Archivo para la categoría ERIC

Negociaciones, zafarranchos y virus impiden elección de Corte Suprema de Justicia

Origen: Negociaciones, zafarranchos y virus impiden elección de Corte Suprema de Justicia

Deja un comentario

¿Quién gobierna el deterioro hondureño?

Por: Ismael Moreno, SJ

Cuando faltaban diez minutos para las doce de la noche del día 25 de enero –día tope para la elección de los quince magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia–, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, puso a votación la nómina de quince candidatos propuesta por la Comisión Nominadora nombrada por el mismo Oliva. Ocho candidatos del Partido Nacional y siete candidatos del Partido Liberal. Un reparto conforme a los estrictos acuerdos del bipartidismo. En menos de un minuto, de los 128 diputados,  82 votaron a favor de la nómina, 44 votaron en contra y 2 se abstuvieron.

La nueva Corte no se eligió. Se necesitaban 86 votos para alcanzar mayoría calificada. Los 82 votos representaron a 26 votos del Partido Liberal, 3 del partido Demócrata Cristiano, uno de Unificación Democrático, 3 de diputados que renunciaron del partido LIBRE, y 49 del mayoritario Partido Nacional. Por su parte, los votos en contra se sumaron así: 29 de LIBRE, 13 del Partido Anti Corrupción, PAC, uno del Partido Liberal y uno del Partido Innovación y Unidad, PINU.  Las dos abstenciones fueron del partido LIBRE. Unos días después se eligieron ocho de los quince, y luego de diez días de la fecha tope, los diputados, siguen entrampados sin elegir los siete restantes, no obstante las amenazas.

Diversas amenazas, la misma lógica

En un momento –cuando en la urna apareció un voto en una papeleta falsa que elegía a tres magistrados más conforme a la plancha nacionalista/liberal — un diputado nacionalista lanzó a voz en cuello una portentosa amenaza con la que se resumía el sentir y pensar de la larga historia de zancadillas y chanchullos cachurecos: “Hay que validar ese voto a punta de verga”. El tres de febrero en la solemne misa en la Basílica Menor de Suyapa, el Cardenal sacralizó la expresión del diputado cachureco con frases sublimes y melifluas, pero no menos amenazantes: “Esperamos que mañana se elijan esos magistrados que faltan…de lo contrario tendrán que dar cuentas al Señor, a su conciencia, a su familia y a su patria”. Ni la amenaza profana del diputado ni la amenaza divina del Cardenal logró la elección de los restantes magistrados decididos por el estricto mandato bipartidista.

Dos reveses

El presidente Juan Orlando Hernández ha recibido de esta manera su segundo revés político en sus dos años de administración pública. La primera ocurrió el 23 de enero de 2015 cuando en ambiente de feroz campaña y de amenazas quiso elevar a rango constitucional “su” Policía Militar del Orden Público, y los diputados de la oposición se unieron para alcanzar resultados similares a los de la frustrada elección de la Corte Suprema de Justicia conforme a la nómina debidamente revisada por los propia mirada de Juan Orlando Hernández.

Proceso seguido para elección de CSJ

De esta manera escabrosa e inédita en la historia de las elecciones de segundo grado –basadas en nóminas y listas decididas por quienes ejercían el poder dentro de los dos partidos tradicionales–, ha llegado a un final inconcluso el último proceso de elección de magistrados que, de acuerdo a los mecanismos aprobados a inicios del presente siglo, comenzó a mediados del año 2015 con la conformación de la Junta Nominadora integrada por siete miembros en representación de siete instituciones con el objetivo de seleccionar a candidatos solo de entre unos mil quinientos notarios de entre más de 18 mil abogados. La siete instituciones son las siguientes: Corte Suprema de Justicia, Colegio de Abogados, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, las Centrales Obreras, el Colegio Hondureño de la Empresa Privada, Las universidades y de la Sociedad Civil.

Como sabemos, cada una de ellas envió para el mes de septiembre un listado de veinte candidatos. De esas listas, la Junta Nominadora hizo una primera selección de cerca de cien candidatos, los que debían pasar por un proceso riguroso de exámenes e investigaciones. En este proceso participaron diversos sectores, siendo la palabra de la Embajada Americana sin duda la de más peso decisorio. Envió una lista de más de veinte de entre los 97 seleccionados implicados en actividades del crimen organizado. Finalmente la Junta Nominadora entregó el 22 de enero la última lista de 45 nominados para que el Congreso Nacional eligiera el día 25 de enero los quince magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia.

Control de CSJ, asunto de vida o muerte para JOH

La elección de la Corte Suprema de Justicia bajo su control es un asunto de vida o muerte para Juan Orlando Hernández. Esta razón está en la base de la complejidad que alcanzó el final inconcluso y tormentoso de la elección de los magistrados. Juan Orlando Hernández no se puede dar el lujo, ni tiene margen de contar con una Corte Suprema que no responda a sus orientaciones y decisiones políticas. No puede existir una instancia judicial sin su control. Juan Orlando Hernández tiene en marcha su proyecto político de reelegirse de manera continua al cual no renunciaría por nada del mundo, puesto que con ello se juega su propia sobrevivencia como político y con ciudadano en libertad. Todos los dispositivos los está estructurando, como quien va armando un rompecabezas, conforme al control exitoso del próximo proceso electoral.

Para este propósito, Juan Orlando Hernández no podía en este comienzo del año negociar cinco cosas ni con el Partido Liberal ni con la llamada oposición política: una, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y el subsiguiente control del Consejo de la Judicatura; dos, reformas electorales que pusieran en riesgo su proyecto reeleccionista, especialmente lo concerniente a la nueva tarjeta de identidad, el control del registro de las personas y sobre todo la segunda vuelta electoral; tres, el control del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y la dirección general de la policía; cuatro, la derogación o reforma de la Ley de funcionamiento del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la instancia desde donde alcanza control legal de todos los poderes del Estado; y cinco, derogación de las figuras jurídicas aprobadas en diciembre de 2013, justo antes de culminar como presidente del Congreso Nacional y cuando ya era presidente electo de la República, que aprobaron las ZEDEs o Ciudades Modelo, las concesiones de ríos, minas y territorios a empresas multinacionales extractivistas y las concesiones de todas las arterias y redes carreteras a la alta empresa privada concesionarias a su vez de empresas multinacionales.

MACCIH amenaza

Luego de dos años de gobierno, Juan Orlando Hernández necesita contrarrestar su obvio desgaste ante la sociedad y especialmente ante las amenazas de sus adversarios políticos, empresariales y del crimen organizado. Necesita un mayor control de los poderes del Estado, del Ministerio Público y los otros órganos contralores, y sobre todo necesita tener control militar y policial, como instrumentos obligados para proteger su proyecto. De suyo, en la última sesión de la segunda legislatura del Congreso Nacional, logró que se introdujera una moción orientada a eliminar el burocrático cargo de comandante de las Fuerzas Armadas y dejar solo el del Jefe del Estado Mayor Conjunto para así eliminar escalas que atrasen su don de mando directo sobre jefes de batallones.

Otra razón por la que Juan Orlando Hernández no podría vivir sin control de la Corte Suprema de Justicia es la existencia de la Misión de Apoyo a la lucha Contra la corrupción y la Impunidad, MACCIH, instancia que entró en vigencia tras la firma del documento por parte del presidente hondureño y el Secretario General, Luis Almagro, que hace efectiva la alianza entre la Organización de Estados americanos, OEA, y el gobierno de Honduras. La MACCIH es la respuesta de la OEA a la demanda del fenómeno de la indignación de una instancia internacional de investigación al modo como ha actuado la CICIG en Guatemala. La diferencia entre las dos instancias no solo es de nombre ni solo de ente impulsor. Es mucho más de fondo, y lo que mantiene en vigilancia a diversos sectores hondureños. Las antorchas gritaron la CICI-H y la OEA en alianza con Juan Orlando Hernández trajo bajo el brazo la MACCIH.

Mientras la CICI-H era una demanda de la indignación hondureña para que la ONU investigara los casos más relevantes de corrupción e impunidad y cuyos resultados los entregara al Ministerio Público y luego pasaran al poder judicial, la MACCIH es una instancia de Apoyo a la investigación que realice el Ministerio Público. Mientras la primera pone un peso especial a la investigación directa y es completamente independiente del gobierno hondureño, la segunda, y ya en vigencia, pone el peso en el Apoyo a la investigación que realice el ministerio público, y es una instancia que deberá contar con el apoyo del gobierno para que cumpla con sus funciones de apoyo y acompañamiento. Con esta instancia ya vigente  el Fiscal General del Estado tiene el mayor liderazgo en tanto tiene la conducción en la investigación de casos, mientras cuenta con el apoyo de expertos internacionales.

Todo sería muy valioso si no fuera porque los casos de corrupción más sonados a investigar tienen que ver con saqueos de instituciones públicas en donde han tenido metidas las manos miembros del actual equipo de gobierno, y las investigaciones deberán tocar las puertas de la propia vida del presidente de la República y de sus familiares y colaboradores más cercanos.  Y también porque existen casos a investigar que vinculan de manera directa al Fiscal General Adjunto, y que todos los casos deberá liderarlo el Fiscal General cuyo puesto fue ocupado en un proceso sumamente irregular dirigido de manera directo por Juan Orlando Hernández. Todas las voces coinciden en que el actual Fiscal General del Estado le debe no solo su puesto, sino muchos favores a Juan Orlando Hernández que a fin de cuentas lo imposibilitan para que cumplan su función con independencia.

De todos modos, Juan Orlando Hernández no puede prescindir de controlar la Corte Suprema de Justicia porque aun con lo enclenque que pueda resultar su implementación, la MACCIH no deja de ser una amenaza. Aunque tenga control del Fiscal General, no puede tener control de los expertos y de los mandos que conducen los hilos de la MACCIH. No es ocioso tener en cuenta que la OEA, y particularmente su Secretario General, necesitan reivindicarse ante la comunidad continental. Luis Almagro cuenta en su haber un historial de progresista y honestidad que no puede poner en riesgo en su misión en un país como Honduras. Con la MACCIH, Luis Almagro no solo se juega su prestigio sino que la misma OEA se juega su oportunidad para recuperar una credibilidad que desde hace muchas décadas la ha perdido.

La OEA tiene en su contra la desconfianza ganada por su apego y su subordinación descarada a las políticas del gobierno de los Estados Unidos. En no pocas ocasiones se ha escuchado que la OEA es un brazo más de la política exterior e intervencionista del gobierno norteamericano. Luis Almagro como Secretario General se esforzó en aprovechar la crisis institucional hondureña y la presión por una asistencia internacional para combatir la corrupción para elevar el perfil de la OEA –y su perfil personal—para proponer una instancia que por primera vez en la historia de la OEA interviene directamente dentro de un Estado para buscar la resolución de conflictos a través del apoyo a las investigaciones de hechos emblemáticos de corrupción e impunidad.

Éxitos y logros ¿de qué país?

Cuando cumplió su segundo año de administración pública, el presidente Juan Orlando Hernández aseguró ante la opinión pública haber sentado las bases de un país diferente. Argumentó con su mayor logro: la captura y extradición a Estados Unidos de varios líderes del narcotráfico. A renglón seguido identificó otros logros: la reducción de los homicidios de 86.5 a 64 por cada cien mil habitantes, haber logrado la estabilidad educativa con más de doscientos días de clases, el saneamiento de los índices de crecimiento económico, la construcción de parques y centros de recreación en las principales ciudades del país, y de manera especial la recuperación de zonas que durante años estuvieron bajo control de las maras y pandillas y de contar con proyectos de asistencia social cuyas ayudas llegan a miles de familias en el marco del programa “una vida mejor”.

Juan Orlando Hernández valora como un éxito el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado de Derecho. “Ya no somos ni el primero, ni el segundo, ni el tercero ni el cuarto ni el quinto país más violento del mundo”, dijo con euforia el presidente en la apertura de la tercera legislatura del Congreso Nacional mientras centenares de militares y policías tenían acordonado el ingreso a las instalaciones a lo largo de varias cuadras de distancia y con el ingreso de apenas 40 comunicadores sociales, entre los que no pudo estar Radio Progreso por la expresa prohibición a que cubriera los eventos con el argumento que cuanta más gente ingresara más peligro corrían las personalidades asistentes.

JOH aplazado

Sin embargo, en el sondeo de opinión pública que el ERIC realizó el año 2015, la sociedad hondureña reprobó con 4.7 el segundo año de gestión del presidente Juan Orlando Hernández. La institucionalidad del Estado llegó a niveles de descrédito que ya no solo subió la desconfianza hacia ella por parte de la ciudadanía, conforme al sondeo de opinión, sino que 2015 se podría calificar y recordar como el año con el nivel más directo de intervencionismo que el gobierno de los Estados Unidos tuvo en Honduras como nunca antes, tanto que en los hechos las decisiones del presidente de Honduras y de los diversos entes del Estado quedaron plenamente subordinadas a las decisiones directas del Embajador del gobierno de los Estados Unidos.

http://e.infogr.am/calificacion_del_gobierno_de_juan_orlando_hernandez_en_sus_dos_anos_de_gestion?wmode=transparent&src=embed

“Alianza tutelada y dispareja”

El gobierno de los Estados Unidos está plenamente consciente de que la institucionalidad hondureña llegó a niveles de crisis sistémica, y que sus aliados los políticos y altos empresarios no tienen la dosis de confiabilidad necesaria para una alianza estable y creíble. Así lo dejó establecido el sondeo de opinión pública de 2015: los tres poderes del Estado, seguidos de la instancia de lucha contra la corrupción, tienen niveles de desconfianza que superan el ochenta por ciento.

Por ello, el gobierno estadunidense actúa con sus antiguos y tradicionales aliados a partir de lo que podríamos definir como “alianza tutelada y dispareja”. Cuando a comienzos del año 2015 la banda de los Cachiros se entregó al gobierno de los Estados Unidos a comienzos del año, el gobierno hondureño titubeó en su respuesta y tardó horas y días antes de oficializar como cierta la noticia. Tanto este hecho como la mayoría de acciones que condujeron a la captura y extradición de narcotraficantes fueron posibles por la acción directa de agentes e instancias del gobierno de los Estados Unidos. Parte del éxito de varias de las acciones contra el narco negocio se logró por la decisión de instancias del gobierno de los Estados Unidos de evitar que la información sobre los operativos se filtrara hacia los organismos internos del Estado hondureño.

Toda la operación que condujo a la captura y demanda en contra de la poderosa familia Rosenthal acusada de delitos vinculados con el lavado de activos y vínculos con el narcotráfico provino de los Estados Unidos y efectuada por agentes de organismos de seguridad del país del norte. El gobierno hondureño se limitó a avalar y ratificar las decisiones, mientras que la voz del Embajador James D. Nealon acabó reemplazando en eficacia y oficialidad a la del presidente de la República. Sin embargo, Juan Orlando Hernández al cumplir su segundo año de mandado sacó pecho de éxitos ajenos.

De acuerdo al último sondeo de opinión pública del ERIC, los éxitos de Juan Orlando Hernández en estabilidad económica y de respuestas a necesidades de la población más pobre no tienen sustento. Junto a la inseguridad, el desempleo y la incertidumbre económica siguen siendo las angustias mayores de la gente, y es lo que sustenta la muy baja calificación que recibe el Presidente por su gestión pública. Existe un enorme abismo entre los éxitos y logros que publicita el gobierno y la percepción de la sociedad hondureña que prima el repudio y malestar muy por encima de los reconocimientos positivos a la gestión pública.

La reelección va y nadie la detiene

Juan Orlando Hernández inicia el tercer año de gobierno atrapado entre su desgaste como político y funcionario público y su enorme afán por agrupar fuerzas y recursos para convertir su tercer año en la plataforma política de su relanzamiento a la campaña por su reelección. “la reelección va y nadie la detiene”, es la consigna que se escucha entre sus más cercanos colaboradores. Este tema, que junto con el del saqueo del Seguro Social, significaron los dispositivos de mayor rechazo hacia Juan Orlando Hernández para el éxito de las caminatas de las antorchas, seguirá siendo el de mayor controversia en este año 2016. Muchos sectores de cúpulas parecen coincidir en mantener las puertas abiertas a la reelección presidencial. Se dice incluso que es un tema en el que la Embajada de los Estados Unidos habría dado su aval.

http://e.infogr.am/que_tan_de_acuerdo_esta_con_la_reeleccion_presidencial_que_se_propone_en_el_pais?wmode=transparent&src=embed

Los oráculos hondureños parecen coincidir. Marvin Ponce, el oráculo de Juan Orlando Hernández, ha advertido la reelección desde hace año y medio. Desde que lo anunció hasta ahora, este oráculo se ha dedicado a ratificar su vaticinio. Omar Rivera y sus adláteres en la Asociación por una Sociedad más Justa, ASJ, el oráculo de la Embajada Americana, con más discreción y elegancia, han ido abriendo las mismas condiciones reelecionistas a través de la validación del diálogo oficial de JOH y la irremediable defensa de la institucionalidad en harapos.

El asunto entonces no parece ser la reelección. El asunto es la regulación de la misma. Y más claro todavía, el problema es Juan Orlando Hernández y su decisión política de asegurar que la reelección sea continua. Al entender su tercer año de gobierno como plataforma para  conformar y lanzar su campaña reeleccionista, Juan Orlando Hernández ha zanjado de un tajo su principal obstáculo político interno: Rafael Leonardo Callejas, el único que podía significar una sombra para sus pretensiones. Una vez descalificado no por razones políticas sino por las acusaciones de corrupción en la FIFA, Callejas dejó allanado el camino para que Juan Orlando Hernández organice con tranquilidad política su dispositivo proselitista sin desgastarse por fuerzas demasiado adversas al interior de su partido.

Su contrincante político oficialmente más enconado, LIBRE, y particularmente el expresidente Manuel Zelaya y su equipo, estarían muy anuentes a avanzar hacia la implementación de la reforma constitucional que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aprobó en abril de 2015 para permitir la reelección presidencial. Para LIBRE hablar de reelección no significa ningún problema político, lo que evitan a toda costa es aparecer abanderados de la misma. “Este no es un tema de LIBRE, es del presidente Juan Orlando Hernández”, repiten cada vez que se les pregunta.  Lo dejan muy claro: siendo la reelección un asunto que especialmente interesa a Juan Orlando Hernández, el tema debía llevarse a una consulta nacional, sabiendo que lo que políticamente rechazan ellos, los de LIBRE, es el continuismo que subyace en el interés del presidente de la República. Desde la valoración de alguno de los ideólogos del sector más leal a Manuel Zelaya Rosales, la confrontación entre reeleccionistas y no reeleccionistas es falsa o una disputa alimentada por sectores interesados en debilitar a LIBRE como opción política. Así lo dice Ricardo Salgado, pensador de alto relieve en LIBRE: “la manipulación del tema reelección lleva como objeto desmantelar la oposición y reducir el interés por los planteamientos estructurales que surgen del Partido LIBRE”.

La confrontación real es, para este analista de LIBRE,  entre la democratización propuesta por LIBRE y el continuismo de Juan Orlando Hernández. En este debate, pensadores de LIBRE relativizan la condena que hacen sectores “no reeleccionistas” a la administración actual como “dictadura”. Y así lo formula Ricardo Salgado: “Por supuesto, para crear semejante efecto de impotencia en la clase media se debe construir un mito de grandes proporciones, este es elevando a Juan Hernández a la cúspide de un estado dictatorial; sin dictador no existe ningún movimiento. Y aquí se complica mucho el asunto, pues Hernández, el presidente hondureño más complaciente con las esferas de poder norteamericanas se implanta en el imaginario colectivo como un objetivo de caza del “intransigente justiciero americano”, y ahí se distorsiona todo a extremos impensables”.

