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Honduras: Persecución política contra miembros de Libre‏

lunes, 25 de mayo de 2015

Denuncia
PERSECUCIÓN POLÍTICA

Sres y Sras Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CIPRODEH:
Nosotros y Nosotras miembros militantes del Partido Libertad y Refundación LIBRE queremos hacer pública ante ustedes como organización defensora de los Derechos Humanos está DENUNCIA POR PERSECUCIÓN POLÍTICA de la cual nos sentimos víctimas por parte del actual gobierno presidido por el abogado Juan Orlando Hernández.
 Sabemos que como miembros de la oposición política las relaciones con el Gobierno no serán siempre cordiales y que existen medios de comunicación con una clara línea editorial de criticar permanente todas nuestras acciones. Todo esto lo asumimos dentro del ejercicio mismo de la democracia. Pero nuestra denuncia se basa a una escalada reciente en contra de nuestros compañeros y compañeras de Partido, quienes han sido atacados en un claro abuso de autoridad y fuerza utilizando al aparato de seguridad pública y el sistema de justicia en el país.

HECHOS:

 1. Hace un mes el Alcalde Enrique Alejandro Matute Meza de San Francisco Atlántida, miembro de nuestro Partido, sufrió un allanamiento injustificado en su casa de habitación por parte de elementos policiales quienes lo intimidaron a él y su familia. Al final no hubo ninguna prueba en su contra.
2. La semana pasada luego de la presentación pública de las aspiraciones política del compañero Rafael Sarmiento en Juticalpa, Olancho dos días después su casa fue militarizada y se le acusó de portación ilegal de armas, acusación que en una horas fue desbaratada por falta de pruebas.
3. El pasado 19 de mayo el Alcalde Reynold Arturo Castro Castro, Alcalde Municipal de San Manuel Cortes y miembro del Partido Libre denunció un asalto al Palacio Municipal de parte del Ministerio Público que sin contar con indicios o pruebas y sin llevar a cabo el debido proceso lo acusó de malversación de fondos y reviso la documentación interna de la Alcaldía. Tampoco han habido pruebas presentadas.
 Estas acciones han creado un ambiente de zozobra en toda la militancia del Partido Libertad y Refundación Libre. Vemos como el aparato gubernamental se está utilizando como herramienta política para tratar de denigrar y atacar a la oposición.
 En este penoso marco anti democrático se avizora el peor de los atropellos. Ante los justos reclamos de toda la sociedad hondureña por encontrar a los responsables del desfalco por más de 7,000 millones de lempiras al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y dilucidar si hubo o no fondos enviados al Partido Nacional de Honduras de parte de las empresas que quebraron el sistema de salud de la clase trabajadora con la complicidad de miembros del gobierno de Porfirio Lobo Sosa, el Ministerio Público prepara un nuevo ataque en confabulación con el gobierno controlado por el Partido Nacional.
 En lugar de interpelar al Fiscal General por su falta de acción en el caso a pesar de contar con pruebas contundentes la Presidencia del Congreso Nacional ha creado una Comisión que en 20 días debe investigar 13 casos, diluyendo el tema del Seguro Social que por su impacto es de importancia fundamental para la opinión pública.
 El Ministerio Público ha citado al ex Presidente Manuel Zelaya a comparecer este martes 26 de Mayo para hablar de la Cuarta Urna. No llamó a los responsables de los cheques del Seguro Social ni a los vinculados en los otros casos a investigar. Pone toda su atención en un caso en el que ya los organismos internacionales que investigaron los hechos del Golpe de Estado han declarado que no hay ningún vicio de malversación ya que la Consulta Popular del 28 de Junio del 2009 fue debidamente aprobada en Consejo de Ministros y fue detenida por un violento Golpe de Estado que le ha costado la vida a más de 200 militantes de la Resistencia Popular y miembros de nuestro Partido, según informes de estos mismos organismos que siempre han señalado que detrás de estas investigaciones hay intereses políticos contra la oposición.
 El Ministerio Público nunca ha llamado a los responsables del Golpe de Estado, que fue el crimen que si se cometió aquel 28 de Junio, ni ha llamado a quienes lo financiaron y quienes conspiraron y atacaron al Estado de Derecho.
 La citación de mañana es PERSECUCIÓN POLÍTICA que tiene dos sentidos; por una parte desviar la atención de la opinión pública sobre el tema del robo descarado al Instituto de Seguridad Social y por otra parte seguir con la persecución poniendo nuevamente en peligro el libre ejercicio de la democracia en nuestro país.
 Como funcionarios públicos elegidos por el pueblo de Honduras, como políticos que exigimos respeto a nuestros derechos democráticos y como ciudadanos presentamos está denuncia de PERSECUCIÓN POLÍTICA ante ustedes preocupados por nuestro bienestar y por el de nuestro compañeros y compañeras.
 Llevaremos está denuncia a nivel internacional para develar que los acuerdos firmados por el Gobierno de Honduras después del Golpe de Estado para lograr ser reincorporado al concierto de las Naciones no han sido cumplidos y que cada vez el autoritarismo tiene más peso atacando de manera más descarada a las voces disonantes en la sociedad y a toda la oposición política en especial aquellos que estamos claramente identificados con el proceso de Resistencia Popular.
Agradecemos su recibimiento a esta denuncia. Agradeceremos y acataremos todas sus recomendaciones al respecto.

Tegucigalpa M.D.C. 25 de Mayo del 2015.

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Honduras: Denuncia violación flagrante Acuerdos de Cartagena de Indias con persecución de dirigencia de LIBRE para distraer a ciudadanía y encubrir latrocinio en IHSS

sábado, 23 de mayo de 2015

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¡Inicia la persecución judicial y más criminalización contra líderes Lencas de San Francisco de Opalaca!

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de  Honduras-COPINH.

web: copinh.org;  blog: copinhonduras.blogspot.com;  fb:  Copinh Intibucá;  Telf. (504)27830817; copinh@copinh.org

 

 

 

Para el 24 de junio del presente año, el Juzgado de Letras de Intibucá,  ha citado a audiencia a 30 líderes Lencas de San Francisco de Opalaca, entre ellos el Alcalde Legitimo Entimo Vásquez, a sus regidores, regidoras y secretarios indígenas, como también a Jesús Rodríguez Coordinador de Tierra, Territorio y Medio Ambiente de la Coordinación General del COPINH, quien es originario de Opalaca y que también están liderando este proceso de resistencia indígena, así como también se encuentran dirigentes de otras organizaciones como el Coordinador de Agentes de Pastoral  de la Zona 10, dirigentes de la ADRO, DE la Cooperativa COCAOPAL, corresponsales de Radio Progreso y del Equipo de Comunicación de nuestra Radio Puca Opalaca,  y oros lideres claves de las comunidades de Opalaca.

 

Lo anterior ya lo habíamos advertido, como parte del plan  para truncar el proceso en defensa de los derechos del Pueblo de Opalaca, dirigido por las argollas retrogradas del Partido Nacional, Ministerio Publico y el Gobierno central.

 

Alertamos, que para esa fecha en que los compañeros y compañeras estén en el juzgado 1ro. De Letras de Intibucá, lo que pretenden estos grupos de poder es invadir  la sede de la Alcaldía donde hasta hoy se mantiene la  toma y el funcionamiento de la misma.

 

Denunciamos, que este atropello es lesivo no solo personalmente contra los compañeros y compañeras, sino también  a todo el Pueblo Lenca, a nuestras distintas organizaciones y al derecho de autodeterminacion, al Convenio 169 de la OIT, a  la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, a la Declaración de Viena, entre otros instrumentos del derecho reconocido a los Pueblos Indígenas en el mundo y ante los cuales  Honduras está obligada a respetarlos.

 

Hacemos el llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, a ser observantes activos de esta situación grave en la cual el Gobierno de Juan Orlando Hernández no ha dado respuestas favorables a la exigencia indígena, al contrario su respuesta ha sido de agresión  a nuestros derechos, de confabulación con Socorro Sánchez a quien se le ha demostrado mediante la misma auditoria del TSC muchas irregularidades que más bien debería de estar ya la orden de tribunales.

Dado en Intibucá, a los 16 días del mes de junio del 2014.

COPINH

¡Con la fuerza Ancestral de Iselaca, Lempira, Mota y Entepica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!

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Estado hondureño recrudece persecución contra defensores y defensoras de derechos humanos

Mar 14, 2014

La persecución política en Honduras ha llegado al punto de criminalizar todo tipo de lucha y protesta social. Pero no solo el movimiento popular en su conjunto es la víctima de dicha situación; sino que ahora los defensores y defensoras de derechos humanos que se solidarizan y trabajan en estos movimientos, son sometidos a procesos legales en su contra.

Tal es el caso de la abogada Marlene Cruz, representante del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), quien acompaña la lucha por la recuperación de tierras del Movimiento Campesinos de San Manuel (Mocsam), acción que es motivo para que el gobierno a través de los operadores de justicia inicie una persecución en su contra.

La defensora de los derechos humanos asegura que según el expediente del Ministerio Público, ella es vinculada a una toma de tierras que ocurrió en el mes de junio del 2012. Cruz es acusada de los delitos de usurpación de tierras, robo contra el Estado de Honduras y agresión en contra de autoridades policiales.

Según los datos que la acusada maneja, la denuncia fue interpuesta por la Compañía Azucarera Hondureña S.A. (CAHSA), en donde se le acusa por el delito de usurpación de tierras; pero lo curioso es que a ella la Fiscalía le aumentó la denuncia con la inclusión de más delitos injustificados.

“Yo en ningún momento he incitado a nadie a tomarse tierras; lo único que hice fue dirigirme a las instalaciones de la Policía luego de un desalojo violento para hacer mi trabajo como defensora de derechos humanos y pedir nombres, datos para constatar el respeto a la integridad física de los campesinos; ahí en esa labor me pidieron mis datos, que ahora sirven para hacerla la vinculación con los delitos que ahora me demandan; es decir la Policía y la Fiscalía están haciendo una denuncia en base a mentiras”, lamentó Marlen Cruz.

En ese sentido, Cruz considera que es una nueva víctima de persecución política, que atenta contra los luchadores populares y defensores de los derechos humanos. “Todo esto es parte de la criminalización de la protesta y la lucha campesina; en la actualidad la oligarquía implementa políticas contra los grupos campesinos que intentan recuperar tierras en todo el territorio nacional”, argumentó Cruz.

En apoyo al caso, la Alianza por los Derechos Humanos, conformada por distintas organizaciones, desarrollaron una conferencia de prensa en Tegucigalpa, con el objetivo de pedir el respeto a la integridad física y mental de la abogada Cruz.

Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos humanos en Honduras, CIPRODEH, organización que aglutina la Alianza por los DDHH, afirma que han encontrado una política de Estado que se destina a la criminalización de la lucha y de la persecución de los defensores de derechos humanos; y es por tal coyuntura que se unen para hacer el llamado al respeto a la integridad de los abogados que trabajan en ello.

“Lo que pasa con Cruz es un indicativo para los demás abogados que se dedican a defender los derechos de organizaciones populares y campesinas; porque ellos pueden enfrentar esa misma situación, pero no deben claudicar en sus intentos por ejercer su trabajo en esa materia” agregó Méndez.

Audiencias

Marlene Cruz, fue sometida a una primera audiencia esta semana; en la resolución de la misma, los organismos encargados de hacer justicia la dejaron en libertad programando una nueva audiencia para inicios del mes de abril

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/793-estado-hondure%C3%B1o-recrudece-persecuci%C3%B3n-contra-defensores-y-defensoras-de-derechos-humanos

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The Thugocracy Next Door

By DANA FRANK

February 27, 2014

Early on the morning of Oct. 23, more than 50 members of Honduras’s new military police force surrounded Edwin Espinal’s house in the capital, Tegucigalpa, using trucks and police cars to block off access to his home. The officers were clad in riot gear, with black balaclavas pulled over their faces and assault rifles at the ready. Supposedly looking for arms or other contraband, they searched and trashed Espinal’s house, breaking at least 15 doors inside and out. They found no arms. They found no drugs. Espinal went into hiding.

Espinal, a Honduran opposition activist, had been captured once before and tortured by the police in 2010, targeted for his ongoing opposition to the June 2009 military coup that deposed Manuel Zelaya, Honduras’s democratically elected president. At the request of the Organization of American States’ human rights commission, Espinal had for a time received protective security from the Honduran government. But he remained active in the opposition, and the police kept harassing him. After the raid, the chilling effect was clear.

This is daily life for Hondurans since the coup, as their government runs roughshod over the rule of law and terrorizes the opposition, all the while apparently allowing drug traffickers to insinuate themselves into the highest levels of the national congress and even the presidential administration. In the months after Zelaya’s overthrow, Porfirio Lobo, a former lawmaker from the country’s conservative National Party, assumed the presidency through an election that was boycotted by almost all the Honduran opposition and dismissed as illegitimate by major international observers. He then swiftly reappointed to top government positions military figures who had carried out the coup in the first place.

Over the objections of much of the rest of Latin America, the United States recognized the election as legitimate even before the polls had closed, appearing to push back against the Zelaya administration’s alliances with left-leaning Latin American governments that had come to power in the previous decade. Since then, Washington has continued to legitimize and support the coup-regime government, which has been a spectacular human rights disaster: The United Nations has said Honduras has the highest murder rate in the world, and Reporters Without Borders has named the country one of the most dangerous for journalists. Even the Honduran government acknowledges that its police and military have ties to drug traffickers and organized crime. But U.S. funding for the forces, under the auspices of fighting crime and drug trafficking, has nonetheless increased annually since a brief, partial hiatus in 2009—reaching approximately $27 million in 2012, and at least that in 2013. (The United States also has an air base in the country, at Soto Cano, for which it paid $25 million in 2011 to upgrade the facilities, on top of $89 million for military operations in the country.)

The Committee for the Defense of Human Rights of Honduras, an NGO, announced that it had received 5,000 reports of human rights violations last year in the country’s northern region alone. Last August, a Honduran government commission charged with cleaning up the security forces admitted that 70 percent of the country’s police are beyond saving. Impunity for crimes of all sorts is now the norm.

The most egregious example is perhaps Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, the man tapped as national director of Honduran police to lead the cleanup. Immediately after Bonilla was appointed in May 2012, a former police inspector released the findings of an investigation documenting that Bonilla had been a death squad leader overseeing assassinations of alleged gang members in the late 1990s and early 2000s. He continued to serve as police director even after the Associated Press reported last year that the Honduran police under Bonilla’s control were responsible for at least six new death squad “social cleansing” murders of alleged gang members.

Members of the U.S. Congress have challenged the Obama administration loud and clear about its Honduras policy. Although the United States has tepidly acknowledged Honduran abuses, it has continued to back funding for Honduras’s repressive security forces. Ninety-four lawmakers wrote to Secretary of State Hillary Clinton in March 2012 asking that the United States suspend police and military aid to Honduras, and the 2012 appropriations bill attached human rights conditions to a large portion of the security aid to Honduras. The State Department then withheld funds for Bonilla and those under his direct supervision. And in March of last year, William Brownfield, assistant secretary of state for international narcotics and law enforcement affairs, insisted that the United States had “no contact” with Bonilla and did not “work with” or “have any relations” with him.

In August 2013, however, a spokesman for the U.S. Embassy in Tegucigalpa admitted that the United States was still talking with Bonilla, who himself said he was meeting regularly with the embassy—and once even called the U.S. government his “best ally and support.” Bonilla was finally fired in December—but not before the Honduran military had received an estimated $20 million in U.S. funds in 2013, along with a loan of $60 million the year before from the Inter-American Development Bank. The new 2014 appropriations bill, passed in January, contains even stronger human rights restrictions on U.S. aid to Honduran security forces, but in the past the State Department has consistently certified that such conditions have been met, to keep the spigot of security aid open.

Meanwhile, rather than cleaning up the police, Lobo and the Honduran congress have now enlisted the military to perform police functions, including creating a new 5,000-strong military police force. In so doing, the government is promising that militarization will protect citizens from the very security problems it has countenanced and even helped create. The results have been terrifying: Roving bands of soldiers now routinely menace neighborhoods of all classes in the country’s big cities, setting up random checkpoints and harassing people. In May 2012, soldiers chased down a 15-year-old boy, Ebed Yanes, who had passed a checkpoint on his motorcycle, and shot him to death in an alley. According to the Associated Press, the soldiers responsible for the killing turned out to be U.S.-trained and vetted, their equipment was U.S.-donated and the commanding officer who subsequently ordered a coverup had been trained in the United States.

In this already menacing climate, the Honduran government has deliberately targeted the opposition, in effect criminalizing much social protest. On July 15, for example, the engineers’ battalion of the Honduran armed forces shot and killed Tomás García, an indigenous activist who was protesting a hydroelectric dam in Intibuca. Last summer, Bertha Cáceres, the leader of one of the most prominent indigenous rights groups in the country, was charged along with two other activists for organizing a blockade to protect indigenous land from being usurped for a dam project. In Honduras’s Aguán Valley, the NGO Rights Action has documented widespread human rights abuses by the U.S.-funded 15th battalion of the Honduran armed forces against campesinos defending their land rights, nearly 100 of whom have been killed by state and private actors since the coup.

The case of Héctor Iván Mejía, currently director of Honduras’s Police Academy, underscores just how out of control the situation is. Mejía has been under criminal prosecution for more than two years for allegedly repressing an opposition demonstration in September 2010, while he was chief of police in San Pedro Sula, the country’s second-largest city; his forces reportedly tear-gassed protesters and raided an opposition radio station. All the while, Mejía has remained on the job. In fact, since the case began, he was promoted twice to very top positions (though he was recently demoted).

Prospects for any change in the near future appear dim, given the new president inaugurated last month, Juan Orlando Hernández, a member of Lobo’s party. Hernández may or may not have actually won the November presidential election, which was widely tainted by fraud, vote buying and military intimidation. Moreover, he takes office with his own impressive track record of subverting the rule of law: Not only was he an enthusiastic supporter of the 2009 coup, but as president of the congress he led the illegal 2012 ouster of four members of the Supreme Court. And last year he backed the illegal naming of a new attorney general to a five-year term.

Hernández has also been the country’s most vocal supporter of the new military police, having built his presidential campaign on the promise of “a soldier on every corner.” Leading up to Hernández’s election, at least 18 activists in LIBRE, the new opposition party, were assassinated. The victims were often just ordinary people—like Maria Amparo Pineda Duarte and Julio Ramon Maradiaga. They were driving home from a training session for election observers on Nov. 23, the night before voters headed to the polls, when masked gunmen with high-caliber weapons ambushed and killed them. The next day, the State Department issued a public statement about the election: “The United States congratulates the Honduran people for their peaceful participation.”

