Archivos para 28/05/13

MARCA advierte derramamiento de sangre por fallo de la CSJ

Tegucigalpa – El conflicto de tierras En Honduras parece no encontrar una salida a esa problemática. Este martes, varios grupos aglutinados en el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), advirtieron de un posible derramamiento de sangre en caso que sean desalojarlos de sus tierras.

Luego de un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de los juzgados de Trujillo, Colón, que dejó sin valor ni efecto una resolución que ahora favorece a los empresarios de esa zona caribeña, el grupo MARCA advirtió de posibles consecuencias en los próximos días.

 Dichas declaraciones fueron vertidas durante una conferencia de prensa en la que participaron representantes de las cooperativas: La Trinidad, San Isidro y Despertar, las que llegaron desde el Bajo Aguán, Caribe de Honduras.
 Rubén Cedillo, del grupo Despertar, manifestó que el fallo emitido en los juzgados de Trujillo, favoreció a los empresarios, por lo que en los próximos días varios grupos campesinos serán objeto de desalojos.
 “Estamos bajo amenaza de un posible desalojo que se puede llevar a cabo en los próximos días en el Bajo Aguán, en las cooperativas La Trinidad, San Isidro y Despertar”, informó.
 En ese sentido, advirtió que “estamos haciéndoles saber a la comunidad nacional e internacional y a los tres poderes de Estado, que los responsabilizamos por cualquier derramamiento de sangre que pueda ocurrir en el Bajo Aguán”.
 Añadió que no cederán esas tierras, porque son de sus propiedades y que están dispuestos a ofrendar sus vidas.
 “Somos los únicos dueños y estamos dispuestos a ofrendar las vidas y mantenernos en pie de lucha, no vamos a ceder nuestras tierras porque sabemos que nos pertenecen”, enfatizó.
 Recordó que ya son unos 75 campesinos los que han perdido la vida en conflicto de tierras, pero que 900 familias más están dispuestas a morir por esa causa.

Por lo que, reiteró: “estamos dispuestos a enfrentarnos a cualquier problema que se nos venga en el Bajo Aguán, si es necesario vamos a ofrendar las vidas de nosotros y de muchos compañeros más para defender la tierra, son dos mil 900 familias que estamos aglutinadas en el MARCA y no hay ninguna que tenga miedo a las balas”.

 Según Cedillo, las órdenes de desalojo ordenan que el siete de julio, los campesinos sean despojados de las tierras.

Además aseguró que ellos cuentan con la documentación que los acredita como legítimos dueños de esos terrenos.

“Tenemos las armas de los documentos”

 “Por los momentos tenemos armas, pero son las de la fuerza para defender nuestras tierras, las armas que tenemos es la documentación que nos acredita que somos únicos y legítimos dueños”, subrayó.
 Según lo informado, el 29 de junio del 2012, los campesinos de MARCA, lograron tomar posesión de esas tierras con el apoyo del ya fallecido abogado Antonio Trejo, de acuerdo al fallo adquirido.
 Asimismo, el pasado 15 de febrero del presente año, emitieron un fallo a favor de los campesinos y ocho días después admitieron un recurso de reposición y por lo que las tierras pasan a favor de los empresarios.
 Por su parte, Rafael Alegría, hizo un llamado a los organismos de justicia, al gobierno de la Republica y al Congreso Nacional para que se instale una mesa de debate en relación al tema.
 Igualmente se sumó a las amenazas de los campesinos de MARCA en torno a la existencia de un supuesto derramamiento de sangre en la zona.
 “Ahora lo que está en peligro con estos fallos, son más derramamiento de sangre en el Aguán”, puntualizó.
 Hace unos días, el sector campesino del norte de Honduras, se declaró en “estado de alerta” tras la muerte de tres labriegos en la comunidad de San Manuel, Cortés.

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Pandillas de Honduras declaran tregua

Por ALBERTO ARCE

Associated Press

SAN PEDRO SULA, Honduras — En una declaración histórica ante la prensa los portavoces nacionales de las dos pandillas más poderosas de Honduras, Barrio 18 y Mara Salvatrucha, ofrecieron el martes una tregua y un cese de la violencia, pidieron perdón a la sociedad y el gobierno por el daño causado y llamaron a las autoridades a abrir un diálogo para la pacificación del país a cambio de un espacio de rehabilitación y trabajo para sus miembros.

“Ofrecemos cero violencia en las calles, cero crímenes, éste es sólo un primer paso y lo vamos a demostrar con los hechos”, sostuvo un integrante de Mara Salvatrucha que dijo llamarse Marco y habló en representación de los miembros de su organización tanto en el interior de los penales como en las calles.

El pandillero añadió “nuestra tregua es con dios, con la sociedad y con las autoridades. Pedimos perdón, le pedimos perdón a la sociedad y a las autoridades por el daño que les hemos hecho” y propuso “jalemos todos por un mismo lado, tendemos la mano, queremos trabajar para darle ejemplo a nuestros hijos y nuestras familias”.

El portavoz explicó que la vigencia de la tregua es inmediata y abarca todo el territorio de Honduras. “Hablo en nombre de toda nuestra organización, en el interior de los penales y en las calles de todo el país, todos los muchachos saben a partir de hoy lo que tienen que hacer”.

Respecto de las extorsiones que su organización cobra a pequeños empresarios, transportistas y ciudadanos, el portavoz dijo que “no hablemos aún de extorsiones, vayamos paso a paso, primero cero crimen y cero violencia, y para detener la violencia que perjudica a los seres humanos empecemos a hablar de encontrar la manera de desenvolvernos”.