Dicho con palabras más precisas: para LIBRE el problema no parece ser la decisión de Juan Orlando Hernández y su proyecto de concentración de decisiones en torno a su persona –y por eso mismo, con rasgos que lo asemejan a una dictadura–, sino la maliciosa tendencia que aglutina a diversos sectores de clase media y que ha liderado el fenómeno de la indignación, de dar a Juan Orlando Hernández unos poderes que no tiene acentuando la lucha en contra de su reelección, golpeando de esa manera no tanto al proyecto de Juan Orlando Hernández, sino la propuesta de LIBRE y de su líder Manuel Zelaya Rosales.

¿Reelección sin reformas?

Así las cosas, la reelección se va convirtiendo en una realidad novedosa en el proceso electoral que tendrá entretenidos a los diversos partidos políticos en los dos años siguientes. Una reelección que no ha pasado por reformas a la regla del juego electoral, una demanda de los partidos de oposición que se expresa en la integración de representantes de los nuevos partos en el Tribunal Supremo Electoral, en el Registro Nacional de las Personas, nueva tarjeta de identidad y una segunda vuelta. Estas reformas ya no pueden ser posibles que tengan efecto para el actual proceso electoral puesto que la aprobación de las mismas por una legislatura ha de ser ratificada en la siguiente legislatura.

En caso de que el Partido Nacional accediera a las reformas y las mismas se aprobaran a lo largo de la presente legislatura, tendría que esperarse la siguiente legislatura, es decir, hasta el próximo año, cuando el Tribunal Supremo Electoral ya habría dado por abierta la contienda electoral para las elecciones primarias. Sin embargo, el Partido Nacional, es decir, Juan Orlando Hernández, no ha dado ni la menor de las señales para acceder a reformas. Pero, insistimos, aunque accediera, a estas alturas del tiempo todo el proceso electoral y las pretensiones reelecionistas de Juan Orlando Hernández deberán realizarse bajo las actuales reglas del juego del proceso electoral así como ha venido funcionando tradicionalmente. Y así, el continuismo del actual presidente de la República se advierte como una amenaza inminente.

Sin embargo, aunque las reglas del juego sigan siendo las mismas, el deterioro político institucional va también definiendo sus propias reglas del juego. Y también de actores. En el primer trimestre del año 2015 nada podría prever la irrupción del fenómeno de las antorchas. No obstante, el destape del saqueo del Seguro Social unido a que quien tiene directas implicaciones en el mismo provoca la reforma constitucional para reelegirse como presidente, estremecieron las conciencias de amplios sectores de la ciudadanía hasta obligar a Juan Orlando Hernández a que llamara a un diálogo y a que finalmente aceptara la presencia de una instancia internacional como la MACCIH. Es decir, las reglas del juego en un Estado resquebrajado como el hondureño se pueden trastocar y los actores pueden también emigrar de una estabilidad y reconocimiento nacional a ser enjuiciados y perder de un porrazo toda su credibilidad. Así ocurrió especialmente con el expresidente Rafael Leonardo Callejas, quien a mediados del año 2015 emergió como una carta política que rompía las trancas jurídicas que impedían la aspiración de expresidentes para ser reelegidos.

http://e.infogr.am/cuanto_cree_que_el_presidente_juan_orlando_hernandez_tiene_responsabilidad_en_el_saqueo_del_seguro_social?wmode=transparent&src=embed

 

Políticos proponen y el deterioro dispone

De ser el hombre que podía no solo apadrinar la candidatura de Juan Orlando Hernández a una nueva elección presidencial sino a competir con él con notables signos de reemplazarlo en el liderazgo de la extrema derecha, pasó a ser a partir de diciembre del mismo año 2015, un vulgar perseguido por la justicia internacional, particularmente a ser demandado por la justicia del gobierno de los Estados Unidos, y exigir su extradición, hasta terminar con un pie en una de las cárceles de los Estados Unidos por estar acusado de actos de soborno y de corrupción como directivo de la FIFA. Dentro de Honduras el nombre de Callejas siempre ha sido sinónimo de corrupción. Ha sido el corrupto ejemplar, el paradigma de político hondureño que logró la poderosa capacidad de ganar seguidores justamente por su capacidad de convertir todo acto político en acto de corrupción, y toda demanda legal en carta de sobreseimiento o libertad. Siempre fu el intocable, y quien elevó la práctica corrupta a los más altos niveles de honorabilidad. Se puede decir que la cualidad eximia de callejas fue el haber convertido el acto corrupto en honor, la evasión de la justicia en sagacidad y el hacer del Estado un negocio en inteligencia política.

En la situación de ebullición y colapso de la institucionalidad del Estado la vida de Callejas dio un giro literalmente de un día a otro. Lo mismo ocurrió con la familia Rosenthal y su poderoso emporio financiero y empresarial, y aunque parezca que era previsible, es lo mismo que sucedió con los principales líderes del narcotráfico, quienes vivían sobre el entendido de que en Honduras nadie los podía tocar. Y en efecto dentro de Honduras nadie los tocó. Por ello, en la ebullición hondureña solo un actor como el gobierno de los Estados Unidos puede intervenir para cambiar el día por la noche, la oscuridad por la claridad, la honorabilidad por la pillería. Callejas pasó de un día a otro de ser el honorable político y empresario honorable a un forajido, como él mismo llamaba a los rateritos y ladronzuelos callejeros.

http://e.infogr.am/desconfianza-6350?wmode=transparent&src=embed

A más deterioro, más gobierno imperial

El actor llamado Embajada y gobierno de los Estados Unidos ha sido decisivo en conducir la vida política, judicial y de seguridad del país a lo largo del año 2015. Y parece que seguirá siendo así el año actual y los años venideros. Los logros y éxitos que Juan Orlando Hernández se adjudica a sí mismo son éxitos y logros de otro gobierno que no es el hondureño. Juan Orlando Hernández ha sabido comportarse a la altura de un obediente cumplidor de órdenes superiores. Y ese es sin duda su éxito. Es el éxito del mercenario. El éxito del fiel servidor del extraño.

En asuntos de la reelección, como en los asuntos de la seguridad interna y de la persecución del crimen organizado, la conducción del proceso reside en los hilos del gobierno de los Estados Unidos. Habrá reelección se la Embajada de los Estados Unidos da el banderillazo. De acuerdo a diversos datos, todos los signos estarían decantándose hacia la reelección. No tanto como la desea Juan Orlando Hernández –continua e indefinida–, sino alterna y a lo sumo la reelección solo para un siguiente período. Y todos los hilos conducen a identificar la propuesta de Juan Orlando Hernández en un franco proceso de debilitamiento y con un futuro de incertidumbre. Aunque parece que se ha echado en la bolsa a la comunidad internacional, y que goza del respaldo de las delegaciones diplomáticas europeas y de norte América, a Juan Orlando Hernández no parece que le esperen escenarios muy distintos a los que tuvieron que enfrentar los expresidentes Portillo y Pérez Molina de Guatemala, su amigo personal y maestro, el expresidente Rafael Callejas, o el que trágicamente ha debido correr el expresidente Francisco Flores de El Salvador. Puesto que su futuro fuera de la presidencia de Honduras es muy incierto, Juan Orlando Hernández reforzará este año tanto su propuesta proselitista como su obediencia a la política de seguridad del gobierno de los Estados Unidos.

http://e.infogr.am/principales_fracasos?wmode=transparent&src=embed

Recuento de conjunto

Un recuento del cuadro político como está pintado en la Honduras de comienzos del año: los actores internos perdieron capacidad para conducir sus propias crisis y menos para buscar respuestas desde sus capacidades. Así lo ha entendido  el gobierno de los Estados Unidos, por ello ha decidido comprender su política de seguridad no desde una intervención desde lejos, sino desde la conducción y toma de decisión directa. Así quedó establecido con las acciones que condujeron a la extradición de líderes del narcotráfico, empresarios y políticos que han estado en alianza con las bandas del narco negocio, y así se ha evidenciado en la presencia directa para responder a la crisis generada por las presiones de las antorchas a través del aval para la instalación de la MACCIH en lugar de la CICI-H, y en saber intervenir para una elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia no salpicados con el crimen organizado.

http://e.infogr.am/conocimiento_sobre_la_maccih?wmode=transparent&src=embed

De igual manera, un recuento político pasa por una lectura del proceso seguido en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.  Ese proceso tortuoso ratifica tanto el colapso de la institucionalidad del Estado hondureño como del modelo tradicional del bipartidismo hondureño, así como la incapacidad de los actuales liderazgos políticos para conducir por su cuenta respuestas que conduzcan a nuevos escenarios institucionales y políticos. Es colapso de modelo pero no del bipartidismo como expresión política de las élites hondureñas. El bipartidismo se encuentra actualmente en un proceso de tránsito hacia la construcción de un nuevo modelo político que mejor  represente los intereses de las élites dentro de un mapa político definido por la pluralidad de fuerzas. Cómo asegurar el liderazgo bipartidista en esa pluralidad partidista es el desafío que buscan resolver las élites hondureñas. Hacer cambios para que no cambie nada, es el objetivo en el áspero ambiente político hondureño.

Asimismo, la justicia hondureña sigue siendo remolcada por los partidos políticos, lo que imposibilita que haya independencia judicial en las decisiones que se van a tomar en los próximos siete años. Con la institucionalidad actual, las elecciones tanto de primer grado como de segundo grado serán cada vez más complejas y se convertirán en escenarios de confrontaciones y polarizaciones. Si la elección de esta Corte ha sido cuestionada y cargada de confrontación, ¿cómo será la siguiente elección de los otros órganos contralores del Estado que tienen que ser electos por el actual Congreso Nacional? ¿Y cómo serán las siguientes elecciones de primer grado?

La alta crisis de institucionalidad que se evidenció en la elección de la Corte Suprema de Justicia, la pérdida de confianza en toda la institucionalidad es lo que caracteriza al Estado hondureño cuando Juan Orlando Hernández inicia su tercer año de gobierno. Esta crisis es sistémica no coyuntural. Las élites hondureñas expresadas en los dos partidos tradicionales buscan resolver la crisis con respuestas coyunturales. Las fuerzas políticas de oposición acentúan la búsqueda de respuestas a partir de cambios o reformas, pero sin contar con los diversos sectores sociales no partidarios.

http://e.infogr.am/desconfianza-6350?wmode=transparent&src=embed

La crisis sistémica actual y que se viene arrastrando a lo largo de varias décadas y que se acentuó a partir del golpe de Estado de junio de 2009, no se resuelve con parches, es decir, ni con respuestas coyunturales ni con reformas que se definan a espaldas del conglomerado. Toda respuesta que no toque a fondo los conflictos es generadora de mayores incertidumbres, y los políticos actuales prefieren que se ahonde la inestabilidad y el deterioro a perder cuotas de poder. Al final juegan con su propia existencia, porque al no romper con sus propias lógicas de poder lo que hacen es afinar más la punta de la estaca que ellos mismos se están hundiendo.

El colapso actual es propicio para un debate nacional que conduzca a la construcción de propuestas de una nueva institucionalidad, y un nuevo pacto que reemplace el pacto de 1981, cuando se redactó la Constitución vigente y que ha pasado por decenas de reformas y que sufrió su mayor revés con su ruptura constitucional en 2009. Es decir, más que parches o reformas dentro de una institucionalidad colapsada, lo que ha de ponerse en discusión es el proceso hacia una Constituyente que redacte una nueva Constitución Política. Y en esta apuesta es en donde se juega el presente y el futuro del país y de la estabilidad o inestabilidad de toda la sociedad hondureña.

 

VEA RESULTADOS DEL SONDEO DE OPINIÓN PÚBLICA AQUÍ

Origen: ¿Quién gobierna el deterioro hondureño?

, ,

Deja un comentario

Honduras requiere un genuino Pacto Social

Origen: Honduras requiere un genuino Pacto Social

,

Deja un comentario

Construcción de hidroeléctrica amenaza con desaparecer comunidad garífuna en Sambo Creek

Origen: Construcción de hidroeléctrica amenaza con desaparecer comunidad garífuna en Sambo Creek

,

Deja un comentario

Instalación de hidroeléctrica violenta derecho a consulta en comunidad garífuna

Origen: Instalación de hidroeléctrica violenta derecho a consulta en comunidad garífuna

, , ,

Deja un comentario

Seguro social: dos años de intervención, misma corrupción

Una nueva página de la novela trágica del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) salió a la luz pública esta semana. La Unidad de Apoyo fiscal junto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) allanaron las oficinas del IHSS ubicadas en Barrio Abajo en Tegucigalpa para recopilar información sobre un nuevo acto de corrupción.

Agentes de la ATIC recogieron documentación sobre la compra de repuestos de vehículos que al parecer están sobrevalorados y que la Junta Interventora aprobó su adquisición durante el año 2015.

Héctor Morales de Apoyo Fiscal dijo que la recolección de información se hace para saber si hay indicios de irregularidades y proceder a interponer requerimientos fiscales a las personas que podrían estar vinculadas con este nuevo acto de corrupción en una institución intervenida desde hace dos años en uno de los actos de corrupción más sonados en Honduras.

Sin dar mayores detalles de la investigación Morales dijo que con esta acusación suman 30 líneas de investigación que se siguen en el desfalco del Seguro Social-unos 7 mil millones de lempiras, 350 millones de dólares-. “En este caso hay 52 personas que están siendo investigadas, 10 están en prisión, incluido su ex director Mario Zelaya y hay otras 12 órdenes de captura por ejecutar”.

Ante las investigaciones, German Leizelar de la Comisión Interventora, salió al paso asegurando que ellos tienen toda la documentación que respalda las compras y cada una de las acciones que han desarrollo en estos dos años de intervención.

Antecedentes 

Fue en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa que se intervino el Seguro Social. En ese momento se destituyó a su director Mario Zelaya y se nombró una Junta Interventora  debido a la crisis que se tradujo en falta de medicamentos, mala atención y otros temas que han puesto en precariedad la institución.

La comisión interventora fue integrada por la presidenta de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) Vilma Morales; el comisionado de esa institución, Roberto Salinas, y el ex diputado German Leitzelar.

Los objetivos de la Comisión era mejorar la calidad de los servicios, reestructurar la administración y gestión del personal, y garantizar el abastecimiento de medicamentos, realidades que luego de dos años siguen igual y peor.

El sociólogo Elvin Hernández cree que el trabajo que la Junta Interventora en estos dos años se enmarca en la labor de otras intervenciones que están relacionadas a brindar protección a las cúpulas de políticos y empresarios que participaron en el saqueo.

“Los integrantes de la Junta Interventora son hombres y mujeres con una fuerte lealtad a las cúpulas del bipartidismo hondureño. Tanto Vilma Cecilia Morales como German Leizelar, sirven de apaga fuego en varias instituciones, como personajes fichas que están allí para defender los intereses de los poderosos. Pero eso no nos extraña que aparezcan y hayan conformado Juntas Interventoras en varias instancias”, dijo Hernández.

“El mensaje fundamental que se quiere dejar, es que no hay voluntad política de acatar la corrupción en Honduras. En este momento el principal obstáculo para investigar es la misma Junta Interventora, que llegó para tapar la corrupción del IHSS”, concluyó diciendo el sociólogo.

Más denuncia 

Esta nueva línea de investigación se suma a la denuncia que iniciando el año hizo el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) sobre una sobrevaloración de aproximadamente quince millones de lempiras por la instalación y suministro de red exterior, reguladores de voltaje, tableros de media/ baja tensión y construcción de obras civiles periféricas en el hospital regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por parte de ex servidores públicos con participación de particulares durante la administración 2010-2014.

El informe presentado por el CNA reveló actos irregulares relacionados con el contrato número 038-2011 que el IHSS suscribió por medio de su director ejecutivo el 8 de septiembre de 2011, con una sociedad mercantil privada con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, dicho contrato tenía por objeto la instalación y suministro de red, reguladores de voltaje, tableros de media/ baja tensión y construcción de obras civiles periféricas para el hospital regional del Norte del IHSS.

Tal como lo mencionó en su momento, el abogado Dagoberto Aspra, encargado de las investigaciones del CNA, el proceso se tramitó a través de contratación directa por un monto de cuarenta y cuatro millones novecientos noventa y un mil quinientos dieciocho lempiras, monto que de acuerdo a los hechos denunciados presentaba una sobrevaloración.

Como producto de la investigación, se logró determinar que existe una sobrevaloración en los costos de obras civiles por un valor de dos millones ciento treinta y seis mil cuatrocientos once lempiras y una sobrevaloración del contrato en los costos del rubro de instalaciones eléctricas por un valor de doce millones quinientos ochenta mil seiscientos sesenta y siete lempiras.

Según inspecciones de campo se logró constatar que 16 obras que debieron ser instaladas no existen o no fueron ejecutadas por la empresa contratada, monto que representa en el contrato pagado una suma de doscientos sesenta mil seiscientos sesenta y siete lempiras con ochenta y tres centavos (L. 260,667.83), obteniendo como resultado del avaluó practicado un valor final por sobrevaloración de catorce millones novecientos setenta y siete mil setecientos cuarenta y seis lempiras.

La denuncia fue presentada al Ministerio Público, por parte de la abogada Gabriela Castellanos y el doctor Dagoberto Aspra Iglesias, directora ejecutiva y jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos respectivamente del CNA.

Para Elvin Hernández el caso del Seguro Social es la muestra que aunque se instalen y firmen acuerdos internacionales, llámese CICI-H o MACCIH,  para luchar contra la corrupción no avanzará ni hará que paguen los corruptos e impunes si no hay voluntad de la clase política de dejar sus prácticas de abusos e irregularidades.

Origen: Seguro social: dos años de intervención, misma corrupción

,

Deja un comentario

A dos años ¿Está cambiando Honduras? Parte I

Del 25 al 27 de enero la presidencia de la república bajo el mando de Juan Orlando Hernández colocó en todo espacio publicitario posible la lista de logros de su gobierno en 2 años. “Honduras está cambiando” sigue siendo su frase favorita y los temas de seguridad, transparencia y empleo los más destacados como exitosos en su gestión.

“Un paso revolucionario camino a la justicia social estamos dando… Ya no somos el primero, ni el segundo, ni el tercer país más violento” dijo con euforia Juan Orlando Hernández al dar su discurso en el Congreso Nacional para dar inicio a la tercera legislatura. Momento histórico en el Congreso donde se pretendía elegir una Corte Suprema de Justicia impuesta y controlada por presidencia, pero que aún no se termina de definir.

En estos dos años, Juan Orlando Hernández ha basado su gobierno en una notable dinámica de control sobre todos los poderes del Estado y aunque ha mencionado que su fuerte ha sido el diálogo abierto, organizaciones de sociedad civil y miembros de partidos de Oposición aseguran que ha sido muy frontal la deslegitimación de quienes defienden derechos humanos, cuando los llama de “querer sembrar el caos”.