Dana Frank is professor of history at the University of California, Santa

Fuente: http://www.politico.com/magazine/story/2014/02/honduras-the-thugocracy-ext-door-103883.html#.Uw9MT427mjE

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Persiste el riesgo para defensores y defensoras de DDHH en Honduras

Thursday, 30 January 2014 16:57 Marvin Palacios
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Tegucigalpa.

La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) reunió a defensores y defensoras de derechos humanos de varias organizaciones del país, para evaluar el impacto de la campaña de sensibilización denominada: Defendiendo y promoviendo el derecho a defender los derechos humanos en Honduras”.

La Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH), Berta Cáceres,  calificó la campaña de sensibilización, impulsada por  ACI-PARTICIPA en los medios radiales, como “una campaña de mucho poder”.

“Tiene mucho poder, porque ahora esta guerra contra los pueblos es mediática en todo el mundo, incluso las guerras ahora se dirigen así. Entonces esas son nuestras pequeñas ventanas para alzar nuestras voces”, dijo Cáceres.

Berta Cáceres fue acusada por los tribunales de justicia junto a los dirigentes lencas Tomás Gómez y Aureliano Molina, por su lucha en defensa de los bienes comunes que representan los recursos naturales y las tierras que ancestralmente les pertenecen a las comunidades lencas en el occidente del país.

Al respecto, Cáceres expresó que actualmente gozan de un sobreseimiento provisional por dichas acusaciones. “Estos últimos meses los grupos represivos no han descansado en hostigar los procesos sociales indígenas descolonizadores y eso no lo van a hacer nunca, y digo esto,  porque no se puede desvincular nuestra labor a todo un proceso colectivo, porque de ahí venimos, de una colectividad y a esa nos debemos, al pueblo lenca y al COPINH en la causa por la descolonización y contra el capitalismo depredador patriarcal y racista.

La dirigente del COPINH denunció que han continuado las amenazas en su contra y de otros líderes de su organización, a través de mensajes de texto por celulares, hostigamientos sexuales de parte de personal de seguridad de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

“Continuó la amenaza directa a mi familia, cuando personas rondan la vivienda de mi madre, e incluso penetran a la casa en horas de la noche, además de eso hemos venido siendo testigos del hostigamiento contra las comunidades, particularmente de aquellas localizadas en Río Blanco en su lucha contra el proyecto ilegal e ilegítimo de Agua Zarca”, apuntó Cáceres.

Leo Valladares, director ejecutivo de ACI- PARTICIPA y ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Agregó que los hostigamientos  han llegado al extremo que efectivos COBRAS de la policía nacional, encapuchados, les colocan los cañones de sus fusiles en las cabezas a los niños y niñas.

“Amenazan a toda la comunidad, y entran violentamente a sus casas y a su territorio sagrado. También se ha amenazado a los compañeros y compañeras del Consejo Indígena, al presidente Francisco Sánchez, a la compañera María Adelaida y muchas mujeres; luego existen campañas de desprestigio contra nosotras para desprestigiarnos”, denunció Cáceres.

Entretanto el director ejecutivo de ACI- PARTICIPA y ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza,  señaló que el grupo de personas participantes del evento, se salen de lo común, porque se preocupan por los demás.

En ese sentido estamos reunidos para hacer efectivo ese principio constitucional, “que a mi modo de ver es el artículo que debería ser pétreo, el único que no se debe cambiar, todos los demás, pueden adaptarse en uno y otro sentido, pero el objetivo de hacia dónde vamos, es el respeto de la persona humana”.

Es así que rendimos homenaje a las personas que se han distinguido por su trabajo en la defensa de derechos, no solo de ellas mismas, sino de otros grupos a las que pertenecen.

El ex comisionado de derechos humanos resaltó que el artículo 80 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones, ya sea por asuntos particulares o asuntos de interés general y que las autoridades están obligadas a dar respuesta a esas peticiones.

“Significa que todo derecho siempre tiene una correlativa obligación de alguna autoridad para que se pueda garantizar y hacer efectivo, sin embargo, pese a que Honduras tiene un catálogo completo de derechos y libertades, es un país donde desafortunadamente estos derechos no son garantizados como establece la propia Constitución”, consideró el defensor de derechos humanos.

Por su parte la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva alentó a los defensores y defensoras de derechos humanos a continuar con el trabajo de defensa, pese a que en su opinión, vienen tiempos difíciles.

Bertha Oliva, Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

“Pero también estoy consciente de que vendrán tiempos mejores, y esos tiempos mejores solo serán posibles cuando sigamos con nuestra mirada firme y con la creencia de que la fuerza está en la base social”, expresó Oliva.

Oliva, ganadora del Premio Tulipan a los derechos humanos en 2010, otorgado por el gobierno de Holanda, advirtió que enfrentamos una política de Estado militar, como la que tenemos hoy, que nos obliga a recrear la memoria en los años ochenta, cuando se decía que al que no se alineara, se le amenazaba con la herradura y la bota militar.

Una dictadura disfrazada de democracia

“Ese es el mensaje, pero las que creemos que la defensa de los derechos humanos es nuestro derecho, nos apropiamos de ello y seguimos esparciendo conocimiento y seguimos manteniendo el esfuerzo colectivo de la memoria, el pueblo seguirá su ruta; aunque nos quieran imponer el irrespeto, seguiremos adelante, porque lo peor que nos puede pasar es vivir estas dictaduras disfrazadas de democracia”, señaló Oliva.

Agregó que la situación de derechos humanos en el país no es grave, es calamitosa y pobre de aquellos y aquellas que la ignoran, porque les va a tocar la puerta. El movimiento social debe levantarse para exigir que se le devuelva lo que se les ha arrebatado, y cuando digo esto, es que se le devuelva la democracia formal”.

Integraron la mesa principal,  representantes del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) a través de su Coordinadora General, Berta Cáceres, así como Tomás Gómez y Aureliano Molina, el defensor de derechos humanos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Erick Martínez.

La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, también estuvo en la mesa principal, Josefa Escoto  de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y José Zambrano de la Asociación de Personas Viviendo con VIH-SIDA y sus Familiares en Honduras (APUVIMEH).

Y como invitados especiales comparecieron el embajador de la República de Alemania, Johannes Trommer, la representante de la Unión Europea, Vanessa Valladares, el Asesor Internacional en Derechos Humanos del Sistema de las Naciones Unidas para Honduras, Efraín Pérez  y el Director Ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), Héctor Longino Becerra, entre otras personalidades.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2940:persiste-el-riesgo-para-defensores-y-defensoras-de-ddhh-en-honduras&catid=71:def&Itemid=166

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HONDURAS: LIBRE no irá a toma de posesión de Juan Orlando Hernández // Libre anuncia que no asistirá a toma de posesión de Hernández Alvarado

sábado, 25 de enero de 2014

El diputado del partido Libertad y Refundación, Mel Zelaya anunció que la primera fuerza opositora no asistirá a la investidura de Hernández. 
Tiempo.hn / Tegucigalpa, Honduras  /  Sábado, 25 Enero 2014 – 13:18
El expresidente de Honduras José Manuel Zelaya Rosales, anunció hoy sábado que la bancada de su partido Libertad y Refundación (LIBRE), no asistirá el próximo lunes a la investidura del nuevo gobernante del país, Juan Orlando Hernández, en protesta porque les ha “insultado”.
 “No vamos asistir a la toma de posesión porque Juan Orlando nos ha insultado y lanzado ataques desde antes de tomar posesión a los que somos oposición”, indicó Zelaya, jefe de la bancada de Libre en el Parlamento, en comunicación telefónica con una agencia internacional.
Agregó que el nuevo Gobernante hondureño, del conservador Partido Nacional, ha venido actuando “como que si fuera un activista, insultado y atacando a LIBRE”.

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  Libre anuncia que no asistirá a toma de posesión de Hernández Alvarado
Autor del articulo: EFE / 25 DE Enero 2014 – 13:04
Tegucigalpa – El ex presidente de Honduras Manuel Zelaya anunció hoy que la bancada de su partido Libre no asistirá el próximo lunes a la investidura del nuevo gobernante del país, Juan Orlando Hernández, en protesta porque les ha “insultado”.

“No vamos asistir a la toma de posesión porque Juan Orlando nos ha insultado y lanzado ataques desde antes de tomar posesión a los que somos oposición”, indicó Zelaya, jefe de la bancada de Libre en el Parlamento, en comunicación telefónica con Efe.

 Agregó que el nuevo gobernante hondureño, del conservador Partido Nacional (PN), ha venido actuando “como que si fuera un activista, insultado y atacando a Libre”.

El partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) es la segunda fuerza parlamentaria, detrás del PN, y primera de oposición.

Libre logró 37 diputados en los pasados comicios generales de noviembre, pero esta misma semana expulsó a Eduardo Cotto de la bancada y del partido porque apoyó la elección de los oficialistas en la junta directiva del Parlamento, con lo que cuenta con 36 escaños.

 Hernández dijo el pasado día 11 en el Parlamento, poder del que fue titular en la legislatura que concluyó el pasado lunes, que “algunos dirigentes” de Libre, que no identificó, apoyan a extorsionadores, pandilleros y el crimen organizado.

“Le quedan muy pocos amigos a los extorsionadores, a los mareros (pandilleros), a la gente del crimen organizado. Dentro de esos pocos amigos hay algunos dirigentes del partido Libre que los apoyan. No lo sigan haciendo porque de lo contrario caen en colusión”, expresó entonces Hernández.

Hernández ganó la presidencia en los comicios generales del 24 de noviembre pasado y jurará el cargo hasta 2018 el lunes próximo en una ceremonia a la que han confirmado su asistencia siete presidentes y el príncipe Felipe de Borbón.

Donde sí estarán los diputados de Libre el próximo lunes, según anunció Zelaya, es en una nueva movilización en las calles en rechazo a unas medidas de ajuste que incrementaron del 12% al 15% el Impuesto Sobre Ventas de la mayoría de productos y servicios, lo que ha causado malestar entre los hondureños.

 Hernández dijo esta semana que está dispuesto a revisar el tema del impuesto que afecta a la canasta básica de alimentos atendiendo una petición que le ha hecho el Partido Liberal, que en el pasado Parlamento era la primera fuera de oposición pero ahora ha sido relegado por Libre al segundo lugar.

El discurso de Hernández contra Libre contrasta con el pronunciado hoy por el nuevo presidente del Parlamento, el oficialista Mauricio Oliva, quien hizo un llamamiento a buscar el diálogo y consensos para lograr un futuro mejor para el país.

“Dejemos que en el devenir se disipen los rencores del pasado reciente y tengamos un diálogo más humano, más abierto, para edificar un futuro mejor”, añadió Oliva.

El PN cuenta con 48 escaños y la mayoría de los cargos de la junta directiva del Legislativo; el Partido Liberal tiene 27, el Anticorrupción 13, y los minoritarios partido Unificación Democrática, Democracia Cristiana y el Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD) uno cada uno.

La instalación del nuevo periodo de sesiones del Parlamento fue marcada por un riguroso sistema de seguridad en los alrededores de la sede de ese poder del Estado.

Zelaya asistió este sábado junto con los demás miembros de la bancada de Libre a la instalación en pleno del Parlamento de Honduras para el cuatrienio 2014-2018.

Publicado por Américo Roca Dalton en 15:38

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/01/honduras-libre-no-ira-toma-de-posesion.html

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Miembros de Libre provocan disturbios en los bajos del CN

Jueves 23 de enero de 2014

02:20 pm  – Redacción 

Elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Honduras mantienen un cordón de seguridad en los alrededores del Palacio Legislativo, en el centro de Tegucigalpa.

Tegucigalpa,

Honduras

Pese al fuerte operativo de seguridad que se instaló este jueves desde tempranas horas en los alrededores del Congreso Nacional de Honduras , simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre), se apostaron en el parque La Merced, aledaño al Palacio Legislativo, en contra de la juramentación de la Junta Directiva, mientras en el interior se celebraba la sesión.

Simpatizantes de Libre se apostaron en el parque La Merced, aledaño al Palacio Legislativo, en contra de la juramentación de la Junta Directiva, mientras en el interior se celebraba la sesión.

Con consignas y ondeando banderas de Libre, los manifestantes llegaron a apoyar a los diputados de ese instituto político como se convocó en redes sociales y en medios afines.

De los reclamos los protestantes pasaron a los ataques y comenzaron a lanzar agua a las personas que salían del Congreso, incluso a los periodistas que realizaban su trabajo.

Sin embargo, otros ciudadanos se enfrentaron a los protestantes, lo que generó un caos en los bajos del CN, ya que comenzaron a atacarse mutuamentes.

Empujones, empellones, gritos e insultos de ambas facciones desvió la atención del objetivo real de la manfestación en las afueras del Legislativo.

Seguridad

Desde las 4:00 AM, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional  de Honduras resguardaban los alrededores y el interior del Congreso Nacional , previo a la sesión que se instalará hoy para elegir a la Junta Directiva en propiedad . 

El perímetro de seguridad se instaló desde el puente Mallol en Comayagüela, hasta el Parque Central en Tegucigalpa, abarcando diversos puntos estratégico.

ElHeraldo.hn conoció que entre los puntos cubiertos se encuentran: la antigua Casa Presidencial , donde está ubicada una tanqueta de la Policía Nacional  para hacer frente a cualquier incidente que se presente durante la celebración de la sesión.

Asimismo, se ubicaron agentes policíales y militares frente a la Hemeroteca Nacional , el Banco Central de Honduras (BCH)  y en los comercios aledaños, hasta llegar al Parque Central.

También se colocaron en el costado de la Iglesia La Merced, cubriendo toda la cuadra, en caso que las anunciadas manifestaciones del partido Libertad y Refundación (Libre)  traten de llegar hasta el Palacio Legislativo.

Miembros del Escuadrón Antibombas  también realizaron una inspección al interior del Congreso Nacional de Honduras  para asegurar la integridad de los parlamentarios.

Para este jueves, a las 9:30 AM, se convocó al pleno del Congreso para la sesión en la que se elegirá a la Junta Directiva en propiedad , que quedó integrada por el Partido Nacional , Unificación Democrática  y la Democracia Cristiana .

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Libre-provoca-disturbios-en-los-bajos-del-CN

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Manuel Zelaya encabezó turba para “pumpunearle a Áfrico Madrid”

Jueves 23 de enero de 2014

01:29 pm  – Redacción 

En ningún momento se está tratando de satanizar a los miembros de Libre, “las personas se satanizan a sí mismas por su comportamiento”, afirmó el diputado.

Los diputados Oscar Alvarez, Reynaldo Sánchez y, Yuri Sabas, son del criterio que no se deben repetir los hechos violentos en el Congreso Nacional.

Los diputados Oscar Alvarez, Reynaldo Sánchez y, Yuri Sabas, son del criterio que no se deben repetir los hechos violentos en el Congreso Nacional. (Redacción)

Tegucigalpa,

Honduras

Manuel Zelaya Rosales fue quien dirigió al resto de diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) para “pumpunearle a Áfrico Madrid”, declaró este jueves, Óscar Álvarez, diputado por el Partido Nacional de Honduras.

“Como líder y supuesto jefe de bancada de Libre, Manuel Zelaya Rosales, él fue el primero que salió caminando y lo siguieron los demás diputados a pumpunearle a Áfrico Madrid donde está sentada la junta directiva y la presidencia y de ahí se dejó venir el resto”, para realizar el zafarrancho que provoco varios daños a los bienes del Congreso Nacional, aseguró Álvarez.

El presidente de la bancada del partido de gobierno aseguró que en ningún momento se está tratando de satanizar a los miembros de Libre, pues “las personas se satanizan a sí mismas por su comportamiento”.

Les recordó a los demás parlamentarios que Honduras es un país de leyes y que “nadie puede estar por encima, por abajo o por un lado, tienen que aceptar la ley tal como está y en caso que no les guste, para eso están los foros en el Congreso, para cambiarlas”.

“Me parece a mí de que habrá que entender cómo comportarse en un régimen democrático de leyes, de reglas. Si eso sucede, no creo que siga sucediendo lo que está pasando en este momento”, sostuvo.

Al respecto, el también diputado del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, afirmó que no pierde “la fe ni la esperanza de que los miembros del partido Libre, especialmente sus dirigentes, vuelvan a la casa de Dios y pongan por encima de cualquier cosa los intereses del país y nos sus interés personales y de partido”.

Agregó que “lo que hemos visto (en los miembros de Libre) durante hace varios años son acciones que van a encaminadas a generar un ambiente de ingobernabilidad, de caos, inestabilidad , para llevarnos a ese vacío constitucional e instalar una constituyente, eso es lo que está claro, eso es lo que hablan los hechos”.

Por su parte, el diputado Yury Sabas, del Partido Liberal es del criterio que el zafarrancho protagonizado por los diputados de Libre tiene “responsabilidad compartida”.

“El manejo de la Cámara (Legislativa) el día martes no fue la mejor. A las personas hay que darles la oportunidad de que se expresen, no se puede retener la palabra en el Congreso Nacional”, expresó.

Para el diputado de oposición, la mejor ruta es “llegar a escucharnos entre nosotros mismos, que cada quien exprese lo que piensa y que nadie le quite el derecho en el Congreso Nacional de hacer uso de la palabra”.

Pidió a los parlamentarios “ser tolerantes en el sentido de que no todo mundo va a pensar como uno quiere, pero tenemos que entender que democracia eso es, respetarnos y tolerarnos”.

Además, condenó el uso de las ofensas, los golpes y los sobresaltos.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Manuel-Zelaya-encabezo-turba-contra-Madrid

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“La defensa del medio ambiente es antipatriarcal”

Berta Cáceres es una de las lideresas y defensoras de derechos humanos que despierta mayor respeto entre la resistencia hondureña en un contexto de los más altos niveles de represión, asesinatos a periodistas y femicidios de la región. En la semana de las elecciones presidenciales, a fines de noviembre de 2013, la activista ofreció su mirada sobre un país que vive un golpe de Estado virtual desde 2009 y cuyas últimas votaciones presidenciales aún siguen bajo sospecha de fraude.

Crónica relacionada: Hondureñas, vivir en estado de golpe

Florencia Goldsman

En un lugar sin ubicación precisa y a la sombra de la luna Berta Cáceres señala: “Venimos de una lucha que se ha definido como una disputa anticapitalista contra todo lo que significa el capitalismo depredador. Damos un paso más que es abrir un debate para empujar un proceso antipatriarcal y descolonizador”. “La comunidad lenca ha sido marginada históricamente pero también venimos de un pueblo que ha sido muy rebelde desde la época de la invasión a causa de la discriminación”, recuerda.

Berta Cáceres es una de las lideresas más combativas de la resistencia desde el golpe de Estado en Honduras, ocurrido en junio de 2009 y apoyado por los Estados Unidos, representante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). “Hasta antes del surgimiento del COPINH muchas de las prácticas espirituales del pueblo lenca, como la compostura de la tierra, estaban prohibidas. La población indígena las hacía a escondidas, de noche. Después del surgimiento de nuestra organización empieza un resurgimiento de estas prácticas en la luz del día y públicamente. Eso para nosotros es un logro muy importante”.