El portavoz de Mara Salvatrucha también explicó que se detendría el reclutamiento de nuevos miembros para su organización. “No vamos a permitir que nadie ingrese en nuestra organización aunque quiera hacerlo” explicó. “Yo tuve la mala suerte de acabar en esto y no se lo deseo a los niños”, afirmó.

“Queremos una oportunidad de ser útiles a la sociedad y a nosotros mismos. Lo hacemos por nuestras familias”, dijo. “Quiero que mi hijo sea doctor o camarógrafo y no pandillero”, añadió el portavoz de Mara Salvatrucha en un discurso repleto de referencias a la ausencia de trabajo y la falta de oportunidades con las que dicen haberse encontrado.

Agregó que “en nuestros barrios están los jóvenes que se introducen a este tipo de vida y para ellos no pedimos más que trabajo para conciliar el dinero que ganamos con el sudor de nuestra frente, queremos que el gobierno nos ayude a que nuestros jóvenes aprendan un oficio para que no sean como nosotros, que no tuvimos oportunidades y tuvimos que agarrar el lado más caro”.

Con una tasa de 85,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, Honduras es considerada la nación más peligrosa del mundo sin conflicto bélico. Eso significa que alrededor de 20 personas mueren violentamente cada día.

Los pandilleros designaron como mediadores con el gobierno al obispo auxiliar de San Pedro Sula Rómulo Emiliani y al embajador Adam Blackwell, secretario de Seguridad Multilateral de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Emiliani, que calificó la jornada de “histórica para Honduras”, afirmó que “los pandilleros han prometido cero crímenes y cero violencia, pero ellos no son los únicos responsables de la violencia que hay en el país. Ahora es el turno del gobierno, el proceso ha empezado, ahora ellos deben hablar”.

El portavoz de Mara Salvatrucha enfatizó que “somos personas y una organización con disciplina y lo que decimos es lo que se va a cumplir. Hemos dado el primer paso, a partir de hoy las cosas serán diferentes”.

Los pandilleros dieron dos ruedas de prensa diferentes en el interior de sus respectivas celdas colectivas. Pocos minutos después, un portavoz de Barrio 18 con la cara tapada por un pañuelo y que rehusó identificarse ante la prensa se sumó al proceso acompañado de varios miembros de su organización.

“Se trata de una tregua con la sociedad. Muchos inocentes han sido afectados por la violencia y ofrecemos lo mismo que el otro grupo… Todos estamos dispuestos. Damos nuestra palabra de reducir el índice de violencia a partir de hoy mismo, cero violencia para reintegrarnos a la sociedad como padres y seres humanos”, dijo el miembro de Barrio 18, que sólo puso una condición para el diálogo “que la policía deje de matarnos”.

“Hemos cometido errores, he cometido maltratos y nos han maltratado a nosotros, queremos un cambio que detenga esta dinámica en la sociedad”, dijo el miembro de Barrio 18 que también ahondó en la falta de oportunidades. “Han sido la falta de ingresos y trabajo lo que nos empujó a llevar esta mala vida” agregó.

Barrio 18 a través de su portavoz insistió que “nuestras familias pagan por nuestros errores, nuestros hijos son discriminados, nuestras mujeres maltratadas, se nos persigue y en vez de detenernos, la policía nos ejecuta”.

El miembro de Barrio 18 explicó que “el diálogo es con el gobierno, nosotros vamos a respetar al otro grupo (Mara Salvatrucha) y ellos van a respetarnos a nosotros, vamos a respetar los territorios y van a darse buenos resultados”.

Agregó respecto de los plazos que se abren a partir del martes que no van “a marcar el tiempo. Sabemos que el gobierno hace lo que puede con los medios que tiene. Esperemos, esperemos que actúen de buen corazón”.

El lunes el presidente Porfirio Lobo declaró a The Associated Press que va “a poner a disposición (del obispo Emiliani) todo lo que necesite. En nombre de Honduras tengamos fe en la iniciativa” porque “todo lo que sea una alternativa a la violencia hay que buscarlo” y “la voluntad por parte del gobierno está expresada, estamos abiertos a cualquier proceso que disminuya la violencia”.

Existe escepticismo sobre la incidencia real en una disminución de la violencia que este proceso pueda conllevar.

Un informe de la Oficina de Naciones Unidas Contra el Delito de 2010 con datos de la Policía Nacional de Honduras reflejaba que sólo 30% de los homicidios cometidos en el país estaba relacionado con la violencia generada por las pandillas.

Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional de Honduras y fundadora del Observatorio de la Violencia dijo a la AP que “la dinámica de homicidios en el país va más allá de las pandillas y refleja la existencia de múltiples actores difíciles de señalar”.

Castellanos afirmó que “el Estado no debe subordinarse a una negociación con el delito” y que “ningún acuerdo con criminales puede utilizarse para aumentar el grado de impunidad en el país”.

El secretario Blackwell ha jugado un rol muy activo como negociador en una tregua similar entre Barrio 18 y Mara Salvatrucha en el vecino El Salvador que desde marzo de 2012 ha reducido el índice de homicidios a la mitad.

“Yo utilizo el término proceso de paz para definir lo que está sucediendo en El Salvador y ahora aquí. La violencia en Centroamérica tiene los mismos niveles que países en guerra y en el caso de Honduras se trata del país con mayor índice de homicidios del mundo. Hay que comenzar a construir la confianza desde algún lugar y será la propia comunidad, la calle, la que nos dirá rápidamente si esto funciona o no, si se sienten mejor, eso podremos verlo todos”, dijo Blackwell a la AP.