Muchos datos respaldan el discurso de Juan Orlando Hernández. La reducción de violencia se mide por la tasa de homicidios que de 86.5 bajó a 56 por cada cien mil habitantes. Además según Transparencia Internacional, Honduras perdió dos puntos (31) y aparece en el puesto 112 de la clasificación, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2015. Sin embargo, las encuestas siguen mostrando que la percepción de la gente con problemas de seguridad, empleo y corrupción sigue siendo negativa.

Dos de cada tres entrevistados, en la encuesta Cid Gallup, recientemente publicada en medios de comunicación nacional, opinan que el país va por mal camino, incluso así piensa la mitad de nacionalistas. Los más pesimistas son los más educados y más jóvenes. Los sampedranos son los más negativos y ven las cosas como preocupantemente mal. Esta encuesta dice que el 53% de los encuestados-5 de cada 10- dijo que el costo de la vida ha subido mucho y que la situación de desempleo está expulsando a la gente del país. Estas percepciones son parecidas a las del año 2014 del Sondeo de Opinión Pública realizado por el ERIC, cuyas proyecciones no mejoran en 2015. (Los nuevos datos se presentarán el lunes 1 de febrero en Tegucigalpa).

La economía de los pobres

El economista, miembro del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Hugo Noe Pino aseguró en Radio Progreso que la mejor forma de describir el discurso de Hernández en su segundo año de mandato es como algo alejado de la realidad. “Parece que no está hablando de Honduras sino de otros país con otras condiciones”, refiriéndose a la frase que Hernández dijo sobre estar construyendo una “economía de los pobres”.

“Nuestra economía estaba postrada con un déficit público de 8% en 2013, ahora se ha reducido a 3%”, dijo el presidente.

Pino asegura que ese déficit que equivalía a 33 mil millones de lempiras, viene desde el momento en que Hernández presidía el Congreso Nacional, ente encargado de vigilar el presupuesto nacional.

“El déficit viene de acciones como la compra de mil millones de lempiras en cemento para hacer campaña política, ellos están medio arreglando lo que ellos mismos descompusieron. Lo que se gastó en campaña política lo estamos pagando los hondureños. Esa reducción de 5 puntos está basada en el aumento al Impuesto Sobre la Renta, ISR, los derivados del petróleo, en el congelamiento de los salarios de empleados públicos, despidos, ¿de qué bienestar hablamos?”, dijo Pino.

Aseguró que los logros están basados más en asistencialismo que en verdaderas políticas de desarrollo para Honduras. “Esto viene de un congelamiento en los gastos de salud y educación. Recordemos que notamos incrementos altos en el presupuesto cuando de seguridad y defensa se trata, pero en salud y educación notamos poca diferencia a años anteriores.

Esa distorsión entre los programas de asistencia social y las verdaderas políticas sociales. Lo que va para la bolsa solidaria, techos, etc., se ha multiplicado, 10 mil millones de lempiras que manejan directamente desde Casa Presidencial. Esto se hace con el objetivo de captar votos, no de reducir pobreza”, expresó Pino.

De acuerdo a la compañía inglesa MoveHup, Honduras está entre las naciones del mundo donde es más caro adquirir la canasta básica, es más, en el continente americano, es el país que ocupa el primer lugar como el Estado más oneroso para cubrir las necesidades básicas.

Por otro lado, logros marcados como programas de empleo “Con chamba vivís mejor”; se basan en empleos que no son dignos, según Pino. Empleos temporales que significan una deuda política para los beneficiarios. Otros logros en materia de desarrollo tienen que ver con la construcción de carreteras y las Zonas Especiales de Desarrollo que a través de Alianza Público Privada, impactan directamente en la economía de las familias hondureñas con medidas como el pago de peaje en ejes carreteros.

 “Hemos salvado más de 3,000 vidas”

Como mencionamos al inicio, el logro más destacado de Hernández ha sido la reducción en la tasa de homicidios, que desbancó a Honduras como el país más violento del mundo.

El narcotráfico ha disminuido en un 70% y más de 3,000 vidas humanas han sido salvadas con esto, aseguró en su discurso  Hernández. Desmantelamiento de bandas criminales y el papel de la FUSINA, así como la ATIC y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad destacan como instituciones que están logrando una Honduras más en paz.

Le recomendamos: Consejo Nacional de Defensa y Seguridad http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/nuestra-palabra/item/2627-consejo-nacional-de-defensa-y-seguridad-11-enero-2016

Sin embargo, el analista en temas de seguridad, Fabricio Herrera asegura que la agenda del gobierno y siguiendo una fachada de institucionalidad es para controlar las Fuerzas Armadas.

“La ciudadanía hizo un esfuerzo por desmilitarizar a partir de los años 90, el cierre del DIN y la creación de una policía civil. Esa policía es hoy un conserje de las FFAA. La policía ha jugado un papel muy triste. Todo el gasto en término de seguridad se ha ido en militarización para el control social y el despojo económico. El Estado además controla los datos. El crimen organizado ejerce otro tipos de violencia que no se cuentan”, explicó Herrera.

60 mil personas capturadas, 852,566 operativos, extradición de 8 capos de la droga, incautación de millones de lempiras realizaron las Fuerzas Armadas en diversas instituciones creadas recientemente. La policía, apenas capturó 612 pandilleros y 745 cabecillas de bandas, según el reporte oficial de gobierno. E papel triste de la policía del que habla Fabricio y el apoyo a las FFAA, es evidente en estas cifras.

Por su parte, la jurista Ivania Galeano asegura que en el tema de impunidad, la deuda sigue muy alta y el papel de instancias como FUSINA son como un brazo del presidente que han centralizado su accionar en la extorsión sin efectividad en la investigación.

Hernández demostró este interés de controlar directamente las Fuerzas Armadas al inicio de la tercera legislatura donde introdujo una moción orientada a eliminar el burocrático cargo de comandante de las FFAA y dejar solo el del Jefe del Estado Mayor Conjunto y así eliminar escalas que atrasen su mando sobre los jefes de batallones.

El analista Fabricio Herrera también asegura que la reducción se debe leer de acuerdo a varias dinámicas sociales. “Ya se vio un fenómeno de rebote con el cierre de la DNI en los 90 cuando todas las líneas de actividad criminal descendieron y luego hubo un rebote hacia arriba porque no hay procesos de justicia, ni reinserción a la sociedad. Eso podría suceder en los próximos años y se puede condenar a quien esté gobernando en ese momento cuando también eso responde a otras dinámicas y necesidades sociales”.

El Informe sobre Desarrollo Humano para América Central del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, indica que en Centroamérica circulan alrededor de 3 millones de armas de fuego y que dos de cada tres serían portadas en forma ilegal.

Honduras es uno de los tres países de la región donde estaría circulando gran parte de ese armamento. Se estima que en el país hay más de 800 mil armas en poder de diversos sectores de la ciudadanía, de las cuales 650,000 estarían circulando ilegalmente.

Del diálogo con oposición y la MACCIH

Ivania Galeano, jurista de grupos de sociedad civil asegura que el actual gobierno ha demostrado su intolerancia con la oposición y eso contradice su discurso.

“A pesar de su discurso de respeto a ddhh y de dialogo abierto aquí lo que vemos al interior es que ha sido confrontativo con la sociedad civil deslegitimando las denuncias de la misma en el ámbito internacional y los pinta como personas que buscan caos.

El paso de la CICIH que era la demanda popular a la MACCIH, propuesta por él y avalada por la OEA, mostró esa intolerancia”, dijo Galeano.

Aunque el discurso de Juan Orlando Hernández está lleno de seguridad en sus logros, no se puede olvidar que al inicio de la legislatura que recién terminó sufrió el revés de no aprobarse el rango constitucional de la Policia Militar del Orden Público, y hoy comenzando la nueva legislatura sufre el revés de encontrar obstáculos en su interés de controlar la Corte Suprema de Justicia.

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2669-a-dos-a%C3%B1os-%C2%BFest%C3%A1-cambiando-honduras?-parte-i

,

Deja un comentario

El Seguro Social sigue igual – 16 Enero 2016

Origen: El Seguro Social sigue igual – 16 Enero 2016

,

Deja un comentario

CLAMOR 2016: ¡CICIH YA!

HONDURAS se vio sacudida durante el año 2015 por multitudinarias manifestaciones nacionales e internacionales en contra de la CORRUPCIÓN e IMPUNIDAD entronizada en el actual gobierno nacionalista y que salpicó además al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP, además de otros sectores y que prevalece descaradamente en el país desde hace más de seis décadas.

Origen: CLAMOR 2016: ¡CICIH YA!

Deja un comentario

Ley electoral en Honduras sostiene sistema antidemocrático

Rodeando el problema y sin abordar puntos clave como el financiamiento, el mandato revocatorio y la representación ante el ente electoral, la clase política en Honduras sigue proponiendo parches a la actual Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.

Para el analista y escritor Julio Escoto, la ley Electoral es fundamental y debería ser una normativa más moderna pero no es así. La actual ley mantiene figuras conservadoras porque buscan defender la forma antidemocrática como hasta ahora se ha manejado la política en Honduras.

Como consecuencia del golpe de Estado ocurrido el año 2009 el escenario político cambió. Este hecho trágico y antidemocrático hizo que surgieran nuevas fuerzas políticas que ahora concentran mucho poder dentro del electorado, pero que el bipartidismo las mantiene al margen, sin ni siquiera estar representadas en el Tribunal Supremo Electoral.

“Las figuras conservadoras desde luego que no quieren hacer cambios en esa ley o crear una nueva, simplemente por una causa: quieren mantener la manera como está escrita, concebida y estructurada, ya que favorece el modelo antidemocrático de la nación. Esto se refleja en la representación que tiene el Tribunal Supremo Electoral, ese simple hecho nos dice que hay una falla onda y estructural, particularmente luego del golpe de Estado donde el panorama político se hizo más amplio”, dijo Escoto.

Durante las casi cuatro décadas y teniendo como colchón esta legislación, se ha garantizado una democracia controlada por una clase política, quienes con trampas quieren seguir sosteniéndose en el poder. “Es una ley tradicional y bipartidista, elaborada a base de trampas y para favorecer a la dirigencia política tradicional, que junto a la oligarquía deciden quienes van o no al poder”, agregó.

“Nuevas reglas del juego”

La democracia hondureña vive actualmente en una zona de riesgo y en un proceso de transición hacia una salida de la crisis política gestada con el golpe de Estado. Esta zona de riesgo está sustentada en una profunda crisis estructural de exclusiones económicas, sociales, territoriales y culturales. Pero también en una democracia electoral frágil carente de trasparencia y legitimidad, al grado que los resultados electorales entregados en las últimas contiendas electorales (2009, 2012 y 2013) han sido cuestionados por sectores significativos de la ciudadanía hondureña.

Antes del golpe de Estado existían en Honduras cinco partidos políticos legalmente inscritos: Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Demócrata Cristiano de Honduras, Partido de Innovación Nacional y Unidad Social Demócrata y el Partido Unificación Democrática.

Sin embargo, el monopolio de la competencia política real se concentraba en el histórico bipartidismo tradicional representado por los partidos Nacional y Liberal. Después del golpe de Estado emerge, desde el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) contra el golpe de Estado, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y se creó también el Partido Anticorrupción (PAC), ambos institutos políticos con capacidad de competencia electoral. Así Honduras ha pasado de un sistema de partidos políticos bipartidista a un sistema de partidos políticos pluralista, reafirma el informe “Hacia nuevas reglas del juego, en las elecciones hondureñas” elaborado por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).

Para Julio Escoto una de las reformas que requiere el país de manera urgente es el financiamiento de los institutos políticos y de las campañas electorales. “En el financiamiento, todos los sectores tienen claridad, es necesario establecer un límite de aporte por individuo, organización y empresa, pero estamos claros que la clase política no quiere porque ellos para llegar  al poder recurren a las trampas, incluido el robo del erario público. Se debe avanzar a exigirles que presenten informes mensuales de sus ingresos”.

Para el escritor además del financiamiento se debe incluir el manejo de la propaganda. El Estado debe establecer horas de transmisión donde los diversos partidos políticos presenten sus mensajes, todo en igualdad de condiciones para propiciar una contienen justa.

¿Reformas o nueva ley? 

Organizaciones y los partidos de la denominada oposición en Honduras plantean la aprobación de una nueva legislación. La oficialidad empuja por seguir reformando la ley para incluir algunas de las demandas de la población.

Hasta el año 2009, la Ley Electoral aprobada en 1981, había sido objeto de más de medio centenar de reformas, por lo que en diferentes ambientes cobró fuerza la idea de una nueva normativa, pero la actual junta directiva del Congreso Nacional ha dejado claro que para la presente legislatura es difícil lograr reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas vigente, mucho menos una nueva ley.

A finales de 2014 el Centro de Estudios para la Democracia, propuso realizar 45 reformas a la ley para ir alejándose de la manipulación y corrupción que ha estado presente en todos los procesos electorales en Honduras.

El documento presentado a los políticos y organizaciones de sociedad civil incluía mecanismos eficaces que garantizaran los porcentajes fijados para la participación de las mujeres en las cuotas para los cargos de elección popular, al igual que mecanismos para que los partidos políticos promuevan la participación, representación, igualdad y no discriminación de los grupos sociales más excluidos en la sociedad hondureña, como las personas con discapacidad, las personas lésbicas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales y los pueblos indígenas.

Sobre el voto electrónico CESPAD creo que es necesaria su evaluación, al igual que la modernización del sistema de elaboración y entrega de tarjetas de identidad del Registro Nacional de las Personas y su despolitización de activistas.

Reelección 

Fue hace un año aproximadamente, cuando diputados nacionalistas más Edwin Pavón de Unificación Democrática presentaron ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad para despenalizar cualquier intención de que se discuta la reelección como lo establece la Carta Magna.

Cuatro meses después de haber presentado el recurso, en el mes de abril, la Sala de lo Constitucional emitió el histórico fallo que da luz verde a la reelección, al aprobar la inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución de la República.

La resolución fue aprobada por unanimidad, obtuvo los cinco votos de los magistrados que integran esa sala. Horas después el magistrado José Elmer Lizardo se retractó de su voto. Ahora la decisión de aprobar o no una reelección están en la cancha del Legislativo.

Sobre este tema, Julio Escoto está claro que hay intentos de reelección de parte del actual gobierno y hay coqueteos de otros políticos que están dispuestos a sentarse nuevamente en la silla presidencial. “Luego de hacer un análisis si conviene o no una reelección en Honduras, llegué a la conclusión, como lo mencionó el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, Enrique Ortez Sequeira, que una reelección únicamente le conviene a 7 personas, los 7 ex presidentes vivos que tiene Honduras. Pero realmente al pueblo Honduras no, ninguno de los ex presidentes merece estar nuevamente en el poder, todos a excepción de Manuel Zelaya Rosales, siguieron la línea neoliberal de desarrollo del país, dejaron deudas, situaciones dudosas, llevaron a su familia para mantener nepotismo, no tuvieron independencia ni mantuvieron independencia, entonces la reelección no es necesaria en el país”, concluyó diciendo Escoto.

En la actual realidad hondureña no resulta fácil avanzar hacia una amplia y sustantiva reforma electoral. Sin embargo, si el país no inicia el recorrido hacia la modificación de las reglas del juego se mantendrá en una situación de crisis permanente y se asistirá a una mayor deslegitimación del sistema político.

Origen: Ley electoral en Honduras sostiene sistema antidemocrático

Deja un comentario

Desempleo dura realidad de 2 millones de hondureños

Cada día más de 1.5 millones de hondureños y hondureñas salen de sus casas con la empedernida esperanza de encontrar una plaza de trabajo para sustentar las obligaciones económicas del hogar; esperanzas que se esfuman al ver la realidad del país, ese panorama que refleja una nación de desempleados.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, INE unas 194,188 personas están desempleadas completamente, de las cuales el 47.2 por ciento son jóvenes menores de 25 años, asimismo existen 431,420 personas con subempleo visible, es decir que estando ocupadas, trabajan menos de 36 horas a la semana y desean desempeñar más actividades para ganar mejor.

En cambio la Tasa de Subempleo Invisible (TSI) asciende a 27.7 por ciento, que en total suman 958,174 personas, estas son las que trabajan más de 36 horas y tienen ingresos inferiores a un salario mínimo.

Esos mismos datos oficiales dan cuanta que hay 1 millón 583 mil 782 hondureños que no tienen la oportunidad de ganarse un salario digno, la mayoría subsiste como puede, generando incertidumbre, decepción y depresión por no tener una fuente permanente de ingresos.

A este drama se suma un nuevo episodio que agudiza el calvario de quienes sí  tenían un empleo permanente, hablamos de los 11 mil trabajadores y trabajadoras del grupo Continental quienes luego de la liquidación forzosa ordenada por el gobierno de Juan Orlando Hernández, ahora engrosan la cifra de desocupados.

Al Estado le ha quedado grande la camiseta de atacar el desempleo, las únicas medidas solo han servido como un analgésico a la problemática. Sus programas asistencialistas como: “con chamba vivís mejor”, “banca solidaria”, entre otros no lograr generar bienestar para la ciudadanía.

Este tipo de iniciativas ha creado según datos de la Secretaría del Trabajo un total de 52,531 plazas en dos años de administración, pero no han podido solucionar el problema de raíz y que en este momento se convierte en uno de los principales motivos de la migración.

A criterio de Liliana Castillo presidenta del Colegio de Economistas de Honduras, los programas asistencialistas no son la solución política que debe plantear el gobierno a la crisis de desempleo; todo lo contrario, para ella ese proceso atenta directamente contra los derechos de los trabajadores y su permanencia.

Se agudiza la problemática

La liquidación de Banco Continental abre una nueva coyuntura sobre el problema, son más de 11 mil las personas que son afectadas directamente y otras 25 mil de forma indirecta.

Castillo considera que: “económicamente afectará, hay que ver las proyecciones, pero es un hecho que la situación del grupo Continental dejará un fuerte daño al sostenimiento financiero del país”.

El gobierno ha manifestado que no tiene mucha capacidad para solventar el problema del desempleo, por tal razón acude a la inversión extranjera pero es insuficiente para cubrir todo lo que se necesita el país.

Necesitamos medidas políticas que ayuden a resolver los problemas de las personas de escasos recursos a la mayor brevedad posible y que no sea temporal sino que sea permanente”.

Es una tasa amplia de desempleo

Esta realidad también es analizada por otros sectores, uno de ellos es el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), quien a través de su subdirector, el economista Raff Flores manifiesta que el gobierno tuvo que medir esa decisión mucho antes, puesto que las repercusiones serán graves.

Flores dice que el impacto en el desempleo será alto porque el grupo financiero era una estructura sólida que no solo daba empleo, sino que aportaba al desarrollo económico en las áreas de producción, administración y sostenibilidad.

La realidad de los nuevos desempleados

En cada fiesta de bienvenida de año nuevo el pensamiento especulativo nos acostumbró a comer doce uvas con sus respectivos deseos, brindar por el bienestar y el éxito y esperar que todo será mejor que en el pasado; al momento de ese ritual en enero del 2015 nadie imaginó que quizá que las uvas no funcionarían y que los buenos deseos del prójimo pronto se convertirían en mensajes de solidaridad y consolación.

El fatídico mes de septiembre de 2015 marcó esa coyuntura y que hasta la fecha tiene contra la espada y la pared a miles de personas.

Una vez concretada la liquidación del Banco Continental, producto de las acusaciones de lavado de activos de sus propietarios, la familia Rosenthal, el gobierno a través de sus estructuras de seguridad inició con el aseguramiento de los bienes de cada una de las empresas, el despido de empleados y la reestructuración administrativa de las plataformas empresariales.

