Archivos para 14/10/14

Diputada y periodista pide que la investiguen

Martes, 14 Octubre 2014 23:17

TEGUCIGALPA.- La periodista y diputada liberal, Waldina Paz, pidió ayer públicamente a las autoridades una investigación para que determinen si es “lavadora” de activos. La congresista visitó las oficinas de la  Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), con ese fin, luego de que dos periodistas hicieron cuestionamientos a sus ingresos.

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El día de su muerte, la fiscal Marlene Banegas movió caso del IHSS

14 Oct 2014 / 11:05 PM /

Los documentos son extremadamente peligrosos, según la Fiscalía General.

Otros ocho presuntos pandilleros fueron detenidos para investigación por asociación ilícita y portación ilegal de armas.
Otros ocho presuntos pandilleros fueron detenidos para investigación por asociación ilícita y portación ilegal de armas.

Tegucigalpa, Honduras.

Horas antes de ser ultimada la coordinadora de la Fiscalía de Delitos contra la vida, Marlen Banegas, revisó los expedientes de los casos de Juana Bustillo, Glenda Maribel Sánchez, Fátima Chinchilla y Andrea Guevara, cuyas muertes están presuntamente vinculadas a la corrupción que impera en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

LA PRENSA buscó la información para conocer los avances de la investigación sobre las muertes y establecer qué otros elementos se podrían consignar en las investigaciones. Ese día horas antes de su muerte, la fiscal expuso que estaba revisando los expedientes. Agregó que se darían a conocer los avances, por la vía indicada, y que en las próximas horas se entablaría la comunicación para dar a conocer los avances. La entrevista no se efectuó porque le arrebataron la vida junto a su compañera Patricia Eufragio.

LEA: Juana Bustillo manejaba información clave

Caso peligroso

Como un caso extremadamente peligroso calificó la Fiscalía General de la República los crímenes ligados a la corrupción en el IHSS de San Pedro Sula, el que aseguran que están investigando y se reservan dar declaraciones al respecto.

Roberto Ramírez Aldana, titular de la Unidad de Apoyo Fiscal, dijo a LA PRENSA a través del departamento de Comunicaciones, que prefiere no referirse mientras se lleva a cabo la investigación.

Información publicada ayer revela que la Fiscalía de Delitos contra la Vida que dirigía Marlene Banegas (asesinada el viernes), investigaba los cuatro crímenes ligados a la corrupción del IHSS.

Estructuras delictivas

German Leitzelar, miembro de la unta Interventora, confirmó ayer que la corrupción en el IHSS en San Pedro Sula fue mucho más grave a la que se detectó en Tegucigalpa, porque hubo delitos contra la vida de personas.

“Nosotros creemos que es más grave que la corrupción de Tegucigalpa, allá -San Pedro Sula- había situaciones iguales o más difíciles a las que se nos menciona dentro del contexto que hubo delitos contra la vida que prácticamente están vinculados con esos conflictos internos y actos irregulares que conducían a actos delictivos y abusos sobre los bienes de la institución”.

LEA: A fiscal Banegas le quitaron la protección

El funcionario agregó que el trabajo de la interventora se centró en una investigación de todos los procesos administrativos y los respectivos hallazgos están contenidos en los informes que se fueron dando en el proceso.

Además expuso que la información que tiene que ver con estructuras delictivas organizadas, delitos y otras irregularidades está siendo investigada por el Ministerio Público.

“La información que nosotros consideramos que era pertinente se la trasladamos a la Fiscalía y ellos abrieron 15 líneas de investigación y en esas investigaciones se fueron detectando estas estructuras delictivas; pero los únicos que conocen eso son ellos”.

Leitzelar dijo que la junta interventora descubrió sustracción y vencimiento de medicamentos por falta de controles, implementos que no ingresaron, equipos dañados y que no aparecen en los inventarios.

SAN PEDRO SULA. David Edgardo Ordónez quien también se hacía llamar Cristian Arnulfo Gutiérrez, alias el Pony, a quien vinculan directamente con la muerte de las fiscales, es uno de los nueve supuestos pandilleros de la 18 detenidos ayer en el sector Rivera Hernández.

La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) ejecutó allanamientos ayer en la colonia Villas Kitur 1 y 2.

Otros arrestados son Leonel Amílcar Montoya, Wilmer Jeovani Castillo, alias Confite, Alex Rafael Mata, alias el Chele, Carlos Javier López y dos menores. En la capital, se capturó a José Nicolás Sánchez Matamoros (31), José Nahún Ramírez Carrasco y una menor de edad.

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/758068-417/el-d%C3%ADa-de-su-muerte-la-fiscal-marlene-banegas-movi%C3%B3-caso-del

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Honduras: Fiscal Banegas sí tenía protección, pero desistió

14 de Octubre de 2014

10:24PM  –  Redacción  

Las fiscales asesinadas a tiros la noche del viernes en la ciudad de San Pedro Sula se “relajaron” en el sentido de que no acataron las recomendaciones emanadas desde la Dirección de Inteligencia, dijo Pacheco.

Marlene Banegas y Olga Eufragio se conducían en un carro no blindado.
Marlene Banegas y Olga Eufragio se conducían en un carro no blindado.

Tegucigalpa, Honduras

La fiscal Marlene Banegas sí tenía asignado un vehículo blindado para su protección, se afirmó en el Ministerio Público (MP).

Se investigan las razones del por qué la entonces coordinadora de la Fiscalía de Delitos contra la Vida no utilizó el vehículo blindado en la noche del pasado viernes, cuando fue asesinada junto a la fiscal del Medio Ambiente, Olga Patricia Eufragio.

“Ella (Banegas) estaba en riesgo, tenía un vehículo blindado asignado que compartía con el fiscal contra el Crimen Organizado, la iban a traer, la iban a dejar a su casa en ese vehículo, por mucho tiempo; desconocemos, como institución, por qué la fiscal andaba en un vehículo que no era blindado (la noche que fue asesinada)”, aclaró la subdirectora de Fiscalía, Loany Alvarado.

Descartó que las autoridades del MP ordenaran despojarla de seguridad, como trascendió en algunos sectores.

“Se lo voy a decir con propiedad, ninguna autoridad del Ministerio Público va a dar una orden de despojar de seguridad a un fiscal que está amenazado, al contrario, a ese fiscal se le da la protección debida”, afirmó a EL HERALDO.

Se advirtió

Por su parte, el titular de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado, Julián Pacheco, aseguró ayer que ya se había advertido sobre un posible atentando contra las fiscales del Ministerio Público.

Pacheco explicó que esa unidad del Estado ha venido realizando estudios sobre las amenazas que existen contra jueces, fiscales, funcionarios de gobierno, miembros de la Policía y representantes de las Fuerzas Armadas.

Sostuvo que las fiscales asesinadas a tiros la noche del viernes en la ciudad de San Pedro Sula se “relajaron” en el sentido de que no acataron las recomendaciones emanadas desde la Dirección de Inteligencia.

“Mire, la seguridad pasa por prevención, si nosotros no tomamos las medidas preventivas va a haber una falla, a ellas les falló la prevención, ya se les había advertido”, indicó el jefe de Inteligencia.

“Habían estudios de seguridad para ellas, creo que hubo un relajamiento de ellas, se hizo un análisis para ellos (fiscales) para una evaluación sobre seguridad”, indicó.

