Entradas etiquetadas como Organizaciones de Derechos Humanos

Fiscal acusa a organizaciones de derechos humanos de incitar a la delincuencia

Alerta 151-2016 | Honduras, lunes 29 de agosto de 2016 La fiscal del departamento de Valle, Kenia Lagos Maldonado, supuestamente estigmatizó a los defensores de derechos humanos al acusarlos de incitar a la delincuencia.

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Presidente Hernández culpa a ONG’s defensoras de derechos humanos de campaña contra Honduras – CRITERIO

Sin embargo, la Casa de Gobierno no presentó ninguna entrevista o comunicado de esos reconocimientos que dice haber recibido de parte de los congresistas y funcionarios del gobierno estadounidense. Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- El presidente Juan Hernández,  tras regresar de su viaje por Estados Unidos culpó a las organizaciones de defensoras de derechos humanos […]

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LOBBY EN WASHINGTON VERSUS MARCA PAIS

El Presidente Hernández regresó incómodo el jueves de la capital estadounidense con nuevos reclamos a las organizaciones sociales hondureñas, que dialogan con los círculos políticos y legislativos de ese país.

La incomodidad del Presidente es por los cuestionamientos a la asistencia económica para policías y militares corruptos violadores de derechos humanos; la crítica a los fondos de la alianza para la prosperidad del triángulo norte, que prioriza recursos para supuestos empleos en minas y represas, y el papel de los bancos multinacionales que financian la muerte.

Le molesta, igualmente, al gobernante el impulso de la Ley Bertha Cáceres, que exige resultados en seguridad, justicia, reforma agraria, territorios indígenas, energía y anticorrupción.

“Con mucha sorpresa pude constatar que llega información desde las organizaciones sociales a la oficina de los congresistas y senadores de Estados Unidos, que muchas veces proviene de hondureños y de hondureñas que tergiversan la verdad”.

Así regresó el Presidente: sorprendido por esos malos hondureños y hondureñas que tergiversan la verdad.

En público no mencionó a las ONG´s nacionales y estadounidenses que según él desinforman a los pobres ignorantes senadores estadoundienses, esos que no leen agencias de prensa ni hablan español.

Pero en privado Hernández lanza rayos y sentellas contra las organizaciones que aportaron a la Ley Bertha Cáceres, que denuncia la putrefacción de la policía y el ejército, y las violaciones que cometen el Ministerio Público y la Corte Suprema, convertidos en operadores de injusticia y tramitadores de la impunidad.

Otra vez el ataque verbal del abogado Hernández Alvarado fue contra todos los pájaros que vuelan el cielo washingtoniano, dejando abierta la posibilidad que los francotiradores impacten a cualquiera, pero obvio que él sabe a quien ataca.

Hernández ataca a quienes denuncian local e internacionalmente que la extradición de policías del crimen organizado y de políticos corruptos es una estrategia del gobierno estadounidense y no, precismaente, su voluntad y la de su gobierno. Y lanza sus flechas venenosas contra quienes señalan que la terquedad continuista es una amenaza a la gobernabilidad social y política, y no un proyecto estabilizador de marca país de largo plazo.

Es lamentable que mientras el Presidente hablaba así, la sede del Movimiento Amplio en San Pedro Sula fue penetrada para secuestrarle las computadoras que contienen el caso Bertha Cáceres. Y Martín Gómez, de MILPA, fue atacado por hombres del alcalde nacionalista de Santa Elena que promueve las inversiones de la presidenta de su partido en La Paz.

O sea, el Presidente mintió al decir que respeta todas las causas sociales y el derecho que cada persona y organización tiene para hacerlo y decirlo con pasión. Su gente está atacando en el terreno y su gobernador de Lempira está premiando a un criminal en público, en un acto bochornoso en la ciudad de Gracias.

Mintió, además, porque había prometido a la comunidad internacional no criminalizar más la denuncia de la disidencia social hondureña, porque no es la primera vez que él ataca al regresar de Washington o del Parlamento Europeo. Esta vez amenazó con lanzar encima la opinión del pueblo nacionalista.

“Contra esos hondureños y hondureñas también tenemos que estar defendiéndonos”. Así lo advirtió.

Es posible entender este enojo del mandatario porque Washington le dijo claramente que la plata del Plan Alianza para la Prosperidad no será de corto plazo para su gobierno, será de mediano y largo plazo, para otros gobiernos.

Es posible también que el enojo proceda del hecho que Washington no ve su continuidad en el poder, porque es un factor desestabilizador de Honduras, y más bien habría incluido parientes próximos en lista de extradición a las cárceles estadounidenses.

Y tiene rasquiña el Presidente porque la opinión pública internacional no está tranquila con la detención de los ejecutores del crimen de Bertha Cáceres, porque pide la captura de quienes pusieron el dinero y planificaron su muerte. Y eso toca las bases de la elite que lo sostiene a él. Y por eso contrata una empresa cara de imagen pública para levantarle su perfil.