De la mano de los aseguramientos también se presentó el olvido y el desentendimiento del gobierno hacia los principales afectados de la crisis, los trabajadores siguen esperando respuestas ante su situación, muchos de ellos no pierden la esperanza de recibir los pagos que quedaron atrasados y también sus liquidaciones con base a lo estipulado en la ley.

En ese ambiente no solo está el desempleo, sino el cumplimiento de sus derechos, hasta la fecha el 100% de los afectados no recibe el pago de prestaciones.

Uno de los casos más sonados es el de Diario Tiempo, que dejó de funcionar en la última semana de octubre, ellos y ellas trabajaron un mes luego de la liquidación y no han recibido hasta el momento ni siquiera el pago de su salario y el cumplimiento de prestaciones está en el limbo.

Danilo Bustillo uno de los voceros de los empleados aseguró: “tenemos un mes sin recibir salarios pero seguimos con la convicción y esperanzas de obtener el pago de nuestros derechos laborales.

No han entregado carta de despido y seguimos haciendo nuestras acciones por nuestro lado para tratar que el gobierno y la Secretaría del Trabajo nos solucionen la situación.

Nos estamos asesorando legalmente y esperamos que podamos fortalecer el proceso de reclamo de nuestros derechos”.

“Ala mayoría de trabajadores no les han pagado el mes”

Para el abogado laboralista Salvador Espinoza las autoridades deben respetar los derechos de los trabajadores y resolverles la situación fundamentado en lo que estipula la ley y evitar que se le violen los derechos.

Por ahora la única salida que ven los trabajadores del grupo Continental es seguir los procedimientos en base a ley y conjugarlos con la movilización, todo para poder lograr que el gobierno cumpla con sus obligaciones, pero la realidad les dice que su futuro inmediato es engrosar la terrible lista de desempleo existe en Honduras.

Origen: Desempleo dura realidad de 2 millones de hondureños

,

Deja un comentario

Minuta de un desastre

Fue clausurado un banco hondureño, fundado en 1974 por hondureños”

En escasas horas han sido borrados 12 000 puestos directos de trabajo y doble cantidad de dependientes. Y si bien existe una cláusula anarquista del siglo XIX que pregunta sobre cuál es mayor delito, si fundar un banco o robar un banco, la situación presente carece de humor.

Es más bien insólito que se cierre bancos a partir de una información del exterior y no de argumentos certificados por ninguna autoridad local. Bastó que la entidad OFAC del gobierno de EUA relacionara a Continental de Honduras con eventos de narcotráfico y lavado de activos para que ipso facto, con presteza nunca antes vista y obviando todo proceso legal, la Comisión de Banca y Seguros procediera a reunirse en día de asueto y a emitir una absoluta sentencia condenatoria contra la citada empresa de capital. No hubo espera para recibir del norte los documentos acusatorios pertinentes; el Ministerio Público no emprendió pesquisa alguna; la cancillería, para entonces igualmente desolada a causa del descanso “morazanista”, fue incapaz de autenticar cualquier comunicación burocrática estadounidense; el embajador de ese país felicitó por la velocidad sin precedentes con que un ente del Estado, y el gobierno mismo, asestaron el golpe letal a una compañía hondureña con 40 años de ejercicio económico. Se deduce, por tanto, que de oídas y a ciegas, mayormente inspirada en datos incompletos, y sin duda con instrucciones superiores, la CNBS se precipitó a complacer intereses externos sin comprobar un mínimo detalle, un solo argumento que sustentara la crítica situación.
¿A eso llaman soberanía patria? ¿De cuándo acá se castiga a alguien, en acto expreso, sin someterlo a proceso investigativo y menos sin haberlo vencido en juicio y ratificado su culpabilidad…? ¿O es que va a repetirse la expropiación forzosa que se impuso a los comerciantes alemanes residentes en Honduras tras iniciarse la segunda guerra mundial ––muchos de ellos tildados nazis, siendo más bien judíos–– y cuyas propiedades acabaron usualmente en manos corruptas del gobierno de entonces?
¿Y si ahora la fuente se equivocó y acusó sin veracidad sustancial, únicamente por suposición? ¿Y si no existe ninguna prueba, sino que tras la denuncia original se dan ocultas intenciones de especulación bursátil dirigidas a quebrar bancos y adquirir sus vestigios a costo barato, o jugadas políticas, precisamente ahora en que será electa la nueva corte de justicia y se ocupan votos súbditos y condicionales…?
Mientras que en Estados Unidos el gobierno sanciona a bancos transgresores como HSBC, Wachovia y Bank of America cobrándoles solamente una multa por faltas similares, sin destruirlos, a fin de proteger el estamento financiero y la estabilidad de empleo, en Honduras el mando del norte es látigo, fulminante urgencia para actuar y, lo más grave, para actuar contra los mismos connacionales.
Banco Continental pudo ser sistematizadamente disuelto, como propusieron sus dueños, sin tanto escándalo ni dolor ––que ahora el gobierno busca acallar reprimiendo la libertad de expresión––, sin perjuicio a cuentahabientes, deudores e inversores, sin agitar innecesariamente un medio humano que de por sí carece de seguridad jurídica y social y al que estas malhadadas experiencias orillan a la desesperación y lo inestable. ¿Se ocupan más argumentos para visualizar la vulnerabilidad del sistema financiero del país…?

POLÍTICAMENTE CORRECTOS

No somos defensores de compañías bancarias, como tampoco seguidores sociales de los Rosenthal, sino pensadores, lo que nos impele a reflexionar: y si mañana o en las próximas semanas surgen acusaciones contra otros entes financieros locales, ¿se procederá entonces, con tan presto oficio, contra los banqueros más amigos del régimen, aquellos con quienes compromete miles de millones de recursos patrios en fideicomisos, concesiones y operaciones fiscales…? ¿O es que la extinción del Continental fue carambola destinada a deshacerse de un rival, rápida y astutamente aprovechada para que otro banco ocupe su espacio?

DUDAS Y VERDADES

Ante una imprevista condición irregular como esta, de la que aún no puede contemplarse todos sus ángulos y aristas, es obvio que tengamos más preguntas que respuestas. Y por lo mismo se hace pertinente bucear en las probabilidades y dejar para la historia nuestra extrañeza de que bajo un régimen que reconoció públicamente haber seguido conductas delictuosas en el caso del desfalco del IHSS, en cuyo crimen fue cómplice, se haga ahora justicia tan expedita.

Que el nerviosismo social generado por las torpezas y contradicciones de la CNBS — pues hoy más que nunca ya nadie tiene confianza en que se respete sus derechos no sólo personales sino empresariales— incrementa el desprestigio del país, torna frágiles a las instituciones y acumula puntos sobre la fama de “inseguridad jurídica” nacional ya que las leyes y políticas vigentes son manoseadas incluso por funcionarios de tercera categoría.

Que sorprende —aunque en verdad acá ya no sorprende nada— la orgánica campaña empeñada por varios medios de comunicación y por la embajada norteamericana para “tranquilizar” al pueblo, igual como hicieran cuando el golpe de 2009, aseverando que todo iba estable, que pasa nada y que las medidas “de control” tienen efectividad.

¿Control en un país donde basta que aparezca una noticia terciaria de Nueva York para que el Estado se vuelque todo, de mediodía a medianoche, para destruir una institución de la que quizás se sospecha pero a la que se ha probado nada?
¿Control con ejercicios de justicia supersónicos para cierto determinado fin pero lentos para otros, como son los casos del IHSS, de los radares, las corbetas, el gacetazo, el avión presidencial, el avión robado en pista militar, el oscuro tazón de seguridad, las cámaras ciegas de vigilancia pública, los crímenes contra obreros, los asesinatos de campesinos en Aguán, la muerte de Isis Obed y las “balas de goma”, el mismo golpe de Estado militar y empresarial, las acusaciones ya notariadas de un testigo que asevera haber entregado coimas a los más altos magistrados de esta ridícula y casi cómica —si no despertara tragedias— república neoliberal…?

Y el día de mañana, ¿quiénes pagarán la inmensa demanda ganada, sin duda alguna, por los banqueros hoy infamados y maltratados a causa de los peores procedimientos jamás vistos de dependencia e inoperancia administrativa y jurídica del Estado, específicamente de la CNBS…? ¿Ellos, los burócratas… pagarán?

Nosotros, sólo nosotros pueblo.

Vómitos nauseabundos, son estos, de un nuevo y grosero desastre neoliberal, como tantos iguales presentes y pasados…

Estamos obligados a indignarnos y superarlo.

País de Indignados, Octubre 16, 2015

ISMAEL MORENO, sj
DARÍO EURAQUE
RODOLFO PASTOR FASQUELLE
VÍCTOR MEZA
EDUARDO BÄHR
PATRICIA MURILLO
WILFREDO MÉNDEZ
HUGO NOÉ PINO
HELEN UMAÑA
EFRAÍN DÍAZ ARRIVILLAGA
MAURICIO TORRES MOLINERO
JULIO ESCOTO
RAMÓN ENRIQUE BARRIOS

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/opinion/item/2460-minuta-de-un-desastre

Deja un comentario

¿Quién paga la caída del emporio Rosenthal?

Era una tarde nublada de un domingo 4 de octubre justo en el minuto 88 del encuentro entre Real Sociedad y el Marathón en el Estadio Francisco Martínez de Tocoa, por la jornada número once del Torneo de la Liga Nacional de fútbol en el que el “monstruo verde” ganaba 1-0. Un resultado que se convertía en un respirador artificial a la crisis de rendimiento del equipo sampedrano. Todo cambió en un abrir y cerrar de ojos, cuando al minuto 90 en el último suspiro del juego, un derechazo frente al área  de Marco Tulio Vega logró el empate para los tocoeños. La primera de muchas frustraciones por venir para el  presidente de los verdolagas: Yankel Rosenthal.

En las últimas temporadas, el verde ha luchado contra el fantasma del descenso y cuando le anotaban al Marathón, en las transmisiones televisivas las cámaras de la señal de la nación (Canal 11) se iban hacia el rostro de Yankel con su escena típica: él,  inhalando su puro de tabaco, tragando la saliva de la decepción futubolística. En su sistema límbico nunca se cruzó que ese gol de Vega y ese humo de la decepción en la tarde opaca en Tocoa, era tan solo el inicio del calvario por venir dos días después.

Rosenthal emprendió un viaje al país del norte, ese que tanto frecuentaba; lo hizo con la rutina que un trabajador de maquila quienn para ir a su empleo toma el rapidito de la ruta 7 de San Pedro Sula. Para muchos viajar a Estados Unidos es sinónimo de libertad y negocios, para Yankel debido a la costumbre, era sólo un viaje de intereses. El empresario alistó su equipaje, su puro y su bebida en primera clase, sin pensar que ese vuelo iba con dirección al encierro, a la humillación y al inicio de la caída de un imperio.

Del imperio económico que hablamos no es de cualquiera. Pertenece a una familia de origen judía interesada en el éxito, dominación, poder y dinero. Yankel Rosenthal pertenece a ese grupo económico en el que la cabeza es su tío Jaime Rosenthal Oliva, considerado hasta esta última semana, como el sexto empresario multimillonario más importante de América Central.

Más que por los judíos, Honduras políticamente es dominada  por el sector Arabe-Palestino, el cual en realidad lleva los hilos económicos, políticos, empresariales  e incluso religiosos.

Pero las rencillas entre ambos grupos han sido parte del paisaje político y empresarial hondureño. Y en esta ocasión las rencillas se agigantaron, los gringos las supieron aprovechar, y el empresariado árabe junto con los políticos que lidera el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández la convirtieron en guerra de exterminio.

Le recomendamos: Comunicado de escritores hondureños

El pasado martes 6 de octubre, el empresario Yankel Rosenthal fue capturado por la justicia de Estados Unidos por suponerlo responsable del delito de lavado de activos ligado al narcotráfico. Él junto a su tío Jaime Rosenthal y su primo Yani Rosenthal están en la mira del Departamento del Tesoro, institución que asegura tener todas las pruebas de su vinculación con las redes narcotraficantes.

Ahí empieza la caída del imperio. Con su captura y con la revelación de los sospechosos dio paso a la decisión del Departamento del Tesoro de congelar el miércoles 7 de octubre unos $20 millones de sus activos y el total de acciones y capital del Banco Continental, institución bancaria que aglutinaba toda o casi toda la fortuna de los acusados.

Luego de la captura de Yankel y las acusaciones contra su familia por hacer negocios con la banda narcotraficante “los Cachiros”; el gobierno de Estados Unidos inició un par de audiencias contra el dirigente deportivo y exministro del gobierno de Juan Orlando Hernández. Paulatinamente los norteamericanos sostuvieron reuniones con autoridades del gobierno, la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) donde determinaron el destino del grupo financiero.

El gobierno de Juan Orlando Hernández bajo el argumento de proteger a los ahorrantes decretó a través de la CNBS la liquidación forzosa del banco . Acción que fue dada a conocer por Ethel Deras presidenta de dicha Comisión.

Interpretaciones de economistas hablan que con este proceso el país tendrá un fuerte impacto económico y social, ya que dejará a más de 11 mil desempleados y un golpe a la economía de hasta el 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB); es decir se liquida un valor de aproximadamente 14,300 millones de Lempiras, unos dos mil millones más que el presupuesto nacional de salud de este año 2015.

Pero esto no fue todo, y es que luego de la liquidación forzosa del grupo Continental, también se procedió al aseguramiento de las propiedades, entre ellas: empresas, viviendas, vehículos y hasta ganado de la familia Rosenthal, dando paso al despedazamiento de su imperio.

Las decisiones no son producto de la casualidad, tal y como lo mencionó en repetidas ocasiones el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, sino que el tiro de gracia de la CNBS y la injerencia norteamericana son en función de toda una red de intereses del sector burgués árabe, que son los dueños del resto de la banca nacional, quienes obedeciendo a los norteamericanos aprovecharon la oportunidad para ver la caída del sector y en medio de la crisis interburguesa repartirse los pedazos del imperio.

¿Quién paga la crisis?

La historia responde la interrogante. El descalabro al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ahora con la nueva Ley Marco de Protección Social será la plataforma para que los trabajadores paguen la crisis, el saqueo y los fondos que se robaron, afirmó en una emisión de Zona Informativa de Radio Progreso, el dirigente sindical Carlos H. Reyes.

Pero este no es el único caso, cuando los organismos internacionales a través del Fondo Monetario Internacional entregan fondos al Estado y ese dinero se pierde por corrupción, quienes pagan la crisis con incrementos en impuestos, privatizaciones y despidos, son los trabajadores, trabajadoras y la población en general. Y así la historia nos muestra capítulos tristes donde las crisis nunca las pagan los responsables, sino los pobres.

Raff Flores subcoordinador del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), dijo que esta situación que se da en el marco de la liquidación forzosa del grupo Continental, dejará un fuerte impacto en la economía, producción nacional, y generará una fuerte tasa de desempleo.

Afirmó que habrá secuelas que se presentarán tanto en lo económico como lo social, situación que al gobierno lo podría poner en graves aprietos en el futuro cercano.

Son alrededor de 60 empresas las que manejaba la familia Rosenthal. Con esta caída todas fueron intervenidas y por ende algunas han dejado de funcionar y las otras van camino hacia ese ruta.

Significa que habrá 11 mil nuevos desempleados y desempleadas, más de 25 mil personas afectadas indirectamente por la crisis del grupo financiero, impactando directamente contra los intereses de estas familias.
Es una realidad palpable que los obreros y obreras del grupo Continental son quienes pagarán esta nueva crisis. La coyuntura ha generado miedo, zozobra, estrés y hasta enfermedades en los empleados que están a punto de quedar en la calle, tanto con sus empleos como con sus derechos laborales.

El gobierno dijo en varias cadenas nacionales de radio y televisión que la CNBS garantizará el pago de prestaciones a los empleados y empleadas de Banco Continental, pero con esta afirmación los trabajadores de las demás empresas están en el limbo, pues nadie les dice que pasará.

En Honduras, la calle se ha vuelto el nuevo escenario de lucha para la población de clase media; ellos y ellas que en el mayor de los casos nunca habían salido a las calles a protestar por considerarlas escenarios para actos vandálicos, convirtieron este espacio en la única alternativa para exigir sus derechos.

Ingrid García, dio su testimonio. Ella era empleada de la empresa Continental Casa de Bolsa desde hace 26 años. Contó que está viviendo una pesadilla al saber que sus ahorros y sus prestaciones ahora están a punto de perderse.

“Esto es una pesadilla de la que no puedo despertar, cuando duermo sueño con esta realidad y al despertar sigue atormentándonos.

Tenemos problemas, deudas y ahora con esta situación no sabemos qué hacer, porque nuestra estabilidad, nuestros derechos están en el aire y la preocupación carcome nuestros corazones.
Es como una bomba la que nos han tirado, desde que nos dimos cuenta varios compañeros hasta se han enfermado, otros no tienen ni para el autobús, entre todos hemos recolectado para que la gente se traslade. No podemos seguir así, estamos en incertidumbre”.

“Le pedimos al gobierno que sea claro y nos solucione esto, somos familias pobres de quienes dependen muchos: nuestros hijos, nietos. La alimentación y sus estudios ahora están en juego”, dijo Ingrid García.

Como una pesadilla de la que no puedo despertar (AUDIO)

En ese contexto también se encuentra otro de los empleados del grupo Continental, específicamente de Diario Tiempo, el señor Elmer Antonio Mancías, quien es contador general del medio y lleva laborando ahí 37 años.

“Tengo una vida de trabajar en Diario Tiempo y ahora con esto no tenemos derecho a nada, ni prestaciones, ni salarios, ni empleos. Tenemos miedo.

Sentimos que en el caso de Diario Tiempo quieren ahogarlo, el gobierno no se pronuncia al respecto, y este es un fuerte atentado contra la libertad de expresión; estamos dispuestos a defender nuestros derechos en las calles, porque mis prestaciones y mi vida entera están acá y no vamos a dejar que todo se esfume”.

Estamos preocupados porque no sabemos el futuro que tenemos (AUDIO)

Asimismo Ángela Ochoa quien trabaja desde hace 38 años en Seguros Continental dijo que ”estamos con angustia, no tenemos salario, nos sentimos preocupados por lo que nos espera, estamos a la expectativa de lo que nos puede ocurrir. Estamos esperando que lleguen a las oficinas a que nos den una solución a esta situación.

Uno tiene muchos compromisos económicos, pago de viviendas, sostener a la familia, pago de agua, energía, escuelas y ahora no sabemos cómo hacer”, dijo Ochoa.

Los empleados y empleadas están a la deriva y ellos han iniciado procesos de gestión para que sus salarios y pago de prestaciones sean depositados.

¿Cuál es la salida?

Las protestas, los plantones, las consignas están a la orden del día. Pero no todos hablan el mismo idioma. Un grupo de trabajadores plantea el pago de sus salarios y de sus prestaciones, otro exige esto y un proceso de construcción de cooperativas para que los trabajadores y trabajadoras sean los que administren las empresas y las pongan a funcionar, y otro sector pide el pago de sus derechos y la liquidación voluntaria que fue propuesta por la familia Rosenthal.

