the negative impact of the loan in the Aguan, the World Bank initially denied accusations and was slow to respond to international backlash.

Under ongoing pressure and a scathing internal audit conducted by the Bank’s Compliance Advisor Ombudsman (CAO) made public in 2014, the second US$15 million installment of the loan has been suspended as the World Bank undertakes further review of Dinant.

Related: Report: World Bank Loan in Honduras Ignores Environmental and Social Risks

As Haydee Saravia, Secretary General of the Coordinator of Popular Organizations of Aguan (COPA), explained, local campesino communities are clear on their demands with respect to Dinant. “They are demanding that the World Bank not continue financing business owners like Miguel Facusse, who has caused a lot of pain and death for campesino families,” she said, noting movements’ long-held key demand for land access and as well as the demand for immediate demilitarization of the region.

In the meantime, Dinant continues “business as usual,” which is not just the business of producing and processing palm oil, but also of repressing campesinos.

Campesino Resistance: From Land Grabs to Post Coup Repression

The Aguan Valley has a decades-long history of agrarian conflict, which has intensified since the coup. In the 1970s, agrarian reform legislation – won through the struggles of powerful campesino organizations – distributed land in the Aguan to landless workers, establishing the first peasant cooperatives and expanding the agricultural frontier. It was also through agrarian reform that African oil palm was first promoted in the region, sewing literal and metaphorical seeds of today’s conflicts.

In the early 1990s, a political turn to neoliberalism aided by an IMF structural adjustment package reversed agrarian reform and shifted the agrarian paradigm from land redistribution to marketization. The new Agricultural Modernization Law enabled a wave of manipulative land grabs resulting in a gross re-concentration of land throughout the country, but especially in the Aguán.

One of the principal beneficiaries of this neoliberal land grab was Facusse. While campesino cooperatives were systematically undermined, manipulated, threatened, and otherwise pressured into selling their land titles, large landowners swept up huge swathes to build agribusiness empires. In some cases, campesino cooperatives were outright robbed of their land, and many of those conflicts remain unresolved.

Prior to the coup, campesino mobilization and direct action successfully pressured former President Zelaya to launch a commission to investigate land conflicts, with the potential of putting agrarian reform back on the political agenda. However, Zelaya’s ouster meant the promise of settling land disputes was never realized – a major setback for campesino movements, while large landowners like Facussé benefited immensely.

As Bird explained, “The convoking of that commission (to investigate land disputes) was a huge threat to the Dinant corporation because they were looking into the validity of land holdings, and this could have potentially led to annulling illegal title. They clearly benefited by the coup in assuring that their land holdings were not going to be questions and they would retain control.”

And in addition to direct political benefits, private interests that supported and enabled the coup, like Dinant, afterward benefited economically from the World Bank, Bird added.

The fertile land of Aguan River valley is highly coveted. While expanding African oil palm plantations of wealthy landowners stretch far and wide, campesino communities wage a resilient land reclamation movement to secure access to land, promote food sovereignty, and resist the repression of large landowners and the hostile post-coup government. Facing landowner and state enabled violence, the human rights situation is dire.

Honduras Police agents detain peasant leaders from Bajo Aguan at a protest in the capital, Tegucigalpa. Photo: AFP

Blood Money: Displacement, Dispossession, and Death in the Aguan

The human rights crisis has deepened in the Aguán since the coup, furthered by widespread political corruption, heavy militarization of the region that functions to protect private interests by criminalizing campesinos, and a state culture of impunity.

COPA’s Saravia explained that while the agrarian conflict in the Aguán has deep historical roots, the situation has intensified. “Since the coup in 2009, the violation of human rights is much greater,” she said. “There is a heavy militarization campaign that began in 2010 when they militarized the region. Assassinations started, violent evictions started in the African palm farms, and there is criminalization, kidnappings, death threats, illegal detentions – a series of violations of the rights of campesinos.”

Since the coup, human rights organizations such as Rights Action have documented over 120 murders in the Aguan, as well as countless other cases of human rights violations such as those mentioned by Saravia.

In addition to funding physical and deadly violence against campesinos, the World Bank loan promotes forced displacement and landlessness of campesinos through backing evictions carried out by and at the behest of Facussé’s Dinant.

RELATED: The World Bank’s Long War on Peasants

Rights and Ecology’s Bird, who has rigorously documented human rights abuses in the Aguan, outlined the situation in the Aguan and the central role of Dinant in violence against campesinos.

“In the Bajo Aguan there are groups of death squads or assassins that operate with impunity and with the collaboration of state security forces,” she said. “There’s widespread denouncements from many different sectors and witnesses that implicate both the Dinant company and its security forces directly in killings, kidnappings, and other abuses, but also very frequently the abuses are happening through joint operations with state security forces, the military and the police.”

The bankruptcy of Honduran democracy, U.S.-backed militarization, and World Bank investment in a company with a history of violence, manipulation, corruption, and drug trafficking, make for a perfect storm of alarming human rights violations and ongoing impediments to democracy in the Aguan.

World Bank Capitalism: Making a Killing from Human Rights Abuses

Unfortunately, both the World Bank and the Honduran government have failed to respond seriously to the grave human rights situation in the Aguan, and instead continue to enabled it.

“In the Bajo Aguan there are groups of death squads or assassins that operate with impunity and with the collaboration of state security forces.”

According to Saravia, the World Bank has taken nominal steps toward investigating claims against Dinant, but no tangible outcomes have come of the process. “The World Bank has sent a negotiator to see if there have indeed been violations by Dinant corporation, and they have given a series of recommendations for Dinant, such as that security guards in the farms be disarmed,” she explained. “But the truth is that the security guards are still in the farms and the military are also still in the farms, guarding the property of Dinant corporation and other business owners.”

According to Bird, the issue is structural, not just in terms of structural issues in Honduran politics and economy, but the World Bank itself.

“There’s a widespread problem that World Bank funding around the world does not take into account human rights issues, and has consistently argued that human rights is somehow a political issue as opposed to a governance issue, and it has argued that the world bank can’t be involved in politics,” said Bird. “Whereas advocates for human rights are clear that a nation’s compliance with human rights standards is a governance issue as much as fiscal policy is and has a very direct implication on the development outcomes of funds.”

This is why internationally, organizations are pressuring the World Bank not just to de-fund Dinant, but to give central priority to considering the danger of adverse effects when approving loans to ensure financing doesn’t back human rights violations like in Honduras. Unfortunately, devastating outcomes of World Bank-funded projects are all too common.

“It’s not just Dinant, this is a very grave case, but there are dozens of other loans just in the region, just in Central America, which cause conflict and cause violence,” explained Bird. “There are governance issues surrounding the loan and the kinds of activities that the loans are funding – like hydroelectric dams, palm oil and sugarcane, which compete for land and force people off of their land and pollute their livelihood.”

As Kerssen points out, the negative consequences of World Bank funding aren’t accidental, but fundamentally related to the kinds of projects and investment the institution prioritizes. The World Bank’s stated mandate is to combat poverty, but in reality it is in the business of promoting capitalism in ways that in fact exacerbate poverty and inequality, destroy the environment, and forcibly displace communities.

Fuente: http://www.telesurtv.net/english/analysis/Aguan-Honduras-World-Bank-Backs-Death-Squads-and-Displacement–20150417-0013.html

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Zacate grande emite un eco de unidad al festejar su lucha por la tierra

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Hace quince años un grupo de pescadores y agricultores que han vivido por generaciones a orillas de la playa de la península de Zacate Grande, al sur de Honduras, se sintieron amenazados ante la posibilidad de personas con apellidos extraños empezaran a denominarse nuevos dueños del lugar, por lo que decidieron organizarse para defender su derecho a la tierra, sin embargo aún hay vecinos desinteresados en lo que sucede.

Y es que la defensa de los derechos humanos no es tarea de unos pocos, es un trabajo de participativo de organización que no debe excluir a nadie, por esa razón es un grupo dirigido por el defensor Pedro Canales, iniciaron la Asociación para la Defensa de la Península de Zacate Grande, ADEPZA, en Amapala, departamento de Valle, al sur de Honduras.

Y trabajar en comunidad no es fácil, para ellos es importante que los líderes religiosos tomen partida en el tema, y que luchen de parte del parte del pueblo, el cual no se enfrenta al barrendero de Choluteca, sino a uno de los grandes dueños del país, como es Miguel Facussé, comentó el pastor Rigoberto Ulloa, ante el los defensores y defensoras de la ADEPZA.

Para mi este pueblo merece mis respeto, es digno de admirar, y por eso me voy con el compromiso de doblar rodillas por él, y que Miguel Facussé no siga haciendo dañó, manifestó el pastor Ulloa, reconocido analista social con una perspectiva religiosa, y crítico del sistema acomodado a sus propios interés.

Y es que ayer, los miembros de la Asociación para la Defensa de la Península de Zacate Grande, ADEPZA, realizaron el Foro Fe y Política, con el exponente Rigoberto Ulloa, en las instalaciones del Observatorio Internacional de Derechos Humanos, en la comunidad de Puerto Grande, Zacate Grande, donde instó a los y las asistentes a luchar por la defensa de tierra, pero escuchando la opinión de los demás.

El papel de la comunidad cristiana en ante la situación nacional es bastante lamentable, debe empoderarse con más lucha y dignidad, así como los lideres deben concientizarse que esta es su tierra y que sectores de poderes los quieren despojar.

La población no debe restringirse al reclamar sus derechos, por lo que este tipo de acciones como las que realiza la ADEPZA debe hacerlos reflexionar, que tomen conciencia para organizarse y continuar esta lucha, mencionó Ulloa.

Pedro Canales, presidente de ADEPZA, manifestó que el tema se debe a que la población está muy polarizada desde la visión religiosa, por lo que se espera que sin importar la denominación religiosa más personas se unan a la lucha en la defensa de la tierra y las playas.

El evento fue transmitido en directo por la radio comunitaria la Voz de Zacate Grande, en su relanzamiento al cumplir cinco años de ser la voz que denuncia las violaciones, y también se registró que había personas de muchos lugares escuchando el mensaje, desde sus hogares.

Miguel Vásquez, estuvo al mando de los controles de La Voz de Zacate Grande, y comentó que están llegando a los municipios de Aramecina, Goascorán, Langue, Nacacome, San Lorenzo y otros del sur de Honduras, con el objetivo que la región se una a la lucha contra las minerías, explotación de los ríos y destierro y creación de Zonas Especiales de Desarrollo Económico, ZEDE.

En cinco años de estar al aire, hemos tenido muchos contratiempos, como sabotaje al equipo, persecución a los y las comunicadoras sociales, nos hemos mantenido por algunos periodos fuera del aire, pero no hemos detenido el trabajo de incidencia, realizamos murales, pinturas, mantas, sacamos esa parte artísticas para que la juventud exprese sus ideas y sentimientos.

Queremos que la comunidad se involucre más, luche y que nuestra lucha sea un punto de convergencia, sin distinción ni marginación, que podamos estar juntos sin ver color político, y que los líderes comunales también nos acompañen.

Vemos que en la lucha contra las ZEDE, hay conocimiento y la población se ha manifestado en contra, pero no dan mayores detalles de lo que sucede, y por ello han aparecido herederos de la señora Carmen Malespín, quienes se hacer llamar dueños de las tierras, y reclaman sus supuestos derechos de posesión.

Para el defensor de ddhh y comunicador social, Miguel Vásquez, hablar de ZEDE es hablar de persecución, cárcel, despojo, como ha sucedido con algunos compañeros, que las autoridades los sacan de su casa y los llevan a la posta. Al asistir algunos defensores a donde tienen detenidos a los compañeros, se dan cuenta que los han arrestado sin ningún argumento, por lo que los debe dejar en libertad, pero de lo contrario los pueden procesar, y creemos que la situación tiene que ver con la implementación de las ciudades modelos.

Entre la programación de La Voz de Zacate Grande, se tendrá un perfil educativo y concientizador, porque ahora hay un escenario más grande y siempre cuentan con comunicadores sociales formados en derechos humanos y que podrán crear conciencia en las masas.

Asimismo estuvo presente miembros de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del centro y sur de Honduras, REDEHSUR, que  entre sus zonas de influencia está la comunidad de Puerto Grande, donde se ubica el Campamento de Observación y Defensa de DDHH, junto a la cabina de radio La Voz de Zacate Grande, entre otras comunidades.