Así, señor Presidente, es muy difícil conciliar los efectos del lobby informado en Washington y su manera reiterada de tergiversar la verdad. No basta decir que Honduras está cambiando. Perdone usted, pero la Marca País necesita que haga más, lo que tenga que hacer, para ser respetada y creíble.

 

Defensores en linea

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Se molestan autoridades porque organizaciones de DDHH denuncian aplicación de prácticas de los 80 en la UNAH

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Autoridades de la UNAH criminalizan la protesta social y la labor de los defensores de derechos humanos – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- Los defensores de derecho humano en una conferencia de prensa celebrada en el portón principal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) han denunciado que las autoridades universitarias han exacerbado el uso del derecho penal para criminalizar la protesta social y el trabajo de ellos y ellas. Manifestaron que […]

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Organizaciones de DDHH respaldan a universitarios criminalizados por realizar protestas sociales

Defensores en linea

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UNAH: Organismos de derechos humanos protegen vandalismo

Alerta 107-16 | Jueves, 16 de junio de 2016 Los funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) emitieron un nuevo comunicado con declaraciones estigmatizantes para desacreditar el derecho a la promoción y protección de los derechos humanos.

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Organizaciones de DDHH alertan sobre el asesinato de seis estudiantes

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Tras el asesinato de seis estudiantes de diferentes institutos públicos en los últimos dos meses, tres organizaciones defensoras de derechos humanos urgieron este martes al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) para que intervenga para en la solución de lo que identificaron como una crisis de derechos humanos en materia educativa.
Los seis estudiantes de secundaria fueron asesinados entre marzo y mayo de 2016, mientras en los colegios donde ellos aprendían, había protestas estudiantiles por la implementación del Plan Nacional de Alfabetización “Honduras aprende por una vida mejor”.
El Observatorio Ecuménico Internacional de los Derechos Humanos (OEIDH) presentó la lista de jóvenes asesinados. Según el OEIDH, coincidentemente las víctimas eran de los institutos educativos cuyos alumnos se encuentran en protesta junto a sus padres de familia y maestros. Para el OEIDH, de  los seis jóvenes que fueron asesinados, cuatro eran menores de edad, y dos tenían entre 18 y 19 años.
“De acuerdo con nuestro análisis se trata de una situación de violencia sistemática, sin demeritar el hecho de que estos institutos y estos jóvenes viven en zonas consideradas de alta incidencia de maras y pandillas, lo ciento es que no podemos obviar que en este momento los estudiantes se mantienen en una serie de protestas por el Plan de Alfabetización, en este escenario se nos plantea un reto obligatorio como organizaciones de derechos humanos, pues creemos que los institutos donde existe oposición o movilizaciones son también donde se han presentado estos graves incidentes violentos”, sostuvo una de las representantes del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) en la reunión con el ombudsman, Roberto Cáceres Herrera.
Apertura al diálogo

Para Cáceres Herrera “la situación que se presenta en los institutos capitalinos es similar a la que se vive en el país”, sabemos que “hay una minoría de jóvenes que consume droga, que son víctimas de la vulnerabilidad por la presencia de las maras, por lo que deben tomarse esfuerzos conjuntos, de tal manera que se hagan acciones concretas que puedan irse replicando, para no quedarse solamente en Francisco Morazán, sino en todo el país donde hay centros violentos”.
El titular de CONADEH, subrayó además la necesidad de “no continuar con el mismo sistema educativo, por lo que se debe ir buscando como enfrentar la temática común y hacerle una propuesta al gobierno”.
Al ser consultado por la posibilidad de una apertura al diálogo por parte del ministro, Marlon Escoto, “porque creemos que si no existe apertura, las protestas se van a agudizar si no se abre el diálogo”, sostuvo un representante del Observatorio Ecuménico. Cáceres Herrera aseguró que están en conversaciones y se puede llegar al diálogo entre las partes.
Militarización agrava escenarios 
Tras la denuncia interpuesta por C-Libre se ha investigado además los supuestos casos de acoso sexual por parte de los militares que mantienen presencia en el instituto Saúl Zelaya.
“Lo que podemos hacer como Comisionado, es poner en conocimiento de inmediato a la Fiscalía porque con la situación de los asesinatos ya hay un delito, o que se nos comunique en caso de que ellos ya hayan realizado una investigación sobre el caso”, indicó una procuradora asignada al caso.
“Hay que tener presente que cuando hay acoso sexual no necesariamente la víctima va a comunicarlo al docente o al director del centro educativo, siempre suele ser a las personas más cercanas a él o ella y quienes más confianza tenga, porque recuerde que esto puede representar vergüenza, no necesariamente el referente debe ser la autoridad en materia educativa y ahí la misma Fiscalía de la Niñez debe investigar, la alerta está puesta y es responsabilidad del Estado de actuar de oficio”, sostuvo por su parte, Wilmer Vásquez de la Red Coiproden.
Planteamiento Jurídico contra el 
Plan Nacional de Alfabetización
El Coordinador General del Observatorio  Ecuménico Internacional de Derechos Humanos (OIDH), compartió además el planteamiento jurídico contra el Plan Nacional de Alfabetización por el Estado a través de la Secretaría de Educación.