El ataque cuando una persona es dirigente no es lo mismo cuando es hombre que cuando es mujer

Su relato, sin embargo, se despliega en una noche luminosa pero sellada. Las periodistas del Observatorio de Derechos Humanos y Resistencias que entrevistamos a la lideresa no pudimos brindar su ubicación exacta ni difundir el momento de la entrevista, ya que sobre ella pesan dos importantes causas judiciales por parte del Estado hondureño y de una empresa extractiva multinacional (por esta última a mediados del mes de enero Cáceres y sus compañeros del COPINH obtuvieron el sobreseimiento provisional, a raíz de la presión de la comunidad internacional y de la población lenca en Honduras). También ha sufrido amenazas de muerte realzadas por agravios sexuales a causa de ser una mujer activista. Cáceres relató su búsqueda de justicia en una Honduras que asesina a las voces disidentes.

Mientras los informes oficiales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea aplaudían las elecciones de ese país del último 25 de noviembre, considerándolas justas y “transparentes”, muchos ciudadanos y ciudadanas aún están lejos de considerar el proceso como noble. Los derechos sobre la tierra fueron una de las principales problemáticas en la agenda electoral que el próximo presidente, Juan Orlando Hernández, deberá defender (o entregar) ante la voracidad de las empresas trasnacionales y las corporaciones extractivas que avanzan sobre la región.

La problemática remite al desempeño del presidente Porfirio Lobo, electo en condiciones de dudosa institucionalidad, quien vetó poco tiempo después del golpe un paquete de leyes que abrió el camino a la privatización de ríos y habilitó las concesiones para el inicio de más de cuarenta proyectos hidroeléctricos, muchos de los cuales amenazan la vida cotidiana de comunidades rurales e indígenas.

Cáceres se presenta como parte de una lucha que se remonta a la tradición familiar y al trabajo en organismos de derechos humanos y comités en la Centroamérica encendida y riesgosa de los años 80. “De esa lucha vengo junto con las compañeras indígenas. Con una presencia de mujeres muy fuerte ligada a la lucha por la tierra, por la salud, por las medicinas naturales y por enfrentar la represión patriarcal, la violencia.

Más toda la historia del COPINH que son más de veinte años una organización mixta en la lucha por los derechos del pueblo lenca, por mejorar sus condiciones de vida. Luego va ampliando su alcance social indígena en relación con la defensa del territorio, de la cultura, de la espiritualidad, de los derechos de las mujeres”, explica.

¿Qué rol toma el COPINH en el contexto posgolpe?

El COPINH se ha visto en luchas muy fuertes que van desde la expulsión de empresas madereras a la exigencia de títulos comunitarios para el pueblo lenca: enfrentar más de quince proyectos hidroeléctricos que privatizan los ríos, la ratificación del Convenio 169 de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (OIT) sobre derechos de pueblos indígenas lograda tras una concentración histórica en el congreso nacional.

También lucha por las necesidades básicas de las comunidades: educación, salud. Empujamos todo un proceso con las poblaciones indígena y negra en varios esfuerzos en la defensa del agua, y siempre tuvimos cercanía con movimientos de mujeres y feministas. También impulsamos desde antes del golpe de Estado un proceso refundacional demandando una reforma constitucional originaria, pluricultural, diversa, incluyente, democratizadora. Pensamos la soberanía desde otras lógicas, no desde las lógicas imperialistas o neoliberales de ocupación militar en Honduras como la estamos padeciendo hoy.

¿Cómo se explican las acusaciones del Gobierno que pesan sobre tu persona?

Como parte de la lucha que hemos dado desde el COPINH por más de veinte años, se produce en la parte norte del departamento de Intibucá un levantamiento por la defensa del río Gualcarque, que es territorio ancestral. El 1 de abril de 2013 la población indígena de esa zona decide hacer ejercicio de su derecho a la autonomía y de su control territorial ante la amenaza del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Este proyecto que se presenta como hondureño, bajo el paraguas de la empresa DESA, a su vez ha contratado a la trasnacional estatal china Synohidro, la más grande del mundo en construcción de represas, y también a la alemana Voith Hidro, apoyadas con fondos del Banco Mundial a través de la corporación financiera internacional, fondos en préstamo que el pueblo hondureño tiene que pagar. Esto tiene que ver con un caso típico de agresión trasnacional, de ocupación, de invasión y usurpación que empieza a instalar en el territorio la ocupación militar. El plantel de DESA es una base militar de una operación combinada que han llamado ‘Operación Libertad’. Está el Ejército, la policía, guardias privados, hay agentes de seguridad de inteligencia de la policía, hay sicarios. Han ocupado las comunidades, hostigan, han reprimido, la comunidad ha resistido siete desalojos, con una orden judicial para eso, y toda esa lucha ha implicado que se nos acuse de varias cosas, y varios montajes peligrosos.

¿A qué te refieres con montaje?

Me refiero a que cuando me desplazaba en el carro del COPINH con otro compañero el último 24 de mayo, fuimos interceptados por dos retenes del Ejército y ahí se hizo el montaje en el que, según ellos, apareció un arma en posesión de la organización. Entonces se me acusa de posesión ilegal de armas en perjuicio de la seguridad interna del Estado de Honduras. Es ridículo, ¿verdad? Al mismo tiempo demuestra la intención del Ejército y del Gobierno de acusarnos y criminalizarnos. En la primera acusación hasta ahora en ese caso no se ha probado absolutamente nada.

¿En qué estado se encuentra este proceso?

Nos alarma que no se ha hecho si quiera un peritaje, aunque lo hemos pedido formalmente en la fiscalía y el juzgado nunca han querido hacerlo, así como tampoco hay un acta de registro del vehículo. A mí no me detuvieron los policías si no el Ejército. La policía llegó hasta una hora después y presencié la discusión entre oficiales de policía y del Ejército por si yo podía seguir camino hacia donde tenía una reunión en Río Blanco [al norte del país], pero la orden de ‘arriba’ era llevarme detenida. Ha habido conjeturas peligrosas también sobre esto: presentarnos como una organización violenta que anda armada y, por supuesto, un ensañamiento por ser mujer. Incluso se ha acusado a uno de los compañeros que más cerca está de mí de que él me puso el arma en una campaña de desprestigio. Es una campaña muy perversa. En este país ser luchadora es muy peligroso. Esta acusación viene por parte de la Procuraduría Pública y el Ministerio Público.

¿De qué se trata la otra acusación?

En la otra acusación que nos presenta la empresa DESA estoy junto a los compañeros Aureliano Molina y Tomás Gómez, acusada de usurpación, coacción y daños continuados. La empresa nos acusa de que en tres meses perdieron más de tres millones de dólares. Ahí se demuestra en esas audiencias algo histórico que en La Esperanza [cabecera del departamento de Intibucá] nunca se había visto: una audiencia inicial de dos días completos, y toda una instancia judicial departamental dedicada sólo a eso. Las acusaciones sólo para señalar la carga de desprecio y discriminación. Los argumentos que dan los testigos, el jefe de seguridad y los ingenieros de la empresa son controvertidos. Por ejemplo nos acusan de que incitamos la agresión y la prueba es que “en las manifestaciones por la defensa del territorio hay mantas con el nombre de la organización”.

En Honduras se va a imponer con fuerza una dictadura trasnacional

Otra prueba presentada por ellos es que gritamos consignas como “los ríos no se venden, los ríos se cuidan y se defienden” y que eso es incitar a la violencia. La otra apunta a que “los indígenas no saben pensar, que necesitan de alguien que les esté diciendo”. Entonces aparece el racismo. Cuando las compañeras indígenas fueron a dar testimonio a nuestro favor, y relataban la importancia espiritual del río, que en el río Gualcarque viven espíritus y esos espíritus son niñas, y que las empresas agreden a los espíritus, ahí pudimos ver cómo ellos se reían y despreciaban con gran racismo la situación.

¿Hallas una mayor intencionalidad por ser una mujer liderando un movimiento?

Sí. El ataque cuando una persona es dirigente no es lo mismo cuando es hombre que cuando es mujer. Primero en la historia del COPINH hay un fraccionamiento interno y un grupo de compañeros se deslindan y comienzan por enfocar la agresión en que es una mujer la que está conduciendo el movimiento. La violencia aumenta porque es una mujer la que está conduciendo el proceso contra las trasnacionales en río Blanco [que fluye hacia el norte y desemboca sus aguas en el Golfo del Caribe], porque es una mujer la que logra sacar a la trasnacional Syno Hidro, la más grande del mundo en construcción de represas. Es algo mayúsculo, hecho con las comunidades y en una organización dirigida por mujeres sobre todo. He recibido, claro, muchos mensajes con contenido de hostigamiento sexual por parte del jefe de seguridad de DESA.

¿Qué implica la victoria electoral del candidato del Partido Nacional Juan Orlando Hernández?

Lo mismo que demuestra con cada acto [desde 2010 es presidente del Congreso Nacional de Honduras] como la aprobación de la ley de minería, la ley de inteligencia, la ley de intervención pública/privada, la policía militar, o sea más represión, hay más bases militares gringas en este país. Tanta violencia política, significa el incremento de toda esta situación de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos y la entrega mayor de este país a las empresas trasnacionales. O sea: aquí se va a imponer con fuerza una dictadura trasnacional. Por eso fue que dieron el golpe de Estado, porque no van a renunciar a los privilegios que tienen ni van a ceder ese poder. Por eso decimos: el golpe es un proyecto de dominación mayor. Su victoria se traduce en más agresión a los derechos sexuales y reproductivos, a nuestras libertades como seres humanos, como actoras políticas, sociales, culturales. Hay que recordar que ellos le apuestan a la militarización y ésta significa más violencia, más agresión y denigración a la vida de las mujeres. En términos económicos equivale a más explotación, porque ellos no están dispuestos a aceptar los desafíos con las trasnacionales que en Honduras significa el trabajo en las maquilas, que es trabajo en situación de esclavitud. Para las mujeres entonces hay más fundamentalismo, más imposición de esa cultura patriarcal y golpista.

Antes hablabas de los espíritus femeninos del río… ¿nos podrías contar más?

El río Gualcar, que cruza la cordillera de Puca Opalaca, una cordillera muy importante en la parte alta de Intibucá, tanto desde el punto de vista histórico como cultural, así como por su biodiversidad. Pero también tiene una importancia para la rebeldía del pueblo lenca, una importancia increíble para la producción de agua, la riqueza hídrica que hay de minerales, de plantas medicinales… Esta cordillera tiene una relación fuerte con la población lenca, hay bosques vivos, montañas vivas. Este es un río vivo que está amenazado por la construcción de seis represas, incluyendo cinco en San Francisco de Opalaca, que está cruzado por la cordillera, y en ningún lugar se ha permitido la construcción de represas [sin respetar la soberanía y decisión del pueblo indígena, el Gobierno dio luz verde a las empresas]. Desde la cosmovisión del pueblo lenca el agua es un elemento fundamental, así como la tierra es parte del equilibrio y la creación, así como en el agua viven los espíritus. Por eso el agua hay que cuidarla y respetarla como un ser igual a nosotras. Eso explica que una comunidad tenga tanta fuerza para defender un río. Y estos espíritus son, desde la cosmovisión del pueblo lenca, niñas que viven en el río.

Fuente: http://www.pikaramagazine.com/2014/01/la-defensa-del-medio-ambiente-es-antipatriarcal/#sthash.zaikG78g.dpuf

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Honduras: Mr. Hernández’s Witch Hunt

Posted: 01/16/2014 6:06 pm

It is an extremely dangerous game whenever a political leader attempts to paint an opponent as an enemy of the state, or at the very least traitorous or unpatriotic, because if the label should manage to stick, then it opens the way for the opponent to be treated differently — perhaps denied his or her civil rights, perhaps denied due process under the law, perhaps even basic human rights — all in the name of “national security”.

The tactic is a common one used by political leaders who wish to gain and consolidate power and control, thus isolating and destroying the opposition. The reasons for employing such a tactic can vary from fear or hatred to personal ambition or greed. Okay, maybe simply ignorance. Take your pick. The goal is the same: Target somebody and bring them down, thereby lifting yourself up even higher.

Think back to the era of McCarthyism during the first half of the 1950s in the United States — a time of political witch hunts. Think about all the attempts in the past few years by ideological extremists or racists (or just loonies) to label Barack Obama a socialist, a Muslim or a non-American. Of course, most of those efforts have tended to be pathetic, laughable or just plain sad, carried out by political hacks such as Donald Trump, Sarah Palin and Ted Cruz. But the danger with witch hunts is that they sometimes build up momentum, particularly when the economic and social situations in a country are not going so well. Sometimes, they get out of hand and people get hurt — often, innocent people.

Last week, President-elect Juan Orlando Hernández warned extortionists, gangbangers and members of organized crime in Honduras that they are soon going to be losing their friends, notably people within the Liberty and Refoundation (Libre) party.

“Among those few friends,” Hernández said, “there are a few leaders of the Libre party who support them. I recommend to [these friends] that they not continue doing it, because otherwise they are colluding. The fiesta has ended for the extortionists … The nefarious party that has caused so much damage to this country has ended for them.”

It’s okay to talk firmly about getting tough on crime. The people of Honduras need to know that someone strong and competent is in charge and is going to improve security in the country and get the bad guys. It is not okay to single out a particular political party and try to make the public believe that it is synonymous with organized crime. As Congressman Teófilo Enamorado (of Libre) correctly pointed out shortly after Mr. Hernández made his remarks, “I do not believe that only in Libre can there be criminals, or a person who wants something bad for the country. There exist those kinds of people in all parties, in the same way that there are good persons.”

Eduardo Reina of Libre strongly rejected Mr. Hernández’s claim. He said, “It is dangerous to link Libre to organized crime. We see this as a political issue of the President-elect in order to generate a smokescreen and divert attention from the problems of healthcare, security and others.”

He asked why it is that Mr. Hernández always seems to want to blame all of Honduras’ problems on Libre when it has been the Nationalists under him (when he was president of the National Congress) and President Lobo who have ruled the country for the past four years.

Mr. Reina noted that it was Mr. Hernández who “changed the Supreme Court magistrates and named the attorney generals at the Public Ministry … he governed the last four years and things remain the same or worse in the country”.

Mr. Reina speaks the truth, and Mr. Hernández is indeed playing a dangerous game. All leaders of all political parties should speak out against the tactic. All Hondurans should. Remember Martin Niemöller’s famous quote: “First they came for the Socialists, and I did not speak out — Because I was not a Socialist. Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out — Because I was not a Trade Unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out — Because I was not a Jew. Then they came for me — and there was no one left to speak for me.

Fuente: http://www.huffingtonpost.com/marco-caceres/honduras-juan-orlando-hernandez_b_4609651.html

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Libre quiere boicotear toma de posesión

Martes 14 de enero de 2014

09:15 pm  – Redacción 

Los invita a que hagan oposición constructiva.

Óscar Álvarez denunció las intenciones de Libre.

Óscar Álvarez denunció las intenciones de Libre. (Redacción)

Tegucigalpa,

Honduras

El diputado nacionalista Óscar Álvarez  denunció que como parte de la conspiración, dirigentes del partido Libertad y Refundación (Libre)  pretenden crear un caos en la capital el día de la toma de posesión del nuevo gobierno .

Álvarez informó que parte de este plan es que los diputados electos de Libre no se presentarán a la entrega de credenciales organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) .

El diputado reelecto por el PN  manifestó que el ADN de este instituto político es de confrontación y lamentó que el excandidato presidencial Salvador Nasralla  haya caído en la trama de Libre.

Álvarez reiteró “lo que dije en ocasiones anteriores, que el ADN del Partido Libre  es de confrontación y me remito a las pruebas”.

Resaltó que uno de los actos de confrontación es pronunciarse en contra de la entrega de credenciales.

Igualmente, ejemplificó que los miembros de este instituto político “siempre que se manifiestan salen a las calles; siempre van a querer hacer prevalecer su pensamiento, lo hacen manchando paredes y destruyendo la propiedad privada y pública”.

Denunció que “están mencionando que el día de la toma de posesión van a hacer marchas de protesta, inclusive con la búsqueda de que a Juan Orlando no le pongan la banda presidencial”.

El diputado electo mencionó dicha intención como “una situación abominable, terrible y no es típica de un hondureño”.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Libre-quiere-boicotear-toma-de-posesion

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Lunes 13 de enero de 2014

Nacionalistas denuncian conspiración de ‘Mel’ y Nasralla

10:31 pm  – Redacción 

Buscan la ingobernabilidad al querer derogar la Policía Militar y la Ley de Reordenamiento Financiero, se quejan Anduray y álvarez.

Según Óscar Álvarez y Fernando Anduray, “Mel” Zelaya y Nasralla están aliados para propiciar la ingobernabilidad.

Según Óscar Álvarez y Fernando Anduray, “Mel” Zelaya y Nasralla están aliados para propiciar la ingobernabilidad. (Redacción)

Tegucigalpa,

Honduras

Miembros de la bancada nacionalista denunciaron ayer la existencia de una conspiración para tratar de derogar algunas leyes aprobadas por el actual Congreso Nacional .

Han señalado como responsables de esta supuesta conspiración a miembros de los partidos Libertad y Refundación (Libre)  y el Partido Anticorrupción (Pac)  por estar tratando de generar una ingobernabilidad en Honduras.

Miembros de la bancada del Partido Nacional  se han reunido con el objeto de analizar las últimas acciones de este grupo de políticos, que están llamando a integrar un bloque de diputados para derogar en el próximo Congreso la Ley de la Policía Militar , la Ley Fundamental de Educación y la Ley de Reordenamiento Financiero , entre otras.
Desestabilización

El exprecandidato presidencial nacionalista, Fernando Anduray , que participó en la reunión efectuada en la capital, indicó que “no es justo que a estas alturas venga Salvador Nasralla , a espaldas de sus diputados del Pac , a negociar con gente de Libre la desestabilización del país”.

Anduray acotó que “hay una alianza entre Manuel Zelaya y Salvador Nasralla  que ya no la pueden ocultar y es preocupante que leyes como la Policía Militar de Orden Público , que está dando buenos resultados, vayan a ser derogadas tan solo porque alguna gente de Libre está coludida con el crimen organizado, tal como lo denunció el presidente electo Juan Orlando Hernández ”, lamentó.

Es una lástima que muchos amigos del Partido Liberal , por estar pensando en quién va a ser el próximo presidente del Congreso, no se hayan percatado de que el país está en peligro frente a ese tipo de iniciativas, “de ahí que hacemos un llamado a los diputados liberales electos para que no se vayan a prestar al juego de atentar contra la Policía Militar, contra la Ley Fundamental de Educación y contra las medidas fiscales”.

