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Tras anuncio de retiro de militares de las calles, política de seguridad de actual gobierno se evidencia fracasada

“El anuncio del retiro militar de las calles hondureñas para el último trimestre del presente año, se podría calificar como un fracaso de la política del gobierno de querer resolver los problemas de seguridad del país, delegándole responsabilidades policiales al ejército, y militarizando la sociedad”, indicó el analista Hermilo Soto.

Aunque no se ha brindado más detalles al respecto, el anuncio fue hecho esta semana por la viceministra de Derechos Humanos,  Karla Cueva,  en la ciudad de Ginebra,  Suiza, donde Honduras presentó su segundo informe al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas.

Con la aprobación del proyecto de Ley para la creación de la Policía Militar del Orden Público, cuyos escuadrones hicieron sus primeras apariciones el 15 de septiembre del 2013 en San Pedro Sula y Tegucigalpa, la polémica no se hizo esperar al extremo de considerar que esta medida significó un retroceso de al menos 35 años en materia de desmilitarización de la sociedad hondureña.

“Esta promesa de retirar los militares de las calles fue hecha a cambio de tener acceso a las ayudas que la comunidad internacional ha prometido al Gobierno y no porque el presidente Juan Orlando Hernández esté interesado en desmilitarizar la sociedad”, indicó la abogada Tirza Flores, de la Asociación de Jueces por la Democracia (ASJ).

De acuerdo a Flores, a pesar de la  promesa genera expectativas y le tocará a la sociedad civil comprometerse y estar vigilante para que desde la administración de Gobierno nacionalista se inicie un verdadero proceso de desmilitarización de la sociedad.

“Que se retiren los militares de las calles ha sido una exigencia permanente del pueblo hondureño, sin embargo la decisión del gobierno, la hizo atendiendo los reclamos de los organismos internacionales defensores de derechos humanos”, indicó Rubenia Galeano de la Plataforma EPU Honduras.

Por otro lado el analista Domingo Godoy, aseguró que la Policía Militar estaría en dudas que desaparezca totalmente  porqe tiene su característica propia, es un brazo armado al servicio de una elite que ostenta el poder absoluto en el país,   señaló que viene de un poder fáctico cuyo discurso público es proteger a la ciudadanía lo cual no es cierto.

Exigencia internacional 

Entre las exigencias internacionales para desmilitarizar el país resalta  la realizada el pasado 14 de junio de 2016 por cuatro congresistas demócratas quienes presentaron a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos  un  proyecto de Ley denominado Ley Berta Cáceres.

La Ley busca suspender la cooperación militar y la ayuda en materia de seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que paren las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia.

Solicitan que se investigue no solo el asesinato de Bertha Cáceres sino también los asesinatos de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García ligados a la comunidad garífuna, y el asesinato de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán.

La aprobación de la Ley Berta tendría un impacto directo en el presupuesto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de cerca de 25 millones de dólares de ayuda y cooperación directa de Estados Unidos, y cerca de 60 millones de dólares de la banca multilateral, en especial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde el país norteamericano actúa como aval.

Esta iniciativa de Ley, exige que el Ejército se retire de las tareas que realiza la Policía Nacional tal como manda la Constitución de la República, que proteja los derechos de periodistas, sindicalistas, campesinos, activistas de derechos humanos, afro-indígenas, LGBTI y opositores al gobierno, y el restablecimiento del estado de derecho depurando los órganos del Estado responsables de tanta corrupción, impunidad y violaciones sistemáticas de derechos elementales del ser humano como el derecho a la vida, participación y protesta pública.

Violadores de derechos humanos 

En Honduras hay evidencias suficientes que indican que con la participación del ejército en acciones policiales a nivel nacional se han incrementado las violaciones a los  de derechos humanos por parte de los soldados. Sin embargo, en la actualidad a pesar del proceso de depuración policial; la corrupta e inefectiva policía del país también se presenta como una alternativa poco fiable para combatir la inseguridad generalizada.

Según datos recolectados  entre los años 2012 y 2014, militares hondureños estuvieron implicados en al menos nueve asesinatos, más de 20 casos de tortura y cerca de 30 detenciones ilegales. Actualmente, al menos 24 soldados están bajo investigación por cargos relacionados con nueve casos de homicidios.