Seguidamente afirmó que “hemos recomendado a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía, a las mismas Fuerzas Armadas y Policía Nacional, no es que decimos que va haber un atentado pero si les sugerimos que tomen medidas”.

Consultado sobre las amenazas a los operadores de seguridad y justicia indicó que “todo el mundo está en riesgo, el Presidente mucho más porque es quien dirige la política de seguridad nacional”.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/758008-331/honduras-fiscal-banegas-s%C3%AD-ten%C3%ADa-protecci%C3%B3n-pero-desisti%C3%B3

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Seis mineros soterrados en Santa Bárbara, rescatan a cinco con vida y uno murió


  • Martes, 14 Octubre 2014 22:56

La gráfica corresponde a la mina de El Corpus en Choluteca, donde aún permanecen soterros ocho mineros. La gráfica corresponde a la mina de El Corpus en Choluteca, donde aún permanecen soterros ocho mineros.

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – La noche de este martes seis mineros resultaron soterrados en una mina artesanal de El Macuelizo, Santa Bárbara, pero gracias a las acciones del Cuerpo de Bomberos se logró el rescate de cinco de ellos y el otro perdió la vida.

El comandante del Cuerpo de Bomberos en Santa Bárbara, Germán Díaz, informó que preliminarmente se logró el rescate de uno de los obreros con vida y otra que desafortunadamente pereció.

Los demás obreros fueron rescatados minutos más tarde, tras intensos trabajos del cuerpo bomberil que llegó al lugar del percance.

El fallecido fue identificado como José Márquez (48), de acuerdo a la información proporcionado por el cuerpo de socorro que acudió a la escena. El malogrado minero era residente en la aldea La Vegona de Macuelizo, Santa Bárbara.

Los obreros artesanales quedaron soterrados debidos a las condiciones del terreno de la mina ante las constantes lluvias registradas en los últimos días.

Cabe recordar que recientemente en El Corpus en Choluteca, 11 mineros resultaron atrapados en una mina artesanal.

En este hecho fueron rescatados tres mineros con vida, sin embargo los ocho cuerpos de los otros obreros permanecen bajo tierra.

Miles de hondureños se dedican artesanalmente a la minería y trabajan en condiciones inseguras, lo que los hace vulnerable a accidentes de todo tipo.

Fuente: http://www.proceso.hn/component/k2/item/89533-seis-mineros-soterrados-en-santa-b%C3%A1rbara-rescatan-a-cinco-con-vida-y-uno-muri%C3%B3.html

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MP pedirá pruebas de “narcoalcaldes”

14 octubre, 2014 – 8:06 PM

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Marvin Ponce.

» Marvin Ponce.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) llamaría en las próximas horas al asesor presidencial, Marvin Ponce, para que presente la prueba documental que posee en cuanto a la existencia de “narcoalcaldes”.

El fiscal especial, Ricardo Matute, explicó que “primero buscamos tener documentación escrita de lo que algún funcionario ha dicho, a partir de esa información escrita podemos ver si es necesario tomar declaración a algún otro funcionario, no podemos ni dar valor ni desvalorizar”.

Ahondó que en ese tipo de denuncias que nacen en los medios de comunicación y en voz de los funcionarios, como Fiscalía primero hacen la solicitud a los entes estatales supuestamente vinculados y los que están relacionados para conocer el tema y si existe alguna irregularidad.

Matute refirió que no tienen en la mira a nadie y que solo realizarán una investigación, la cual comenzará con la solicitud a Ponce como a los entes relacionados.

La semana pasada, Ponce dijo a los medios de comunicación “son unos 35 personajes políticos, entre alcaldes y vicealcaldes, que habrían tenido vínculos con el narcotráfico al financiar sus candidaturas con dineros de esa procedencia”.

Añadió en esa oportunidad que, “el tema es bien complejo porque ahora hay alcaldes que hasta manejan grupos de hombres armados y grupos de guardaespaldas. Los informes que señalan a los alcaldes en temas de narcotráfico son confidenciales, no son inventos de Marvin Ponce. Si doy nombres, me mandan a pelar”.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/10/14/mp-pedira-pruebas-de-narcoalcaldes/

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Callejas a favor de la reelección continua en Honduras

14 de Octubre de 2014

08:28PM  –  Redacción  

El gobernante antes pensaba diferente. Pide incluir a Juan Orlando Hernández. Partido Liberal se manifiesta en contra.

El expresidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas.
El expresidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas.

Tegucigalpa, Honduras

Antes de que se instalara el gobierno de Juan Orlando Hernández, el expresidente Rafael Leonardo Callejas estaba totalmente en contra de una reelección presidencial en Honduras, luego se pronunció a favor de una “reelección alterna” y ahora va por la “reelección continua”.

Es la primera vez que el expresidente de Honduras (1990-1994), y hombre influyente del partido de gobierno, se pronuncia abiertamente a favor de la reelección.

“Introducir la variable de la reelección en esta fase de la vida política del país no es conveniente para nuestra nación”, dijo en 2011.

“Quiero dejar constancia que prefiero no estar al bate, sino que tirando la pelota de fútbol”, añadió en aquel momento.

En el marco de la Convención del Partido Nacional, celebrada en marzo de este año, Callejas se pronunció por una “reelección alterna” y dejó entrever que él estaba interesado en volverse a “lanzar”.

En declaraciones a la emisora HRN, el exmandatario dejó un mensaje claro: va por la reelección.

“Si la solicitud de reelección es alterna, yo no la acompaño, si es continua, sí la acompaño”, dijo.

“Por lo tanto, eso debe estar muy claro en el pensamiento de todos los sectores. Si hay una reforma que permita la reelección alterna, no estoy de acuerdo, si hay una reforma para que permita la reelección continua, que obviamente incluye la alterna, sí estoy de acuerdo”, añadió.

Se le preguntó si sus declaraciones llevan un mensaje subliminal y respondió: “No tan subliminal (es) un mensaje muy claro”.

¿Esto beneficia al presidente de su partido? (Juan Orlando Hernández)

“Así es”, dijo Callejas, “Y además, y buen presidente y creo que sí va a haber una opción debemos de tener oportunidad todos, incluyéndolo a él”.

Insinuar una reelección del actual número uno de casa de Gobierno “no sería una opción descabellada si las cosas van como las veo, esperamos un gran gobierno (al final de su mandato) habrá superado los problemas económicos y la construcción de una nueva fortaleza económica para el país”, afirmó.

Para Callejas, el presidente Hernández “es un hombre que toma decisiones y está actuando de una manera muy determinada, en términos de delincuencia y asuntos de narcotráfico”.

Para el exgobernante “hay varios sectores que están propiciando este camino (reelección), pero hay que esperar qué pensamiento tienen los aspectos jurídicos porque no es fácil el tema desde el punto de vista legal”.

+ ¿Qué opinan los hondureños sobre una segunda vuelta electoral?

Callejas sospecha que el expresidente Zelaya también está de acuerdo con la reelección presidencial. “A Zelaya le escuché decir que el presidente Hernández no quería la reelección porque le tenía temor (de competir con él), o sea que él está de acuerdo con la reelección y la reelección continua”.

Partido Liberal en contra de la reelección

De inmediato, el pensamiento reeleccionista de Callejas recibió el rechazo del Partido Liberal.

