Periodista sufre acoso judicial por informar sobre gestión de exrector de la UNAH

Alerta 136-2016 | Honduras, Lunes 1 de agosto de 2016

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). El diputado del gobernante Partido Nacional, Oswaldo Ramos Soto, interpuso el 27 de julio una querella contra el director del Foro Canal 10, Armando Villanueva.

Esa información fue divulgada por los diarios de prensa escrita, El Heraldo y La Tribuna. El uso del derecho penal en este caso pretende atacar el discurso sobre asuntos de interés público, relacionados con el quehacer del legislador cuando fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El apoderado legal del querellante es el abogado Nicolás García Sorto, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y exapoderado legal del expresidente, Rafael Leonardo Callejas.

La Tribuna informó que García Sorto manifestó que la querella está relacionada con expresiones del periodista sobre la supuesta participación de Ramos Soto en la falsificación de documentos, «entre otros comentarios enlazados durante el programa de entrevistas, citando como antecedentes cuando el diputado fungió como rector de la Alma Mater (sic)», informó el periódico.

En Honduras, las querellas son presentadas ante los Tribunales de Sentencia, el expediente es turnado al azar, por un sistema de numeración correlativa, a un juez que sirve como conciliador en las primeras etapas. Si la conciliación fracasa, el caso pasa a juicio oral y público.

Villanueva indicó a C-Libre que su intención como periodista fue describir la época que se vivió en la UNAH en los ochenta, tal como lo indican varios libros, documentos, informes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

El periodista sufrió hostigamiento por uso del derecho penal hace unos años por una querella promovida que terminó en conciliación y amenazas de demanda por otro político del Partido Nacional.

«Creo que un periodista no tiene que extralimitarse, pero al mismo tiempo creo que debe haber restricciones a funcionarios, diputados, inclusive al presidente que no permiten críticas», dijo Villanueva.

El papel de los periodistas es fiscalizar la conducta de los funcionarios cuando están en un cargo, opinó.

Canal 10 es propiedad del periodista, Rodrigo Wong Arévalo. Él fue uno de los primeros comunicadores, víctima de acoso judicial al ser condenado por el sistema de justicia hondureño, a petición del expresidente Callejas. Unos años después de la condena contra el periodista, el exmandatario Callejas fue extraditado hacia Estados Unidos por corrupción pública.

El estándar obligatorio para los Estados 
El 3 de mayo de 2015, en un comunicado de prensa, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los Estados a abstenerse de usar el derecho penal para silenciar las voces críticas.

«La Relatoría Especial continúa recibiendo serias denuncias sobre la apertura de procesos penales contra comunicadores, periodistas, dirigentes políticos y sociales por la expresión de opiniones críticas y la protesta frente alguna clase de poder político, económico o militar. En los últimos años, funcionarios públicos han llevado a la órbita penal a medios de comunicación y periodistas o directivos en Venezuela, Cuba, Ecuador, Honduras, Brasil y Guatemala.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha establecido que cuando se juzga a “quien reprodujo parcialmente información publicada” por otros medios, si este “se limitó básicamente a la reproducción de estas informaciones” su condena “entraña una limitación excesiva a la libertad de expresión, de manera inconsecuente con lo previsto en el artículo 13.2 de la Convención”, con independencia de la veracidad de la información publicada”».

«Respecto al honor de los funcionarios públicos y personas que se involucran en asuntos públicos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que “la obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se cumple estableciendo una protección estatutaria contra los ataques intencionales al honor y a la reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho de rectificación o respuesta. En este sentido, el Estado garantiza la protección de la vida privada de todos los individuos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formarse opinión y expresarla”», advirtió la Relatoría.
Origen: http://www.clibrehonduras.com/alerta/periodista-sufre-acoso-judicial-por-informar-sobre-gestión-de-exrector-de-la-unah

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