Blackwell quiso ser optimista sobre la tregua de las pandillas en Honduras. “Si hace 14 meses en El Salvador alguien nos hubiese dicho que esto iba a funcionar, nadie lo hubiera creído”.

“Salgo ahora mismo hacia Tegucigalpa para hablar con el presidente Porfirio Lobo y con el ministro de Seguridad Arturo de Corrales”, afirmó Blackwell a la salida de la celda colectiva de Barrio 18.

Aparentemente no hay condicionantes para la tregua pero Blackwell hizo hincapié en la situación carcelaria de los pandilleros.

“Hay que empezar a trabajar desde hoy mismo con mucha perseverancia en mejorar el sistema carcelario de Honduras, absolutamente colapsado y en posibilidades de reinserción para estas personas, que han cometido crímenes horribles pero en las que tenemos que depositar fe si queremos la paz”, dijo Blackwell.

http://www.elnuevoherald.com/2013/05/28/v-fullstory/1486517/pandillas-de-honduras-declaran.html#storylink=cpy

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CPTRT denuncia intensiones de militarizar centros penales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), denunció hoy en conferencia de prensa una posible militarización de los diferentes centros penales del país, el próximo tres de junio.

El próximo lunes la Comisión de Transición del Sistema Penitenciario, integrada por los abogados José Augusto Ávila González, Servando Alcerro Saravia y Delmy Anarda Banegas Padilla, deben asumir el control de los 24 centros penales del país.

Según el director ejecutivo del CPTRT Juan Almendarez Bonilla, han “tenido conocimiento de un rumor difundido que este tres de junio se van a militarizar los centros penales”.

“Estamos totalmente en contra de la militarización de los centros penales porque las estructuras policiales y militares no han sido capaces de manejar y además de acuerdo a la propia ley tienen que tener un control civil”, señaló Almendarez.

Recomendaciones de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecen que se “garantizará que el personal esté integrado por empleados y funcionarios idóneos, de uno y otro sexo, preferentemente con condición de servidores públicos y de carácter civil. Como regla general, se prohibirá que miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas ejerzan funciones de custodia directa en los establecimientos de las personas privadas de libertad, con la excepción de las instalaciones policiales o militares”.

Por su parte el coordinador la comisión manifestó que de concretarse la denuncia pondría su renuncia al cargo inmediatamente.

Almendarez calificó como histórico “el paso de una estructura que ha estado controlada por los militares y la policía históricamente” a una instancia civil que significa una ganancia para los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Ante la denuncia, diferentes organizaciones como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura MNP-CONAPREV, La Pastoral Penitenciaria, La Alianza por los Derechos Humanos y el representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras el doctor Efraín Pérez, mostraron su preocupación y su apoyo a la Comisión de Transición.

El defensor de los derechos humanos hizo un llamado a “la conciencia nacional e internacional” para acompañar a la Comisión de Transición el proceso que se iniciará el próximo tres de junio.

Hoy, una comisión de diferentes instancias de derechos humanos tienen previsto una reunión con autoridades de los centros penales, mientras se está solicitando de urgencia con otras entidades como el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para tratar el asunto del traspaso de mando.

La comisión es la máxima autoridad del Sistema Penitenciario para los próximos dos años y tiene el mandato de organizar el nuevo Instituto Penitenciario, previsto en la nueva Ley que entró en vigencia el pasado mes de diciembre.

Representante de la ONU manifiesta preocupación

El representante del Alto Comisionado manifestó que “vemos con mucha preocupación el anuncio y considero que es fundamental este reclamo, considero que las cárceles no deben estar en manos del ejército”.

El alto funcionario agregó, que así como las funciones de la policía no pueden estar en manos del ejército, tampoco las mismas cárceles porque hace parte de ese principio universal de protección de los derechos humanos.

“Las cárceles están llenas de personas, que no vengo aquí a juzgar eso lo deben hacer los jueces, pero independientemente de que hayan actuado bien o mal siguen siendo seres humanos” afirmó Pérez.

El defensor de los derechos humanos cuestionó, que “cuando un estado desciende el peldaño al mismo nivel que el delincuente, el Estado no es mejor que víctima y se convierte en otro verdugo más, otro delincuente”.

Esa misma preocupación fue manifiesta por los miembros del CONAPREV, una instancia estatal con participación de la sociedad civil, que trabaja contra la tortura y tratos crueles en diferentes centros de detención del país incluidos los hospitales psiquiátricos.

http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/cptrt-denuncia-intensiones-de-militarizar-centros-penales

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Abogan por el fin a la impunidad en el asesinato de periodistas en Honduras