Anduray destacó que el Partido Nacional  ha decidido ponerse en guardia ante esta conspiración de parte de grupos de oposición como son el Partido Libre y Nasralla .
Ingobernabilidad

Por su lado, el diputado Óscar Álvarez  indicó que Nasralla y Libre  no están buscando hacer oposición, sino que una conspiración para alentar la ingobernabilidad en el país.

Esta gente no entiende que hay que poner orden en el país, tanto a nivel de las finanzas como en otras áreas como la seguridad, el sector de la educación y otros donde no se puede permitir que haya desorden.

Álvarez repitió las frases del presidente electo, en el sentido que se les acabó la fiesta a los delincuentes, a los pandilleros y extorsionadores  y a los grupos que apoyan a estas personas.

En consecuencia, los diputados estamos apoyando al presidente electo Juan Orlando Hernández , en el cumplimiento de sus promesas de campaña de devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo hondureño, precisó.

En cuanto a las amenazas de que los de Libre  van a proceder contra Juan Orlando Hernández por haber dicho que unos pocos dirigentes están coludidos con el crimen organizado, el diputado Álvarez indicó que “no le tenemos miedos a estas amenazas”.

“Tenemos en nuestro poder lo que dijo Roger Noriega , exsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos del gobierno de Estados Unidos , acerca de que el expresidente  Manuel Zelaya  tiene vínculos directos con el narcotráfico”.

Agregó que tenemos otras declaraciones de personas de alto nivel que sindican al expresidente Zelaya de haber convertido a Honduras en un puente para el narcotráfico, esas son declaraciones abiertas que pueden ser corroboradas en las fuentes correspondientes, afirmó Álvarez.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Nacionalistas-denuncian-conspiracion-de-Mel-y-Nasralla

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HONDURAS: Corre la sangre indígena del Pueblo Lenca en su lucha contra el proyecto de la central hidroeléctrica que ahogará sus tierras

domingo, 12 de enero de 2014

La indígena lenca María Paulina Gómez, tia de Paula González que fue la primer víctima en la lucha contra el “Proyecto Hidroeléctrica Agua Zarca”.

HONDURAS / RIO BLANCO:

Corre la sangre indígena del Pueblo Lenca en su lucha contra el proyecto de la central hidroeléctrica que ahogará sus tierras

Por Dick y Mirian Emanuelsson

Videos:
Reportaje de Rio Blanco (31 min): http://vimeo.com/82020819,
YouTube: http://youtu.be/cXD6Ha2opZ0
La entrevista con Bertha Cáceres: (61 min): http://vimeo.com/82083040,
YouTube: http://youtu.be/Yiu_G9gdQ4g
  • En el noroeste de Honduras se desarrolla una intensa batalla desde hace nueve meses entre el pueblo indígena Lenca y la construcción de una central hidroeléctrica llamada el “Proyecto Hidroeléctrica Agua Zarca”.
  • La constructora más grande del mundo de represas, Sinohydro fue doblegada y abandonó el proyecto ante la firmeza y decisión del pueblo Lenca de luchar hasta las últimas consecuencias.
  • Hasta ahora han sido asesinados dos integrantes de ese pueblo. Tomás García fue asesinado en julio 2013 cuando los militares abrieron fuego contra los indígenas.
  • Bertha Cáceres, coordinadora del Copinh, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, ha sido enjuiciada y sentenciada a prisión por la consecuente lucha contra el proyecto.
RIO BLANCO / NOROCCIDENTE de HONDURAS / – Estos son cartuchos, dice Francisco Javier Sánchez y extiende su mano hacia nosotros para ver mejor los 4-5 cartuchos de municiones. Sánchez es presidente de Copinh.
Francisco Javier Sanchez,
presidente de Copinh

– La compañía cree que nos puede intimidar. Pero no nos dejamos a intimidar, no tenemos miedo, dice, sonriendo astutamente. Aunque dos compañeros han sido asesinados en la larga lucha de nueve meses, seguimos exigiendo el derecho a las tierras que pertenecen al Pueblo Lenca.

En nuestro alrededor se han concentrado unas cien personas del pueblo indígena Lenca. Éste pueblo vive y trabaja la tierra en los departamentos de Intibuca, Santa Barbara, Lempira y La Paz, departamentos que limita con El Salvador donde también existen comunidades de lencas. Al frente de nosotros se ha agrupado unos diez guardias armados y nerviosos. Están ahí, dicen, para proteger la oficina de la empresa que ha obtenido la concesión del Congreso Nacional para construir y administrar una central hidroeléctrica. Pero no ha logrado construir mucho más que las barracas de las oficinas pese que el proyecto comenzó hace nueve meses.
Hemos bajado por las montañas durante una hora y con horror nos estamos imaginando el terrible regreso por los senderos que suben bruscamente por estas montañas. El equipo de máquinas fotográficas y de video, el trípode, mochilas y cables pesan. . . .
LA NATURALEZA Y LOS PAISAJES en esta parte de Honduras son impresionantemente hermosos. Las montañas se elevan majestuosamente y los bosques de coníferas y el cultivo del maíz están iluminadas y se balancean divinamente verdes y amarillos en el viento. La mayor empresa de construcción de centrales hidroeléctricas en el mundo, la china Sinohydro, creía que se podía construir una de muchas centrales hidroeléctricas en Honduras. Pero el pueblo Lenca y la organización Copinh lo impidieron. Los chinos se retiraron a pesar que el estado construyó un cuartel de la policía y el ejército envió tropas al sitio por el lugar de la eventual construcción. Francisco y su pueblo se negaron a retirarse del lugar que han ocupado durante los últimos nueve meses.
* ¿Con qué se responde las balas de los guardias? le preguntamos a Francisco. ¿Con piedras, con los machetes, o. . .?
– Con mache…. ¡No! Con pura manos en veces, leñas. Pero. . . nosotros no agredimos, son ellos que agreden a nosotros, contesta el líder de baja estatura pero con unos ojos que expresan una fuerte determinación de no rendirse.
LAS NUBES BAJAN LENTAMENTE por las montañas y, literalmente, las encierran en una enorme suave manta blanca. Las mujeres y los niños, viejos como jóvenes se ríen con timidez cuando les preguntamos acerca de ¿cómo pueden aguantar día y noche, día tras día, mes tras mes?
La oscuridad se asienta sobre “El Roble”. Es el lugar donde Copinh desde hace nueve meses ha levantado una barricada como un obstáculo en el camino para evitar que la próxima constructora pueda pasar con vehículos pesados y dirigirse a la obra en el río. Es un puesto estratégico con vistas a toda la zona y el valle se sumergirá en el agua cuando y si el dique debería ser construido.
– Somos once aldeas en la lucha contra la represa, en pie de lucha hasta morir.
* Según la empresa, ella quiere comenzar a construir la “cortina” ahora. ¿Qué pasará con esta parte abajo donde estamos ahora?
– Inundan las tierras que tenemos para trabajar y las aldeas también.
* ¿Qué cultivan ahí?
– Cultivamos maíz, frijoles, café de palo, yuca, guineo, naranja, lima, toda variedad de frutas tropicales. Desaparecerán con el embalse, agrega Francisco Sánchez y María Paulina Gómez, una de las mujeres delgadas pero fuerte, comenta:
– En esta lucha destruyeron a mi sobrina Paula González, que murió. Dio su

Una joven indigena lenca
con su gorra del Che

vida en esta lucha por los bosques y los ríos, que son muy sagrados por que tienen el espíritu de la niña. Por eso nosotros como indígenas lencas no olvidamos que somos y siempre defendiendo nuestras tierras.

* En esta lucha ¿no solo están los hombres sino todo un pueblo?
– Si, todo un pueblo. Por que nosotros no somos allegados aquí, ¡nosotros nacimos aquí!
Si hay algo notorio, pues es la presencia de mujeres y niñas. Y no son tímidas de hablar por ser mujeres. Al contrario. Mujeres como María Paulina Gómez las hemos visto y escuchado en toda Honduras. Él que creía que la mujer lenca se quedaría calladita y sumisa ante el hombre, se equivoca. Las mujeres indígenas están muy activas, quizás por ser lo más cerca y responsables por los niños y el hogar. Tienen una lucha diaria para que los niños puedan alimentarse. También ven como los niños son afectados de todo tipo de enfermedades cuando el Estado se hace ausente y no garantiza lo más elemental de derechos humanos, el derecho a la vida.
Una mujer indigena de la Amazonía ecuatoriana camina
en el desastre ecológico creado por Chevron-Texaco

LOS MEGAPROYECTOS EN LATINOAMÉRICA como construcción de Centrales Hidroeléctricos o la explotación mineras, enfrentan cada día una reforzada resistencia de los pueblos. No es una sorpresa que son los pueblos originarios en primer lugar que son los afectados cuando las transnacionales, con el beneplácito generoso de los diferentes gobiernos quieren explotar las enormes riquezas naturales que el continente americano posee. Hoy existe una red entre pueblos y naciones en America Latina y el Caribe hasta tal grado que se reúnen e intercambian experiencias frecuentemente en la lucha en cómo combatir los saqueadores de los recursos naturales. Hasta que tienen un día de lucha contra los planes y obras de represas y minerías que es el Día 14 de marzo.

El movimiento popular también se involucra cada vez más en la lucha ya que riqueza de la naturaleza deben ser distribuida entre los pueblos y no como ahora, resultar en grandes beneficios para los accionistas o administradores de fondos en el mundo industrializado en Montreal, Nueva York, París, Beijing o Viena.
EL EJEMPLO DE BOLIVIA y el Gobierno de Evo Morales es sólo uno de varios ejemplos de cómo las políticas pueden ser exitosas si están al servicio al interés de la mayoría del pueblo. El gobierno de Morales, cuando asumió el cargo en 2005, de inmediato tomó el control de los impuestos sobre el petróleo y el gas, aumentó dramáticamente los impuestos de las compañías petroleras que querían permanecer en Bolivia, pero bajo las condiciones impuestas por el gobierno. Los detractores de Morales argumentaron que todas las empresas extranjeras huirían del país y que toda la inversión extranjera cesaría.
La realidad fue lo contrario y confirmó que las enormes ganancias que las empresas habían sacado de Bolivia podrían ser invertidas en más escuelas, maestros, hospitales, médicos, y también en aumento de los salarios. Se han introducido incluso una pequeña pero simbólica pensión para los más pobres entre los ancianos en Bolivia.

Cinco familias controlan casi todo en Honduras

  • El 40% del PIB en manos de un puñado de apellidos de origen judío y palestino
  • Casi todos contribuyen económicamente con los dos partidos liberal-nacional.
  • Un puñado de familias coordinadas antes y después del golpe de Estado
Los Rosenthal, los Facussé, los Larach, los Nasser, los Kafie o los Goldstein. Cinco apellidos que controlan maquilas (industrias ensambladoras), energía térmica, telecomunicaciones, turismo, banca, finanzas, medios de comunicación, cementeras y comercio, aeropuertos o el congreso. Prácticamente todo. Son el núcleo duro de ese 3% de hondureños que controla el 40% de la producción nacional. Son los elegidos de un país con un 70% de pobres, resumió el diario derechista español El Mundo el 28 de noviembre de 2009, citando  el libro “Honduras; poderes fácticos y poder político coordinado”, por Víctor Meza.
“Son familias como los Atala, dueños de Banco Ficohsa o los Kafie “poderosos entre los poderosos”.
D.E.
Bolivia también dio al mundo exterior una profunda lección en democracia, especialmente para las supuestas democracias autoproclamadas en Europa y los EE.UU. El gobierno de La Paz mostró cómo un gobierno que responde más escuchando a los indígenas cuando no están de acuerdos con el gobierno central en lugar de los inversores extranjeros, que siempre han presentado un pliego de peticiones que quiere ver cumplido antes de invertir.
La participación electoral es un indicador de la democracia y el 6 de diciembre de 2009 participó más del 80 por ciento del electorado y Evo Morales recibió una nueva confianza con 64,22 por ciento de los votos. Su partido, el Movimiento al Socialismo, MAS, ganó la mayoría cualificada en el Senado y la Cámara de Diputados.
Ejemplos en Bolivia en cómo la democracia ha sido aplicada ha sido los temas ¿en qué los recursos naturales serán invertidos o cómo la construcción de carreteras en los territorios indígenas constitucionales sean construidas? Una nueva constitución fue redactada y conformada en un referéndum. La nueva Constitución dio a los 50 diferentes pueblos originarios derechos que antes ni siquiera habían soñado. Y con esto en la columna, los pueblos indígenas se han enfrentado varias veces con el gobierno en La Paz.

El gobierno de Evo Morales ha tomado el control de los recursos naturales y una nueva constitución da legitimidad a las decisiciones. Los sectores oligarquicos y la Casa Blanca intentan sistemáticamente de desestabilizar al proceso político. Pero 65% del pueblo respalda al gobierno.
ESTOS DERECHOS Y ESTA CONSTITUCIÓN AVANZADA carece el Pueblo Lenca u otras comunidades indígenas de Honduras. En cambio, la represión se ha intensificado a medida que el Congreso del país dio su consentimiento a no menos de 47 concesiones a empresas extranjeras o nacionales apenas días después del golpe de estado militar del 28 de junio de 2009. El segundo país más pobre de América es al mismo tiempo, paradójicamente, uno de los más ricos si contamos en recursos naturales. Pero la política de la riqueza o económica no se distribuye o está al servicio al hondureño en común, sino va a un pequeño grupo de empresas extranjeras y nacionales.
Uno de los indígenas que fue afectado por la creciente represión contra el pueblo lenca fue Tomás García. El 15 de julio el año pasado fue blanco militar por el ejército. Se cumplían 106 días de resistencia y toma por la carretera cuando el Ejército disparó en forma indiscriminada contra los indígenas, asesinando a Tomás García e hiriendo seriamente a su hijo.

Herido por las balas del Ejército, Alan García, hijo de Tomás García muerto el 15 de julio 2013.
Como la justicia esta acusada en Honduras por estar volteada, el uniformado que disparó esta libre mientras Bertha Cáceres, coordinadora de Copinh, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fue enjuiciada meses después, acusado por rebelión y poseer de armas. Berta calificó en esos momentos el asesinato a García como una “reacción desesperada y criminal” por parte de las empresas que buscan represar el río Gualcarque.
Quedamos de encontrarnos con ella en un lugar secreto, ya que desde el año pasado tiene una orden de captura y de prisión que pesa sobre su cabeza. Ella también es una prueba de cómo las mujeres de Honduras se han ganado nuevas posiciones y una nueva conciencia después el surgimiento del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, el movimiento que se formó en el mismo día del golpe de estado.
Tres meses después el asesinato de Tomás García, en octubre de 2013, Bertha fue condenada a prisión, un veredicto que se creará en febrero de 2014. El tribunal también dictaminó que Cáceres no podrá regresar a la región de Río Blanco. El cargo era la posesión de un arma y la intriga de rebelión entre el pueblo Lenca contra la construcción de la central hidroeléctrica en Río Blanco.
Patrulla del Ejército y los indígenas lenca en la carretera.
Pese a la militarización de la región de Río Blanco, la lucha
contra los planes de la represa sigue intacta.
PERO CUALQUIERA QUE CONOZCA A BERTHA sabe que la acusación es absurda, y es el resultado de una provocación. Cuando Bertha y el vehículo que Copinh posee se dirigía a El Roble, el sitio de la ocupación en el Río Blanco, recogieron a un señor que plantó una pistola en el vehículo. Por pura coincidencia una patrulla del ejército detuvo el vehículo sólo unos minutos después de que el “pide-jalón” había bajado del carro.
Con la provocación aumentó las amenazas de la policía y militares en la región y también las amenazas de muerte hacía la dirigenta de Copinh. El internacionalmente reconocido juez español Baltazar Garzón, quien exigió que

La lista de personas para ser asesinadas.
Bertha Cáceres encabeza la lista.

Pinochet debería ser extraditado a España y ser procesado cuando estaba en Inglaterra, presentó en noviembre del año pasado una lista de 18 hondureños, personas próximas de ser asesinadas. Bertha es una de esas “corredor de la muerte” (¿por quién(es)?). Garzón exigió que el Estado deba proteger y no perseguir a Bertha.

– La decisión de asesinarme es el resultado de una lucha y causa colectiva. Lo hemos dicho antes pero vale la pena repetirlo; vivimos en un enclave de centenares de años de minera, maderero, bananero, frutero, maquilero y hoy vamos a ser un enclave de “Ciudades Modelos”. Vivimos en un enclave dirigido por las transnacionales con un Estado que se va a volver cada vez más servil de esas compañías. Estamos en esta etapa de mayor agresividad de profundización de la transnacionalización. Todos los marcos jurídicos están hechos para eso. Todo esto esta acompañado con la militarización en que Honduras sigue siendo, como lo hemos dicho, un laboratorio de los gringos, que precisamente va acompañado al saqueo de la riqueza que tenemos. Pero no solo eso. Honduras sigue siendo, en esa política imperialista un lugar dentro de la geopolítica gringa es muy importante para invadir a otros pueblos, para detener a los movimientos emancipatorios de saqueos de bienes de la naturaleza. El 2010 para acá dieron esas concesiones, pero fíjate que solo tres días del golpe (28 de junio e 2009), empezaron a dar concesiones.
Bertha Cáceres, coordinadora del Copinh
NO VACILA EN UNA SOLA LETRA. Parece que la lucha en las montañas, bosques, en ríos y valles se han impregnado en la columna en esta luchadora, madre a tres hijos. Como la auténtica líder para la lucha lenca, ha viajado en gran parte del mundo en donde ha planteado el mensaje de lucha de su pueblo.
Ha sido recibida con respeto y admiración y una descomunal solidaridad, sobre todo en Latinoamérica. Nora Cortiñas, 84 años, fundadora de Las Madres de Plaza de Mayo, llegó a Río Blanco y declaró su solidaridad. Condenó la represión y exige un cese a la obra y respeto para los derechos del pueblo Lenca.
También dirigentes religiosos de EE.UU. u otros lideres de los organismos de derechos humanos han visitado el lugar por la ocupación, mientras otros representantes internacionales no pudieron llegar por ser también blancos militares durante el camino, a ocho horas de la capital hondureña.
Las empresas que han sido beneficiadas a las 47 concesiones dieron casi todas su apoyo total al golpe de estado 2009. Bertha sostiene que detrás las fachadas de las empresas hondureñas se esconden casi siempre una compañía transnacional.
COPINH HA LLEVADO A CABO muchos debates sobre el tema de la energía. Los medios oficialistas y la élite política y económica critican a la organización indigenista de ser enemiga a la tarea de que Honduras crea sus propias fuentes de energía. Pero, dice Bertha, Copinh no está en contra que el país crea su energía, por que es un derecho humano, sino que el derecho a la energía no debe ser ligada con intereses capitalistas privados. En Honduras lo es a 100 por ciento.
– El que se presenta como presidente de la empresa DESA es David Castillo, y es egresado de Westpoint, EE.UU. (La Academia Militar de los Estados Unidos, USMA, creado 1802), especialista en inteligencia militar. Es también asesor al Estado Mayor (de las FF.AA. hondureñas). Entonces vemos que hay un vínculo en todos los megaproyectos hidroeléctricos o mineros con los militares, dice Cáceres.
Agrega que se ha impuesto un nuevo concepto por “desarrollo” y es el concepto del Banco Mundial. Se ha financiado una parte de las concesiones en Honduras con millones de dólares. Pero no es sólo concesiones acerca de la construcción de plantas de energía sino una combinación de centrales hidroeléctricas y minería.