A su criterio, esta iniciativa se trata de una actividad ilegal, pues según los tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, así como las leyes nacionales como el Código de la niñez y adolescencia.
En ambas leyes hablan sobre los derechos de la niñez, fundamentados en la premisa de  “El interés superior  del niño”, especialmente porque se trata de una actividad impuesta, dado que no ha existido diálogo o acuerdos consensuados entre las partes o actores que ejecutaran el mismo: padres de familia, maestros y alumnos.
Además, el OEDH considera que es una actividad riesgosa, poniendo en peligro las vidas o integridad física de los estudiantes al enviarlos a lugares de riesgo o ponerlos frente a adultos desconocidos durante un periodo prolongado.
4. Es una actividad pedagógicamente inconsistente: los adolescentes no tienen la formación ni capacitación pedagógica para enseñar a leer a personas adultas o jóvenes analfabetas. La alfabetización es una responsabilidad del Estado.
Artículo 154 de la Constitución de la república
La erradicación del analfabetismo es tara primordial del Estado…
5. Es una actividad económicamente desgastante para el presupuesto de las familias pobres: la mayoría de los estudiantes de educación media que tienen que alfabetizar (unos 250 mil) proceden de hogares pobres con ingresos de 1 o 2 salarios mínimos, los cuales son insuficientes para hacerle frente a los gastos de alfabetización. (7 mil lempiras para alfabetizar a dos personas, según el COPEMH).
El financiamiento de la educación pública es responsabilidad del Estado, articulo 171 de la constitución de la República.
Propuesta:
1. Promover un diálogo con carácter urgente, padres de familia, estudiantes, autoridades de educación y organizaciones de derechos de la niñez, para buscarle una solución  consensuada a la problemática.
2. Diseñar un programa serio de alfabetización que supere las deficiencias antes mencionadas, coordinado por un equipo de empleados de la secretaria de educación preparados a nivel nacional sobre la temática y metodología de alfabetización, quienes estarían al frente del “voluntariado especial” identificado para la tarea de alfabetización (preferiblemente los estudiantes de magisterio a nivel nacional).

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/libertad-de-expresión/organizaciones-de-ddhh-alertan-sobre-el-asesinato-de

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El litigio estratégico por las PAE trascenderá las fronteras

Escrito por Tomy Morales | Octubre 28 del 2015

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Organizaciones de Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres preocupadas por el alto índice de embarazos adolescentes, la violencia sexual contra las mujeres y la penalización del aborto, realizaron el taller “sobre litigio estratégico”. Las expositoras fueron la ex ministra de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos Ana Pineda, las abogadas Any Matamoros y Grecia Lozano del centro de Derechos de Mujeres CDM. Una de las líneas de este plan es educar a la población para que entienda los derechos reproductivos y sexuales que tienen las mujeres.
Refirieron una cronología de lo que ha sucedido con la Píldora Anticonceptiva de emergencia más conocida como “PAE” o pastilla del día después, los y las participantes conocieron los inicios cunado la Secretaria de Salud la aprobó, los ataques que sufrió por parte de los grupos fundamentalistas y conservadores hasta llegar al dictamen de la Corte Suprema de Justicia y la prohibición de su uso, venta y distribución.
Erick Martínez coordinador de la parte técnica del Grupo Estratégico a nivel nacional en pro de la PAE expreso que este año han realizado diversas acciones enfocadas a la sensibilización a la población hondureña e informar a la juventud sobre este método de prevención de embarazos.
“Recordando que la píldora fue prohibida después del golpe de Estado y esto ha tenido un impacto en el incremento de embarazos adolescentes, en la falta de atención en el protocolo de salud hacia las víctimas de violencia” dijo Martínez.
Reveló que el siguiente paso como grupo estratégico es demandar al Estado de Honduras por violentar el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
El defensor indicó que después de agotar las instancias nacionales procederán a las internacionales, que los beneficios son a favor del más 52 por ciento de la población femenina del país, debido a los embarazos no deseados o aquellas que son víctimas de violencia.
Un defensor de Derechos Humanos es una persona que tiene la responsabilidad de defender al ser humano y a su dignidad, con todo ese catálogo de derechos, libertades fundamentales expreso Ana Pineda a la interrogante ¿Por qué los y las defensoras de Derechos Humanos defienden el uso de las PAE?
Pineda añadió que existen estudios científicos que establecen diferentes tipos de métodos de planificación que un hombre o una mujer tienen la oportunidad de seleccionar, pero también habla de métodos de planificación en casos de emergencia para evitar la unión del espermatozoide con el ovulo para gestar una vida, por ende no se provoca un aborto.
La defensora recordó que desde hace años existen movimientos de mujeres y un grupo estratégico que se ha organizado para promover ante instancias nacionales e internacionales un litigo que permita hacer ver que la prohibición de la comercialización de las PAE es algo que la actualidad debe ser revertido, en un contexto de inseguridad en donde las mujeres, las niñas están expuestas a sufrir violencia sexual por diferentes circunstancias, por eso es necesario que reciban métodos de protección.
Por su parte, Grecia Lozano informó que el objetivo de la actividad es sacar un documento de ruta estratégico del caso de las PAE, porque se ha conformado para la lucha de legalización
un grupo estratégico “Multidisciplinario” que tiene el interés de llevar a la dimensión internacional un proceso judicial para la legalización de las PAE.
La profesional del derecho indicó que en el grupo participan el Grupo Sociedad Civil, organizaciones de Derechos Humanos, organizaciones de Derechos de las Mujeres. En estos momentos están en el proceso de lo judicial por la vía de lo contencioso administrativo, pero lo más seguro es que se desestime como sucedió con un proceso que llevo el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras CONADEH, el siguiente paso es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, finalizó la defensora.