En las empresas que no han sido aseguradas, los trabajadores y trabajadoras siguen en labores. Un ejemplo de ello es Diario Tiempo en donde los empleados siguen gestionando el pago de sus derechos, pero no han dejado la redacción del medio.
Gerardo Mazariegos fotógrafo del Diario manifestó que: “seguiremos trabajando, el futuro es incierto, pero todo depende de las acciones que se vengan en los próximos días.

Algunos están viendo la posibilidad de quedarse con el periódico y si el gobierno lo interviene seguramente se lo entregarán a algún empresario nacionalista o ponerlo totalmente al servicio del gobierno”.

Acá dependemos de la situación financiera del mismo y hasta que se pueda nosotros seguiremos trabajando e informando”.

Ha pasado por nuestra mente formar una cooperativa que administre el periódico por parte de los trabajadores, pero es una de las distintas opciones que tenemos, pero igual ocupamos dinero para sostenerlo y moverlo”.

La situación laboral de estas personas está en punto muerto. El abogado experto en temas laborales Salvador Espinoza afirmó: “Legalmente están protegidos, porque el trabajador puede exigir sus derechos y el patrono debe cumplir, si estuviéramos en una institucionalidad no hubiera problema desde esa perspectiva.

En los casos de cierre, embargo u otros similares la ley dice que los trabajadores gozan de los derechos laborales establecidos”.

Por su parte, el analista político Efraín Fajardo lamenta que los trabajadores y trabajadoras vivan esta situación, pero lamenta más que ni organizaciones sociales y políticas se pongan a la disposición de los obreros para orientarlos en su caminar.

Para Fajardo los trabajadores deberían organizarse y apostarle a ser ellos los que administren las empresas, pues conocen bien su funcionamiento. Además deben exigir hasta las últimas instancias el respeto a sus derechos laborales.

El futuro de los 11 mil obreros y obreras junto a sus familias es poco prometedor y bajo las características gubernamentales no se puede esperar más que la pérdida de sus derechos laborales.

Entre independencia y injerencia

“Con esta intervención de Estados Unidos la institucionalidad se vuelve más débil, se ve que todo se hace a la luz de lo que diga la embajada americana”, caracterizó el analista Ramón Barrios, el papel de los norteamericanos en este proceso.

Según Barrios la justicia hondureña no jugó ningún papel en el caso de los supuestos negocios de la familia Rosenthal con los Cachiros, a pesar que en teoría tenían conocimiento de ello, tal y como sucede con otras instituciones bancarias en las que no se ha hecho un proceso de investigación.

Para el analista la institucionalidad deja mucho que desear, pues fue hasta que Estados Unidos capturó a Yankel que todo se empezó a mover al ritmo de los norteamericanos.

Esta situación demuestra el nivel de independencia que tiene el país para tomar sus decisiones. Honduras no resuelve sus problemas con autonomía, todo lo contrario, cada decisión política no se toma sin el permiso o sugerencia de los organismos internacionales.

A criterio del analista Eugenio Sosa, el país debe solucionar sus problemas de forma interna, lo idóneo sería que tuviéramos una institucionalidad independiente del presidente, de los Estados Unidos y que aplique la ley como debe ser.
Por lo tanto Sosa afirmó que la población debe exigir que inmediatamente se  investigue a toda la banca hondureña, que en seguimiento a las denuncias de lavado de activos que se han hecho, y que deben buscar el castigo para todos los responsables de estos delitos.

La lucha contra la corrupción va más allá, por eso Sosa sostiene que es necesario transparentar estos procedimientos y que funcionen con independencia no bajo la sombra de los organismos internacionales.

La caída del imperio de la familia Rosenthal la están pagando los trabajadores y sus familiares, la banca nacional se reparte la gran tajada que deja la liquidación del grupo Continental y Estados Unidos nos demuestra una vez más su dominio sobre las decisiones políticas del país.

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2458-%C2%BFqui%C3%A9n-paga-la-ca%C3%ADda-del-emporio-rosenthal

Deja un comentario

Por torturar y asesinar a jóvenes denuncian a policías de la Rivera Hernández

“Cuando llegué ya estaba una patrulla haciendo el reconocimiento del cadáver. Pregunté qué persona era y me dice un policía que era un hombre entre 20 y 25 años, por algún momento respiré porque mi hijo solo tenía 15 años, el próximo 06 de noviembre cumplía los 16 años. Pero esa tranquilidad duró minutos, porque al llegar Medicina Forense a realizar el levantamiento del cadáver, vi la misma calzoneta que había visto en el pick up. Luego miré las piernas de mi hijo, desde largo supe que era él; era mi hijo. Me acerqué para verlo, se ensañaron con su cuerpo, lo agarraron como tiro al blanco, antes de eso lo golpearon, lo torturaron desde sus rodillas así arriba, sus testículos estaban hinchados, su cuerpo y estómago acribillados, con sus manos amarradas hacía atrás, tal cobardía, se ensañaron con mi hijo”, ese fue el relato que hizo el padre de Mario Enrique Santos Lazo, un joven que se encontró muerto en el sector del Ocotillo.

El dolor ha sido más fuerte que el miedo. Junto al padre de Mario, otros familiares de jóvenes del sector Rivera Hernández, han denunciado abusos, exceso de violencia hasta asesinatos de miembros policiales asignados al sector.

Realidad de violencia

En San Pedro Sula abundan las denominadas “zonas calientes”. Barrios, colonias y sectores enteros controlados por grupos criminales, inundan estos sectores donde el empobrecimiento de su población tiene relación directa con la violencia que va exterminando especialmente a los jóvenes. San Pedro Sula es una ciudad violenta, pero en el análisis casi no se contempla la especificidad de los sectores, así nos explicó el analista en temas de seguridad, Javier Canales.

El sector Rivera Hernández es bastante complejo. Aquí se ven los grupos tradicionales como las maras y pandillas pero a estos se les suman bandas criminales como los Olanchanos, los Tercereños, que son independientes. Luego vemos que en medio de esta guerra territorial, el abuso policial es frecuente y quienes salen más perjudicados son el resto de civiles que quedan en medio. Este es el análisis de Canales quien además asegura que las autoridades de investigación están muy por debajo de la capacidad que requiere un entorno como este.

Le recomendamos: UN ATRAPASUEÑOS EN MEDIO DE UNA REALIDAD VIOLENTA

El padre de Mario cuenta que desde las cuatro de la madrugada, miembros de la Policía Preventiva y la policía de investigación, recién creada por el gobierno de Juan Orlando Hernández, realizaron allanamientos en varias viviendas de la tercera avenida de la Rivera Hernández.

“Esto fue a las 4 de la mañana, escuché golpes en el zinc. Me asusté y vi que se estaban llevando detenido a mi hijo. Los policías lo agarrón y subieron a una patrulla; rápidamente salgo y veo que lo estaban golpeando. Junto a mi hijo detuvieron 3 jóvenes más. Rápidamente me movilizo a la posta de la Rivera para ver si lo dejaron allí, me dicen que no, luego me movilizo hacia la primera estación, pero nada, yo sé que mi hijo estaba con vida a eso de las 9 de la mañana, porque la patrulla se andaba movilizando en otras casas, y él iba en la paila de la patrulla”, recuerda este padre, quien asegura que el miedo desaparece cuando el dolor es tan fuerte que los temores desaparecen.

Las palabras de este padre se entre cortan, se le hace un nudo en la garganta, hace una pausa para hablar, sus ojos se llenan de lágrimas, no entiende porqué la policía asesinó a su hijo, él era tan solo un niño de 15 años, un estudiante del segundo curso del instituto Emanuel ¿Por qué me lo mataron? se pregunta.

Al preguntar: ¿Por qué su hijo? El padre responde: “buena pregunta, por qué mi hijo, porque la policía no andaba capturando andaba vengándose, por que la intención no es justicia es venganza, ojo por ojo, no hay otra explicación. Aquí paga el más débil y a mi hijo le tocó. Nos damos cuenta que ellos (policías) son más despiadados que cualquier otro grupo u organización de delincuentes, ellos terminan siendo peores porque se ensañaron con un joven de 16 años, lo dejaron con sus manos atadas, se ensañan con un joven de 16 años indefenso  y con las manos amarradas hacia atrás, la pregunta es ¿quién es peor, si mi hijo que está muerto o los que lo hicieron?

El padre de Mario dice que nada puede llevar a los “responsables” de brindar seguridad a la ciudadanía a detener y horas después torturar y matar a un joven adolescente. Pero estas historias son comunes en este sector, aquí se cuenta que policías y militares detienen arbitrariamente a jóvenes, los golpean, y  a otros que pertenecen a pandillas los venden a bandas rivales y otros así como el hijo de Mario son torturados y asesinados.

¿Depuración?

Desde hace más de tres años el gobierno anunció el inicio de un proceso de depuración a lo interno de la Policía. Una policía acusada de una serie de crímenes y corroída por la actividad del crimen organizado y el narcotráfico. Luego de estos años y pese a la inversión de 159 millones de lempiras recibidos de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial- DIECP- para el periodo 2013-2015, la depuración ha sido un proceso fallido, así lo reveló un informe de la cooperación internacional.

Ese mismo documento revelado recientemente por Los Reporteros de TN5, dice que la DIECP tiene una posición de inoperancia política. En términos de ayuda la cooperación internacional ha entregado a la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial cerca de 25 millones de lempiras, distribuidos en asistencia técnica, apoyo logístico y apoyo financiero.

Se revela que el ente depurador carece de planificación, no tiene plazos para ejecutar la limpieza de la institución. Y la situación se agrava cuando el Ministerio Público revela que de cada 100 casos donde se investiga la actuación de policías, solamente el 4% cuentan con requerimiento fiscal, el 60% se encuentra en etapa de estudio, investigación o cierre, 6% en remisión a otras fiscalías por ser casos civiles.

Le recomendamos: LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA DE UN PADRE CUYO HIJO FUE ASESINADO PRESUNTAMENTE POR POLICÍAS

No es caso aislado

Junto a la denuncia del padre de Mario, llegó la madre del joven Marvin Trochez. Él, con apenas 24 años de edad, también fue detenido ese mismo viernes 09 de octubre en los allanamientos realizados por la policía en la tercera avenida de la Rivera Hernández.

Los vecinos y vecinas vieron como la policía entró a las 4 de la madrugada en la casa de Marvin, él estaba durmiendo con su pequeña hija de 2 años de edad. Él estaba en ropa interior, fue sorprendido por los policías que entraron violentamente, le quitaron a su hija, lo subieron en bóxer a una paila policial, y desde ese momento nadie sabe de su paradero.

“Yo me vengo a dar cuenta hasta las 6 de la mañana, cuando me dicen que habían agarrado a mi hijo, salgo corriendo para la posta policial de la Rivera, dicen que no han llevado a ningún joven detenido. Luego preocupada por mi nieta de dos años, salgo a la casa de mi hijo, allá me dicen que la policía entregó la niña a una señora desconocida y que a mi hijo lo subieron a la patrulla. La señora me entrega a la nieta y desde ese momento comenzamos a buscar a Marvin. Hemos visitado postas policiales, hospitales y la morgue judicial. Nadie nos dice nada, parece que la tierra se lo tragó”, dice entre lágrimas Doña María, una señora de 70 años, quien no entiende como la policía lo captura y ahora nadie se responsabiliza ni da información.

Doña María llegó con la foto de Marvin en mano y con la denuncia que hizo ante las autoridades por su desaparecimiento. “Las autoridades solo me tomaron la declaración y punto, no dicen nada”. Al preguntarle qué cree que pasó con su hijo, Doña María dice: “Yo creo que entregaron para que lo maltraten o quién sabe dónde estará, pero que ellos son los culpables – ¿quiénes, ellos?- Sí, los  policías que anduvieron haciendo todo ese cateo, tanta gente inocente que culpan,  gente que no tiene nada que ver, pero ellos van con su grandeza para que digan que el gobierno está haciendo algo, pero están acabando con gente inocente”.

¿Cree que él está bien?: “No sé, mi corazón dice que debo tener esperanzas, que mi hijo está vivo, pero les pido piedad y que me lo entreguen, porque él es un hijo yo lo crie buenísimo, él nunca fue malcriado es un buen padre amoroso con su niñita de dos años y es injusto lo que hacen porque por muy criminal que sea la gente ya cuando está en manos de la ley tienen que respetarlos porque son seres humanos no son animales, porque ellos tratan como animales a la gente”, dicen llorando Doña María.

Antecedes

La realidad de abusos policiales siempre ha estado presente en el sector Rivera Hernández. Por varios años el sector ha sido militarizado argumentando que debido a la inseguridad es necesaria la presencia de militares.

Los allanamientos que se han hecho en casas del sector, según autoridades, responde al asesinato ocurrido recientemente al sub inspector de policía Bryan Salomón Moreira, quien se desempeñaba como agente encubierto en la Unidad de Respuesta Inmediata Departamental (URID) en la ciudad industrial del país.

Dicho crimen ha generado una serie de acciones de parte de la policía, en las cuales la población denuncia violaciones a sus derechos y el asesinato del joven Mario  Enrique Santos Lazo y el desaparecimiento de Marvin Trochez.

Buscando respuestas de las autoridades, Radio Progreso consultó con el comisario Jorge Rodríguez, vocero policial de la zona norte, quien aseguró que no tienen datos del operativo donde se detuvo a estos jóvenes, que debe buscar información con el encargado de la posta policial en el sector de la Rivera Hernández.

Ante las acusaciones en contra de los uniformados el ex fiscal del Ministerio Público, Omar Menjívar afirma que este organismo debe trabajar de oficio e iniciar un proceso de investigación para dar con la verdad.

En este momento hay varios jóvenes desaparecidos y según vecinos y familiares de la Colonia Rivera Hernández también fueron detenidos por los organismos policiales. “Es obligación ineludible del Ministerio Público instruir la investigación a profundidad  de estos hechos, la ley le impone para descubrir a los responsables, si es que efectivamente es cierta la información como lo afirman familiares y gente que conoció del hecho de que estas personas fueron capturadas por la policías y que no fueron reportadas su detención”, dijo abogado.

Menjívar agregó que se convierte en un reto para la nueva policía que se ha creado dependiente del  Ministerio Público, la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) para demostrar que de verdad están comprometido con el Estado de derecho y con la defensa de los derechos fundamentales, ya que la policía hoy por hoy son órganos de seguridad del Estado cuyo comportamiento está alejado de una práctica coherente con la defensa de la vida y los derechos humanos.

Los familiares siguen llorando y buscando a sus seres queridos, mientras sueñan con un órgano policial que responda a garantizar la vida de la ciudadanía.

, , , , ,

Deja un comentario

Presupuesto 2016 solo se puede financiar con más impuestos y deudas señalan economistas

A mediados del mes de septiembre la Secretaria de Finanzas envío al Congreso Nacional su propuesta de presupuesto correspondiente al año fiscal 2016. Las proyecciones que hace el poder ejecutivo son de un presupuesto de 204 mil millones de lempiras, destinados 121 mil millones para la administración central y 83 mil millones para las oficinas descentralizadas.

Los primeros análisis señalan que se reporta un aumento 11% y 9%, para Salud y Educación y un aumento del 58% para gastos en defensa y seguridad. La partida que más fondos se lleva es la destinada al pago de la deuda que supera los 32 mil millones de lempiras.

“Es importante señalar que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República es un instrumento muy importante porque es donde se determina cómo se asignan los escasos recursos que tiene el país” dijo el economista y ex ministros de finanzas Hugo Noé Pino, actual director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Icefi.

Para el economista Nelson García Lobo, el presupuesto debería ser un instrumento de desarrollo porque es justamente donde se hacen todas las distribuciones de los recursos que pueden ser administrados por el poder Ejecutivo y otras dependencias del Estado. “Sin embargo, las construcciones históricas que se han hecho en el país han sido instrumentos políticos partidarios” aseguró García Lobo.

¿Financiable?

La propuesta de presupuesto para el próximo año establece un incremento total de 5.8%, lo que significa 11,300 millones de lempiras más en comparación al presupuesto vigente de 2015, que es de 192,700 millones.

El economista y subdirector del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras, FOSDEH, Raff Flores, se pregunta de dónde se va a financiar dicho presupuesto ya que las proyecciones tributarias van a la baja.

“La pregunta es de dónde piensan financiar eso, ¿con nuevos endeudamientos?, porque las proyecciones tributarias están con crecimiento de apenas un 6% con respecto a las metas de este año, y no creemos que la economía vaya a tener un crecimiento que permita captar mucho más, más bien la tendencia pudiera ser que no se logre el crecimiento económico este año y tenga repercusiones para el próximo”, dijo Flores.

Por su parte, el empresario hondureño Rafael Medina, destacó la importancia de tener un presupuesto general que priorice la calidad en el gasto. “Que tenga una buena cantidad para infraestructura, que pudiera ser hasta de un 15% del presupuesto del año 2016, a mí y a todo mundo le gustaría que fuera más pero hay realidades que el gobierno debe manejar” dijo Medina.

Partidas priorizadas

El doctor Hugo Noé Pino apunta que la propuesta del presupuesto, está destinada en su mayoría para el pago de la deuda y para fortalecer la presencia de los militares en asuntos de seguridad interna al llevarse buena tajada de presupuesto asignado.

“El pago de la deuda, tanto interna como externa, sigue absorbiendo una enorme cantidad de recursos para el presupuesto, y este año están presupuestados 32 mil millones de lempiras de un total de 80 mil millones que va a recibir en ingresos tributarios” aseguró Pino.

Según el representante del Icefi en Honduras, esta es la cantidad más alta de gasto público, representa casi dos veces y medio el presupuesto de salud y es mucho más alto que el presupuesto de educación que es de 24 mil millones de lempiras. “El resto de recursos no se asigna en función de prioridades de desarrollo del país. Se ha privilegiado, por tercer año consecutivo, el gasto en defensa y seguridad”.

Por su parte Nelson García Lobo está sorprendido por la apuesta en defensa y seguridad. “Incomoda mucho a la mayoría del pueblo hondureño ver el derroche económico que hay alrededor de este tema, más en el marco de lo que es la defensa que propiamente en la seguridad verdadera de los hondureños. Uno se sorprende en el gasto, y estamos dando la apariencia que nos preparamos para una guerra” dijo García Lobo.

El gran mal

Una de las partidas que se lleva gran tajada del presupuesto es la destinada al pago de la deuda que supera los 32 mil millones de lempiras. La deuda interna y externa del país cada vez va más en aumento. Ya suman 80 mil millones de lempiras.

“Hoy podemos decir que cada hondureño, incluido a los niños y niñas que no han nacido, ya viene con una deuda de alrededor de 22 a 23 mil lempiras. Ya nacemos endeudados” dijo Nelson García Lobo.

Según explica Lobo, la deuda representa un gran negocio para los banqueros del país. “El gran negocio lo hace la banca comercial porque son los principales tenedores de los bonos internos. El principal problema que tenemos es la deuda interna que es deuda de muy corto plazo, con intereses entre 14 y 18%. Por eso uno puede ver que la banca comercial no le interesa invertir en aquellos rubros donde pueden elevar un poco el nivel de riesgo, rubros como agricultura”.

Un presupuesto sin futuro

El economista Raff Flores opina que a todas luces el presupuesto del próximo año no se puede financiar. “No es financiable bajo las condiciones actuales, excepto que tenga unos niveles de endeudamiento mucho más alto porque la presión tributaria que existe, el más alto de Centroamérica, está llevando al 17% del Producto Interno Bruto PIB” dijo Flores.