Quienes apoyan la participación de militares en tareas policiales afirman que esto ha contribuido a la reducción de la tasa de homicidios en Honduras, que en el 2012, según estimaciones de las Naciones Unidas, era de 86 asesinatos por cada cien mil personas.

Sin embargo de acuerdo a un reciente informe de Human Right Watch: Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad de violaciones de derechos humanos. El país presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años.

Si bien la participación del ejército hondureño en funciones de policía a nivel nacional no es lo ideal, la solución alternativa resulta ser igualmente funesta con la policía existente. “Esperamos que de aquí a noviembre el proceso de depuración policial tenga los avances esperados y a partir de allí tengamos a policías honestos, responsables, cercanos a la ciudadanía, respetuosos de los derechos humanos y unidos a otras políticas públicas y así  la inseguridad irá desapareciendo, pero como sociedad tenemos que ser vigilantes y exigentes para que esto se logre”, concluyó Rubenia Galeano de la Plataforma EPU Honduras.

Las promesas del Estado quedan en el aire y tanto la sociedad civil como organizaciones populares deben vigilar el proceso de desmilitarización que ya asumió el Estado a partir de esta comparecencia ante los organismos internacionales.

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Pildoritas sobre militares – 5 Mayo 2016

Por mucho que el gobierno y el alto empresariado quieran ocultarlo, disimularlo o minimizarlo, Los militares tienen una responsabilidad directa y no aislada en el asesinato de Berta Cáceres. Eso de que los militares son salvadores de la patria, y que salen cual Chapulín al rescate de todas las instituciones públicas quebradas y saqueadas, se hace añicos ante el verdadero rostro criminal, institucional y no aislado, organizado para matar, como se constata con el caso de Berta Cáceres.

Se ha querido construir en el imaginario social de que los militares son hombres intachables, de una sola pieza y que por eso mismo, los que mejor pueden formar a la niñez en la disciplina armada para que sean “guardianes de la patria”. En efecto, son hombres de una sola pieza, esa misma que los protege, y que se llama “Ley constitutiva de las Fuerzas Armadas”. Esa ley es como el manto de la impunidad de los militares. Su lógica de obediencias y lealtades está estrechamente relacionada. Ellos mismos se juzgan en su propio sistema de justicia.

Solo desde esa “justicia militar” se explica que los hombres armados cometan crímenes sin que pase nada. En los últimos meses los militares en estado de ebriedad asesinaron a 3 pobladores en la Mosquitia y 2 en Punta de Piedra; 8 militares violaron a una mujer en Villanueva, han torturado a líderes y han estado involucrados en secuestro de comerciantes. Son muchísimos los crímenes. Y no pasa nada.

Los militares no son solo guardianes de la patria. Son los principales estrategas de los cuerpos de seguridad tanto de la élite empresarial en negocios legales, como de los empresarios en negocios paralegales o ilegales.

Muchísimos negocios e instituciones públicas y privadas están bajo la seguridad de los militares o de empresas privadas de seguridad propiedad de oficiales o ex oficiales. Según informe de la Comisión Multinacional, en Honduras hay entre 70 y 120 mil guardias privados, todos agrupados en empresas de seguridad de capital y pensamiento militar y principales fuentes de información privada para las cúpulas militares.

Muchos de los oficiales de las Fuerzas Armadas son socios de narcotraficantes. Por ser protectores de las fronteras aéreas, marítimas y terrestres, los militares tienen la primerísima responsabilidad de la facilidad con la que ha pasado la droga por nuestro territorio. Y como si hubiesen tenido éxito en su función, el gobierno los convierte en protectores de la seguridad ciudadana.

Los documentos de la conformación de la directiva de Desarrollos Energéticos S.A DESA, así como la participación de militares en la ejecución de Berta Cáceres muestran que los militares están tanto en los servicios de gatilleros como ejecutivos de las empresas hidroeléctricas. Creer que los militares son respuesta a la crisis actual, es como tragarse el cuento de que la cúpula del Partido Nacional en el poder está conformada por personas honradas.

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En 18 asesinatos hay militares involucrados, dice el Observatorio de la Violencia – Diario La Tribuna Honduras

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Primeros dos militares involucrados en hechos criminales en lo que va del año: OV-UNAH

Tegucigalpa – La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, refirió hoy que en lo que va del año, solamente dos miembros de las Fuerzas Armadas han resultado implicados en hechos delictivos.

