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In Depth Conversation with Miriam Miranda of OFRANEH about the Garífuna Indigenous People in Honduras 

Origen: In Depth Conversation with Miriam Miranda of OFRANEH about the Garífuna Indigenous People in Honduras 

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Autoridades universitarias rechazan mediación de Miriam Miranda – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) rechazaron este martes la mediación de Miriam Miranda, como facilitadora del diálogo, arguyendo que la líder de los pueblos negros ha tomado una postura a favor de los estudiantes. “Imagínense ustedes el miedo que le tienen a una persona como Miriam […]

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Gobierno pone en peligro de extinción la libertad de expresión y de información en los pueblos indígenas y negros

Tuesday, 09 June 2015 02:16 Written by  PAG Published in Investigacion Read 87 times

 

A partir del golpe de Estado político-militar que en junio de 2009 dejó fuera del poder al presidente constitucional, Manuel Zelaya Rosales, en Honduras se agudizó la crisis que ya venían sufriendo las libertades democráticas,  y entre los derechos que más han sido vulnerados, se encuentra la libertad de expresión y de información que el Estado debe garantizarles a los pueblos indígenas y negros de la nación.

En los últimos seis años estos pueblos originarios fueron víctimas de intimidación, amenazas, persecución, encarcelamientos y asesinatos de líderes comunitarios, entre otros problemas que laceran sus derechos humanos y ancestrales.

Solo en las comunidades lencas agrupadas en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y asentadas en los occidentales departamentos de Intibucá y Lempira, más de una decena de líderes comunitarios han sido asesinados por la defensa del territorio, el bosque, ríos y demás recursos naturales que de acuerdo al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, les corresponden.

A lo anterior también se suman las intimidaciones y amenazas no solo para despojarlos de sus bienes, sino también contra las vidas de comunicadores sociales que manejan la producción y programación de las radios comunitarias. Los dirigentes de las organizaciones que luchan en defensa de los derechos humanos en los pueblos indígenas y negros, también son blanco de los criminales.

 Berta Caceres

Berta Cáceres.

Para Berta Cáceres, Coordinadora del COPINH y Premio Mundial Ambiental Godman 2015 , lo que sucede en Honduras es el reflejo de la marginación histórica y del sistema racista institucionalizado por el Estado con propósitos de anular el derecho a la libertad de expresión a estas comunidades.

“Es un Estado que  no permite expresar su visión, su cultura, su espiritualidad y mantiene a las comunidades constantemente agredidas, discriminadas, manipuladas y como producto de esa colonización histórica no se ha permitido tener el derecho a expresar nuestro pensamiento, planes de vida, lucha, resistencia, insurrección y todo lo que tiene que ver en más de 500 años”, sostuvo la lideza indígena.

Para ella, la situación se agrava cuando se trata de mujeres que reclaman atención en los centros de salud y hospitales,  alcaldías y demás instituciones públicas, donde son  menospreciadas bajo el concepto erróneo, de que el indígena es ignorante, que no tiene cultura y que carece de educación. Indicó, que lo más lamentable es que esa realidad violadora de la libertad de expresión encuentra terreno fértil en las cúpulas religiosas,  medios de comunicación e incluso agencias de cooperación.

“Es una maquinaria, y cuando ese pueblo se expresa de manera fuerte, la respuesta es  la represión”, expresó Cáceres, agregando que como producto de ese odio, las comunidades lencas han tenido que soportar los asesinatos de 10 luchadores sociales. Mencionó  crímenes como los perpetrados contra  Moisés Durón y Maycol Rodríguez, este último, era un adolescente de 15 años, ultimado en la comunidad de Río Blanco, por defender su territorio y la cuenca del Río Gualcarque.

A su corta edad, Maycol, era defensor de la tierra que ilegalmente la Alcaldía de Intibucá le vendió a la empresa Desarrollos Energéticos, S.A (DESA) para la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca,que pretenden instalar en río Gualcarque, violentado el título antiguo del sector, el derecho a la consulta previa y el Convenio 169.

Aparte de los asesinatos, las poblaciones indígenas también soportan un ambiente hostil derivado de las amenazas de muerte, advertencias de encarcelamientos, procesos judiciales y hasta la expulsión en las comunidades de Río Blanco y San Francisco de Opalaca, de los ancianos y ancianas involucradas en la defensa del territorio.

Berta Cáceres explicó, que el pasado 28 de mayo de este año, un contingente conformado por militares, policías y agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, entraron al territorio recuperado en Río Blanco y que cuando los miembros de la comunidad les preguntaron sobre el motivo de la visita, ellos respondieron con amenazas de llevarlos presos.

Pero esa realidad que afecta a las comunidades lencas del occidente del país no es exclusiva de ellos, porque los pueblos garífunas asentados en las costas del caribe hondureño también se ven inquietados en la misma o mayor intensidad por empresas nacionales y extranjeras que apoyadas por los gobernantes, compran hasta la conciencia de algunos líderes que luego se enfrentan con sus mismos coterráneos.

“Estamos en indefensión en los derechos nuestros porque los intereses son demasiado fuertes y estamos expuestos a ser atacados en cualquier momento”,  relata Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que es la federación de base del pueblo garífuna de Honduras, una población caracterizada por su lucha histórica en defensa del territorio y demás recursos naturales de la zona norte.

Miranda

Miriam Miranda.

Dentro de estos territorios la población ha tenido que soportar el secuestro de líderes, detenciones ilegales,  enjuiciamientos y atentados, entre otros problemas derivados de la lucha por la tierra. Miranda mencionó que hace un año ella y varios garífunas más fueron secuestrados en la comunidad de Vallecito, en el departamento de Colón, un territorio ancestral que una supuesta banda del crimen organizado quiere apropiarse.

“Y estamos cerca y somos vecinos de Miguel Facussé, que nos tiene inundados de palma africana y esto ha provocado una resistencia fuerte”,  relata la coordinadora de OFRANEH. Facussé es uno de los tres empresarios palmeros, responsables de la crisis que desde el 2010 se ha mantenido en el Bajo Aguán, provocando la muerte violenta de más de un centenar de campesinos que luchan por recuperar sus tierras.

A juicio de Jessica García, vecina de Nueva Armenia, jurisdicción de Jutiapa, en el departamento de Atlántida, la situación es crítica porque la comunidad seguirá defendiendo sus derechos ancestrales y territorios, pero desde la Alcaldía Municipal los presionan para que las entreguen a empresarios interesados.

“Primero utilizan a un presidente de patronato para hacer un desmembramiento de 150 manzanas de tierra y luego aparecen dueños por todos lados, hemos descubierto que quieren hacer una venta de tierras utilizando a los  mismos hijos del pueblo”, relata Jessica, quien además explica que una situación de esas solo puede ocurrir con aprobación  de la asamblea general.

Expresó que el 08 de mayo recién pasado, fueron intimidados por siete personas fuertemente armadas que llegaron a la comunidad a ordenarles salir de la tierra,  que primero encañonaron a su compañera, Carolina Castillo García, en su área de trabajo. “Le ordenaban que se saliera porque no la querían ver allí y luego se trasladaron con una actitud violenta donde yo estoy trabajando”, dice Jessica.

Informó que estos individuos comentaban entre ellos la cantidad de casas que iban a derribar cada uno, porque según ellos los garífunas están usurpando el territorio.

“Y había uno que me estaba apuntando directamente a mí  con un rifle, -yo no sé de armas, pero yo creo que era AK, ellos son civiles y uno se llama Adonys Sevilla que era el cabecilla, lo acompañaba otro hermano de él, que se llama  Ramón (Moncho) Sevilla y los demás me imagino que eran personas que habían contratado para eso” profundizó la mujer.

Ella dijo que los hombres ya habían llegado en otras ocasiones, que en una sola semana les hicieron dos visitas intimidantes y que en una ocasión además de las armas también llevaban en sus manos granadas o bombas. Detalló que el 08 mayo ocasionaron daños en una manzana de cultivos, además del derribamiento de cuatro  viviendas.

“Moncho me dijo que mejor se retiraban porque no querían matar a ningún garífuna y como yo no me dejo intimidar,  le pregunté que dónde tenía la licencia para matar, porque  también me dijo que ellos compraron allí y que iban a hacer todo para recuperar sus tierras, pero nosotros estamos seguros que le pertenecen al pueblo garífuna” insistió Jessica.

Denunció que personas enviadas por la Alcaldía Municipal  llegan a la comunidad a ofrecerles dinero a los pobladores con el propósito de dividirlos para después enfrentarlos entre ellos.

Radios comunitarias bajo amenaza

Radio Faluma

El COPINH mantiene en su haber cinco radioemisoras comunitarias y varios sitios web instalados para hacerle frente al cerco mediático instaurado por el gobierno y la empresa privada. Sin embargo, estos medios de comunicación y las personas que allí laboran, no se escapan de las amenazas e intimidaciones, a pesar de que el gobierno se vanaglorie ante los organismos internacionales de supuestos  esfuerzos para defender la libertad de expresión.

A pesar de que hasta hoy no se han manifestado hechos concretos en las radioemisoras, la comunidad indígena ha recibido amenazas de incendios contra estos medios de comunicación, mientras que al personal que ahí labora le llega mensajes telefónicos intimidatorios para que abandonen el abordaje de determinado tema.

“Si siguen hablando de eso van a aparecer con la lengua cortada; solo mierdas hablan, dejen de hablar de eso”, es parte de los  mensaje que según Berta Cáceres, han llegado en más de una ocasión a distintos comunicadores sociales,  cuando abordan temas relacionados con la entrega de los ríos y se mencionan a diputados, alcaldes, o simplemente cuando hablan del golpe de estado.

Otra situación que afecta a la comunidad lenca, se deriva del boicot que ha sufrido la señal de las Radio Puca y Opalaca y la Voz Lenca, además de las intervenciones “extrañas” que han afectado sus redes sociales y sitios web.

Con el gobierno anterior firmaron acuerdos para que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)  exonerara estas emisoras del canon anual, pero la institución gubernamental incumple lo pactado y amenaza con multas enormes si no ejecutan los pagos.

A lo anterior se suma que de las cinco radioemisoras solo una se ha logrado ubicar en la frecuencia autorizada.  La coordinadora del Copinh dijo que la frecuencia de la  Voz Lenca la situaron en medio de una radio evangélica y de otra comercial que le impiden salir con claridad. “Y siempre andan jodiendo con el alcance, pero nosotros peleamos que el espectro radiofónico es parte del territorio indígena”, expresó.

Igual situación se presenta con el FM de radio Guarajambala, cuando les han manifestado que está fuera del cuadrante. Sin embargo, no le estorba a nadie y la gente la escucha.  Y  “la de San Francisco, Lempira también la hemos tenido que mover porque nos han puesto con una emisora bien fuerte de El Salvador”, expresó Cáceres.

Además de lo anterior el COPINH debe también enfrentar campañas de odio y discriminación a través de las redes sociales como la página de Facebook creada con el nombre de Copinh Honduras para desprestigiar a la organización y en especial la lucha de Bertha Cáceres, donde se difunden mensajes como “no Más Berta” y “cárcel para Berta Cáceres y sus compañeros de Copinh”. Además de la desinformación de la lucha del pueblo lenca.

Infografia  [click en la imagen]

infografia

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© Infografia realizada por Pasos de Animal Grande.

Radio Taragual

Esta es una emisora comunitaria que desde julio de 2014 ha operado en la comunidad lenca de Taragual, municipio de La Iguala departamento de Lempira. Para el gobierno es ilegal, pero los pobladores  están seguros del derecho que les otorga el Convenio 169.  Electerio Pérez, líder de la comunidad, explicó a Pasos de Animal Grande,  que se vieron obligados a operar libremente, porque la CONATEL les denegó la solicitud para adquirir la frecuencia.

Radio

La  radioemisora fue instalada con la ayuda de toda la comunidad, sobre todo de las mujeres, que para tal propósito en el 2011 se organizaron para realizar actividades económicas,  “haciendo tamales, pan, ticucos, baleadas para recaudar los fondos que sirvieron para las primeras gestiones” dijo Electerio.

Ellos  solicitaron la frecuencia en octubre del 2013 y después de nueve meses CONATEL les notificó la denegación argumentando que en ese lugar no hay espectro radiofónico.

La emisora salió al aire en mayo de 2014 localmente y en octubre de ese mismo año cobró mayor potencia y ahora cubre varios municipios de Santa Bárbara, todo el municipio de La Iguala y parte de Lepaera, Lempira. “Nos informaron que las autoridades nos están investigando  porque  nos ligan con el Frente Nacional de Resistencia Popular y por eso tratan de detenernos”, expresó Electerio, responsabilizando de la situación a activistas y líderes locales del Partido Nacional, incluido, el alcalde Municipal, Mario Orlando Miranda.

Pérez dijo que en el 2011 organizaron la Asociación Indígena para el Desarrollo Comunitario (AIDC) y aunque han gestionado su legalización en la Secretaría del Interior, la personería jurídica sigue siendo un sueño de la comunidad.

¿Y los medios garífunas?