Y esto es para el grupo una fortaleza, contar con estos espacios, y que deben aprovechar al máximo, además de las alianzas con la ADEPZA, y retomar actividades conjuntas como las que se han hecho con el catedrático Universitario Rudy Degrandes quien desde su puesto lleva a los estudiantes a convivir con los pobladores de la península.

La REDEHSUR surge en la primera fase del proyecto apoyado financieramente por HEKS, ahora en la segunda etapa ampliará su membresía para llegar a mas lugares, explicaron sus integrantes a la población presente en los actos de festejo del XV aniversario de ADEPZA y V de la Radio Comunitaria.

Compartieron sobre la experiencia adquirida en los procesos de intercambio e interacción con organizaciones de la región que enfrentan conflictividades similares, y con las demás redes de defensoría que impulsa el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, coordinado por Bertha Oliva.

Ellos son beneficiarios del proyecto “Formación e Información en Derechos Humanos para la Zona Sur y Centro de Honduras” y como apoyo a la defensa de la tierra y playas, mantendrán la campaña de denuncia y noticias de derechos humanos de la zona, para lo cual contarán con el espacio que ofrece La Voz de Zacate Grande.

Asimismo harán un trabajo local, para detectar los problemas, necesidades y fortalezas de cada comunidad, y colaborar en la reconstrucción de la Memoria Histórica en Derechos Humanos y la Resolución de Conflictos.

Entre agosto del 2011 y julio del 2013, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, formó una  red de defensores de Derechos Humanos que cuenta con 20 personas provenientes de  la Península de Zacate Grande (Amapala), San Antonio de Guarumas, Moropocay (Nacaome) y San Lorenzo en departamento de Valle; Santa Ana, Ojojona, Alubarén y Sabana Grande, al sur del departamento de Francisco Morazán; y, Pespire y Choluteca en el departamento de Choluteca, siendo la zona de influencia del proyecto, la zona sur del país.

Después de la jornada sobre la temática de derechos humanos desde la Fe y Política, y la exposición de la REDEHSUR, más de un centenar de asistentes a Puerto Grande, compartieron un almuerzo, que incluía por supuesto un pescado frito.

En la tarde se trasladaron hasta la playa, para participar en concursos de lancha, natación, después un futbolito, y entre los espacios estaba la música interpretada por Aldo y Los Alegres del Sur.

La música es con mensajes de protesta y memoria histórica que cuenta como era la vida tranquila de los isleños, hasta que llegó el “tio Mike” a apoderarse de ellas; y como La Voz de Zacate Grande lleva al mundo ecos de esperanza.

Y con esa esperanza y ánimo, la población celebró en grande un aniversario más de luchar por tierras libres de terratenientes.

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Miguel Facusse de acuerdo con que el presidente JOH se reelija

El empresario Miguel Facusse le dijo a HRN en exclusiva que el presidente Hernández, “es el hombre perfecto para reelegirse”

El empresario, Miguel Facusse Barjum, expresó que Honduras con el nuevo gobierno tiene un gran futuro económico y social, se está mejorando la seguridad y el ambiente de inversión tanto nacional como extranjera apunto.

A renglón seguido el empresario alabo la gestión del actual presidente Juan Orlando Hernández y dijo “para que cambiarlo” hay que empujarlo “para mí con lo que está haciendo es el hombre perfecto para que termine sus cuatro años y continúe”.

Añadió que las condiciones políticas que ofrece el gobierno de Juan Orlando Hernández, es un clima se debe conservar porque se va camino al desarrollo, de igual forma resalto la labor del ministro de agricultura.

El presidente de la Corporación Dinant, declaro en HRN que Honduras con el actual gobierno tiene un gran futuro económico y social; “ya se están abriendo movimientos hacia adelante para sacar de la pobreza y llegar a tener actividades que nos van a dar el bienestar a todos”.

Facussé Barjum destacó las acciones gubernamentales en materia de seguridad. “Uno puede contar con este gobierno para la inversión”, añadió para luego remarcar que “el país posee una gran cantidad de recursos naturales que junto a la mano de obra nacional se puede traducir en la productividad”.

“Invertir en Honduras bajo las actuales condiciones políticas será provechoso”, apuntó.

Con respecto a la construcción del aeropuerto internacional de Palmerola, refirió que el país tendrá mayores oportunidades de desarrollo. En tanto sobre la escasez de granos básicos, dijo que el actual ministro de Agricultura Jacobo Paz, está sacudiendo su departamento (Olancho) un sinnúmero de proyectos tendientes a desarrollar la actividad en el agro.

Facuse además reconoció que el actual presidente Juan Orlando Hernández está empujando a todo el rubro económico para que inviertan en el país.

El empresario continuo su declaración en esta casa de radio apuntando el presidente Hernández, está haciendo una magnífica labor, ¿por qué cambiarlo? Empujémoslo, démosle ánimo, ayudémoslo, no vaya a creer que ser presidente es ‘chiche’ , el hombre está trabajando día y noche para conseguir lo que ha conseguido, démosle crédito”, afirmó.

Puntualizó que “si tenemos un hombre así, por qué no empujarlo para que siga adelante con su programa de gobierno. Para mí con lo que está haciendo ahora y lo que está demostrando, es el hombre perfecto para que haga sus cuatro años y se reelija otros cuatro años, ahí sí vamos a tener desarrollo porque tenemos un hombre que trabaja para el desarrollo del país”.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/miguel-facusse-de-acuerdo-con-que-el-presidente-joh-se-reelija

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Militarización en el Aguán asesina sueños y planes familiares

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A sus escasos diez años de edad, Luis tiene la mitad de su vida sin papá, en las noches le cuesta conciliar el sueño y a veces tiene pesadillas, no comprende porque lo mataron, si lo único que don Raúl Castillo hacia era trabajar la tierra para ofrecerle un futuro mejor, mientras que a su mamá le dice que no trabaje tanto para que se compartan más tiempo juntos.

Guadalupe Gallardo asumió el doble rol de madre y padre de Luís, pues lo que tanto temía su esposo era dejarlos desprotegidos, sin embargo así sucedió cuando el 15 de noviembre del 2010, fue asesinado en por defender las tierras de la finca El Tumbador, en Trujillo, Colón.

“Aunque desde la mañana se corrió la voz de que habían heridos, fue hasta la tarde que me dijo un vecino ‘Raúl murió’ yo no lo podía creer… para mi ese momento fue duro, mi hijo estaba de seis años, no lo podíamos creer”.

Las tierras de El Tumbador, son las mismas donde funcionó el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), y por las que campesinos y campesinas de la Comunidad Guadalupe Carney, en el Bajo Aguán se organizaron para recuperarlas y trabajarlas, pues eran propiedad del Estado y personas particulares han pretendido adueñárselas.

Lupe y Raúl compartieron 14 años de vida, en los que hacían planes a futuro pensando siempre en el bienestar del pequeño Luís. Cada mañana conversaban sobre lo que sucedía en la empresa campesina, como intensificar la producción agrícola y luchar por lo que le pertenece al campesinado que representa a 300 mil familias hondureñas sin acceso a tierra para cultivo.

Ella viajó desde el Bajo Aguán a Tegucigalpa, para exigir que se haga justicia por el asesinato de su esposo y cuatro compañeros más, durante una emboscada en la que participaron militares y guardias de seguridad privada contratados por el terrateniente Miguel Facussé, quien se dice dueño de la Finca El Tumbador, la cual unos 200 campesinos decidieron recuperar porque son tierras nacionales, denunció la Guadalupe.

Raúl Castillo (48), era originario del municipio de Florida, Copán, pero con su familia se fue a Colón, porque escucharon que en esa zona la tierra era buena para la agricultura y ellos querían trabajar.

Así se organizó desde el año 2000 en el grupo del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), que aglutinaba unas 800 familias provenientes de diferentes regiones de Honduras, y de manera colectiva sembraba arroz, frijoles, maíz, yuca, plátano, camote, piña, y otros cultivos, para saber cuál era el producto que mejor se daba.

La persecución fue desde que iniciaron las recuperaciones de las tierras el 14 de mayo del 2000, estábamos en unas propiedades de las que Henry Sorto se decía dueño, por lo que al enterarse que un grupo de campesino estaba allí, a los dos días envió a sus mozos que nos dispararan en la noche para intimidarnos, eso se mantuvo por unos tres años, relató la mujer.

Nosotros solo queríamos trabajar, en el 2008 decidimos recuperar otras tierras del mismo supuesto dueño, pero son tierras que pertenecen a los campesinos, reiteró doña Lupe, todas estas tierras están dónde era el antiguo CREM del batallón, aseveró, aunque hubo un enfrentamiento, mi esposos estuvo ahí y me dijo que sólo tenía como opción tirarse al suelo para salvar su vida, de ahí no volvió a pasar nada, “además Sorto se fue del lugar no sé para donde”.

La tragedia que marcó la vida esta madre y su hijito de seis años, el 15 de noviembre del 2010, cuando don Raúl salió de casa a las tres de la mañana, como de costumbre fue a ordeñar sus vacas, regresó hora y media después, en eso recibió una llamada telefónica de un compañero, quien lo puso sobre aviso porque “estaba fea la cosa en El Tumbador”, unas tierras “supuestamente” propiedad de Miguel Facussé, y que miembros del MCA iban a recuperar a partir de ese día.

Recuperar esa zona es para completar 724 hectáreas de tierras que fueron adquiridas por el Estado al ciudadano Temístocles Ramírez, y después fueron traspasadas al Instituto Nacional Agrícola, INA por la Procuraduría General de la República, el 11 de julio de 1991 para fines de reforma agraria.

Por lo que a Raúl le pudo más su compromiso y convicción con la comunidad, y no podía quedarse esperando en casa, sabiendo que sus compañeros corrían peligro, y a las cinco de la mañana se fue con los señores Siriaco Muñoz e Ignacio Reyes, ninguno volvió jamás.

Raúl supo que habían llegado los guardias de seguridad contratados por Facussé a hacerles una emboscada, y por otro lado también llegaban grupos de militares del batallón (Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales) y de la Guardia Naval de Trujillo, todos vestían con ropa azul y negra, como si fueran guardias, y fue cuando atacaron a los campesinos cuyos cuerpos quedaron en el camino hacia la finca El Tumbador, recordó doña Lupe.

Al estar sobre aviso, los campesinos lograron esconderse entre matorrales, pero como a las nueve de la mañana, los uniformados los asesinaron, relató la mujer, al instante que llora la pérdida de su esposo.

Ese día hubo cinco víctimas mortales, Raúl Castillo, de 48 años, miembro  de la Cooperativa 14 de Mayo; José Luis Sauceda Pastrana, 25 años; Siriaco de Jesús Muñoz, 50 años, de la Cooperativa Nueva Esperanza; Teodoro Acosta, 39 años, de la Cooperativa Nueva Vida; e Ignacio Reyes García, 50 años de la Cooperativa Familias Unidas 3; todos acribillados por presuntos guardias de seguridad, en la Finca el Tumbador.

“Ya muerto le pusieron un arma en el pecho, haciendo creer que él andaba armado pero no es cierto, él solo llevaba su machetillo, agua y comida, cuando fue la prensa al lugar de los hechos, el cuerpo de Raúl aparece con un arma, supongo que para decir que él había iniciado el enfrentamiento”, denunció la su esposa.

Además algunas mujeres fueron maltratadas por los guardias, a ellas las golpearon, les halaron el cabello y les ponían las armas en el cuello amenazándolas que las iban a matar para que dejaran de andar sufriendo, ellas estaban humilladas y les pedían que tuvieran compasión porque ellos también eran hijos de una mujer, pero eso no les importó, manifestó la víctima.

Huérfanos son niños “de pan en mano”

Aunque desde la mañana se corrió la voz de que habían heridos, fue hasta la tarde que me dijo un vecino “Raúl murió” yo no lo podía creer, y me dijo que estaba en “El Paraguas” la casa comunal en la Guadalupe Carney, para mi ese momento fue duro, mi hijo estaba de seis años, no lo podíamos creer.

Cuando llegué al paraguas, ahí estaban cuatro cuerpos, yo me fui a buscar a Raúl, y si, él era uno de los fallecidos.

Mi hijo me preguntó ¿verdad que mi papi no está muerto? – Si- le dije yo.
-“yo no lo quiero muerto”, me dijo todo acongojado.