En declaraciones a EL HERALDO el presidente de la Comisión Electoral del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, dijo: “Hemos sido claros, contundentes. Creemos que es injusto estar hablando de un tema que se convierte en este momento en un distractor de los verdaderos problemas que tiene Honduras. En Honduras hay hambre, miseria, producto de la inseguridad, de la falta de empleo. Hay que resolver los problemas de Honduras para que podamos hablar de estos temas”. “Este es un tema que divide a la sociedad hondureña”, añadió.

El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Mauricio Villeda, también está en contra de una reelección presidencial porque daría paso a una “dictadura” del Partido Nacional.

Por su parte, el presidente de la Democracia Cristiana, Augusto Cruz Asensio, declaró: “Es necesario construir una reforma integral a la Ley Electoral, que incluya en el debate la reelección y la segunda vuelta”.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/758026-331/callejas-a-favor-de-la-reelecci%C3%B3n-continua-en-honduras

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The Hondurans that don’t migrate: Nueva Esperanza and the “resource curse”

Community members looking out over the aftermath of the mining activity in their community

Community members in Nueva Esperanza survey the aftermath of mining activity in their territory. Photo: Erika Piquero

The reddish gravel road sloping upwards over the nearest mountain was dotted with silhouettes of a group of people from the community of Nueva Esperanza. They were climbing to the summit, via a road cut out by the Minerales Victoria Mining Company, to show visiting international human rights observers the aftermath of the mining company’s activity.

As the group slowly climbed the road, the mine’s lingering presence became more pronounced. While it is no longer active, it has left an indelible mark on the landscape: the verdant mountainside was branded by patches of reddish-brown overturned earth that no longer produced anything green. The scars on the land were indications of mining activity completed under a phase of ‘exploration’ – but the physical evidences showed destruction more aesthetically similar to exploitation.

Masked exploitation

The company’s ‘exploration’ activity began without the approval of the community members, and in spite of strong local opposition to the destruction of their land.

Even though a 2004 moratorium on metal mining is still in effect in Honduras, Minerales Victoria was able to obtain a concession in Nueva Esperanza (an area rich in iron oxide, coal, and gold) via a legal loophole: the 2013 Mining Law, which allowed for relaxed controls and loose classifications of types of metals and their uses after extraction.

Community members faced increasing death threats and intimidation as a result of the mining company’s presence in the region. Many residents worried about potential environmental effects and impact on community health, as the mining activity could lead to contamination and destruction of the land and water that sustain their livelihoods.

Nueva Esperanza’s situation is, in many ways, emblematic of Honduras’ history as a victim of resource extraction.

Honduras has always been affected by the resource curse,” says Kevin Coleman, a history professor at the University of Toronto. “The country has natural resources and that becomes a reason for exploiting it.”

What is happening in Nueva Esperanza and throughout the country is not new; it has just been exacerbated by the coup and, Coleman adds, “decades of extracting natural resources – silver, bananas, timber, pineapples and shrimp (depending on the decade) – while neglecting the fundamentals of investing in public education, health care, and upholding Honduran laws designed to protect the country’s people and land from rapacious profit-driven enterprises.”

Compromised authorities

As in Locomapa de Yoro and other communities throughout Honduras, local authorities were not concerned with the mining company’s legal infractions. In fact, evidence suggests that local state authorities were actively colluding with the mining company. Local policemen escorted armed men affiliated with the mining company into the area and actively participated in acts of aggression against community members, including firing shots at the feet of local community members.

Local policemen were also absent from their post on the day two members of PROAH, a human rights accompaniment organization, were kidnapped. Several months of increasing intimidation and threats against community members who had voiced opposition to mining activity came to a head when armed men trespassed onto private territory and held two PROAH members captive for several hours.

Only after this kidnapping — and the subsequent international pressure — was there any response from the Honduran authorities.

A lingering presence

Yet even with Wilfredo Funez, the kidnappers’ ringleader, arrested and awaiting trial and the mining company gone, the community still faces threats to its safety, as representatives of the mining company have built structures on community members’ property, thrown trash in families’ yards and even fired gunshots close to specific houses.

Other lingering effects are found in the land and landscape itself. The summit of the mountain was stripped and overturned during the ‘exploration’ phase. The community’s roads have been ruined, and they have already noticed issues with water contamination.

These concerns become even more worrisome during the rainy season, as contamination will only spread with heavy rains and flooding. The unprotected road cut out of the mountain will likely be prone to mudslides, causing accessibility issues that did not exist with the roads created by community members, which followed the natural contours of the land.

Another kidnapping

On July 3, 2014, two Nueva Esperanza community members were kidnapped along with PROAH team members. Two of the victims had accompanied the community in their resistance to the mining project, and were also beneficiaries of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) precautionary measures, which are intended to protect people whose lives are at risk.

Two months later, on August 30, the community voted to declare their territory a mining-free zone. Though the lack of an investigation into the kidnapping has made it impossible to determine if there was a link between the crime and the community’s opposition, the fact that the two targets were beneficiaries of official protective measures — and were still kidnapped anyway — demonstrates the ongoing threat to people who dare to engage in, or support those engaging in, open resistance.

In spite of the continued aggression, the community members still defend their position against mining in their community. Their demands are simple: they want the right to their territory, and development under their own terms.

Yet even these basic requests may be too much to ask — at least in Honduras.

As Daniel Langmeier, a human rights observer with experience in Honduras, says, “There is an absolute lack of freedom, as we understand and treasure it, over one’s life to decide…[they are] confronted with these horrible situations all the time and feel trapped.”

Fuente: http://latincorrespondent.com/honduras/hondurans-dont-migrate-nueva-esperanza-mining-resource-curse/

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Tribunal declara culpable a policías penitenciarios por fuga de reo

Los jueces del Tribunal de Sentencia declararon culpables a cinco policías penitenciarios a quienes la Fiscalía contra la Corrupción acusó de evasión dolosa.

Los ahora culpables son Jonathan Jared Hernández Gómez, Jairo Roberto Paz Gómez, Norbin Antonio Cruz García, Selvin Omar Rodríguez Lorenzo y Edixon Ovidio Bustillo, quienes estaban de turno el 23 de octubre de 2012 y permitieron la fuga del jefe de una banda dedicada al robo de vehículos, asaltos y abusos sexuales contra mujeres.

Ese día, el recluso Walter Iván Pérez, el que también se hacía llamar Wilson Aguilar Castellanos, e fugó con la cédula de identidad de otra persona que ingresó de visita al penal.

El fugado era el cabecilla de la banda del Ojudo y fue remitido la penal acusado de robo agravado, secuestro, violación y asociación ilícita, según el requerimiento fiscal presentado en su contra.

Miembros de es banda criminal habrían abusado de unas 17 mujeres, según las investigaciones del Ministerio Público. Dos de los integrantes que fueron apresados junto a Wilson Aguilar Castellanos ya están condenados.

Los policías que fueron declarados culpables gozaban de medidas distintas a la prisión preventiva. Ahora con el fallo serán suspendidos de sus puestos de trabajo, según la petición de la Fiscalía.

Fuente: http://www.tercerpoder.hn/tribunal-declara-culpable-a-policias-penitenciarios-por-fuga-de-reo/

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Convenio con el FMI: ¿solución incierta?

