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Fiscalía argumenta como si los estudiantes pertenecen a una organización delictiva: Defensa

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Fiscalía argumenta como si los estudiantes pertenecen a una organización delictiva: Defensa
  • La primera audiencia fue la declaración de imputado, ahora están sometidos a la audiencia inicial.
  • Si les dictan auto de prisión, el siguiente paso sería la celebración de la audiencia preliminar dentro de 60 y hasta 120 días para conocer si el caso pasa a juicio oral.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). –  Los costados y la parte frontal del edificio de los Juzgados de Tegucigalpa lucían acordonados por una inusual valla policial como si dentro se enjuiciara a delincuentes del crimen organizado. En realidad, dentro del órgano jurisdiccional estaban tres estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) procesados por el supuesto delito de Usurpación que les imputa la Fiscalía y la Procuraduría General de la República (PGR).
Los acusados son Moisés David Cáceres, Sergio Ulloa y Cesario Padilla a quienes las autoridades universitarias denunciaron por participar en la toma de las instalaciones de la Universidad para pedir espacios de democratización y participación estudiantil  lo que interfirió con el normal funcionamiento de la Universidad.
Uno de los testigos de la Fiscalía fue el militar retirado, Roger Aguilar, jefe de Seguridad de la UNAH. De acuerdo con su testimonio, Aguilar arribó el 13 de julio, a los predios de Ciudad Universitaria, a eso de las 6:30 a.m. y encontró el portón principal cerrado con cadenas.
Posteriormente, -indicó- subió acompañado con Neptaly Mejía Rodríguez, del Departamento Legal de la UNAH y comprobó la toma.
Según informó la defensa de los estudiantes, “el testigo refirió que ahí había reconocido a Moisés quien supuestamente estaba dirigiendo la toma, luego se trasladó al portón número 3 donde se encontraban Sergio y Cesario con su rostro descubierto. En ese momento se le consultó si él mismo (Aguilar) había visto a los jóvenes colocar la cadena, y respondió que no”.
“La parte acusadora no ha podido acreditar el delito de usurpación, pues no existen pruebas suficientes de esos preceptos procesales, inclusive el representante de la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que todas las tomas son temporales, por lo que observamos que existen diferencias entre lo que pide el Ministerio Público, es decir, un auto de prisión preventiva y lo que solicita la PGR, un requerimiento con medidas sustitutivas”, detalló.
En el juicio
Sobre el juicio, la portavoz del Juzgado de Letras de lo Penal, Bárbara Castillo, detalló que los tres jóvenes comparecieron a la audiencia inicial acusados por usurpación en perjuicio de la UNAH. Supuestamente no permitían el ingreso a la UNAH, planteó la portavoz judicial.
Las autoridades universitarias han denunciado que durante la toma de los edificios hubo perjuicios académicos, además peligró el mantenimiento de equipos y perjuicio por contratos de construcción. Recientemente la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, detalló que los daños por el pago de salarios se estimarían en 18 millones de lempiras.
Dependiendo de los medios de prueba de ambas partes, el juez puede resolver dictar un auto de prisión con medidas sustitutivas o una carta de libertad provisional o definitiva, explicó Castillo.
Por ahora, las medidas sustitutivas que tienen los imputados son no salir del país, firmar un libro en el juzgado una vez por semana, estar bajo vigilancia de su apoderado legal y no tienen permitido acercarse a determinadas personas.
Durante la audiencia, uno de los apoderados legales de los jóvenes, Edy Tabora, director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), planteó que la acción de los estudiantes fue un ejercicio de manifestación pública pacífica.

Al salir del juicio, Tabora informó que el MP pedía prisión preventiva para los universitarios argumentando sobre el peligro de que se reintegren a la organización a la que pertenecen. “La Fiscalía está argumentando como si los estudiantes pertenecen a una organización delictiva”, reveló.
“Las autoridades, profesores y estudiantes conforman la UNAH, no puede haber posesión ilegítima ni ánimo de apropiarse, ha habido miles de tomas en todo el mundo y nunca se les acusó por eso”, expresó.
A su juicio la criminalización de la protesta estudiantil ocurre en el marco de la persecución de cualquier manifestación de libertad de expresión en Honduras. Finalmente, la defensa espera que el próximo viernes 7 de agosto, los tres estudiantes universitarios revivan un sobreseimiento definitivo y que una vez culminado este proceso se podría favorecer a los otros 21 estudiantes acusados por los mismos delitos.
Se pronuncia Facultad de Ciencias Sociales
La misma mañana del miércoles, cuando los jóvenes llegaban al juzgado trascendió un comunicado del Claustro de Profesores de Ciencias Sociales.
En este comunicado el Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Sociales indicó, que “reconocemos los derechos humanos de los y las estudiantes a la protesta y por lo tanto no aprobamos la persecución, ni la judicialización de los y las jóvenes que manifiestan posiciones contrarias a las decisiones tomadas por órganos de dirección de la UNAH”.

“Rechazamos la presencia militar y policial dentro de la UNAH por considerarla represiva y lesiva a la autonomía universitaria. Pedimos a las autoridades universitarias abandonar el autoritarismo y no acudir a las fuerzas militares, policiales y judiciales para solucionar problemas de tipo académico y de demandas estudiantiles ya que estas acciones vulneran y violentan la autonomía universitaria y los derechos humanos fundamentales”.
“Mi hijo anda por causas justas”
El maestro de generaciones de Periodismo, Felix Cesario Padilla, tiene su barba canosa, el rostro delgado surcado por los años. Una arruga en la frente se le ve más pronunciada cuando habla del enjuiciamiento de su hijo, Cesario Padilla, acusado por participar en una protesta.
Llegó este miércoles, con una boina verde. Estuvo unas ocho horas debajo del sol junto a grupo de estudiantes que portaban una manta en la que se pedía el respeto a la protesta, se ubicaron cerca del estacionamiento del Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, a un costado del edificio estatal.
Padilla, declaró a Conexihon que llegó hasta este lugar para acompañar a su hijo y exhortó a los demás padres de familia para hacer lo mismo. “Ando con todo orgullo y honor…en la casa…donde imparten justicia defendiendo a mi hijo”, sostuvo.

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Presidente reclama lentitud a operadores de justicia

“Cuestionó por qué no han trascendido o por qué no se han ejecutado 58 requerimientos fiscales documentadas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y que estarían en manos de la Fuerza Nacional Anti Evasión”.

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@crietrio.hn

Luego de su gira por Europa vino a hostigar a los entes operadores de justicia, para unos es una clara intromisión en los otros poderes del Estado.

En una claro reclamo al Ministerio Publico, y a los tribunales de justicia,   el  presidente Juan Orlando Hernández,   cuestionó por qué no han trascendido o por qué no se han ejecutado 58 requerimientos fiscales documentadas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y que estarían en manos de la Fuerza Nacional Anti Evasión.

A su llegada,  de una gira por Europa, Hernández se refirió a varios temas ligados a la corrupción en varias instituciones y que él desde el Poder Ejecutivo estaría empujando para combatirla, como ha sucedido en la Dirección de Transporte y el IP entre otras, donde se han ejecutado capturas y que vienen más.

En ese orden de cosas  manifestó,  que  también se intervino aduanas y apuntó que le parece muy extraño que no ha trascendido 58 requerimientos fiscales que las autoridades nuevas de la DEI tienen documentados.

Explico que ahí hay todo un equipo para hacer ese trabajo,  los casos se lo pasan al fiscal de Policía Militar el fiscal y si hay merito, este procede ante el juez que está ahí en esa misma Fuerza Anti Evasión y también hay un juez y este a su vez debe emitir  las ordenes de captura y  recalcó que no ve resultados o acciones.

El mandatario continuación de su reclamo, señalo que   “yo quiero aquí decirles algo, en lo que al Poder Ejecutivo respecta,  que es mi responsabilidad,  a nosotros no nos ha temblado ni nos va temblar la mano porque este país merece un cambio”

En torno a las marchas de las antorchas dijo que “estamos en la época de una transformación y hay que aprovechar ese sentimiento del ciudadano, no importa de qué tendencia sea, pero cuando genuinamente alguien dice, eso no puede seguir siendo, yo creo que más bien es una bendición que el pueblo abra los ojos y también pueda analizar quien anda en una marcha o quien dice una cosa o dice otra para ver cómo se tapa del problema que tiene”.

Al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República (PGR),  que ambos casos son nombrados por el Congreso Nacional que no dependen del Poder Ejecutivo, al igual que el Poder Judicial, son magistrados y jueces que no les debe  temblar la mano para hacer justicia,  sino el pueblo hondureño va deducir como en muchos casos ya se mira que hay malicia en el sentido de no darle la justicia o no darles la celeridad al caso, imagínese usted hay casos que llevan nueve años, hay casos que llevan cinco años sin moverse, puntualizó el Presidente.

Se quejó que hay casos tienen hasta 9 y 10 años sin moverse, que no se habían tocado y ahora que se tocan, pero va y meten un recurso y meten otro,  y meten otro y  se cuestionó a sí mismo;  ¿quién se va tragar ese cuento de que van estar solo en esto?,  ¿y entonces no va ver nunca el momento de una audiencia en que se presenten las pruebas para que el juez evalúe si hay  alguna falta o delito?  ¿Entonces?.  Eso no puede ser, eso no puede ser

En su intervención,  no profundizó sobre la captura del empresario Schucri Kafie y al ser cuestionado directamente respondió: “Yo tengo que actuar con la responsabilidad y la energía que me corresponde y es lo siguiente, cuando nosotros encontramos cualquier situación de estos casos de intervención llámese Transporte, Aduanas, Seguro Social, Migración que tenga que ver con una duda que se ha cometido una infracción a la ley,  se le pasa al Ministerio Público (MP), para que este,  que es el órgano especializado,  analice y proceda, sea culpable o no una persona”.

Analizó que si el MP decidió mandar el requerimiento o acusarlo en un juzgado,  (Schucri Kafie), el tribunal está en la obligación de conocer el caso, en profundizar y tomar una decisión, pero no puede seguirla postergando.

Sentenció que “justicia tardía no es justicia, más bien es injusticia y si algo le indigna al pueblo es que cuando no se hace justicia más grande se hace las diferencias entre ricos y pobres, el pobre se siente más golpeado piensa que solo el pudiente puede tener acceso a una justicia que le beneficia”.