Radio garifuna

Las comunidades garífunas afiliadas a la OFRANEH mantienen en su haber seis radios comunitarias, Faluma Bimetu, Waruguma, Fugua, Lumalali Baja Mar y Lumalali guiriga. “Hemos creado radios comunitarias porque consideramos importante contar con medios de comunicación como lo establece el Convenio 169 de la OIT y en este caso los garífunas tenemos derecho a contar con nuestros propios sistemas de comunicación”, dice Miriam Miranda. Sin embargo, agregó que cuatro de esas emisoras han recibido amenazas de parte de CONATEL:

Entre ellas mencionó la Radio Waruguma ubicada en Trujillo Colón; Faluma Bimetu, del Triunfo de la Cruz; Fugua de Sambo Creek y la radio Punta Piedra, como emisoras  que han sido requeridas por CONATEL para  manifestarles que están violentando el espectro radiofónico y que deben contar con los permisos de operación de las frecuencias, una actitud que para ella es violatoria de los derechos comunales, al considerar que todo apunta a favorecer los intereses de los grandes empresarios de la comunicación.

Miranda dijo que en el departamento de Atlántida quien controla los medios de comunicación es el eterno diputado nacionalista, Rodolfo Irías Navas.

Destacó que la radio en esas comunidades juega un papel importante para informar, sobre el fortalecimiento la de cultura del pueblo garífuna y para la denuncia “y con todos esos requerimientos se evidencia la intención del gobierno en querer cerrar las radios comunitarias” señaló Miranda.

Aseveró que la radio comunitaria educa a la comunidad y defiende los derechos  humanos, una situación que también expone a los comunicadores sociales que se ven amenazados por los empresarios nacionales y extranjeros instalados en la región. Desde enero de 2010 cuando fue incendiada Faluma Bimetu, varios de sus miembros están con medidas cautelares. Esta emisora conocida también como Radio Coco Dulce acompaña el rechazo de la comunidad a la instalación del complejo turístico,  Bahía de Tela.

Entre tanto, el director de Faluma Bimetu y coordinador de la red de las radios comunitarias de OFRANEH, Alfredo López, explicó que  la Radio Waruguma, de Trujillo Colón, enfrenta la amenaza del acaparamiento de las tierras de parte de del empresario canadiense, Randy Roy Jorgensen, conocido en la región, como el Rey del Porno.

Según López, a pesar de que las radioemisoras son de baja potencia, significan un estorbo enorme en las pretensiones  de los empresarios y del gobierno “porque los recursos naturales están en las comunidades y cada vez que se va a expropiar un terreno para una represa, para un complejo hotelero, viene la amenaza”.

Asegura que no se intimidan, pero si le exigen al Estado que cumpla el Convenio 169 que fue ratificado por el Congreso Nacional y que les permite operar sus medios de comunicación  sin censura alguna.

López urgió la necesidad de una Ley que separe las operaciones de las verdaderas radios comunitarias y las que pertenecen a las iglesias y otras organizaciones no gubernamentales.

Recordó que el gobierno  de Porfirio Lobo, tratando de cumplir algunos compromisos asumidos en el Examen Periódico Universal (EPU) de 2010 abrió el debate para la formulación de un proyecto de ley con propósitos de ampliar el espectro radiofónico, pero que el proyecto elaborado quedó sin efecto, porque el mismo Congreso Nacional y los empresarios lo tildaron de Ley Mordaza, para no aprobarlo.

La situación fue aprovechada por unos pocos y a través de CONATEL lograron la adjudicación de unas pocas frecuencias de radio a quienes acondicionaron hasta sus programaciones. Crearon según López la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH) con representantes que nada tienen que ver con el tema.

Él es del criterio que estas personas no manejan emisoras comunitarias, pero asumen el papel de esbirros y “sin estar autorizados hablan por nosotros”, indicó.

La difícil  situación que viven los pueblos indígenas y negros en lo relativo a la libertad de expresión evidencia la continuación del modelo colonizador, la discriminación y la negación de los derechos ancestrales.

Para las autoridades hondureñas la expansión del modelo neoliberal que favorece al gran capital  y la construcción de los proyectos que se proponen los empresarios nacionales y extranjeros es más importante que el derecho a la vida digna de estas comunidades, a pesar que el  Estado es suscriptor de innumerables convenios internacionales que forman parte la normativa jurídica de la Nación. Ante esa situación la dignidad y la lucha son la clave para los pueblos indígenas y negros.

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Bajo hostigamiento del Estado hondureño radios comunitarias garífunas

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Bajo hostigamiento del Estado hondureño radios comunitarias garífunas
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) está hostigando al personal de las radios comunitarias garífunas desde hace unos dos meses, denunció la Coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda.
Miranda habló con C-Libre el 29 de abril. “Estamos enfrentando una persecución por parte de Conatel. Están llegando a unas radios comunitarias, supuestamente a investigar si tienen licencias, frecuencias y otras cosas que les preguntan a los compañeros. Nosotros creemos que pretenden cerrarlas”.
Según Miranda, las emisoras que sufren hostigamiento son: Radio Lamalali Bajama, de Bajamar, en el departamento de Cortés; Radio Sugua, de Sambo Creeck, en La Ceiba; Faluma Bimetú, en Triunfo de la Cruz; ambas en el departamento de Atlántida; Radio Waruguma, de Trujillo; Radio Lumalali Giriga, de Santa Fé; Radio Brisas del mar, en la comunidad de Punta Piedra, de Iriona; Radio Durugubuti  y Radio Wagia, de Limón; todas en el departamento de Colón.
La coordinadora de Ofraneh anunció que están en un proceso de denuncia ante las autoridades internacionales competentes porque esta es una violación a la libre expresión de las comunidades garífunas.
Todo esto, es parte de una política de criminalización de los medios de expresión propios que puedan disentir de lo que está planteándose a nivel oficial, denunció la coordinadora de Ofraneh.
 “Nosotros como comunidad garífuna tenemos todo el derecho, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT, a establecer nuestros propios sistemas de comunicación e información propios, entonces no tenemos porqué sujetarnos y esperar que nos den frecuencias”, planteó.
Además, la operación de las radios está amparada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas. Ambos instrumentos internacionales han sido ratificados por Honduras, señaló Miranda.
De igual forma, de las 8 sentencias contra el país, el único fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que menciona el tema de la libertad de expresión en Honduras  es el que condenó al Estado por violentar los derechos de Alfredo López, coordinador del proceso de Comunicación de Ofraneh, al haberle impedido comunicarse en garífuna mientras estuvo privado de libertad.
La Declaración Conjunta Sobre Diversidad en la Radiodifusión, de 2007-2008, de la Organización de Estados Americanos (OEA), cita que “la radiodifusión comunitaria debe estar expresamente reconocida en la ley como una forma diferenciada de medios de comunicación, debe beneficiarse de procedimientos equitativos y sencillos para la obtención de licencias”, no debe tener que cumplir con requisitos tecnológicos severos  o de otra índole para la obtención de licencias y debe tener acceso a publicidad.
No obstante, el Estado de Honduras, a través de Conatel aprobó un Reglamento de Radios Comunitarias que limita su autonomía y restringe el derecho a comunicar y a expresarse libremente porque prohíbe que sus miembros manifiesten opiniones críticas a las políticas del actual gobierno.  Esta modificación fue hecha por la vía administrativa en el Poder Ejecutivo y provocó que se reformara la Ley Marco del Sector de las Telecomunicaciones aunque en este país de América Central, el encargado de reformar las leyes es el Poder Legislativo./ Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

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Garífunas inmersos en un proceso de destierro, migración y resistencia

Abr 10, 2015

Desde 1797 los garinagu o garífunas vienen luchando por el  desarrollo de Honduras, tierra que en ese momento a nadie le importaba; sin embargo a 218 años de su llegada, este pueblo está inmerso  en una nueva fase despojo y destierro que pone en riesgo su sobrevivencia como cultura diferenciada.

La historia garífuna es dramática, está marcada de persecución y etnocidio. A lo largo de la historia han tenido que cambiar y adaptarse a las circunstancias sociales, económico-político de los países en que han estado como pueblo, sin embargo han logrado mantener su identidad y su cultura ancestral.

“Como pueblo garífuna  nos enfrentamos a un tercer destierro, esto significa desaparecer de nuestras comunidades. El primer destierro fue de África a San Vicente, luego fuimos desterrados a Honduras, y hoy aquí en nuestra propia tierra cada vez hay menos espacio para nosotros”.

Lo anterior lo indicó Mirian Miranda,  de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) quien además aseguró que de las  50 comunidades  garífunas existentes  ya han sido desplazadas tres: Miami,  Vieja Armenia en Atlántida y  Puerto Castilla, en Trujillo, Colón.

Argumentó  que este nuevo  despojo se impulsa desde el narcotráfico,  monocultivos de palma africana,  proyectos mineros, complejos turísticos, ciudades modelo y proyectos urbanísticos impulsados por el gobierno nacional y empresas transnacionales.

“Para implementar dichos proyectos  necesitan de nuestras tierras,  y es entonces donde se implementa el disfrazado proceso para sacarlos de las márgenes en las que hemos estado históricamente confinados”, indicó el dirigente garífuna Nahúm Lalín.

Pero  en los asentamientos donde habitan más de 250 mil garífunas ubicados en  los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía, resaltan los colores  y  suenan los  tambores  de la resistencia de hombres y mujeres quienes se aferran a lo que ancestralmente les pertenece.

Sin embargo lo más dañino está por venir. “Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (Zedes) conocidas como ciudades modelo,  proyecto que bajo el pretexto de sacar al pueblo hondureño de la pobreza, pretende despojar a nuestros hermanos y hermanas garífunas de sus zonas”, manifestó Mirian Miranda.

De acuerdo a señalamientos oficiales, una  ciudad modelo se encontraría ubicada entre la Bahía de Trujillo y la desembocadura del Río Sico, siendo este territorio ocupado por 20 comunidades garífunas, que además es calificado el sector como el último santuario cultural este  pueblo.

“El pueblo garífuna es de los más amenazados con las ciudades modelos, perderán  sus derechos territoriales ancestrales, perderán sus propias características de vivir y de compartir las tierras, ya este tipo de ciudades serán autóctonas pues tendrán sus propias leyes y gobiernos”, indicó el analista hondureño Tomás Andino.

Ante la falta de oportunidades, el despojo y el destierro, el pueblo garífuna está huyendo de sus comunidades y su mayor destino es la migración a los Estados Unidos,  donde solo en el Bronx de Nueva York hay entre 75 mil y 90 mil garífunas.

“En  Corozal, La Ceiba, Atlántida, el año anterior hicimos un estudio y desde enero a agosto de 2014 se fueron más de 300 personas para Estados Unidos, la mayoría de estas son jóvenes de entre 12 y 30 años”, manifestó  Yilian David, de la organización juvenil garífuna Nanigu.

¿Celebración?

Desde el año 2002, en Honduras abril por decreto se convirtió en el mes de la herencia africana, al mismo tiempo que el Estado de Honduras implementa desde hace décadas, una estrategia de despojo de los remanentes del territorio ancestral del pueblo garífuna.

 

“Sin embargo este mes de la herencia africana, ha servido como una cortina de humo para soterrar el racismo existente en Honduras, donde la pequeña élite de poder nacional, se encuentra conformada en su mayoría por familias descendientes de europeos, sirios, libaneses y algunos judíos quienes arribaron al país en el siglo XX”, de acuerdo a Mirian Miranda.

La cultura garífuna, de origen arawak-caribe, con algunos remanentes de los pueblos de África occidental, fuimos declarados Patrimonio cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO en el año 2002. Sin embargo su idioma se encuentra en peligro de desaparecer ante las políticas de homogeneización cultural aplicadas en las últimas décadas y la casi nula existencia de medios de comunicación en Garífuna.

A pesar del proceso de expulsión, exclusión y discriminación,  el pueblo garífuna se levanta  de forma organizada en la defensa de su tierra y su cultura. “Estamos organizados para recuperar y defender   nuestro territorio y cultura”, indicó  Yilian David

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1976-gar%C3%ADfunas-inmersos-en-un-proceso-de-destierro-migraci%C3%B3n-y-resistencia

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Vallecito: Resistencia y defensa del último santuario garífuna en Honduras

Oct 24, 2014

Entre Limón y Punta Piedra, sector fronterizo con el mar atlántico en el norteño departamento de Colón, se ha constituido una zona de encuentro y resistencia garífuna, desde donde se impulsa la protección de la esencia cultural Garinagu.

Se trata de Vallecito, compuesto por mil 200 manzanas de tierra  propiedad de  6 cooperativas garífunas. En este sector  que forma parte del  corredor  de Trujillo y la Mosquitia, los conflictos son agudos y complejos. Personas vinculadas al crimen organizado,  terratenientes y políticos enlazados entre sí, mantienen el ojo puesto en este territorio ancestral garífuna.

“En medio del ambiente  de terror y muerte se ha agudizado el  conflicto de tierras entre nuestro pueblo  garífuna, y el  oligarca-terrateniente  Miguel Facussé  y la familia del ganadero Reinaldo Villalobos”, indicó Miriam Miranda coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, (Ofraneh), una mujer con una valentía indescriptible.