2014-10-14

Honduras

Javier Suazo

Clasificado en: Economia, InstitucionesFinancieras, PoliticasEconomicas,
Disponible en:   Español       

 

El gobierno de la Republica a través de sus voceros del Gabinete Económico, caso del presidente del Banco Central y el Ministro de Finanzas, anunció el viernes 10 de octubre que se había llegado a un acuerdo preliminar con el FMI, el cual consiste en la firma de un Acuerdo “Stand Bay” de 36 meses.  Igual informaron que el mismo deberá ser aprobado por el Directorio de dicho organismo para entrar en vigencia a partir del 10 de noviembre de 2014.
En declaraciones a la prensa, ambos funcionarios manifestaron que el compromiso negociado por el gobierno es la reducción del déficit fiscal, saneamiento de las empresas publicas reduciendo el porcentaje de perdidas de la ENEE y un menor monto de la masa salarial del sector publico, en especial de la administración centralizada.
No obstante estos esfuerzos de los funcionarios públicos y del propio presidente Juan Orlando Hernández para llegar a este punto  de la negociación, cabe destacar las declaraciones del subdirector del FMI para el departamento del Hemisferio Occidental,  Robert Rennhack, en el sentido que el acuerdo implica un fuerte sacrificio fiscal mayor a lo previsto. Esto cayó como “balde de agua fría” para la población que ha soportado después del golpe de Estado diez (10) trancazos sin que los indicadores económicos y sociales mejoren y más bien empeoren como ejemplo el alto déficit fiscal y de balanza comercial, sobreendeudamiento, desempleo, pobreza, costo de los servicios públicos y de la canasta básica de alimentos.
En las empresas públicas ya empezaron los despidos de empleados públicos, siendo evidente la “canillera” de empleados del gobierno central por la cancelación de plazas. Aunque el presidente Juan Orlando Hernández está en contra del un sobreajuste en las tarifas de energía eléctrica y eliminación de subsidios al consumo de la clase media y baja, los vientos que soplan es que el ajuste que trae el convenio es severo.
Acompañado de ello será necesaria una reducción considerable del gasto público, ya que el tamaño del sector público a criterio de los voceros del gobierno es desproporcionado, lo que implica la fusión y cierre de varias instituciones y el recorte de partidas presupuestarias. Estos recortes se esperan mayores a los propuestos en el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Republica 2015, ya que las proyecciones de captación de ingresos se elaboraron considerando un escenario inicial optimista de crecimiento del PIB y de avances en la reducción del déficit fiscal durante 2014.
La firma del convenio con el FMI, desde la óptica del gobierno, es un alivio a la crítica situación de las finanzas públicas que enfrenta, pero implica un costo político mucho mayor en caso que los vaticinios del Señor Rennhack se cumplan. En el corto plazo el acuerdo es beneficioso para el gobierno ya que se tendrá acceso directo e inmediato a 220 millones de dólares para apoyo presupuestario y de balanza de pagos, mejorará el riesgo país y habrá mayor apoyo de otras fuentes del crédito; en el mediano plazo, puede significar una camisa de fuerza ya que las medidas recomendadas conllevan una mayor resistencia de la población, inestabilidad política y protestas públicas.
En esta perspectiva, es de esperar que el gobierno no se salga del manual del FMI, manteniendo como objetivo único de política económica la estabilidad de precios, que implica una tasa de política monetaria alta y contracción de los medios de pagos y el gasto público; otras. Ello seguirá impactando negativamente en el sector real por la baja inversión, en tanto se ha demostrado que un mayor gasto en inversión pública cumple un rol fundamental como dinamizador de dicho sector y del empleo.
En el discurso del FMI y de funcionarios de gobierno este tipo de gasto de inversión se espera apoyar dentro del convenio al liberalizarse recursos con la reducción del gasto corriente, sin embargo los montos liberados son insuficientes por la restricción del pago del servicio de la deuda. Asimismo, el bajo monto de la inversión publica y nivel de ejecución demuestra que todavía el Estado hondureño no tiene una política clara de apoyo a los sectores productivos, más allá de los negocios “raros” y pocos transparentes de COALIANZA.
El gobierno de la Republica ha manejo las negociaciones con el FMI sin considerar la participación de los actores políticos, confiando en la alianza de las bancadas de los partidos liberal y nacional en el Congreso de la Republica; sin embargo, en la medida que se avance en el proceso de ajuste fiscal necesitará del apoyo de dichas fuerzas, y de otros actores como los trabajadores, campesinos, grupos de interés como los médicos y los maestros   y academia.
En el gobierno anterior, el incumplimiento con el FMI se debió a una decisión política de abandonar la disciplina fiscal para hacer frente a la lucha electorera, actuando la maquinaria del partido de gobierno en el Congreso de la Republica en consonancia con las decisiones del Ejecutivo; es más, se puede decir que la agenda del Ejecutivo la dictó la presidencia del Congreso de la Republica. El gobierno actual espera cumplir el convenio ¿estabilizar las finanzas publicas? pero también le apuesta a la inversión extranjera para evitar el sesgo recesivo del ajuste. Ello solo lo podrá lograr con un pacto social o político, a menos que piense imponer su agenda por la fuerza tal como ha sido denunciado por las fuerzas de oposición.
A nuestro entender, el gobierno le apostará al cumplimiento del convenio por duro que fuera.  En primer lugar, porque garantizar la estabilidad económica a toda costa es un prerrequisito del modelo monetarista neoliberal en marcha. En segundo lugar porque el cumplimiento de este prerrequisito posibilita, al menos en teoría,  que exista un clima propicio para la inversión privada (nacional o extranjera) y, en tercer lugar, porque el nivel de endeudamiento de la economía es tal que sin convenio con el FMI será imposible seguir honrando los pagos de deuda a los acreedores.
La pregunta que surge es ¿A qué  le apostará la oposición política.  En primer lugar a la critica de los duro de ajuste y sus impactos negativos en el bolsillo de los ciudadanos. En segundo lugar al acompañamiento de empleados públicos, trabajadores y grupos de interés en sus demandas por mejores condiciones de vida. En tercer lugar a proponer un ajuste menos duro que el actual, pero sin salirse del manual del FMI.
Se cuentan con los dedos aquellos líderes y dirigentes de la oposición que le apuestan a una ruptura con el FMI; la bandera del Socialismo Democrático parece ser que se quedará en casa en las próximas contiendas electorales.
Tegucigalpa, DC, 14 de octubre de 2014.

Fuente: http://alainet.org/active/77992

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En una semana, dos comunicadores asesinados en confusos asaltos

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Aparentes asaltos seguidos de asesinato dentro de taxis, ocurridos en menos de una semana, fueron el escenario de muerte de un locutor y cantante de reguetón de San Pedro Sula, en el norte del territorio, y de una estudiante de periodismo de Tegucigalpa, en la zona central.
En San Pedro Sula, la policía aún no tiene sospechosos del crimen que este 13 de octubre segó la vida del locutor y cantante de Reguetón Dorian Ortez (El Vikiry) tras  un presunto robo, confirmó al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), por vía telefónica, el portavoz de la Policía Preventiva en la Costa Norte, el comisario Jorge Rodríguez, sin precisar qué le robaron a la víctima.
Sobre la muerte de Ortez, el comisario Rodríguez informó que “según los compañeros de él, había sido asaltado y supuestamente luego que se viene de la parada de buses lo interceptan para matarlo en el vehículo donde iba (en un taxi), me imagino que por alguna de las cosas que le pudo haber dicho a los asaltantes. A veces el delincuente camina en la calle y quizás la víctima le dijo algo, a veces la víctima no mide estas consecuencias”, señaló Rodríguez.