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Defensores denuncian ataque militar-policial por el ejercicio de su labor

Alerta 55-16 | miércoles 5 de abril de 2016 Dos defensores de Derechos Humanos y dos comunicadores denunciaron que fueron agredidos por militares y policías en el municipio de Taragual, Lempira, por presenciar un ataque contra dos jóvenes.

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A prisión cuatro policías militares acusados de Robo de Vehículo Agravado y Violación a los Deberes de los Funcionarios

San Pedro Sula. Cortés. La Fiscalía Regional de San Pedro Sula logró hoy Auto de Formal Procesamiento y Prisión Preventiva contra cuatro miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) por suponerlos responsables de los delitos de Robo de Vehículo Agravado y Violación a los Deberes de los Funcionarios.

 

Los acusados Juan Fernando Manueles Mata, Elvin Samuel Antúnez Herrera, Rommel Geovany Manueles Morales y Leonel Ramos Perdomo fueron enviados al Tercer Batallón de Infantería en el sector de Naco, Cortés.

 

Según se establece en la acusación, el pasado 12 de marzo, los policías militares, interceptaron en el barrio Suncery de San Pedro Sula, al conductor de un vehículo tipo turismo, a quien al ser requerido le manifiestaron que los documentos que acreditan la propiedad de automóvil son falsos, por lo que procedieron a decomisar el mismo.

 

No obstante, en vez trasladar el carro y a su ocupante a una posta policial o ante una autoridad competente, los uniformados se trasladaron al barrio Guamilito, donde bajaron a la víctima y se dieron a la fuga con el automotor.

 

Ante ello, el ofendido interpuso la denuncia, razón por la cual, la Fiscalia realizó las diligencias investigativas propias del caso y procesó criminalmente a los cuatro elementos de la PMOP.

 

División de Relaciones Públicas
Ministerio Público

Origen: A prisión cuatro policías militares en SPS

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CEPR: Hillary Paved Way for Rampant Impunity in Honduras

 

http://www.telesurtv.net/english/news/Congresswoman-to-US-Stop-Funding-Honduras-Human-Rights-Abuses-20160310-0063.html

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Secretaría de Defensa deberá responder por daños causados a pescador que fue herido de bala por un militar

El 29 de septiembre de 2015 la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula resolvió condenar a 3 años y cinco meses de reclusión (conmutable) al alférez de la Fuerza Naval José Arnoldo Amaya por cometer lesiones graves en perjuicio del pescador Wilmer Gerardo Sabillón Moreira.

Otras penas accesorias que le fueron impuestas son la inhabilitación especial,  la privación del cargo, y la suspensión del derecho a optar a un cargo público por el tiempo que dicta la condena, así como la pena de interdicción civil (derechos de patria potestad, tutela, guarda y administración de bienes).

El tribunal de Sentencia también condenó a 30 días de prisión (conmutable) al militar por el delito de “falta contra las personas” en perjuicio de Julio César Pineda Andrade.

Como parte del acompañamiento a víctimas de violaciones a derechos humanos, un equipo de procuradoras del Comité de Familiares de Detenbidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)  visitó a los familiares de Wilmer Gerardo Sabillón Moreira en la comunidad Los Naranjos, jurisdicción de Santa Cruz de Yojoa.

Miriam Rodas, madre de Wilmer Gerardo solicitó al COFADEH que realice diligencias para presentar una demanda administrativa contra la Secretaría de Defensa por los daños y perjuicios cometidos por José Arnoldo Amaya en contra de su hijo que quedó lisiado de por vida, producto de los impactos de bala que recibió de manos del militar.

La señora Mirian Rodas narró que luego de un largo proceso de recuperación y de muchos cuidados Wilmer Sabillón se encuentra bien y que está al frente un pequeño negocio de venta de rspuestos de vehículos que montó junto a su esposa en la comunidad Peña Blanca.

Rodas  dijo a http://www.defensoresenlinea.com que  la primera operación de emergencia a su hijo se realizó en el Hospital Militar de las Fuerzas Armadas (FFAA) en San Pedro Sula y que al parecer costó 100 mil lempiras, cuyo costo corrió a cuenta del instituto castrense.