Explicó que fue en un juicio desarrollado en 1997, cuando los garífunas ratificaron judicialmente  la legalidad de los títulos de la tierra, en contra del acusador Miguel Facussé, quien había sembrado 100 hectáreas de palma africana en el mismo terreno.

“Por su parte Villalobos se apoderó de manera ilegal de más de 70 manzanas del terreno, aunque él y su esposa murieron, su familia todavía tiene vigilada esta tierra con personas fuertemente armadas con metralletas y controlan el acceso a la playa”, explicó la dirigente garífuna quien el mes de julio sufrió un rapto por hombres armados.

Amenazas y atentados

Miranda junto a varios de sus compañeros garífunas fue atacada y raptada por hombres fuertemente armados, que resguardaban la zona donde, integrantes del crimen organizado estaban rehabilitando una pista de aterrizaje clandestina para narco avionetas que operan en el sector.

“La tierra donde está la pista es parte de las tierras tituladas a favor del pueblo garífuna por eso nosotros andábamos realizando una inspección, cuando de repente nos encontramos con esta situación que tenía una clara intencionalidad de desaparecernos, porque habíamos sido testigos de lo que estaba pasando con la pista clandestina”, indicó Miranda.

“Afortunadamente, las personas que habían logrado escapar a la captura y se habían enmontañados pudieron hacer un llamado de alerta y denunciar lo que estaba ocurriendo. Esto valió para que los hombres armados se fueran y pudimos regresar al campamento”, agregó Miranda.

Defensa del territorio ancestral  

Vallecito significa la defensa del último santuario garífuna  y esto se ha convertido en una amenaza para grupos del crimen organizado,  políticos  y terratenientes según nos contó Félix Castillo de la comisión de tierras de la Ofraneh.
Para ellos como pueblo garífuna, según Castillo,  la lucha por el territorio que ancestralmente les pertenece, es de suma importancia, considerándolo como reserva territorial para la seguridad alimentaria y lugar para la construcción de la Universidad Garífuna.

“En junio del año 2010 logramos firmar un acta de compromiso con funcionarios del Instituto Nacional Agrario (INA) para remedir el terreno en Vallecito. Sin embargo las personas que tienen ocupado el terreno negaron la entrada a miembros del INA y del

Ministerio Público, impidiendo así la remedición acordada, sin embargo debido a la nuestras presiones hemos logrado que este año se siga con el proceso de medición”, indicó.

Un campamento de armonía garífuna

En la entrada de las tierras de Vallecito, desde hace varios años han instalado un campamento garífuna donde de vez en cuando  llegan delegaciones de diferentes países para solidarizarse con la lucha del pueblo negro por su tierra ancestral.

En nuestra visita observamos que  el ambiente armonioso del campamento  es interrumpido algunas  noches con ráfagas de ametralladoras que suenan a un aproximado de  kilómetro y medio. Sin embargo los bailes garífunas nocturnos que siguen el canto y el sonido de los tambores contagian el ambiente y obliga a echar de menos el sonido de las balas disparadas por integrantes del crimen organizado.

“En este lugar rodeado de muerte, hoy nosotros los garífunas estamos sembrando vida, cultura y esperanza. La tierra la cultivamos de  manera orgánica, usted puede observar que tenemos huertos familiares para nuestra alimentación”, manifestó Yilian David de la organización juvenil garífuna Nanigu.

Vallecito futura ciudad modelo

Es conocido que Vallecito queda en una de las tres zonas para las futuras ciudades modelo. Las ciudades modelo estarán ubicadas en tres Zonas Especiales de Desarrollo (Zede), dos en el norte y una en el sur del país. Son zonas autónomas con propios gobiernos y legislaciones para fomentar el libre comercio y de esta manera atraer inversiones.

“En la zona de Vallecito existen múltiples recursos naturales que son de alto interés económico: minerales, petróleo, playas hermosas y tierras fértiles, por eso estas tierras son codiciadas por la oligarquía y la clase política hondureña”, manifestó Mirian Miranda de la Ofraneh.

Explicó que en el caso de Vallecito, cuyos habitantes disponen de títulos legales que no justifican desalojos, la estrategia de expulsión es la  ausencia estatal, dejando a las comunidades al libre mando de los terratenientes y sus grupos paramilitares en la zona.

“Lo mismo está pasando en la mayor parte de las comunidades garífunas ubicadas en el atlántico hondureño  donde la paz se ha perdido  a causa de la invasión de los territorios ancestrales     por los proyectos turísticos, la siembra de palma africana y la presencia del crimen organizado”,  indicó el joven dirigente garífuna Nahún Lalín.

“Pareciera que el Estado tiene un proceso de expulsión silenciosa del pueblo garífuna a través de industriales poderosos y programas turísticos que únicamente sirven para vender la cultura garífuna. Sin embargo nosotros estamos bien organizados y conscientes que es la hora de defender los que ancestralmente nos pertenece, de ser posible ofrendaremos nuestras vidas”, concluyó.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1420-zona-de-resistencia-y-defensa-del-%C3%BAltimo-santuario-gar%C3%ADfuna-en-honduras

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Accountability mechanism strongly criticises IFC loan to Honduran bank

13 August 2014

Credit: Adrienne Pine

Credit: Adrienne Pine

A mid-August audit released by the Compliance Advisor Ombudsman (CAO), the accountability mechanism of the International Finance Corporation (IFC), the Bank’s private sector arm has revealed that the IFC failed to adequately address environmental and social risks when it approved a $70 million loan to Ficohsa, Honduras’ largest bank, in 2011.

The CAO found that the IFC excluded serious allegations from its project documents about Ficohsa’s investment in palm oil producer Dinant, the bank’s third biggest client, which made this information “effectively secret and thus divorced from systems which are designed to ensure that IFC, and its clients are accountable to project affected people for delivery on their environmental and social commitments”. A January CAO audit report strongly criticised the IFC for its $30 million loan to Dinant, alleged to have been involved in human rights abuses, including the killing, kidnapping and forced eviction of farmers in the Bajo Aguán region (see Observer Winter 2014).

The CAO audit questioned the IFC’s investment in financial intermediaries finding that “through its banking investments, [it has] an unanalysed and unquantified exposure to projects with potential significant adverse environmental and social impacts” (see Bulletin May 2014).  The case of Ficohsa’s investment in Dinant, along with other controversial cases in India and Cambodia, has seen on-going challenges from civil society. CSOs have called on the IFC to learn lessons, and to rethink its strategy for investment in financial intermediaries to ensure environmental and social risks are addressed and investments lead to positive development outcomes. Over 60% of IFC funding is now channelled through financial intermediaries such as banks and private equity funds.

In response to the CAO audit the IFC defended its investment in Ficohsa and said it was implementing already-announced action plans, which included measures to review clients environmental and social management systems, and increase the number of client visits. The IFC said Ficohsa had recently committed to expand its staff and training on environmental and social risk management. The IFC did acknowledge there had been gaps in how it dealt with Ficohsa, including “a lack of due consideration of the potential environmental and social risks in the bank’s portfolio”.

Civil society organisations called on World Bank Group president Jim Kim to address these scandals and develop an action plan to ensure they do not happen again. In reference to Dinant Miriam Miranda, Coordinator of the Fraternal Organization of Black Hondurans (OFRANEH), said “we call on all multilateral financial institutions to stop providing millions of dollars in loans to corporations that have been accused nationally and internationally of responsibility for serious human rights violations.”

Fuente: http://www.brettonwoodsproject.org/2014/08/accountability-mechanism-strongly-criticises-ifc-loan-honduran-bank/

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Pueblo garífuna sigue en resistencia en Vallecito, Colón

Jul 25, 2014

A pesar del atentado que sufrieron 8 miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), entre ellas su coordinadora, Miriam Miranda, al ser raptadas por 5 horas y amenazadas de muerte, alrededor de 120 personas siguen en el campamento resguardando el territorio perteneciente a 46 comunidades garífunas en Vallecito, Colón.

Félix Valentín de la Ofraneh y quien permanece en resistencia en Vallecito aseguró que ellos no van a doblegarse ante nadie y defenderán su territorio, asimismo denunció a las autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA) de Sinaloa, Colón por estar inmiscuidas en este conflicto.

El sector de Vallecito queda en el municipio de Limón, lugar donde varias comunidades se han desplazado por el narcotráfico que va ganando terreno con la violencia e impunidad con la que opera según el Comisionado de Derechos Humanos de esta zona atlántica, Juan Fraño.

La semana pasada cuando un grupo de garífunas se encontraba en la zona realizando un recorrido por las tierras que les pertenecen luego que INA les entregara el título de más de 1,200 hectáreas, se dio el atentado del cual no hubo mayores pérdidas pero sí encendió la alerta de todo el movimiento en defensa del territorio a nivel nacional.

En esta zona aislada, la disputa de tierras es muy compleja, los actores son desde grupos de empresarios o grupos campesinos hasta grupos criminales,  debido a su ubicación estratégica para el trasiego de drogas.

Solidaridad

Ante la situación de violencia que están viviendo los garífunas en este sector, las organizaciones de la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras se movilizaron a Vallecito, Colón, en solidaridad con la OFRANEH repudiando y denunciando a los actores que atentan contra la vida y el derecho legítimo y jurídico a la tierra, no solamente los empresarios o grupos criminales sino al mismo Estado que con su política entreguista vulnera a los pueblos, según lo exteriorizaron en un comunicado.

También exigieron al Estado de Honduras asumir la responsabilidad de la actividad de narcotráfico en esta zona ya que en marzo se había dinamitado la pista clandestina que narcotraficantes estaban por rehabilitar en el territorio garífuna.

“Exigimos al Estado de Honduras, asumir la responsabilidad y dar respuesta inmediata a un problema que permanentemente OFRANEH ha llevado a diferentes instancias gubernamentales, hasta la fecha sin respuestas”, expresaron en un comunicado.

Por su parte, Valentín sigue denunciando a las autoridades del INA quienes según él han ido a medir tierras para la venta en un territorio ya otorgado. “Hubo una venta de 700 hectáreas sin ubicarlas y ahora quieren entregar nuestro territorio por esa venta”, explicó Valentín quien en medio del peligro sigue denunciando.

El territorio garífuna de Vallecito es una reserva biológica, en el campamento hay personas de Trujillo, Balfate, Colón; pues esta tierra es de 46 comunidades garífunas ubicadas en el atlántico hondureño.

“Exigimos al Estado protección ya que hay reincidencia en violaciones a nuestro derecho a la tierra, se ha ido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por casos de usurpación de tierras como el caso de Triunfo de la Cruz en el que toda la comunidad goza de medidas cautelares”, recordó Vicente.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1211-pueblo-gar%C3%ADfuna-sigue-en-resistencia-en-vallecito-col%C3%B3n

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Honduras: Narcotráfico se apodera de tierras ancestrales garífunas

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Vallecito, Limón (Colón).- El conflicto de tierras en la comunidad de Vallecito, municipio de Limón, departamento de Colón se han vuelto extremadamente tenso, luego que el 17 de julio, la presidenta de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Miriam Miranda y tres miembros más de esa organización sufrieron un rapto durante al menos cuatro horas, por  parte de individuos fuertemente armados con AK47 y R15.
Desconocidos fuertemente armados permanecen en la zona rehabilitando
la narcopista destruída hace unos días por las autoridades hondureñas.
El área, -que comprende cerca de 1,200 hectáreas, – fue titulada por el INA a seis empresas campesinas de producción organizadas desde el año de 2001, sin embargo personas dedicadas a la ganadería y hasta a actividades ilícitas aseguran que esta propiedad les pertenece.
 “La situación se mantiene muy tensa en el interior de esta propiedad, desde que el día jueves  junto a varios miembros de esta organización, realizabamos una inspección por toda la propiedad y al llegar a el área donde hace cinco meses el ejército destruyó una narco pista, varios individuos fuertemente armados que estaban en el lugar  nos encañonaron y amenazaron de muerte si divulgaban lo que estaba ocurriendo en ese momento”, relató Miranda a CONEXIHON.
Explicó que los obligaron a entregar sus teléfonos celulares y los retuvieron durante cerca de cuatro horas interrogándolos sobre quiénes eran y qué andaban haciendo en el lugar. “Al ver que ellos insistían en retenernos, logramos huir por una zona montañosa de la propiedad”, recordó.
Solidaridad
Un día después de la agresión, cerca de 60 miembros de varios movimientos campesinos del Aguán y organizaciones sociales de esta región realizaron una visita de solidaridad con los garífunas.  Durante la jornada se realizó una caminata por toda la propiedad y al llegar al lugar donde el ejército destruyó la narco pista, ahí se pudo constatar que personas desconocidas, y probablemente relacionadas con los individuos armados que agredieron a los miembros de Ofraneh, han estado trabajando en la rehabilitación de la pista de aterrizaje.
Al final de la propiedad, CONEXIHON verificó la existencia de una excavación desde una laguna que conecta con el mar y con la propiedad en conflicto, unos 3 kilómetros de la narcopista.