De manera confusa el portavoz relató que Peniel Cruz, amigo de Ortéz, dijo a la policía que él se quedó esperando que Ortez llegara a la estación de buses. “El amigo recibió una llamada (de Ortez) y le dice que va para allá cuando él (Peniel) vio la llamada perdida, devolvió la llamada y ya no le contestaba y le dijeron que había una persona muerta más abajo”, informó el comisario.
Rodríguez no precisó si esta última llamada que menciona salió del número de celular de Ortez pues el 12 de octubre el último mensaje que el locutor escribió en su muro de Facebook fue para anunciar que no andaba celular porque un “desgraciado malparido me lo robó y diske amigo jueeee ke mal y de mi casa se lo llvo”, escribió.
Minutos antes del crimen, Ortez había salido de su trabajo en la radio 96.1, en el barrio El Centro, e iba para su vivienda, “el amigo estaba en la estación de buses en la cuarta avenida entre 7 y 8 calle del barrio El Centro”, describió el oficial.

Si se toma en cuenta la versión policial, en un mapa se puede apreciar que el crimen contra Ortez ocurrió más abajo de donde estaba su amigo, en la tercera avenida, entre  6 y 7 calle.
La declaración policial es confusa porque contradice las publicaciones que salieron tras la muerte del cantante. La Prensa informó “que un amigo de la víctima dijo que ‘cuando hacíamos fila para abordar el taxi que nos llevara a la colonia Monte Bello llegaron tres hombres armados y gritaron que era un asalto, Dorian se asustó y salió corriendo, los sujetos lo siguieron y una cuadra después lo mataron’, expresó un testigo (…) Según testigos, el cantante al ver que lo seguían abordó un taxi que circulaba por la zona, pero antes de que la unidad arrancara, le dispararon hasta matarlo. El conductor del taxi 2116 al ver el hecho salió corriendo”.
Ortez trabajaba para la emisora 96.1 y sacaría su segundo disco de reguetón, informó el comunicador Ely Vallejo, de la Organización de Jóvenes Bellos Transformistas (JBT).

En su Facebook, Ortez aparece acondicionando la oficina del sello discográfico JD Records, tiene fotos en su perfil con un estudiante de Panamá, en un viaje por Truijillo, Colón.  Se dedicaba a amenizar fiestas infantiles y llevaba a cabo un concurso para niños en su emisora radial. Su prima Karla-Rivera Torres, escribió.
En su muro de Facebook: “…Solo deseo que su alma se haya ido en paz y que se pueda volver a reunir con su padre en el cielo. Ojalá que su amor por servir a los niños lo lleve con él para que siga divirtiendo a los que están junto a él…”.
Otro extraño asalto seguido de muerte
Mientras tanto, en similares circunstancias, el 7 de octubre reciente fueron acribillados dentro de un taxi, la estudiante de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Liliana Lizzeth Reyes, y el taxista, Daynis Flores Solórzano (48), en el bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa, en la zona central del territorio.
Tampoco en este caso la policía dio una versión oficial sobre las pertenencias supuestamente robadas.  La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, demandó que el crimen no quede impune.
Los portavoces policiales han hablado de la posibilidad de que en Honduras se estén dando asaltos simulados para cometer crímenes. A la escalada de asesinatos se suma la intimidación por la vía judicial y la estigmatización de los periodistas críticos.
En marzo de 2012, en San Pedro Sula, desconocidos le quitaron la vida a la estudiante de Comunicación, Saira Fabiola Almendares Borjas (22), de la Universidad Metropolitana de Honduras, el 6 de diciembre de 2011, sicarios asesinaron a la periodista Luz Marina Paz Villalobos en Tegucigalpa. Ya suman tres las mujeres ligadas al periodismo que han perdido la vida desde 2011 a la fecha.

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CAH creará unidad especializada para evitar más asesinatos contra operadores de justicia

La junta especializada que se creará estará presente en las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa y otras ciudades del Centro del país.

Ante la alarmante inseguridad que viven los operadores de justicia en el país, las autoridades del Colegio de Abogados de Honduras, CAH, informó sobre la creación de una junta especializada que se encargará de prevenir los homicidios de los togados hondureños.

El presidente del gremio, José Valladares, indicó que tras la muerte de las dos fiscales en la ciudad de San Pedro Sula, se reunieron con los jueces y fiscales, quienes mostraron su malestar por el poco interés de las autoridades del Estado en dar una respuesta a las solicitudes de traslado que han presentado los profesionales del derecho ante las constantes amenazas de las que son víctimas.

La junta especializada que se creará estará presente en las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa y otras ciudades del Centro del país.

Valladares dijo que con la nueva institución se espera que los abogados interpongan las denuncias y se les den respuestas inmediatas.

El titular del CAH, anunció la conformación de tres comisiones para que representen al gremio en el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas y el Poder Ejecutivo.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/cah-crear%C3%A1-unidad-especializada-para-evitar-m%C3%A1s-asesinatos-contra-operadores-de-justicia

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Consejo de la Judicatura rinde cuentas de su primer año de gestión

El titular del Consejo, Jorge Rivera Avilés, dijo que esto era una muestra de transparencia, rendición de cuentas y proyección de ese Poder del Estado.

A un año de su creación, el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, presenta un informe de rendición de cuentas, de su gestión.

En el informe se dieron a conocer los principales logros obtenidos durante los primeros 12 meses de estar fungiendo y los proyectos que están ejecutándose y los que están por iniciar.

El titular del Consejo, Jorge Rivera Avilés, dijo que esto era una muestra de transparencia, rendición de cuentas y proyección de ese Poder del Estado.

Avilés destacó que el Consejo de la Judicatura se creó como un órgano del Estado con autonomía e independencia judicial y administrativa con el fin de separar la función de impartir justicia de la de administración de recursos humanos, materiales y financieros.

Actualmente el Consejo está integrado por Jorge Rivera Avilés, Presidente, el abogado Teodoro Bonilla Euceda, los concejales propietarios abogados José Francisco Quiroz y Julio Cesar Barahona, los suplentes la abogada Lilian Emelina Maldonado y el abogado Celino Arístides Sierra.

El informe revela que a la fecha se han suspendido 28 jueces y se han despedido 29, todos por distintas irregularidades.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/consejo-de-la-judicatura-rinde-cuentas-de-su-primer-a%C3%B1o-de-gesti%C3%B3n

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Desarticulan banda de proxenetas en Olancho; policías y militares eran los principales clientes


  • Martes, 14 Octubre 2014 11:38

La fiscal de la Niñez, Nora Urbina. La fiscal de la Niñez, Nora Urbina.

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – La Fiscalía Especial de la Niñez del Ministerio Público, desarticuló una banda de proxenetas que prostituían a menores en el departamento de Olancho, al tiempo que se conoció que sus principales clientes eran miembros de la Policía y altos oficiales del Ejército hondureño.

La fiscal de la Niñez, Nora Urbina, manifestó que la acción tuvo lugar gracias a operaciones encubiertas que se han venido ejecutando desde hace varios días.

Indicó que una persona identificada como Xiomara Patricia Olivera Paguada del sector de Olancho, ya fue puesta frente a los tribunales como responsable de trata de personas.

Añadió que entre las víctimas de los casos, figuran menores de edad.