La madre de la víctima sostuvo que la operación no fue muy buena y que fue necesario hacer una nueva intervención quirúrgica. Para ello buscaron a un médico cirujano plástico  de la capital que intervino a Wilmer Gerardo. La operación permitió un poco más de movilidad al brazo izquierdo  que fue severamente dañado por el proyectil que se incrustó en el codo.

Rodas señaló que dicha operación le costó a la familia 70 mil lempiras, a pesar que el cirujano redujo los costos de operación al considerar que se trató de un “caso humanitario”.

Wilmer quedó mejor, con poca movilidad de uno de sus brazos, pero mejor que la primera vez, apuntó Miriam Rodas al tiempo que comentó que para reunir el dinero fue necesario vender una moto y otros equipos propiedad de la familia.

Miriam Rodas, madre de Wilmer Gerardo

Aspectos relevantes del proceso judicial

Cabe señalar que tanto Ministerio Público (MP) como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) en su condición de acusador privado representante de las víctimas, renunciaron al procedimiento ordinario de juicio oral y público, y solicitaron al tribunal una sentencia de “estricta conformidad” contra el militar Jose Arnaldo Amaya, acordando que se imponga al imputado la pena de 3 años y cinco meses de reclusión por el delito de lesiones graves y 30 días de prisión por el delito de la falta contra las personas , más las penas accesorias correspondientes en base a los hechos fácticos.

El 6 de abril de 2013 en horas de la mañana, los jóvenes Wilmer Gerardo Sabillón y Julio César Pineda Andrade pescaban en el Lago de Yojoa, en el sitio conocido como parque arqueológico El Jaral, donde se encontraban militares de la Fuerza Naval de las Fuerzas Armadas (FFAA).

El alférez Jose Arnoldo Amaya les gritó  desde la orilla a los jóvenes que debían dejar de pescar y salir de las aguas del lago, de lo contrario, si no obedecían la orden, les iba a disparar.

Wilmer Gerardo Sabillón le contestó que no tenía ningún derecho a dispararles, razón por la cual el militar accionó su arma de reglamento y disparó en varias ocasiones, hiriendo de bala a Julio César Pineda Andrade en el brazo izquierdo y a Wilmer Gerardo Sabillón Moreira en su brazo izquierdo y derecho, heridas que lo dejaron lisiado.

El Juzgado de Ejecución sección judicial de San Pedro Sula  (según expediente 585-15) otorgó al acusado el beneficio de conmutar la pena de reclusión por pago en efectivo de 12,590 lempiras, por lo que se le extendió la respectiva carta de libertad definitiva.

En el Acta de Audiencia de Conmuta de la Pena de reclusión por pago en efectivo, celebrada el 19 de enero de 2016 en la causa en la que se condenó al policía militar Jose Arnoldo Amaya por los delitos de lesiones graves en perjuicio de Wilmer Gerardo Sabillón Moreira y de falta contra las personas en perjuicio de Julio César Pineda, el militar  se declaró culpable de los delitos de lesiones leves y graves proferidas contra los dos jóvenes pescadores.

José Arnoldo Amaya, que era alférez de la Fuerza Naval cuando sucedieron los hechos y que ahora es miembro de la Policía Militar y de Orden Público (PMOP), se declaró culpable ante los jueces de la Sala Cinco de Juicios Orales y Públicos de Los Tribunales de San Pedro Sula, región norte del país, de los cargos imputados por la Fiscalía constitutivos de lesiones graves contra Wilmer Sabillón y lesiones leves contra Julio César Pineda.

El Fiscal del Ministerio Público (MP), Alejandro Canales, les comunicó a los jueces de la Sala cinco que el acusado había solicitado un acuerdo de estricta conformidad y que el mismo había sido aceptado por una de las víctimas que estuvo presente en el juicio oral y público el pasado 28 de septiembre, por la abogada acusadora privada (en representación del Cofadeh)  y por el Ministerio Público.

En la lectura del acuerdo, el fiscal señaló que el acusado aceptaba una pena de tres años y medio por el delito de lesiones graves contra Wilmer Sabillón y pedía que se le despenalizara del delito de lesiones leves contra Julio César Pineda, quien no estuvo presente en el juicio por encontrase fuera del país.

En la sentencia el tribunal señala que el artículo 105 del Código Penal refiere que todo aquel que incurre en responsabilidad penal por un delito o falta, es también responsable civilmente. Esa responsabilidad civil comprende, la reparación de los daños materiales y morales y la indemnización de perjuicios.