Y cuando le dije que lo llevaríamos a velar a la casa, me respondió que no, porque él lo quería vivo en la casa. Entonces lo velamos ahí mismo junto con cuerpo de Teodoro Acosta.

Mientras tanto, el compañero José Luis Sauceda, el más joven, continuaba desaparecido, fue hasta la mañana siguiente que hallaron su cuerpo, la búsqueda se pospuso porque la zona estaba militarizada, y los vecinos manifestaron que tenían miedo.

Sin embargo esta madre ha tenido que enfrentar ese mismo miedo de que a ella o a su niños les vaya a suceder algo, pues solo se tienen el uno para el otro, “me tocó hacerme cargo de todo, trabajar, la casa, el niño”, y lamenta que las autoridades judiciales hasta el día de hoy no haya hecho ninguna investigación sobre la muerte de los campesinos.

“No hay castigo para los guardias que los mataron, está en la impunidad estos hechos, por lo que quiero que se haga justicia, que esto no se repita, porque las consecuencias son muy dolorosas”.

Mi hijo me dice que “si mi papi estuviera vivo, usted no trabajara tanto y me cuidara más, cuando yo esté grande voy a trabajar para mantenerla”, y son estas palabras con una voz dulce e inocente que hoy la impulsa a pedir justicia y seguridad para los y las hijas de estos cinco hombres asesinados.

Han quedado muchos niños huérfanos,  infantes de “pan en mano” y ahora todas las viudas somos padre y madre para ellos, finalizó Guadalupe Gallardo, viuda de Raúl Castillo, asesinado en El Tumbador, Trujillo Colón, en un ataque combinado de guardias de seguridad privada y militares, según las denuncias de los pobladores.

Por lo que cinco viudas y un sobreviviente viajaron más de 500 kilómetros de distancia, para exigir a las autoridades nacionales, en Tegucigalpa, que se haga justicia, se investiguen los hechos y que den con los responsables del crimen de estos hombres que con sus manos hacían producir la tierra para alimentar a la población y su familia.

“Son seres humanos los que mataron, hombres honrados y trabadores, han dejado muchos niños y niñas huérfanas y desamparadas” dijo entre llanto doña Lupe.

En los Juzgados de Letras Seccional de Trujillo, se inició causa contra cinco guardias de seguridad privada, responsabilizándolos por este hecho, y se otorgó el sobreseimiento provisional. La Fiscalía en su condición de ente acusador no aportó evidencias esenciales, como realizar pruebas de balística en armas presuntamente utilizadas en el hecho criminal  y tampoco realizó un inventario completo de las armas asignadas a los guardias. En al menos un caso no se practicó la autopsia respectiva.

En abril de 2014, la Unidad de Muertes Violentas del Aguán del Ministerio Publico, tomó el caso presuntamente para re direccionar la investigación, 10 meses después, no han brindado un informe de avances.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, acompaña a las viudas y sobrevivientes de esta masacre, en la documentación y denuncia, ya que lo peor que puede suceder es que guarden silencio y estas muertes queden en la impunidad, afectando a más familias campesinas en Honduras, y defensores y defensoras por el derecho a la tierra.

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Campesinos asesinados en El Tumbador estaban alegres por pronta cosecha

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En busca de forjar un patrimonio para sus hijos, don Siriaco se vio obligado emigrar al Bajo Aguán, donde escuchó que existía la oportunidad de cultivar la tierra, pero por ese anhelo, fue asesinado el 15 de noviembre del 2010 en El Tumbador, Trujillo, Colón, a unos 600 kilómetros al norte de Tegucigalpa.

Su esfuerzo y lucha ha quedado marcada en la vida de sus cuatro hijos, que al momento de su asesinato, dos eran menores de edad. Su esposa no podía creer cuando le avisaron que “había un Siriaco” entre los campesinos muertos por guardias de seguridad privada, contratados por el terrateniente Miguel Facussé, que custodiaban la zona del antiguo Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), denuncio la familia.

Siriaco de Jesús Muñoz Aguilar, quien tenía 50 años de edad, era miembro del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) que agrupa unas 700 familias, integradas en 45 empresas asociativas campesinas afiliadas a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH) y la Asociación Nacional Campesina, que decidieron el 12 de mayo del 2000, recuperar esas tierras invadidas por militares.

Han pasado cuatro años del asesinato de cinco campesinos en la finca El Tumbador, un grupo de mujeres viudas, huérfanos  y un sobreviviente, viajó hasta Tegucigalpa para denunciar que aún no se ha castigado a los responsables de este hecho sangriento.

Las víctimas son Raúl Castillo, de 48 años, miembro  de la Cooperativa 14 de Mayo; José Luis Sauceda Pastrana, 25 años; Ciriaco de Jesús Muñoz, 50 años, de la Cooperativa Nueva Esperanza; Teodoro Acosta, 39 años, de la Cooperativa Nueva Vida; e Ignacio Reyes García, 50 años de la Cooperativa Familias Unidas 3; quienes fueron  acribillados el 15 de noviembre de 2010, por presuntos guardias de seguridad, en la Finca el Tumbador.

Martha Julia López Oliva, es una mujer de 46 años, que convivio con Siriaco más de dos décadas, como viuda y madre sotera de cuatro hijos, no puede contener las lágrimas y los suspiros al recordar que la vida sin son Siriaco, ya no es igual.

Sus hijas debieron irse de la comunidad “Guadalupe Carney”,  Trujillo, pues tienen que trabajar para ayudar en el sustento de la familia, sus hijos que son más jóvenes se integraron a las labores agrícolas en la empresa campesina Nueva Esperanza, de la cual ella es socia después de la muerte de su esposo.

Siriaco de Jesús Muñoz Aguilar, tenía 50 años de edad, cuando fue asesinado; era miembro del Movimiento Campesino del Aguán (MCA)

Ella mantiene e l recuerdo del último día que compartió con su esposo, quien desde el 2009 trabajaba en colectivo con los demás compañeros de La Nueva Esperanza, apenas tenían un año de haber llegado desde Patuca, Olancho, para forjar un patrimonio en el Bajo Aguán.

“El 15 de noviembre del 2010, como de costumbre él se fue a las tres de la mañana para el lugar que le llaman El Tumbador, es una finca de palma africana, supuestamente la tierra es propiedad del MCA, y ellos allí trabajaban tranquilamente sin ningún problema, por lo que yo no me preocupaba de que les fuera a pasar algo malo. Pues eran bastantes personas –hombres y mujeres- que a diario iban a trabajar allí”, comentó Martha Julia.

La noche anterior, su compañero de vida, le dijo que iban a la finca tal vez les cambiaba la vida, “no sé porque me dijo eso”, relata la mujer, ellos entraban y salían de la zona, estaban alegres porque ya casi terminaban de limpiar la finca y tendrían el sostén para los alimentos de las familias, “él se fue y ya no volvió a la casa”, comentó entre sollozos, mientras sostenía en su regazo a una nietecita.

Como a las tres de la tarde de ese mismo día, un niño de la comunidad me llegó a decir “allá está un Siriaco muerto” yo estaba con los dos cipotes, y dijimos que era él porque era el único que se llamaba así, además ya se  había pasado de la hora de llegada, acostumbraba a regresar a las dos de la tarde a la casa, después de su jornada de trabajo.

Fue un momento desesperante, y ella que solo estaba con sus dos hijos menores de inmediato se fueron buscar más información al centro de la comunidad.

En el levantamiento de los cuerpos hubo algunas autoridades judiciales, después los cadáveres  fueron llevados a un sólo lugar  pos sus mismos compañeros.

Habían cuatro cuerpos tirados en el suelo, los tenían en “La Casa del Paragua” un centro comunal, yo reconocí el de mi esposo, y estaba el de Teodoro Acosta, Raúl Castillo e Ignacio Reyes, y decían que faltaba un compañero, José Luís Sauceda, pues testigos afirmaban  que afirmaban que también había caído muerto pero no sabían exactamente dónde, relató la viuda de Siriaco Núñez.

Ahí sólo estaban los vecinos, cada pariente limpió a su difunto, los vistieron y ahí los velaron toda la noche, los ataúdes fueron donados, pero, aún no aparecía el cuerpo de José Luis, tampoco había militares ni policías. “Yo le vi unas heridas de bala por el lado del corazón en por la rodilla derecha, yo sólo me fijé en el cuerpo de mi esposo”, declaró doña Julia.

También dijo que el cuerpo de José Luis, el más joven del grupo, apareció hasta el 16 de noviembre en la mañana, ella desconoce por qué costó que lo encontraran, (otros campesinos manifestaron que había temor de salir a buscar a su compañero, porque la comunidad estaba sitiada por grupos hombres armados involucrados en el asesinado de campesinos).

Todas las víctimas fueron enterradas el miércoles 17 de noviembre del 2010, aunque en lugares diferentes. Don Siriaco de Jesús Muñoz, volvió a su natal Patuca, Olancho, pero sin sueños, sin anhelos, sin vida.

Ignacio Reyes García, 50 años, era miembro de la Cooperativa Familias Unidas 3

Familia destruida por defender el derecho a la tierra

Sus hijos, hijas y esposa, regresaron a la “Guadalupe Carney” nueve días después, pero la familia ya no venía completa, faltaba el hombre que los impulsaba cada día, el que guiaba los  en una lucha por sus derechos, a decir la verdad, a defender la propiedad que les pertenecía como campesinos y campesinas, que representa una pequeña parte del 1.5 millones de hondureños sin tierra para cultivar, don Siriaco, el único que se llamaba así en la comunidad, el que antes de ser asesinado por los guardias de seguridad privada que cuidaban la finca adueñada por el agroindustrial Miguel Facussé, reiteró que estaba allí por un cambio de vida.

“Decían que los habían matado por haber ido a meterse a esa finca (El Tumbador) que se decía que era propiedad de los campesinos, pero también que Miguel Facussé la había sembrado con palma africana, aun sabiendo que no era de él. Y mandó a sus guardias de seguridad privada a hacer esa masacre, no fue otro”, afirmo doña Martha Julia.

“Yo no podría decir si es verdad que se metieron o no en la finca, pero él (Miguel Facussé) no tenía el derecho de quitarles la vida”, agregó la adolorida mujer.

También aclaró que sólo ese fatídico 15 de noviembre del 2010, es que se supo una matanza, pues la Guadalupe Carney, ha sido una comunidad tranquila, por lo que todo mundo se invadió de asombro y miedo.

El asesinato de mi esposo nos ha cambiado la vida, hay días muy difíciles, entre el miedo y la inestabilidad económica, es complicado sobrevivir, su membresía en la empresa campesina me quedó a mí, pero no es lo mismo sin él, lamentó Martha Julia López.

Por lo que he viajado hasta Tegucigalpa, para exigir a las autoridades que se haga justicia, se investiguen los hechos y dé con los responsables del crimen de mi esposo y los demás compañeros, porque son seres humanos los que mataron, hombres honrados y trabadores, han dejado muchos niños y niñas huérfanas y desamparadas.

En los Juzgados de Letras Seccional de Trujillo, se inició causa contra cinco guardias de seguridad privada, responsabilizándolos por este hecho, y se otorgó el sobreseimiento provisional. La Fiscalía en su condición de ente acusador no aportó evidencias esenciales, como realizar pruebas de balística en armas presuntamente utilizadas en el hecho criminal  y tampoco realizó un inventario completo de las armas asignadas a los guardias. En al menos un caso no se practicó la autopsia respectiva.

En abril de 2014, la Unidad de Muertes Violentas del Aguán del Ministerio Publico, tomó el caso presuntamente para re direccionar la investigación, 10 meses después, no han brindado un informe de avances.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, acompaña a las viudas y sobrevivientes de esta masacre, en la documentación y denuncia, ya que lo peor que puede suceder es que guarden silencio y estas muertes queden en la impunidad, afectando a más familias campesinas en Honduras, y defensores y defensoras por el derecho a la tierra

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3415:campesinos-asesinados-en-el-tumbador-estaban-alegres-por-pronta-cosecha&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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Viudas de campesinos del Aguán denuncian impunidad y claman justicia

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Tegucigalpa.

Hace más de cuatro años, un grupo de campesinos salió en la madrugada de sus hogares, con el propósito de recuperar unas tierras que pertenecen al Movimiento Campesino del Aguán, MCA, pero están apropiadas por el terrateniente Miguel Facussé.