Por:Ernesto Carmona / Ciap-Felap / MapochoPress
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- “Es necesario demostrar que en Honduras se quiere investigar lo que está pasando en este gremio profesional y asegurar mayores condiciones para el ejercicio periodístico”, reclamó ayer la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana A. Pineda H., en vísperas del Día del Periodista Hondureño, instituido el 25 de mayo, hoy.
Al mismo tiempo, recrudece el debate político sobre una nuevo marco jurídico para el negocio de las telecomunicaciones que divide en tres sectores el espectro radioeléctrico público, 33% comunitario, 33% privado y 34% del Estado, severamente resistido por los grandes medios, tal como ocurrió en Argentina, Ecuador, Venezuela y otros países.
Llaman a terminar con la impunidad
En Honduras sólo se han judicializado 6 de los 34 asesinatos de periodistas y comunicadores sociales registrados desde 2003, recordó la ministra Pineda, en un acto conmemorativo del “Día cultural por la libertad de expresión y la defensa de la agenda de Derechos Humanos”, que demandó una investigación efectiva de 34 asesinato de periodistas y comunicadores sociales contabilizados entre 2003 y 2013.
La secretaria de Estado, que promueve agendas de libertad de expresión y de derechos humanos, exigió justicia y resultados efectivos en la investigación del asesinato de 34 periodistas. “El Ministerio Público tiene que pasar por un proceso de revisión interna y evaluación de su desempeño, lo mismo debe hacer la Secretaría de Seguridad para que obtengan resultados efectivos”, exigió la ministra.
“Las instituciones creadas para investigar y enjuiciar deben trabajar para alcanzar mayores resultados, en virtud que el universo de muertes violentas manda un mensaje de alta impunidad, ya que sólo se han  judicializado 6 casos, lo que demuestra que hay que hacer mayores esfuerzos”, dijo. “Es necesario demostrar que en Honduras se quiere investigar lo que está pasando en este gremio profesional y asegurar mayores condiciones para el ejercicio periodístico”.
En Honduras sólo se ha condenado al autor del homicidio de Georgino Orellana, asesinado el 20 de abril de 2010 al salir de su trabajo, en Televisión de Honduras (TVH), en San Pedro Sula. Según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Cultura y Desarrollo (Unesco), Honduras es el país con la mayor tasa per cápita de asesinatos de periodistas.
Conflicto político de fondo
Los grandes medios, que apoyaron la dictadura Micheletti (28/6-2009 al 27/05-2010) e ignoraron sus crímenes, incluidos los de periodistas, ahora levantan la impunidad de esos asesinatos como bandera de lucha en su confrontación con un proyecto de ley que establece un nuevo marco legal a las telecomunicaciones y se encuentra en discusión en el congreso, impulsado por la cartera de Ana Pineda.
El proyecto, enviado al parlamento por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), recoge algunas recomendaciones de Frank La Rue, relator de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, sobre telecomunicaciones y medios de comunicación, formuladas tras el Examen Periódico Universal. También contiene otras de la Comisión [local] de la Verdad y la Reconciliación y cuenta con el apoyo de las radioemisoras comunitarias y numerosas organizaciones populares, comunitarias, étnicas y de derechos humanos.
El proyecto, que fue resultado de cuatro ruedas de conversaciones amplias del presidente Porfirio Lobo con todos los sectores involucrados, básicamente propone democratizar el espectro radioeléctrico dando cabida a sectores postergados, como las comunidades indígenas y afro-hondureñas.
En el espectro radioeléctrico, que teóricamente pertenece a todos los habitantes a través del Estado, se establecerían tres rangos de frecuencias radioeléctricas para medios de comunicación comerciales-privados (33%), públicos (34%) y comunitarios (33%), que beneficiarían a poblaciones indígenas y afro-hondureñas. También se limitaría las frecuencias de una misma persona para evitar concentración monopólica.
Los grandes medios de Honduras están en contra de esta iniciativa gubernamental. Diarios y canales de TV, que a veces tienen el mismo propietario, a menudo ignoran, desvirtúan o minimizan noticias protagonizadas por la ministra Pineda y no dan cabida al contenido real del proyecto de reforma del espectro radioeléctrico. Más bien tergiversan la probable democratización llamándola “ley mordaza” y “atentado a la libertad de expresión”, tal como ha ocurrido en Ecuador, Argentina y otros países que han modernizado esta legislación.
La 10 familias que integran la elite propietaria del país también están representadas en la Asociación de Medios de Comunicación, que dominan reconocidos dueños de grandes medios, como José Rafael Ferrari Sagastume (Grupo Televicentro Canal 5, Telecadena 7y4, Telesistema 3y7, MegaTV, Multivisión, Multidata y Multifon), Jorge Canahuati Larach (La Prensa, El Heraldo, Diez, Estilo y negocios de otros rubros) y Carlos Flores Facussé (La Tribuna y Lithopress Industrial, impresora).
Los dueños de medios también incorporaron a su causa a algunos de sus empleados, cuyas opiniones constituyen “noticia” y ameritan destacados titulares cuando critican a la ministra Pineda, identificada con la propuesta de reforma a las telecomunicaciones.
Por ejemplo, el presidente del Colegio de Periodista de Honduras (CPH), Juan Ramón Mairena, dijo ayer: “Exigimos que se concluyan las investigaciones de los asesinatos contra periodistas, que se dé con los culpables y que sean sometidos a la ley; exigimos que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos implemente lo antes posible el Plan de Acción Sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad que impulsa las Naciones Unidas y que se olvide de una vez por todas de andar promoviendo leyes mordazas que solo dividen a la sociedad hondureña”.