La fiscal refirió que identificaron como principales clientes de explotación sexual a miembros de la Policía Nacional y del Ejercito de las Fuerzas Armadas.

“En este caso, hemos logrado constatar que hay policías y personal del Ejercito involucrados como clientes explotadores. Los principales clientes de esta tratante son personas de la fuerza del orden quienes por disposición legal, deben proteger a la niñez hondureña”, expresó.

Indicó que ya hay un policía que fue presentado a los tribunales por parte de los fiscales que intervinieron en esta operación, quien responde al nombre de Eddy Rolando Caballero Merlo.

Asimismo, Urbina exteriorizó que también existen órdenes de captura pendientes contra altos funcionarios del Ejército.

Fuente: http://www.proceso.hn/component/k2/item/89494-desarticulan-banda-de-proxenetas-en-olancho-polic%C3%ADas-y-militares-eran-los-principales-clientes.html

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Comunidades indígenas rechazan proyecto “Vientos de Yamaranguila”

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El día 11 de octubre, representantes de las comunidades indígenas lencas del municipio de Yamaranguila afiladas a la CInPH , se reunieron en la comunidad de planes Yamaranguila , para abordar la situación del proyecto vientos de Yamaranguila, un proyecto de generación de energía eólica privado; Emitiendo la siguiente declaración:
1.      El proyecto de generación eólica, no es de energías limpias, ya que el mismo ensuciará y secara nuestras aguas comunitarias ya que cientos de antenas se instalaran  en la zona productora de agua.
2.      El Proyecto de generación  de energía eólica, que se pretende desarrollar en el municipio de Yamaranguila, no es de energía limpia ya que esta energía no es publica, no es municipal, no es comunitaria, es de transnacionales, que la venderán a precios caros a los habitantes de nuestro país. Nosotros nos preguntamos, como puede nuestro gobierno  permitir e impulsar este atentado contra nuestras comunidades, que perderemos  el agua para beneficiar a un grupito de extranjeros que a costa de nuestro dolor se enriquecerán mas?
3.       El proyecto mal denominado Vientos de Yamaranguila no es de generación de energías limpias puesto que el mismo no se ha consultado y es una imposición dictatorial que expone al gobierno a una demanda internacional por violentar el Convenio 169 de la O.I.T.
4.      Como somos comunidades sin energía eléctrica ya que el estado nunca se ha preocupado por cumplir su deber de impulsar un  verdadero desarrollo, proponemos que en lugar de favorecer al capital extranjero, impulse, proyectos comunitarios para favorecer a las comunidades y no arruinar las fuentes de agua ni el medio ambiente.
5.      Nos declaramos en alerta y prestos a detener a los neocolonialistas, para lo que nos preparamos con luchas pacificas, democráticas y de unidad en defensa de la vida, de nuestras aguas y nuestra dignidad.
Lempira no es solo un nombre, Lempira es todo un pueblo.
Dado en la comunidad de planes municipio de yamaranguila a los 11 dias del mes de octubre del 2,014.
Comunidades :  El Barrial. El clarinero, El Portillo del Norte, La Puerta, Buena Vista, Azacualpa, Pacaya, Pacayita, Planes, Horcones, El Porvenir, Buenos Aires, Zacate Blanco.

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“I’ve Seen All Sorts of Horrific Things in My Time. But None as Detrimental to the Country as This.” U.S. conservatives are about to run a dangerous economic experiment in Honduras

By Photo: Shutterstock.com

It’s lunchtime at Maritza Grande’s oceanside restaurant in the Fonseca Gulf of Honduras. She scurries from the kitchen, where she is frying fish and plantains and chopping lettuce, to the bar, where she pries caps off soda bottles. Teenage boys sit at the restaurant’s picnic tables, drinking cokes and listening to reggaeton on their cell phones while on their work break: They ferry tourists in thin motorboats from the Honduran mainland to their island municipality of Amapala in the Pacific Ocean.

At 11:30, Maritza’s husband Raul Garcia arrives. He’s on a work break, toofrom his first-grade classroom at a local public school. Of the nearly 13,000 municipal residents, Raul is one of 300 who have formal employment, according to the mayor’s estimate. The majority are self-employed fishermen who make 3,500 – 7,000 Lempiras (about $167-334.00) per month. Amapala, like many Honduran communities, relies on remittances from Amapalans who leave and work abroad.

Danielle Mackey
Maritza Grande and Raul Garcia

Raul slides into a barstool beside Maritza. They talk about the Honduran government’s newest development plan, an idea from New York University economist Paul Romer: Charter cities. In 2013, the Honduran government passed a law based on many aspects of Romer’s idea, which is to create autonomous free-trade zones that are governed by corporations, instead of the countries in which they exist. The first Special Economic Development Zones (ZEDE, for its name in Spanish) is being conceived in Honduras, financed by $40 million from the South Korean government. It will likely be located in Amapala.

Maritza is unsure what to think about the ZEDEs. “I don’t know how much this project will really benefit us,” she says.

Raul shakes his head. “We need this,” he says. “Sure, it could have a dark side, but the truth is that in countries like oursthird world countriesthat’s a necessary evil if we want development.”

Like Raul, many Hondurans hope the ZEDEs will bring jobs. But many fear the “dark side” will outweigh potential benefits. Even economist Romer cut his ties with the ZEDE project in 2012 when the government abruptly signed with an investor group led by American libertarian activist Michael Stronga move Romer called “an overt act of deception.” Strong’s project later disappeared, but nine Americans remain key players in the ZEDEssix of whom served in the administration of former President Reagan.

According to Romer’s vision, the charter city should be established in abandoned territory because it is far more complicated to change an existing townlike Amapalathan to create a new one. Doing so would imply a “frontal attack on those who depend on the current system,” former Reagan speechwriter Mark Klugman has argued.

Danielle Mackey
Former President Mel Zelaya (center).

Romer isn’t the only one with doubts. Like Maritza, many wonder if charter cities will bring development to average citizens or only enrich wealthy investors. Many believe the project will allow multinationals to violate labor and environmental rights, and some argue that it’s unconstitutional and violates national sovereignty. According to the charter city law, Honduras will sell territory to investors; that territory becomes an autonomous region no longer governed by Honduran laws or police. “This is nothing more than a plan to get rid of the national debt by auctioning off the country,” ex-president Manuel Zelaya, overthrown in a 2009 coup, told me at a rally on the coup’s fifth anniversary.

In a post-coup Honduras gripped by violence, many fear the ZEDEs will become a tool for organized crime to strengthen its hold on the country. “What’s attractive to some about the ZEDE is the extreme extent to which it takes freedom,” said Eugenio Sosa, a sociologist at the country’s public university, the Autonomous National University of Honduras (UNAH). “But that’s the same part that will let in illicit groups and mafias.”

Sandra Maribel Sanchez has been a journalist in Honduras for 30 years. “I’ve seen all sorts of horrific things in my time,” she says. “But none as detrimental to the country as this.”

Danielle Mackey
A boy plays soccer on a beach in Amapala.

 

Octavio Sanchez is one reason charter cities came to Honduras. Harvard-educated and dimpled, Sanchez is young but powerful. As the chief of staff to ex-President Pepe Lobo, he searched for privatized solutions to national problems: impunity, poverty and violence.