Cinco de ellos no volvieron con su familia, ahora sus viudas han decidido romper el silencio y exigir que se haga justicia por lo sucedido aquel fatídico 15 de noviembre del 2010, en el Tumbador, Trujillo, Colón.

“Quedaron ahí muertos, prometieron que iban a investigar y castigar a los responsables pero nada ha pasado, esto es muy duro para nosotras, y los asesinos ahí andan, caminando tranquilos como siempre”, dijo con lágrimas en sus ojos, una de las viudas, cargando en su regazo a su pequeño hijo, que estaba recién nacido cuando sus papá fue asesinado.

Las victimas mortales son Teodoro Acosta (39), Raúl Castillo (48), Ignacio Reyes (50), Siriaco de Jesús Muñoz (50) y José Luis Sauceda (25), además cuatro quedaron heridos, entre ellos Francisco Ramírez, quien quedó marcado no solo en sus emociones, sino en su rostro con una cicatriz atraviesa su boca, producto del tiroteo.

Eran al menos 200 campesinos decididos a recuperar unas 700 hectáreas de tierras ubicadas en el antiguo Centro Regional de Entrenamiento Militar, CREM, que fueron adquiridas por el Estado al ciudadano Temístocles Ramírez, y después fueron traspasadas al Instituto Nacional Agrícola, INA por la Procuraduría General de la República, el 11 de julio de 1991 para fines de reforma agraria.

Según las denuncias de las mujeres, los guardias de seguridad al servicio del terrateniente Miguel Facussé, hicieron una emboscada a los campesinos, pues incluso los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en el camino, ellos nunca entraron a la finca El Tumbador, cultivada de palma africana, y en la que había grupos de vigilancia de parte de los miembros del MCA.

Los y las denunciantes concuerdan en que el atentado en la comunidad de El Tumbador se produjo al mando de Facussé, y que no solo había guardias de seguridad privada, sino que llegaron militares del Batallón de Rio Claro (Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales) y de la Guardia Naval, y denuncian que algunos de estos hombres se cambiaron de ropa, vistiéndose igual que los guardias de seguridad.

Cuando sucedió el asesinato de los cinco campesinos en la finca de El Tumbador, las mujeres se quedaron en sus hogares ubicados en la comunidad “Guadalupe Carney” fue hasta horas de la tarde que se enteraron que sus compañeros habían fallecido, ellas no lo podían creer, se fueron a un centro comunal llamado “El Paraguas” donde habían llevado cuatro cuerpos, mientras que José Luis Sauceda, se reportaba como desaparecido, y fue encontrado hasta el día siguiente.

Las fotos de los asesinados destacan la barbarie cometida, presentan disparos de arma de grueso calibre que les destruyó su cuerpo y rostro

Las autoridades tardaron en apersonarse  al lugar, donde hubo disparos por un buen rato -relatan las víctimas-, los cuerpos ya sin vida fueron llevados por los mismos campesinos, que con mucho temor se organizaron para auxiliar a sus compañeros caídos por la lucha en defensa de la tierra.

Para interponer denuncias y exigir que se haga justica para los campesinos asesinados, heridos, viudas y huérfanos, viajaron hasta Tegucigalpa las señoras Guadalupe Gallardo, viuda de Raúl Castillo; Yuni Ordóñez, viuda de José Luís Sauceda; María Concepción Membreño, viuda de Teodoro Acosta; Martha Julia López, viuda de Siriaco Muñoz; Alba Reyes, hija de Ignacio Reyes; y Francisco Ramírez, sobreviviente del ataque.

Todas las víctimas concuerdan en que no es fácil hablar de lo sucedido el 15 de noviembre del 2010 en El Tumbador, más cuando sus pequeños hijos preguntan ¿por qué mi papi no está aquí?, ellos desearían que sus mamás estuvieran más tiempo en casa, y no trabajando en el campo, pues desde entonces han asumido el rol de madre y padre, “nos dejaron con niños de pan en mano”, lamentan las mujeres.

En Honduras, 300 mil familias no tienen acceso a tierra para cultivarlas como su medio de producción, estos compañeros campesinos eran parte de unas 300 familias que decidieron recuperar las tierras en el antiguo CREM.

En la región del Bajo Aguán, se ha denunciado la criminalización contra defensores y defensoras de derechos humanos, en su mayoría campesinos y campesinas que luchan por el derecho a la tierra, al 2014 se registra más de 3 mil procesos judiciales en contra de campesinos y campesinas.

El Observatorio Permanente por los Derechos Humanos del Aguán, OPDHA, cuestiona que cuando se trata de denuncias contra campesinos y defensoras de derechos humanos, las autoridades aún sin tener pruebas aceleran los casos, no así con los responsables directos e indirectos de los asesinatos de más de 120 campesinos que debido a la falta de una verdadera investigación continúan en total impunidad.

Además organismos internacionales han pronunciado su preocupación por los atentados contra los y las campesinas del Bajo Aguán, para el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH,  como parte de sus conclusiones en su visita a Honduras en diciembre pasado, manifiesta su  preocupación por  los asesinatos, amenazas y detenciones de líderes y lideresas campesinos y de derechos humanos en el Bajo Aguán.

Pero antes, ya ha se ha pronunciado lo que sobre esta situación, en la sección sobre Honduras del Capítulo IV de sus Informes Anuales 2012 y 2013. Y establece que la situación continúa siendo altamente preocupante.

En el caso de El Tumbador, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, ha acompañado a las víctimas para documentar los casos e interponer denuncias, para que estas muertes no queden en la impunidad.

La Coordinadora del COFADEH, Bertha Oliva, instó a este grupo de mujeres, a que se unan en la búsqueda de justicia, que hablen y denuncien, porque ellas también son víctimas junto a más de 20 hijos e hijas huérfanas, nietos que no conocieron a sus abuelos.

En el caso de los sobrevivientes como Francisco, ya no pueden trabajar como antes, dependen de medicamentos y al igual de las cientos de familias en Colón, viven atemorizadas de ser atacadas por los cientos de hombres uniformados y armados que custodian la zona, ya sean guardias de seguridad privada, militares o policías.
Se ha denunciado “falta la diligencia debida en el caso  del asesinato de cinco campesinos, el asesinato en su grado de tentativa contra Francisco Celedonio Ramírez  y otros vejámenes  en contra de los integrantes del Movimiento Campesino del Aguan”.

Hoy, se clama justicia por Raúl Castillo, de 48 años, miembro  de la Cooperativa 14 de Mayo; José Luis Sauceda Pastrana, 25 años; Ciriaco de Jesús Muñoz, 50 años, de la Cooperativa Nueva Esperanza; Teodoro Acosta, 39 años, de la Cooperativa Nueva Vida; e Ignacio Reyes García, 50 años de la Cooperativa Familias Unidas 3; quienes fueron  acribillados el 15 de noviembre de 2010, por presuntos guardias de seguridad, en la Finca el Tumbador.

Y además, cuatro mujeres, sobrevivientes de los mismos hechos, fueron  víctimas de persecución y hostigamiento. Los presuntos guardias privados las rodearon, las agarraron del pelo y les apuntaban con las armas en la cara, las introdujeron  en las palmeras, las tocaron requisándolas, les pedían información de cuantos compañeros andaban y que si tenían armas, les amenazaron con picarlas y quemarlas, expresa la denuncia interpuesta ante autoridades gubernamentales.

Cabe señalar que la causa iniciada por este hecho en los Juzgados de Letras Seccional de Trujillo, fue contra cinco guardias de seguridad privada, y se otorgó el sobreseimiento provisional. La Fiscalía en su condición de ente acusador no aportó evidencias esenciales, como realizar pruebas de balística en armas presuntamente utilizadas en el hecho criminal  y tampoco realizó un inventario completo de las armas asignadas a los guardias. En al menos un caso no se practicó la autopsia respectiva.

En abril de 2014, la Unidad de Muertes Violentas del Aguán del Ministerio Publico, tomó el caso presuntamente para re direccionar la investigación, 10 meses después, no han brindado un informe de avances.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3412:viudas-de-campesinos-del-aguan-denuncian-impunidad-y-claman-justicia&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Secuelas de la crueldad contra campesinos en el Aguán

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Tegucigalpa.

La represión, la brutalidad militar y policial, la falta de voluntad política para resolver el conflicto, las muertes violentas, las intimidaciones y amenazas de guardias de seguridad que actúan con total impunidad, la ineficiencia de la Fiscalía para acusar a los culpables de las violaciones a los derechos humanos,  aunado a la ausencia de justicia, han dejado secuelas imborrables de esta realidad que enfrenta el movimiento campesino en el Aguán.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha documentado los casos que reflejan esas secuelas de dolor, abandono y demandas de justicia.

Este comité ha constatado por ejemplo, el abandono que enfrentan las viudas de la masacre de campesinos en Tumbador.  Fue el 15 de noviembre de 2010, cuando guardias de seguridad que trabajaban para el terrateniente Miguel Facussé asesinaron a 5 campesinos en la finca de palma africana conocida como Tumbador, jurisdicción de Trujillo, Colón

El COFADEH apuntó que las consecuencias de estos hechos han derivado en situaciones precarias para las familias afectadas, cuando las viudas perdieron la fuente de ingresos que proporcionaban sus compañeros de hogar y en el presente afrontan grandes dificultades para alimentar y educar a sus hijos e hijas. La justicia no se aplicó y los culpables de estos crímenes continúan libres.

Otro caso catalogado como  emblemático fue el registrado el 19 de septiembre de 2011, cuando  en los predios de su casa, en la comunidad de Rigores, Trujillo, departamento de Colón  y mientras se encontraba arreglando su bicicleta, Santos Bernabé Cruz, que para aquella fecha contaba con 16 años de edad,  fue capturado, retenido ilegalmente y torturado por militares asignados a la Fuerza de Tarea Xatruch y por policías de Tocoa.

“Ellos (los militares y policías) le dijeron a mi familia que se fueran de la casa y que solo yo me quedara, luego con los cordones de mis zapatos me ataron las manos hacia atrás, me sacaron a empujones y me preguntaban que quiénes eran los que dirigían y que dónde estaban las armas”, narró Santos Bernabé.

Yo les decía que no sabía nada, me acusaban de asesino y de castigo me pusieron en la espalda unos sacos de granos básicos y me llevaron hacia el cementerio donde estaban los comandos (camiones militares).

Santos Bernabé

“Desde que llegué empezaron a golpearme con los cascos en la espalda, de ahí me tiraron a la paila de un carro, me insultaban, me golpeaban con los toletes, me ponían una bolsa plástica a modo de ahogarme, cuando ya no alcanzaba respiración, me la quitaban y me la volvían a poner”, describió el joven.

“De ahí me dijeron que si yo no les decía lo que ellos querían saber, me iban a matar, pues yo les contestaba que no sabía nada, que lo único que ocupaba era mis herramientas para trabajar en el campo; así que continuaron golpeándome, luego me ponían las armas en la boca, en los oídos y como estábamos en el cementerio, me decían que como había una fosa abierta; que ahí me iban a echar”.

Santos Bernabé pasó largas horas  en poder de sus captores y recibió todo tipo de maltratos y amenazas, pero lo peor estaba por llegar.

“Entre ellos decían que mejor me iban a quemar y procedieron a rociarme de gasolina, así que estaba yo angustiado, porque miraba que ya cogía fuego, entonces dijeron que mejor me iban a amarrar y me iban a tirar al río Aguán”.

Transcurrió algún tiempo y finalmente, fue vendado y trasladado en un vehículo a través de las plantaciones de palma africana del terrateniente Miguel Facussé. Ahí,  los militares gritaron a los guardias de seguridad de la Finca Paso Aguán (que colinda con la comunidad Panamá): …¡guardias quieren un tacamiche!, como una forma despectiva de nombrar a los campesinos.

Más tarde Santos Bernabé fue recluido en una celda de la posta policial de Tocoa. “Ahí los militares reportaron que me habían rociado con gasolina porque yo me les había opuesto al arresto. Me metieron a la bartolina, y a cada rato llegaba uno de ellos a amenazarme. Estaba angustiado, estaba yo solito, no tenía a nadie con quien consolarme, luego como a las 10:00 de la noche, me sacaron porque dijeron que yo era menor de edad, me llevaron a las oficinas, ahí pasé toda la noche, no dormí porque tenía miedo, sin comida ni bebida”.