 

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/mujeres/el-litigio-estrat%C3%A9gico-por-las-pae-trascender%C3%A1-las-fronteras

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Organizaciones de Derechos Humanos y de la Mujer “a la carga por las PAE”

Escrito por Tomy Morales | Octubre 28 del 2015

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-

Se llevó a cabo un taller “sobre litigo estratégico por las PAE”, patrocinado por varias organizaciones de Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres. El tema de la pastilla Anticonceptiva de Emergencia PAE,  ha sido muy polémico en la sociedad hondureña, el proceso de lucha que han emprendido las organizaciones de derechos de las mujeres y otras se divide en tres momentos, el primero lograr que se aprobara el uso de este método de prevención de embarazos, el segundo cuando lo derogaron y el actual nuevamente a la carga para que se retrotraiga la derogación del decreto que la prohíbe.
Varias organizaciones han conformado el grupo estratégico de las PAE para poner nuevamente sobre el tapete la discusión enmarcado en los derechos sexuales y reproductivos que tienen las hondureñas.En 1999 la Secretaria de Salud aprobó el uso de dichos anticonceptivos en todos los centros del país, por ende organizaciones sociales, gremiales y académicas se pronunciaron a favor del proyecto legislativo, para la venta y uso de las PAE como método de prevención.
En el año 2003 se amplió la prescripción de las PAE a mujeres adolescentes, pero es en el 2005 que la lánguida oposición de grupos conservadores arremetió contra las PAE alegando que eran “abortivas”. El 2 de abril de 2009 el Congreso Nacional de la República aprobó el decreto 54-2009 por el cual se prohíbe el uso, venta, compra y cualquier política o programa relacionado con las PAE, así como la distribución pagada. Dicho decreto fue vetado por el entonces Presidente de la República Manuel Zelaya Rosales el día 15 de mayo de 2009, con el argumento que de dejarse entrar en vigencia el decreto objeto de este dictamen, se estarían violentando las obligaciones contenidas en varios convenios internacionales (la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, en relación con la garantía de no discriminación hacia la mujer y el derecho a la salud consignado en ambas convenciones.
El Congreso Nacional dirigido por Roberto Micheletti en el 2009 aprobó el decreto 154-2009 para sacar del mercado hondureño la venta de la pastilla del día después, argumentando que había un alto consumo entre las menores de edad. En el 2009 el proyecto de decreto fue impulsado por la diputada liberal Martha Lorena Alvarado, quien arguyó que la pastilla anticonceptiva de emergencia actuaba directamente en el cuerpo, causando miles de cambios físicos en las niñas las que eran las usuarias más frecuentes.

Otra de las opiniones fue expresada por el en ese entonces presidente del colegio Médico de Honduras CM, Mario Noé Villafranca quien sustentó que la pastilla tenia efectos abortivos; este estudio fue utilizado para que la Corte Suprema de Justicia el 1 de febrero del 2012 emitiera un dictamen que prohibía el uso de esta píldora considerándola abortiva.
Más tarde Villafranca asumió el cargo de Secretario de Salud en el gobierno de facto de Micheletti Bain (quien asumió la presidencia por un golpe de Estado el 28 de Junio del 2009). El funcionario de salud mediante el acuerdo emitido el 21 de octubre del 2009 prohibió la venta, uso, consumo y distribución de las PAE.
Internacionalidad
Amnistía Internacional define como “derechos sexuales y reproductivos, son derechos humanos que tenemos todas las personas, se fundamentan en los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos, normas regionales, constituciones y otros documentos de consenso internacional.
También se encuentran en parte, reconocidos en las declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas ONU sobre los derechos reproductivos y salud reproductiva. Definidos como aquellos derechos que buscan proteger la libertad y autonomía de todas las personas para decidir con responsabilidad si tener hijos o no, cuantos, en que momento y con quien.
A estos derechos se suma la píldora del día después como se les conoce a las PAE que es una manera segura y efectiva de prevenir un embarazo después de haber tenido relaciones sexuales sin protección, se puede tomar hasta 72 horas después de la relación; ya que se argumenta que los espermatozoides duran un periodo de 120 horas fuera del útero, esto es cinco días.
Más de 80 países aprobaron las PAE como método anticonceptivo legal e incluso en Estados Unidos se vende sin receta médica, los únicos países en donde se prohíbe son Honduras, Chile, Ecuador y Perú. Honduras fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición de los tribunales de justicia a la compra, venta y uso de la píldora del día después, interpuesta ante este órgano de la Organización de Estados Americanos por varias organizaciones de Derechos Humanos.
La Organización Mundial de la Salud OMS conceptúa que la anticoncepción de emergencia solo es eficaz en los primeros días posteriores a la relación sexual, antes de la salida del óvulo del ovario y antes de que ocurra la fertilización por un espermatozoide. Las píldoras anticonceptivas de emergencia no pueden interrumpir un embarazo establecido ni dañar al embrión en desarrollo.
Establece que las píldoras anticonceptivas de emergencia previenen el embarazo, no se deben administrar a mujeres con embarazo confirmado; Sin embargo, si una mujer las toma sin saber que está embarazada, los datos disponibles indican que la píldora no perjudicará ni a la mujer ni al feto. Con esta actividad las organizaciones convocantes esperan concientizar a los y las miembros de otras organizaciones para que participen en la formulación de la propuesta que dará vida nuevamente a las PAE.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/mujeres/organizaciones-de-derechos-humanos-y-de-la-mujer-%E2%80%9C-la-carga-por-las