 

Supuestos campesinos en conflicto
Del mismo modo, un grupo de campesinos pertenecientes  a las supuestas empresas campesinas “La Auxiliadora” y “Las Vegas del Aguán”, aseguran que tienen documentos extendidos por el Instituto Nacional Agrario en los que se les adjudican 296 manzanas de la misma propiedad.
En ese sentido, Luis Fuentes, representante de este grupo aseguraron que el Instituto Nacional Agrario (INA) les dijo que las 296 manzanas son el Estado y que pueden tomar posesión de ella.
“Los campesinos de distintas partes del país y del valle del Aguán,  llegamos hace un año. Hemos ido muchas veces al INA en Tegucigalpa, y nos dijeron que hay 296 manzanas de tierra que son del Estado y tenemos documentos de esta tierra, esta tierra las tenía un terrateniente de nombre José Ordoñez,  aquí nadie entraba y cuando nosotros venimos él nos abrió las puertas”.


 

Mirian Miranda, coordinadora de Ofraneh

“Nos acorralan, cerrando el paso a nuestros territorios”
“Como Ofraneh hemos estado demandando al Estado y denunciando ante el Estado lo que está sucediendo aquí en Vallecito, hemos venido diciendo que el estado busque la forma de una vez por todas resuelva esta situación para que tengamos la circulación libre por nuestro territorio”, expresó la representante garífuna al reconocer que se sienten “rodeados”.

“Por un lado tenemos a Miguel Facussé que tiene un cerco que desde Limón llega justo asta Vallecito, incluso Facussé está haciendo un portón por donde nosotros entramos ya hicieron las bases de cemento, prácticamente nos están cerrando el paso hacia nuestro territorio, que aparte de estar titulado a nombre de seis empresas campesinas de producción, es territorio ancestral del pueblo garífuna”, apuntó.
“Sabemos que esta área de tierra es estratégica para el pueblo garífuna, porque está alejado del mar, sabemos que muchas de las comunidades garífunas están siendo devastadas por la sedimentación por los efectos del cambio climático y que estas comunidades están desapareciendo”.
“Le hemos planteado al Instituto Nacional Agrario que queremos que esta tierra sea liberada para nuestro beneficio porque aquí queremos instalar nuestras comunidades con toda aquella gente que está siendo desplazadas ambientalmente, especialmente en las comunidades de Batalla y Toca Macho ya están siendo cercadas por la laguna y el mar.

Por otro lado, también  hay personas de este sector que se han apoderado de parte de nuestras tierras. “Nosotros responsabilizamos al Estado de Honduras y a el ex diputado de Olancho Carmelo Vásquez de cualquier cosa que me pueda pasar a mí y a cualquier miembro de nuestra organización”, remarcó.



 

Bertha Cáceres, Coordinadora de COPINH

“Utiizan estrategias para avanzar el en su proyecto de saqueo”
Bertha Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)  explicó que una comisión de indígenas lencas arribó el viernes 18 a la zona en “solidaridad con nuestros compañeros y hermanos de Ofraneh, con Mirian Miranda que desde hace mucho tiempo hemos estado juntas en diferentes luchas de los pueblos indígenas y originarios”.
“Lo que ocurrió ayer es condenable rechazamos esas acciones criminales, que tienen que ver con una política de Estado. Estas acciones agresivas que son parte de la exclusión, la marginación histórica contra el pueblo garífuna y del racismo institucionalizado, que no da ninguna respuesta a los pueblos originarios”.
“Esto demuestra que estamos en un Estado de indefensión, esto un atentado a la vida y a la integridad física de la compañera y demás hermanos y hermanos  de Ofraneh, el silencio del Gobierno y esa respuesta tímida y muy raquítica contribuye a facilitar los intereses de los sectores del poder para apoderarse y continuar con el saqueo, de destrucción de los territorios, beneficiando a los grupos del crimen organizado y del narcotráfico, a los grandes empresarios que acechan de manera permanente al pueblo garífuna como corporación Dinant que ha impulsado una política de criminalización contra líderes sociales, indígenas, garífunas, campesinos y contra activistas de derechos humanos”.
“Hemos observado un grupo de personas que son pobres y que dicen ser de un grupo campesino antes de ejecutar una acción de estas de entrar a una propiedad debe de haber un estudio y una acción responsable de estas personas y de sus cooperativas o empresas, porque lo que estamos viendo aquí ya lo ha hecho Miguel Facussé como una estrategia para que invadan tierras de los garífunas o de otros grupos campesinos con el objetivo de echar a pelear a los grupos y avanzar el en su proyecto de saqueo de imponer su poder en el país”, lamentó.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-pueblos-indigenas/honduras-narcotr%C3%A1fico-se-apodera-de

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“Vamos a defender nuestro territorio ancestral” dice dirigente garífuna hondureña después del secuestro

2014-07-18

Honduras

Giorgio Trucchi

Clasificado en:   Política: Movimientos, DerechosHumanos, |   Social: Social, Afro, Tierra, |
Disponible en:   Español
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Miriam Miranda. Foto G. Trucchi | Opera Mundi

Crimen organizado, políticos sin escrúpulos y terratenientes, entrelazados entre sí, mantienen el ojo puesto en el territorio ancestral garífuna de Vallecito

 

Este jueves 17 de julio, un grupo de pobladores del territorio garífuna de Vallecito, miembros de la Ofraneh (Organización Fraternal Negra Hondureña), fue atacado y secuestrado por hombres fuertemente armados y con el rostro descubierto, que resguardaban la zona donde, según el relato de los mismos pobladores, sectores del crimen organizado estaban rehabilitando una pista de aterrizaje clandestina para narcoavionetas que operan en la zona.

 

Las 980 hectáreas del territorio de Vallecito, en el departamento de Colón, fueron tituladas a favor del pueblo garífuna por el INA (Instituto Nacional Agrario) en 1997. Un año después, el terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum, dueño de Corporación Dinant, invadió parte de esas tierras para sembrar palma africana.

 

La Ofraneh explica que, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el magnate desistió de sus pretensiones. Sin embargo, meses después, personas asociadas al crimen organizado se apoderaron de casi el 80% del territorio de Vallecito y construyeron esa misma pista clandestina, la cual  fue utilizada durante años, “sin que las autoridades intervinieran a pesar de las denuncias presentadas”.

 

En 2013, el INA envió una brigada a remedir las tierras de Vallecito. La comunidad garífuna, pese a las amenazas, el acoso, los sabotajes y el asedio permanente, logró ejercer momentáneamente el derecho a la propiedad colectiva.

 

Abandono e impunidad

 

Es en este contexto de hostigamiento y represión, pero también de impunidad y ausencia total del Estado hondureño, que el pasado 17 de julio una decena de pobladores y miembros de la organización garífuna fueron secuestrados, entre ellos Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh.

 

“Hace seis meses, dicha pista había sido dinamitada, sin embargo durante los últimos días nos habíamos percatado de movimientos extraños que se estaban dando en nuestro territorio, y decidimos ir a ver qué estaba pasando. Efectivamente, vimos a varios hombres cortando árboles, rellenando los hoyos, rehabilitando la pista. Cuando, al día siguiente, volvimos al lugar, varios hombres con armas de grueso calibre nos interceptaron, nos encañonaron y capturaron. Afortunadamente, varias personas del grupo lograron escapar y se escondieron en el bosque”, dijo Miriam Miranda a la LINyM.

 

Miranda recuerda que los obligaron a entregar todos los celulares para que no se pudieran comunicar y los juntaron en un lugar apartado. “Había una clara intencionalidad de desaparecernos, porque habíamos sido testigos de lo que estaba pasando con la pista clandestina. Además, preguntaban insistentemente por mi persona, por la coordinadora de Ofraneh, y tuve mucha suerte de que no me conocieran”, agregó la dirigente garífuna.

 

Afortunadamente, las personas que habían logrado escapar a la captura y se habían enmontañados pudieron hacer un llamado de alerta y denunciar lo que estaba ocurriendo.

“Uno de los captores nos comunicó por celular con alguien que identificó como ‘el jefe’, quien supuestamente quería negociar nuestra liberación a condición de que reuniéramos a todos los pobladores. Sin embargo, la denuncia nacional e internacional, la rápida movilización de parte de la solidaridad, así como la presión ante las autoridades nacionales, permitieron detener el plan criminal. Los hombres armados se fueron y pudimos regresar al poblado”, agregó Miranda.

 

Defensa del territorio

 

La dirigente garífuna explicó que la situación se ha vuelto aún más complicada, y el Estado no solo sigue brillando por su ausencia, sino que, de varias formas, está vinculado con dicha situación y con los intereses que están en juego.

 

“La defensa de nuestro territorio ancestral se ha convertido en una amenaza para grupos del crimen organizado, funcionarios públicos y terratenientes. Ahora estamos aquí y no podemos salir porque tememos que pueda haber represalias por lo que hemos visto. Esta situación tiene a la gente en zozobra y estamos esperando la llegada de varios compañeros, compañeras, organizaciones, para que nos respalden y garanticen nuestra seguridad. Lamentablemente, tenemos que denunciar nuevamente la falta absoluta de Estado y el desinterés de las autoridades por nuestros derechos y nuestra seguridad”, aseveró la coordinadora de Ofraneh.

 

Miriam Miranda no tiene la menor de duda de que la lucha permanente por la reivindicación de los territorios garífunas, sigue exponiendo a Ofraneh y a su persona a la persecución, represión y violencia criminal, de parte de intereses mancomunados del crimen organizado, las instituciones públicas, la política y el negocio de los monocultivos.

 

Asimismo, es parte de una política gubernamental mucho más amplia, que pretende criminalizar y judicializar la protesta y la lucha contra el acaparamiento y extranjerización de territorios, y contra la explotación inmisericordiosa de los recursos naturales y los bienes comunes.

 

“Quieren prohibirnos el acceso a nuestro territorio ancestral, quieren desaparecernos. Nosotros y nosotras nos mantenemos aquí, firmes, defendiendo lo que es nuestro”, concluyó Miranda.

 

Giorgio Trucchi | LINyM

http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2014/07/vamos-defender-nuestro-territorio.html

 

Fuente: http://alainet.org/active/75480

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Dos mujeres frente al terrorismo de estado

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EDITORIAL

Dos mujeres frente al terrorismo de estado

Annie Bird, lobista estadounidense y Miriam Miranda, lidereza garífuna hondureña, enfrentaron esta semana ataques de actores violentos en la zona norte de Honduras, en distintas circunstancias.

Primero el martes fue el coronel Alfaro, quien compareció por diversos medios junto al gerente de la empresa Dinant del agroindustrial Miguel Facussé. Es reincidente en sus ataques públicos.

Comparecieron juntos en la televisión de Rosenthal y en las radios de Ferrari para vociferar en mancuerna contra la gringa clandestina que denigra a Honduras en el mundo entero y azuza a los campesinos a tomarse las tierras que los empresarios adquieren con el sudor de su frente.

Después el jueves fue el Ministerio Público que pronto sabía la ubicación del crimen organizado que atacó a Miriam Miranda, en Vallecito, Colón. Está viva, dijeron. Pero sigue en la zona controlada por esos barones.

La propia organización que preside Miriam, la OFRANEH – Organización Fraternal Negra de Honduras – acusó al narcotráfico de promover el despojo territorial en Vallecito y de realizar el secuestro contra su principal símbolo de lucha negra en el litoral, que rechaza pistas clandestinas en la zona.

Y la acusación al narcotráfico  no es suelta, no es para disculpar al Estado ni al gobierno de JOH, porque es de sobra conocido el vínculo directo entre los susodichos sujetos, ya sea disfrazados de empresarios, de operadores de justicia, funcionarios públicos o militares.

En el caso de Annie, mujer bien informada sobre las acciones de los círculos políticos, diplomáticos y militares de Washington, ha sido incisiva en sus investigaciones contra Alfaro en el Aguán como jefe de las operaciones Xatruch y ahora como responsable regional de la Fuerza de Inteligencia Inter institucional que llaman FUSINA.

No queda duda en los escritos de la defensora estadounidense que las fuerzas militares son protagonistas en las violaciones a los derechos humanos de los campesinos y sus organizaciones, y un escudo mercenario de los terratenientes.

Y Annie tampoco ha ocultado en sus denuncias la responsabilidad del Pentágono, la DEA y el Departamento de Estado en esa estrategia de control militar y terror en los campos verdes del Aguán y más acá y allá de sus límites.

Entonces, la presencia en Honduras de Annie Bird, de la organización norteamericana Derechos en Acción, ha sido presentada al público como furtiva y clandestina, para criminalizar sus acciones de defensa de las y los luchadores por la tierra en este país.

Por eso, desde esta columna de opinión expresamos nuestra solidaridad a ella, a su familia y su organización, esperando que un Estado fracasado como el actual no cometa la atrocidad de atentar contra su derecho a locomoción, libertad e integridad física.

A Miriam Miranda, igualmente, le repetimos nuestro respeto por lo que hace junto a las comunidades en defensa de los territorios ancestrales del pueblo negro opuesto al modelo monocultivista, desplazador y criminal.

Hacemos nuestras las palabras del comunicado público de OFRANEH al afirmar que “la impunidad con que actúan los grupos armados en la zona de Colón, demuestra que la estrategia del desarme es imaginaria, ficticia, porque los sicarios que raptaron a Miriam y a 20 compañeros garinagus en Vallecito, estaban armados, tenían el rostro descubierto y el semblante de personas sin ley ni control de nadie”.