Fuente: http://criterio.hn/presidente-reclama-lentitud-a-operadores-de-justicia/

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Honduras: Enriquecimiento ilícito, sólo 30 millones se recuperaron en cinco años

jueves, 19 de marzo de 2015

Enriquecimiento ilícito, sólo 30 millones se recuperaron en cinco años: Honduras
 Escrito por Redacción | Marzo 17 del 2015   Secciones: Investigaciones
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La corrupción enraizada ha hecho mella en los hospitales públicos, centros educativos, infraestructura vial y acceso a servicios básicos de los hondureños, dejando fuera del mapa de la cooperación al país por su baja calificación y percepción del mal manejo de fondos públicos.
Honduras reprobó en 2014 10 de los 20 indicadores de la Cuenta del Milenio relacionados con el control de la corrupción; libertad de información, libertades civiles y derechos políticos.
En los últimos cinco años apenas 30 millones de lempiras por supuestos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito han sido recuperados, mientras el gobierno busca inversión extranjera para aliviar la economía.
Desde 2010 a la fecha sólo hay un juicio por ese delito, una cifra ínfima en contraste con la cantidad de escándalos de corrupción en Honduras. Apenas se registra una sentencia, el caso de Roberto Enrique García Zúniga, contra quien se presentó el requerimiento fiscal el 23 de abril de 2010.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió a la Procuraduría General de la República (PGR), 1,528 expedientes desde 2010 a la fecha, de los que la PGR recuperó 30 millones, 790,377 lempiras. La mayoría de los expedientes son por reparos a la gestión,  sin embargo, la cuantía recuperada es ínfima.
Según información oficial de la PGR, en 2010 sólo recuperó 1 millón, 658,768 lempiras; en 2011 fueron cuatro millones 471,096 lempiras; en 2012 se captaron 3 millones 908,438 lempiras; en 2013 9 millones 554,258 lempiras; en 2014, 10 millones 628,938 de lempiras y en este año solo 622,879 lempiras, a raíz de las acciones emprendidas desde el TSC durante cinco años en combate a la corrupción.

Son una “caja negra”

Hay jefes policiales y militares millonarios, con haciendas, flotas de vehículos, empresas, pero su salario máximo es de 40 mil lempiras (US$ 2,000), ¿Cómo lograron los militares comprar haciendas?, ¿Será que todos recibieron herencias? Y por esa razón se opera como en una caja negra, dijo Carlos Hernández, representante de Transparencia Internacional en Honduras, y además presidente de la junta directiva de Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Carlos Hernández, presidente de la junta directiva de la ASJ.

“Si nosotros conocíamos a los diputados, no eran millonarios, no hay forma lícita de enriquecerse tanto, este tema porque uno debe protegerse no lo puede decir, pero bien se hace una lista de personas con sospechas fundamentadas que no se enriqueció ilícitamente”.

“Hoy no sabemos lo que tienen ni lo que declaran los funcionarios, eso es una caja negra, provoca muchas suspicacias pero no desconocemos en Honduras que muchos ex funcionarios han salido con mayores recursos que con los que entraron”.
A su juicio, las declaraciones juradas “son una caja negra porque nadie conoce lo que hay, aunque todos nos conocemos, sabemos que diputados y ex diputados eran personas… una persona con un salario de 80 mil lempiras mensuales, que es el salario máximo público en Honduras, no puede comprar haciendas, viajar por el mundo, tener a sus hijos estudiando en las mejores escuelas, eso no es posible, evidentemente hay una renta que no es el salario, en otra caso, y es justamente lo que ayudaría que fueran públicas las declaraciones juradas, evidenciar que hay un interés real de combatir la corrupción”.
El escudo de los funcionarios en la actualidad, y en el pasado, para no publicar la declaración jurada es la inseguridad, sin embargo, Hernández no considera válido ese argumento, porque no lo revelan pero viven vidas ostentosas, el estilo de vida ostentoso se convierte en un estilo de vida para los delincuentes, si vivieran de manera humilde se justificaría, pero muchos funcionarios viven vidas de ricos y famosos.
Por otro lado, ellos administran recursos del pueblo, por lo tanto, ellos deben renunciar a esa privacidad y a partir de asumir un cargo entrar a la veeduría ciudadana.
“Me gustaría ver las declaraciones de todos los ministros, presidentes de los poderes, diputados, nosotros no sabemos si fueron siempre ricos o se hicieron ricos, o si fue antes de entrar a la política o durante la política, como se hicieron ricos con un salario de 80 mil lempiras, eso es imposible, nadie se hace rico con 80 mil lempiras mensuales, es un salario decente pero no le da para inversiones, cuentas bancarias, eso es lo que el pueblo debe saber.
Doris Madrid, comisionada presidenta del IAIP.

El Tribunal no tiene capacidad por ahora, tiene una ley que lo limita, tiene una ley que se diseñó para que no fuera efectiva en el combate a la corrupción, se requiere una reforma, debe ser un ente despolitizado, es un ente de políticos que muchas veces defienden los intereses del partido de turno.

Además, el sistema de combate al enriquecimiento ilícito es ineficiente, sino cuantos enfrentan la justicia por enriquecerse ilícitamente, donde están, no sabemos, la otra pregunta es si hay funcionarios que se enriquecieron ilícitamente y la respuesta es sí, pero no los conocemos porque el sistema no ha sido eficiente para judicializarlos.
Entre tanto, Doris Madrid, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), es del criterio que en el país nadie se hace millonario con las profesiones, aquí hay mucha gente millonaria y todos saben la respuesta, es un secreto a voces, “entonces las profesiones nos dan para vivir dignamente, nada más”.
Bozal de la impunidad
Pero las autoridades tienen el escudo protector de la impunidad, el candado del tesoro escondido, y es justamente la Ley orgánica del TSC, que en el artículo 23 en una de sus párrafos establece que es prohibido “divulgar y suministrar el contenido de las declaraciones, informaciones y documentos, así como de las investigaciones y demás actuaciones del Tribunal; y las demás que establezca el reglamento.
Cualquier infracción a los numerales 2) y 3) de este Artículo, acarreará la nulidad absoluta de lo actuado, sin perjuicio en su caso, de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar”.
La obligación
La Ley orgánica del TSC es clara, el artículo 56 establece que “estarán obligadas a presentar, bajo juramento, la declaración de ingresos, activos y pasivos, en adelante llamada “la Declaración”, todas las personas investidas de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas, que desempeñen o hayan desempeñado cargo de elección popular y elección de segundo grado, por nombramiento o contrato, en cualquiera de los poderes del Estado, o en entidades de cualquier naturaleza que reciban recursos financieros del Estado.

También estarán obligados a presentar la declaración aquellos hondureños cuando la función ad-honorem que desempeñen incluya participación en la toma de decisiones que afecten el patrimonio del Estado, así como todas las personas naturales, que en cualquier forma administren, manejen fondos o bienes del Estado, o que decidan sobre pagos o inversiones de fondos públicos, aunque su salario sea inferior a la base fijada por el Tribunal.
Agrega la ley que la declaración será presentada ante el Tribunal o ante quien delegue esa facultad, en los formularios que al efecto se emitan, comprendiendo la relación de los bienes, activos y pasivos de su cónyuge o compañera(o) de hogar e hijos menores de edad.
De acuerdo al artículo 61, la declaración contendrá autorización expresa e irrevocable del declarante y de su cónyuge o compañero (a) de hogar, facultando al Tribunal para que sean investigadas sus cuentas, depósitos bancarios, bienes, participación en sociedades o negocios situados en el país o en el extranjero.
Pero el artículo 64 del Reglamento de la Ley orgánica del TSC, es en el que se establece que funcionarios y empleados del Tribunal deberán guardar absoluta reserva sobre el contenido de las declaraciones, documentos e investigaciones que se practiquen, los que no podrán servir para otros fines que los previstos en la Ley. La violación de esta disposición, una vez comprobada, con el debido derecho de defensa dará lugar a la destitución inmediata del funcionario o empleado público culpable sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.
Este cerrojo legal es el que impide conocer si los hondureños que ejercen o ejercieron funciones públicas obtuvieron su patrimonio de forma lícita.

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Honduras se salvó de pagar L 2,000 millones

22 de Diciembre de 2014

10:00PM  –  Redacción  

Se registró balance positivo por gestiones de la Procuraduría.

La PGR asumió la defensa estatal en demandas incoadas en la CSJ.
La PGR asumió la defensa estatal en demandas incoadas en la CSJ.

Tegucigalpa, Honduras

El Estado de Honduras se salvó en este año de pagar unos dos mil millones de lempiras por demandas incoadas en su contra.

Los reclamos interpuestos ante el Centro de Justicia Civil y Juzgado de Letras Contencioso Administrativo fueron conocidos por la Procuraduría General de la República (PGR), quien asumió la defensa legal del Estado. “Con mucha satisfacción queremos informar que en este año tenemos un balance positivo”, destacó el procurador general Abrahán Alvarenga.

Entre ellas, la principal es la que se ganó en tribunales de Estados Unidos por 51 millones de dólares que reclamaba la empresa TRC Inc. por supuesto incumplimiento de contrato de obras de infraestructura social post-Mitch.

Otra demanda rechazada refiere a la que interpuso el sindicato de la Secretaría de Educación, que reclamaba conquistas salariales del contrato colectivo que oscilaba los 600 millones de lempiras.

Una que está en suspenso es la que presentó el hoy jefe de Personal del Poder Judicial, Rosman Montiel, contra Hondutel, por honorarios profesionales que ascienden a 213 millones de lempiras, entre otras. “Estas demandas suman más de 2,000 millones de lempiras, han sido éxitos del Estado en este año 2014, que se salvó de pagar”, reconoció el procurador.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/779343-331/honduras-se-salv%C3%B3-de-pagar-l-2000-millones

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Honduras:Investigan dos abogadas por demanda que perdió el Estado

Martes, 16 Diciembre 2014 00:04
Las abogadas que participaron en la demanda como defensoras del Estado, entre ellas Angela Madrid, están en la mira de la Dirección de Investigación e Inteligencia. Las abogadas que participaron en la demanda como defensoras del Estado, entre ellas Angela Madrid, están en la mira de la Dirección de Investigación e Inteligencia.