Para Copinh y Bertha Cáceres el concepto de desarrollo va de la mano con la creación de un poder popular desde abajo, la construcción de un pueblo del poder con y entre los habitantes de los pueblos y en las comunidades autónomas. Dice que no solo la energía es fundamental sino también la cuestión del agua. “Es un crucial y fundamental para nuestras comunidades”, agrega. Por que hoy en día es imposible llevar a cabo operaciones de extracción a menos que haya acceso al agua. El pueblo Lenca tiene el privilegio de vivir en las sierras que generan una gran cantidad de agua. Pero no solo los lencas (principalmente agricultores) necesitan el agua para sus cultivos, sino también los habitantes de la región fronteriza de El Salvador sobrevive gracias al agua que emana del lado hondureño y regiones lencas.

 La empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA)

La empresa fue creada 2008 por el clano familiar Atala-Faraj, de origen cubano-palestino. “Es uno de los empresarios más comprometidos en el derrocamiento del ex Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales,” el 28 de junio 2009, escribió Radio Progreso en un artículo.

Camilo Atala es dueño del Banco Centroamericano, BAC-Bamer. “Las familias Atala-Faraj también son propietarios del grupo financiero Ficohsa, que comprende Banco Ficohsa, Interamericana de Seguros, Ficohsa Express, PSI –Proyectos y Servicios Inmobiliarios-, Dicorp –Divisas Corporativas- y Fundación Ficohsa. Por su parte los Faraj son dueños de la cadena de tiendas Diunsa y los supermercados La Colonia”, sigue Radio Progreso su resumen.

LA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN MÁS GRANDE del mundo para centrales hidroeléctricas, la empresa estatal china Sinohydro, se adjudicó el contrato para construir la planta de energía en Río Blanco. Pero fue expulsada por la lucha insistente de los indígenas lencas.
“Esta lucha titánica contra monstruos transnacionales”, dice Bertha, muestra que las personas son capaces y son suficientemente fuertes como para obligar a estos mega proyectos de muerte en retirarse.
Expulsaron a Sinohydro. Lo cual causó una furia entre los poderosos y visto como un “mal ejemplo” para “otros movimientos en Honduras que participan en la misma lucha que nosotros”. DESA no ha sido capaz de contratar a una nueva empresa de construcción que quiere construir la planta. “No en vano, somos hijos e hijas de Lempira”, dice Bertha y sus ojos brillan literalmente en cada sílaba.
LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD ARMADOS están rodeados por los indígenas. Han aparecido el director de la empresa de la vigilancia y el director adjunto. A pesar de sus armas de fuego, los guardias observan con rostros preocupados a los indígenas que golpean con sus machetes, conscientes de su superioridad numérica. El ambiente es tenso y si no hubiera sido por nuestra presencia, “International Press”, es posible que la situación hubiera sido diferente.
Las empresas que han recibido las concesiones por el Congreso del país para construir plantas de energía, “parques” de los parques eólicos o concesiones mineras, poseen de verdaderos ejércitos paramilitares, truena David Romero, director de Radio Globo, el canal de la radio quizás más popular en Honduras por su postura firme contra el golpe militar de 2009. Y aquí, en Río Blanco, están diez representantes de una de estas empresa de seguridad liderado por Douglas Bustillo, un ex teniente del ejército hondureño. Escuchamos las acusaciones de los lencas a Bustillo por dirigir grupos de asesinos y secuestradores. Y cuando le estamos filmando y fotografiando a él, él hace lo mismo con nosotros.
– No, ellos (los indígenas) no son guerrilleros, dice cuando lo entrevistamos. La compañía (Desa) dicen que tiene papeles que compraron la tierra de los indígenas. Estamos aquí para asegurarse de que la propiedad no está sujeto a daños o intrusiones, dijo el hombre con una sonrisa como mostrar a los cien lencas presentes que no les tiene miedo, o que quiere provocar a los originarios a acciones que no le conviene ante nosotros.
Douglas Bustillo, teniente (r) del Ejército ahora vice jefe de la empresa de seguridad al servicio del consorcio Desa
TODAS LAS EMPRESAS QUE AFIRMAN tener papeles legales sobre la tierra han tratando con todos los medios posibles de comprar la tierra y el título. Los vendedores muchas veces ni siquiera saben leer o escribir, debido al analfabetismo en estas regiones de Honduras es alto. Las empresas incluso han falsificado los nombres de las firmas, sostiene el presidente de Copinh, Francisco Javier Sánchez. Las historias de cómo la empresa ha atraído a los indígenas a firmar, hace recordar uno a las historias de África, cuando los entonces colonialistas llegaron con espejos, caramelos o aguardiente. En la región de Río Blanco o San Francisco de Opalaca las empresas han regalado confites, un saco de maíz, frijol o 100-500 Lempiras, aproximadamente 5-25 dólares. Ante el sistema judicial totalmente corrupto, los denunciantes se encuentran completamente sin derechos.
¿Cuáles son entonces los propietarios de la empresa Desa? preguntamos a Bertha. Ella responde que son de una familia oligárquica con inversiones en el mundo de la banca y ahora también en la llamada “energía renovable”.
Alinea los hombres detrás de la construcción de central hidroeléctrica en Río Blanco. Entre los propietarios de Desa esta el clan familiar Atala, donde Camilo Atala es el dueño del Banco Centroamericano, BAC Bamer. El hermano Pedro Atala es el presidente de la liga profesional de Honduras en el fútbol. El tercer Atala es el vicepresidente de la Junta Industrial Latinoamericana de Comercio y propietario de Motagua, el segundo mejor equipo de fútbol de Honduras.

Los Pueblos originarios en Honduras

El censo oficial sitúa en 8.045.990 la población, de la que 496.600 pertenecería a los pueblos indígenas chortí, lenca, miskito, nahua, pech o paya, tawahka o sumo y tolupán o xicaque. El número de indígenas según sus propias organizaciones es de 607.300 a quienes hay que sumar un número cercano a las 200.000 personas de los negros del Caribe y garifunas. Son, con mucho, el sector más pobre y abandonado del país. Los organismos de la ONU estiman que viven en una situación de “extrema pobreza” en unas 4.000 aldeas, condición determinada a lo largo de los siglos, desde la colonización española, por la falta de acceso a la educación, salud, seguridad, acceso a la tierra y a sus recursos naturales. El territorio reclamado por los pueblos indígenas es de aproximadamente 2 millones de hectáreas, sobre una extensión nacional de 11’2 millones, y solo el 10% de ellos tiene un título de propiedad de las mismas asegurado.

Fuente: Pueblos Originarios en América

A CONSTRUIR UNA REPRESA es una tarea compleja y especialmente costosa. El proyecto en Río Banco, “El Proyecto Agua Zarca”, recibió luz verde de CAMIF, (el Central American Mezzanine Infrastructure Fund) un sub órgano del Banco Mundial. Es un medio para estimular la inversión privada de infraestructura en Centroamérica.
Copinh advirtió en un comunicado al Banco Mundial sobre las consecuencias sociales, ambientales e históricas de un préstamo a la construcción de la represa antes de la decisión del banco. La organización también llamó a una reunión entre el banco y el pueblo lenca para que el banco pudiera escuchar a los que se verían afectados por el proyecto.
El Fondo de Desarrollo de Holanda también está a punto de dar un préstamo millonario al Desa. Copinh y cinco organizaciones europeas de derechos humanos escribieron al Fondo holandés e hizo hincapié en que el Fondo será cómplice de violaciones del Convenio 169 de la OIT sobre los derechos indígenas y la autonomía, y que contribuyen a la militarización de la región y con el aumento de violaciones de los derechos humanos.
– El Fondo envió sus consultores a Honduras y respondieron que ya consultaron. Desconocieron totalmente todas las denuncias de Copinh. Fue una gente arrogante, prepotente que no se ha atrevido de dar una respuesta directa a Copinh. Ellos dijeron “que sí”, pero ellos mienten.
– Lo otro que dijeron es que su interlocutor válido para el pueblo indígena es la Secretaria de Pueblos Indígenas y Afrohondureños. ¿Cómo va a ser el mismo Estado y gobierno que no representan los pueblos indígenas por que es el ministerio del gobierno?
– Dicen también que la representación (del pueblo lenca en Río Blanco) la tiene un patronato que organizó Desa. Son cuatro personas que son empleados por Desa, los trajeron a la Casa Presidencial y juntaron con algunas organizaciones dizque indígenas, que incluso la base de ellos está en contra esa firma del proyecto. El Fondo de los Países Bajos dice que ellos son sus interlocutores comunitarios válidos.
LA DIRIGENTA DE COPINH afirma que fue presionada para sentarse a negociar con la empresa y que el jefe de la compañía le ofreció un soborno para aceptar la construcción de la represa. Pero Bertha Cáceres dice que jamás aceptará propuestas similares para violar toda dignidad humana y la confianza que el pueblo lenca ha dado a su líder. Después de su negativa, fue sometida a varias provocaciones y se publicó la lista de muerte en donde su nombre es registrado junto con otros 19 hondureños.
– Incluso tengo mensajes en mi celular de Douglas Bustillo, el vice jefe de Seguridad de la empresa, con mensajes de acoso sexual. Es una situación muy complicada para Copinh de un contexto de mayor criminalización, pese a que siempre ha habido una criminalización a Copinh desde el principio. Muchas amenazas y ocho compañeros asesinados. No es la primera vez pero como este momento, en el que se esta conformando un escenario nacional peligroso de mayor criminalización para los movimientos sociales, que se acusa a mi por “montajes al Ejército, posiciones ilegal de armas, en perjuicio a la Seguridad Interna del Estado de Honduras”, ¡por favor!, es una cosa que da risa pero muestra lo que son capaces de hacer. Es una estrategia gringa de Contrainsurgencia que debemos dar esa lectura.
El asesinato del líder indígena Tomás García por parte del ejército el 15 de julio de 2013, fue la gota que rebasó la copa para el pueblo lenca. Le dio un ultimátum a la empresa constructora china Sinohydro: retírese o enfrentará las consecuencias. Los chinos se dieron cuenta que la situación era insostenible para la construcción del proyecto con las comunidades en su contra y optó por retirarse. Desde ese día se destaca el proyecto hidroeléctrico pero sin constructores.
Ignocencio Gómez, indígena lenca que tiene su finca en la orilla del Río Gualcarque y que va a desaparecer por la represa.
LA MILITARIZACIÓN Y LA “COLOMBIANIZACIÓN”, con grupos paramilitares que hace el trabajo “sucio” del estado o como militares patrullan durante el día y en la noche se colocan el brazalete del paramilitarismo y salen para asesinar a la oposición política y popular. La copia se ve claramente en Honduras de hoy, dice Bertha Cáceres:
– Como hemos denunciado siempre; es la copia del Ejército colombiano y el Paramilitarismo acá. ¿Y quiénes están detrás? Los Gringos. ¿Por qué los gringos tienen seis bases militares en Honduras? ¿Por qué van a poner la base marítima más grande de América Latina en Honduras? ¿Qué hacen esos gringos en Caratasca? ¿Por qué están haciendo subterráneos? Eso no es para combatir el narcotráfico, ¡que no vengan con ese cuento, es mentira!, dice la lidereza de Copinh y concluye:
– En Río Blanco hay un ejercicio de paramilitarismo. Yo los he visto y sabemos como operan, jugando con las mismas necesidades de la gente o de los mismos empleados. Pagan dos mil lempiras (100 USD) para sabotear el carro de Copinh.  Cuando el Ejército me capturó el 24 de mayo 2013 había seis hombres civiles listos para tirotear al carro de Copinh. Cuatro veces me amenazaron a muerte (ese día). Francisco Sánchez, presidente de Copinh, esta en la misma situación pero se ha mantenido hasta ahora. Hay que estar bien preparados para soportar esto, por que no es fácil.
DESPUÉS QUE HICIMOS EL REPORTAJE EN RÍO BLANCO y la entrevista con Bertha Cáceres en mediado de diciembre 2013, la Corte  de Apelaciones de Comayagua dictó sobreseimiento provisional  a  Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomas Gómez Membreño.
Dice el comunicado del COPINH que “el equipo de defensa continuarán trabajando por un sobreseimiento definitivo en los casos de persecución judicial en contra de los tres compañeros y demás miembros del COPINH que son objeto de este tipo de represión y que aun enfrentan amenazas a la vida y acusaciones judiciales. Que agotaremos todas las instancias judiciales necesarias como una manera de seguir luchando por la justicia y la verdad, aunque sabemos cómo y para quienes funcionan y está hecho este poder del Estado. El COPINH advierte que la empresa DESA junto con el Ministerio Público, de quien lamentamos su papel de servilismo, continuarán haciendo diligencias que amenazan la integridad de nuestra organización y su militancia; No solo a través de la criminalización de la lucha del COPINH por la vía judicial, sino de campañas sucias y de descrédito, ataques cibernéticos, hostigamiento y militarización”.
Es una parcial victoria de todo el pueblo Lenca y la solidaridad nacional e internacional, sostiene la organización del pueblo Lenca.

El bloqueo del camino que ya lleva más de nueve meses.

Lempira (Cacique Lenca)

Lempira (m. 1537) fue un capitán de guerra del pueblo de los lencas que luchó contra los españoles durante la década de 1530, en los documentos escritos durante la conquista española, es mencionado con el nombre de El Lempira.
Era un indígena de origen Lenca, de buena estatura, de espalda ancha y de gruesos miembros. Era bravo y desde muy joven mostró gran valor, sentía un amor entrañable por su pueblo, su tierra, sus leyes y sus costumbres.
El nombre Lempira, según sostienen Jorge Lardé y Larín, proviene de la palabra Lempaera, que a su vez procede de dos vocablos de la lengua lenca: de lempa, que significa “señor” —título de alta dignidad o jerarquía—, y de era, que significa “cerro o sierra”. Así pues, Lempira, vendría a significar “Señor de la sierra” o “Señor del cerro”.
Lempira fue comisionado por Entepica para que organizara la resistencia a la penetración de las tropas españolas en 1537, teniendo como base el cerro de Cerquín. Cuando los españoles llegaron a Cerquín, Lempira se encontraba luchando contra caciques vecinos, pero debido a esta amenaza, Lempira se alió con el subgrupo lenca de los Cares y consiguió reunir un ejército de casi 30.000 soldados, procedentes de 200 pueblos.

Debido a ello, otros grupos se alzaron también en armas en el valle de Comayagua, en Olancho. Los intentos españoles para derrotarles, dirigidos por Francisco de Montejo y su lugarteniente, Alonso de Cáceres, resultaron infructuosos antes de 1537.

Fuente: Wikipedia


Convención 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales

La Convención 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, también conocida como Convenio 169 de la OIT es una declaración de 1989, que precede la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Tiene como predecesora a la convención 107 adoptada en 1957.
El convenio hace hincapié en los derecho de trabajo de los pueblos indígenas y tribales y su derecho a la tierra y al territorio, a la salud y a la educación.
Determinando la protección de “los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios” de los pueblos indígenas, y define “la importancia especial que para las culturas de nuestro territorio y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios“. Así como la importancia de las actividades económicas tradicionales para su cultura. También que los servicios de salud para indígenas deberán organizarse en forma comunitaria, incluyendo los métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Los programas de educación “deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores” y además, “deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas”.

Propuestas e historia

La convención OIT 169 es la más importante ley internacional que garantiza los derechos indígenas. Su fuerza radica y depende, de todos modos, de un alto número de naciones ratificantes.
La revisión de la convención 107 significa que los enfoques integracionistas y asimilacionistas ya no son aceptables como doctrinas para los gobiernos que las buscan.5 Los pueblos indígenas deben tener el derecho a elegir si integrarse o mantener su cultura, sus tradiciones, e integridad política. Los artículos 8–10 reconocen las culturas, tradiciones, y circunstancias especiales de los pueblos indígenas y tribales.
En noviembre de 2009, la decisión de una corte Chilena, considerada un hito en los derechos de los temas indígenas, hizo uso de las leyes de la convención OIT. La corte fallo unánimemente a favor de conceder un flujo de agua de 9 litros por segundo para las comunidades Chusmiza y Usmagama. Por una disputa legal de 14 años, y centros en derechos de agua para las comunidades en uno de los lugares más áridos del planeta. La decisión de la Corte Suprema en derechos de las aguas Aymara sostiene las decisiones del tribunal de Pozo Almonte tribunal y la corte de Iquique a apelar, y marca la primera aplicación judicial de la convención OIT 169 en Chile. Luego de esta decisión, algunos protestaron e intensificaron sus protestas durante el fallo respecto a la Convención 169 en Chile. Líderes Mapuche iniciaron una medida cautelar contra la presidenta chilena Michel Bachelet y su ministro de presidencia José Antonio Viera Gallo que también es coordinador de asuntos indígenas, argumentando que el gobierno fracaso a cumplir plenamente con la cláusula del convenio 169 de “consulta previa” que debe ser levado “de buena fe y de forma apropiada a las circunstancias, con el objetivo de conseguir acuerdo o consenso a las medidas propuestas” como tala, agronegocios, o minería en territorios indígenas. Existen muchos ejemplos de casos exitosos en los que se aplicó la convención OIT en Chile, como el caso de una Machi que inició una acción legal para proteger tierras con hierbas medicinales, que eran amenazadas por la industria forestal. Algunas preocupaciones se alzaron en su tiempo por el marco político de los gobiernos trajeron además del proveniente de la convención, y no al revés.

Distinción entre el convenio 107 y el 169

El convenio 107 de 1957, fue la primera iniciativa de tratar los asuntos indígenas. Y fue adoptado por la OIT a pedido de la ONU, y se adoptó en 27 países. Sin embargo el mismo tenía un enfoque integracionista. En 1970 la ONU comenzó a investigar a los pueblos indígenas y tribales, y se cuestionó el enfoque de del convenio. Así en 1986 se sostuvo que el ”enfoque integracionista del Convenio estaba obsoleto y que su aplicación era prejudicial en el mundo moderno”, de este modo nace en 1989 el convenio 169.
Fuente: Wikipedia

Publicado por en 23:46

Fuente: http://dickemahonduras.blogspot.ch/2014/01/honduras-corre-la-sangre-indigena-del.html

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Eduardo Reina: Es peligroso que se vincule a Libre con el crimen organizado

Políticas  11 Enero, 2014 – 8:48 PM

El excandidato a designado presidencial por Libre, Eduardo Enrique Reina, rechazó las declaraciones y manifestó que un presidente que llega cuestionado al poder, como es el caso de Juan Orlando Hernández, al difundir esas declaraciones, solo demuestra que gobernará con mano abierta.