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Organizaciones de Derechos Humanos de Honduras impugnaran Resolución de la Fiscalía de la CPI

Tegucigalpa, M.D.C.

30 de octubre de 2015
Señora:

Fatou Bensouda
Fiscal de la Corte Penal Internacional.

Su oficina.

                                 Asunto: Comunicación  Situación en Honduras     

Informe con arreglo al artículo 5 del Estatuto.

Respetada Señora Bensouda:

Las organizaciones de Derechos Humanos de Honduras, que presentamos comunicaciones ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, nos dirigimos a usted en ocasión de presentar nuestras observaciones al informe denominado Situación en Honduras, informe con arreglo al artículo 5 del Estatuto, de octubre 2015”. Documento que conocimos a través de los medios de comunicación y del cual no fuimos notificados en forma previa como ordena el artículo 53 del Estatuto de Roma.

I.    Antecedentes:

Honduras ratificó el Estatuto de Roma el 1 de julio de 2002. La Corte Penal Internacional tiene entonces la competencia de investigar y juzgar genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el territorio hondureño o por sus ciudadanos desde el 1 de septiembre de 2002.

El 28 de junio de 2009, el ejército hondureño, apoyado por el sistema político y jurídico, y económico perpetró un Golpe de Estado contra el Presidente Constitucional, Manuel Zelaya Rosales.

A partir de la toma del poder, las autoridades de facto adoptaron medidas que tuvieron un impacto negativo en los derechos humanos. Una de las primeras fue la suspen­sión de las garantías constitucionales de libertad perso­nal, detención e incomunicación, libertad de asociación y reunión y libertad de circulación. El estado de excepción, impuesto en diferentes momentos y carente de base le­gal, se aplicó en forma arbitraria y desproporcionada, sin que existiera justificación de su razonabilidad. La falta de legitimidad de origen del gobierno de facto y la ausencia de los requisitos de forma y de fondo para la adopción de la medida, violentaron la normativa interna e internacio­nal de derechos humanos[1].

La utilización arbitraria del estado de excepción se acompañó de la militarización del territorio hondureño y el establecimiento de retenes mili­tares y policiales en las principales carreteras del país, con el objeto de impedir la movilización de manifestantes a favor del Presidente Zelaya.

Otro mecanismo implementado por el gobierno de facto fue la participación activa de los agentes del ejército en el control y dispersión de las manifestaciones públicas, situación que se sostuvo durante los siguientes meses y años.

Los subsiguientes gobiernos sometieron a la población hondureña a actos represivos incluyendo el uso excesivo e ilegal de la fuerza en contra de manifestaciones pacíficas, ejecuciones extrajudiciales, la tortura, violaciones y otros crímenes sexuales, detenciones ilegales y  la persecución.

El principal obstáculo en el derecho interno para avanzar respecto de casos indi­viduales, proteger a las víctimas y luchar contra la impuni­dad, fue la ausencia de un órgano autónomo de investiga­dores y la falta de voluntad e iniciativa para investigar las denuncias. Pero también hubo casos en que los jueces se negaron en audiencias judiciales a tramitar las denuncias de tortura y malos tratos presentadas por quienes participaban en manifestaciones y por otras personas que habían sido detenidas. En otras palabras, la justicia se hizo cómplice del gobierno de facto y del Legislativo y dejó de lado su mandato fundamental de proteger a personas en situación de riesgo, calificar la legalidad de las actuaciones a partir del golpe de Estado, e irrespetó los principios que deberían caracterizar al Poder Judicial en una sociedad democrática: independencia e imparcia­lidad. Algunos jueces y juezas que intentaron la prevalen­cia del estado de derecho fueron investigados administra­tivamente y despedidos.