TEGUCIGALPA- La Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) ya inició el proceso de indagación para determinar si hubo responsabilidad civil o penal de los funcionarios que perdieron una demanda con la Constructora Tradeco Infraestructura y que al Estado le costará 340 millones de lempiras.

 

En este juicio participaron como representantes del Estado de Honduras, Carmen Alejandra Suárez y Angela Madrid, actual titular en San Pedro Sula de Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

El 14 de noviembre pasado, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán resolvió liquidar una sentencia emitida el 11 de noviembre de 2010 en la demanda presentada por la constructora que exigía el pago de 431 millones de lempiras.

Esta es una demanda que se tramitó desde el año 2005 mediante un reclamo administrativo que presentó la empresa constructora de la carretera de Puerto Cortés a la frontera con Guatemala; posteriormente entabló una demanda en 2007 y en 2010 y el juzgado de primera instancia declaró con lugar las pretensiones de la parte demandante.

“Fue una petición pública y una instrucción que giró el presidente de la República al director Nacional de Inteligencia en el sentido que en conjunto con la Procuraduría General de la República iniciáramos una investigación para determinar las razones, actores y motivos por la que pesa tanta demanda contra el Estado”, dijo el procurador general, Abraham Alvarenga, ente la consulta sobre la investigación.

Las labores que realizará la Dirección Nacional de Inteligencia es en su contexto general y van incluidos funcionarios públicos que en su momento tomaron determinaciones o negligentemente actuaron en cumplimientos de contrato, o que emitieron esas resoluciones, tanto abogados privados como del Estado, explicó el procurador.

También hay operadores de justicia, jueces o magistrados que en su momento no tomaron las determinaciones correctas para manejar en su contexto toda su información, agregó.

APELACION
Ante esta resolución la Procuraduría General ha interpuesto el recurso de apelación y está pendiente que se tramite.

Fuente: http://www.tiempo.hn/naci%C3%B3n/item/11669-honduras-investigan-dos-abogadas-por-demanda-que-perdi%C3%B3-el-estado

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Estado de Honduras está peleando otra demanda de L900 millones

15 Dec 2014 / 11:00 PM / Marilyn Méndez

Unas 1,500 demandas ha perdido el Estado de Honduras en los últimos años en los tribunales, unos 6,000 millones de lempiras.

Abraham Alvarenga, titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Abraham Alvarenga, titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

Tegucigalpa, Honduras.

Ganarle demandas al Estado de Honduras se volverá complicado a partir de 2015, ya que el presidente de la república, Juan Orlando Hernández, ordenó una intervención a todo el aparato judicial, incluidos abogados privados.

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Abraham Alvarenga, aseguró a LA PRENSA que así como se han perdido demandas, también se han ganado en los tribunales, lo que ha permitido que el Estado no pague más de L2,000 millones.

Además, confesó que la demanda que ganó Tradeco Infraestructura S.A. de C.V. en 2010 por L430.8 millones no es la cuantía más grande que la PGR está litigando.

¿Cuál es el procedimiento que está siguiendo la PGR en el caso de la demanda que ganó la compañía Tradeco?

Ahora nos corresponde esperar que contesten los agravios los demandantes y que remitan el expediente a la Corte de Apelaciones para que ellos puedan revisar el fallo emitido por el Juzgado de Primera Instancia. Esto durará todo el año que viene.

¿Se le ha pagado algún porcentaje a Tradeco?

La demanda la ganaron en 2010, no se les ha pagado nada. Lo que estamos buscando es delimitar la responsabilidad. Mientras nosotros no tengamos instrucciones precisas de llegar a un arreglo conciliatorio de pago o entrar en ese proceso, nuestra responsabilidad es agotar todos los recursos.

¿En qué otras demandas millonarias litiga en la actualidad la PGR?

Tradeco es una de las más grandes, pero en la actualidad estamos llevando una demanda más grande contra el Instituto de la Propiedad por L900 millones. Esa es la más grande.

¿En qué proceso está esta demanda por L900 millones?

Ya se informó al respecto. El proceso está pendiente de sentencia. La pretensión del demandante es alta, pero no se lo van a dar.

¿A qué se refiere el presidente Hernández cuando dice que detrás de la pérdida de demandas hay otras cosas?

Puede ser mala actuación de funcionarios, mal manejo de los casos de parte de agentes de procuración, avaricia de algunos abogados privados, o puede ser también que dentro de los operadores de justicia, dentro de la Corte Suprema, exista alguna situación irregular que hay que revisar.

¿La investigación se da también porque en los pasillos judiciales se maneja que hay bufetes especializados en llevar demandas contra el Estado?

Correcto. La facultad del Presidente es velar por la administración general del Estado y al ver las cuantías de estas demandas pueden desestabilizar las finanzas públicas de algunas Secretarías. Es obligación del Presidente salir al paso y exigir explicaciones más resultados, además de que se deduzcan responsabilidades si la hay.

¿Por qué se señala solo a la PGR cuando se pierde una demanda?

Es lo injusto de esto. Hay que manejarlo en su contexto, es toda una estructura la que funciona en estos casos, desde el funcionario, administradores, auditorías internas, secretarios de Estado, abogados que interactúan en el trámite de reclamos administrativos. Cuando la PGR interviene es cuando la demanda ya está en los juzgados. Corresponde a los juzgados a quien le da la razón en los alegatos judiciales donde la Procuraduría General de la República representa al Estado.

¿Qué es lo que está sucediendo en los juzgados que el Estado está perdiendo tantas demandas?

Es más fácil para los juzgados, de repente, inclinarse por el otro lado. Luego vienen las repercusiones, por eso es que hay que analizar a fondo a los operadores de justicia.

¿Qué pasa con los departamentos legales de las Secretarías de Estado?

Hay que fortalecerlos, por eso hicimos una propuesta de fortalecimiento de manera que pueda haber supervisión, control, inspectoría, en todos los departamentos legales de las Secretarías de Estado, de modo que haya una cohesión con la PGR y una vinculación directa para que se disminuyan las posibilidades de que por errores se pierdan los juicios.

¿Mantiene la PGR demandas internacionales?

Ya están falladas muchas de ellas y gracias a Dios los resultados han sido muy positivos. Seguimos litigando.

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/777163-410/estado-de-honduras-est%C3%A1-peleando-otra-demanda-de-l900-millones

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Fallo de Sala no condena al Estado de Honduras

8 de Diciembre de 2014

10:50PM  –  Redacción  

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, afirmó que con la sentencia emitida no se condena al Estado.

El presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, aclaró alcances del fallo.
El presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, aclaró alcances del fallo.

Tegucigalpa, Honduras

La sentencia que emitió la semana anterior la Sala de lo Constitucional no condena al Estado de Honduras.

El caso refiere al fallo que emitió esta Sala sobre una demanda que interpuso la empresa Pharmasula contra la Secretaría de Salud.

Los abogados de la compañía y el mismo procurador general Abrahan Alvarenga informaron que el fallo condenaba al Estado al pago de 126 millones de lempiras.

Al respecto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, afirmó que con la sentencia emitida no se condena al Estado.

La resolución que emitió la Sala contó con la integración de los magistrados Rivera Avilés, José Tomás Arita Valle y Reina Solórzano, quienes aclararon este asunto.

“Es totalmente falsa la información que ha trascendido en los distintos medios de comunicación de Honduras respecto a que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, ha condenado al Estado de Honduras a pagar una demanda de 126 millones de lempiras a favor de la sociedad mercantil Pharmasula S.A. de C.V.”, aseguran.

Explican que, en este caso, la PGR interpuso en un mismo día dos recursos contra la demanda, uno de apelación y otro de amparo, que la ley no permite evacuar al mismo tiempo. Lo que ordenó la Sala es seguir el trámite del recurso de apelación por la Corte de Apelaciones Civil, así como suspender las diligencias de ejecución de la demanda.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/774977-331/fallo-de-sala-no-condena-al-estado-de-honduras

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Presidente de la CSJ se abstiene de conocer recurso de reposición en caso Pharmasula

Los cinco magistrados propietarios de la Sala Constitucional han sido convocados para conocer, entre otros recursos, uno de reposición interpuesto por la Procuraduría General de la República para tratar de revertir un fallo que obligaría al Estado a pagar 126 millones de lempiras a la farmacéutica Pharmasula.

Se ha confirmado que la reposición será conocida por los magistrados propietarios y no por los suplentes que avalaron el fallo de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil.

Por su parte, el apoderado legal de la empresa, Douglas Ramírez, es del criterio que la reposición debe ser conocida por los mismos magistrados que conformaron el pleno, de no ser así y de obtener resultados desfavorables anuncia acciones internacionales contra el Estado.

Por otro lado, a través de un comunicado girado por la Dirección de Comunicaciones del Poder judicial, lo magistrados Jorge Rivera Avilés, Tomas Arita Valle y Reina Solórzano, manifiestan que su participación en el pleno de la Sala Constitucional no fue para condenar al Estado sino para evacuar un paso más del proceso judicial.

Los tres magistrados señalan “que en ningún momento se ha conocido, resuelto o notificado, fallo alguno que condene al Estado de Honduras al pago de la cantidad que ha trascendido en los medios de comunicación, encontrándose el proceso en una de las muchas etapas que la ley establece, como paso previo para resolver el fondo del asunto”.

Los altos funcionarios judiciales consideraron de “totalmente falsa” la noticia de que el Estado fue condenado a pagar 126 millones de lempiras a Pharmasula.

Los magistrados, argumentan que lo que hicieron fue rechazar un recurso de amparo debido a que la Corte de Apelaciones Civil aún conoce un recurso de apelación, ambos, sobre el mismo caso y presentados por la PGR.

descargar documento

“Únicamente se ha determinado que, ante la presentación de dos Recursos de naturaleza diferente, uno ordinario (Apelación) y otro extraordinario (Amparo) de forma simultánea contra la misma resolución, debe declararse inadmitido uno de ellos por no permitirlo la Ley”, establece literalmente el documento.

Sobre el cuestionamiento por las sustituciones de los magistrados en las diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia, en particular en la Sala de lo Constitucional, las mismas están fundamentadas en el reglamento interior de la Suprema Corte y en el reglamento de la Sala Constitucional, explican los firmantes.

Y para concluir, dicen los magistrados Rivera Avilés, Arita Valle y Solórzano, “nos apartamos del conocimiento y resolución del recurso de reposición pendiente de resolver para la transparencia del proceso”.

