El Gobierno de Canadá no ha logrado formular una respuesta adecuada a las recomendaciones recibidas a lo largo de la última década para prevenir y brindar recursos efectivos en relación a los perjuicios vinculados a actividades de empresas mineras canadienses en América Latina y el Caribe, según indica un informe de la Red Canadiense sobre la Rendición de Cuentas Empresarial (Canadian Network for Corporate Accountability) que se presentará en la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, D.C. el martes 28 de octubre.
Durante la audiencia, tomarán la palabra Alerta Minera Canadá, el Proyecto Justicia y Rendición de Cuentas Empresarial de la Facultad de Derecho Osgoode Hall (Justice and Corporate Accountability Project – JCAP por sus siglas en inglés) y el Centro Canadiense para la Justicia Internacional (CCJI). La Comisión ha solicitado la presencia del Estado de Canadá, pero su participación no se ha confirmado.
De acuerdo a la evidencia documentada, comunidades indígenas y no-indígenas, trabajadores/as y el medio ambiente han sufrido abusos sistemáticos de parte de empresas canadienses que operan en Latinoamérica y el Caribe con un importante apoyo del gobierno de Canadá. El informe insta al gobierno de Canadá a tomar medidas para ayudar a prevenir mayores perjuicios, incluyendo el dejar de centrar la cooperación para el desarrollo en el extranjero y los servicios diplomáticos en la promoción de la extracción de minerales a gran escala en el extranjero. A su vez, debería promulgar disposiciones legislativas con objeto de que las sociedades de Estado, sobre todo aquellas que financian y cuentan con capital social en las empresas, cumplan con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de los Pueblos Indígenas. El informe también destaca la necesidad de contar con estándares jurídicamente vinculantes y recursos efectivos para abordar los impactos negativos de la minería en relación a las comunidades, los/as trabajadores/as y el medio ambiente habiendo notado que los estándares voluntarios y demás medidas no bastan.
La audiencia forma parte del 153º Período de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH es un ente regional de derechos humanos y un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos. Las audiencias se convocan dos veces al año, hacia el comienzo del segundo y cuarto trimestre.
En octubre de 2013, el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina presentó sus alegatos ante la CIDH sobre la violación sistemática de los derechos humanos y de los Pueblos Indígenas en comunidades afectadas por la minería. El Grupo de Trabajo caracterizó 22 estudios de caso sobre empresas canadienses que gozaban de un fuerte apoyo del estado canadiense en los cuales se destacaba un preocupante patrón de abusos.
La audiencia le sigue inmediatamente al fracaso del proyecto de ley C-584 en la Cámara de los Comunes de Canadá que presentó el Diputado de Quebec Ѐve Péclet. El proyecto de ley proponía la creación de un puesto independiente de Defensor del Pueblo en relación al sector extractivo, que gozara de la capacidad de investigar y hacer recomendaciones sobre el impacto en los derechos humanos de las empresas mineras canadienses que operan en el exterior.
Fuente: MiningWatch Canada
Tegucigalpa.
Honduprensa 