Eduardo Reina

Eduardo Reina

Reina consideró que “es una denuncia preocupante, que demuestra una relación a todas luces falsa de lo que es Libertad y Refundación con el crimen organizado, creemos que se trata de una cortina de humo por la aprobación del paquetazo”.

Acusó al mandatario electo de ser portador de la trilogía del encierro, el destierro y solo faltó el entierro. “Esto es la introducción de lo que será el gobierno de Juan Orlando Hernández, que forma parte del terrorismo de Estado y una constante persecución al Partido Libre”, aseguró.

Reina preguntó por qué Juan Orlando Hernández siempre trata de vincular a Libre con los problemas del país. “Él cambió a los magistrados de la Corte Suprema y nombró a los fiscales del Ministerio Público, gobernó los últimos cuatro años y las cosas siguen igual o peor en el país”.

“Es peligroso que vincule a Libre con el crimen organizado, lo vemos como un tema político del presidente electo para generar una cortina de humo y desviar la atención a los problemas en salud, seguridad y otros”, denunció.

Puntualizó que, “en esta administración han desaparecido avionetas y no se ve bien que liguen a Libre con el crimen organizado porque es lógico que se trata de persecución política”.

HARÉ LO QUE TENGA QUE HACER

El viernes de la presente semana, el mandatario electo Juan Hernández acusó a dirigentes de Libre de estar vinculados a organizaciones ilícitas.

El presidente electo manifestó, “se les acabó la fiesta a los delincuentes, a los mareros, a los extorsionadores se les acabó la fiesta oscura que tanto daño le ha hecho a este país”.

Luego pronunció: “Le quedan muy pocos amigos a los extorsionadores, a los mareros, a la gente del crimen organizado, dentro de esos pocos amigos hay unos pocos dirigentes del Partido Libre, que los apoyan, no lo sigan haciendo porque de lo contrario caen en colusión, los buenos hondureños, los que queremos vivir en paz como Dios manda somos más y sé que vamos a recuperar la paz de este país”. (JAL)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/01/11/eduardo-reina-es-peligroso-que-se-vincule-a-libre-con-el-crimen-organizado/

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MP investigará nexos de Libre con el crimen

Sábado 11 de enero de 2014

08:53 pm  – Redacción 

Según dirigencia de Libre, JOH lanza cortinas de humo ante las medidas fiscales tomadas.

Eduardo Enrique Reina pidió a Hernández presentar las pruebas de los señalamientos contra su partido.

Eduardo Enrique Reina pidió a Hernández presentar las pruebas de los señalamientos contra su partido. ()

Tegucigalpa,

Honduras

El Ministerio Público investigará, sin miramientos políticos, la denuncia sobre el posible nexo de dirigentes políticos del partido Libertad y Refundación (Libre) con bandas de extorsionadores, como lo señaló el presidente electo Juan Orlando Hernández.

“Lo que sí puedo garantizar al pueblo hondureño es que el Ministerio Público está en toda la voluntad, trabajando en investigar cualquier ilícito penal que sea cometido por cualquier persona sin miramientos o condicionamientos al partido político al que pertenezca, la religión que profese o la ideología política que sea de su simpatía”, dijo el fiscal general adjunto, Rigoberto Cuéllar.

Si se comete un delito por cualquier miembro de cualquier partido político, la obligación del ente acusador es indagar para determinar si es culpable de algún acto reñido con la ley, insistió el funcionario.

El fiscal aseguró que desconocía información relacionada al vínculo de Libre con los extorsionadores.

“Cada quien es dueño de sus actos y habrá que comprender el contexto en el que lo dijo (el presidente electo) y para mí son desconocidos esos factores”, dijo.

La acusación

El gobernante electo sorprendió al apuntar que miembros de la dirigencia de Libre tenían conexión con el crimen organizado, en una ceremonia de premiación al titular de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Julián Pacheco Tinoco, en el Congreso Nacional el viernes pasado.

“Le quedan muy pocos amigos a los extorsionadores, a los mareros, a la gente del crimen organizado; dentro de esos pocos amigos hay unos pocos dirigentes del Partido Libre que los apoyan”, acusó Hernández.

La extorsión es una de los modalidades delictivas que más afecta a la población. Miles de personas, empresarios, comerciantes, ya sea grandes o pequeños, son víctimas del mal llamado “impuesto de guerra”. Decenas de personas han pagado con sus vidas el haberse negado a pagar este cobro, por lo que el gobierno se vio obligado a crear la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA).

Cortina de humo

Por su lado, el dirigente de Libre, Eduardo Enrique Reina, rechazó los señalamientos y atribuyó las declaraciones de Hernández a una “cortina de humo” que este quiere crear para desviar la atención por las críticas en su contra a raíz de la aprobación del brutal “paquetazo” fiscal.
Libre, remarcó Reina, ha hecho un llamado para revertir la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas

Antievasión que, entre otras cosas, aumenta a 15 por ciento el Impuesto sobre Ventas y reduce la cantidad de productos exentos de la canasta básica.

Según el dirigente de Libre, las acusaciones del presidente electo demuestran que éste impondrá un “terrorismo de Estado” en su gestión.

“Esto anuncia el retorno de la trilogía del encierro o el destierro, solo le faltó el entierro, creo que es la introducción de lo que será su gobierno, un terrorismo de Estado”, expresó Reina en la emisora HRN.

El presidente electo debe de presentar las pruebas que sustenten su denuncia, retó Eduardo Enrique Reina.
“Si alguien tiene pruebas, que las presente ante la autoridad correspondiente, que dicho sea de paso, las cambió de manera ilegal”, dijo.

El Partido Libertad y Refundación hará un pronunciamiento público pata contestar las acusaciones de Hernández, indicó Reina.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/MP-investigara-nexos-de-Libre-con-el-crimen

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Preocupantes las acusaciones de JOH contra Libre

Enrique Reina

Sábado 11 de enero de 2014

03:30 pm  – Redacción 

El dirigente de Libre dijo que si se tienen pruebas que las presenten en las instituciones correspondientes. Acusaciones se deben a que Libre llamó a un bloque de oposición.

El dirigente de Libre, Enrique Reina dijo que las acusaciones de Juan Orlando Hernández se debe a que han llamado a conformar un bloque de oposición.

El dirigente de Libre, Enrique Reina dijo que las acusaciones de Juan Orlando Hernández se debe a que han llamado a conformar un bloque de oposición. (Redacción)

Tegucigalpa,

Honduras

El excandidato a designado presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Enrique Reina  calificó de peligrosas las acusaciones del presidente electo Juan Orlando Hernández  de vincular a dirigentes de ese instituto politico con el crimen organizado, lo que presagia una “persecución política”.

“Es peligroso que mezcle a una institución política que esta participando en democracia, con las cartas sobre la mesa, tratar de inmiscuirla con el crimen organizado , cuando nuestra relación es la mejor con todos los países y embajadas y nadie, ni la embajadora de Estados Unidos (Lisa Kubiske) , nos ha demostrado que exista esa colusion con el crimen organizado”, se defendió Reina.

Para el político, estas acusaciones se deben a que Libre ha llamado a un bloque de oposición , que la conforma casi el 70% de los diputados electos para esta legislatura, que “ha llamado a revertir el paquetazo “.

Agregó que esto es una cortina de humo, con visos de persecusión política, que denominó un “terrorismo de Estado”, de un presidente que llegó al poder cuestionado, “con altos grados de ilegitimidad”.

“Esto anuncia el retorno de la trilogía del encierro o el destierro, solo le falto el entierro, creo que es la introduccion de lo que será su gobierno, un terrorismo de Estado”.

En ese sentido, dijo que “si alguien tiene pruebas, que las presente ante la autoridad correspondiente, que dicho sea de paso, las cambio de manera ilegal”.

Ademas lamentó que se haya referido a “algunos dirigentes de Libre”, porque se interpreta que puede ser cualquiera de las personas de ese instituto.

Según Reina, en los cuatro años de su gestión en el Congreso Nacional , Hernández no logró resultados en el tema de seguridad, por lo que quiere mezclar a Libre con los problemas que tiene el país, al igual que “le echa la culpa a nuestro coordinador Manuel Zelaya ” del aumento de la deuda interna “a niveles nunca antes vistos”.

A criterio del excandidato, el tema del narccotráfico no es un tema político y no debe señalar a una organización especifica, ya que “es un cáncer que afecta a la sociedad” y debe estar dispuesto a atacarla incluso al interior de su partido.

Pese a esta polémica, dijo que Libre, tal como lo manifestó la excandidata Xiomara Castro  en campaña, esta dispuesto a buscar la reconciliación y un verdadero diálogo “y no cuando ya están tomadas las decisiones.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Preocupantes-las-declaraciones-de-JOH

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MP investigará cualquier ilícito penal

Nacionales  11 Enero, 2014 – 2:38 PM

El fiscal general Adjunto del Ministerio Público, Rigoberto Cuéllar, garantizó que el Ministerio Público está trabajando para investigar cualquier ilícito penal que se cometido por cualquier persona, sin ningún tipo de condicionamientos al partido a que pertenezca, religión o a la ideología política que sea de su simpatía.

Rigoberto Cuéllar

Rigoberto Cuéllar

De tal forma, que si se comete un delito por parte de un miembro de cualquier partido, nuestra obligación es actuar de conforme a ley.

“Nos sentimos contentos con los éxitos que ha tenido la Unidad Antiextorsión y esperamos los mismos éxitos de esta nueva unidad interinstitucional que ha sido creado, para evitar la evasión fiscal.

A su criterio, quien comete un delito son las personas y no un partido político y por lo tanto “cualquier persona que esté involucrada en cometer ilícitos penales, en este caso delito de extorsión, nuestra convicción es ponerlo a disposición de los órganos oficiales”.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/01/11/mp-investigara-cualquier-ilicito-penal/

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Libre “condena y rechaza” ligues al crimen organizado como denunció presidente electo

12:28
11
Enero
2014
Tegucigalpa – La dirigencia del Partido Libertad y Refundación (Libre), rechazó y condenó los fuertes señalamientos del presidente electo, Juan Hernández, quien ligó a este instituto político con operaciones del crimen organizado en el país.

– “Es peligroso” que vinculen a Libre con el crimen organizado, dijo Reina.

El ex candidato a designado presidencial por Libre, Eduardo Enrique Reina, dijo que un presidente que llega cuestionado al poder como es el caso de Juan Hernández, al difundir esas declaraciones sólo demuestra que gobernará con mano abierta

“Es una denuncia preocupante, que demuestra una relación a todas luces falsa de lo que es Libertad y Refundación con el crimen organizado, creemos que se trata de una cortina de humo por la aprobación del paquetazo”, dijo Reina.

Acusó al mandatario electo de ser portador la trilogía del encierro, el destierro y sólo faltó el entierro. “Esto es la introducción de lo que será el gobierno de Juan Orlando Hernández que forman parte del terrorismo de Estado y una constante persecución al Partido Libre”, afirmó.

Reina preguntó por qué Juan Orlando Hernández siempre trata de vincular a Libre con los problemas del país. “Él cambió a los magistrados de la Corte Suprema y nombró a los fiscales del Ministerio Público… gobernó los últimos cuatro años y las cosas siguen igual o peor en el país”, aseveró.

“Es peligroso que vincule a Libre con el crimen organizado, lo vemos como un tema político del presidente electo para generar una cortina de humo y desviar la atención a los problemas en salud, seguridad y otros”, denunció.

Puntualizó que “en esta administración han desaparecido avionetas y no se ve bien que liguen a Libre con el crimen organizado porque es lógico que se trata de persecución política”.

El viernes de la presente semana, el mandatario electo Juan Hernández, acusó a dirigentes de Libre de estar vinculados a organizaciones ilícitas.

El presidente electo manifestó “se les acabó la fiesta a los delincuentes, a los mareros, a los extorsionadores… se les acabó la fiesta oscura que tanto daño le ha hecho a este país”.

Luego pronunció: “Le quedan muy pocos amigos a los extorsionadores, a los mareros, a la gente del crimen organizado, dentro de esos pocos amigos hay unos pocos dirigentes del Partido Libre, que los apoya, no lo sigan haciendo porque de lo contrario caen en colusión, los buenos hondureños, los que queremos vivir en paz como Dios manda somos más y sé que vamos a recuperar la paz de este país”.

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/01/11/Term%C3%B3metro/Libre.E.Ccondena/80689.html

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Centroamérica: El terror y la mentira como armas políticas

sábado, 11 de enero de 2014

“Quien promueve una campaña sucia se sabe sucio y sabe que la suciedad apesta, por eso se esconde debajo de la misma suciedad”, escribió un columnista del diario Tiempo de Honduras, antes de las controversiales elecciones presidenciales del año anterior en ese país. Una verdad irrefutable que, en Centroamérica, vivimos de nuevo en el 2014.
 
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
 
El miedo: recurso de los poderosos cuando
no pueden triunfar en la batalla de las ideas.
Las actuales campañas electorales en Costa Rica y El Salvador, países que acudirán a las urnas presidenciales el primer domingo de febrero, así como la pasada elección en Honduras, están revelando el verdadero rostro de los grupos dominantes en Centroamérica: antidemocráticos y afectos a la violencia física, institucional y simbólica cada vez que perciben que sus intereses están amenazados, no dudan en recurrir al terror y la mentira como armas políticas para hacer de los principios de la democracia representativa, que dicen defender, una oda proclamada en el vacío.
Uno de los paladínes de esta “cruzada” es Juan José Rendón, oscuro propagandista venezolano, declarado opositor de la Revolución Bolivariana, y quien ha hecho fortuna gracias a la manipulación mediática en España y América Latina. Asesor de Henrique Capriles en la última elección presidencial,  y de Enrique Peña Nieto en México, durante la campaña que lo llevó al poder en 2013, en medio de acusaciones ampliamente documentadas de compra de votos, ahora hace de las suyas en Centroamérica: contratado por el Partido Nacional en Honduras, fue artífice del triunfo de Orlando Hernández sobre Xiomara Castro -en noviembre pasado- en comicios igualmente polémicos; y en El Salvador, actualmente asesora a Norman Quijano, aspirante a la presidencia por el partido ARENA, en su campaña de ataques contra el candidato Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
En su momento, Xiomara Castro, la candidata del Partido Libre, denunció la campaña sucia que emprendió en su contra la derecha hondureña, alarmada por el crecimiento de su partido en la intención de voto en las encuestas: “Están saliendo anuncios en televisión donde dicen que nosotros llamamos a la subversión al pueblo, eso no es cierto”, “está saliendo un anuncio de que nuestros hondureños no van a recibir las remesas, yo ya aclaré”;  “hemos visto anuncios utilizando los logos y nombre de Libre, a través de internet están dando información sobre propuestas de Libre que no son ciertas”, fueron algunos de los reclamos y denuncias de la dirigente hondureña.
En El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral tuvo que intervenir en la contienda para suspender la campaña sucia de ARENA contra el FMLN, en la que se utilizaban ilegalmente imágenes de Sánchez Cerén y logos de su partido en varios spots televisivos, para inducir al error y a la confusión a los votantes. Más recientemente, en un acto al mejor estilo de Rendón, el candidato del derechista ARENA utilizó fotografías de Sánchez Cerén y su participación como testigo de los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno del expresidente Andrés Pastrana, en la zona del Caguán, para sugerir un vínculo entre el candidato del FMLN y la guerrilla colombiana.
Este mismo guión se repite ahora en Costa Rica, y aunque aquí todavía no existen evidencias concretas de la participación de Rendón en la campaña, lo cierto es el que modus operandi es el mismo. Tanto el oficialista Partido Liberación Nacional (centro-derecha), como  el Movimiento Libertario (extrema derecha), se han lanzado a dentelladas contra el Frente Amplio (izquierda) y su candidato José María Villalta: agitando fantasma del comunismo (ahora, renombrado como “chavismo” y “orteguismo”, en alusión al presidente de Nicaragua), presagiando apocalipsis por la supuesta fuga de empresas transnacionales, y en general, inyectando miedo y zozobra a través de agresivas campañas propagandísticas –que cuentan con el generoso auspicio de los grandes grupos de comunicación y otros sectores empresariales- que menosprecian la inteligencia de los electores, tergirversan hechos y dichos, y apelan al vergonzoso recurso de enlodar los procesos políticos de otros países latinoamericanos, como Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador o Argentina, cuando ya no quedan argumentos para defender el fracaso del neoliberalismo y su modelo de desarrollo en Costa Rica (la maquila de servicios, la economía agroexportadora de postres y las zonas francas entregadas al capital extranjero, pero desconectadas del resto de los sectores productivos nacionales), que nos ha sumido en una peligrosa situación de desigualdad, pobreza y deterioro de la calidad de vida de amplios sectores de la población.
Expuestos sistemáticamente a una campaña de difamación y mentiras sin contrapesos, sin regulación del Tribunal Supremo de Elecciones, que se desentiende de estos ataques, y por supuesto, sin reparos éticos de los dueños de los medios de comunicación –prensa, televisión, radio e internet-, grandes ganadores del proceso, toda vez que se apropian de los millonarios fondos de la contribución estatal y privada al financiamiento de los partidos políticos, es difícil prever cómo se comportarán los electores en las semanas que restan hasta el día de las elecciones. Asimismo, es incierto el impacto que podría tener esta guerra mediática sobre las percepciones y el apoyo al Frente Amplio que, hasta el mes de diciembre, disputaba codo a codo el primer lugar en las encuestas.
“Quien promueve una campaña sucia se sabe sucio y sabe que la suciedad apesta, por eso se esconde debajo de la misma suciedad”, escribió Joaquín Baldemar, columnista del diario  Tiempo de Honduras, antes de las controversiales elecciones presidenciales del año anterior en ese país. Una verdad irrefutable que, en Centroamérica, presenciamos cada vez que las oligarquías de viejo y nuevo cuño ponen en escena los rituales electorales en unas democracias que creen cada vez menos en sus propios principios.

Publicado por Con Nuestra América en 7:26 a. m.

Fuente: http://connuestraamerica.blogspot.ch/2014/01/centroamerica-el-terror-y-la-mentira.html

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The Bajo Aguan Region – A Laboratory for the New Global Counterinsurgency, and a Laboratory for Neoliberalism: Honduran Military Commander Accuses Annie Bird And Other Human Rights Activists of Destabilizing Honduras

Saturday, January 4, 2014
Posted by Rights Action Team | 0 comments

By Annie Bird, January 3, 2014

On Thursday, December 12, Colonel German Alfaro, commander of the Xatruch III operation in the Bajo Aguan region, made statements to Honduran press that Xatruch III is investigating my activities, documenting denouncements of human rights violations, accusing me of “destabilizing” the Aguan.