Fuente: http://www.tercerpoder.hn/presidente-de-la-csj-se-abstiene-de-conocer-recurso-de-reposicion-en-caso-pharmasula/

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Honduras condenada a pagar L.126 millones a farmacéutica

Un fallo de la Sala de lo Constitucional confirmó que el Estado hondureño debe pagar una millonaria demanda de 126 millones de lempiras en favor de la empresa farmacéutica, Pharmasula.

La resolución es el resultado de la declaratoria emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán al dar con lugar el reclamo administrativo de la compañía.

Según se conoció, tres de los altos magistrados no estuvieron presentes en la convocatoria integrándose los magistrados suplentes que conforman el Pleno de la Corte.

El Procurador General de la República, Abraham Alvarenga, aseguró que el Estado aún no ha perdido la demanda contra la farmacéutica y que se ha interpuesto un recurso de reposición con la intensión de revertir la decisión.

Fuente: http://www.tercerpoder.hn/honduras-condenada-a-pagar-l-126-millones-a-farmaceutica/

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PGR no acepta conciliación con Bertetty en caso de ambulancias

Publicado: Miércoles, 20, agosto, 2014

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La Procuraduría General de la República se negó a conciliar con el ex administrador financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), José Ramón Bertetty, en el caso que se le persigue penalmente por la supuesta adquisición fraudulenta de ambulancias para ese centro asistencial.

La defensa de Bertetty solicitó una conciliación con la representación del Estado, la cual se denegó por lo que el Ministerio Público solicitó la apertura de juicio oral y público, donde el ex funcionario deberá responder de los crímenes que se le imputan.

Bertetty fue acusado por los delitos de cohecho, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública por la compra “fraudulenta” de 10 ambulancias por un monto de 13 millones de lempiras.

Según el Ministerio Público, Bertetty habría incurrido en delitos en la compra de 10 ambulancias “hechizas” sobrevaloradas. De acuerdo con la investigación, cada ambulancia se compró a 1,278,000 lempiras cuando en realidad costaba 550,000.

El ex funcionario se mantiene recluido en el Primer Batallón de Infantería por motivos de seguridad.

Fuente: http://www.tercerpoder.hn/pgr-no-acepta-conciliacion-con-bertetty-en-caso-de-ambulancias/

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Concederán amnistía para exfuncionarios hondureños

10 de Agosto de 2014

10:00PM   – Redacción:  redaccion@laprensa.hn En debate ley que les permitirá no pagar intereses por reparos.

El objeto de la ley es recobrar las cantidades que han sido reparadas por el TSC.
El objeto de la ley es recobrar las cantidades que han sido reparadas por el TSC.

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional se dispone a aprobar esta semana en su tercero y último debate una amnistía para el pago de intereses sobre las cantidades reparadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Se trata de una iniciativa de ley presentada por el diputado nacionalista Rolando Dubón Bueso encaminada a tratar de que el Estado recobre cantidades millonarias por concepto de cantidades reparadas a exfuncionarios durante los últimos diez años.

Se trata de la reforma del decreto 309-2013, aprobado en las últimas sesiones de la legislatura anterior, publicado en marzo de este año, que establecía una amnistía por seis meses.

El proyectista argumenta que debe ampliarse a un año debido a que la crisis económica impide que exfuncionarios y empleados que han sido reparados por el Estado cumplan con esa responsabilidad: hay muchos casos en que los intereses son más que la misma cantidad reparada, convirtiéndose en sumas impagables.

Según la reforma, “se concede amnistía por el término de un año para el pago de los intereses calculados a la tasa máxima activa promedio que se aplica al sistema financiero nacional sobre las cantidades representadas por el Tribunal Superior de Cuentas, desde la fecha en que la resolución se tomó, ejecutada desde el momento del pago efectuado por el sujeto con responsabilidad civil, ya sea que se encuentren judicializados o no, hayan suscrito arreglos de pago para lo cual se faculta a la Procuraduría General de la República a efectuar las gestiones de cobro y acuerdos de pago con la parte sujeta de responsabilidad hasta por un término de 10 años, debiendo tomarse en cuenta el monto de las cantidades reparadas y cualquier otra circunstancia y, en su caso, presentar los disentimientos que correspondan.

El pago se podrá efectuar en efectivo, cheques certificados o de caja en los plazos que la PGR acuerde con las partes”, dice el dictamen. Beneficia también a exalcaldes y exregidores que mantienen pliegos de responsabilidad civil con el Estado.

 

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/737063-96/conceder%C3%A1n-amnist%C3%ADa-para-exfuncionarios-hondure%C3%B1os

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Zonas fronterizas de Honduras están bajo vigilancia de la Procuraduría General de la Republica.

Con el objetivo de impedir el contrabando de mercaderías, la Procuraduría General de la Republica (RPG), anunció una serie de acciones a realizar en las distintas fronteras del país.

Abrahán Alvarenga, procurador general de la República, manifestó que fortalecerán los puntos fronterizos mediante personal asignado al lugar y equipo de vigilancia, para identificar los casos y tener un mayor control de los mismos.

En mención con los puntos fronterizos, dijo que agrupados a la Fuerza Nacional Anti evasión, mantiene permanencia en estos puntos aduaneros y que estas supervisiones continuarán.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/zonas-fronterizas-de-honduras-est%C3%A1n-bajo-vigilancia-de-la-procuradur%C3%ADa-general-de-la

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Honduras: Ante masivos despidos, entre cinco y 10 demandas laborales atiende la PGR cada semana

sábado, 31 de mayo de 2014

Autor del articulo: Proceso Digital / 31 de Mayo 2014-11:37
Tegucigalpa – El Procurador General de la República, Abrahán Alvarenga, confirmó que entre cinco y 10 demandas están contestando semanalmente ante los despidos masivos que se realizan en las diferentes instituciones del Estado.
Indicó que la PGR procede a contestar cada una de las demandas para que el Estado se evite de pagar millonarias cantidades de dinero, aunque en la mayoría existe un mal proceder de los funcionarios públicos.

Alvarenga añadió que buscan ejecutar mesas de trabajo con los abogados de las distintas secretarías, para que los argumentos sean bien planteados y considerados por los jueces.

También refirió que la mayoría de estas demandas son presentadas en reclamo de prestaciones, reintegro a sus puestos de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir.
En ese sentido, el procurador llamó a las autoridades de las diferentes instituciones estatales que cuando encuentran una causa justificada de despido, que realicen el procedimiento que corresponde para evitar demandas.
Asimismo, recomendó que cuando tengan el monto adecuado para el pago de prestaciones, que lo lleven consensuado con el mismo empleado del que van a prescindir de sus servicios.
Igualmente llamó a que se sigan los procedimientos que establece la Ley de Servicio Civil para hacer las reestructuraciones que corresponden y evitar las demandas.
Esta semana, Proceso Digital publicó un trabajo periodístico en el que el propio procurador general de la República, Abraham Alvarenga, reveló que las demandas contra el Estado, ya suman más de dos mil 500, en caso de que los fallos no le favorezcan como usualmente ocurre, las mismas generarían una cuantía por el orden de los seis mil millones de lempiras.
La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, el Instituto de la Propiedad y la Secretaría de Seguridad, son las instituciones más demandadas.

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/05/honduras-ante-masivos-despidos-entre.html

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Estado enfrenta más de dos mil 500 demandas

00:26
28
Mayo
2014
Tegucigalpa – El procurador general de la República, Abraham Alvarenga, reveló que las demandas contra el Estado, ya suman más de dos mil 500, en caso de que los fallos no le favorezcan como usualmente ocurre, las mismas representan una cuantía por el orden de los seis mil millones de lempiras.
– Las demandas contra el Estado ascienden a seis mil millones de lempiras en el caso de los usuales fallos desfavorables.

– La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, el Instituto de la Propiedad y la Secretaría de Seguridad, son las instituciones más demandadas.

– Como lo dijo en su momento, el ex presidente Porfirio Lobo, el criterio de que ganarle una demanda al Estado “es como pegarle una patada a un bolo”, aún prevalece.

– A criterio del abogado Alejandro Espinoza, ningún togado de la PGR o del departamento legal de instituciones del Estado, puede ganar un juicio en contra del Estado.

 

Indicó que la Procuraduría General de la República (PGR), se encuentra haciendo una intensa labor contestando, presentando acciones, pruebas y recursos para tratar de enfrentar esas demandas, lo que se ha convertido en una actividad cotidiana en esa dependencia del Estado.

Infraestructura, IP y Seguridad las más demandadas


“Cuando existe conflicto de intereses, todos los días pueden generarse y eventualmente pueden venir las demandas y a nosotros nos corresponde presentar nuestros argumentos y defenderlos ante los órganos jurisdiccionales del Estado para poder evitar que vengan condenas posteriores, pero es algo que no lo podemos evitar por los conflictos interactivos con los particulares en todos los trámites con el Estado”, explicó.

El funcionario detalló que las instituciones del Estado que mayor número de demandas enfrentan figuran la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), que ahora se llama Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, el Instituto de la Propiedad y la Secretaría de Seguridad.

No obstante, Alvarenga aclaró que todas las secretarías y dependencias del Estado enfrentan demandas pendientes, pero la mayoría se concentran en esas tres dependencias principalmente por aspectos laborales e incumplimiento de contratos.

Asimismo, el procurador detalló que producto de esa dos mil 500 demandas, el Estado tendría que erogar una cuantía de seis mil millones de lempiras, aunque asegura que este año se ha logrado reducir esas demandas en un 40 por ciento.

“Desde hace unos 10 años viene arrastrándose esta cantidad de demandas que obviamente por actuaciones irregulares de funcionarios públicos o de gente particular que cree que se le ha vulnerado algún derecho han entablado esas demandas ante los órganos jurisdiccionales del Estado y el papel de la PGR, es llevar la representación legal del Estado y defender sus intereses y en ese sentido, instamos el curso de las mismas de manera de evitar que el Estado sea condenado a pagar estas cantidades y que pierda esas demandas que están litigándose en cada uno de los juzgados y tribunales de la República”, arguyó Alvarenga.

Coerción ha logrado bajar demandas

Aseveró que esos más de seis mil millones de lempiras que representan las demandas en contra del Estado, es solamente una posibilidad pues la abogados saben que en un juicio la probabilidad de ganar una demanda existe tanto para el demandante como para el demandado, en un 50 por ciento para cada uno.