La ministra Pineda también es criticada porque piensa que el rol del periodista y comunicador social “debe ahondar permanentemente en el papel que juega en la sociedad buscando siempre ser, antes que vocero del poder, vocero de la sociedad a la cual se debe”. (…) “Los  medios de comunicación y la necesidad que la libertad de prensa sea independiente, lo que permitirá que el propietario del medio de comunicación o el gobierno se alejen del control de contenido editorial y evite perjudicar la ética profesional y el interés público para lo que resulta imprescindible la adopción de la cláusula de conciencia en los contratos laborales”. (…) Es necesario que “los periodistas y comunicadores cuenten con la protección especial del Estado para que se desenvuelvan en condiciones de un entorno seguro para su vida e integridad personal”. (…) “Honduras ya cuenta con un Anteproyecto de Ley para la protección de defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores y operadores de justicia, que ha sido socializado a nivel nacional con la participación activa de la sociedad civil y sólo falta que la Secretaría de Finanzas precise los recursos económicos”.
También Ramón Custodio, Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), señaló en un informe al Congreso Nacional en marzo 2013 que “en 35 meses de gestión de gobierno de Porfirio Lobo Sosa [quien asumió el 27 de enero 2010] al menos 27 comunicadores sociales perdieron la vida en forma violenta, cantidad que representa el 79 por ciento del total de homicidios registrados contra miembros del gremio de periodistas desde el año 2003″. El informe de Custodio es un aporte contra la impunidad, aunque denuncia los asesinatos pensando en la nueva legislación de telecomunicaciones que propone el gobierno Lobos: “Lo que estamos viviendo es un clima de continua amenaza a la libertad de pensamiento y de expresión”.
El Informe Custodio fue refritado hoy sábado 25 como “noticia” por El Heraldo, incluyendo una lista de 23 periodistas asesinados en Honduras desde 2010, otro buen aporte informativo, pese a que las cifras no coinciden con las de Custodio:
  1.- Nicolás Asfura  – 17 de febrero de 2010
  2.- Josep Hernández – 1 de marzo de 2010
  3.- David Meza Matamoros  – 11 de marzo de 2010
  4.- Nahúm Palacios  – 14 de marzo de 2010
  5.- Víctor Manuel Jesús Juárez  – 26 de marzo de 2010
  6.- José Bayardo Mairena  – 26 de marzo de 2010
  7.- Luis Chévez  – 11 de abril de 2011
  8.- Georgino Orellana  – 20 de abril de 2010
  9.- Luis Mondragón  – 15 de junio de 2010
10.- Gabriel Fino Noriega  – 2 de julio 2010
11.- Israel Zelaya  – 24 de agosto de 2010
12.- Henry Suazo – 28 de diciembre 2010
13.- Héctor Medina  – 11 de mayo de 2011
14.- Luis Ernesto Mendoza – 19 de mayo de 2011
15.- Adán Benítez – 4 de julio de 2011 Nery
16.-Jeremías Orellana – 14 de julio de 2011
17.- Medardo Flores  – 8 de septiembre de 2011
18.- Luz Marina Paz  – 6 de diciembre de 2011
19.- Saira Fabiola Almendares – 1 de marzo de 2012
20.- Fausto Elio Hernández – 11 de marzo de 2012
21.- Noel Valladares Escoto  – 24 de abril de 2012
22.- Erick Martínez Ávila  – 7 de mayo de 2012
23.- Alfredo Villatoro – 15 de mayo de 2012
Opiniones disidentes
“Democratizar los medios de comunicación es darle participación y recursos a los sectores populares”, aseguró Gilda Silvestrucci, destacada periodista hondureña, coordinadora de la revista noticiosa “En La Plaza”, de Radio Globo y representante de Ciap-Felap. “Los sectores populares son los más vulnerables por que no tienen acceso -y requieren ese acceso- a los medios de comunicación y el hecho de democratizar es darle esa participación y los recursos, y por eso es necesario plantear una norma como la Ley de Telecomunicaciones; es una lucha de David y Goliat”, dijo.
“Cuando los medios callan las paredes hablan”, fue la primer expresión que se le vino a la mente a Gilda Silvestrucci cuando se pintaban las paredes de las calles de Tegucigalpa durante el golpe de Estado que comenzó el 28 de junio del año 2009, al ver la restricciones del acceso a los medios de comunicación en Honduras. Silvestrucci afirmó que Honduras ha estado manejada por un grupo pequeño de empresarios que han afectado a la población, colocándola en una situación de pobreza, de calamidad, mientras nuestras poblaciones indígenas están marginadas y no tienen acceso a la tierra; ellos no quieren que estas voces se escuchen en contra de sus intereses.
“La democracia no es ir a votar cada cuatro años, la democracia es darle a la población las condiciones de una vida digna  y esto es cuando la gente sale y denuncia los actos de corrupción y los actos que se cometen y que no hayan grupos pequeños privilegiados ni grandes grupos postergados”.
Según la comunicadora, para construir este proceso de democratización debe haber primero “una ley que no esté vinculada a la crisis política, económica y empresarial con el gobierno y esta ley que se está promoviendo es la indicada para los tiempos actuales y también un organismo que se encargue del cumplimiento de esta reforma.
“Aquí en Honduras se ha confundido la libertad con el libertinaje y no es libertad atacar a una persona o al gobierno sólo porque no está acorde a sus intereses del momento. Lo que se dio en el pasado gobierno de Manuel Zelaya Rosales, y en otros gobiernos, por no otorgar licitaciones a empresas relacionadas a estos medios grandes de comunicación”, explicó.
Silvestrucci estima que “democratizar no es censurar, pero si hay que regular, y regular no es silenciar lo que se va decir, si no tener mejor control en el amarillismo, la programación y se ha irrespetado la vida misma cuando se abusa de imágenes no agradables en la parte audiovisual”.
“La misma ciudadanía está acostumbrada a consumir el sensacionalismo, el amarillismo que tanto se da en los medios desde las mañana temprano viendo directamente las partes afectadas de la persona humana y este comité que se va crear debe educar a la misma población de que eso esta malo de que se les está afectando en su salud mental”, añadió.