En septiembre 2009, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional recibió la primera  comunicación. El 18 de noviembre de 2010, la Fiscalía de la CPI anunció la apertura de un examen preliminar en Honduras. Desde entonces, la CPI ha analizado la situación posterior al golpe de estado de 2009 y en la región del Bajo Aguán, donde la violencia y los ataques perpetrados en el marco de un conflicto de tierras se han intensificado. Presuntos crímenes incluyen asesinatos, violaciones, torturas, detenciones ilegales, y desapariciones forzadas, entre otros.

El 23 de octubre de 2015, remitimos una comunicación a la Oficina de la Fiscalía de la CPI, donde desde una perspectiva técnico jurídica sustentamos la existencia de crímenes de lesa humanidad de competencia de la CPI en la situación de Honduras, así como el cumplimiento de los elementos de admisibilidad, competencia e interés de la justicia, para que el examen preliminar avance hacia una investigación dentro de la CPI.

II.                Observaciones:

A.       Sobre el Contexto

1.      El 27  de Octubre  de 2015,  Franco Matillana, de la Oficina de la Fiscalía, acusa  recibo de la recepción  de la Comunicación “confirmarlesigualmente que hemos recibido su más reciente comunicación el día 25 de octubre, la cual está siendo actualmente revisada por la Fiscalía de acuerdo a nuestra estricta práctica de análisis independiente, imparcial y exhaustivo”.

No obstante la recepción de esta comunicación, el Informe de la Fiscalía apunta que solo estudió las comunicaciones recibidas hasta abril de 2014, lo cual consta que no estudio en forma independiente, imparcial y exhaustiva la comunicación técnica jurídica presentada el 23 de octubre de 2015, bajo el Articulo 15 del Estatuto, como era su obligación.

2.      El informe de la Fiscalía en la sección del Contexto, párr. 4-10: Lo define, el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, y separadamente por el contexto del Bajo Aguán, determinando la necesidad de verificación sobre la situación del Bajo Aguán. A pesar  de Ello la OFCPI no realizó una misión a la zona, tras aludir  la necesidad de verificación sobre la situación del Bajo Aguán[2] por lo tanto carece de datos suficientes para pronunciarse apropiadamente.

3.      De igual forma, reseña, pero no se pronuncia sobre la Ley de Amnistía (párr. 8) y su aplicación en la realidad, pese a que admite la existencia de graves violaciones de derechos humanos.

4.      No reconoce el papel trascendente del golpe de Estado en la intensificación de la violencia posterior, dice que esto se debe “en parte a ello”, entrega más figuración a la expansión del tráfico de drogas, proliferación de las armas e ignora la conexión con el golpe de Estado.

5.      Así mismo ignora el papel de las empresas de seguridad privada en la perpetración de violaciones a derechos humanos. El informe asevera que operan sin control del Estado, cuando se ha evidenciado acciones conjuntas en la represión de campesinos y defensores del derecho a la tierra y que estas deben ser supervisadas por el Estado a través de la Secretaria de Seguridad.

B. Sobre la Competencia  Material

      “Periodo transcurrido entre el golpe de Estado y la toma de   posesión de Lobo”

6.      El Informe de la OFCPI, también acoge casi textualmente, la indebida segmentación que hizo la CVR, aludiendo a asesinatos por uso excesivo y desproporcionado de la fuerza (como si el régimen que hizo uso de la fuerza fuese legítimo frente al derecho internacional), y sobre los asesinatos selectivos. El hecho de acoger las cifras aludidas por el informe de la CVR, le permite ignorar los patrones de constitución de los crímenes.

7.      No Obstante que la OFPI reconoce que “los opositores al régimen de facto” podrían ser considerada una población civil integrada por múltiples personas a lo largo de Honduras, de igual forma también reconoce que los actos de violencia que causaron graves lesiones, podrían constituir una línea de conducta según el artículo 7.1 del ER, e igualmente reconocen que los decretos pos golpe pudieron servir como marco para cometer abusos contra la población civil que se opuso al golpe. (párr. 14), se contradice al asegurar en su mismo escrito “que no existe una base razonable para considerar que los actos fueron cometidos como parte de un ataque, y por tanto no constituyen delitos internacionales, bajo el ER”, lo que no desconoce a su juicio que se trata de graves violaciones de derechos humanos.

8.      Periodo del 27 de enero de 2010 a septiembre de 2014. Resalta que según los informes ocurrieron más de 90 casos en Francisco Morazán y Cortés, Tegucigalpa y San Pedro Sula.

9.      Elementos contextuales: Señala que al parecer los presuntos asesinatos no ocurrieron principalmente en lugares asociados con la oposición política, y la información es insuficiente para establecer que las víctimas lo fueron por su afiliación política o actividades profesionales. Sostiene que la información señala que los delitos vienen de la criminalidad común.