Danielle Mackey
Octavio Sanchez

When Sanchez looks at his country’s history, he sees that times of peace came in periods where it seemed possible to make a profit at homeeven if that profit came by powerful multinational corporations, like the United Fruit Company. He believes that business is the surest way to peace, and a better life for his countrymen. “It’s the way to a police force that works, quality education and health care, and to overcome impunity,” Sanchez says.

Sanchez heard Romer’s argumentthat cities are the best, cheapest way to offer people a good life, and therefore building new cities for the world is a smart approach to solving povertyand he brought it home. Its Honduran and U.S. promoters compare the ZEDEs to Hong Kong, Singapore, and the Cayman Islands.

According to the ZEDE law, the project will work like this: An investor, either international or local, builds infrastructurea port, a mine, or a textile factory, for instance. The territory in which they invest becomes an autonomous zone from Honduras, like Hong Kong nominally is to China. The investing company must write the laws that govern the territory, establish the local government, hire a private police force, and even has the right to set the educational system and collect taxes.

For Sanchez, the money that may follow ZEDEs would be a collateral benefit to their true value: the chance to fix impunity. He believes ZEDEs override corruption by allowing foreign investors to set their own laws, essentially importing functioning legal systems. “The theme in Latin America is justice. If we’re able to create a system that works, this will become the most revolutionary process in the history of Latin America,” Sanchez says. “And if we have to bring justice from outside, we will.”

A central ZEDE government, called the Committee for the Application of Best Practices, oversees all of this. These people are responsible for deciding the bottom-line environmental, legal, and labor standards investors must follow. They also appoint one Honduran per ZEDE as on-site local administrators.

There are 21 people on the committee. Three are Honduran. U.S. members include Mark Klugman, speech writer for presidents Reagan and George H.W. Bush, and image consultant to Honduran post-coup president Lobo; Grover Norquist, founder of Americans for Tax Reform and vice president of Polaroid; Richard Rahn, vice president of the Chamber of Commerce during the Reagan administration and senior member of the Cato Institute; Loren A. Smith, federal judge and chief campaign advisor to Reagan in 1976 and 1980; Reagan’s son, Michael; and Mark Skousen, former CIA economic analyst and Forbes columnist. The list also includes a Danish banker, a Peruvian economist, and an Austrian general secretary of the Friedrich Hayek Institute.

That the ZEDE’s central government is stacked with libertarian foreigners causes skeptics to consider the plan yet another instance of neocolonial collaboration between U.S. and Central American elitesone that’s sold as “development,” but only concentrates wealth, says Roberto Ortiz, a lawyer from Tegucigalpa. He cites the United Fruit Company, which intervened in the early 1900s in Honduran politics to assure its own exorbitant profit, while the majority of Hondurans remainedand still remainvery poor. “There has been strong U.S. intervention in Honduras from the time of the bananeras until now,” he says. The ZEDEs “may be development, but only for a small group of Hondurans. And the majority will suffer the consequences.”

 

Whether the ZEDE project will be good or bad for Honduras isn’t only about whose interpretation of history is right, or whether the economic philosophy works. It’s also about the context that ZEDEs will enter: ubiquitous corruption and violence. This is a concern that even pro-ZEDE factions, like the libertarian magazine Reason, cite as a reason the project may fail.

Exhibit A is the way charter cities went from idea to reality in Honduras.

Oscar Cruz is a silver-haired 64-year-old lawyer in Tegucigalpa. “The coup in 2009 unleashed the voracity of the groups with real power in this country. It gave them free reins to take over everything,” Cruz says. “They started to reform the Constitution and many lawsthe ZEDE comes in this contextand they made the Constitution into a tool for them to get rich.”

In 2011, he submitted a claim of unconstitutionality to the Honduran Supreme Court on behalf of civil society groups that balked at the sweeping powers charter cities award to investors.

“We need international investment, yes,” Cruz says. “But why at the cost of our national sovereignty?”

On October 18, 2011, the constitutional chamber of the Supreme Court agreed with Cruz. Four of the five sitting justices ruled that the charter city law was a violation of sovereignty and the constitutionally established form of governance in the country.

What happened next made it clear to Cruz that powerful people in the country want the ZEDEs, badly.

“We need international investment, yes. But why at the cost of our national sovereignty?”

The president of Congress at that time was Juan Orlando Hernandeznow president of the country. Hernandez responded to the court’s ruling by calling lawmakers together at 1:35 a.m. Within two hours, Congress unseated the four justices who ruled against the charter cities. They kept the fifth justice, who ruled in charter cities’ favor; and when Hernandez became the country’s president, he nominated this judge to be the country’s attorney general.

Hernandez’s official explanation was that the four justices were unseated because days earlier they had rejected the use of polygraph tests to root out corrupt police. (In the majority opinion, the justices argued that the polygraph isn’t scientifically accurate enough, so using it would violate the constitutional rights of police officers subjected to the test.) But legal experts in the country felt that Hernandez illegally routed the law to force ZEDEs through. A former attorney general decried “the imminent dictatorship of Juan Orlando Hernandez.”

ZEDE supporters hailed Hernandez’s act as a brave, politically expedient move. In an article for the Caiman Financial Review, Klugman called Hernandez a “brilliant young politician” and described his handling of the Supreme Court as “a great testament to the legislative leadership of Mr. Hernandez.”

The congress, led by Hernandez, rewrote and re-passed the law.

One month earlier, officials in Tegucigalpa had signed a memorandum of understanding with the Korean government to begin the first ZEDE. The document, soon leaked, tasks the Honduran government with, among other things, “clearing all legal and political obstacles to the charter cities.”

On May 26, 2014, the new Supreme Court gave ZEDEs its blessing.

Danielle Mackey
A street in Amapala.

 

The island of Amapala is located in the state of Choluteca. Choluteca is rural, flatter, and warmer than the chaotic national capitol of Tegucigalpa. Main street isn’t divided into lanes, so cars drift lazily about the road like Labradors trotting on loose leashes. Few buildings stand taller than two stories. Cholutecans have lived there for generations; this is a place where residents give directions not by street names, but in relation to where the fish market is, or where the rubber tree used to be. They boast that their state is the only safe place left in the country.

Ricardo Espinoza sits in his sparse office off the main street. Espinoza has a Master’s degree in business management, and he helps Cholutecans living on $2 per day start small businesses with microloans. He believes in smart investment as a solution to poverty, and recognizes that his country needs more economic development. “But development is not just economic,” he says. “Poverty is not only a salary that’s too small. It’s also the lack of basic necessities like health, education, and the social exclusion of youth. Already, 40-50 percent of our youth are leaving for the U.S. or joining gangs.”

One cause for alarm, Espinoza says, is how little control the residents of Choluteca have over something that will change their lives. “Historically, Latin America has been a place for imported economic experiments. But experiments aren’t exciting for the people who live here; it’s different when it’s your house that’s being experimented with.”

Danielle Mackey
Saul Montufar

Saul Montufar, a fourth-generation artisanal fisherman, stands on the curb of the Choluteca highway and describes how he thinks this story will end. “Multinational companies won’t have to uphold any environmental standards they don’t want to. ZEDEs will destroy our livelihood,” says Montufar. “They will allow investors to kidnap the state.”

In June 2014, Amapala mayor Santos Alberto Cruz Guevara spent 15 days in South Korea to see charter cities first-hand. He came back cautiously optimistic. “In Korea, what I saw is a city that used to be poor but is now rich, so I feel that ZEDEs create employment opportunities,” the mayor told me in June.