Para Silvestrucci, entre otros abusos “los grandes medios de comunicación han sido beneficiados por décadas por el mismo Estado por los comprazgos de los partidos políticos de turno en el poder otorgando su mayor parte de la publicidad del Estado en cifras que algunos analistas calculan entre 25 millones a 50 millones de dólares del presupuesto General de la Republica mensualmente. “Estas son cantidades exorbitantes para un pueblo que necesita medicamentos, que necesita atenciones que tiene necesidades y en esta reforma los medios tendrán que reportar sus ingresos y la misma distribución de las frecuencias que esos grandes medios no quieren otorgar, lo mismo sucede con nombres de las patentes de los periódicos, que están a nombre de una sola persona que son más de 600, así como la misma materia prima del papel periódico”.
Silvestrucci piensa que “la desigualdad que hay en los periodistas independientes en el otorgamiento de la publicidad estatal, que debe de darse en igualdad de condiciones a los grandes medios, ya que surge esa necesidad de poner los espacios por falta de oportunidades en el campo laboral en Honduras y ellos piden sus propios medios de comunicación en ese sentido. En Suecia, por ejemplo, se da el caso de que el gobierno otorga un presupuesto al medio de oposición para que se sostenga y aquí sucede lo contrario, capaz lo dejan hasta en la bancarrota con tal de no seguir criticando las decisiones que toma y que quieren que hablen muy bien de ellos siempre”. Para Silvestrucci es necesario que esta reforma concluya en el Congreso Nacional tal como se envió desde el Poder Ejecutivo, pese a los muchos intereses de dueños de medios dentro del mismo Congreso Nacional.
Control oligopólico del espectro
“Los grandes grupos de comunicación que están en contra de esta reforma de la ley de telecomunicaciones es un problema con el control del mercado y el control oligopólico de las frecuencias que en la historia ha generado enormes fortunas con el control de la publicidad, y de los noticieros, que a su vez inducen de forma ideológica, de forma comercial, en una sociedad que avanza hacia un mayor consumo de bienes y servicios”, aseguró Osmán López, sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
“El proceso de democratización de los medios de Comunicación es necesario para tener espacios comunicativos abiertos a una diversidad de sectores o segmentos de la población al no tener sus propios espacios para la comunicación social en Honduras”, añadió el sociólogo.
“Es una necesidad y un momento histórico para el país de cara a ese proceso que está en marcha, la reforma a la ley de telecomunicaciones, y el mismo Estado debe dar las condiciones para la apertura de más medios de comunicación disponiendo de las frecuencias que son del propio Estado o propiedad pública que se convierte en una distribución democrática”.
Según López, cuando es factible que exista una legislación que pueda favorecer la apertura en la propiedad, no tanto de los medios, sino de las frecuencias de manera abierta, se fortalecerá  la democracia en el país y esto lo puede hacer el poder legislativo teniendo una visión clara de la libertad y la democracia.“Se habla de democratizar porque efectivamente hay un control monopólico y oligopólico de los medios de comunicación y esto produce la ausencia de apertura en el ejercicio libre de las ideas de expresión y del manejo abierto de la comunicación y esto construye emisiones únicas de acuerdo a los intereses de los grandes grupos de medios”, explicó.
Contenido básico de la reforma
Según un resumen ofrecido recientemente por la ministra Pineda, éste es el contenido medular de la reforma de las telecomunicaciones:
-Se propone asignar 33% del espectro radioeléctrico a servicios de difusión comunitarios, 33% a servicios comerciales y 34% para satisfacer necesidades comunicacionales del Estado.
–Las concesiones de 25 años pasan a 15 años; los permisos de 15 años a 10 años; los registros no podrán exceder de 5 años, se quedan en 5 años, y las licencias serán otorgadas por períodos iguales a la duración de la concesión, permiso o registro correspondiente.
–Hoy la ley permite la renovación automática de las concesiones por períodos iguales, y de los permisos, registros y licencias. Con la reforma las personas interesadas en renovar una concesión, permiso, registro o licencia deberán solicitarlo con anticipación.
–Actualmente, los permisos de los servicios de difusión de libre recepción y sus licencias asociadas durante el plazo de su vigencia pueden ser transferidos por sucesión por causa de muerte, por donación entre vivos y libre disposición de bienes. Con la reforma, los derechos derivados de una concesión, permiso, registro o licencia, son intransferibles; en consecuencia, no podrán cederse o enajenarse ni se adquieren o transmiten por sucesión, por efecto de los contratos, de la fusión de compañías o por prescripción.
–La reforma busca que los titulares de las concesiones, permisos, registros o licencias otorgados para la explotación de servicios de telecomunicaciones, presenten con carácter obligatorio, ante Conatel y dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación del decreto, la documentación que acredite su titularidad, así como una declaración jurada en la que conste que dicho titular es quien directamente opera el servicio autorizado.
–Respecto a la Comisión Reguladora de Programación, se crea ante las serias deficiencias que exhibe el sistema y ante los reclamos de tutela de los derechos y la promoción de valores, por sectores de niñez, mujeres, pueblos indígenas, afro hondureños, campesinos entre otros. La comisión tendría 16 miembros representativos de todo el espectro social y sectores involucrados, gubernamentales, religiosos, comunitarios, étnicos, gremiales y empresariales periodísticos, entre otros.
–Se advierte que la libertad de expresión puede tener limitaciones legítimas derivadas de los principios establecidos en los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Artículo 13 numerales 2 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa Rica o CADH), las cuales deberán estar expresamente fijadas por la ley y son necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública.