10.  Dice que la violencia estructural en Honduras, antes y después del golpe, tiene que ver con la situación de la seguridad ciudadana, la debilidad de la administración de justicia asociada con la impunidad y la marginación de sectores de la sociedad hondureña. Reconoce que en este periodo, el ciclo se acentuó, pero lo atribuye a la incapacidad del gobierno frente a la criminalidad organizada. (párr. 21 y 22).

11.  Señala que en este periodo, la OFCPI no encontró ni características comunes entre los presuntos delitos, objetivos, autores y lugares que permitieran reseñar una línea de conducta según el artículo 7.2.a, ni que estuvieron dirigidos contra una población civil. Por ello concluye que no constituyen crímenes de lesa humanidad.

    Bajo Aguán

12.  Afirma que de los  homicidios del movimiento campesino entre enero de 2010 y septiembre de 2013, 78 casos han sido reportados como asesinatos selectivos, y otros, como resultados entre enfrentamientos entre campesinos y guardias de seguridad.

13.   Sostiene que diversas fuentes señalan el aumento de la violencia en la región como relacionada con disputas por la tierra entre movimiento campesino y propietarios privados, pero que otras fuentes lo atribuyen a las organizaciones narcotraficantes. Reconoce que se alude a actos de violencia cometidos por fuerzas de seguridad del Estado y guardias de seguridad privada contra el movimiento campesino, sus familiares, periodistas y abogados.

14.   Para la OFCPI, el actual conflicto en el Aguán, no se limita a cuestiones de tierra, y está también estrechamente vinculado a actividades de organizaciones criminales de tráfico de drogas, ladrones y saqueadores de plantaciones de palma africana, así como a las rivalidades de organizaciones campesinas. (párr. 27)

15.  De ahí concluye que no existen vínculos y características comunes entre los delitos como para establecer una línea de conducta. Dice que el principal factor de violencia es la prevalencia y expansión de las organizaciones de traficantes, no las disputas de tierras. Resalta que las organizaciones campesinas y las empresas privadas han sido señaladas de vínculos con dichas organizaciones como fue corroborado por la información recogida por la OFCPI en la misión de Tegucigalpa en 2014.

16.  Los peticionarios consideramos que esta afirmación de la Oficina de la Fiscalía es inaceptable y coloca en grave riesgo a los denunciantes y los líderes y defensores del derecho a la tierra.

A partir de lo anterior señala que la situación de Honduras es un “caso fronterizo”, por lo que carece de fundamento para abrir una investigación, y ha decidido cerrar el examen preliminar. Dice que ante nuevos hechos o pruebas, podría reabrir el examen.

Los Peticionarios consideramos que, el ER, la jurisprudencia de la CPI, y los documentos de política de la OFCPI, confluyen en que la complementariedad que caracteriza la actuación de la CPI, se analiza sobre las condiciones existentes al momento de la indagación[3].

La información verifica que en Honduras no están siendo desarrolladas auténticas investigaciones y enjuiciamientos en el orden nacional, sobre los potenciales casos identificados[4]  (supra cap. 2), y abarcando a las personas y conductas que sustentarían el procedimiento ante la CPI. La jurisprudencia de la CPI señala que si no existen investigaciones o enjuiciamientos nacionales genuinos, la situación es admisible[5].

A partir del Artículo 17 ER, existen dos hipótesis generales de admisibilidad: la ausencia de disposición para investigar y enjuiciar realmente (falta de voluntad), así como la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado (incapacidad de actuación). Corroborar, como se hace en Honduras, un escenario de falta de voluntad por demora injustificada en el procesamiento de responsables de crímenes de competencia de la CPI, no ignora otras situaciones relativas por ejemplo a la incapacidad de actuación.

Esta falta de voluntad, consiste en particular en una demora injustificada e incompatible con la intención de hacer comparecer a los responsables ante la justicia (Art. 17.2.b). Según los documentos de política de la Fiscalía, ello exige considerar indicadores como “i) el ritmo de las medidas y procedimientos de investigación‖; así como determinar ii) ―si la demora en el procedimiento puede justificarse objetivamente a la luz de las circunstancias, y iii) si hay pruebas de falta de intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia[6]. Extremos que en el caso de Honduras no han sido considerados.

III.       Conclusiones

Las Organizaciones de Derechos Humanos consideramos que estos actos se manifiestan en conexión con un escenario de persecución política, que ha implicado la privación intencional y grave de derechos fundamentales de la población civil atacada en Honduras.