Que siga el campamento negro para defender las 980 hectáreas  del territorio de Vallecito tituladas a su favor por el INA en 1997, hoy amenazadas por empresarios de la muerte que son al mismo tiempo capos de bandas organizadas para delinquir.

Y que siga la solidaridad del pueblo hondureño con esta lucha, hasta vencer a los enemigos de la vida y de la paz de la nación, que la despedazan con sus ridículas ciudades modelo en el mes de la soberanía nacional.

Buenas noches

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3225:dos-mujeres-frente-al-terrorismo-de-estado&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Se agudiza conflicto en Vallecito, Colón tras ataque armado

Jul 17, 2014

Por varias horas sujetos fuertemente armados mantuvieron raptados a varios habitantes del sector de Vallecito en el municipio de Limón departamento de Colón, al norte de Honduras.

Junto a estas personas estaba Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh.

El grupo de garífunas se encontraba en la zona realizando un recorrido por las tierras que les pertenecen luego que el Instituto Nacional Agrario (INA) les entregara el título de más de 1,200 hectáreas, pero que están en disputa con grupos de empresarios y grupos criminales debido a su ubicación estratégica para el trasiego de drogas.

En declaraciones a Radio Progreso, luego de permanecer enmontañada por varias horas para proteger su vida y la de sus compañeros, Miriam Miranda dijo que existe una clara amenaza a los dirigentes que están impulsando el proceso de recuperación de tierras en Vallecito, Colón.

Miranda responsabiliza al Estado de Honduras por el conflicto existente en la zona, ya que el crimen organizado y narcotráfico amparados en la ley de los fuertes imponen miedo en la región.

“La zona de Vallecito, Limón tiene un significado para el pueblo garífuna, pero el crimen organizado y los paramilitares están atemorizando a la gente que únicamente pide que se respete su derecho legítimo a las tierras”. La coordinadora de Ofraneh, cree que las autoridades gubernamentales tienen una altísima cuota de responsabilidad por este conflicto, ya que dejan abandonadas a las comunidades para proteger a los narcotraficantes y el crimen organizado.

Vallecito históricamente ha pertenecido al pueblo garífuna, que a partir de 1804 comenzó, ante las presiones de los españoles a desplazarse desde la bahía de Trujillo hacia el río Sico.

En el siglo pasado, en la década de los 80 cuando la dictadura, los militares se apropiaron de la zona con el objetivo de efectuar entrenamientos militares. Para la década de los 90, un grupo de jóvenes garífunas, el movimiento Iseri Lidamari, lucharon para recuperar las tierras ancestrales de la comunidad de Limón.

Fuente:http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1188-se-agudiza-conflicto-en-vallecito-col%C3%B3n-tras-ataque-armad

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Narco pista, despojo territorial y rapto de integrantes de OFRANEH

Una vez más se comprueba el estado fallido inducido que existe en Honduras, al ser raptada en Vallecito, Colón, la coordinadora de OFRANEH, Miriam Miranda y unos 20 integrantes de la organización, por  individuos que  portaban armas largas,  asociados con el crimen organizado que impera en la región.

La fuga de algunos de los raptados, logró que el grupo de sicarios desistieran de su propósito, el cual presumimos era liquidar a las personas que se encontraban en el campamento garífuna. El motivo que ha dado pié a la acción emprendida por los criminales, radica en la reparación de una pista clandestina que fue destruida el año pasado y ahora pretenden reactivar los  “amos y señores de la costa”.

Las 980 hectáreas  del territorio de Vallecito  fueron tituladas a favor del pueblo garífuna por el Instituto Nacional Agrario (INA)  en el año de 1997. Un año después el palmero de la muerte, Miguel Facussé invadió parte de la tierra para sembrar palma africana. Tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el invasor desistió de sus pretensiones; sin embargo meses después, personas asociadas al crimen organizado se apoderaron del 80% del territorio de Vallecito y construyeron una pista clandestina, la cual  fue utilizada durante años, sin que las autoridades intervinieran a pesar de las denuncias presentadas.

El año pasado, el INA finalmente envió una brigada a remedir las tierras de Vallecito, y la comunidad garifuna logró ejercer momentáneamente el derecho a la propiedad colectiva. Sin embargo las amenazas han sido permanentes y el campamento garífuna se ha visto asediado y saboteado constantemente.

La impunidad con que actúan los grupos armados en la zona, demuestra que el supuesto desarme en el Departamento de Colón es imaginario. Los sicarios que incursionaron y raptaron a los garinagu en Vallecito, tenían el rostro descubierto. indicador de la impunidad imperante en las comunidades costeras del departamento de Colón y Gracias a Dios.

La defensa del territorio ancestral de nuestro pueblo, que ha desplegado la OFRANEH en la última década, se ha convertido en una amenaza permanente para los miembros de nuestra organización, ante el contubernio que existe entre el crimen organizado y funcionarios publicos. Desafortunadamente la cutícula entre narcos y organismo de seguridad es más que endeble.

Nuestra organización exige al estado de Honduras, velar por la integridad física  de los garinagu que fueron raptados esta mañana y  todavía permanecen en una zona considerada letal,  controlada por criminales asociados con empresarios de la palma y políticos  de alta peligrosidad.

Sambo Creek, 17 de julio de 2014

Organizacion Fraternal Negra Hondureña

Fuente: http://ofraneh.wordpress.com/2014/07/17/narco-pista-despojo-territorial-y-rapto-de-integrantes-de-ofraneh/

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Líderes garífunas en Honduras fueron raptados temporalmente por hombres armados

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Líderes garífunas en Honduras fueron raptados temporalmente por hombres armados
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El día de hoy (17 de julio), alrededor de las 10:00 de la mañana, en la Comunidad de Vallecito, Municipio de Limón, Departamento de Colón, sujetos desconocidos fuertemente armados raptaron a Miriam Miranda, Coordinadora General de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) y a por lo menos 25 personas, líderes y lideresas de diferentes comunidades garífunas de Honduras.
La noticia del rapto fue dada a conocer por una de las personas que se encontraba junto a Miranda, al momento del suceso, que al escapar alertó a sus compañeros de la situación, informó a Radio Globo, Gregorio Guity dirigente de OFRANEH.
Los raptores despojaron a Miriam Miranda y a sus compañeros y compañeras de sus teléfonos celulares y los mantuvieron cautivos por unas horas.
“Esta situación es alarmante ya que actualmente la lucha histórica del pueblo garífuna es contra narcotraficantes, gente armada, diputados y militares, ya que se trata de 970 hectáreas que son propiedad de la comunidad garífuna”, informó Guity.
La OFRANEH, determinó realizar una acción urgente con el propósito de rescatar a sus compañeros y compañeras raptadas, para ello  movilizó a varios grupos de voluntarios al sector de Vallecito e iniciar la búsqueda de sus líderes.
En horas del medio de hoy se conoció que Miriam Miranda y demás personas raptadas habían sido liberadas, sin embargo la situación de riesgo en la zona y la presión de los perpetradores, contra los líderes garífunas, continúa latente por lo que urge la protección inmediata del Estado Hondureño con el propósito de  salvaguardar su integridad física.
Miranda, declaró a Radio Progreso que: “de no ser por la denuncia a tiempo que se hiciera sobre la detención por parte de grupos armados que resguardan los intereses del crimen organizado en esta zona, todos estarían muertos en este momento”.
“El gobierno está coludido con estos grupos pues nosotros hemos denunciado en reiteradas ocasiones las amenazas al territorio garífuna por parte del crimen organizado, hoy día la situación fue muy dura porque nuestro rapto se debe al desplazamiento de nuestras comunidades por parte de los narcotraficantes de este sector”, expresó Miranda a Radio Progreso./Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre). 

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Hombres fuertemente armados raptaron por varias horas a miembros de OFRANEH

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Tegucigalpa.

La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) con sede en Sambo Creek jurisdicción del municipio de La Ceiba alertó hoy a medios de comunicación y al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras  (COFADEH) que su lideresa Miriam Miranda y al menos 7 personas representantes de las comunidades garífunas,  fueron amenazadas a muerte y luego raptadas por hombres fuertemente armados en la comunidad de Vallecito localizada en el municipio de Limón, departamento de Colón alrededor de las 10:15 de la mañana.

Tiempo después (alrededor de las 11:30 am) se conoció que Miranda y sus acompañantes fueron  liberados por sus captores, quienes los despojaron de sus teléfonos celulares y otras pertenencias.

Organizaciones de derechos humanos solicitaron el apoyo de las autoridades para que se brinde protección a los miembros de OFRANEH ya que varios de ellos permanecen en un campamento instalado en Vallecito como una  forma de resistencia pacífica por la recuperación de sus tierras debidamente adjudicadas por el Instituto Nacional Agrario (INA) pero que se encuentran  bajo la presencia de grupos ligados al narcotráfico y crimen organizado.

Cabe señalar que Miriam Miranda goza de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En una breve comunicación con la emisora Red Radio (La Voz de las Defensoras en Honduras) y difundida en las redes sociales,  Miranda dijo que físicamente se encontraba fuera de peligro y que permanecía en el campamento de Vallecito, “pero no vanos a salir de aquí hasta que no haya un tipo de seguridad, no solamente para los que vamos a salir sino para la gente que queda aquí”.

No se descarta que las amenazas constantes y el reciente rapto de que fueron víctimas los integrantes de la OFRANEH se deba a la lucha que desde hace varios años han emprendido por las tierras que legal y ancestralmente les pertenece.

De hecho OFRANEH señala que las tierras de Vallecito desde un inicio se han encontrado amenazadas por  presiones territoriales de empresarios palmeros y grupos campesinos instrumentalizados por la élite de poder.

Desde hace años se han elaborado estudios sobre el potencial yacimiento de hidrocarburos en la plataforma continental del país y  a lo largo de los humedales costeros. El estudio de Japex del año 2007 sobre la factibilidad de los yacimientos confirmó,  lo que ya era vox populi  en Honduras, derivando en el incremento de las pretensiones de los foráneos sobre la tierras de Vallecito y la franja costera hacia la Moskiitia.

El asesinato del compositor Euquerio Bernardez Bonilla en enero del año 2004, dio lugar a la instauración de un régimen de terror en la zona, que obligó a replegar la presencia garífuna en Vallecito, ante la inseguridad permanente y  el despliegue de elementos armados al servicio de narcotraficantes.

“A partir del año 2005 un reconocido delincuente se apropió de una franja de más de 700 hectáreas en donde no solamente  se le prohíbe la entrada a los garífunas sino incluso hasta los operadores de justicia asignados al Ministerio Público y al personal de INA”, denunció en su página web la OFRANEH

Hasta la fecha, se ha solicitado en múltiples ocasiones a la Fiscalía de las Etnias y al Instituto Nacional Agrario una respuesta a la situación de violencia que impera en Vallecito, donde se ha demostrado la inexistencia de la seguridad jurídica en el país, además del contubernio existente entre delincuentes y burócratas que obstaculizan adrede, cualquier acción encaminada a esclarecer la tenencia de la tierra en Vallecito.

Esta es una situación que OFRANEH ha venido denunciando desde el inicio de la lucha por la defensa del territorio de la zona y las autoridades no han hecho nada.

Los y las defensoras de OFRANEH hacen una defensa pacífica de sus territorios, no están armados y hacen resistencia desde su propia espiritualidad.

Miriam Miranda apuntó: “Gracias a los medios de comunicación pudimos avisar afuera y queremos decir que estamos bien aunque nadie puede imaginarse lo que significa ésto”.

Por otra parte OFRANEH apunta que “Vallecito históricamente ha pertenecido al pueblo garífuna, que a partir de 1804 comenzó, ante las presiones de los españoles a desplazarse desde la bahía de Trujillo hacia el río Sico. En el siglo pasado, en la década de los 80 cuando la dictadura, los militares se apropiaron de la zona con el objetivo de efectuar entrenamientos militares. Para la década de los 90, un grupo de jóvenes garífunas, el movimiento Iseri Lidamari, lucharon de forma denodada para recuperar las tierras ancestrales de la comunidad de Limón”.

Hasta el año de 1993, existía una continuidad territorial garinagu, desde Santa Rosa de Aguan hasta Plaplaya, trayecto que incluía 17 comunidades garífunas. A partir de esa fecha apareció “misteriosamente” como propietario de Punta Farallones, el Sr. Miguel Facussé , el que la obtuvo de forma dolosa, en detrimento del pueblo garífuna.

En la actualidad Facussé, no sólo dice ser propietario de esa estratégica Punta, sino que se ha venido apropiando de los trabajadores de las comunidades Punta Piedra y Cusuna que se extendían a lo largo de la costa desde Limón hasta Punta Piedra.