This is just the latest in a series of actions by Honduran officials intended to obstruct access to justice for the victims of human rights abuses, deter victims from denouncing abuses, and criminalize human rights defenders.

The Xatruch III Joint Task Force has been carrying out a particularly intense campaign to criminalize land rights movements and human rights defenders. Xatruch III hosts embedded public prosecutors, immigration officers and other justice operators.

Inter-American Development Bank Funding Xatruch III

This is the model of “stabilization policing” which was outlined in the June 2012 law proposal to create an intelligence police unit called the TIGRES.  Though the bill was shelved for over a year, after widespread outcry against the melding of police and military in one unit, newspapers reported that the first group of TIGRES was already being trained and was set to graduate in August 2012, and that the unit already had $60 million in funding from the Inter-American Development Bank.

The TIGRES were not legally constituted until a year later, June 2013.  The proposal was adapted to become solely a police unit, though mandated to collaborate with the new Military Police for Public Order (PMOP). There are grave concerns that the PMOP and TIGRES violate fundamental democratic protections. For example, judges assigned to the PMOP are allowed to preside over hearings via internet while located outside of the country.

It is unclear what happened to the initial group of TIGRES newspapers had reported would graduate in August 2012.  However in August 2012 the Xatruch III joint task force was sent into the Aguan region, a coincidence of dates suggesting that the first generation of TIGRES may have become Xatruch III.

U.S. Led Global Counterinsurgency and the Inter-American Development Bank

The PMOP and the TIGRES are stabilization policing operations, a model for security promoted by the US military in Iraq and Afghanistan based on US counterinsurgency operations in Vietnam and El Salvador.  Colonel David Kilcullen, the top counterinsurgency advisor to General David Patraeus in Iraq and Afghanistan, in 2004 called for a “Global Pheonix Program.” The Pheonix Program was a counterinsurgency initiative in Vietnam that combined mobile, intelligence focused, rapid response armed units, similar to stabilization police forces, with local militias, similar to the ‘community police’ models currently being promoted. Inter-agency intelligence centers pooled and processed information.

This counterinsurgency policing model is precisely the “police reform” the Inter-American Development Bank is promoting in Honduras, drawing on experiences from Colombia. Colonel Kilcullen’s Caerus Associates, a consulting firm that advises governments and private sector, according to its website, is working in two countries in the Americas, Colombia and Honduras.

The US Special Operations Command (USSOC), the unit of the US military most directly responsible for counter-insurgency, has maintained a consistent presence at the 15th Battalion military base in Bajo Aguan since 2010.  Both USSOC and the Southern Command have funded improvements to the 15th Battalion base, from which the Xatruch forces operate.  It is notable that the first Honduran Task Force names Xatruch were the troops sent to Iraq in 2004.

Counterinsurgency Without Insurgents: Securing Markets And Resources

It seems clear that Xatruch III is a counterinsurgency operation. The question is, what insurgency is being countered in Honduras?  Honduras has the highest murder rate in the world, matched with similarly high impunity rates.  Drug traffickers and organized crime are blamed for a large part of the violence, and for the networks of corruption in the justice system, and is the most frequently stated justification for international support for Honduran security forces.  Security is without a doubt a big issue.

However, in the Bajo Aguan, apparently a testing ground for the new global counterinsurgency, it is clear that Xatruch is not focused on citizen security, or on dismantling drug trafficking networks, but rather protecting palm oil agri-businessmen by combatting social movements demanding respect for land rights, respect for and reform of agrarian reform laws, and an end to violence against them from palm oil corporations.

Col. Kilcullen’s website is similarly clear: the counter-insurgency firm provides “strategic design for a world of overlapping forces – urbanization, new market horizons, resource scarcity and conflict.”  In the Aguan, the counterinsurgency is not aimed at reducing violence or fighting organized crime, it is about new markets and resource scarcity – the growing demand for biofuels and the competition for land between transnational businessmen and hungry farmers.

Why did Colonel Alfaro Target Me?

On December 10, I interviewed a local television journalist, Carlos Lara, regarding death threats against him, including one he had received from an employee of Dinant palm oil corporation, and the later kidnapping of his son.  The kidnapping was part of a rash of kidnappings which according to victims the Xatruch Operation has shown no interest in investigating, not even searching a house kidnapping victims identified as the place they had been held.

Lara then asked to interview me, an interview in which I described my activities documenting human rights abuses, and the dissemination of the documentation to the Inter-American Commission on Human Rights, the International Criminal Court, the World Bank and other policy makers.

Alfaro’s statements also closely followed two announcements by the World Bank Group that could impact the interests of a palm oil corporation from whom Colonel Alfaro is reported to receive payments.  Dozens of testimonies in the town of Panama report that Xatruch forces harvest the palm fruit in the Paso Aguan farm, what appears to be in-kind payment from the World Bank-funded Dinant Corporation.

On Wednesday, December 4, 2013, the Compliance Ombudsman Advisor (CAO) of the International Finance Corporation of the World Bank Group released an appraisal report that determined the need to audit the IFC’s 2011 loan to the FICOHSA Corporation for potential violations of the World Bank’s social and environmental safeguard policies.  The CAO referred specifically to potential environmental and social impacts of FICOHSA’s financing to the Dinant Corporation.  This was closely followed on December 9 by statements from World Bank President Jim Kim, asserting that the World Bank Group is currently outlining an action plan in response to an audit conducted by the IFC’s Compliance Advisor Ombudsman of the 2009 loan by the IFC to the Dinant Corporation, and audit spurred by a 2010 letter from Rights Action.

However, Alfaro’s statements to the press apparently came most directly in response to several legal complaints filed with the Special Prosecutor for Human Rights in La Ceiba by residents of the communities of Rigores and Panama in Trujillo, Colon on December 11.

On October 28, 2013, Rights Action and the Unified Campesino Movement of the Aguan (MUCA) submitted a petition and a request for protective measures to the Inter-American Commission for Human Rights related to human rights violations impacting several campesino movements in the Aguan, including the Gregorio Chavez Refoundation Campesino Movement (MCRGC) in the Panama community.  The community reported a series of extremely alarming human rights abuses related to the situation, and I agreed to accompany the victims to make complaints to the Regional Office of the Special Prosecutor for Human Rights locate in La Ceiba.

Criminalization and Violence Against the Panama Community

In the end of November, the Aguan River flooded the Panama farm, causing Xatruch and Dinant security guards to abandon the farm.  Tired of years of murder, rapes, attacks threats, shootings and other violence that the Panama community describe as having endured at the hands of Dinant security, on May 20, 2013 the community had come to an agreement with Alfaro that security forces would not use the road through their town. Following the flooding, the armed forces again began using the road, the community reacted by blocking the entry to the town.

At 1 a.m. on December 1, 2013, multiple witnesses stated that a truck recognized as one of the vehicles that transports Dinant security forces, approached the entrance to the Panama community with the truck’s bed covered by a canvas.  When denied access to the community, the truck continued down the highway approximately 100 meters and then stopped for a few minutes.  The following day community members found an unidentified dead body and reportedly contacted local police immediately.  Before police reached the scene, Xatruch forces arrived and recovered the body without undertaking the investigative procedures mandated by law, and then turned the body over to the local police.  A neighboring community then informed Panama residents that the police then summarily buried the body in their cemetery, without an autopsy.  That same day, on Sunday, December 1, Colonel Alfaro reportedly made statements on the local radio claiming residents of Panama had killed the person whose body had been discovered.

Two further complaints were filed in relation to incidents surrounding a shooting near a primary school in the Panama community, that neighbors report to have occurred at approximately 10 a.m. on Monday, December 2, forcing school children to throw themselves to the floor. Neighbors report that Colonel Alfaro then made statements to the media that a Xatruch patrol with three agents had been shot at, injuring a police officer, and that Panama community leader Santos Torres had participated in the shooting.  Torres and his neighbors explain that at the time of the shooting he was in the National Agrarian Institute office in Tocoa.  Neighbors suspect that the shooting incident was carried out by the security forces themselves, as it was in an area normally inaccessible to anyone but security forces.

A complaint was also filed by Mario Rivera of the Panama community, reporting that approximately two hours after the December 2 shooting, without a warrant or cause presented, Rivera had been forced into a Xatruch patrol car with another young man, and that the two were questioned about community leaders while being driven around with Xatruch forces cocking their guns in a threatening manner.  The Xatruch forces then drove them into a palm plantation, an action understood to be a threat to kill or torture them there.  Perceiving the same threat, neighbors gathered to follow the truck, which then turned around and released the young men, threatening to arrest the neighbors concerned about the safety of the men illegally detained.

Neighbors identified the Xatruch patrol as a green Ford F350, a vehicle which matches the description of a fleet of green Ford F350s donated by the U.S. government to the Honduran armed forces in July 2010.  A similar vehicle was used in the killing of teenager Ebed Yanes in Tegucigalpa.

A separate complaint came from Mario Licona, a baker from the town of Rigores with no connection to campesino movements, who had visited the town of Panama to purchase a used car part.  While leaving town he was arrested without evidence and is charged in the shooting.

Psychological Operations: False Accusations Against Human Rights Defenders

The false accusations against me are just the latest in a pattern of intimidation and criminalization of human rights defenders. On December 1, Honduran press published statements by Alfaro accusing Jonny Rivas, campesino leader, and Wilfredo Paz, newly elected congressman, of having met with the Panama community on November 30 to incite the community to take actions against the military. On that date both Rivas and Paz were in Tegucigalpa participating in LIBRE political party activities.

Last February, Colonel Alfaro made threatening statements directed at Wilfredo Paz of the Aguan Human Rights Observatory, as well as Jonny Rivas and Vitalino Alvarez of the Unified Campesino Movement of the Aguan, MUCA, in reaction to their complaints of a campaign of violence against campesino organizations and their supporters.

This occurred just days before my organization, Rights Action, released the report “Human Rights Violations Attributed to Military Forces in the Bajo Aguan Valley in Honduras”, the report had been extensively reviewed via internet and telephone with all three of those mentioned.  Witnesses later accused Colonel Alfaro of offering to pay campesino movement members as ‘intelligence sources’ and assembling a group of witnesses to supposed criminal activities by movement leadership, but which were reported to have received promises of visas to the United States, an incentive with a significant financial value in Honduras.

Since the February press conference, Alfaro has constantly reached out to media and particularly local media.  It is highly unusual that a regional task force commander engage with the press to such a high degree, and would appear to be an element of a psychological operation.  Psyops are a specialty of USSOC, which has had significant presence on the Rio Claro military base.   Interesting US military manuals explain that the US Ambassador is the person ultimately responsible for psychological operations carried out in a country not at war, but that the ambassador must always deny the existence of the operation.

Counterinsurgency Laboratory, “Development” Laboratory

The Bajo Aguan, now a testing ground for the new global counterinsurgency model, has long been a site of social experimentation by Multilateral Development Banks.  In the 1970s and 1980s, World Bank and Inter-American Development Bank programs promoted the colonization of the Aguan.  In the 1960’s the Banks had identified the expansion of agricultural frontiers, ie, converting forests into farmlands, as a principal development goal for Central America, alongside the development of mines and hydroelectric dams. Campesinos labored to pioneer the production of African palm oil, creating approximately 40 African palm cooperative plantations in the Aguan through the Agrarian Reform program.

Miguel Facusse, reported to have been a director of the World Bank funded, Honduran government owned, National Investment Corporation (CONADI), promoted these industrial endeavors in Honduras.  CONADI owned wholly and/or partially enterprises and served as the guarantor for loans to corporations.  Many of these enterprises processed or added-value to agricultural production from the Aguan.  In the 1970’s Facusse had founded Quimicas Dinant, a soap and detergent factory, with over $13 million in loans from Bank of America and Lloyds Bank, guaranteed by CONADI.

Reviving Battalion 3-16: Business and Military Generated Death Lists in the Aguan

Facusse founded the Association for the Progress of Honduras (APROH), together with General Gustavo Alvarez – the infamous military dictator and founder of Battalion 3-16 – and Rafael Callejas, among many other politically influential businessmen.  APROH is accused of identifying targets for the death squad activities of Battalion 3-16, targeting those considered threats to the commercial interests of the businessmen.

It is concerning that a similar grouping of businessmen and military is being created in the Aguan.  Meeting under different names, such as the ‘Sala Tecnica’ (technical room) or ‘Crisis Table,’ Colonel Alfaro and other military commanders are reported to meet with representatives of the business council, Dinant and influential politicians like National Party Oscar Najera, including some of the same people reportedly associated with Battalion 3-16 in the 1980s.  On at least one occasion a list of social movement leaders to be targeted for killing was reported to have been produced in a meeting.  Reports also claim that a military intelligence squad of 12 people was set up in a house in Tocoa, a chilling likeness to a death squad.

Accusations that Facusse Looted Millions from Honduras

APROH is credited with being the key force that brokered the 1980 Constitutional Assembly. APROH then advocated for a development strategy of promoting loans for which CONADI became the guarantor in 1985.  Later APROH was a principal promoter of the structural adjustment program in Honduras, heavily supported or promoted by the World Bank, which took place principally between 1985 and 1992.

Structural adjustment loans to the state of Honduras were used to liquidate CONADI and other state owned banks and investment funds.  Debts to CONADI were declared unrecoverable and CONADI’s debts to foreign banks were paid off apparently by World Bank structural adjustment loans.  Dinant’s $13 million loan guaranteed by CONADI was written off.

In the same process, companies owned by CONADI were auctioned off to private investors. Another company owned by Facusse, Comercializadora Galaxia, purchased the state owned Mejores Alimentos from CONADI for a promissory note for over $25 million lempiras.  In 1988 CONADI wrote off the debt owed by Galaxia in exchange for ‘services rendered’ and a supposed debt by Mejores Alimentos to Quimicas Dinant.  Later that same year the CONADI board brought suit against Galaxia for the fraudulent and corrupt sale, a suit which did not prosper.  A 1991 suit was filed by the General Procurator of the Nation charging Facusse and other directors of CONADI with fraud suffered a similar fate.

In 1992 and 1994, laws that regulated the Agrarian Reform program were altered as part of the World Bank sponsored structural adjustment program, allowing agrarian reform lands to be resold under a specific set of conditions.  Miguel Facusse, through various legal entities including the Cressida Corporation, began acquiring African palm plantations from cooperatives in 1993.  There are widespread reports that coercion and fraud leveraged these purchases.  In mid-1997 the  World Bank’s IFC provided a loan to Cressida to expand and improve their operation, and on October 18, 1997 beloved Tocoa environmentalist Carlos Escaleras was killed; his opposition to a new Cressida Corporation palm oil processing plant is generally considered the motive.

During this time Facusse and his various corporate expressions expanded aggressively across the north coast.  It is widely reported that armed thugs assisted in the process, and frequently used the ‘modernized’ agrarian reform, do counter-agrarian reform, as a means of taking lands from Garifuna communities and local farmers and then passing it to Facusse and other palm oil businessmen.

Given corporate legal structures, it is difficult to know if Miguel Facusse is the sole owner of the corporations he is credited with owning.  Many suspect other investors may also participate in the companies, which might explain why the United States Embassy has been such a staunch supporter of Facusse, despite many incidents which suggest his participation in drug trafficking, corruption of the justice system and violence, precisely the conditions that are used to justify US support for security initiatives in the region.

Endnote

The accusations directed at me must be understood, firstly, in the context of endemic threats and repression against community and human rights defenders across Honduras. Secondly, the threats and accusations are made against those persons and organizations that investigate and denounce the corruption and impunity, repression and violence that characterize Honduras, all of which is supported by countries like the United States, and institutions like the World Bank and the Inter-American Development Bank.

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Rights Action

Annie Bird is co-director of Rights Action.  Rights Action funds and works with grassroots organizations in Guatemala and Honduras, as well as in southern Mexico and El Salvador, that are struggling for community controlled development and environmental protection, for disaster and repression relief, for truth, memory, justice and human rights, and for democracy and the rule of law.  Rights Action does extensive education and activism work concerning how the United States and Canada contribute to and benefit from endemic harms and violations in Guatemala and Honduras.  Rights Action (Canada), founded in 1999, is independent from and works in conjunction with Rights Action (USA).

Fuente: http://www.rightsaction.org/action-content/bajo-aguan-region-laboratory-new-global-counterinsurgency-and-laboratory

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Contra la barbarie y la criminalización, juntemos todas las luchas con esperanza y convicción en que otra Honduras con dignidad es posible!

    El COPINH a los movimientos sociales y políticos, a la comunidad nacional e internacional manifiesta: Que hoy nos hemos  movilizado hacia Tegucigalpa, junto a otras organizaciones hermanas, para expresar nuevamente nuestra condena a la política de criminalización contra el COPINH y el Pueblo Lenca, hoy que se desarrollan nuevas audiencias contra el COPINH exigimos al Poder Judicial, al Ministerio Público, a SEDINAFROH, al INA, al Proyecto Hidroeléctrico  Agua Zarca/ Empresa DESA, al aparato estatal y la banca internacional  que la financia, ponerle  fin a todas sus acciones  represivas, de hostigamiento y de maniobras con el propósito de  dividir al Pueblo Lenca y violentar aún más sus derechos.

    Exigimos el sobreseimiento definitivo en los acusaciones que se imputan  contra  la compañera Bertha Cáceres, Coordinadora General, que además está siendo amenazada no solo de llevarla a prisión, sino que ha sido amenazada  a muerte varias veces; igualmente exigimos sobreseimientos definitivos en los casos de persecución judicial contra los compañeros  Tomas Gómez, Aureliano Molina, Encarnación Méndez, William Rodríguez así como en los casos de  los 6 compañeros de la comunidad de la Cuchilla, Ceguaca.

    Denunciamos la sistemática represión contra las comunidades de Río Blanco que va desde el encañonamiento con fusiles a los niños y niñas,  hasta ofrecimientos de sobornos, ataques por medios virtuales, balaceras,  amenazas a muerte y de secuestro, como es el caso del compañero Francisco Sánchez, presidente del Consejo Indígena y otros  por los que se han presentado denuncias.

    Rechazamos el descarado  y corrupto fraude electoral acontecido el 24 de noviembre, hecho que manifiesta una vez más que la oligarquía, la ultraderecha nacional e internacional, el imperialismo, no están dispuestos a entregar ni siquiera la ya reducida administración pública en Honduras, ni aun usando sus mecanismos de poder e institucionalidad creados para proteger sus propios  intereses.

    Nos sumamos al rechazo expresado por organizaciones sociales y políticas y ciudadanía en general ante la imposición como presidente de Honduras del fascista  Juan Orlando Hernández, propulsor de una de las mayores entregas del país a la transnacionalización, privatización, militarización, empobrecimiento, endeudamiento y corrupción, situación que se agudizará acompañada de más represión y criminalización a los movimientos y a la protesta social.