Al siguiente día, cuenta Santos Bernabé, que los policías lo pusieron a asear los pasillos de la jefatura policial y hasta en horas de la noche lo liberaron, no sin antes recibir la advertencia de un policía que le dijo: “mira mijo, demasiado pequeño estás para que andes en esto, esta vez solo te agarramos, pero en la otra te vamos a desaparecer…”.

“Yo salí, no conocía Tocoa, porque yo no salía de la casa, caminé y caminé y encontré a un señor campesino,  le pedí que me regalara una llamada para llamar a mi papi, lo llamé, me contestó mi papi y él se comunicó con la coordinadora de COPA (Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán) Haydé Saravia. Luego me fueron a traer y dijeron que era necesario hacerme una evaluación en el hospital, porque podría ser que los golpes  me causaran daño más adelante”, comentó el joven.

En muchos de los testimonios de las víctimas se señala a guardias de seguridad como ejecutores de vejámenes y desapariciones contra campesinos

“Incluso en esa tortura recuerdo a un militar, el más gordo y negro, que brincaba en mi cuerpo a modo de destriparme”, recordó Santos Bernabé.

En aquella fecha había ocurrido un atentado en la zona y para esos tiempos mi papi Rodolfo Cruz era coordinador del Movimiento Campesino de Rigores, así que durante ese operativo de inmediato se dirigieron para la casa donde vivíamos.

Cuando me di cuenta del apoyo que había recibido con las alertas de organizaciones de derechos humanos y del movimiento, me sentí favorecido y a la vez protegido, me trajeron para Tegucigalpa porque la verdad yo no me sentía bien, pero gracias a las organizaciones nacionales e internacionales que me han ayudado.“Vine a COFADEH y al Ministerio Público para dar testimonio de todo lo que me había ocurrido”, dijo el joven.

Esas experiencias que he vivido, también me han traído nuevos conocimientos, pero aún hoy en día no me siento bien cuando veo a policías y militares, porque siento como si me estuvieran vigilando, me pega temor y a veces no quisiera encontrarme con ellos, aseguró el entrevistado.

A pesar de haber transcurrido tres años de las torturas, Santos Bernabé comentó que “casi seguido tengo pesadillas, es raro cuando yo duermo bien, porque se vienen esas imágenes en las pesadillas y sueño que hasta he pasado más cosas crueles de las sucedidas”.

“ He soñado que ellos me han querido matar o que quedo mal herido; cuando eso ocurre me despierto asustado, no alcanzo la respiración y tengo un sudor helado, tengo temblores en el cuerpo y es preocupante”.

Santos Bernabé Cruz (19) es un joven campesino que trabaja la tierra, es el mayor de 7 hermanos, a pesar de solo haber cursado el cuarto grado de educación primaria, tiene una visión clara de la realidad que enfrenta el movimiento campesino en el Bajo Aguán.

El COFADEH ha estado brindando acompañamiento al caso de Santos Bernabé y ha realizado las diligencias para presentar las respectivas denuncias ante el Ministerio Público. En los últimos meses el joven recibió asistencia psicológica privada, pero el comité busca en la actualidad que Medicina Forense certifique la actual condición psicológica y emocional del joven.

El conflicto de tierras en Rigores

La Ley de Modernización del Sector Agrícola emprendida por la administración del expresidente Rafael Leonardo Callejas permitió que grandes extensiones de tierras de Rigores fuesen adquiridas por el terrateniente Federico Rivera. Mediante el engaño fueron víctimas los miembros de la Cooperativa Unión Rigores, sostuvo Rodolfo Cruz ex presidente de la comunidad del mismo nombre.

Rodolfo Cruz

Cruz reveló que Federico Rivera mantuvo incultas grandes extensiones de tierras hasta el año 2000, tiempo cuando el movimiento campesino tomó posesión de las mismas para recuperar las tierras destinadas a la reforma agraria, que son unas 607 hectáreas.

“A partir de ahí, no hubo tranquilidad porque el terrateniente buscó desalojarlos, hasta que Federico Rivera en 2007 presentó la oferta de venta, pero en aquel momento no hubo capacidad del Estado para negociar por los 12 millones de lempiras que él solicitó”.

Cruz añadió que luego que Federico Rivera murió en 2008, quedó en posesión su heredero Erick Rivera quien enfrenta un impasse con los otros herederos que interpusieron un recurso que establece que no se pueden celebrar actos y contratos, por lo que la negociación se estancó.

Más tarde con la aplicación del decreto 18-2008 que favoreció al movimiento campesino, aprobado por la administración del presidente Manuel Zelaya, entra en vigor la expropiación de las tierras para adjudicarlas al movimiento campesino.

Sin embargo el Instituto Nacional Agrario (INA) adujo que no se podían celebrar actos y contratos por parte de los herederos y lo otro es que aparece una hipoteca del año 2009 que tampoco dio lugar a legalizar las tierras, explicó el dirigente campesino.

Otra maniobra fue que Federico Rivera para evitar que los sobre-techos con los que contaba, no fueran expropiados por el Estado, los transfirió a terceros (o presta-nombres), de tal manera que aparecían 3 dueños que son Federico Rivera, Rufino Flores y Francisco Flores, detalló Cruz.

Después del golpe de Estado, fue derogado el decreto 18-2018 y, “quedamos sin ningún amparo, ya que la oferta de venta aumentó de 12 a 27 millones y no hubo la voluntad del Estado de legalizar las tierras de esa forma”, explicó Cruz.

Es así que en 2011, Erick Rivera solicitó un desalojo violento ordenado por un juez de Trujillo y ejecutado por  policías y guardias de seguridad, en el cual  se produjo la quema de la iglesia, el kínder, viviendas y cultivos.

Cruz agregó que de 150 familias que se encontraban en las tierras, solo quedaron 120 enfrentando la intemperie y grandes necesidades. A finales de agosto regresamos al movimiento, y en septiembre hubo más represión por  un supuesto atentado que ellos mencionaban,  que al final fue un error técnico, ya que había explotado una granada,  donde fallecieron 2 policías”.

Es decir que de acuerdo a este relato de dicho agente, la manipulación de una granada a manos de un agente ocasionó la muerte de dos policías, y este hecho se atribuyó a los campesinos, lo que generó una gran represión hacia el grupo campesino.

“Empieza el 16 de septiembre de 2011, la gran represión con la militarización de la zona, y en una de esas al movimiento le causan todo el problema, hacen cateos buscando lo que no podían encontrar  y nunca lo van a encontrar porque no tenemos (las armas) y es cuando capturan al hijo mío Santos Bernabé”, señaló Cruz.

En ese momento Rodolfo Cruz (padre de Santos Bernabé) encabezaba el liderazgo del Movimiento Campesino de Rigores y formaba parte de una comisión que buscaba  un acuerdo al conflicto de tierras en el Aguán.

Sin embargo Cruz reveló que fue señalado como un agitador dentro del movimiento y que eso trajo consigo que su vivienda fuese cateada por policías y militares. “Yo me encontraba fuera de la casa y no tengo ningún señalamiento hasta la fecha porque ellos no encontraron evidencias en mi contra, lo que queda fue la represión que hicieron e incluso nosotros alzamos la voz y fuimos a las organizaciones vigilantes y otras a nivel internacional”.

“Hicieron eso para tratar de criminalizar al movimiento y mantener la militarización, eso trajo la solidaridad de muchos movimientos que incluso con esa ayuda se hizo la escuela, se reconstruyeron nuestras viviendas y en esto no ha tenido nada que ver el Estado”, señaló el dirigente campesino.

La percepción de los campesinos sobre la militarización

En la actualidad gracias al trabajo colectivo que hacemos, estamos supliendo los alimentos como maíz y frijoles, porque no podemos decir que contamos con un fondo o un recurso, ya que nos sostenemos de lo poco que producimos, dijo el dirigente.

Consultado acerca de las horas de angustia que vivió Santos Bernabé a manos de militares y policías, Rodolfo Cruz expresó que “eso fue muy violento, porque ellos para sacar información no era necesario todo lo que le hicieron, sino más bien era buscar otra información mediante inteligencia”.

“Ellos en ningún momento podían sacar información, incluso lo podían asesinar a él, o asesinarme a mí, porque la voz que nosotros tenemos es una voz de lucha por la tierra, no es una voz de asesinos”.

Cruz indicó que ellos querían quedar bien con el terrateniente y no con la sociedad, incluso nosotros hemos hablado con lo básico, por ejemplo guardias de seguridad han estado aterrorizando al movimiento igual que los militares, porque también tenemos gente que ha muerto por acciones de guardias de seguridad y tenemos un desaparecido llamado Francisco Pascual López.

El dirigente campesino afirmó que ha enfrentado amenazas, aún de la policía “como cuando andaba en las calles y me decían que me podían macanear, y yo no podía platicar con algún militar porque me miraba con mucha intimidación. En cierta ocasión cuando me aprestaba a subir a un bus, un militar me habló de tal manera que me amenazó con aplicarme tortura”.

En relación a la actual conducción que realiza el coronel Jovel Martínez de la Fuerza de Tarea Xatruch III en el Bajo Aguán, Cruz apuntó que la estrategia ha cambiado, “porque anteriormente el coronel Gérman Alfaro (ex comandante de Xatruch), aterrorizaba más visiblemente con militares y el otro que está hoy (Jovel Martínez) él lleva más inteligencia, como que infiltra a familiares de militares dentro de los movimientos para captar todas las informaciones”.

A juicio de Cruz, la estrategia emprendida por el actual comandante Jovel Martínez está dirigida a construir situaciones a través de la inteligencia militar, para descalificar a defensores y defensoras de derechos humanos.

En torno a la fuerte presencia militar, el dirigente campesino señaló que la militarización en la zona obedece a la protección de las tierras del terrateniente Miguel Facussé. “Antes en las fincas solo mirábamos a guardias y ahora solo vemos militares custodiando la fruta que se saca de las fincas”.

“En ningún momento tenemos seguridad con lo que es el ejército o la Policía Militar que está construyéndose, más bien hay un temor máximo que en un momento dado podemos tener un fracaso por parte de la policía militar”, resaltó Cruz.

Sobre este tema el joven torturado Santos Bernabé, comentó que la militarización no ha traído paz ni tranquilidad, porque los jóvenes somos los que más sufrimos, la mayoría de jóvenes tienen ese temor y ese miedo y ya no hay confianza hacia los militares, porque no hay protección sino que lo que hay es crueldad.

“Somos hondureños, tenemos derecho a la vida, a la tierra, a la salud y a la libertad, yo aspiro a que todo se normalice, a que haya más tranquilidad y seguridad, expresó el joven que sobrevivió a los tratos crueles, inhumanos y degradantes aplicados en su contra por parte de militares y policías.

El ex director  regional del Instituto Nacional Agrario (INA) en Tocoa (período 1998-2002), Renán Valdéz, reveló que el proceso de recuperación de tierras emprendido por unas 300 familias campesinas comprendió el asentamiento en 28 fincas, que estaban en poder del terrateniente Miguel Facussé.

“Ese ambiente bastante fuerte que se dio en la zona generó una polarización entre las organizaciones campesinas y los terratenientes René Morales, Reynaldo Canales y Miguel Facussé, aunque también compró tierras Jaime Rosenthal Oliva y la Stándar Fruit Company, que adquirió grandes extensiones de tierras del corredor Sabá-Olanchito, así como Isletas”, explicó Valdéz.

Después del golpe de estado (junio 2009), el gobierno de Porfirio Lobo Sosa mandó batallones del ejército y la policía, a concentrase en la zona con el supuesto de brindar  seguridad ciudadana, “pero los militares lo que hicieron fue perseguir a los campesinos y no tocar a los guardias de los terratenientes, que eran los que perseguían, mataban y asesinaban a los campesinos”.

De esa militarización de la que hablamos que se desarrolla en el Aguán, es cuando realmente se genera una política de persecución, de asesinatos, de desalojos de la gente de Rigores, y ahí convergen dos cosas:  Las tierras de Rivera y las tierras de Paso Aguán, que son tierras que compró Miguel Facussé y entonces se juntan terratenientes para enfrentar la lucha de los campesinos en esa zona, apuntó Renán Valdéz.