En el año de 1997 el Movimiento Iseri  Lidamari, acompañados por la OFRANEH, solicitaron al Instituto Nacional Agrario (INA) la titulación del territorio a nombre de  seis empresas asociativas, teniendo como resultado la obtención de documentos legales que acreditan la propiedad de los garífunas de  2,700 hectáreas de tierra.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3224:hombres-fuertemente-armados-raptaron-por-varias-horas-a-miembros-de-ofraneh&catid=54:den&Itemid=171

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Demandas del pueblo garífuna hondureño llegan hasta la Corte IDH

lunes, 19 de mayo de 2014

© Fotos G. Trucchi | LINyM
El estado hondureño tendrá que responder por un sinnúmero de violaciones

Por Giorgio Trucchi | LINyM

 
Este 20 de mayo, en una Audiencia Pública que se realizará en San José, Costa Rica,la Organización fraternal negra hondureña, Ofraneh, expondrá sus demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de su 103º Período Ordinario de Sesiones.
Durante un conversatorio en Managua con estudiantes de la Facultad de Turismo de la Universidad nacional autónoma de Nicaragua, Unan, la nutrida delegación del pueblo garífuna hondureño explicó el contenido de sus demandas, así como la trascendencia de su participación en la audiencia de la Corte IDH.

“La dinámica siempre es la misma: entregar nuestros recursos, territorios, cultura, en aras de un supuesto desarrollo que es impulsado por la oligarquia local y el capital transnacional, con la complicidad de los gobiernos nacionales”, dijo Miriam Miranda, presidenta de la Ofraneh.

Entre las principales violaciones que quedaron plasmadas en sus demandas, basadas en el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, Ofraneh señaló la falta de reconocimiento de los derechos territoriales y de la delimitación del territorio ancestral, la invasión y falta de saneamiento de tierras y territorios, la ampliación del casco urbano de las municipalidades y la venta de tierras comunitarias a transnacionales extranjeras y empresarios nacionales.

Los proyectos y megaproyectos hidromineros y turísticos, la expansión de los monocultivos de palma africana y caña de azúcar, así como la presencia del narcotráfico y sus vínculos con la clase política, empresarial y los aparatos represivos del Estado hondureño, son los principales responsables de esta trágica situación y de la violencia que se ha desatado en el país, de manera particular en la zona norte de Honduras.

“Durante 13 largos años, hemos presentado y fundamentado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanosen Washington, todas nuestras demandas contra el Estado de Honduras. Finalmente, la Comisión valoró que había elementos suficientes para presentar el caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz ante la Corte Interamericana”, agregó Miranda.

Esta decisión, unido a una posible condena del Estado de Honduras, podría sentar un precedente muy importante no sólo para otras 4 comunidades garífunas, cuyos casos están siendo analizado por la Cidh, sino también para otros pueblos indígenas y negros de Honduras que viven situaciones muy similares de violaciones a sus derechos ancestrales.

“Hay una violación reiterada al derecho al territorio, que conlleva toda una serie de otras violaciones, como por ejemplo del derecho a la alimentación, educación, salud y el derecho a la vida. Nos han perseguido, reprimido, dividido, desplazado, encarcelado y hasta asesinado”, dijo a la LINyM, Teresa Reyes, dirigente de la Ofraneh
Para ella, es necesario que el Estado implemente políticas de desarrollo que vayan acorde con la cosmovisión de los pueblos.
“Nos llaman traidores y antipatriotas, sin embargo estamos haciendo uso de un derecho que tenemos. Para nuestro pueblo es una forma de supervivencia, para no desaparecer, para reafirmar que existimos, que tenemos derechos adquiridos y que podemos dejar un patrimonio para las generaciones futuras. Levantamos esta bandera para demostrar al mundo lo que valemos”, concluyó Reyes.  
© Fotos G. Trucchi | LINyM






 

Fuente: http://nicaraguaymasespanol.blogspot.ch/2014/05/demandas-del-pueblo-garifuna-hondureno.html

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Canadian Aid, Honduran Oil

Ottawa funds set to encourage oil investment

by Sandra Cuffe

Posted by dawn on March 12, 2014

Canadian funds are laying the groundwork for controversial oil activity. ILLUSTRATION: Daniel Rotsztain.
Canadian funds are laying the groundwork for controversial oil activity. ILLUSTRATION: Daniel Rotsztain.

LA CEIBA, HONDURAS—Oil extraction may be on the horizon in Honduras, and Canadian aid is helping set the stage.

The Canadian Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) has been financing technical assistance to the hydrocarbon sector in Honduras as part of a $9.5-million Sustainable Energy Access project managed by the Latin American Energy Organization (OLADE). During the first part of the five-year (2012–2017) project originally approved by the Canadian International Development Agency, OLADE initiated a review of the regulatory framework in Honduras and examined the oil and gas potential in the country.

Seismic surveys, studies and drilling over the past 50 years in Honduras have identified several areas with hydrocarbon potential. They are mainly located both offshore and inland along the Caribbean coast and the Moskitia, a remote, primarily Indigenous region in the northeast, bordering Nicaragua.

The Honduran government has granted a slew of natural resource concessions in the wake of the June 2009 coup d’état that ousted President Manuel Zelaya. Some Indigenous organizations have voiced their flat-out opposition to oil and gas activity, expecting the industry to further benefit transnational companies at the expense of local communities.

“Right now [resources] are up for grabs and there’s an unparalleled exploitation of that by transnational and foreign capital,” Miriam Miranda, General Coordinator of OFRANEH, a federation representing the 46 Indigenous Garifuna communities spread out along Honduras’ Caribbean coast, told The Dominion. “There’s no respect for international laws and international jurisprudence on the rights of Indigenous peoples.”

Honduras ratified International Labour Organization Convention No. 169 on the rights of Indigenous and tribal peoples in 1994 and voted in favour of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in 2007. A report produced by OLADE in 2013 with Canadian funding outlined Honduras’ obligations under international law and the importance of free, prior and informed consent. But that same year, Honduras approved hydrocarbon activity despite no prior consultation with affected communities.

In April 2013, the Honduran government granted British multinational BG Group a contract for oil and gas exploration and eventual exploitation in a 35,000-square-kilometre area off the coast of the Moskitia. Local residents weren’t consulted until the fall of 2013, months after the contract was signed.

In February 2011, faced with interest from oil companies and an outdated law, the Honduran government announced a one-year moratorium on concessions to allow time for a new hydrocarbon law to be passed. The contract with BG Group went forward regardless, and the regulatory framework is now under review by the Canadian-funded OLADE project. BG Group was issued a renewable four-year environmental license for exploration on January 17, 2014. Chevron has also expressed interest in offshore exploration in Honduras.

“By stimulating the economy in these countries and helping them create an environment conducive to investment, we are contributing to the well-being of people living in poverty,” DFATD spokesperson Nicolas Doire wrote in an email to The Dominion.

Stephen Brown, a professor of political science at the University of Ottawa, is concerned that extractive sector regulatory reviews funded by Canadian development aid are part of an increasing subordination of development priorities to Canadian commercial interests.

“When Canada helps revise—or what they call ‘modernize’—regulations, they present it as being good for the country and therefore good for the country’s poor,” Brown told The Dominion in a telephone interview. “There’s a bit of a logical leap there that that will actually happen.”

Brown points to the example of Colombia, where Canadian aid was used to fund the revision of mining and oil legislation, reducing royalty rates and weakening environmental protections.

“If we’re helping rewrite codes in the interests of Canadian companies, then no matter how much you talk about win-win, it doesn’t mean that it’s true,” said Brown.

Canadian companies are expected to benefit from a new Honduran mining law enacted in January 2013 after revision by advisors funded by the Canadian government. A Canada-Honduras Free Trade Agreement was signed on November 5, 2013.

Sandra Cuffe is a freelance journalist with a penchant for coffee and geckos. She tweets as @Sandra_Cuffe.

Fuente: http://www.mediacoop.ca/story/canadian-aid-honduran-oil/20987

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Comunidades garífunas preocupadas por entrega del territorio

Mar 05, 2014

El anuncio de la primera Zona de Empleo y Desarrollo, ZEDE, más conocida como “Ciudad Modelo”, en la zona Sur de Honduras, ha encendido las alarmas de diversas organizaciones, que han interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ, un recurso de inconstitucionalidad, por considerar que dicho proyecto viola la soberanía del país.

Los representantes de las comunidades garífunas, aseguran estar consientes que quienes están al frente de la Corte de Justicia, son aliados al presidente Juan Orlando Hernández —principal impulsor de las ciudades modelos— pero que han interpuesto este recurso para agotar las instancias nacionales, para luego acudir al Sistema Interamericano.

Miriam Miranda coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, aseguró que el gobierno de Honduras viola completamente todos los convenios y tratados internacionales, entre ellos 169 de la OIT, referente a la Consulta Previa, que es un derecho de los pueblo originarios.

Miranda lamenta que los gobernantes sigan vendiendo al país en pedazos, por encima de la voluntad y de las necesidades de la gente.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/774-comunidades-gar%C3%ADfunas-preocupadas-por-entrega-del-territorio

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“We came back to Struggle”

Indigenous communities in Honduras are fighting against new mining projects

The dirt road winds its way up into the mountains of Yoro, dropping down to cross the Locomapa River at several points along the way. It’s March, nearing the end of the dry season in this part of Honduras, and the pink blossoms of carao trees stand out against the dusty landscape of corn fields and coniferous forest. Near the river, in the community of San Francisco Campo, Celso Alberto Cabrera sits outside his simple wooden home. It is here that Indigenous Tolupan members of the San Francisco de Locomapa tribe maintained a 13-day road blockade in August 2013 to protest antimony mining in the tribe’s territory. And it is here that three Tolupan blockade participants were murdered on August 25. Cabrera’s 71-year-old mother, María Enriqueta Matute, was shot and killed in her kitchen. Armando Fúnez Medina and Ricardo Soto Fúnez were shot on the dirt patio outside the house, next to the road that runs through the middle of town.

photo of a hillside that has been stripminedphoto John Donaghy

“They died because they were involved with the resistance,” Cabrera said. The blockade ended with the murders and, that same day, Cabrera and seven other community leaders fled the region due to death threats. An arrest warrant issued for the two murder suspects hasn’t been carried out, but after the Inter-American Commission on Human Rights ordered precautionary measures for 38 people from the region, Cabrera and six others returned to Locomapa in February.

In theory, tribal policies mandate that no resource extraction can take place in the tribe’s territory without the approval of the tribal assembly, in which a majority of the tribe’s 900- plus members must be present to make decisions. No such authorization has occurred. “If the communities say no to mining, then that must be respected,” said Ramón Matute, who spent six months in exile due to his leadership in the struggle against mining.

Extractive projects are moving forward at an ever-increasing pace across Honduras, as the government tries to stay afloat by putting natural resources on the auction block. A combination of militarization and the lack of proper consultation – let alone free, prior, and informed consent from local communities – is causing conflict and resistance in Indigenous territories.

“We’re up against powerful interests,” Bertha Cáceres, general coordinator of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras, said of the struggles against extractive and energy projects throughout the country. It’s not only mining that worries her, but also hydroelectric dam construction, logging, and oil exploration. “Our concern is that all of the territories could end up in the hands of transnational corporations,” she said.

In the five years since the June 2009 coup that ousted President Manuel Zelaya, the Honduran government has issued an unprecedented number of natural resource concessions. National and international energy corporations now hold rights to dozens of rivers, including waterways on which Indigenous Tolupan, Lenca, and Garifuna communities depend. In March, British multinational BG Group began offshore oil and gas exploration in a 13,500-square-mile area off the coast of the remote Moskitia region, and Chevron has expressed interest in the area. Mining activities are expanding, and mining interests are exploring the mineral potential of 950 sites throughout the country.

Honduras is a signatory to the International Labour Organization Convention No. 169 on the rights of Indigenous and tribal peoples, as well as a signatory to the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Yet the government’s obligations under these international agreements have not been adopted into national legislation. At the same time, legislative initiatives such as the 2011 Investment Promotion and Protection Law have strengthened the legal protections for private investment.

“Never before in all the history of Honduras has there been a greater push by the state to guarantee foreign investment,” said Miriam Miranda, general coordinator of OFRANEH, a federation representing the 46 Afro-Indigenous Garifuna communities spread out along the Caribbean coast. The Honduran government is increasingly focused on natural resource exploitation, and particularly mining, as a solution to its crippling debt. “The greater the economic crisis of the state, the greater the crisis for Indigenous peoples as well because the resources in our territories are placed at much greater risk,” Miranda said.

A new General Mining Law, passed in January 2013, opened the floodgates for mining around the country. The law put an end to a moratorium on mining concessions in place since 2006. Less than a week before the National Congress ratified regulations defining how the new mining law would be enacted, the Honduran government announced that 280 new mining concessions were in the works.

North American and European companies are currently operating four large-scale metallic mines in Honduras that produce gold, silver, zinc, lead, and iron. The extraction of iron oxide for export to China is expanding at a rapid pace, and new metallic and non-metallic mining plans are underway. The environmental and social impacts from the now closed San Martin gold mine in the Siria Valley, less than 100 miles from Locomapa, have been the center of mining resistance. “We’ve heard and seen that mining in the Siria Valley left behind destruction, left behind illnesses,” Ramón Matute said. Siria Valley residents have carefully documented and shared with communities throughout Central America their experience with community displacement, contamination and depletion of water sources, and health problems in the region affected by Goldcorp’s open pit mine.