La familia del Wilmer Gerrado Sabillón Moreira estima que dado que el sentenciado no cuenta con suficientes fondos para resarcir los daños causados en contra de su pariente, interpondrán una demanda administrativa contra la Secretaría de Defensa que se ventilará en los juzgados de lo Contencioso Administrativo.

Defensores en linea

Origen: Secretaría de Defensa deberá responder por daños causados a pescador que fue herido de bala por un militar

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Policía hondureña hiere a diputado del Partido Liberal, hermano de narco extraditado –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-La Policía Nacional de Honduras se ha visto nuevamente involucrada en un acto irregular violento, mediante el cual elementos de esa institución hirieron de gravedad al diputado del Partido Liberal, Carlos René Fernández Rosa, hermano del narcotraficante Héctor Emilio Fernández, conocido como “Don H” y extraditado el año pasado a Estados […]

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Extraen ojiva a campesino que fue víctima durante un desalojo violento ejecutado por militares y policías

Defensores en linea

José David Ponce, campesino del Bajo Aguán, quien fuera víctima de una represión policial durante un desalo violento, fue intervenido quirúrgicamente el 06 de febrero en una clínica privada en Tocoa, Colon, para extraerle una ojiva que tenía alojada en su espalda.

Ponce recibió un disparo cuando fueron atacados por fuerzas militares en un desalojo violento a miembros de la comunidad Gregorio Chávez en la comunidad de Panamá en el municipio de Trujillo, también en el departamento de Colón.

Este caso fue asumido por el Cofadeh e igualmente que su operación, a través del fondo de emergencia que funciona desde el proyecto binacional “Apoyo y protección a los defensores de derechos humanos, trabajando en conflicto por la tierra y recursos naturales en las zonas rurales de Honduras”.

La operación de José David Ponce era para extraerle una ojiva que tenía alojada en su espalda desde el 3 de julio de 2014,luego de resultar herido de bala  cuando militares de la Fuerza de Tarea Xatruch III y la Policía realizaron un violento desalojo en la finca Paso Aguán de Trujillo.

La evidencia que fue extraída del cuerpo de la víctima y será entregada directamente por la clínica donde se practicó la operación al Ministerio Público para que sirva de prueba científica en el caso.

Las acciones violentas del 3 de Julio en la Finca Paso Aguán que colinda con la comunidad Panamá, dejaron heridos de bala a los campesinos David Ponce y José Isaías Sánchez (36) además de 7 personas heridas con arma contusa en diferentes partes del cuerpo y una docena de detenidos, entre ellos a mujeres y menores de edad.

Información procedente del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán reveló que durante el desalojo del 3 de julio ejecutado contra unas 200 familias que se encontraban en la recuperación de las tierras en la Finca Paso Aguán, participaron cerca de 300 elementos entre militares y policías.

Durante el brutal desalojo los efectivos militares y policías dispararon sus armas de fuego, lanzaron bombas lacrimógenas y sometieron con garrotes a varios campesinos.

El desalojo ejecutado por acciones de la Operación Xatruch al mando del coronel René Jovel Martínez, la Policía Nacional, permitió que los guardias de seguridad privada de la corporación DINAT, propiedad del terrateniente Miguel Facussé, quedaran custodiando la finca, tras el ataque contra familias del Movimiento Campesino “Gregorio Chávez”, ubicada en la margen izquierda del río Aguán en Trujillo, Colón.

Los afectados aseguran que no se presentó ninguna orden de desalojo, tampoco recuerdan que hubiera presencia del Ministerio Público. Y que además los militares fueron cuatro cuadras más allá de las tierras en recuperación, se metieron hasta la comunidad, donde capturaron a algunos compañeros.

En estas acciones las fuerzas armadas tratan de criminalizar la lucha por el derecho a la tierra; mientras los militares y policías llegan con sus armas de fuego, escudos, cascos y toletes, los campesinos y las campesinas contestan con el conocimiento que tienen sobre sus derechos humanos, y la aplicación en defensa de sus compañeros y compañeras.

El COFADEH trasladó la denuncia a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para que éste y otros casos documentados, en los que se reflejan numerosas víctimas de vejaciones y acciones violentas perpetradas por militares, policías y guardias de seguridad en el Aguán, encuentren respuestas en la justicia hondureña, asfixiada por una impunidad galopante.