Argumentó que en al momento que se van instando el curso de los juicios, ahí se van aportando las pruebas, interponiendo los recursos, esperando las decisiones de los jueces que se espera resuelvan en base a criterios objetivos y no lo hagan basándose en otras situaciones que no tienen nada que ver con lo que se está litigando en determinado caso y momento.

“En este momento, las normas generales del Presupuesto de la República establecen que los funcionarios públicos que permitan que el Estado erogue cantidades de dinero en concepto de demandas entabladas contra el Estado, serán solidariamente responsables tal como lo establece la Constitución”, señaló.

Afirmó que eso ha generado un control y se ha disminuido la posibilidad de que en este momento, tomen decisiones apresuradas.

En ese sentido, estimó que las demandas en contra del Estado, han disminuido en un 40 por ciento este año debido a los mecanismos adoptados.

Lluvia de demandas

Aunque el funcionario considera como “normal” las demandas, para el ex diputado y abogado Orle Solís, esa enorme cantidad de cuantiosas demandas contra el Estado debe parar ya que al final quien las paga es el pueblo, mientras los culpables andan libres.

Ejemplificó que todas las demandas interpuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han prosperado, desafortunadamente para el Estado. Esta situación, a juicio de Solís, podría calificar para que las demandas puedan pasar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado de Honduras siga siendo condenado como hasta ahora.

“Recordemos que de las últimas demandas que se han interpuesto contra el Estado de Honduras, en su mayoría, ha sido condenado, eso no puede continuar, eso es grave, es difícil y esperamos que las autoridades encargadas de la prevención, promoción, protección y defensa de los derechos humanos, sean diligentes para atender esta situación porque no se puede continuar, quien paga es el pueblo y los que cometieron las irregularidades andan libres”, reiteró Solís.

Y es que hasta junio de 2013, más de 522 millones 879 mil 275 lempiras había perdido el Estado de Honduras en demandas de años recientes, las que han sido ganadas por los demandantes con una gran facilidad.

El Estado de Honduras es demandando constantemente principalmente las acciones entabladas de tipo laboral y por incumplimiento de contratos, lo que refleja que los funcionarios públicos encargados de manejar esos casos continúan haciendo los procedimientos mal y en algunos casos, hay sospechas de que se ha hecho deliberadamente o en colusión con el demandante.

Pero el Estado también es demandado hasta por casos de mala praxis médica tal como ocurrió el año pasado cuando el Estado se vio obligado a pagar 30 millones de lempiras por un emplazamiento contra la Secretaría de Salud por una mala praxis practicada a Digna Ester Almendares.

Almendares murió después de practicársele una cesárea en el hospital Materno Infantil y los familiares procedieron a entablar la demanda.

Las empresas constructoras también figuran entre los demandantes, con raras excepciones, que también derrotan fácilmente al Estado, tal como sucedió el año pasado con una constructora que demandó por 152.2 millones de lempiras a la entonces Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi).

La demanda fue interpuesta por la construcción y pavimentación de la carretera Villa de San Francisco-San Juan de Flores-Talanga, tramo carretero de 21 kilómetros.

El año pasado, cuando fungía como procuradora general, la ahora presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Ethel Deras, se anunció que varios ex funcionarios habían sido demandados por la PGR para que respondieran en los tribunales por los malos procedimientos ejecutados en sus administraciones.

La PGR anunció que ex ministros de Soptravi serían demandados por la negligencia presentada ya que en los últimos tres años, esa dependencia perdió 21 demandas, la mayoría por no cumplir los contratos celebrados y, según la Procuraduría General, es la institución por la que más se litiga en los tribunales.

Otras instituciones como la Secretaría de Seguridad, el Instituto de la Propiedad y la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) están entre las más demandadas.

Autoridades de la PGR revelaron, en noviembre del año pasado, que el Estado en los últimos tres años perdió 522 millones 879 mil 725 lempiras.

Desde junio de 2012, el entonces presidente, Porfirio Lobo, pidió en Consejo de Ministros, un informe completo a cada secretaría sobre demandas en contra de sus dependencias, así como el nombre de los abogados demandantes, defensores y de los jueces que llevan dichos casos.

También solicitó a los ministros y directores “contrastar el monto de la demanda original con lo que se obliga a pagar”, sin embargo, su gobierno concluyó y no se conoció sobre resultados positivos a favor del Estado.

Casos relevantes

Sin embargo, a pesar de que Alvarenga asegura que este año las demandas contra el Estado han disminuido en un 40 por ciento, la lluvia de demandas entabladas contra el Estado no se detienen y recientemente ex miembros de la ya desaparecida Comisión de Reforma a la Seguridad Ciudadana (CRSC), demandaron al Estado con más de 100 mil dólares por incumplimiento de contrato y salarios caídos.

En febrero del año pasado, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo determinó ratificar la demanda interpuesta por la ex presidenta del Banco Central de Honduras (BCH) y ahora diputada liberal, Gabriela Núñez, en contra del Estado y que asciende a siete millones de lempiras.

La sentencia condenatoria obliga al Estado hondureño a cancelar la suma millonaria a favor de Núñez, quien había interpuesto la demanda por considerar su despido ilegal al frente del BCH en la gestión de Manuel Zelaya (2006-2009).

El abogado Alejandro Espinoza quien ha entablado demandas laborales en contra del Estado, señaló que por lo general, la administración pública nunca agota las instancias administrativas para despedir empleados los que tienen el derecho de defenderse mediante una audiencia de descargo y procede directamente a cancelar al trabajador políticamente y entonces cuando esas personas buscan a un abogado, se establece que no se agotó ningún trámite administrativo y entonces “de plano, ese es un juicio que se gana, ese es como un gol”.

Procedimiento de despidos es fatal para el Estado


Sobre la responsabilidad que se les va a deducir a los funcionarios que despiden ilegalmente a los empleados, Espinoza indica que eso siempre ha existido, pero el problema es el procedimiento y por eso siempre el Estado ha perdido las demandas y ni los mejores abogados dentro de la PGR o del departamento legal de alguna secretaría o dependencia del Estado, puede ganar un juicio de ese tipo porque no se dan cuenta del procedimiento que se siguió para hacer el despido, hasta que llega el receptor del juzgado para comunicarle que han sido demandados.

Indica que lo mismo ocurre en las demandas por mala praxis médica y las que entablan las compañías constructoras a las que o no les pagan o incumplen el contrato y en el caso del sector salud, no le pagan a los proveedores de medicamentos o insumos y en esos casos, ningún abogado del Estado va a ganar uno de esos juicios.

“Ahorita yo le gané un juicio al Estado a medias, dieron unas cesantías ahí y a mi clienta no le preguntaron si tenía hijos a cargo de ella, y sólo por eso yo les gané el juicio, porque el Estado no puede despedir a madres que tengan hijos bajo su responsabilidad”, ejemplificó Espinoza.

Agregó que presentó los recibos de pago del colegio y las partidas de nacimiento y en el expediente administrativo, no consta que el Estado le haya preguntado a esa servidora pública que tenía hijos bajo su responsabilidad y el resultado es que él los venció en ese juicio.

Considera que si en las instituciones se dan cuenta que hicieron mal el procedimiento de despido, lo correcto es que procedan a pagar las prestaciones a fin de evitar las demandas, pero el problema es que van apelando y cada mes que pasa representa un salario a la persona afectada.

Refirió que hace tres años lleva el juicio de un ex empleado del Instituto Nacional Agrario (INA), lo que representa 36 meses de salario, los mismo que tres años de aguinaldo, décimo cuarto salario, vacaciones y si en la plaza hubo incremento de sueldo, también se debe hacer el ajuste.

Indicó que cuando la administración va a practicar un recorte de personal, debe contar con el presupuesto para el pago de prestaciones para evitar el entablamento de demandas y que los mismos se engorden año con año.

Excepción
A inicios de marzo de este año, la apoderada legal de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), Waldina Aguiluz, dijo sentirse contenta y orgullosa luego de haber evitado que el Estado de Honduras le pagara 845 millones de lempiras que con intereses, sumaba más de mil millones de lempiras, a una empresa constructora de la zona norte del país.

Comentó que es inusual que el Estado de Honduras gane una demanda de ese tipo por lo que reiteró su satisfacción por haber adquirido ese logro que ella comenzó a defender desde julio de 2007. Por esa acción, la togada fue felicitada por el propio presidente Juan Orlando Hernández.

 

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/05/28/Nacionales/Estado.enfrenta.m/87047.html

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HONDURAS: Demandas contra el Estado ya suman más de dos mil 500

domingo, 27 de abril de 2014

Autor del articulo:Proceso Digital / Domingo 27 de  Abril 2014 -12:31
Tegucigalpa – El procurador general de la República, Abraham Alvarenga, reveló que las demandas contra el Estado, ya suman más de dos mil 500.
Indicó que la Procuraduría General de la República (PGR), se encuentra haciendo una intensa labor contestando, presentando acciones, pruebas y recursos para tratar de enfrentar esas demandas, lo que se ha convertido en una actividad cotidiana en esa dependencia del Estado.
“Cuando existe conflicto de intereses, todos los días pueden generarse y eventualmente pueden venir las demandas y a nosotros nos corresponde presentar nuestros argumentos y defenderlos ante los órganos jurisdiccionales del Estado para poder evitar que vengan condenas posteriores, pero es algo que no lo podemos evitar por los conflictos interactivos con los particulares en todos los trámites con el Estado”, explicó.

El funcionario detalló que las instituciones del Estado que mayor número de demandas enfrentan figuran la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), que ahora se llama Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, el Instituto de la Propiedad y la Secretaría de Seguridad.
No obstante, Alvarenga aclaró que todas las secretarías y dependencias del Estado enfrentan demandas pendientes, pero la mayoría se concentran en esas tres dependencias principalmente por aspectos laborales e incumplimiento de contratos.
Aunque el funcionario considera como “normal” ese proceso de demandas, para el ex diputado y abogado Orle Solís, esa enorme cantidad de cuantiosas demandas contra el Estado deben parar ya que al final quien las paga es el pueblo, mientras los culpables andan libres.
Ejemplificó que todas las demandas interpuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han prosperado desafortunadamente y lo preocupante es que podrían calificar para que las mismas puedan pasar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado de Honduras siga siendo condenado como hasta ahora.
“Recordemos que de las últimas demandas que se han interpuesto contra el Estado de Honduras, en su mayoría, ha sido condenado, eso no puede continuar, eso es grave, es difícil y esperamos que las autoridades encargadas de la prevención, promoción, protección y defensa de los derechos humanos, sean diligentes para atender esta situación porque no se puede continuar, quien paga es el pueblo y los que cometieron las irregularidades andan libres”, reiteró Solís.