Otro economista, Rodulio Perdomo, va más allá y sitúa su posición en torno al comportamiento que la economía mundial está teniendo. “El ambiente internacional no está favorable al crecimiento económico. En primer lugar, se ha caído la actividad económica internacional. La actividad económica de China, que ha sido el nuevo motor de crecimiento de la economía mundial, se ha venido abajo más los problemas de sequías que tenemos en dos años, no producen crecimiento favorable a la macroeconomía del país”.

García Lobo finalizó diciendo que la “tendencia del uso de los recursos ha sido más a gastar que a invertir en programas y proyectos que puedan generar un verdadero desarrollo al país”.

El Congreso Nacional tiene hasta el 31 de diciembre para aprobar el nuevo presupuesto general de la República.

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2442-presupuesto-2016-solo-se-puede-financiar-con-m%C3%A1s-impuestos-y-deudas-se%C3%B1alan-economistas

, ,

Deja un comentario

Gobierno hondureño avanza en la entrega del territorio para la explotación minera

Los proyectos entreguistas del territorio y de explotación minera en el país, impulsados por el gobierno de Juan Orlando Hernández, continúan avanzado. En noviembre próximo, las empresas mineras desarrollarán una nueva asamblea en Miami, Estados Unidos, donde ratificaran “un pacto por el ambiente”, pero además se aprovechará el evento para continuar exponiendo los minerales hondureños a las grandes empresas transnacionales que se dedican a la extracción del oro.

“Esto es prácticamente peligroso y en el caso del pacto por el ambiente es una burla más, es como decir que un mutilador va a salir a ofrecer prótesis a las personas que ha mutilado; en ese sentido no podemos hablar de un pacto por el ambiente cuando sabemos que la explotación minera genera severos daños al ambiente y por ende a la salud de las personas”, manifestó el investigador y ambientalista, Pedro Landa.

Aseguró que con el pacto lo que se hará es cumplir con los requisitos que demandan el mercado internacional: “es como un sello de garantía para instalar las grandes empresas mineras en países como el nuestro, el pacto es para aparentar”.

De acuerdo a Landa, la asamblea los empresarios mineros y el sector gubernamental además servirá para establecer “una industria extractiva con amplios poderes, dejando de un lado la participación de las comunidades”.

Lea: Extracción minera: hunde y mata al sur hondureño

En contexto

El Consejo de la Minería e Industria Extractiva de Comercio e Inversiones (COMICOIN) desarrolló el 12 y 13 de agosto el primer cónclave mundial de la minería en San Pedro Sula, en el que estuvieron presentes representantes de transnacionales del rubro de 25 países, con el objetivo de potenciar la oferta minera de Honduras. En dicho cónclave se acordó desarrollar el pacto ambiental.

Reinaldo Ekonomo, presidente de COMICOIN, explicó que el objetivo es buscar el desarrollo del sector de la minería del país, pero cumpliendo con los estándares de calidad y que ayude a minimizar el impacto ambiental o que promueva la seguridad para los trabajadores.

Indicó que Comicoin, es una institución formada por un grupo de empresarios mineros, la cual busca abrir puertas a niveles internacionales para la adquisión de conocimientos y recursos necesarios para el desarrollo del rubro, dando apoyo a las personas que deseen incursionar en el negocio.

Agregó que cuentan con alianzas estratégicas con instituciones como el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) y la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA).

Señaló que en la actualidad, Honduras posee 950 sitios de investigación, para determinar la factibilidad de abrir nuevos yacimientos; además de 7 minas metálicas y unas 300 no metálicas, que ya se explotan.

Estragos de la minería

“Son 14 años de lucha y de exigir justicia ante la indiferencia del Estado. La transnacional minera Goldcorp Inc. debe responsabilizarse por los daños que nos ha causado, por haber quebrantado el tejido social de nuestras comunidades, por haber robado la paz y la dignidad de nuestro pueblo, por el estado de desolación y abandono en que vivimos”, indicó Carlos Amador, miembro del Comité Ambiental del Valle de Siria.

Su voz se suma a las de miles de pobladores que todavía se atreven a vivir en este rincón desahuciado del departamento Francisco Morazán, y que se niegan a olvidar la tragedia humana y ambiental que les ha tocado vivir.

El Valle de Siria está conformado por los municipios de El Porvenir, San Ignacio y Cedros. El proceso de exploración minera inició a mediados de la década de los 80, pero fue hasta 1995 que la empresa Sociedad Minerales Entre Mares Honduras S.A., subsidiaria del coloso canadiense Goldcorp Inc., solicitó un permiso de explotación minera intensiva a cielo abierto -a base de cianuro- de la mina San Martín.

El permiso fue otorgado en enero del 2000 sobre un área de 23 mil hectáreas, y el proceso de explotación duró hasta el año 2008, cuando la empresa comenzó la etapa de cierre y post-cierre, en medio de un verdadero éxodo juvenil y una creciente protesta de las comunidades que denunciaban graves afectaciones socios-ambientales.

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2443-gobierno-hondure%C3%B1o-avanza-en-la-entrega-del-territorio-para-la-explotaci%C3%B3n-minera

Deja un comentario

Emporio Rosenthal acusado de lavar dinero y hacer negocios con “Los Cachiros”

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) anunció esta semana la designación de empresarios y siete compañías del Grupo Continental como proveedores de servicios de lavado de dinero y otros para apoyar actividades de tráfico internacional de narcóticos de múltiples traficantes de drogas centroamericanos y de sus organizaciones criminales.

Se trata del empresario y político Jaime Rosenthal Oliva, su hijo Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo y su sobrino Yankel Antonio Rosenthal Coello, acusados con forme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin).

“Como resultado de la acción de la OFAC, todos los activos de estos individuos y de las entidades que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o que están en control de personas estadounidenses están congelados, y personas estadounidenses están generalmente prohibidas de realizar transacciones con ellos”, manifestó la oficina del Departamento del Tesoro.

Según lo informado, la acción fue realizada en coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Monitoreo del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras y las Oficinas de la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York y del Distrito Sur de Florida.

Jaime Rosenthal Oliva, Yani Rosenthal Hidalgo y Yankel Rosenthal Coello, quien ya fue arrestado la ciudad de Miami, habrían violado el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956, al lavar dinero proveniente de la narcoactividad.

Rechazan acusaciones y aseguran que demostrarán inocencia

En comunicado, dirigido por su Presidente Jaime Rosenthal y su director Yani Rosenthal, el grupo financiero Continental dijo que se les acusa falsamente del delito de lavado de activos: “rechazamos vehementemente las acusaciones hechas en nuestra contra y demostraremos en el juicio correspondiente que somos inocentes de todo lo que se nos acusa”.

Asimismo, manifestaron que su grupo empresarial opera desde 1929 y “todos los hondureños saben que hemos trabajado arduamente durante estos más de 80 años para generar empleos y bienestar para miles de hondureños”.

“Jamás hemos estado involucrados en actos ilegales y mucho menos en actividades de narcotráfico o lavado de activos”, aseguraron.

Yani Rosenthal: requerimiento confuso

Tras la designación de lavado de activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Yani Rosenthal Hidalgo, ex aspirante presidencial e integrante del grupo Continental, manifestó, en el programa Frente A Frente, que el requerimiento contra su familia es confuso y aseguró que realizaron negocios con los Rivera Maradiaga, es decir, la banda criminal y de narcotraficante “Los Cachiros”.

La banda “Los Cachiros”, liderada por Javier Heriberto y Leonel Rivera Maradiaga, durante 10 años trasegaba droga entre el departamento de Colón y el país centroamericano Guatemala. Contaban con un emporio, al igual que los Rosenthal, de gasolineras, centros comerciales, procesadoras de palma, haciendas, un zoológico, hoteles y transporte, hasta que a finales de 2014 el gobierno de los Estados Unidos los señaló una de las bandas más influyentes en la narcoactividad en Honduras y Javier y Devis se entregaron a las autoridades estadounidenses.

Le recomendamos: ASÍ TERMINÓ EL REINADO DEL CARTEL DE LOS CACHIROS

“Con Grupo Continental tenían dos relaciones, una con la Empacadora Continental que está ahí señalada, le compraba ganado a una empresa que se llamaba Ganaderos y Agricultores del Norte, de la familia Rivera Maradiaga, como también se hizo con otras empresas que venden ganado, tampoco es que la Empacadora Continental era una empresa fachada que solo se le compraba ganado a la empresa Rivera Maradiaga como para decir que solo a esa empresa se le compraba ganado”, confirmó Rosenthal Hidalgo.

Además dijo que otra de las relaciones fue con Banco Continental quien le proporcionaba préstamos a la familia Rivera Maradiaga: “dichos préstamos jamás los pagaron en efectivo, siempre con cheques de otros bancos, por SIAFI – Sistema de Administración Financiera- o con otras operaciones de contratos que tenían con el gobierno, entonces si lavaron no fue en el banco porque aquí jamás depositaron dinero en efectivo y tuvimos nosotros mucho cuidado de no permitir dinero en efectivo”.

Mientras que Jaime Rosenthal Oliva, socio mayoritario del Grupo Continental y padre de Rosenthal Hidalgo, en una entrevista, publicada un día después de las acusaciones de lavado de activos, al sitio web InSight Crime, confirmó que uno de los préstamos que el Banco Continental realizó a los Rivera Maradiaga –“Los Cachiros”- estaba dirigido para la construcción del Zoológico y Ecoparque Joya Grande: “Cuando nosotros hicimos el análisis de ese préstamo nos dimos cuenta de que era un préstamo muy bueno, no solo para ellos sino para el país. El préstamo se pagaba solo y promovía una zona del país para el turismo donde normalmente no llegaba gente. Ellos hicieron un gran trabajo porque empezaron a traer gente de toda Centroamérica”.

“No es un proyecto que iban a pagar con droga, es un proyecto que se pagaba solito”, agregó Rosenthal Oliva en la entrevista a InSight Crime, quien ese momento, de acuerdo a dicho sitio web, era acompañado por su hija Patricia Rosenthal, gerente de Banco Continental.

Le recomendamos: Por qué la élite de Honduras negocia con los criminales

Honduras un paraíso fiscal y del narcotráfico

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en su comunicado oficial dijo que como objetivo tiene las a siete empresas “clave” de los Rosenthal, incluyendo su sociedad principal con sede en Panamá, Inversiones Continental (Panamá), S.A. de C.V., conocida como Grupo Continental.

El Grupo Continental es la compañía madre de un emporio no solo involucrado en actividades bancarias sino que también en servicios financieros, bienes raíces, agricultura, turismo y medios de comunicación.

“Además de Grupo Continental, la designación de hoy incluye a su filial agrícola Empacadora Continental S.A. de C.V. (conocida ahora como Alimentos Continental), así como a dos de sus componentes financieros clave, Inversiones Continental, S.A. (conocido como Grupo Financiero Continental) y el banco hondureño, Banco Continental S.A., cuya sede principal está ubicada en San Pedro Sula, Honduras”, asegura el ente estadounidense.

El ex fiscal contra la corrupción y ahora diputado, Jari Dixon Herrera, comenta que las acusaciones contra la familia Rosenthal son el reflejo de una Honduras que se ha convertido en un paraíso fiscal y de la narcoactividad: “ y eso no lo digo yo, inclusive, un alto oficial la Policía que fue destituido hace algunos meses, que hoy lo tienen totalmente purgado, me lo dijo, hay cinco instituciones bancarias involucradas directamente en el lavado de activos en Honduras”, Herrera confió a Radio Progreso que dicha información fue proporcionada por el ex director de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, quien logró la captura del grupo de narcotraficantes “Los Valle”, que realizaban operaciones en la zona occidental del país, y también de Héctor Emilio Fernández alias “Don H”, quien tenía conexiones con los carteles de la droga en Guatemala.

Yankel Rosenthal Coello, sobrino de Jaime Rosenthal, presidente del Club Deportivo Maratón y ex ministro asesor en inversiones del gobierno de Juan Orlando Hernández, fue capturado en la ciudad de Miami al momento de abordar un avión que lo transportaría a la ciudad de San Pedro Sula.

Rosenthal Coello es acusado de lavar dinero, relacionado con el tráfico de drogas y otras actividades ilegales”, a través de movimientos bancarios desde una cuenta de Nueva York a una cuenta en Honduras, entre los años 2004 y 2015.

El ex ministro asesor en inversión en declaraciones a un medio de comunicación nacional y durante la contienda electoral de 2013 dijo que “lo apoyamos en convicción, lo apoyamos económicamente y lo vamos apoyar con el voto también”, refiriéndose a Hernández.

Gobierno de Hernández entre la espada y la pared

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, tras el anuncio del Departamento el Tesoro de los Estados Unidos, aseguró que el sistema financiero nacional esta fortalecido, pues la designación del Banco Continental como canal del narcotráfico es un “caso aislado no sistémico”.

Sin embargo, para el analista político Raúl Pineda Alvarado las acusaciones en contra de la familia Rosenthal evidencian que el sistema de control financiero en Honduras no funcionó por más de diez años.

“Ahora viene un gran problema para el gobierno de Honduras, tiene dos alternativas: darle seguimiento a esa investigación o volver la cara hacia otro lado. Las personalidades cuestionadas, los tres han sido diputados al Congreso Nacional y la Parlamento Centroamericano, ministros y candidatos a la presidencia en varias ocasiones, esto nos pone a pensar, realmente, hasta dónde los tentáculos del crimen organizado pudieron haber permeado esta semidemocracia en que vivimos”, comenta Pineda Alvarado.

El analista no descarta que en los próximos días el gobierno de los Estados Unidos emita una solicitud de extradición para los demás integrantes de la familia Rosenthal que han sido designados como lavadores de activos.

“Probablemente el gobierno de Honduras tenga que asegurar bienes, si no lo hace será una decisión soberana pero tendrá como consecuencia un deterioro en la relación con el gobierno de los Estados Unidos”, dice Pineda Alvarado, quien cataloga el caso de los Rosenthal como una especie de una novela que “va a tener durante muchos meses la atención de los medios de comunicación”.

Mientras Yankel Rosenthal busca librarse de las acusaciones de lavado de dinero, producto del narcotráfico, este viernes ante un tribunal de la Corte de Miami, el gobierno de hondureño acompañara acciones de captura, incautaciones y de secuestro de bienes, señala la analista Arabeska Sánchez.

“Pero más allá de eso, la política antidroga del país no genera, digamos, mayores esfuerzos en términos de prevención del fenómeno como tal”, dijo Sánchez.

Las acusaciones o la designación del delito de lavado de dinero proveniente de la narcoactividad contra el emporio de la familia Rosenthal sedan un día después del encuentro sobre narcotráfico realizado en San Pedro Sula, y en el que la Organización de Naciones Unidas (ONU) felicitó a Honduras por “sus avances en el combate al tráfico de drogas”.

Leo recomendamos: Estados Unidos lanza acusación contra importante empresario de Honduras

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2444-emporio-rosenthal-acusado-de-lavar-dinero-y-hacer-negocios-con-%E2%80%9Clos-cachiros%E2%80%9D

,

Deja un comentario

La apuesta del gobierno a la luz del presupuesto en seguridad y justicia – 06 Octubre 2015

Recientemente, el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realizó, a través del abogado Celso Alvarado, un diagnóstico sobre la efectividad de las instituciones del sector justicia y seguridad, es decir, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

En su análisis del presupuesto nacional del año 2013, el diagnóstico revela que cada hondureño y hondureña aportó al Estado con sus impuestos alrededor de 15 mil lempiras, que implica un aumento de más de 5 mil lempiras en relación con el año 2012.

De esos 15 mil lempiras, 1367 se destinaron para seguridad y justicia, que quedan distribuidos de la siguiente manera: 909 lempiras para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, 213 lempiras para el Poder Judicial y 116 lempiras para el Ministerio Público.

En otras palabras, las Secretarías de Defensa y Seguridad reciben el 66% de ese presupuesto mientras que el Poder Judicial y el Ministerio Público apenas reciben el 16 y el 9 por ciento, respectivamente.

Como lo señala el diagnóstico, resulta preocupante la evidente desigualdad en la distribución de este presupuesto, ya que es absorbido en su mayoría por las Secretarías de Defensa y Seguridad, con cuyos recursos podría contratarse un 200% más del personal que actualmente tiene el Poder Judicial y un 600% más de lo que tiene el Ministerio Público.

Este patrón de desigualdad todavía es más profundo en la distribución de los recursos provenientes de la llamada “Tasa de Seguridad”, en donde el 87% va destinado para Defensa y Seguridad, y apenas el 5% para el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Si la falta de una investigación imparcial y efectiva es una de las razones fundamentales que causan altos índices de impunidad en el país, la distribución del presupuesto nos muestra que la prioridad del gobierno no es fortalecer suficientemente las instituciones investigativas del Estado, sino apostar a la represión y al fortalecimiento militar.

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/nuestra-palabra/item/2434-la-apuesta-del-gobierno-a-la-luz-del-presupuesto-en-seguridad-y-justicia-06-octubre-2015

, ,

Deja un comentario

MACCIH: propuesta de la OEA que busca opacar demanda de ciudadanía por justicia

La mediación del diálogo nacional por parte de la OEA y la propuesta de reforma del sistema de justicia que se inclina al Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción propuesto por el gobierno de Juan Orlando Hernández, ha sido catalogada como un fracaso por analistas y la ciudadanía que demandan la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICI-H).

Las visitas del embajador del diálogo, John Biehl del Río, en las que se limitó a reunirse  con grupos económicos, políticos y afines al gobierno, dejó como resultado la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

La anterior propuesta deja claro que el objetivo de la OEA es “solucionar el problema al Estado de Honduras” y no la problemática de corrupción e impunidad que se carcome a la institucionalidad hondureña, señala el historiador y catedrático universitario, Edgar Soriano.

“Esa propuesta de la OEA no va a lograr desarticular la corrupción y la impunidad en el país porque en realidad el problema es estructural; para poder combatir la impunidad en Honduras debemos de reformar la institucionalidad, y, obviamente, eso pasa porque se enjuicie a las personas que en este momento están enfrente de la institucionalidad y que están coludidos en actos de corrupción”, dijo Soriano en entrevista a Radio Progreso.

La MACCIH propone elaborar un diagnóstico sobre el estado de la situación del sistema de justicia hondureño a través del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), cuando en Honduras se sabe, por ejemplo, que entre los años 2011 y 2014 se registraron más de 15 mil denuncias de mujeres que fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual, de las cuales solamente 888 tienen sentencia condenatoria, dejando en la impunidad el 94 por ciento restante.

En ese sentido, el sociólogo Eugenio Sosa asevera que la OEA con su propuesta se acomoda y conecta con el gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández; la MACCIH, dice Sosa, “es una profunda y gran exclusión de la ciudanía y sus demandas más genuinas”.

“Es  una propuesta bastante precaria, reafirma lo que el gobierno ha querido hacer; una presencia de algunos internacionales, que más parecen observadores y no investigadores y enjuiciadores como sí lo ha hecho la CICI-G  en Guatemala”, agrega Sosa.

“No queremos que le den atol con el dedo al pueblo”

La propuesta de la OEA además contempla la creación de un observatorio para monitorear y evaluar el progreso del sistema de justicia, que estaría bajo la coordinación de la sociedad civil, es decir, las organizaciones que han demostrado estar de acuerdo con las acciones del gobierno de Hernández.