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Honduras: La tregua entre maras depende de quienes están detrás, analistas

San Pedro Sula, Honduras, (Conexihon).-  Para estudiosos y analistas del tema  de las maras y pandillas una tregua entre los jefes de estas organizaciones a desarrollarse en los días venideros, es incierta,  porque no depende  de su decisión sino del liderazgo de agentes externos como ser el de sus bases o aliados con sede en las ciudades de New York, Los Ángeles, California en Estados Unidos, el  crimen organizado y el narcotráfico.

El sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula, UNAH-VS, Misael Castro, dijo a Conexihon que “no hay condiciones para que se dé una tregua entre las maras y pandillas que operan en el país porque su condición organizativa y liderazgo perdió la  independencia y autonomía que tenía hace 10 años.

“De momento lo que hay es una dispersión de grupos que trabajan y operan con carteles criminales y obedecen más a estos grupos que a los principios de la mara. El liderazgo lo tiene el crimen organizado y la mara obedece”, explicó el catedrático a Conexihon.info esta semana.

Proceso de mutación

A su criterio lo anterior es producto de “una mutación y la  necesidad en que se ven las mismas pandillas de  transformarse  para sobrevivir de tal manera que ahora hay una mayor dependencia y vínculo con el  crimen organizado”, subrayó.

Según el catedrático para alcanzar la tregua habrá que preguntarse “¿Dónde buscar los liderazgos?, hasta hace poco era fácil hacer esta lectura porque había una estructura vertical que iniciaba desde las bases en los barrios, las comunidades y se elevaba a regiones o centro penales donde había individuos que tenían un mayor nivel de control. En la actualidad eso no es así”, aclaró.

Otro elemento que habrá que tomar en consideración es la importancia que  puedan tener las opiniones de  las bases de las maras extra territorio por ejemplo en Los Ángeles, Estados Unidos, “recordemos que estas ejercen una fuerte influencia y mucho respeto en suelo nacional”.

“Por eso es vital saber qué tan  determinante puede ser que se tome una decisión a nivel de Honduras sin el beneplácito de las pandillas fuera del país”, reflexionó Castro.

Acuerdos en El Salvador

Al consultarle por qué en El Salvador se llegó a un acuerdo, respondió que “a diferencia de Honduras allá las maras y pandillas tienen una relación horizontal con el crimen organizado, es decir no hay esa dependencia que se experimenta aquí”.

Pacto frágil

“En lo personal veo remoto un pacto, aunque de darse sería muy frágil y no sé qué nivel de reconocimiento y legitimidad tendría al aterrizarlo a nivel de las comunidades porque la verticalidad de la estructura de la mara está en precario”, agregó el sociólogo Castro quien viene estudiando y sistematizando el tema desde principios de la década de los noventas.

La tregua es un “Cuento Chino”

Para el coordinador de la pastoral penitenciaria de San Pedro Sula,  César Augusto Ramos, hablar de una tregua entre las pandillas es un “cuento chino”, puesto que las disputas entre ellas son irreconciliables y en tanto, de fondo responden a los intereses de los grupos del crimen organizado y  el narcotráfico.

“Hasta ahora entre estos grupos los conflictos los hayan resuelto vía diálogo y peor aún bajo la intermediación de agentes externos a ellos, sus intereses no pueden ni nunca los han sometido a los marcos legales, ni formales, sino que lo manejan mediante el famoso “ajuste de cuentas” muy conocido en nuestro medio y en todas partes donde estos grupos operan”.

“Por otro lado, hay  una ruptura del orden constitucional no resuelta, con una severa crisis de confianza y credibilidad ante la ciudadanía y la comunidad internacional; con una policía, y los tres poderes del Estado, desprestigiados y sometidos por los grupos de poder fáctico ligados al narcotráfico y el crimen organizado. Sería irrisorio pensar que tenemos las condiciones para garantizar soluciones viables y sostenibles a esta problemática de las maras”.

Además estas organizaciones “no son otra cosa que el fruto de una sociedad en descomposición social en todos los sentidos, profundizada con el modelo económico y político impuesto por los grupos de poder”, detalló Ramos quien dedica los días domingos a ofrecer orientación cristiano a los privados en libertad en San Pedro Sula, al norte de Honduras.

Cesar Ramos, lider del movimiento social hondureño y

coordinador de la Pastoral Penitenciaria del centro penal sampedrano

La Mara no es el problema

Al preguntarle en qué fase está  el fenómeno de maras y pandillas, teniendo en cuenta los últimos incidentes violentos registrados en el país,  respondió que este “se sitúa en el momento propicio para imponer en la sociedad hondureña la dinámica de la violencia e inseguridad ante la falta de un Estado de derecho consolidado. Cada grupo somete a la sociedad a favor de sus propios intereses”.

Además, sostuvo que “algunos pastores de la misma iglesia católica han considerado al Estado hondureño no solo un Estado fallido, sino un narco-estado. El problema de fondo no es la pandilla en sí, si no el crimen organizado y el narcotráfico que están detrás y juntos, y las elites empresariales que también están coludidas”.

Las opiniones de los expertos en mención se producen en el marco de la gestión de una tregua programada para esta semana entre los jefes de las maras Salvatrucha y la 18,  por parte del monseñor Rómulo Emiliani obispo auxiliar de la diócesis de San Pedro Sula.

Rómulo Emiliani, obispo auxiliar de San Pedro Sula.