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/04/honduras-demandas-contra-el-estado-ya.html

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APARIENCIA DE LEGALIDAD Y AUSENCIA LEGIMITIDAD DEL NUEVO GOBIERNO NACIONALISTA

Miércoles 19 de Febrero de 2014 15:56

Los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2013, finalmente aceptados por todos los partidos políticos, expresan la voluntad del electorado de distribuir el poder entre los partidos Nacional, Libre, Liberal y PAC; sobre todo en el Congreso Nacional y las corporaciones municipales.

Sin embargo, oponiéndose a la decisión del electorado en las urnas, los diputados salientes y el nuevo mandatario, respaldados por los grupos económicos más corruptos, eligieron anticipadamente –al cierre de la legislatura anterior- al Procurador y Subprocurador General de la República, los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y los comisionados de Coalianza; como meses atrás lo habían hecho al elegir los fiscales generales del Ministerio Público, irrespetando el procedimiento legal establecido.

Y en su ambición de trasladar al Poder Ejecutivo el poder que antes detentaba el Congreso Nacional, aprobaron a la carrera y pasando por encima de las demás fuerzas políticas y la ciudadanía, la concesión en pedazos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL); formalizaron más de cien contratos que comprometen al Estado y favorecen a grupos económicos específicos; y, decretaron la cuestionada Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de Exoneraciones y Medidas Antievasión, un paquetazo fiscal que lesiona a la mayoría de la población al incrementar el precio de los combustibles y elevar la tasa del impuesto sobre ventas (ISV), de 12 a 15%.

A todo ello se agrega una acelerada militarización de la sociedad y del Estado, el “manejo discrecional” del presupuesto nacional por parte del Poder Ejecutivo y la aprobación de una ley que limita el acceso de la ciudadanía a la información pública; lo que sumado configura un escenario casi dictatorial y en manos de un solo poder del Estado y la figura presidencial.

En este contexto autoritario y escasamente legítimo, el destape de la olla de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y en la Municipalidad de San Pedro Sula, así como la anunciada intervención del INHGEOMIN, la SERNA y la Dirección General de Transporte, se convierten en parte de una estrategia del Poder Ejecutivo para construir una legitimidad que le permita obtener respaldo nacional e internacional, y de paso taparle la boca al descontento general provocado por el estilo dictatorial de la nueva administración.

Ante la coyuntura política iniciada con el cuestionado triunfo electoral del Partido Nacional en noviembre pasado, las fuerzas políticas y sociales que asuman la oposición al nuevo mandato nacionalista están desafiadas a actuar oportunamente, con inteligencia, contundencia y audacia si quieren contrarrestar el proyecto político presidencial de consolidar la entrega de nuestro territorio y nuestra soberanía nacional a las empresas transnacionales y el neoliberalismo internacional.

Las luchas emprendidas por los sectores populares para oponerse a los designios del Partido Nacional y los grupos económicos que lo respaldan, deben avanzar hacia la construcción de un modelo alternativo de poder en lo político y lo económico, que rescate la soberanía y la dignidad nacional. Y esta lucha debe librarse en todos los espacios políticos y sociales posibles: en las calles, los medios de comunicación, los lugares de trabajo, los centros educativos, los gobiernos locales, el Congreso Nacional y las instancias jurídicas nacionales e internacionales.

En todo caso, la respuesta popular ante las pretensiones dictatoriales del nuevo mandatario, a pesar del control que este ejerce sobre todos los recursos disponibles, debe ser activa, organizada y movilizadora; y, sobre todo, unida firmemente en torno a la exigencia de justicia, libertad y una administración gubernamental transparente y obligada a defender los derechos humanos y demostrar respeto por la ciudadanía nacional y las mayorías populares.

Por la Dignidad, contra la corrupciòn!!!

Fuente: http://madj.org/content/index.php?option=com_content&view=article&id=349:apariencia-de-legalidad-y-ausencia-legimitidad-del-nuevo-gobierno-nacionalista&catid=58:corrupcion&Itemid=116

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Le conceden la palabra a la oposición en sesión del CN

Martes, 28 Enero 2014 23:57

LIBRE, PAC y PINU

La primera sesión formal del nuevo Legislativo, presidido por Mauricio Oliva, se desarrolló en  un ambiente de respeto y hasta de cordialidad entre la masiva concurrencia diputadil.

La primera sesión formal del nuevo Legislativo, presidido por Mauricio Oliva, se desarrolló en un ambiente de respeto y hasta de cordialidad entre la masiva concurrencia diputadil.
Tegucigalpa, Honduras

Después de los truenos, las aguas del Congreso Nacional volvieron a su cauce y dejaron derramar una lluvia de proyectos, mociones y manifestaciones presentados por los diputados de todas las bancadas, pero principalmente de la oposición, en un ambiente de tranquilidad.

La primera sesión formal del nuevo Legislativo, presidido por Mauricio Oliva, se desarrolló en  un ambiente de respeto y hasta de cordialidad entre la masiva concurrencia diputadil.

Nada que ver con lo sucedido en la instalación de las dos primeras sesiones preparatorias, donde los incidentes integraron la agenda que incluyó la conformación de la directiva en propiedad para el período 2014-2018.

El mismo presidente del Legislativo, Mauricio Oliva se encargó de anunciar las reglas del juego, al tiempo de comprometerse a dar la palabra a todo los diputados que la solicitaran en debida forma.

PROYECTO DE LIBRE
El ex presidente y jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE),Manuel Zelaya, presentó un proyecto de ley encaminado a exigir la derogación total del decreto 278-2013 que contiene la Ley del Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión, conocida como el “paquetazo fiscal”.

La petición -que fue turnada a una comisión de dictamen- está firmada también por los diputados de la bancada del Partido Anticorrupción (PAC).

También tomaron la palabra Rasel Tomé, de LIBRE, que solicitó derogar el decreto que nombró a los nuevos titulares de la Procuraduría General de la República (PGR); Virgilio Padilla, que demandó castigo para el comisionado de Coalianza, Antonio Pineda, por haber votado como si fuera diputado y Doris Gutiérrez, que hizo una manifestación para que las distintas comisiones estuvieran integradas por todos los partidos y que hubiera equidad de género en las mismas.

Fuente: http://www.tiempo.hn/portada/noticias/le-conceden-la-palabra-a-la-oposicion-en-sesion-del-cn

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Inédita sesión deja nuevo abogado del Estado, presupuesto 2014, reformas electorales y Ley del CN

23:18
19
Enero
2014
Tegucigalpa – Una prolongada jornada legislativa, que se extendió desde la semana pasada hasta ayer domingo, dejó como resultado una gran cantidad de leyes aprobadas sin mayores inconvenientes en la que destaca la aprobación del presupuesto general de la República para 2014, la elección del procurador y el subprocurador general de la República, la aprobación de una nueva Ley Orgánica del Congreso Nacional y reformas a las a la Ley Electoral entre una variedad de aprobaciones.

En sus estertores, los congresistas aprobaron contratos variados y millonarios, disposiciones que involucran recursos forestales, carreteros, energéticos y un sin fin de temas que tienen que ver con infraestructura, zonas especiales, pasaportes, emisión de bonos, fideicomisos y más .

Todas las aprobaciones se hicieron con dispensa de dos debates y sus discusiones fueron estrechas evocando lo que los mismos parlamentarios denominaron “economía legislativa”.

Exclusión Aérea

Destaca la aprobación de un decreto conocido como Ley de Exclusión Aérea, que fue aprobada en un solo debate por 80 de los 128 diputados del Congreso Nacional, la mayoría del ala oficialista, en una sesión extraordinaria que contó con la presencia de 81 legisladores.

El decreto que finalmente se conocerá como “Ley de Protección del Espacio Aéreo”, se aprobó pese a que Honduras es firmante del tratado internacional que impide derribar aviones civiles.

Esta norma establece una serie de pasos que deben seguirse antes de que una aeronave sea atacada por ser sospechosa de traficar estupefacientes. “En el caso que se detecte una aeronave no identificada será sometida al uso progresivo de la fuerza a través de la interceptación y, como uso máximo, la neutralización definitiva de la amenaza, es decir derribarla”, orden que solo dará el ministro de Defensa”, explicó el izquierdita diputado Marvin Ponce .

Por su parte, el diputado proyectista, Óscar Álvarez, argumentó que con esa iniciativa “se trata de luchar frontalmente contra el narcotráfico, evitar que los carteles de la droga introduzcan a nuestro país cocaína”. Nosotros estamos poniendo la sangre de hondureños que día a día mueren en los conflictos generados por el tráfico de droga”, justificó.

Trabajo por Horas

Otro de los decretos que forman parte de la lluvia de leyes aprobadas por el saliente Congreso Nacional, es el que deja con carácter permanente la Ley del Programa Nacional de Empleo por Hora. El decreto fue aprobado por amplia mayoría.

Reformas al Injupemp

Asimismo, bajo el argumento de despolitizar la institución, el Congreso Nacional, terminó de aprobar el sábado las reformas a la Ley del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), en la que se eleva la edad para jubilarse.

La institución contará ahora con un equipo técnico administrativo para el saneamiento de las aportaciones. La implicación para los aportantes, según la reforma, establece que deberán aportar durante 15 años para recibir el gozo de los beneficios de la jubilación y la edad para jubilarse pasa de 58 a 65 años.

Las reformas aplican para los nuevos cotizantes a partir del 2020, mientras que los anteriores aportantes, se ajustarán a una tabla gradual predeterminada.

Ampliación de contrato

El Congreso Nacional también se dio un tiempo para aprobar una ampliación por siete años más al contrato de explotación a la empresa de telefonía celular Celtel que opera bajo la marca Tigo.