Yadira Bendaña, integrante de la bancada liberal en el Congreso Nacional, asegura que su partido y bancada respaldan las iniciativas o mecanismo que fortalezcan el sistema de justicia, sin embargo, espera que el gobierno no pretenda “darle atol con el dedo a la población hondureña” aceptando la propuesta de reforma al sistema de justicia entregada por la OEA.

“Es un momento en el que tenemos que ser muy serios en la toma de decisiones, que en ninguna forma se puede burlar el clamor de la ciudadanía porque ya vimos que el sistema social y político del país está totalmente vulnerable, en ese sentido, yo abogaría porque haya el total compromiso y la prudencia de la presidencia de la república de tener clara conciencia de que la ciudadanía ha manifestado y ha evidenciado lo que es capaz de hacer en función de reclamar los derechos que le corresponden”, concientizó Bendaña.

Por su parte, Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y ex integrante de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, manifiesta que como academia aún no terminan de estudiar a profundidad la propuesta de la OEA, pero “cualquier propuesta que sea tiene que tener resultados, ya este país diagnósticos y estudios no ocupa más”.

La ONU abandona el barco

A la segunda etapa del llamado diálogo nacional se incorporó un experto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sin embargo, la representante en Honduras de ese organismo, Consuelo Vidal, expresó que no presentarán una propuesta para combatir la corrupción e impunidad en Honduras, porque la misma debe desarrollarse de los hondureños y hondureñas.

Vidal, en declaraciones a Radio Progreso, aseguró que desconocía los detalles de la propuesta de reforma al sistema judicial entregada por la OEA: “Nosotros damos la bienvenida a las propuesta que se den en el país para la lucha anticorrupción, yo no conozco los detalles de la propuesta, no puedo opinar sobre el contenido de la misma; en el sentido si estoy de acuerdo o no con las medidas, nosotros nos hemos enterado de esa propuesta por los medios de comunicación”.

Mientras la misión de la OEA regresa al país para iniciar la conformación de la MACCIH, parece que todavía “existe la esperanza” de lograr el objetivo de la ciudadanía indignada, ya que en el Congreso Nacional existe una propuesta o proyecto de Ley para que se instale la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICI-H), presentado por la bancada del Partido Anticorrupción (PAC).

Sin embargo, hay que recordar que en julio pasado el Legislativo votó en contra de una solicitud de plebiscito, presentada por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE),  para que la ciudadanía hondureña decidiera si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con una CICI-H.

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2424-maccih-propuesta-de-la-oea-que-busca-opacar-demanda-de-ciudadan%C3%ADa-por-justicia

,

Deja un comentario

Tercer juicio contra Chabelo Morales sigue demostrando falencias de sistema de justicia hondureño

El lunes 28 de septiembre a la una de la tarde, inició el tercer juicio contra el campesino José Isabel “Chabelo” Morales. El campesino y luchador agrario es acusado injustamente del asesinato del señor Carlos Osorto, hecho ocurrido en el año 2008.

AVANCES

En los cinco días de la primera parte del tercer juicio contra José Isabel Morales se ha evacuado casi toda la prueba pericial y documental que establecen que efectivamente el 3  de agosto del 2008 murió el señor Carlos Osorto, pero no se ha podido establecer una identificación clara y precisa de la persona que ocasionó su muerte.

Para el lunes 28 estaba programada la declaración de los tres testigos protegidos de la Fiscalía y la declaración del señor Henry Osorto, sin embargo no se presentaron  por lo que la defensa solicitó que se estableciera un tiempo máximo al Ministerio Público para que presentara a esos testigos porque ya ha pasado suficiente tiempo desde que Chabelo está sometido al actual proceso, pero el Tribunal decidió darle más tiempo al Ministerio Público para que pueda ubicar a esos testigos.

El juicio contra el campesino tuvo que ser reprogramado, para el lunes 19 de octubre, fecha en la que posiblemente declaren los tres testigos protegidos y el señor Osorto.

En una conferencia de prensa realizada en Tocoa, Colón, los abogados defensores de Morales, Omar Menjívar y Sarah Aguilar dieron a conocer a las personas y organizaciones que han acompañado el proceso de Chabelo, todos los avances que ha tenido el juicio en los primeros cinco días.

ACOMPAÑAMIENTO

El tercer Juicio contra el luchador agrario, ha sido vigilado por varios reconocidos juristas, quienes llegaron al país para servir como observadores y velar porque se siga el debido proceso y de esta manera se garantice un juicio justo.

El abogado  Henry Monroy, doctor en derechos humanos por la universidad Jaime I de Valencia España, parte de los cuatro juristas internacionales, dice que es un juicio bastante irregular porque hay una inasistencia sistemática de parte de los testigos del Ministerio Público porque desde hace dos meses se calendarizó la fecha para realizarlo por lo que es injustificable la suspensión del juicio por la falta de comparecencia  de los testigos del Ministerio público.

Según el abogado Monroy, no se puede negar que los miembros del Tribunal han tenido buena voluntad, y han respetado el debido proceso, por lo menos en los primeros cinco días del juicio, pero es necesario que no sigan alargando el proceso.

JUSTICIA

El campesino y luchador agrario, José Isabel Morales dice que la Fiscalía al solicitar más tiempo para localizar los testigos está jugando con su dignidad y la de su familia, y que no es posible que sigan alargado su sufrimiento al estar privado de su libertad.

Los siete años que estuvo en el penal de La Ceiba, Chabelo dice que fueron amargos y de mucho sufrimiento. El campesino, agradece a todas las personas, e instituciones que día a día han dado muestras de solidaridad y de acompañamiento.

Para la familia y amigos del campesino no ha sido nada fácil garantizar su seguridad. Merlin Morales hermano de Chabelo, dice que existe una enorme tensión en la familia pues la amenaza de acabar con la vida de su hermano es constante.

JUECES

La terna de jueces está compuesta por el abogado Felipe Speer, presidente del Tribunal, la abogada Waldina Padilla, y el abogado Carlos Sabillon.

,

Deja un comentario

Orden de captura contra policía implicada en asesinato de jóvenes

La policía Blendy Georgina Orellana, acusada junto a dos policías más de asesinar a tres jóvenes en la aldea Agua Blanca, sector sur de El Progreso, Yoro; no se presentó al juicio que fue programado para el jueves 1 de octubre después de dos años de espera en el Poder Judicial. El Tribunal de Sentencia compuesto por tres jueces, resolvió declararla en rebeldía para que se gire la orden de captura correspondiente en medio de un proceso que ha estado plagado de deficiencias.

El juicio que se programó para el 1 y 2 de octubre fue suspendido la tarde del 1 de octubre para reanudarse el 26 por la ausencia de testigos que la Fiscalía no pudo localizar para que rindieran su declaración en la evacuación de pruebas contra los dos policías que se presentaron al proceso judicial por el que el padre de una de las víctimas, Merlyn Bonilla, ha luchado los últimos 4 años.

Sin embargo hoy la Fiscalía descubrió que el expediente del testigo que identifican como 0028-11 uno que el Tribunal de Sentencia no dejó testificar ayer, fue retenido y por eso no se encontraba dentro de los sobres que los jueces revisaron antes de no admitirlo. Esto refleja una seria deficiencia en el manejo que el Tribunal de Sentencia tiene de la información de los casos que conoce.

Los agentes policiales Mario Corea Hernández y Santos Fidencio Pérez Corea se sentaron en el banquillo de los acusados ante un Tribunal de tres jueces, presidido por una jueza joven y nueva en el sistema de justicia. A su lado, el abogado defensor, Marlon Rodríguez y frente a ellos la fiscalía representada por el fiscal Reinaldo Canales y el acusador privado Víctor Fernández quienes llevaron las pruebas recolectadas que implican a los policías en el triple crimen donde murieron los jóvenes: Narcy Bonilla, Neptaly Galeano y Guillermo Anariba.

La decisión de declarar en rebeldía a la policía Blendy Orellana, a criterio de Merlyn Bonilla, padre de una de las víctimas tuvo que tomarse con mucha anticipación. “Hay una desviación jurídica porque el juicio se está terminando con los dos policías presentes no así con la policía mujer que yo ya había manifestado que ella había dejado de venir a firmar el libro de las medidas sustitutivas, al dejar de firmar cayó en rebeldía pero hasta ahora lo declaró el Tribunal. Lo que procede es librar las órdenes de captura pertinentes”, declaró Bonilla quien además es abogado, recientemente graduado de la universidad a la que ingresó a estudiar tras la tragedia que vivió su familia perdiendo a su hijo mayor Narcy Bonilla.

LEA ADEMÁS: LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA DE UN PADRE CUYO HIJO FUE ASESINADO PRESUNTAMENTE POR POLICÍAS

Irregularidades del sistema

“El proceso evidenció deficiencias propias del sistema que tienen varias causas, una es que el transcurso del tiempo es pérdida de la inmediatez y de pruebas. Hay una dificultad manifiesta para ubicar testigos, la dificultad de traslado de información que ha venido del Juzgado de Letras al Tribunal de Sentencia, sin embargo, el caso se va sosteniendo en la línea que lo ha hecho con un conjunto de pruebas que juntas evidencian la acusación, pero aún no hay un arma que haya disparado una munición que este en el cuerpo de las víctimas”, explicó el abogado Víctor Fernández, acusador privado.

El asesinato se dio el 1 de febrero de 2011. Merlyn Bonilla padre de Narcy una de las víctimas acudió a la Fiscalía de Derechos Humanos en San Pedro Sula porque a quienes él ha acusado son autoridades policiales de El Progreso, Yoro. Tuvo temor, dijo ante el tribunal, de denunciar inmediatamente y ante las autoridades locales.

“Hasta que se obtuvieron elementos de prueba, se presentó el requerimiento fiscal, giró la orden de captura. Primero les dieron el sobreseimiento provisional, apelamos y duró en la Corte de Apelaciones 2 años para que dieran su resolución y hasta entonces revocaran el sobreseimiento provisional y se siguiera el juicio y les ratificaran las medidas sustitutivas. Aportamos con un acusador privado porque el juicio iba demasiado lento y así logramos que se elevara a juicio oral y público”, dijo Bonilla. El tribunal de Sentencia resolvió que el juicio oral y público se diera en 2015, un año después de la resolución. La Fiscalía pide para los tres policías una pena de 15 a 20 años por homicidio simple basada en pruebas testificales y científicas sobre la balística.

“Estamos terminando este juicio en relación a dos acusados pero cuando la capturen a ella hay que volver a repetir este juicio en relación a ella con los mismos testigos y eso conlleva desgaste sustancial al proceso. Pero se tomó la medida que corresponde, procesalmente no hay opción”, explicó Fernández.

Caso emblemático

El doctor en derecho internacional, Joaquín Mejía del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), asegura que este es un caso emblemático de lucha contra la impunidad.

“La impunidad es como un cáncer en una sociedad y esta impunidad está hermanada con la corrupción, ambas se necesitan la una a la otra para poder sobrevivir, la impunidad lo que hace es garantizar que una parte de la ciudadanía no sea tocada por la ley”, explica el experto haciendo alusión al caso de los tres jóvenes de Agua Blanca, por haber sido víctimas de representantes del Estado que deben garantizar seguridad y que cobijados por la corrupción e impunidad cometen delitos como este.

Según el Observatorio de la Violencia de la UNAH, entre 2011 y 2012 fueron asesinadas por policías 149 personas. Ese mismo 2011 el hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos junto a un amigo fue asesinado por policías de la Posta de La Granja en Tegucigalpa. Ambos policías acusados fueron encontrados culpables.

“Nos referimos a casos que tienen gran impacto en la sociedad y cuya resolución podría tener impacto en relación a la impunidad que impera en el país. Hay una grave situación en Honduras y no tenemos la capacidad de asumir todos los casos. Esa pequeña muestra de casos emblemáticos esperamos que promuevan cambios estructurales para que se haga justicia en otros casos y no se vuelvan a repetir los hechos”, explicó Mejía.

“El sistema nos victimiza, aparte que buscamos a las autoridades para que hagan las investigaciones, nos hemos dado cuenta que no existe la investigación y que todo el esfuerzo lo hacen los interesados en que se resuelva”, critica Merlyn Bonilla al sistema de justicia.

Algo que las élites de poder en Honduras siempre pretenden controlar son las instituciones del sector justicia, porque la impunidad cobija todos los actos de corrupción y logra el fortalecimiento de estas mafias. Por eso es manipulado el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado de Derechos Humanos o los fiscales general y adjunto.

“Hemos visto recientemente que el gobierno de la república y el sector que representa se han encargado de cooptar las instituciones de este sector, como se eligió el CONADEH y su silencio atroz. Hemos visto como se eligieron a los fiscales general y adjunto que están vinculados a actos de corrupción. Hemos visto como se eligió al Consejo de la Judicatura y como se está manejando el tema de la CSJ porque es fundamental, porque esta Corte conocerá tres gobiernos (2 años del actual gobierno, 4 del siguiente, y uno del siguiente) para los corruptos es importante controlar la elección de la Corte porque así tendrán 7 años más de impunidad.

Miedo 

Una de las palabras más repetidas en el juicio fue: miedo. Algo normal en un país violento como Honduras y en un juicio donde los acusados son miembros de la institución que debe brindar seguridad al pueblo.

Aunque el juicio era oral y público, la presidenta del Tribunal ordenó a las personas presentes apagar sus celulares y por ningún motivo tomar fotografías. La justificación fue que la situación del país los ha obligado a tomar estas medidas de seguridad. En 2013, la jueza Mireya Mendoza fue asesinada en El Progreso, Yoro, saliendo de un juicio que presidía.

“Más allá del proceso, este caso es emblemático en la zona, la vinculación de la Policía en el mismo, la dinámica del hecho tiende a afirmar más allá de lo normal del miedo, tiene características para generar miedo. En este caso hay que resaltar que aun habiendo declarado anteriormente, aun con el riesgo, hubo personas que aceptaron venir a declarar dispuestas a afrontar el riesgo para lograr justicia en este caso”, explicó el abogado Víctor Fernández.

Miedo había en uno de los policías acusados, quien con los labios pálidos y manipulándose los dedos escuchaba atentamente a la testigo identificada como A2 quien claramente y sin tapujos dijo “esos dos que estaban allí sentados fue a quienes vi en la posa Dos Encuentros”.

Miedo también hubo en personas del público quienes sentían que el abogado defensor pretendía desnudar la identidad de la testigo protegida preguntando el lugar donde vivía e insistiendo en detalles sobre la locación de su vivienda con respecto a la posta policial comunitaria.

Pero a pesar del miedo, organizaciones comunitarias como la Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (Aidevish) acompañaron a Merlyn Bonilla en este proceso y eso fue muy importante para él y su familia. Bonilla ha sido un líder comunitario y aunque el asesinato de su hijo marcó fuertemente su vida, él no ha dejado de luchar por la justicia. El 26 de octubre se reanudará el juicio que ahora es solo contra los dos policías hombres acusados. Ese día se deberán presentar los testigos periciales (peritos del MP, Medicina Forense y policías que estuvieron en la escena del crimen) así como la presentación de pruebas documentales. Al ser capturada la policía Blendy Orellana, comenzará un nuevo proceso de juicio que repetirá la evacuación de pruebas por parte de la Fiscalía.

Los testigos presenciales llegaron a testificar, y Merlyn Bonilla, aun con el dolor se vio siempre muy determinado y seguro de que pronto le llegará la justicia.

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2426-orden-de-captura-contra-polic%C3%ADa-implicada-en-asesinato-de-j%C3%B3venes

, ,

Deja un comentario

Movimiento popular se queda con los intentos de vencer

“Más de 30 tomas de ejes carreteros  a nivel nacional  se llevaron a cabo en el marco del Paro Cívico Nacional”,  indicó Juan Barahona coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), quien dijo que fue algo importante en la lucha. Sin embargo para otros sectores, el paro se convirtió en un fracaso por la raquítica convocatoria y la ausencia absoluta de las centrales obreras, demostrando debilidad ante un gobierno que busca reacomodarse y dejar  atrás las fuertes denuncias de corrupción y la ola de protestas que piden a gritos “fuera JOH”.

Desalojos “pacíficos” y enormes filas de vehículos se registraron el jueves en distintos lugares del Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras regiones del país en el marco de las acciones convocadas  por el FNRP. En las tomas y manifestaciones se exigió la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), para que investigue y se castigue a los responsables directos de la impunidad y la corrupción en el caso de Seguro Social.

Además se denunció la pretensión del presidente Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional de imponer por siete años más una Corte Suprema de Justicia, que significa siete años más de impunidad. Así mismo se condenó la abierta represión contra los pueblos originarios, campesinos, mujeres y jóvenes que luchan por la tierra, soberanía alimentaria y la defensa de los Recursos Naturales.

Juan Barahona dijo que esta primera acción fue como un ensayo y salió bastante satisfactoria y motivadora para preparar la siguiente que será en el mes de noviembre próximo dónde estarán involucrados todos los movimientos sociales del país.

“Obviamente lo que se logró con el paro cívico es muy escaso; sin embargo es una especie de ejercicio del musculo cívico, es decir generar en el pueblo hondureño  la necesidad de  una protesta más fuerte que la que se ha venido desarrollando con las antorchas en las calles”, indicó el doctor Julio Escoto, analista y escritor hondureño.

En la confrontación de las fuerzas, manifestó que el gobierno de Juan Orlando Hernández, está ganando puntos ya que con el falso dialogo mediado por la Organización de Estados Americano, OEA,  ha logrado dilatar todas las demandas del pueblo indignado.

“Toda coyuntura política tiene una confrontación de fuerzas, son dos grupos que se están confrontados y que en un momento histórico pueden llegar a estar  frente a frente en un dialogo de igual a igual, sin embargo eso ha llegado y estamos en una etapa midiendo y probando fuerzas.

“Sin embargo esto no debe desanimarnos o decepcionarnos y tenemos que seguir luchando por una  razón básica: porque nos asiste la mejor causa y es que queremos un país sin corrupción e impunidad, construir una mejor república,  edificar una nación con principios morales y éticos, y a eso vamos a llegar en un momento ¿cuándo? Depende cuanta fuerza e interés le pongamos como pueblo”, señaló.

Retos del movimiento social y popular 

Para Berta Cáceres  del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh),  el movimiento social tiene que construir contenidos de lucha que vayan más allá  de la CICIH, ya que hace falta mucho para darle vuelta a los efectos estructurales del modelo económico y político vigente, de donde brota exclusión, tiranía y desprecio impuesto a la nación por la élite que controla el poder.

“Las acciones del  jueves fue algo  importante como un ejercicio de búsqueda de construcción de unidad de lucha en la práctica, pero también nos muestra  grandes desafíos  como movimiento social y popular; lo primero es cómo buscar el camino  para llegar a la población organizada y no organizada para que muestre mayor interés y mayor capacidad de convocatoria para las acciones”, indicó.

A renglón seguido dijo  “después de la fuerza que mostró el movimiento indignado en los últimos meses, ha llegado al desgaste y esto debe de llamarnos a re-acomodar y reorganizar el movimiento social desde la riqueza de la diversidad de pensamientos y sobre todo con el respeto a la misma”.

Manifestó que el dialogo franco entre todos los sectores indignados hace mucha falta en el país. “No podemos estar  con retóricas en los discursos y cada quien halando para su lado, porque  las construcciones sociales y políticas emancipatorias requieren de pasos sólidos y articulados que llevan hasta la construcción de una patria con justicia”, cuestionó.