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Tres hondureños entre los 12 más ricos millonarios centroamericanos

 

 Según la revista Forbes en Honduras, el país más pobre y más desigual en AméricaCentral, tres de sus hombres de negocios hacen la lista de los 12 millonarios más ricosde América Central.

 Forbes que se especializa en el mundo de los negocios y las finanzas, Miguel Facussé,Jaime Rosenthal y Mohamad Yusuf Amdani Bai, cuyas compañías tienen dividendosglobales que pronto pueden llevarlos a un selecto grupo de multimillonarios.

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Miguel Facussé Presidente de la Corporación Dinant

Facussé, en el lugar 11 entre millonarios centroamericanos, es Presidente de laCorporación Dinant, distribuidor de alimentos, limpieza de suministros y otrosproductos de consumo, con más de medio siglo de existencia y amplias sus operaciones en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana, Además, Facusee va en agronegocios, biodiesel, biogás y otros sectores.

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Jaime Rosenthal

Rosenthal, está en el puesto número seis, es Presidente del Grupo Continental que opera en la banca, bienes raíces, tecnología, energía, telecomunicaciones, periódicos y agroindustria.

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El quinto lugar es el hondureño Amdani Bai, jefe del grupo de Karim con sede en Pakistán, cuya fortuna fue acumulado por las empresas de diferentes empresas que pertenecen sobre todo en textiles y bienes raíces en Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua y los Emiratos Árabes Unidos.

Otras publicaciones se refieren a la lista compilada por Forbes y algunos de ellos se nota la paradoja consiste en la inclusión entre los más ricos de varios empresarios de Honduras, uno de los menores ingresos en América Latina, con más de 64,5 por ciento de los hogares en situación de pobreza y 42.6 por ciento en la extrema pobreza, según el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo

Fuente: http://lanoticia.hn/nacionales/tres-hondurenos-entre-los-12-mas-ricos-millonarios-centroamericanos/

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Dinant libera centenares de iguanas en Zacate Grande

20 diciembre, 2014 – 12:34 am

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Más de mil iguanas verdes fueron liberadas ayer en el Centro de Conservación de Vida Silvestre Dinant en Zacate Grande, municipio de Amapala, departamento de Valle.

» Más de mil iguanas verdes fueron liberadas ayer en el Centro de Conservación de Vida Silvestre Dinant en Zacate Grande, municipio de Amapala, departamento de Valle.

Cerca de mil iguanas verdes fueron liberadas el viernes en el Centro de Conservación de Vida Silvestre Dinant en Zacate Grande, municipio de Amapala, departamento de Valle.

Con su aporte a la sostenibilidad ambiental, esta empresa realizó la liberación y el evento contó con la participación de fuerzas vivas de la zona, jóvenes estudiantes y representantes de los medios de comunicación, que como ya es una tradición, participan de esta importante actividad que ya es replicada  internacionalmente.

Jóvenes de las comunidades de esta zona del Golfo de Fonseca participaron activamente en la liberación de las iguanas.

Este Centro Biológico fue fundado por Miguel Facussé en 1996, con el propósito de criar y reproducir iguanas, durante un año en el que reciben son cuidados y alimentación para ser reinsertadas al ecosistema y evitar su amenaza de peligro de extinción, por la destrucción de su hábitat y comercio ilegal.

Con estas 1,000 iguanas, se llegó a la liberación de más de 14,000 iguanas en la zona de Zacate Grande desde 1996, año en el que iniciaron los Centros de Conservación de Vida Silvestre, que actualmente suman cuatro a nivel nacional, con lo que Miguel Facussé contribuye a la reforestación y regeneración del ecosistema, al fomentar este tipo de actividades que involucra la participación de las comunidades y fuerzas vivas, que son parte activa de los diversos proyectos ambientales, educativos , de salud y desarrollo comunitario que Dinant lleva a cabo.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/12/20/dinant-libera-centenares-de-iguanas-en-zacate-grande/

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Honduras: Una estela de injusticia social e impunidad cubre el Valle de El Aguán

miércoles, 17 de diciembre de 2014

Tocoa, Colón.

En los últimos años las comunidades campesinas del Aguán han sido sometidas a una escalada de muerte, criminalización y persecución, es por ello que el movimiento social demanda la desmilitarización de la zona, el enjuiciamiento de los responsables de más de un centenar de muertes y el cese de la persecución contra los defensores y defensoras de derechos humanos que ejercen su labor en la zona.
La Ley de Modernización del Sector Agrícola aprobada durante la administración del ex presidente Rafael Leonardo Callejas en 1992, frenó el proceso de reforma agraria impulsado a finales de la década de los años setenta.

Esta ley permitió a los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales apoderarse de grandes extensiones de tierra, concentrando las actividades agrícolas en el cultivo de la palma africana, dejando en condiciones precarias de subsistencia a centenares de familias campesinas.
Es así que la lucha por la recuperación de las tierras ha representado para el movimiento campesino una serie de ataques generadores por el poder económico que actúa bajo la protección de las estructuras del Estado.

“A nosotros como líderes del movimiento campesino, nos están criminalizando, estamos siendo perseguidos, a unos nos tienen con medidas sustitutivas a la prisión”, señaló Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, integrada por 18 movimientos campesinos.

Unos 3 mil 300 campesinos y 700 campesinas enfrentan procesos judiciales acusados de usurpación de tierras, robo de fruta y manifestaciones ilícitas, entre otros delitos. La lucha campesina ha recibido como respuesta a su lucha, persecución, represión, amenazas, muerte y desapariciones.

Desde diciembre de 2009, durante casi toda la administración del ex presidente Porfirio Lobo Sosa (señalado como continuador del golpe de Estado) y en el actual gobierno, han sido frecuentes los desalojos violentos con graves consecuencias para las comunidades campesinas.

Los reportes registrados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) incluyen denuncias en las que guardias de seguridad privados al servicio de terratenientes, son señalados como responsables de amenazas, intimidaciones, raptos, torturas, desapariciones  y asesinatos en contra de campesinos.

Un caso emblemático fue el que se produjo el 15 de noviembre de 2010, cuando guardias de seguridad que trabajaban para el terrateniente Miguel Facussé asesinaron a 5 campesinos en la finca de palma africana conocida como Tumbador, jurisdicción de Trujillo, Colón

El COFADEH apuntó que las consecuencias de estos hechos han derivado en situaciones precarias para las familias de los campesinos afectados, cuando las viudas perdieron la fuente de ingresos que proporcionaban sus compañeros de hogar y en el presente afrontan grandes dificultades para alimentar y educar a sus hijos e hijas.

Sobre estas acciones, Jaime Cabrera denunció que muchos desalojos han sido violentos, en donde ha habido compañeros heridos, incluso en sus propias comunidades, y tenemos temor porque ellos disparan y lo más grave que está permitiendo el ejército, es prestar el uniforme militar de Xatruch III, a los guardias de seguridad de Corporación Dinant, nosotros tenemos las pruebas”, dijo el dirigente.

El 2 de julio de 2012, familiares del campesino independiente de la comunidad Panamá, Gregorio Chávez denunciaron ante el COFADEH la desaparición de su pariente, que días después, el 6 de julio, fue encontrado semi-enterrado en la finca Paso Aguán, propiedad vigilada por guardias de seguridad privados del terrateniente Miguel Facussé.

Personeros de la Corporación Dinant desmintieron en aquella oportunidad, la participación de guardias de seguridad de esta empresa en la muerte del campesino.

Ese mismo año de 2012, vecinos de la comunidad Panamá reportaron el hallazgo del que se suponía era Jose Antonio López Lara (47) campesino perteneciente a la comunidad de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón y reportado como desaparecido.

El cuerpo de López Lara fue exhumado gracias a las gestiones del COFADEH que logró la participación de expertos forenses de Guatemala, quienes bajo la autorización de las autoridades judiciales hondureñas, efectuaron la exhumación del cadáver el 25 de abril de 2013. Los familiares identificaron a su familiar desaparecido y posteriormente asesinado.

Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán

En aquella oportunidad uno de los forenses comentó a defensoresenlinea.com lo siguiente:..” La osamenta humana presenta una considerable fractura de la zona parietal y occipital del cráneo en la zona izquierda, otra fractura a la altura del pómulo izquierdo y en la mandíbula. A simple vista se  observa que podrían existir  más fracturas en otras partes de la estructura ósea, lo que hace suponer que fue sometido a torturas y a graves heridas infringidas por sus victimarios…”.

El vocero de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, Yoni Rivas, señaló que hay muchos hechos que pueden relatarse, por ejemplo lo que ocurrió el pasado 3 de julio de 2014, en la comunidad Panamá, en la que dos jóvenes resultaron heridos de bala cuando la policía atacó la comunidad; lo que hace evidente la participación de estos agentes de las fuerzas de seguridad en contra de una sociedad civil que únicamente lucha por sus derechos.

“Se pudo ver cómo un policía desenfundó su arma 9 mm y disparó a sangre fría contra dos jóvenes que quedaron heridos y tendidos en el suelo”, expresó el dirigente.

El 13 de febrero de 2014 el director de Human Rigths Watch (HRW), José Miguel Vivanco  al término de su visita a Honduras expresó en su  informe titulado “Aquí no hay investigaciones”, que la conclusión es devastadora, no hay nadie que haya sido condenado por los homicidios cometidos, torturas, detenciones ilegales y al menos 3 desapariciones de personas.

Días más tarde, el 27 de febrero  y debido a la presión ejercida por los Estados Unidos, el fiscal general Oscar Chinchilla anunciaba la designación de una unidad especial conformada por policías, militares y fiscales con el mandato de investigar, esclarecer y llevar ante la justicia a los responsables de más de 125 muertes violentas, acontecidas en los últimos años por la disputa de tierras en el Bajo Aguán.

De esta unidad lo único que se sabe es que practicó una serie de exhumaciones en el Aguán, pero no ha librado requerimientos fiscales hasta la fecha, en contra de los responsables de las muertes violentas en el Aguán.

Un informe  presentado en marzo de este año por el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA) detalló que a raíz del conflicto agrario, durante  el período comprendido entre 2008 a 2013 se registraron 123 muertes violentas y 6 desapariciones forzadas. La cifra aumentó a 125 de acuerdo con reportes recientes.

Esly Banegas dirigenta de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA)

Han perdido la vida 90 campesinos, un militar, un policía, 14 guardias de seguridad, 7 terratenientes y 15 personas  pertenecientes al grupo de apoderados legales y víctimas colaterales o indirectas, señaló el informe.

¿A quién favorece la militarización en el Aguán?

El conflicto del Aguán no solo ha generado la atención de los medios alternativos independientes, sino también de organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, que han mostrado preocupación en torno a la militarización de la zona.

Es condenable la remilitarización en el Bajo Aguán desde el golpe de Estado y después de abril de 2010, y que de acuerdo con información expresada por algunos diputados como Wilfredo Paz, esto tiene un costo arriba de los 3 mil 600 millones de lempiras, expresó el vocero de la Plataforma Agraria Regional del valle del Aguán, Yoni Rivas.

Rivas dijo “el conflicto agrario únicamente se hubiese solucionado con mil millones de lempiras, entonces desde ahí podemos ver que es un fracaso total el sistema de militarización”.

El dirigente agregó que en los hechos violentos, se ha podido ver que durante los años anteriores, “no habíamos tenido los niveles de crímenes y de hechos violentos que se han dado desde el 2009 a la fecha, podemos ver que la solución aquí no es remilitarizar la sociedad, sino cómo crear políticas públicas para que el sector campesino pueda tener acceso a la tierra, que lo exige y lo demanda en forma democrática, con propuestas y con diálogo”.

En mayo de 2013, el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y Africa (IEPALA) y el COFADEH hicieron posible la visita de una misión parlamentaria de España que se entrevistó con autoridades de gobierno y sobre todo con las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En un apartado de su informe, la misión conformada por diputados y senadores de influyentes fuerzas políticas del parlamento español,  dijo que recibió denuncias sobre la constante asunción de competencias propias de instituciones civiles por parte de las Fuerzas Armadas (FFAA)  y apuntó que”la excesiva asunción de funciones propias del poder civil facilita la militarización de la sociedad y favorece el desarrollo de una cultura de violencia”.