Emiliani: soy poco optimista

De su lado, el obispo auxiliar de San Pedro Sula (norte), Rómulo Emiliani expresó a medios locales, en días recientes, que los dirigentes  de las maras y pandillas van en búsqueda de la reconciliación con la sociedad y el gobierno.

En torno a la  declaración de tregua, el prelado dijo que  “humanamente no es muy optimista al respecto, pero que cree que con en el poder de Dios es posible. Hay que ser prudente, considerando las pugnas entre las maras y que hay muchos obstáculos para una verdadera tregua”.

Monseñor Emiliani viene trabajando desde hace al menos 10 años en procesos de reconciliación entre las maras y pandillas y en la reubicación del centro penal sampedrano para que ya no se registren tragedias y se planifiquen desde ahí secuestros y extorsiones en perjuicio de la sociedad./Fotografías: ElPublico.es, Sandiegored.com, Blog: lasmarasenhonduras y PanamáAmérica.com

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En la fórmula de Juan Orlando Ricardo acepta ir de designado

l alcalde capitalino, Ricardo Álvarez, aceptó ayer la propuesta de acompañar como candidato a designado presidencial a Juan Orlando Hernández, luego de que éste le ofreciera el puesto públicamente en una marcha popular del partido, el domingo anterior.

Álvarez, quien fue vencido por Hernández en las elecciones internas de noviembre de 2012, dijo que aceptó la propuesta por amor a la patria y al Partido Nacional. El viernes anterior, Alden Rivera, electo en las urnas en 2012, renunció a la designación presidencial, invocando razones personales, de lealtad y compromiso al partido. No obstante, días anteriores ya había trascendido en los pasillos políticos la renuncia de Rivera para darle el puesto al alcalde.

El camino de reconciliación total entre Ricardo y Hernández  tomó más de seis meses, porque el alcalde lo acusó de haberle ganado los comicios con fraude, por lo cual pidió un recuento de voto por voto, de lo cual desistió hasta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó su petición.

PUNTO COINCIDENTES
En rueda de prensa, en una de las sedes del Partido Nacional, Álvarez aseguró que estuvo platicando con Hernández hasta en horas de la madrugada de ayer y al final coincidieron que ambos han cometido errores, pero que también los unen propuestas de país.  “Sé que muchos no entienden las razones de algunas de mis decisiones, pero llegará el momento que entenderán que vamos por la ruta correcta”, enfatizó el alcalde.

Dijo que el candidato nacionalista le aseguró en pláticas recientes que incorporará en su campaña “mis planes para servir y atender a la gente: especialmente a los más pobres, la medicina segura, los techos dignos, incrementar el bono diez mil, un país de reglas claras para atraer la inversión porque  mi principal ruta de aquí en adelante es generar empleos dignos, especialmente para los jóvenes, las mujeres y para todos aquellos que necesiten de un trabajo”.

“Hemos visto que Honduras vuelve a enfrentar las amenazas de Mel Zelaya y los radicales que le rodean.  La amenaza son él y su primer anillo, esos que siguen consignas y doctrinas extrañas y que quieren “refundir” a la patria. Esos que creen que la gente olvida pronto, esos que no se tocan el corazón para destruir el país y causar más daño. No les dejaremos el camino libre”, prosiguió. Después remarcó que aceptaba el puesto de candidato a designado “con el convencimiento de los hombres que luchan por lo que creen y están dispuestos al sacrificio personal. Lo hago porque es lo que demanda Honduras y el Partido Nacional.

LE CUMPLE A LA PATRIA
Por su lado, Hernández dijo que con su decisión, Ricardo le está cumpliendo a la patria, a sus hijos y al partido, y además marca un momento especial en la historia “porque cuando la patria llama a los patriotas, estos se apuntan y enfrentan hasta las últimas consecuencias”.

El candidato presidencial pidió a Álvarez que lo acompañe en la estructuración del programa de gobierno en los que hay cabida para los proyectos que el ofreció en su campaña.

TSE evita opinar
Ante la inminente inscripción para que Ricardo Álvarez sea candidato a designado presidencial en la fórmula del Partido Nacional, el pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se reservó ayer cualquier opinión para evitar ser recusados. El artículo 18 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas prohíbe a las autoridades de este organismo pronunciarse de manera previa sobre los temas que les toca resolver.

“No tenemos ninguna solicitud presentada acá, entonces cómo voy a expresarme antes”, insistió el magistrado presidente del TSE, David Matamoros Batson. Durante la “Marcha por la Paz” del pasado domingo, en la que una gran cantidad de nacionalistas se volcó a las calles, el también titular del Poder Legislativo le planteó al alcalde capitalino la posibilidad de ser uno de los designados para la presidencia, y Álvarez respondió anoche que acepta.

En las pasadas elecciones primarias de 2012, Ricardo fue el aspirante por el movimiento Salvemos Honduras. Hernández, de Azules Unidos, fue declarado ganador.

NO PUEDEN PARTICIPAR
Matamoros Batson puntualizó- no obstante – que “las personas que participaron en las elecciones primarias y que no hayan salido electas, no pueden participar en las generales”. La legislación es clara, sin requerir ningún tipo de interpretación y estas prohibiciones son explícitas tanto en el artículo 106 como el 131 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, señaló el coordinador del Mirador Electoral, Adán Palacios.

FRASE
“Cachurecos, pueblo hondureño, el Partido Nacional debe enfrentar el peligro unido, no dividido”: Ricardo Álvarez.

http://www.tiempo.hn/portada/noticias/ricardo-acepta-ir-de-designado

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