El diputado nacionalista por Atlántida, Rodolfo Irías Navas, miembro de la comisión de telecomunicaciones del Congreso Nacional, justificó que esa ampliación por siete años más a Tigo, representa ingresos por 38 millones de dólares para el Estado y ayudará a mejorar las telecomunicaciones en el país. La medida recibió críticas de algunos diputados en el sentido de que el canon que paga esa empresa es muy bajo y lesivo a los intereses nacionales.

Elección de procuradores

El sábado, cuando ya los diputados denotaban cansancio en sus rostros, se procedió a la elección del nuevo procurador y del subprocurador general de la República, tras aceptar las renuncias de los ahora ex titulares Ethel Deras y Ricardo Rodríguez.

Los nuevos cargos recayeron en los abogados y notarios Abraham Alvarenga y Jorge Serrano.

Alvarenga y Serrano fueron electos con 81 votos a favor, una abstención y apenas un voto en contra, lo que evidenció un previo acuerdo entre las bancadas de los partidos Nacional y Liberal, quienes tradicionalmente se han repartido esos puestos.

Presupuesto 2014

Uno de los temas estelares aprobados en la agonía de la legislatura, fue el presupuesto general de la República para el ejercicio fiscal 2014 por un monto de 183 mil 635 millones 280 mil lempiras en el que destaca las asignaciones para una nueva estructura que regirá el gobierno del presidente electo Juan Hernández.

El presupuesto fue aprobado con el voto favorable de 109 diputados. El presupuesto del ejercicio fiscal 2014 se aprobó con la dispensa de dos debates, solicitada por el nacionalista por Olancho, Luis Javier Menocal. En la discusión participaron el viceministro del área de Ingreso de la Secretaría de Finanzas, Carlos Borjas y el director general de Presupuesto, Roberto Zúniga.

En el decreto, el 52 por ciento es destinado al pago de sueldos de la burocracia. El 10 por ciento, equivalente a 16 mil millones, es el monto para la inversión pública, mientras que 30 mil millones para el pago de la deuda pública y el déficit fiscal previsto es de 4.7 por ciento equivalente a unos 20 mil millones de lempiras.

Ley Orgánica

Entre otros temas, los diputados también aprobaron una nueva Ley Orgánica del Congreso Nacional que regulará el funcionamiento administrativo y operacional de ese poder del Estado para los próximos años.

La nueva ley sepultó el antiguo Reglamento Interno del Congreso Nacional, que estuvo vigente por más de 30 años desde el 24 de junio de 1982. La ley tiene por objeto regular la organización, el funcionamiento, los procedimientos legislativos y el ejercicio de las atribuciones que, de conformidad con la Constitución de la República, le corresponden al Poder Legislativo.

Consta de 91 artículos y deroga el antiguo Reglamento Interno y también deja fuera el procedimiento de ceremonias de instalación del Congreso Nacional, que incluía la obligación del Presidente de la República y del Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a brindar su informe anual.

Por otra parte, concentra igual poder en la figura del presidente del Congreso Nacional, reduce las comisiones legislativas y simplifica el trámite legislativo. Contempla, además, figuras que fomentan la opacidad, como declarar secreta la votación de los diputados, cuando así lo contemple la junta directiva a su conveniencia.

Y hay más
Conforme a la nueva forma de gobierno que impulsará el nuevo presidente Juan Hernández, el Congreso Nacional también aprobó reformas al sistema de la administración pública, y ahora el Sistema Integrado de Administración Financiera (Siafi), que sirve para que el gobierno pague los salarios de los empleados públicos y las deudas con proveedores de bienes y servicios, será manejado por la Presidencia de la República.

El diputado nacionalista por Francisco Morazán, Rodolfo Zelaya, explicó que las reformas se hicieron en concordancia con el plan de gobierno del presidente entrante Juan Orlando Hernández a fin de establecer una administración pública reducida, con mayores controles para evitar el exceso de gastos y la burocracia y para que sea más efectivo.

“Esto va en concordancia con el plan de gobierno de Juan Orlando Hernández y ya ha quedado aprobado para que el presidente tenga el control necesario de los gastos excesivos que se han tenido y aplicar una reducción del gobierno para hacerlo más efectivo”, acotó Zelaya.

Reforma electoral

También se aprobó uno de los artículos de las reformas propuestas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas que tiene que ver con el cambio de fecha para la celebración de las elecciones primarias que deberán realizarse el mismo año que se acuda a los comicios generales.

En ese sentido, la diputada proyectista Welsy Vásquez, se adhirió al dictamen emitido por la comisión especial que encabeza el nacionalista Antonio Rivera Callejas, quien informó que se aprobó que las elecciones primarias se practicarán a partir de 2017 el segundo domingo del mes de marzo.

En el debate varios diputados apuntaron que en esa fecha podría caer la Semana Santa, sin embargo, Rivera Callejas, indicó que ni el 2017 ni en 2021 ni en 2025, el segundo domingo de marzo cae en marzo sino que la Semana Mayor cae en abril.

Señaló que las demás reformas como la elección de diputados por distritos electorales, cocientes electorales, miembros de mesas electorales, traslados y segunda vuelta, serán temas que quedarán para ser discutidos por el próximo Congreso Nacional.

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/01/19/Pol%C3%ADtica/In.C.A/81039.html

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Designan nuevo procurador y subprocurador

Sábado 18 de enero de 2014

10:38 pm  – Redacción 

El Congreso Nacional nombró ayer a Abraham Álvarado y a Jorge Abilio Serrano Villanueva  como los sucesores de Ethel Deras y Ricardo Rodríguez, que presentaron sus renuncias el pasado jueves de manera intempestiva.

El Congreso Nacional nombró ayer a Abraham Álvarado y a Jorge Abilio Serrano como los sucesores de Ethel Deras y Ricardo Rodríguez.

El Congreso Nacional nombró ayer a Abraham Álvarado y a Jorge Abilio Serrano como los sucesores de Ethel Deras y Ricardo Rodríguez. ()

Tegucigalpa,

Honduras

Honduras tiene nuevo procurador y subprocurador.

El Congreso Nacional nombró ayer a Abraham Álvarado y a Jorge Abilio Serrano como los sucesores de Ethel Deras y Ricardo Rodríguez, que presentaron sus renuncias el pasado jueves de manera intempestiva.

Deras y Rodríguez culminaban su período el próximo 25 de enero, es decir dentro de seis días.

Esta decisión permitió al actual Congreso Nacional nombrar a sus sucesores antes de finalizar la actual legislatura.

En un inicio esta situación, catalogada por muchos como una jugada política, fue criticada por el Partido Liberal, la única fuerza política en oposición en el actual Congreso.

Si estos funcionarios no hubieran renunciado, sus sucesores debían ser nombrados por el nuevo Congreso Nacional.

Si bien la elección de ambos funcionarios es legal, para muchos no es moral.

El diputado Rigoberto Chang Castillo hizo la propuesta para nombrar en esos cargos a Abraham Alvarado y Jorge Avilio Serrano.

El Partido Liberal accedió a apoyar esta iniciativa, dado que Serrano es de filiación liberal.

El diputado liberal Ángel Darío Banegas pidió al proponente leer las hojas de vida de los ciudadanos antes de apoyar la propuesta.

Abraham Alvarado tiene 39 años de edad, nació en La Virtud, Lempira, es licenciado en ciencias jurídicas, abogado y notario.

Posee un doctorado en ciencias penales de la Universidad San Carlos de Guatemala, además tiene una especialidad en derecho penal y derecho procesal penal aunque su orientación es en derecho mercantil.

Entre tanto, Jorge Abilio Serrano, también nacido en el departamento de Lempira, cuenta con un master en derecho mercantil, es licenciado en derecho, abogado y notario.

Actualmente es pasante del doctorado en derecho en materia tributaria y derecho mercantil, que cursa en la Universidad San Carlos de Guatemala.
Luego de que se leyeran sus hojas de vida, diputados del Partido Nacional y Liberal alabaron las virtudes de cada uno de los propuestos.

Estos dos funcionarios estarán al frente de la Procuraduría General de la República por los siguientes cuatro años.

Dentro de sus funciones destaca la de representar al Estado en los tribunales de justicia.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Designan-nuevo-procurador-y-subprocurador

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Congreso acepta renuncias de Procuradora y subprocurador

Viernes 17 de enero de 2014

11:39 pm  – Redacción 

En el transcurso de este fin de semana estarían siendo nombrados los sustitutos de Ethel Deras y de Ricardo Rodríguez. Alegaron motivos personales, pero trascendió que irían a desempeñar cargos en la nueva administración.

Tegucigalpa,

Honduras

El Congreso Nacional aceptó las renuncias de la procuradora general de la República, Ethel Deras, y de Ricardo Rodríguez, subprocurador general , lo mismo que la renuncia del  comisionado de la Alianza Público Privada, Octavio Sánchez .

Ambos funcionarios de la Procuraduría concluían su periodo el 25 de enero, pero ante esta intempestiva renuncia se presta para que el actual Congreso nombre a sus sustitutos.

En base a ley, el Procurador y Subprocurador de la República son nombrados por el Congreso Nacional  saliente, a efecto que estos funcionarios puedan asistir a la toma de posición del nuevo gobierno.

A falta de 10 días para que culmine el actual gobierno, ambos funcionarios determinaron interponer sus renuncias a través de una notificación escrita, en la que adujeron motivos personales.

Según se informó, el 15 enero fueron enviadas las notificaciones de ambas renuncias ante la secretaría del Congreso Nacional y ayer en sesión del Pleno fueron expuestas a los parlamentarios.

Deras interpuso su renuncia del cargo y agradeció al Congreso Nacional la confianza depositada en su persona para ostentar dicho cargo.

La funcionaria fue electa titular de la PGR el 27 de enero de 2010.

Igualmente, la renuncia del sub procurador, Ricardo Rodríguez, también fue expuesta a los diputados y posteriormente aceptadas por el pleno de diputados.

Los legisladores tendrán que nombrar a los sustitutos en las próximas horas.

Aunque muchos diputados entienden que la elección en la actual legislatura es legal, no la consideran moral.

Uno de ellos fue el diputado liberal, Teófilo Enamorado, quien afirmó que la renuncia de los funcionarios los tomó por sorpresa.

En iguales términos se expresó el diputado Mario Rivera Vásquez, quien consideró que las renuncias son parte de la estrategia y la “hemorragia de leyes” que viene aprobando en los últimos días el Congreso y la bancada nacionalista que tiene mayoría.