Esly Banegas máxima dirigenta de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), apuntó que la militarización no ha resuelto la problemática que ha pretendido solucionar y de hecho todo ese proceso que la militarización ha venido desarrollando desde abril de 2010, más bien ha traído mayor criminalización.

Marta Arnold coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OBPDHA)

“Se ha profundizado por ejemplo el asesinato de campesinos y campesinas y encontramos que hasta la fecha son más de 125 asesinatos registrados por las diferentes organizaciones, significa que la militarización no es la solución a la situación de crisis que vive el Aguán”, aseguró Banegas.

Lo único que hay es un decreto de desarme pero que solo está dirigido hacia pequeños productores, campesinos y al pueblo en general, no así a las grandes empresas y otras grandes compañías de seguridad que existen en la zona, explicó la dirigenta sindical.

Consultada respecto a quién favorece la militarización, Esly Banegas dijo sin titubear que “en el Aguán favorece a los grandes terratenientes, a los grandes agroexportadores”.

Banegas indicó que los diferentes gobiernos han aprobado leyes que permiten a éstos agroindustriales apropiarse de grandes extensiones agrícolas, que representan las mejores tierras del valle del Aguán, “y la mayor parte están acaparadas por 3 terratenientes (Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales), unos cuantos políticos y otros que se mencionan supuestamente vinculados a acciones ilícitas”.

“El Aguán requiere de mucha voluntad política para resolver la problemática, se requiere que se diga la verdad, que se respeten los derechos humanos, que se respete la vida y que se respeten los bienes naturales que pertenecen al pueblo, que se resuelva la impunidad que día a día campea aquí en el Aguán y que se aplique una verdadera justicia, para que haya paz en la zona que tanto quiere este país”.

Mientras la comunidad internacional mantiene bajo observación la situación del Aguán, en Honduras los medios tradicionales de prensa (salvo algunas pocas excepciones y medios alternativos) replegados desde antaño a los grupos de poder, se han prestado para deslegitimar la lucha campesina por la recuperación de tierras. A los trabajadores y trabajadoras del campo se les ha tildado de invasores, ladrones de fruta, sediciosos, guerrilleros y hasta de terroristas.

Defender los derechos humanos en el Aguán implica una actividad de alto riesgo

El caso del Aguán ha trascendido  las fronteras y  la cooperación internacional ha destinado apoyo (aunque no suficiente) para que organismos de derechos humanos como el COFADEH, FIAN-Honduras y Fundación San Alonso Rodríguez, entre otras, mantengan un monitoreo constante de la situación en la zona y se capacite a los defensores y defensoras de derechos humanos que realizan un trabajo considerado de alto riesgo.

Yoni Rivas vocero de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán

Sobre este tema el vocero de la Plataforma Agraria Regional Yoni Rivas aseguró que “aquí hay una permanente persecución hacia los defensores, hacia los que nos dedicamos a defender nuestros derechos, hay asesinatos permanentes, el más reciente ha sido el de un ex presidente de MUCA, el compañero Juan López asesinado el 11 de noviembre en la comunidad de Rigores”.

De esa descalificación y criminalización de la que hablamos en este reportaje, no se escapan los defensores y defensoras de derechos humanos, a quienes operadores de justicia, policías y militares intimidan, maltratan, ofenden, demandan acreditaciones y personerías jurídicas, ignorando que la Declaración Sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos aprobada por Naciones Unidas en 1998, no establece estas rigurosidades.

Irma Lemus de la Red de defensoras y defensores de derechos humanos del COFADEH y subcoordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA) ha vivido en carne propia la criminalización y descalificación que el propio estado ha hecho  de su trabajo de defensoría.

Lemus fue acusada ante los tribunales de justicia del municipio de Trujillo, de usurpación de tierras, daños y perjuicios, hurto de ganado y extorsión.

“Esto viene por el acompañamiento que como defensora estaba brindando en ese momento a la empresa campesina Fuerzas Unidas, de ahí se me viene acusando de esos delitos y también por el hecho de ser campesina”, dijo a defensoresenlinea.com la defensora de derechos humanos.

Añadió que nadie desconoce que los miembros del Observatorio de Derechos Humanos del Aguán (OBPDHA) somos campesinas que nos hemos formado en la rama de la defensoría para defender nuestros derechos y las de los otros compañeros.

“Vemos la criminalización de las luchas sociales de defensoría de derechos humanos, la lucha de los campesinos y campesinas y todos los que luchan como las organizaciones populares, enfrentamos esta criminalización que no solo se da por militares, policías, sino también por los jueces y fiscales”.

El pasado 10 diciembre, fecha en la que se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos, el juez de Trujillo, Fredy Cerén Caballero en vista que la Fiscalía no sustentó pruebas suficientes para reforzar las acusaciones en contra de la defensora, dictó sobreseimiento definitivo en la causa procesal.

Irma Lemus de la Red de defensoras y defensores de derechos humanos del COFADEH

“Este gobierno se ha dedicado a través de sus instituciones a criminalizar, el poder judicial está totalmente evidenciado e identificado en la protección de los intereses de los grandes capitales, aquí los procesos judiciales en contra de los compañeros acusados de usurpación de tierras es una cifra que cada vez más se eleva”, apuntó Yoni Rivas vocero de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán.

La Fundación Internacional para la Protección de los Defensores y Defensoras de Derechos Frontline Defenders con sede en Irlanda, instó recientemente al Gobierno de Honduras para que se ponga fin a todas formas de difamación e intimidación contra los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil de parte de funcionarios públicos, incluyendo los miembros de las fuerzas armadas.

Frontline Defenders solicitó  que se asegure que todos los defensores de derechos humanos en Honduras puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de los derechos humanos sin miedo a represalias y libres de restricciones, incluyendo el hostigamiento judicial.

Entretanto Marta Arnold quien se desempeña como coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OBPDHA) comentó que las defensoras y defensores se enfrentan a persecución, intimidación de parte de las autoridades gubernamentales y amenazas.

Para el caso, Arnold se quejó del trato que reciben de parte del comandante de la Fuerza de Tarea Xatruch III, coronel Jovel Martínez, quien nos dice que “nosotros no somos nadie, que somos los mismos pícaros campesinos y que no tenemos personería jurídica”.

“Este señor usa estas frases para intimidarnos, para hacernos sentir mal frente a sus subalternos y ante los jueces que andan ejecutando los desalojos e incluso nos falta al respeto, al decir que nosotros no somos nadie, cuando un defensor es un defensor en todo lugar”, sostuvo Arnold.

Otro obstáculo que enfrentan los defensores y defensoras es que se les niega información  como en las oficinas de Xatruch III, coartando esta libertad constitucional y el derecho a ejercer libremente la tarea de defensoría.

A pesar que los jueces y fiscales en su mayoría, sí reconocen la labor que ejercen los defensores y defensoras de derechos humanos en el Aguán, Marta Arnold señaló que al final se inclinan por las personas que tienen más poder, incluso algunos fiscales nos han dicho: nosotros sabemos que ustedes tienen la razón, pero al final el juez es el que determina sus casos”.

Otros defensores de derechos humanos han pagado con su vida la labor de defender el derecho a la tierra de los campesinos y campesinas. Este fue el caso del abogado Antonio Trejo Cabrera quien el 22 de  septiembre de 2012 fue asesinado por sicarios en Tegucigalpa.

Antes de su muerte Antonio Trejo Cabrera denunció ante los medios de comunicación las constantes amenazas a muerte de que era objeto y culpó de las amenazas a los agroindustriales Miguel Facussé y René Morales.

La Declaración sobre los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos aprobada en 1998 por la Organización de Naciones Unidas (ONU) señala en su artículo 1 que “toda persona tiene derecho individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

El artículo 2 establece  que los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a sus jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos estos derechos y libertades.

Actualmente se encuentra estancada en la Cámara Legislativa la Ley de protección para defensores, defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, argumentado falta de presupuesto.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3370:-una-estela-de-injusticia-social-e-impunidad-cubre-el-valle-de-el-aguan&catid=71:def&Itemid=166

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Palm Oil and Extreme Violence in Honduras: The Inexorable Rise and Dubious Reform of Grupo Dinant

Monday, 08 December 2014 11:11 By Jeff Conant, Truthout | News Analysis

2014.12.8.PalmOil.mainA Corporation Dinant worker repairs an irrigation system for oil palms in the Bajo Aguan region of Honduras’ northern coast, August 26, 2011. The violence over land titles in Bajo Aguan is the most volatile example of the social divide that burst into view a few years ago. (Photo: Edgard Garrido Carrera / The New York Times)

As one of the fastest growing global commodities, palm oil has recently earned a reputation as a major contributor to tropical deforestation and, therefore, to climate change as well.

About 50 million metric tons of palm oil is produced per year – more than double the amount produced a decade ago – and this growth appears likely to continue for the foreseeable future. Because oil palm trees, native to West Africa, require the same conditions as tropical rainforests, nearly every drop of palm oil that hits the global market comes at the expense of natural forests that have been, or will be, burned, bulldozed and replaced with plantations.

Owned by Miguel Facussé, one of the wealthiest men in Honduras, (Grupo) Dinant has been associated with the killings of over 100 peasant farmers,

With deforestation garnering headlines due to forests’ crucial role in regulating the climate, global commodity producers, from Nestle and Unilever in Europe, to Cargill in the United States to Wilmar International in Indonesia, are recognizing the need to provide products that are “deforestation-free.” Other corporate-led initiatives like the public-private Tropical Forest Alliance that promises to reduce the deforestation associated with palm oil, soy, beef, paper and pulp, and the recent New York Declaration on Forests signed at the UN Climate Summit in New York, suggest that saving the world’s forests is now squarely on the corporate sustainability agenda.

To see more stories like this, visit “Planet or Profit?”

But what is being left behind is the other significant impact of palm oil and other agro-industrial commodities – namely human rights. Commitments to protect forests and conservation areas can, if well implemented, address environmental concerns by delimiting the areas of land available for conversion to palm oil. But natural resource exploitation is inextricably linked to human exploitation, and such commitments do little to address this.

A case in point is Grupo Dinant, a Honduran palm oil company that declared last month that it has been awarded international environmental certifications for its achievements in environmental management and occupational health and safety. Dinant has also been making overtures toward joining the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), including hosting the RSPO’s 4th Latin American conference in Honduras in 2013. But, Dinant, which produces about 60 percent of the palm oil in Honduras, is at the center of what has been called “the most serious situation in terms of violence against peasants in Central America in the last 15 years.”

Owned by Miguel Facussé, one of the wealthiest men in Honduras, Dinant has been associated with the killings of over 100 peasant farmers, and appears to be involved in a virtual terror campaign to ensure control of a large swath of land in the Lower Aguan Valley near the Caribbean coast of Honduras.

While credible human rights groups like Human Rights Watch denounce the killings and note that “virtually none of the crimes are properly investigated, let alone solved,” Dinant continues to enjoy financing from the World Bank’s International Finance Corporation, support from the United Nations Clean Development Mechanism, and brand relationships with multinational consumer goods companies such as Mazola Oils.

The Aguán Valley and the Introduction of Palm Oil

The Bajo Aguán Valley, one of the most fertile regions in Honduras, has long been a center of agrarian conflict. In her book Grabbing Power: The New Struggles for Land, Food and Democracy in Northern Honduras, researcher Tanya Kerssen reaches back to the 1950s to show how a struggle between farmers’ associations and multinationals Standard Fruit and United Fruit Company set the scene for the land concentration that reigns today. Decades of peasant struggle led to a brief period in the 1970s when the government distributed land to smallholder farmers from other parts of the country, who then formed cooperatives to bring crops to market. The embattled region became briefly known as the “capital of land reform” – but these reforms have long since been rolled back, in part due to the country’s need to pay back its foreign debt.

In a few years in the early ’90s, more than three quarters of the land in the Aguan Valley was re-concentrated into the hands of a few Honduran oligarchs.

In the 1980s, a combination of loans from the InterAmerican Development Bank (IDB) and bilateral aid allowed the Honduran government to construct a road network in the Aguan, as well as three palm oil processing plants and a modern port. Hoping to pay down its large debts to the IDB, the state-controlled mills bought palm from peasant cooperatives at rock-bottom prices, in return promising peasants eventual control over the processing plants. In the early ’90s, an “agrarian modernization law” was passed with support from the World Bank and the US Agency for International Development that again stimulated large land purchases and made the Aguan Valley the national poster child for re-concentration of land.