Tolupan activists don’t have to look far for positive inspiration, either. Fifty miles west of Locomapa, thousands of residents of the municipality of El Negrito took to the streets on March 28 to protest gold and coal mining concessions. During a packed town hall meeting, municipal authorities backed the communities’ decision to ban all mining in the municipality. More often, however, the official response to community struggles for their lands and resources is militarization, criminalization, and repression. For example, when residents in Santa Barbara in western Honduras took to the streets on March 24 to protest mining, the Honduran government sent in the military police to evict their road blockade. Under the 2013 mining law, a percentage of mining royalties are paid directly into a security fund that finances the military police and other recently created security forces.

In Tolupan territory the resistance movement continues despite the 2013 murders and ongoing threats. Since Matute and other community leaders returned home to Locomapa and reunited with those who stayed behind, they have been busy organizing. “We didn’t come here to stay hidden in our houses. We came back to continue the struggle,” said Matute, secretary of the grassroots tribal Preventative Council, which was organized in the 1990s to defend natural resources from unrestrained exploitation.

José María Pineda hasn’t returned to Locomapa since August 2013. One of the most visible community leaders speaking out against resource extraction in Tolupan territory, Pineda has been the main target of death threats. But his time away from home hasn’t been wasted. He has traveled as far as Washington, DC to denounce human rights violations to the Inter-American Commission on Human Rights. For Pineda, the issue comes down to consultation and consent. “So long as that doesn’t happen, we’re right to oppose the continuing extraction of the riches of our Indigenous tribes in the municipality of Yoro,” he told Earth Island Journal in an interview in Tegucigalpa, the Honduran capital.

Back in Locomapa, the sweet aroma of ocote pine lingers in the air as the sun begins its descent behind the mountains. Sitting outside the house where his mother was killed, Celso Alberto Cabrera plays with his granddaughter. “My mother died defending a right, and we have to do the same because we’re thinking of the children who will be around after we’re gone,” he said.

Cabrera takes comfort in the fact that communities throughout Honduras are speaking out against destructive mining practices. “We feel it gives us great strength because we know that it’s not just us, that there are other organizations that are fighting this same battle,” he said. “We know that if at a certain point all of us in this struggle shout together, we will be heard.”

Sandra Cuffe is a freelance journalist currently based in Central America. Follow her on Twitter: @Sandra_Cuffe.

Fuente: http://www.earthisland.org/journal/index.php/eij/article/we_came_back_to_struggle/

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Comunidades garífunas esperan sentencia histórica contra el Estado hondureño

Feb 13, 2014

Las comunidades garífunas esperan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicte una sentencia histórica contra el Estado de Honduras por el despojo de tierras y violaciones a los derechos humanos, en contra de los habitantes de dichas comunidades.

El Estado de Honduras podría ser nuevamente condenado, por despojo territorial y violaciones a los derechos humanos en perjuicio del pueblo Garífuna, específicamente a las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

Miriam Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH asegura que ya tienen listos a los testigos. Además afirma que únicamente se están afinando los últimos detalles para asistir a las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y así garantizar una sentencia favorable.
“En el caso de Triunfo de la Cruz, es un gran monstruo porque son 36 pequeños casos que tienen que ver con el abuso de poder de las municipalidades y el acaparamiento de tierras por parte de empresarios como los Maloff, Kafatti, Callejas, etc. Lo que se espera es que haya una sentencia no solamente para que se le restituyan las tierras a la comunidad de Triunfo de La Cruz sino que se implemente en el país una ley sobre la consulta y consentimiento previo libre e informado que se requiere para que los proyectos a implementar cuenten con el aval de las comunidades”, explicó Miranda.

Según un comunicado de OFRANEH: “El caso de Punta Piedra demuestra la tendencia que existe de parte de las diferentes administraciones gubernamentales de ignorar la problemática territorial que sufren las comunidades Garífunas”.

Miranda asegura que llegaron a esta instancia pues el Estado se mostró renuente de negociar con la comunidad y aplacar el conflicto. “Las sentencias del sistema interamericano generan jurisprudencia para todos los pueblos indígenas y afro descendientes de mundo”, concluyó Miranda.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/720-comunidades-gar%C3%ADfunas-esperan-sentencia-hist%C3%B3rica-contra-el-estado-hondure%C3%B1o

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OFRANEH denuncia a Fenafuth y al alcalde de Tela de intentar instalarse en tierras ancestrales

Feb 12, 2014

La Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), denunció a la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (FENAFUTH) y al  nuevo alcalde de Tela, Atlántida, el  liberal Mario Alberto Fuentes Morales; de querer instalar ilegalmente un proyecto en sus territorios ancestrales, en la comunidad de Triunfo de la Cruz.

“Este nuevo alcalde dice que tiene un terreno dentro de la comunidad y está haciendo tratos para construir un estadio”, explicó Mirian Miranda de la Ofraneh.

Miranda informó que ya se hizo una asamblea para que toda la comunidad conozca las intenciones de Fuentes Morales de invadir su territorio.

“Ya la comunidad se está informando porque estamos en conflicto por ser una zona apetecida por estar en la bahía”, explicó Miranda.

Con la complicidad del Alcalde de Tela, Atlántida; Mario Alberto Fuentes Morales, la Fenafuth, quiere desplazar a las comunidades garífunas de sus territorios. Es la denuncia que hace Miriam Miranda coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH.

Se espera que el Estado de Honduras sea sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre mayo y junio de este año, por las violaciones a los territorios de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/715-ofraneh-denuncia-a-fenafuth-y-al-alcalde-de-tela-de-intentar-instalarse-en-tierras-ancestrales

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En octubre inicia primera entrega de la soberanía nacional

Feb 07, 2014

La entrega de la soberanía nacional bajo la creación de la primera Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), o “Ciudad Modelo”, iniciará en octubre próximo anunció recientemente el secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, Ebal Díaz.
El capital para la construcción de la primera “Ciudad Modelo” proviene de MKG Group, de capital  canadiense, que aglutina a un sin número de inversionistas que se dedican a la inversión especializada.

“Se espera en un principio comenzar a trabajar en la infraestructura, con lo que se generarán los empleos, pero luego se buscará una educación especializada para que los mismos hondureños tengan la oportunidad de seguir creciendo en ese modelo”, manifestó Ebal Díaz

Pese al desacuerdo por parte de varios sectores de la sociedad hondureña, el Congreso Nacional de Honduras aprobó en enero del 2013, las denominadas “ciudades modelo”, que más tarde pasarían a llamarse Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede).

Entrega de la  soberanía

“Este es el primer paso que está dando Juan Orlando Hernández en el proceso de entregar por  pedazos nuestra patria a las empresas transnacionales, y eventualmente a otros Estados, cediendo el control soberano de nuestro territorio instalado mini estados a su satisfacción.  Por eso sostenemos que como pocas veces en su historia, la soberanía de Honduras está en grave peligro”, indicó Mirian Miranda, de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh.

La visión es la generación de utilidades, donde el poder estará centrado en la producción y explotación de recursos, no en el bienestar integral de los que habiten estas ciudadelas que en su mayoría, si son  hondureños serán ciudadanos de segunda o de tercera clase, de acuerdo al abogado Fredín Fúnez, de la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho.

“Esta es una cuestión espantosa, una monstruosidad, algo inimaginable. Esta es una nueva etapa del neoliberalismo donde ya no se requiere de invasiones para apropiarse de otros territorios”, indicó. Por tanto, recalcó que se está cometiendo un  delito de traición a la patria al ser esta una nueva forma de invasión a través de “las mafias comerciales internacionales”, como las describió Fúnez.

Por su parte Mirian Miranda indicó que “si el punto es la prosperidad, ¿de qué prosperidad hablamos? En este caso estamos hablando de la prosperidad de los grandes consorcios económicos  a los que se les entreguen estas tierras y no de sus habitantes empleados que seguirán sin tener más oportunidades que seguir subsistiendo sin tener mayores oportunidades de prosperar.

Por otro lado, los grandes beneficios de los que muchos hablan que serán recibidos en materia de educación, salud y otros no están garantizados verdaderamente. Para eso tenemos el ejemplo de las concesiones a las transnacionales agrícolas en Honduras el siglo pasado en las que nunca terminaron la red ferroviaria y quedaron adeudando al país una gran cantidad de inversiones en la infraestructura que se comprometieron a hacer a cambio de la concesión. De igual manera, ¿qué se les va a enseñar a los educandos en esas escuelas? Ese es otro punto. En otras palabras la imposición-destrucción de la poca identidad que todavía conservamos”, concluyó la dirigente garífuna.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/708-en-octubre-inicia-primera-entrega-de-la-soberan%C3%ADa-nacional

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Canada Signs Free Trade Deal with Honduras amid Pre-electoral Repression

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Written by Sandra Cuffe
Thursday, 14 November 2013 16:15
Photo by Karen SpringCanada and Honduras inked a bilateral free trade agreement on November 5, amid political repression, increasing militarization, and controversial Canadian investment in the Central American nation.

 

 

 

Ed Fast, Canada’s Minister of International Trade, and Honduran Minister of Industry and Commerce Adonis Lavaire signed the deal in Ottawa, less than three weeks before general elections are expected to change the political landscape in Honduras.

 

 

 

“It’s really uncertain what’s going to happen with the elections,” said Karen Spring, a Canadian human rights activist living in Honduras. “It’s a lot less likely for [Canada] to have a government – and the political conditions and the economic conditions – in [Honduras] that would approve the free trade agreement or would allow it to be approved.”

 

 

 

Recent polls show two leading presidential candidates: LIBRE candidate Xiomara Castro, the wife of Manuel Zelaya, who was ousted as President in a coup d’état in June 2009 and the ruling National Party’s Juan Orlando Hernández, former President of the National Congress who resigned in order to run for office.

 

 

 

The November 24 general elections are expected to mark the end of a longstanding two-party system.  Nine political parties are participating, and it is unlikely that any one party will hold a majority of seats in Congress.

 

 

 

“Because of the strong political force of the LIBRE party and its bases, the National Front of Popular Resistance, there’s a really good chance they can either gain a lot of seats in Congress or they can win the presidency,” Spring told Upside Down World. Whether or not LIBRE congressional representatives would pass the free trade agreement or not is uncertain, but the political landscape will undoubtedly change. “I think the Canadian government knows very well that after the elections on November 24, it’s going to be a lot more difficult to pass any free trade agreements,” she added.

 

 

 

Negotiations leading to the Canada-Honduras Free Trade Agreement (FTA) began back in 2001, though they were initially for a deal between Canada and the C4 countries: Guatemala, Honduras, El Salvador, and Nicaragua. After nearly a decade of multilateral talks and a number of impasses, Canada and Honduras decided to pursue a bilateral agreement in 2010, the year following the coup d’état.

 

 

 

Before it comes into effect, the Canada-Honduras FTA must be approved by both Canadian Parliament and Honduran Congress. Current representatives of the latter will sit until a few days before the new administration assumes power on January 27, 2014.

 

 

 

Canada exported $38 million in goods to Honduras in 2012, and imported $218 million. Top Honduran exports to Canada are agricultural products and apparel, and the leading product Canadian exports to Honduras is fertilizers. Recent government figures on Canadian direct foreign investment are unavailable.

 

 

 

In its official press release announcing the signing of the FTA, the Canadian government focused on the elimination of tariffs and improved access for the export of Canadian pork and beef. However,  controversial Canadian mining, sweatshop, and tourism sectors also stand to benefit from investment protection measures contained in Chapter 10 of the bilateral free trade agreement.

 

 

 

“In a country like Honduras, using free trade agreements to open the domestic economy to competition with countries with asymmetrical economies has only attracted transnational companies which operate and implement work systems that exploit Honduran women workers,” wrote the Honduran Women’s Collective (CODEMUH), in a statement in response to the signing of the Canada-Honduras FTA.

 

 

 

The organization is currently dealing with more than 100 textile factory workers who are suffering from work-related injuries and health conditions related to their employment by Gildan Activewear, a Montreal-based clothing manufacturer. The company operates several sewing and manufacturing facilities in northwestern Honduras, as well as others in Nicaragua, Haiti, the Dominican Republic, and Bangladesh. Gildan’s gross profits in 2012 were just shy of $400 million, while net earnings reached $148.5 million.

 

 

 

“Exploitative and enslaving working conditions – such as those which exist in Gildan Activewear headquartered in Canada and promoted by  nation states and trade agreements – involve  normal work days of an illegal 11 and a half hours, with obligatory overtime, bringing the work week to up to 69 hours,” according to the statement by CODEMUH.

 

 

 

Canadian companies and investors in Honduras have not only come under fire for their treatment of workers, but also for their impacts on communities.

 

 

 

“We have come to see that Canadian tourism has been the most aggressive in Garifuna communities in recent years,” said Miriam Miranda, General Coordinator of OFRANEH, an indigenous Garifuna federation. The lands and traditional territories of the 46 Garifuna communities spread up and down the Caribbean coast of Honduras are prime targets for tourism and real estate development projects.  “There’s no respect whatsoever for the rights of Indigenous peoples,” said Miranda.

 

 

 

Canadian investor Randy Jorgensen’s Banana Coast project near the coastal city of Trujillo took off after the 2009 coup. Dubbed the “Porn King” for amassing a fortune from his Canadian porn chain, Jorgenson pressured Rio Negro residents to sell parcels of land they inhabited in order to secure coastal property in Trujillo for the construction of a Panamax cruise ship pier and massive commercial center.