    Llamamos al pueblo organizado y no organizado a rechazar  esta barbarie, equivalente al Golpe de Estado, a prepararnos sólidamente para un periodo de mayores agresiones, traiciones, violencia, crisis de todo tipo. Llamamos  a que nos levantemos, a que nos fortalezcamos apostándole   a la unidad en la acción, articulación, movilización, propuesta y defensa de la vida, de la esperanza,  de todos  nuestros derechos y   luchas legitimas e históricas, a que revitalicemos la propuesta y  el  proceso  Refundacional sin renunciar, viviéndolo y construyéndolo por adelantado.

    El COPINH reitera su disposición de lucha permanente   en los territorios y desde la profundidad de la rebeldía del Pueblo Lenca,  junto al movimiento social y popular,  iluminados e iluminadas siempre  por  el ejemplo de Lempira y tantos y tantas otras que dignifican la memoria histórica y al pueblo hondureño en su camino por la descolonización y  la liberación.

    Dado en Tegucigalpa, a los 29 días del mes de noviembre del 2013.

    ¡FRAUDE, GOLPES E IMPOSICIÓN!  ¡DICTADURA Y CINISMO DEL PODER!

    ¡A MAS REPRESIÓN, MAS LUCHA Y ORGANIZACIÓN!

    ¡CON LA FUERZA ANCESTRAL DE ISELACA, LEMPIRA, MOTA Y ETEMPICA SE LEVANTAN NUESTRAS VOCES LLENAS DE VIDA, JUSTICIA, DIGNIDAD, LIBERTAD Y PAZ!

    Fuente: http://www.copinh.org/article/contra-la-barbarie-y-la-criminalizacion-juntemos-t/

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    Report from Honduras – November 20th

    Wednesday, November 20, 2013

    La Voz de los de Abajo  – November 20th – from Progreso, Yoro
    LIBRE Party Closing Rally

    The official election campaign ended as of Monday night and now comes the “period of silence” prior to the voting on November 24th, but the concerns about the general atmosphere and abuses continue. After just a few days in Honduras, we have heard numerous complaints about intimidation and potential fraud in the elections and even more grave concerns about the general human rights atmosphere of intimidation and threats and their effect on the electoral process and on the social justice movements.

    Disenfranchised Campesinos – 
    More than 60% of the Honduran population is rural and most of this population is small farmers or landless farmers who live in extreme poverty.  Members of the national leadership of the CNTC  (National Center of Farmworkers) who represent more than 400 campesino communities around the country are indignant about the continuing violence against their members and the deliberate disenfranchisement of thousands of campesinos and campesinas.  As this post is being published we are getting reports of large violent evictions of campesino communities in northern Honduras. More information is not yet available.
    There are currently 3,061 CNTC members who will be unable to vote because of pending legal actions and charges against them related to the  agrarian struggles in the country. In the province of La Paz where there have been several extremely violent evictions of poor farmers  more than 400 CNTC members are in legal processes, two thirds of the charges were filed in the past three months. In the province of Francisco Morazan close to Tegucigalpa 39 CNTC local leaders have been disenfranchised in the same way. Most of the charges around the country  have been filed since the election campaign has intensified; court dates have been postponed repeatedly to occur after the elections. In Santa Barbara, on August 6th, 553 families were evicted as police used tear gas and fired live rounds. One of the campesinos from the community told La Voz members that the ruling National Party congresswoman for that region, Maria Concepcion Figuerero de la Guevara, lent her car to the police for use during the raid and was overheard telling the police that they should “arrest all of them (the campesinos) because that is more than 80 votes that aren’t for us”.
    Concerns about Fraud and Manipulation
    Today, November 20th, the media is reporting widespread electricity outages in the capitol city. This was confirmed by a call from the CNTC in Tegucigalpa. The neighborhoods affected by the outages – which are predicted to continue through the elections on Sunday — are in neighborhoods known to be LIBRE strongholds: The Mercedes, Kennedy, San Francisco, Hato de Medio, Dilbio Paraiso, Nueva Capital, Pantanal, Quesada and other marginalized barrios.
    In order to vote Hondurans must be on the official government registry and have in their possession a national identification card. There are numerous complaints reported in the Honduran press that the  registry has eliminated names of people who are alive and want to vote, and has not eliminated the names of people who are dead, has issued multiple identification cards to the same people while others have not yet been able to get their cards (reported on Globo TV). While much of this confusion is not necessarily deliberate, the concern of many Hondurans is that it allows and facilitates deliberate fraud. Numerous people we talked to shared stories of people being offered money to “lend” their Identification Cards to organizers from the Liberal and National Party and the existence of “black market” Identification cards.
    Residents of the area of Jutiapa near Tegucigalpa state that the National Party is paying people 200 Lempira to get on the National Party buses. There are also complaints from LIBRE members that the National and Liberal Parties have reserved almost all the for-hire buses and vans, not because they need all of them but in order to block LIBRE from being able to provide transportation. They reported that that was what occurred the day of the campaign closure rallies of LIBRE and the National Party in Tegucigalpa, but that thousands of LIBRE supporters walked to the rally site from across the city while many were also picked up and given rides by LIBRE supporters.
    The National Party candidate for President, Juan Orlando Hernandez, is the current president of the National Congress. He is taking full advantage of his position to push the limits of campaigning. The government program of “Bonus 10 Thousand” (Bono 10 mil) was established by and funded by international development banks in 2010 and makes payments to very poor women/mothers who meet requirements like sending their children to school daily. Juan Orlando is distributing these funds just days before the election and  there are numerous complaints in the media by Hondurans  that National Party activists are telling the women they need to vote for Juan Orlando to keep getting the payments and that during the hours spent in the lines waiting for the payments the women are continually being “lobbied” for the National Party. In addition Juan Orlando is distributing prepaid gift cards to people reportedly if they say they will vote for him. (see the photo of the gift card flyer in this posting, Los Cachurecos is the National Party nick name).
    More intimidation and threats against Human Rights Defenders. 
    Threats against human rights defenders in Honduras are constant and obviously aimed not only at the defenders but at the people they are protecting. Juan Orlando Hernandez in particular along with other National Party government officials have launched strongly worded attacks in the press against Berta Oliva, Director for COFADEH, since she gave testimony in early October at the InterAmerican Human Rights Commission. Besides the verbal attacks, the COFADEH staff and security report that since November 5th, suspicious cars (SUVs with black tinted glass and no license plates) are surveilling the COFADEH offices and  following Berta Oliva and other staff members.  In the context of the elections the increasingly aggressive propaganda and intimidation also creates an atmosphere of fear that can intimidate  the vote especially for supporters of LIBRE. It also directly affects the work of defenders such as COFADEH who are organizing teams of human rights observers to accompany the population on the day of the election in areas in which there are the most HR violations, and threats.
    La Voz de los de Abajo is participating in the election accompaniment with other groups from the United States and Canada – we will continue to post reports live from Honduras through the elections and after.

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    Defensores de derechos humanos expuestos a prácticas represivas del Estado

    Defensores de derechos humanos expuestos a prácticas represivas del Estado
    “El Estado de Honduras ha dicho que  los defensores de derechos humanos creemos que tenemos inmunidad para cometer  delitos y que eso es lo que nosotros le estamos invocando. Eso hay que  rechazarlo rotundamente porque no estamos apelando ninguna inmunidad o a  demandar impunidad. El ejercicio de los defensores de derechos humanos, es una  labor que supera el papel de los ciudadanos y ciudadanas y nos exponemos a las  prácticas represivas del Estado, entre ellas el discurso que nos viene  criminalizando”, dijo el abogado Víctor Fernández, coordinador del Movimiento  Amplio por la Dignidad y la Justicia, Madj.

    Agregó que la raíz del problema es  por un conflicto que es generado por el mismo Estado de Honduras, por la  concesión de un rio que está en el pueblo lenca y que fue otorgado a una  empresa privada, violando los derechos del pueblo lenca, entre ellos el derecho  a ser consultados, disposición que está contemplada en instrumentos jurídicos  internacionales, como el convenio 169 de la Organización Internacional del  Trabajo, OIT.

    Para el profesional del derecho, el Ministerio  Público y los Juzgados de Intibucá se acomodan para proteger a la empresa  Desarrollos Energéticos, S.A, pues es evidente que son los documentos de la  empresa y las declaraciones de sus empleados y no se escuchó a ninguno de los  habitantes de la comunidad de Rio Blanco, por lo tanto el Ministerio Público es  un instrumento que solo favorece los intereses de la empresa que criminaliza al  pueblo que se opone a la concesión donde se construye el proyecto  hidroeléctrico Agua Zarca y a los defensores de los bienes naturales.

    “El Ministerio Público debería hacer  una investigación seria y rigurosa, que le asegure darle cabida a la denuncia y  saber que los acusados Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Membreño también  tienen derecho en ese proceso orientada a establecer que los tres señalados son  miembros de una organización indígenas. No escuchó a ningún testigo de la  comunidad de Rio Blanco, por qué está opuesta al proyecto. Por tanto nuestra  afirmación, que el Ministerio Público es el instrumento que favorece los  intereses de la empresa, tiene peso porque lo delata su propia investigación”,  explicó Fernández.

    Esa misma institución que acusa a  estos tres defensores de derechos humanos tiene una contradicción insalvable,  porque ha determinado que el alcalde de Intibucá,  lugar donde está asentada la comunidad lenca  de rio blanco, otorgó el permiso de operaciones de esta empresa violando el  derecho a la consulta libre, previa e informada de esa comunidad y por eso  acusó al alcalde. Además ese mismo Ministerio Público estableció que el vice  ministro de Recursos Naturales y Ambiente Jonatán Laínez, otorgó el  licenciamiento ambiental de ese proyecto violando el derecho a la consulta que  tiene el pueblo de Rio  Blanco. “Por  tanto, no se entiende como esa institución entra en ese tipo de contradicciones  e  incoherencias que lo evidencia  justamente lo que es, una institución que está al servicio de los grandes  intereses económicos del país”, indicó el abogado.

    Las dos  acusaciones que están en contra de los funcionarios públicos por violar el  derecho de los pueblos indígenas están paralizadas. Sin embargo las acusaciones contra Berta, Aureliano y Tomás si tienen un gran nivel de persecución.

    También le persiguen
    La Coalición contra la impunidad  denunció esta semana que los defensores y defensoras de derechos humanos, entre  ellos el abogado Víctor Fernández y Bertha Oliva del Comité de Familiares y  Desaparecidos en Honduras, Cofadeh también están siendo objeto de una campaña  de odio y estigmatización, y que en  los últimos días varios funcionarios públicos y personajes políticos, a través  de medios de comunicación con líneas editoriales afines al gobierno de turno,  han expresado comentarios peyorativos y estigmatizantes en contra de la labor  de defensa de derechos humanos realizada por Berta Oliva, y Víctor Fernández,  Coordinador General del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

    Estas declaraciones de funcionarios y  políticos son generadas por el malestar que les ha ocasionado la labor de  denuncia que han realizado recientemente ambos defensores ante la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos y ante el Congreso de los Estados Unidos en  la ciudad de Washington, D.C, agrega el comunicado de la Coalición contra la  Impunidad.

    “Desde la Coalición  Contra la Impunidad, condenamos enérgicamente estas declaraciones que incitan  al odio y colocan en una situación de extrema vulnerabilidad a nuestros  compañeros y exigimos al Estado hondureño que cumpla con su deber de protección  impulsando las acciones necesarias para evitar las posibles consecuencias  derivadas de estas reprochables actuaciones provenientes de funcionarios y políticos  de este país”

    Fuente: http://tt.radioprogresohn.net/~rprog/multimedia/boletines_2013/boletin314/plantillacompleta/index.html#ir1

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    Aclaración pública sobre las circunstancias del secuestro de dos observadores de PROAH en la comunidad de Nueva Esperanza

     Friday, 15 November 2013 18:05 Administrador

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    Expresamos nuestra alta preocupación por declaraciones pronunciadas por representantes del Estado y otras personas participando en el programa de televisión Frente a Frente, en dos ocasiones: el 5 y el 12 de noviembre de 2013, acerca del secuestro de dos observadores del Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH), ocurrido el 25 de julio de 2013.

    El Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH) se estableció en el país en septiembre de 2010, en respuesta al deterioro de la situación de los defensores de derechos humanos después del golpe de estado de 2009. Su mandato es de brindar acompañamiento internacional a defensores de derechos humanos, incluyendo personas u organizaciones del movimiento social y de derechos humanos que se encuentran bajo amenaza u hostigamiento debido a su trabajo a favor de los derechos humanos individuales y colectivos. Es un proyecto de la ONG estadounidense Oficina de Amistad de las Americas (Friendship Office of the Americas).

    El 25 de julio de 2013, Orlane Vidal y Daniel Langmeier, de nacionalidades francesa y suiza, estaban visitando a la comunidad de La Nueva Esperanza en el municipio de Tela. Esta comunidad lleva más de un año sufriendo persecución, incluso por parte de la policía y hombres contratados por la empresa Minerales Victoria, por su oposición pacífica a un proyecto de exploración minera otorgado por el Estado sin su consentimiento. Ese día, los observadores fueron raptados por dos horas y media por hombres de la minera, fuertemente armados. Este grave incidente fue denunciado legalmente y públicamente1 por las víctimas del secuestro. Amnistía Internacional emitió una alerta detallando los hechos.2

    El 5 de noviembre pasado, el secuestro fue punto de debate público cuando el presentador del programa Frente a Frente se refirió a la reunión de Bertha Oliva del COFADEH3 y Victor Fernández del MADJ con miembros del Congreso de los Estados Unidos, donde ella mencionó el secuestro de observadores internacionales. El presentador del programa y sus invitados insistieron en no haber escuchado nada sobre el mencionado secuestro, y en base de esto y otros puntos, señalaron a Bertha Oliva, de hacer denuncias sin fundamento. El programa provocó un fuerte reclamo por parte de Human Rights Watch4, lo cual instó al gobierno de Honduras a “repudiar públicamente las críticas” y denunció “tácticas de descrédito que ponen en riesgo” a los líderes de la sociedad civil en el país.

    Luego, el programa del 12 de noviembre otorgó al MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), organización que apoya a la comunidad de Nueva Esperanza,un espacio para que sus tres representantes, incluso Victor Fernández, pudieran responder a los señalamientos hechos en Frente a Frente la semana anterior, y exponer la situación de la comunidad y las circunstancias del secuestro. Además, fueron invitadas dos representantes del Estado.

    Mientras se verificó que el secuestro sí había ocurrido, en vez de disculparse con Bertha Oliva por las acusaciones en su contra, en esta ocasión el presentador buscó justificar su ignorancia del caso declarando que pensaba que se refería a observadores electorales en lugar de observadores de derechos humanos.

    Son sumamente preocupantes las declaraciones de Marcela Castañeda, Subsecretaria de Seguridad, aparentemente basadas en informes de la policía, que dan una versión errónea de los hechos. La Subsecretaria alegó públicamente que los observadores internacionales de PROAH, cuando fueron secuestrados, habían entrado “sin autorización” en una propiedad privada (presuntamente de la minera) para tomar fotos. Alegó también que fueron llevados en un carro hasta la posta de policía de Nueva Florida, y luego la policía organizó su viaje seguro a Tegucigalpa, insinuando que el rapto era posiblemente justificado, minimizando la gravedad del delito. Estas declaraciones son totalmente incorrectas. Además, tanto la Subsecretaria de Seguridad como Martha Sabillón, Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, declararon que todavía faltaba investigar los hechos. En realidad:

    – Las investigaciones ya son tan avanzadas que la Fiscalía de la Ceiba ha emitido una orden de captura contra uno de los secuestradores, quienes son también responsables del hostigamiento a la comunidad. Lamentablemente, hasta la fecha, esta orden no ha sido ejecutada por la policía.

    – Fueron los secuestradores que entraron sin autorización en propiedad privada, no los observadores. El 25 de julio de 2013, los observadores estaban acompañando a la familia de Concepción Gutiérrez, en vista de las amenazas que había recibido por parte de trabajadores de Minerales Victoria por resistirse a vender sus tierras a esta minera. Siete guardias de seguridad, fuertemente armados, llegaron a la propiedad de la familia, sin su permiso, amenazando a los dos observadores internacionales con sus escopetas. Fueron reforzados por entre 25 y 30 hombres con machetes, trabajadores de las obras de exploración minera. Tal fue la seriedad de las amenazas que la familia huyó de la comunidad el mismo día, después del secuestro de los observadores.

    – Los observadores fueron forzados por los hombres armados a subir en su camioneta, y llevados a la comunidad de la Nueva Florida.

    – Durante el rapto, uno de los secuestradores amenazó que si los observadores volvieran, les “perderían en el bosque” y otro que, si denunciaran los hechos, la comunidad “sufriría represalias.”

    – Después de dos horas y media de captura, dejaron a los observadores en la comunidad de Nueva Florida a las 11.30 am. Los observadores esperaron allí durante una hora hasta que una patrulla de policía los llevara a Tela, como consecuencia de las gestiones de emergencia realizadas por COFADEH y otros defensores de derechos humanos nacionales.

    – Durante la entrada no autorizada y forzada a propiedad privada por parte de los hombres armados y en todo el transcurso del secuestro, la policía local no respondió a los llamados de emergencia que le hicieron miembros de la comunidad, a pesar que ambos observadores se habían presentado en la posta policial e informado sobre su presencia y labor en la comunidad el día anterior, cuando llegaron.

    Recibimos las palabras de apoyo a defensores de derechos humanos por parte de Martha Sabillón. Sin embargo, observamos con una gran preocupación las declaraciones antes mencionadas sobre el secuestro, con la consecuencia de descalificar el trabajo legítimo de defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

    Cabe subrayar que hasta la fecha, no ha habido ninguna acción por parte del Estado para que cese el hostigamiento y la persecución a la comunidad de la Nueva Esperanza. Los hombres armados siguen atemorizando diariamente a la población indefensa.

    1 Véase, por ejemplo, los artículos de PROAH sobre el asunto – Accion Urgente: Dos miembros de PROAH secuestrados por hombresarmados de la empresa minera en La Nueva Esperanza, La Nueva Esperanza: Hasta ahora una situación de impunidad flagrante y un artículo del periódico nacional El Tiempo Denuncian amenazas contra observadores internacionales

    2 Amnistía Internacional Acción Urgente AU: 200/13 Índice: AMR 37/008/2013 Honduras, del 30.7.13

    3 Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras.

    4 Human Rights Watch Comunicado del 8.11.13Honduras: Tácticas de descrédito ponen en riesgo a activistas

    Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2850:aclaracion-publica-sobre-las-circunstancias-del-secuestro-de-dos-observadores-de-proah-en-la-comunidad-de-nueva-esperanza&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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