Luego de que a los funcionarios les aceptaran las renuncias comenzaron a barajarse los nombres de los posibles nuevos procuradores. Marvin Ponce fue el primero en lanzar una pista.

Dijo que en los corrillos parlamentarios se mencionó a Daniel Flores, diputado nacionalista por Atlántida y a Olman Maldonado, otro mencionado.

Flores aseguró que si bien es profesional del Derecho no tiene el título de notario por lo que no reúne los requisitos para asumir ese cargo.

Cargos

Trascendió que la ahora ex procuradora, Ethel Deras, ocupará la titularidad de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) , en la gestión de Juan Hernández que comienza el próximo 27 de enero.

En el caso de Octavio Sánchez , este funcionario tomó posición de este cargo en marzo de 2013 y su renuncia obedece a que pasará a ocupar un alto cargo dentro de la estructura del nuevo gobierno en el Poder Ejecutivo.

Anoche se barajaban los nombres de los diputados Antonio Rivera Callejas , nacionalista y Osmar Aguilar , liberal, como virtuales procurador y subprocurador de la República, pero ambos son diputados electos y deberán pedir permiso al próximo Congreso para desempeñar esos cargos.

En las próximas horas

Por su parte, el diputado Orle Solís de la Democracia Cristiana , aseguró que en las próximas horas podría elegirse a los sustitutos de Deras y Rodríguez, porque cumplen una función delicada en defensa de los interesés del Estado.

Sin embargo, reconoció que los funcionarios tienen la garantía constitucional para renunciar a sus puestos cuando lo estimen conveniente.

El Estado no puede estar sin representantes, en consecuencia procede que haya alguna iniciativa de cualquier diputado para elegir a los sustitutos de los dos funcionarios.

Agregó que el Congreso se mantiene en sesión permanente, incluyendo el próximo lunes, por lo que la selección se haría en “cualquier momento”.

La instituciones

Los nuevos titulares de la PGR  y de la Superintendencia de Concesiones  estaba previstos que fueran electos para el próximo Poder Legislativo , entidad que no estará dominada por el Partido Nacional.

Al igual que los funcionarios que renunciaron a sus cargos, el próximo Congreso Nacional debe elegir a los nuevos magistrados el Tribunal Supremo Electoral (TSE) , Registro Nacional de las Personas (RNP) , Procuraduría General del Ambiente .

De estas instituciones necesitarán la mayoría calificada el TSE  y el  RNP , cuyas nuevas autoridades deberán estar nombradas en el mes de mayo.

También demanda el voto favorable de las dos terceras partes el nombramiento de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Superior de Cuentas, pero estos cambios serán hasta el año 2016, siempre en el mismo período legislativo.

Por mayoría simple (65 diputados) será nombrado el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, cuyo titular, Ramón Custodio, termina su período el 8 de marzo.

Anoche corrió la versión en los pasillos de la Cámara Legislativa que Custodio estaría próximo a presentar su renuncia, sin embargo, el extremo nunca fue confirmado debido a que en el hemiciclo no se leyó ninguna misiva de parte del Ombudsman hondureño.

Para el período 2014 también tocaba al nuevo Congreso elegir al Fiscal General y al Fiscal General Adjunto , pero estos funcionarios fueron electos el año pasado en el marco de un polémico debate entre las fuerzas políticas y la Sociedad Civil.

Para este efecto el Partido Nacional  alcanzó consenso con un grupo de diputados liberales.

FUente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Congreso-acepta-renuncias-de-Procuradora-y-subprocurador

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TSE y RNP estrenarán autoridades en 2014

12 de Enero de 2014

10:00PM   – Redacción:  redaccion@laprensa.hn

Congreso Nacional irá a votación para definir los nuevos jefes de la Procuraduría General y Procuraduría del Ambiente

El actual Congreso Nacional se adelantó el año pasado a nombrar a las autoridades de la Fiscalía General del Estado.
El actual Congreso Nacional se adelantó el año pasado a nombrar a las autoridades de la Fiscalía General del Estado.

Tegucigalpa. Este año, el Congreso Nacional deberá nombrar con mayoría simple y voto calificado a los funcionarios de varias instituciones, y debido a que ningún partido tendrá aplanadora podría tener problemas de consenso.

Las negociaciones que se realizan en estos momentos para la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso será determinante para la posterior distribución de los cargos de varias entidades.

Es posible que el partido o los partidos que formen parte de la directiva del Poder Legislativo también se repartan las instituciones que tendrán nuevas autoridades.

 

Nombramientos

Entre las instituciones que cambiarán de funcionarios están el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Registro Nacional de las Personas (RNP), Procuraduría General de la República, Procuraduría General del Ambiente y Superintendencia de Concesiones.

De estas instituciones necesitarán la mayoría calificada el TSE y el RNP, cuyas nuevas autoridades deberán estar nombradas en mayo.

También demanda el voto favorable de las dos terceras partes el nombramiento de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Superior de Cuentas, pero estos cambios serán hasta el año 2016, siempre en el mismo período legislativo.

Por mayoría simple (65 diputados) será nombrado el comisionado nacional de los Derechos Humanos, cuyo titular, Ramón Custodio, termina su período el 8 de marzo.

También necesitarán mayoría simple el procurador y subprocurador general de la República. Tocaba al nuevo Congreso elegir este año al Fiscal General y al Fiscal General Adjunto, pero estos funcionarios fueron electos el año pasado en el marco de un polémico debate entre las fuerzas políticas y la sociedad civil.

Para este efecto, el Partido Nacional alcanzó consenso con un grupo de diputados liberales.

En mayo de este año, el Congreso deberá nombrar a los cuatro magistrados del TSE (tres propietarios y uno suplente) y lo mismo deberá hacer con los integrantes del Directorio del RNP. Las reformas políticas apuntaban a un cambio de estructuras en el TSE, pero ya se descartó esta idea, informó el diputado Antonio Rivera Callejas.

 

Escenarios posibles

Para alcanzar la mayoría calificada (86 diputados), el Partido Nacional -que logró 48 diputados- requerirá del voto de 38 diputados. ¿De dónde los obtendrá? Esto lo podría lograr -en un primer escenario- con los 37 diputados del partido Libre, con los cuales sumaría 85 votos, pero necesitaría uno que saldría de la DC, Pinu o Unificación Democrática, que sacaron un diputado cada uno.

Este escenario es poco probable porque el coordinador de Libre, Manuel Zelaya, dijo que su mayor deseo es que las fuerzas opositoras formen una sola alianza para elegir la directiva del Congreso.

Sin embargo, no se descarta una negociación entre Libre y el Partido Nacional a juzgar por el interés político de Libre de tener una Asamblea Constituyente y tener un magistrado propietario en el TSE, para no verse en desventaja en las próximas elecciones generales.

Un segundo escenario que se presenta es una alianza entre el Partido Nacional con el Liberal, pero ambos solo suman 75 diputados. Les faltarían once para completar las dos terceras partes. Los tres partidos minoritarios solo aportarían tres, con lo que completarían 80 (les faltarían seis, que tendrían que salir de Libre o del Pac).

Un tercer escenario es una alianza entre los partidos de oposición: Libre, Partido Liberal, Pac, DC, UD y Pinu.

Los seis partidos suman 80 diputados, suficientes para elegir la nueva directiva del Congreso Nacional (incluyendo al presidente); pero les faltarían seis diputados para constituir la mayoría calificada.

Estos seis tendrían que salir del Partido Nacional, lo cual es imposible. El cuarto escenario es que los siete partidos logren un consenso y se repartan proporcionalmente, en función de los resultados de las últimas elecciones, los cargos del Congreso y del resto de instituciones.

Pero, si este escenario se diera, ¿qué partido presidiría el Congreso? Un quinto escenario sería que el PN consiga los 17 votos del PL, DC, UD y Pinu para escoger al nuevo presidente del CN. Del PL, doce diputados ya se reunieron con Presidente electo.

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/442308-96/tse-y-rnp-estrenaranautoridades-en-2014

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Sociedad Civil exige al nuevo CN no “repartirse el pastel” del Estado

Escrito por Redacción en Mar, 12/10/2013 – 16:22

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Sociedad Civil exige al nuevo CN no “repartirse el pastel” del Estado
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Porque debilita la institucionalidad pública y desprestigia a la clase política, el Grupo Sociedad Civil (GSC), pidió a los futuros legisladores privilegiar los intereses colectivos al elegir a los altos funcionarios del Estado. “No pueden seguir con esa detestable tradición histórica de repartirse el pastel del Estado, al nombrar a los titulares de los órganos contralores, entidades operadoras de justicia y otras instituciones gubernamentales” dijo Omar Rivera Pacheco, director del GSC.
El dirigente de la Sociedad Civil., informó que en los próximos meses, los diputados del Congreso Nacional (CN), deben elegir a los funcionarios que dirigirán a importantes instituciones del Estado, entre las que se destacan el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Procuraduría General de la República (PGR), Tribunal Supremo Electoral (TSE), Registro Nacional de las Personas (RNP), Superintendencia de Concesiones y Licencias, Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Espero que las alianzas y pactos que se puedan generar en el Poder Legislativos, no sean para repartirse cargos públicos e intentar con eso proteger sus intereses personales o de grupo; Honduras, no está para que las instituciones se utilicen para cubrir con el manto de la impunidad a quienes cometen delitos y ejecutan actos de corrupción” dijo Rivera Pacheco.
El director del GSC, también señaló que debe procederse –tal cual lo recomendó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)- a la aprobación de una legislación que regule los procesos de audiencias públicas para la elección de estos funcionarios estatales. Según una de las recomendaciones de la CVR, “el CN debe completar la tramitación del proyecto de ley especial de audiencias públicas para la selección y nombramiento de altos funcionarios del Estado”, que son cargos de elección directa de ese Poder del Estado: Magistrados del TSC, Magistrados del TSE, Director y Sub Director del RNP, Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público (MP), Procurador y Sub Procurador General de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Superintendente de Concesiones y Licencias, y Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Finalmente, Omar Rivera Pacheco, manifestó que “las juntas proponentes de candidatos a estas posiciones deben están conformadas mayoritariamente por miembros de organizaciones pertenecientes a la Sociedad Civil y debe elegirse a aquellos profesionales que prueben tener la mejor formación académica,  amplia experiencia profesional y honestidad”.

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