Land Re-concentration, Rise of Grupo Dinant

Over the next several decades, cooperatives and smallholders were coerced into selling their land to powerful landlords, often through intimidation and manipulation, from bribes of peasant leaders to threats and outright violence – tactics that continue to reign in the region to this day. Peasant farmers in the Aguan again found themselves as day laborers on large plantations, working hard for little pay. In a few years in the early ’90s, more than three-quarters of the land in the Aguan Valley was re-concentrated into the hands of a few Honduran oligarchs. One of these landlords was Miguel Facussé.

Human Rights Watch confirms that government security forces themselves have committed human rights violations including arbitrary detentions and torture.

Among the wealthiest men in Honduras – and now the richest – Facussé established a series of food commodity businesses, culminating in 2005 with Grupo Dinant. Dinant produces cooking oil, snacks, and other food products, as well as biofuels. To do this, the company took a $30 million loan from the World Bank’s International Finance Corporation and a $7 million loan from the InterAmerican Investment Corporation (IIC). Trade liberalization also enriched Facussé: Both Unilever and Proctor & Gamble gained important footholds in Central America by acquiring distribution networks and brands owned by Facussé. The profits and the status conferred on Dinant through such purchases enabled more land purchases in the Aguan Valley, furthering the concentration of land.

In 2001, farmers in the region organized as the Unified Peasants Movement of the Aguán Valley (MUCA), with the aim of reclaiming their land rights through the courts. With legal routes exhausted, in 2006 they began land occupations. In June 2009, they occupied one of the palm oil processing plants of Exportadora del Atlántico, part of Grupo Dinant, provoking then-President Manuel Zelaya to promise to investigate the land rights issue. However, Zelaya was removed in a coup later that month.

The Killing Years

While violence had long been present in the region, the months following the coup saw a dramatic increase in killings. As of October 2010, a year after the coup, 36 small-scale farmers had been killed. None of these cases were resolved or brought to court, but as a result of the escalating violence and murders, the government militarized the area. During this time, Dinant became implicated in the murder of dozens of peasants.

In 2011, FIAN, an international NGO working for food rights, produced a report on human rights violations in Bajo Aguán, documenting “evidence of the involvement of private security forces hired by Dinant and other companies owned by Miguel Facussé in human rights abuses and, in particular, in the murder of peasants in Bajo Aguán.”

The government was eventually forced to convene both MUCA and the company to negotiate a deal in June 2011. The government agreed to distribute some 30,000 acres to the farmers, including 12,000 acres where oil palm has been planted by Exportadora del Atlántico – not by giving the land back, but by selling it at market prices. The company agreed to the proposal, but later announced it wanted to renegotiate it. In protest, other peasant groups began land occupations, exposing themselves to violent evictions by state security forces.

A 2012 public hearing on the human rights situation in the peasant communities of the lower Aguán concluded that the agrarian conflict there is the “most serious situation in terms of violence against peasants in Central America in the last 15 years.” By April 2013, at least 89 peasant farmers had been killed in the Aguan Valley.

Killings have continued with complete impunity, the region around the plantations has been heavily militarized, and long-standing peasant communities have been violently evicted.

Precise numbers are difficult to verify however; to quote Human Rights Watch, “Honduras is notorious for ineffective investigations.” Former Attorney General Luis Alberto Rubi told the Honduran congress in 2013 that 80 percent of homicides go unpunished; of 73 killings recognized by the government to be linked to land conflicts, seven have been brought to trial, and none has resulted in conviction. Human Rights Watch affirms that government security forces themselves have committed human rights violations including arbitrary detentions and torture.

The Role of International Financiers

In 2008, the International Finance Corporation (IFC) of the World Bank approved a $30 million loan to Dinant, to be delivered in two tranches of $15 million each. When the June 2009 military coup ousted the democratically elected president and violence in the Aguán Valley escalated, the IFC put disbursement on hold, but the first tranche was eventually distributed.

In its assessment of the potential concerns under IFC’s Policy on Social and Environmental Sustainability, the IFC noted that “a limited number of specific environmental and social impacts may result which can be avoided or mitigated by adhering to generally recognized performance standards, guidelines, design criteria, local regulations and industry certification schemes. Land acquisition is on a willing buyer-willing seller basis, and there is no involuntary displacement of any people.”

This proved to be far from the case, as the IFC could have easily foreseen.

The Inter-American Development Bank approved a loan for $7 million in June 2009, but never signed the agreement with the company and never paid anything out. A spokesman for the IADB said at that time, “In the case of Dinant, there was a significant shift in a number of matters surrounding the project that led us to reconsider. The political turmoil Honduras experienced in 2009 was one of the aspects affecting this decision. Other considerations included . . . a controversy over real estate ownership.”

Following the coup, Dinant became implicated in the murder of dozens of peasants. Killings have continued with complete impunity, the region around the plantations has been heavily militarized, and long-standing peasant communities have been violently evicted.

When FIAN’s 2011 report was brought to the German development bank DEG, the bank confirmed FIAN’s findings and canceled a $20 million loan to Dinant, “with a view to the evolving agrarian conflict in the Bajo Aguán region.” French company EDF Trading also cancelled a contract to buy carbon credits from Dinant, indicating that it was “taking the situation in Honduras very seriously.”

Private security guards outnumber police in Honduras by a ratio of 5 to 1.

By contrast, the World Bank’s International Finance Corporation has been stubbornly defensive about its $30 million relationship with Dinant. IFC claimed in 2008 that: “Dinant understands the importance of having good relationships with their neighboring communities and are quite proactive in this regard.”

In April, 2010, the IFC requested that Dinant hire an international security consultant to assess its security program and to provide training for the company’s security forces. The IFC said that the consultant would “work with Dinant to develop a Corporate Security Policy and Code of Ethics based on the UN Voluntary Principles for Business and Human Rights.”

Given the impunity that reigns in the region, reform of Dinant’s security force would prove to be a challenge. Human Rights Watch investigated 29 killings in the Aguan Valley and reports that 13 of the 29 killings, and one disappearance, suggest the possible involvement of private guards. The same report notes that Honduras has more than 700 registered private security firms, and numerous unregistered firms; the UN working group on the use of mercenaries reports that private security guards outnumber police in Honduras by a ratio of 5 to 1.

In December of 2013, an independent audit by the CAO Ombudsman of the IFC, a semi-independent body charged with overseeing the environmental and social safeguards applied to IFC loans, issued a stinging critique of the IFC for having failed to follow its own requirements.

“According to civil society source,” the CAO investigation states, “there were at least 102 killings of people affiliated with the peasant movement in the Bajo Aguán between January 2010 and May 2013, with specific allegations being made linking 40 of these to Dinant properties, Dinant security guards or its third-party security contractor. Allegations in relation to the killing of at least nine Dinant security personnel by affiliates of the peasant movement have also been made.”

A lucrative agro-industrial crop like palm oil, in a context of entrenched corruption and an authoritarian regime, lends itself to land grabbing and agrarian violence.

Still, the IFC rejected several of the CAO findings. Despite a list of demands sent to the World Bank by 70  civil society groups, the World Bank has yet to withdraw funding from the project. Instead, the IFC put in place an “enhanced action plan,” which requires Dinant to adopt voluntary security protocols and to “engage stakeholders” in order “to better understand the issues currently impacting communities and to bring strategic focus and overall coordination to Dinant’s existing corporate social responsibility programs, such as funding for school teachers, clinics, and conservation programs.” Nothing in the plan considers turning over land to local communities, and there is no mention of sanctions, or loan withdrawal for failure to comply.

The problem is not the crop, but the agro-industrial model; decades ago with Standard Fruit, Honduras was the archetype of the banana republic; today with Dinant it’s an oil palm republic.

The IFC’s refusal to disengage is especially troubling in light of the World Bank’s recent safeguards review, which seeks to weaken the bank’s environmental and social safeguards and to shift responsibility toward borrowing governments themselves. In October, 2014, over 100 civil society groups denounced the World Bank’s efforts, but no concrete response has been forthcoming.

Flex Crops and Consumer Campaigns

The rise of Corporacion Dinant as a leading palm oil producer in Central America is inseparable from its history as part of a long, violent and ongoing backlash against agrarian reform in Honduras. But it is also indicative of the ways in which a lucrative agro-industrial crop like palm oil, in a context of entrenched corruption and an authoritarian regime, lends itself to land grabbing and agrarian violence.

Anecdotal sources suggest that most of Dinant’s palm oil is exported to Mexico, where it is bought by Grupo Bimbo . . . largely responsible for a vast increase in Mexican consumption of palm oil in junk foods.

Palm oil production relies on cheap labor and large expanses of land to turn a profit. In order to be economically viable, nearly 10,000 acres of land are required to feed a single palm oil mill. But the economy of scale that palm oil demands to reap a profit is generally true across commodities – while palm oil is the particular villain in the case of Grupo Dinant, the problem is not the crop, but the agro-industrial model; decades ago with Standard Fruit, Honduras was the archetype of the banana republic; today with Dinant it’s an oil palm republic. Researchers have recently introduced the term “flex-crops” for crops that can be used for food, feed, fuel or industrial materia, and which lend themselves to land grabbing due to growing demand and the land area required to grow them.

Thanks to years of campaigning by environmental and human rights groups, the palm oil sector is undergoing what may be a sea-change: Palm oil producers and traders like Wilmar International, Golden Agri-Resources, and Unilever are adopting voluntary policies to improve their practices; consumer-facing companies including Colgate-Palmolive, General Mills, Kellogg’s and Procter & Gamble have strengthened their palm oil sourcing policies.

But the pressure to make these companies change comes from consumer companies who fear the brand damage that comes from sourcing palm oil that threatens orangutans and Sumatran tigers, and from financiers who have certain, albeit minimal, standards to uphold.

Anecdotal sources suggest that most of Dinant’s palm oil is exported to Mexico where it is bought by Grupo Bimbo – the commodity food conglomerate largely responsible for a vast increase in Mexican consumption of palm oil in junk foods. A campaign targeting Grupo Bimbo could gain some ground, but given the massive crisis of instability and conflict in Mexico, it seems unlikely. Dinant holds the license to use the Mazola trademark in Central America, but it is unclear whether the North American Mazola brand has any legal ties to Dinant that make it susceptible to consumer pressure.

Dinant is financed largely by a Honduran bank also backed by the IFC, and no US and EU financiers appear to hold shares in the company. As long as the IFC refuses to withdraw its financing and to push the company toward reforms that are unlikely to address the root problem, Dinant will maintain some credibility and will continue to produce some of the world’s bloodiest palm oil.

Fuente: http://www.truth-out.org/news/item/27864-palm-oil-and-extreme-violence-in-honduras-the-inexorable-rise-and-dubious-reform-of-grupo-dinant

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Ex jefe seguridad de Empresa Minerales la Victoria condenado a prisión por violación a Derechos Humanos

martes, 18 de noviembre de 2014

 

Wilfredo Fúnez ex jefe de seguridad de la Empresa Minerales La Victoria, cuyo promotor es Lenir Pérez, yerno del empresario Miguel Facusé; fue condenado hoy martes 18 de noviembre por el Tribunal de Sentencia de Tela, al encontrarse responsable de los delitos de Privación de libertad, allanamiento de morada y coacciones, en contra de dos defensores extranjeros de Derechos Humanos y de las comunidades del Sector Florida, quienes en oposición a la explotación minera de la zona han emprendido una lucha de resistencia territorial por la defensa de sus bienes naturales, hasta declarar libre de minería el Sector Florida, en Tela, Atlántida.

Según Víctor Fernández, coordinador del MADJ, Fúnez aceptó la responsabilidad ante el Tribunal de Sentencia, recibiendo la pena de 3 años por el delito de privación de libertad, 1 año por allanamiento de morada y 3 meses por coacciones, penas que fueron solicitadas por la representación legal de las comunidades afectadas.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, continuará luchando en defensa de los bienes naturales y derechos humanos de las comunidades organizadas, quienes denuncian las múltiples anomalías y corrupción de dichos proyectos extrativistas en el país.

Por la Dignidad, contra la corrupción e impunidad…

Publicado por MADJ en 10:33

Fuente: http://movimientoampliodignidadyjusticia.blogspot.ch/2014/11/ex-jefe-seguridad-de-empresa-minerales.html

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