But even after his visit, Cruz Guevara still didn’t know fundamental details about how the program would work. Who, for instance, would have authority to intervene if the private police hired by the investor harmed the Amapalans?

“I listen to my people, and they’re saying to me, ‘Mayor, they’re going to kick us off the land! Mayor, where are we going to go, we have no where else to go!,’” Cruz Guevara said. “And I tell them, ‘Calm down, nothing’s happening yet, we still don’t know anything.’ And as the mayor, my commitment above all else is to protect the best interest of the majority of my people.”

No one but the investors and the Honduran negotiators know how far into Amapala the autonomous charter city could reach. But Cruz Guevara seemed unaware that once the zone is established, he would have no authority within that land.

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Director de ATIC asegura que el crimen organizado intentó infiltrar esta nueva agencia


  • Martes, 14 Octubre 2014 10:29

El titular de la ATIC, Ricardo Castro. El titular de la ATIC, Ricardo Castro.

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – El crimen organizado intentó infiltrarse en la naciente Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público, durante el proceso de selección de personal, reveló su director, Ricardo Castro.

“Sabemos que el crimen organizado y las pandillas se nos habían querido infiltrar”, insistió.

Indicó que a raíz de ello, procedieron a hacer “un proceso largo, pero transparente en el sentido de que la gente que llegue será por méritos propios, aquí nadie está porque es amigo de una autoridad o un favoritismo, sino porque pasó la pruebas de confianza”.

Según Castro, identificaron la intención de infiltración del crimen organizado durante la etapa de investigación de campo identificando su lugar de procedencia, sus antecedentes.

Citó que recibieron personas que tenían hasta denuncias de homicidios, “no quiere decir que sean culpables, pero sí nos vino uno que era culpable y fue condenado por homicidio”, ejemplificó.

Añadió que en la selección de personal, intentó incluirse “hasta gente que ha estado detenida por asociación ilícita”.

Refirió que luego de otras pruebas, se identificó que existían personas con “tendencia a brindarle información al crimen organizado”.

Asimismo, reveló que “hasta una persona condenada quiso venir a sorprendernos”.

Hace unos días y luego de someterse a las pruebas de confianza, un grupo de 100 aspirantes iniciaron el curso para conformar la primera promoción de agentes de la ATIC.

Se espera que a finales del año, la ATIC inicie sus operaciones.

Fuente: http://www.proceso.hn/component/k2/item/89490-director-de-atic-asegura-que-el-crimen-organizado-intent%C3%B3-infiltrar-esta-nueva-agencia.html

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Reformarán Código Penal para considerar terrorista a todo el que atente contra operadores de justicia


  • Martes, 14 Octubre 2014 10:35

Escena del doble crimen el pasado viernes que dejó el deceso violento de dos fiscales en San Pedro Sula. Escena del doble crimen el pasado viernes que dejó el deceso violento de dos fiscales en San Pedro Sula.

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – Todo atentado contra algún operador de justicia será calificado como terrorismo por lo tanto los autores de esos crímenes se expondrán a penas mucho más severas que se elevarán de 30 a 40 años de cárcel, en el proyecto de reforma al Código Penal que el Congreso Nacional se apresta a discutir.

El proyecto de reforma al Código Penal para considerar como terrorista a todo aquel que atente contra un operador de justicia, será enviado este mismo día a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que ese poder del Estado emita su opinión antes de ser sometido para su discusión ante el pleno de la Cámara Legislativa.

Esa iniciativa es una respuesta inmediata que el Congreso Nacional ofrece a los operadores de justicia que están siendo víctimas de la delincuencia debido a los golpes contundentes que el gobierno de la República a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), están dando a las organizaciones del narcotráfico y el crimen organizado.

En uno de los considerandos del proyecto de reforma, se establece que resulta urgente desarrollar los mecanismos legales dentro del ordenamiento positivo penal, para disuadir y en su caso castigar, cualquier tipo de conducta criminal, que sea dirigida a intimidar, lesionar o eliminar a un operador de justicia, vinculado a la lucha contra la criminalidad común u organizada.

En ese sentido, con la reforma al Código Penal se contemplan penas más severas para quienes se atrevan a atentar con uno de los operadores de justicia a quienes se les acusará por el delito de terrorismo, elevando la pena de 30 a 40 años de reclusión.

Actualmente, mediante la cooperación internacional, a iniciativa del presidente del Congreso Nacional, el Poder Legislativo trabaja en la elaboración de un nuevo Código Penal para Honduras.

No obstante, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, considera que se debe hacer esta reforma lo más pronto posible para evitar seguir perdiendo vidas valiosas de valientes operadores de justicia.

Esa reforma sería incluida también en el proyecto del nuevo Código Penal hondureño, pero ante la situación actual, se ha decido hacer esa reforma.

Fuente: http://www.proceso.hn/nacionales/item/89491-reformar%C3%A1n-c%C3%B3digo-penal-para-considerar-terrorista-a-todo-el-que-atente-contra-operadores-de-justicia.html


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Honduras: exfuncionario a tribunales por dinero de la Cuarta Urna

A Flores Lanza se le supone responsable de malversación de unos 10 millones de lempiras que eran destinados a la Guardia de Honor Presidencial (GHP), que fue aprobado en reunión de Gabinete de Gobierno.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El exsecretario de la Presidencia del gobierno de Manuel Zelaya, Enrique Flores Lanza, se presenta a los tribunales para dirimir sobre los más de 40 millones de lempiras que fueron retirados del Banco Central de Honduras (BCH) para financiar la Cuarta Urna.

Asimismo, debe responder por la presunta sustracción de 30 millones de lempiras del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) para financiar la encuesta de opinión.

La fiscalía Anticorrupción ha pedido al exfuncionario que rinda cuentas sobre el dinero que fue sacado del BCH días antes del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y a dónde fue a parar el monto.

A Flores Lanza se le supone responsable de malversación de unos 10 millones de lempiras que eran destinados a la Guardia de Honor Presidencial (GHP), que fue aprobado en reunión de Gabinete de Gobierno.

El exfuncionario podría ser enviado a la cárcel o, en su defecto, ser beneficiado con medidas sustitutivas como no salir del país, firmar de manera periódica el libro de control en los juzgados.

Al margen de la decisión del juez, Flores Lanza tendrá que esperar fecha para la audiencia inicial que se determinará este martes.

Cabe recordar que los 40 millones retirados por el exsecretario de Seguridad, Jorge Rodas Gamero, serían destinados para la encuesta de opinión prevista para el 28 de junio de 2009, pero fue suspendido porque las Fuerzas Armadas y grupos oligárquicos defenestraron a Zelaya de la presidencia.

Meses atrás, el imputado reconoció que sí recibió los fondos y aseguró que fue distribuido entre los principales colaboradores del entonces gobernante para la logística de la Cuarta Urna.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/honduras-exfuncionario-tribunales-por-dinero-de-la-cuarta-urna

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A 17 años del asesinato de Carlos Escaleras

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En el marco del 17 aniversario del asesinato cobarde de nuestro ejem-plar compañero Carlos Alfonso Escale-ras Mejía, seguimos exigiendo JUSTI-CIA y no descansaremos hasta ver a los responsables de este crimen, que sean llevados a los tribunales.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3292:a-17-anos-del-asesinato-de-carlos-escaleras&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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