Contrario a las conclusiones a las que ha arribado la OFCPI en diversos reportes sobre el Examen Preliminar de la situación hondureña, la información disponible es certera en indicar que los hechos acaecidos en Honduras obedecen, necesariamente, al diseño e implementación de una política del Estado en conexión con los poderes fácticos, que ha permitido una serie de acciones criminales planificadas y dirigidas bajo una organización y coordinación que resulta evidente. Lo anterior, en virtud de la existencia de una “Sala de Crisis” que manejaba reportes de inteligencia, en aras de focalizar los actos de violencia contra participantes activos de las jornadas de protesta y apoyo al Presidente Zelaya. Asimismo, la relación de causalidad directa entre la declaratoria de estados de excepción o toques de queda y la comisión de los actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, hace entrever la coordinación entre las estructuras que diseñaban la política y aquellos encargados de cumplirla a través de la movilización de personal militar y policial fuertemente armado, la existencia de retenes y puestos de control, las detenciones masivas y la represión de las manifestaciones a través del uso letal de la fuerza indican que estos actos no fueron aislados ni esporádicos, sino que obedecían a las necesidades de las autoridades de facto para controlar la situación de crisis que ellos mismos habían ocasionado con el golpe de Estado al Presidente Zelaya. Esta política de estado y poderes fácticos, sigue en actuación en la zona del Bajo Aguán, donde es elocuente que la violencia configura un mecanismo de control sobre la sociedad, para asegurarse el dominio territorial y económico, sobre una de las zonas más fértiles de Honduras. En dicho sentido se verificó que los intereses que se decantaron en el golpe de Estado, lo instrumentalizaron para el ejercicio del poder en el Bajo Aguán, condicionado, además, a la persecución que sigue ejerciéndose contra quienes resistieron activamente al golpe.

De igual manera, se evidenció que los actos mencionados cumplen con los requisitos de generalidad y sistematicidad desarrollados en la jurisprudencia de la CPI. En particular, el análisis sobre la generalidad que no debe obedecer a patrones exclusivamente cuantitativos o geográficos, sino a una perspectiva acumulativa de los múltiples actos referenciados, debería ser suficiente para que en la actual etapa procesal, se actualice la existencia de este elemento de contexto. En consideración con todo lo anterior, consideramos que en la situación de Honduras hay elementos indicativos suficientes, para que la Fiscalía de la CPI avance en su análisis hacia la existencia de la competencia material y la posibilidad de solicitar una investigación formal sobre la situación.

El tercer capítulo de la comunicación del 23 de octubre, que la OFCPI ignoró, se corroboró la falta de voluntad para el procesamiento de los crímenes internacionales de competencia de la CPI. Se hizo énfasis en los procesos históricos de impunidad existentes en Honduras, situación que profundiza, la ya crítica actividad de víctimas y sus representantes de encontrar respuestas a sus legítimos reclamos de justicia. En efecto, la situación hondureña actualiza los elementos contemplados por la OFCPI para determinar la falta de voluntad en llevar a los responsables de los hechos aquí reseñados ante la justicia.

La situación de violencia en Honduras precisa la continuación del Examen Preliminar hacia la configuración de una solicitud de investigación formal por parte de la OFCPI a la Sala de Cuestiones Preliminares, en aras de esclarecer las presuntas responsabilidades de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Lo anterior resulta imperioso si se tiene en cuenta la magnitud e intensidad de la violencia registrada en Honduras y los procesos de impunidad que han cerrado toda posibilidad para que las víctimas puedan encontrar respuesta a sus reclamos de justicia.

En razón de lo anterior las Organizaciones peticionarias  impugnaremos la Resolución de la OFCPI en los próximos 90 días.
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH

Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos

Centro de Estudios de la Mujer, CEMH

Centro de Derechos de Mujeres, CDM

Asociación de Jueces por la Democracia, AJD

FIANH

Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán

Movimiento Unificado Campesino del Aguán, MUCA

Fundación San Alonzo Rodríguez

Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán, MARCA

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA

 

Organizaciones que se suman a esta petición:

 

Casa Alianza Honduras

Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de víctimas de la Tortura, CPTRT

Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI Participa

Observatorio Ecuménico de Derechos Humanos

Redes de Defensores de Derechos Humanos: REDEHSUR, DEOCODERH, Lempira, El Paraíso


[1]CIDH, Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 55, diciembre, 2009, párr. 88

[2]párr. 3,  Informe con arreglo al artículo 5 del Estatuto, de octubre 2015.

[3]ICC, The Prosecutor v. Joseph Kony et al, Decision on the admissibility of the case under article 19(1) of the Statute, ICC-02/04-01/05-377, 10 March 2009, párrs. 49-52. ICC-OTP, Draft Policy Paper, November 2013, op. cit., párr. 47

[4]ICC, The Prosecutor v. Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui, Judgment on the Appeal of Mr. Germain Katanga against the Oral Decision of Trial Chamber II of 12 June 2009 on the Admissibility of the Case, ICC-01/04-01/07-1497, September 25 2009, párr. 78. ICC-OTP, Draft Policy Paper, November 2013, op. cit., párr. 47

[5]ICC-OTP, Draft Policy, november 2013, op. cit., párr. 46. ICC, The Prosecutor v. Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-01/07-1497, 25 de September 2009, op. cit., párr. 78.

[6]ICC-OTP, Draft Policy Paper, November 2013, párr. 52

468 Honduras, Código Procesal Penal, Arts. 16, 25, 26 y 92, extractado de: https://www.oas.org/juridico/mla/sp/hnd

Origen: Organizaciones de Derechos Humanos de Honduras impugnaran Resolución de la Fiscalía de la CPI

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