 

 

 

“They used the Law of Forced Expropriation in the case of Trujillo, but it was used to impact Garifuna communities. They never use it to return land to Garifuna communities,” Miranda told Upside Down World. “The last people who refused to sell [their land] were told ‘if you don’t sell, we’ll take your land away.’”

 

 

 

The first phase of the Banana Coast pier was inaugurated in June 2013. Jorgensen has also invested in a mountainside gated community of villas in the traditional territories of the Garifuna communities of Santa Fe, Barrio Cristales and Rio Negro. They’re not the only Canadian projects in the area, said Miranda. There have been incursions by Canadian investors into Garifuna territory in and between the Garifuna communities of Rio Esteban, Guadalupe, San Antonio, Santa Fe, Rio Negro and Barrio Cristales, linking a stretch of coast from Rio Esteban to Trujillo. And it’s a phenomenon that’s not limited to the coast.

 

 

 

“All of the territories are kind of on the table right now to see how they can be exploited – not just mining, not just tourism, but anything where public goods, resources can be exploited,” said Miranda. There’s currently an unparalleled exploitation of resources by transnational foreign capital in Honduras, she said, and the post-coup government has gone out of its way to protect foreign investment.

 

 

 

“These days, Canadians – together with the Taiwanese and Chinese – are the ones with the most aggression towards the territories,” said Miranda.

 

 

 

As with many FTAs, the Canada-Honduras agreement is accompanied by parallel agreements on labor and the environment, but Common Frontiers Program Director Raul Burbano and Americas Policy Group Coordinator Stacey Gomez maintain they’re just for show. “The labor and environmental side agreements are mere window dressing given that they are not accompanied by any real enforcement mechanism to ensure they are adhered to,” they wrote in a November 5 Open Letter.

 

 

 

Chapter 10 of FTA itself includes a brief mention of labour, environmental and human rights, but – unlike the investment protection measures – there are no enforcement measures. “Each Party should encourage enterprises operating within its territory, or entreprises [sic] subject to its jurisdiction, to voluntarily incorporate internationally recognized standards of corporate social responsibility in their internal policies,” according to Article 10:16. The full text of the agreement was only made public after it was signed.

 

 

 

While the FTA was signed in Ottawa, the reality on the ground in Honduras remained one of increasing militarization and ongoing repression.

 

 

 

Murders of journalists, lawyers, and Indigenous and campesino people involved in land and resource struggles continue in the country, which has one of the highest per capita murder rates in the world. People involved with the LIBRE party have also become targets. Rights Action’s Spring has been researching pre-electoral political violence and compiled a list of murders and armed attacks on political party-affiliated candidates, campaigners, and activists between May 2012 and October 19, 2013.

 

 

 

“The list shows that the LIBRE party has suffered more armed attacks and killings in the last year and a half than all other eight political parties combined,” said Spring. “Those are just armed attacks and killings. That doesn’t include political persecution, death threats, disappearances, and then killings and armed attacks of people that aren’t part of the political campaigning process but that are really important in the social movement.”

 

 

 

Militarization has increased hand-in-hand with repression since the 2009 coup. Not only are soldiers patrolling the streets alongside the national police force, but a new military police force hit the streets in October 2013. Legal challenges to the constitutionality of the new security force, operating directly under military command, are currently underway. In response, on November 6 the National Party’s presidential candidate Hernández introduced a proposal to Congress to reform Article 274 of the Constitution in order to grant constitutional standing to the military police force. This has become a cornerstone of his electoral campaign.

 

 

 

The controversy surrounding the military police has been subject to recent media coverage in Honduras, but the involvement of mining companies and other private sector corporations in financing public security forces no longer makes headlines. The General Mining and Hydrocarbons Law ratified in January 2013, after a review by advisors paid by the Canadian government, includes as part of its royalty regime a two percent payment to the Security Tax (Tasa de Seguridad) fund. The fund is helping to finance the increasing militarization of Honduran streets.

 

 

 

Who will win the November 24 elections is uncertain at this point. But no matter which political party comes out on top, if the Honduran Congress passes the Canada-Honduras Free Trade Agreement into law, it will be a win for Canadian companies.

 

 

 

Sandra Cuffe is a vagabond freelance journalist currently based in Honduras.

Fuente: http://upsidedownworld.org/main/honduras-archives-46/4555-canada-signs-free-trade-deal-with-honduras-amid-pre-electoral-repression

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Honduras: La Mosquitia en peligro

miércoles, 13 de noviembre de 2013

Foto G. Trucchi | Rel-UITA
Candidato presidencial propone duplicar monocultivo de palma africana
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
Juan Orlando Hernández, ex presidente del Congreso Nacional y candidato presidencial del partido de gobierno en las elecciones del 24 de noviembre en Honduras, promete crear unos 800 mil nuevos empleos durante los próximos cuatro años. Para ello, planea “inundar Honduras de maquilas” y duplicar las hectáreas sembradas con palma africana y caña de azúcar. Las organizaciones sociales se rebelan.

“Me llamo Juan Orlando Hernández y vengo de las tierras del indómito cacique Lempira. De la mano de Dios, con el apoyo de mi partido y el voto mayoritario del pueblo hondureño voy a ser el próximo Presidente”, es la frase que ha marcado la campaña política del candidato del Partido Nacional, que ha hecho de la militarización de la sociedad, las maquilas y la expansión de los monocultivos los ejes de su oferta electoral.
Hernández dice que generará empleo apoyándose en las maquilas, la siembra de 125 mil nuevas hectáreas de palma aceitera y 50 mil de caña de azúcar.
Honduras cuenta hoy con unas 150 mil hectáreas sembradas con palma africana y casi 100 mil con caña de azúcar y registra una producción de 100 mil galones diarios de biodiesel, surgidos precisamente de esos dos productos, que se han ido expandiendo en detrimento de los cultivos alimenticios. Un estudio elaborado por la embajada de Estados Unidos en Honduras asegura que en el país hay unas 600 mil hectáreas aptas para nuevas siembras de palma africana.
Paralelamente, el país sufre un déficit anual de más de 10 millones de quintales de maíz, 200 mil quintales de frijol y 500 mil quintales de arroz. Unas 300 mil familias (1,5 millones de personas) no tienen acceso a la tierra, la mitad de la población rural vive con menos de un dólar diario y 5,5 millones de personas están en situación de pobreza (67 por ciento de la población), 3,8 millones de las cuales en pobreza extrema[1].
“La propuesta de este señor apunta a duplicar la cantidad de tierra sembrada con palma y aumentar en 50 por ciento la de caña. Esto significa invadir de forma brutal la región de la Mosquitia hondureña”, dijo a La Rel Miriam Miranda, presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).
La dirigente garífuna explicó que, durante una reunión con el Observatorio de Derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas, los representantes del pueblo miskito lanzaron un llamado de alerta ante el avance del cultivo de palma en su territorio ancestral, sobre todo en la zona de Brus Laguna.
“Existe un plan muy claro para convertir la Mosquitia, uno de los principales pulmones de Centroamérica, en un criadero de palma. Esto responde a la creciente demanda de agrocombustibles de parte de Estados Unidos y la Unión Europea”, analizó Miranda.
Durante una ronda periodística con la prensa internacional radicada en Honduras, el candidato presidencial negó la intención de “invadir” dicho territorio y aseguró que se operará “bajo los más altos estándares de responsabilidad social y ambiental” y en coordinación con los pequeños y medianos productores de las zonas de Colón, Olancho, Cortés, Yoro y Atlantida. “Honduras tiene una gran cantidad de tierra sin sembrar y por ahí vamos”, dijo.
¿La palma crea empleos? Sólo falacias
La presidenta de OFRANEH consideró totalmente inaceptable la propuesta del candidato nacionalista.
“Es un grave peligro y atenta contra la soberanía y la seguridad alimentaria del país, sobre todo ahora que el modelo basado en los monocultivos está afectando gravemente la capacidad de la población de satisfacer sus exigencias alimentarias”, dijo.
Miranda rechazó también la idea de que ampliando el monocultivo de palma se generen miles de puestos de trabajo.
“Es una total falacia. Existen varios estudios que demuestran que ese cultivo no genera empleo ni contribuye al desarrollo de los pueblos. Y lo más peligroso es que el medio ambiente se va a ver afectado drásticamente”, aseguró.
La dirigente garífuna abogó por una reflexión profunda y seria acerca qué tipo de país quiere el pueblo hondureño.                         “Los pueblos indígenas y negros estamos sumamente preocupados por lo que se pretende hacer con nuestras tierras, y rechazamos con fuerza la idea de que el monocultivo para producir agrocombustibles deba sustituir la siembra de alimentos”, dijo.
“Hay un plan maquiavélico muy peligroso que pretende acaparar la Mosquitia. Desde el movimiento social y popular hondureño y latinoamericano debemos combatir y detener este proyecto”, concluyó Miranda.
[1] Fuente: Datos CEPAL, UNICEF y Observatorio del Mercado Laboral de la Secretaría del Trabajo
Fuente: Rel-UITA

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Sin tierra, perseguidas y sin identidad, globalización impacta en mujeres hondureñas

            Escrito por Yasmine Zelaya 09Aug
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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad nacional Autónoma de Honduras, a través de la maestría en Trabajo Social llevó a cabo el conversatorio “Globalización, territorio y luchas de las mujeres”, donde las dirigentes campesinas, indígenas y afro descendientes condenaron el impacto de los procesos de globalización en Honduras.
El espacio sirvió para reflexionar sobre el proceso de recolonización que se vive en el ámbito nacional, mediante reformas constitucionales y a través de disposiciones de hecho, realizadas todas ellas sin consultar a la sociedad hondureña. Según la conferencista Ana Ortega, se ha llamado globalización a las características adoptadas de la internalización del capital ya señalada por  Marx en el siglo pasado no es más que acumulación de bienes.
Ortega señaló que a las mujeres que luchan en contra de los procesos de la globalización se les ve perseguida como  una especie de “cacería de brujas”, ahora ya no es la santa inquisición los que persiguen ahora son los tribunales comunes, esta nueva persecución tienen otra connotación de aniquilamiento”, comentó. En la actualidad hay una persecución para los grupos sociales que defienden el derecho a tierras como son los sectores indígenas, afro descendientes y campesinos.
“Nuestra lucha por ser diferentes es una lucha diaria”
Por su parte, Miriam Miranda presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) recalcó que los indígenas, campesinos y afrodescendientes llevan una lucha diaria para seguir siendo diferentes.
“Siempre se me dice que tengo que parecerme a otra persona y cambiar mi forma de ser para parecerme a los demás y eso está desde el sistema educativo, las iglesias, los medios de comunicación, siempre tienes que ser igual a los demás y nuestra lucha por ser diferentes es una lucha diaria”. Para Miranda los defensores de los pueblos y derechos humanos se encuentran en peligro por la persecución que están siendo víctimas por parte de los entes judiciales.
“Cien mil lempiras por mi cabeza”
La dirigente campesina, María Magdalena Morales, compartió con los presentes que hay interesados en matarla que fuentes allegadas le han informado que están ofreciendo 100 mil lempiras por su cabeza. “Preocupa la persecución que nosotros tenemos por parte de estas personas que no se tientan el corazón para mandar a asesinar a cualquier persona”, señaló.
En la actualidad hay 45 personas campesinas amenazadas, con órdenes de captura que no se ejecutan, sin embargo por las amenazas han optado en quedarse encerrados en sus casas. Morales declaró que ya no hay territorios disponibles para trabajar las tierras ya que todo se le ha concedido a grupos de poder para la plantación de palma africana lo que provoca que estos terrenos queden inutilizables por lo menos durante 60 años. “Por defender nuestro derechos a tierra es que nos persiguen estamos en una batalla contra compañías internacionales que son un monstruo”, comentó.
Lucha de las mujeres  
Para, Lorena Cabnal mujer indígena originaria de Guatemala y fundadora de de la Asociación de Mujeres María Xalapan Jalapa (AMISMAXAJ), no solo es importante la denuncia contra de la globalización, sino que también es importante la lucha que se centra en el cuerpo de las mujeres como primer territorio a defender.
“El fortalecimiento del pensamiento feminista coincide con nuestra lucha por la defensa del territorio. Asumimos la recuperación y defensa de nuestro primer territorio, cuerpo–tierra, como principio feminista, porque la propuesta de transformación feminista pasa por comprender la realidad histórica de opresión”, señaló.
La dirigente indígena mencionó que es importante el espacio vital para la vida que es el espacio que provee la tierra, por ello la importancia de la liberalización de las tierras. Finalizó diciendo que si se defienden nuestras tierras se defiende nuestro cuerpo.
Las expositoras concluyeron que los movimientos de mujeres deberían aunar esfuerzos para desafiar juntas las fuerzas de la globalización así contribuir a revertir la iniquidad de género, etnias, razas y colonización que amenaza y persigue a sus pueblos. La conferencia “Globalización, territorio y luchas de las mujeres”, se llevó  a cabo en el marco de la semana del VII Congreso de Investigación Científica 2013 realizado en la máxima casa de estudio.

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