Dijo que se tienen que buscar espacios amplios de debate y articular  la lucha desde las coincidencias para trazar el camino que se debe  recorrer y que permita concretizar acciones  que  frenen  la agresión y la envestida contra el pueblo hondureño que se impulsa desde el gobierno del Juan Orlando Hernández y los grupos de poder.

“De esta forma comenzaremos a dar un nuevo paso en el largo camino de construir una herramienta para que los movimientos sociales y populares sean capaces de forjar una propia alternativa política, asentada en los anhelos y esperanzas del pueblo”, concluyó.

Historia y presente en lucha 

Ese hombre y esa mujer  que apoyó y que triunfó en la histórica huelga de 1954,  dejó su “clon humano”  y se han convertido en las mismas personas que han cruzado la lucha de resistencia contra el golpe de Estado en el 2009,  hasta llegar a las caminatas de las Antorchas contra la corrupción y la impunidad.

“Sin duda, el movimiento ciudadano ya irreversible perfila cambios inevitables pero hay que llenarse de articulación  y de respeto por todas las tendencias políticas e ideológicas que estamos pujando para que el país cambie”, dijo Roberto Rivera, quien es parte del Movimiento de los Indignados.

“El país no se puede refundar de un solo, hay que llevarlo despacio pero con buen paso. Recordemos que Honduras, es un país en el cual han construido un pueblo conservador que cuando escucha de asamblea nacional constituyente o de comunismo se pone a temblar porque cree que es algo nefasto”, indicó.

Manifestó que al pueblo hay que llegarle de forma sencilla con un  mensaje no de izquierda radical, y de esa forma vamos a construir un  movimiento de presión fuerte. En general  queremos que el fuego indignado de las antorchas iluminen más las mentiras y la corrupción del gobierno.

Sin embargo para Berta Cáceres, no existe más camino que una asamblea constituyente originaria, popular y democrática,  que  refunde la nación y restituya el poder absoluto en manos del pueblo hondureño.

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2427-movimiento-popular-se-queda-con-los-intentos-de-vencer

Deja un comentario

Violencia sexual contra mujeres e impunidad caminan de la mano en Honduras

Violencia sexual contra mujeres e impunidad caminan de la mano en Honduras

Sep 25, 2015

Un estudio concluye que las actuales políticas de seguridad han fallado en garantizar estrategias que ataquen las razones estructurales de la violencia sexual contra las mujeres hondureñas, prueba de ello es que más del 90 por ciento de las denuncias interpuestas por diversos tipos de violencia, entre ellas la sexual, están en la impunidad.

El estudio, que fue realizado por el Centro de Derechos de Mujeres –CDM-, revela que entre los años 2011 y 2014, en Honduras se registraron más de 15 mil denuncias de mujeres que fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual, es decir, que cada tres horas una hondureña realiza una denuncia de ese tipo.

Regina Fonseca, integrante del CDM y quien realizó la investigación, explica que del total de denuncias solamente 888 tienen sentencia condenatoria, dejando el 94 por ciento restante en la impunidad.

“El 77 por ciento de los delitos sexuales denunciados corresponden a tipos de agresiones que podrían resultar en un embarazo. Al mantener legal la anticoncepción de emergencia, el Estado ha expuesto en cinco años a más de 11 mil mujeres y adolescentes a embarazos producto de una violación”, explica.

En cinco años, las denuncias de desapariciones de mujeres han aumentado en más del 200 por ciento, y, según análisis  en delitos de carácter trasnacional, es probable que muchas mujeres sean víctimas de redes de trata de personas con fines de explotación sexual comercial, las cuales más del 50 por ciento se registran en el departamento de Cortés, revelan los hallazgos del estudio.

“Mujeres desinformadas” 

Sin embargo, Indira Ebert, representante de la Unidad de Género de la Policía Nacional, dice que el porcentaje de las denuncias que no obtienen una sentencia condenatoria es por falta de información de las mujeres que han sido víctimas: “sabemos que la evidencia en este caso es física y la que tienen ellas, precisamente, es su cuerpo; muchas mujeres se bañan porque en ese momento nadie está preparado para un delito como ese, sin embargo debemos educar a nuestras hijas, a las niñas y a las jóvenes para que entiendan cual es la ruta deben seguir para protegerse y poder hacer la acción penal”.

Ebert reconoce que existen barreras, que comienzan en las postas policiales, para lograr interponer una denuncia de cualquiera de los delitos que abarca la violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes.

En el estudio del CDM, también se destaca que las sobrevivientes de violencia doméstica enfrentan enormes obstáculos para poder denunciar, entre ellas: el estigma social y el temor a represalias del agresor, solo el 11 por ciento logra interponer una denuncia.

Para el defensor de los derechos humanos, Wilfredo Méndez, otro de los obstáculos es la falta de confianza en un sistema de justicia que ha sido alcanzado por las mafias más grandes de la corrupción.

“Hay elementos que hay que resaltar y es el tema de la cifra que queda en el anonimato, en la obscuridad, en ese sentido, lo que podemos conocer apenas es una pequeña parte de aquellas mujeres que se atreven a denunciar la violencia sexual y violencia doméstica. Hay otro tipo de persona que no hacen estas denuncias por las relaciones que puedan tener con el agresor, también hay otros elementos que valoran y es el tema de para qué denunciar si no hay resultados, por lo tanto estos factores de no acompañamiento y de no resultados en el sistema de justicia hacen que las mujeres denuncien mensos las agresiones y arrastren una serie de consecuencias negativas para su vida”, opina Méndez.

El Estado hondureño debe asumir los compromisos y tratados internacionales a los que está suscrito, para garantizar a las mujeres, niñas y adolescentes el respeto de su derecho a una vida libre de violencia, el goce de sus derechos sexuales y reproductivos.

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2410-violencia-sexual-contra-mujeres-e-impunidad-caminan-de-la-mano-en-honduras

, ,

Deja un comentario

Comunidades siguen resistiendo por conservar sus territorios libres de industria extractiva

Los pueblos en Honduras están conscientes que la organización y la movilización son  dos pilares fundamentales con los que se deben enfrentar a las compañías mineras e hidroeléctricas que se pretenden instalar en su territorio sin su consentimiento.

Como muestra del ejercicio de la libre determinación de los pueblos, los municipios: Arizona y San Francisco en el departamento de Atlántida, van camino a declararse libres de explotación minera y de represas hidroeléctricas. Este mismo proceso llevaron  otros sectores del país quienes después de sendos cabildos abiertos obligaron a las municipalidades a aprobar la autodeclaratoria.

En la actualidad hay varios municipios autodeclarados Territorios Libres de Minería: El Progreso y el Negrito en el departamento de Yoro; Balfate, Colón; San Nicolás, Santa Bárbara; Dulce Nombre de Culmí, Olancho y el sector de La Florida, Tela, Atlántida.

Para lograr tal propósito hombres y mujeres de distintas edades de manera organizada y de forma permanente  han alzado sus voces para reiterar la lucha y resistencia contra la instalación de “proyectos  que llegan a quebrantar los derechos que tenemos como pueblo y la soberanía territorial” indicó  Silvia Flores, lideresa comunitaria de la aldea Milanito, Arizona.

Manifestó que los empresarios prometen a las comunidades  el cielo y la tierra cuando en realidad lo que provocan es destrucción y daño a nuestros bosques y  fuentes de agua. “Por eso estamos en contra de este tipo de proyectos”, dijo.

Reclamo y rechazo popular 

“El pueblo está rechazando  de  forma rotunda la implementación de los megaproyectos como visión neoliberal por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández, cuyo resultado de dichas políticas es que se exploten los cerros, se apresen los caudales de los ríos, se contamine la madre tierra; violando así la vivencia cotidiana de los pueblos”, indicó el ambientalista Pedro Landa.

A renglón seguido dijo que muestra del accionar de las comunidades es la experiencia vivida esta semana en Arizona, Atlántida, donde la población acudió en masas a participar de un cabildo abierto para donde se planeaba recibir informes sobre la concesión de 4 ríos para la instalación de igual número de represas.

“El cabildo abierto informativo se llevó acabo porque desde marzo del presente año lo solicitamos y después de varios presiones el alcalde Adolfo Pagoada, se vio obligado a llevarlo a cabo. Lo que no esperaba él (alcalde) es que el pueblo le pidiera una rendición de cuentas del porqué desde la municipalidad se daba luz verde a los proyectos, irrespetando la voluntad popular”.

Aseguró que los ejecutivos de uno de los proyectos hidroeléctricos y el alcalde para hacer contrapeso a la presión popular, se vio obligado a pagar  500 lempiras a las personas para que fueran a apoyar la instalación de represas. “Sin embargo nada le funcionó porque el grupo se vio reducido en medio de la cantidad de personas que llegaron a decir que no querían represas en sus comunidades.

En el desarrollo del  cabildo abierto en la plaza frente a la alcaldía, la población exigía un informe municipal de los permisos municipales que daban luz verde a la ejecución de los proyectos, mientras el alcalde Adolfo Pagoada, aseguraba no tener conocimiento “es desde el Congreso Nacional que se aprueban los proyectos, nosotros aquí no sabemos nada por lo tanto no les podemos dar informes”, indicaba constantemente mientras en su voz  se denotaba el miedo ante los reclamos.

“Son puras pajas (mentiras) las suyas alcalde” gritaban muchas personas al escuchar las excusas del edil.  “¿Cómo no va saber  de los proyectos usted señor alcalde? Si lo vemos que anda para arriba y para abajo con los ejecutivos y dueños de los proyectos hidroeléctricos”, indicó una ciudadana que tomó un  micrófono para rebatirle al funcionario.

Al final ante la presión del pueblo y las respuestas ambiguas y carentes de seriedad, el mismo alcalde municipal de manera sorpresiva  dio por cerrado el cabildo abierto y luego se marchó a su despacho, mientras las comunidades lamentaban la actitud de la máxima autoridad de Arizona.

“Aquí ya estamos decididos el próximo paso será declarar municipio libre de Explotación Minera y de hidroeléctricas en un cabildo abierto. Nosotros ya demostramos que unidos somos fuertes y que las corporaciones municipales no se mandan solas porque al final es el pueblo que tiene la última palabra”, indicó Eudolfo Portillo dirigente comunitario de Arizona.

Criminalización de lucha 

La violencia y la criminalización hacia los pueblos que defienden la madre tierra, se ha incrementado ya que en la actualidad de los gobiernos en conjunto con las empresas extractivas han implementado una política de criminalización para quien defiende su territorio.

“En este ambiente de criminalización a la lucha social, ha aumentado la persecución a líderes defensores comunitarios y  de derechos humanos por denunciar el continuo concesionamiento del territorio, para la explotación minera e hidroeléctrica, en detrimento de los derechos del pueblo hondureño, y la soberanía nacional”, indicó  el ambientalista Pedro Landa.

“Las mujeres vivimos en lucha permanente por defender nuestras tierras; nosotras jugamos un papel importante no solo porque somos dadoras de vida sino porque defendemos la continuidad de la vida de las demás generaciones y por lo tanto somos las más amenazadas”, indicó  Silvia Flores,  de la aldea Milanito, Arizona.

Por su parte el abogado Martín Fernández, del Movimiento Amplío por la Dignidad y la Justicia, manifestó que solo en la tribu San Francisco de Locomapa, Yoro, en los últimos tres años han sido asesinadas cinco indígenas Tolupanes, que formaban parte de población que  lucha contra proyectos mineros y la tala del bosque.

“Así mismo hay muchas personas amenazadas a muerte y otro tanto con procesos judiciales por el delito de defender los recursos naturales. Esto demuestra el accionar entreguista del Estado y la criminalización de quienes se oponen a la entrega de los bienes comunes”, indicó.

Cantidad de proyectos 

Un aproximado de 580 proyectos mineros, entre metálicos y no metálicos, tiene en cartera Honduras, anunció recientemente la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, (MiAmbiente), en alusión a las protestas de ambientalistas que se sienten amenazados en las comunidades del interior del país.

En el mes de agosto recién pasado se  realizó el Congreso Minero Internacional en San Pedro Sula, donde representantes de organizaciones que luchan en contra de la industria extractiva, aseguraron que más de 800  proyectos están a punto de ser concesionados sin cumplir con los requisitos ambientales.

De acuerdo a ambientalista el 35% del territorio boscoso se estaría entregando a compañías mineras. Mientras más de 65 ríos han sido concesionados para la instalación de represas hidroeléctricas.

“Felicitamos a las pueblos que  luchan por la defensa de la Madre Tierra, territorio y por los derechos colectivos de los pueblos, asimismo hacemos un llamado a la unificación de las luchas porque solo así podemos derrotar los proyectos extractivos”, indicó Pedro Landa.

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2411-comunidades-siguen-resistiendo-por-conservar-sus-territorios-libres-de-industria-extractiva

, , ,

Deja un comentario

Otra decepción

Sep 24, 2015

Cuando perfilaban las antorchas su luz más libertaria, y cuando parecía que cobraba vigor el reclamo popular por la CICIH y era obvio que fracasaban los intentos toscos del gobierno por desprestigiar al movimiento y por seducirlo con propuestas falsas, emergió en el horizonte cierto fantasmagórico lucero que enviaba la OEA para remediar los males inmediatos y políticos de los hondureños.

Hubo quienes le depositaron su confianza ya que era la posibilidad de un proceso de diálogo urgentemente necesitado antes de que las cosas fueran de mal a peor. El príncipe de los engaños, Biehl del Río, convocó a aliados gubernamentales y protestantes, a comprados e independientes, a resistencia y acomodados, y otorgó a cada cual cinco minutos de gloria expositiva. Luego recogió los bártulos y con los testimonios grabados partió a las frías tierras del norte, donde es frío el corazón, para hacer consultas y maquinar los siguientes pasos.

Semanas luego retornó con un plan bien adobado, cuya suma declaración fue, en síntesis: “Honduras ocupa diagnósticos”… ¡Diagnósticos, augusta maravilla!, largos, técnicos e inquisitivos estudios sobre las dolencias del alma de la patria y sus arritmias contestatarias, los súbitos impulsos de redención que la asaltan, la ira contenida, la repulsa y el asco ante los corruptos, la injusticia legitimada, para lo que discretamente proponía se contratara con millones de dólares a su oficina regional ubicada en Washington, tras lo cual los hondureños disfrutaríamos de vida en paz y felicidad…

No existió diálogo. El “facilitador” ––que ignoramos lo que facilitó–– escuchó adormiladamente, extrajo sus personales conclusiones y se largó a diseñar un plan pirujo, inventado sobre la base de sus propios intereses, no con las exigencias de los ciudadanos. Nunca sentó a la mesa a los contendientes para dirimir posiciones, jamás fungió como moderador o conciliador, la tribuna fue exclusivamente suya y hubo ausencia absoluta de debates, polémica, discusión acerca de peticiones y principios y, lo peor, no hay actas públicas de lo tratado. El tal “diálogo” ni siquiera consiguió los propósitos de la convocatoria, aproximar a los hondureños en torno a un fin común, y más bien los empujó a atrincherarse como fuerzas opuestas pues lo que Biehl del Río hizo fue burlarse del decoro de los indignados adoptando posiciones a favor de la postura gobiernista, desdeñar la posibilidad de la CICIH, criticar a políticos dirigentes de la oposición y jugar vulgarmente, con humor etílico, con que si era una SEXY la que necesitábamos los hondureños…

En varias e históricas ocasiones las amadas patrias de Latinoamérica han sido escenario de cantinfladas políticas y protocolarias, pero esta gestada por OEA conquista el máximo galardón, muy merecidamente, de ridiculez y esterilidad.

Tampoco nos extrañemos. La conducta de OEA siempre coqueteó en nuestras tierras con la burguesía apátrida, así como disimuló la corrupción e impunidad de los políticos de turno. Y no pudo ser distinto hoy, cuando la oligarquía local está urgida de avales internacionales.

La historia de la OEA ––en cuanto organización pluriestatal–– registra escasos instantes de respeto pues fue a menudo cómplice en el atropello a las soberanías latinoamericanas. Recuérdese si no a la Guatemala de Árbenz Guzmán, la Cuba de Castro, el asediado régimen de Allende, la Grenada de Bishop, la Nicaragua del FSLN, El Salvador del FMLN en armas, el fallido diálogo tras el golpe de Estado de 2009 y otros en que respondió más a políticas ajenas que al legitimo anhelo de los pueblos.

Su “facilitador” recientemente enviado más bien allanó el camino para que el régimen que desgobierna opere sus programas proselitistas y siga hacia su propia y dictatorial “vida mejor”, del mismo modo que avaló la represión oficial contra los sectores que no sólo rehuyeron sentarse ante el cubierto de plata de la mesa convocada sino que fijaron con precisión que no puede denominarse diálogo a las conversaciones y acuerdos de un solo sector del ancho espectro de la conflictividad nacional.

Partió el diz que “facilitador” y dejó intactas las dinámicas de inestabilidad y repulsa ciudadana. No solamente clausuró rutas inéditas sino que confirmó, sin quererlo, que las propuestas palaciegas son mal camino y que las calles indignadas deben oponerse a legitimar acuerdos con cúpulas viciosas. La senda libertaria no existe sin movimiento indignado y menos contra el mismo, ya que representa la más íntima voluntad ciudadana.

Puertas al campo 

Las puertas de la voluntad colectiva hondureña deben permanecer abiertas para generar diálogos e iniciar debates nacionales en que intervengan todos los sectores de la sociedad y donde cada propuesta se respete como igual; sólo el consenso puede allanarlas o descartarlas.

La base de tal diálogo incluyente exige la instalación de la CICIH, la renuncia del Fiscal General y su adjunto, investigación y enjuiciamiento de personas relacionadas con el saqueo al IHSS, incluyendo al presidente Hernández y su equipo de trabajo cercano, transformaciones a la Ley Electoral, escogencia ––sin interferencias ni manipulaciones–– de la Corte Suprema de Justicia, la derogación del decreto reeleccionista y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente originaria, popular y democrática que redacte una nueva Constitución contentiva de un moderno y humanista pacto social.

Para tal proceso conviene el acompañamiento de autoridades internacionales confiables, tipo ONU y CELAC, y requiere asimismo la asistencia de todos los sectores nacionales, incluyendo el oficial, aunque sin preponderancia ni coordinación del Ejecutivo ni de quienes designe, así como sin la presencia ––hecho ahora tragicómico— de cierta inoportuna y mal representada OEA.

Para el pueblo hondureño esta debe ser la última y grosera decepción permitida. Cualquier otra propuesta conciliadora debe provenir exclusivamente de las organizaciones populares, las que deben asumir la dirección de los acontecimientos, nutrirlos con el mejor pensamiento político y precisar con exactitud los objetivos que el desarrollo histórico de la nación exige… Y a los malos facilitadores que se los lleve el País de Indignados.

 

Septiembre 24, 2015

 

ISMAEL MORENO, sj

DARÍO EURAQUE

RODOLFO PASTOR FASQUELLE

VÍCTOR MEZA

EDUARDO BÄHR

PATRICIA MURILLO

WILFREDO MÉNDEZ

HUGO NOÉ PINO

HELEN UMAÑA

EFRAÍN DÍAZ ARRIVILLAGA

MAURICIO TORRES MOLINERO

RAMÓN ENRIQUE BARRIOS

JULIO ESCOTO

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/coberturaespecial/indignados-e-indignadas/item/2406-otra-decepci%C3%B3n

, , , ,

Deja un comentario