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Maltrato a niño con abuso excesivo de autoridad en acto oficial con presencia presidencial.


Publicado el 17 feb. 2016

Como en un país  en guerra  contra otras “”poderosas  fuerzas militares””que amenazan  supuestamente al gobierno, en el que se han suspendido  las garantías individuales y colectivas,se violan los Derechos  de la niñez hondureña.

Todo  frente a un pueblo, cuyo rostro evidencia,cansancio y temor  instantaneo hasta de  protestar por un acto tan degradante,indignante en extremo como  el que vemos  en imagenes  de un  video realizado por un periodista  y que no requiere  de  mucha  explicación,video recientemente realizado en una pequeña  concentración donde se inauguraba el inicio de una obra  con presencia  del jefe  del  poder ejecutivo  Juan Orlando Hernández,supuestamente rodeado de sus propios militantes y otros ciudadanos y ciudadanas que casualmente pasaban por el sitio sin saber que  allí se  aplicaban medidas  de excepción.
Es incomprensible como elementos  de la autoridad policial  violan los derechos establecidos en la Convención  de Derechos  del Niño  de las Naciones  Unidas, al obligar  un  policia a  un  niño  de  una edad aproximada de 4 años someterse a un registro personal  y tratado como si fuera  sospechoso de  ser un peligroso  delincuente o terrorista  en potencia ,dizque para cumplir una orden de superiores  que  guardan la  “”personal  seguridad “”del presidente de la República.
Ha  causado profunda indignación el hecho, dado que es una muestra  de abusivo autoritarismo de un  elemento  al que  con seguridad o no le instruyen debidamente  o si le instruyen y entrenan  en esa forma y  le admiten,permiten y fomentan  ese tipo de actuaciones con funestos fines  de  aterrorizar a la poblacion  en general, en la ya impuesta  militarización de la sociedad  hondureña.

Es necesario que tanto el pueblo como  las organizaciones de  Derehos Humanos  nacionales e internacionales  se pronuncien contra  este tipo de  actos que violan flagrantemente una Convencion de las Naciones  Unidas aceptada y firmada  por el  Estado de Honduras y que no es  una simple declaración  de intenciones sino un compromiso  obligatorio de proteger a la niñez del país  firmante.
Ahora ya no solo deben  los padres  y madres  acostumbrarse  a ver  a niños y jovenes estudiantes  o no, asesinados en  forma individual o  colectiva como lo evidencian  las  frecuentes llamadas masacres  y que se  quedan en impunidad absoluta,como meras cifras  estadísticas, ahora vemos también que se trata  de acostumbrarnos a ver que niños desde  edad  de Kinder son cateados por  autoridades tal como si fueran jovenes  o adultos, en profundo desprecio a  sus Derechos Humanos .
Aparte  de enfrentar los  seguros traumas a los que se  somete a estas indefensas  criaturas,los  adultos quedamos convencidos una vez  más que de nuevo se impone  la Doctrina  de  la Seguridad Nacional  de  epocas  pasadas con gobiernos  autoritarios en la decada de los años  80 para humillar  y someter hoy  a todo un pueblo a degradantes medidas  de imposición  propias  de  una dictadura disfrazada de  “”democracia”” y que ha convertido a Honduras  desde junio 2009  en un ESTADO DEGRADADO,paso  anterior al de  Estado Fallido según clasificación de la misma Organización de Naciones Unidas  (ONU) donde  se  conoce de otros antecedentes similares  de desprecio a los Derechos  del Niño y de otros derechos  ciudadanos, que NO debe dejarse  proliferar por respeto a la humanidad  y sin el merecido castigo.
Tienen la palabra ,en primer lugar el pueblo mismo y luego las organizaciones Internacionales  de  Derechos Humanos,los altos Tribunales  de Justicia existentes en la ONU,OEA,Comunidad de Estados Europeos,etc,etc. y de  testigos  los pueblos que  habitan el mundo entero aun considerado, civilizado.

Américo Roca Dalton

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Acusan a dos policías de asesinato y abuso de autoridad

Dos agentes de la Policía Nacional (PN) fueron acusados por el Ministerio Publico (MP) por los delitos de Asesinato y abuso de autoridad en la capital. Se trata de los inspectores Israel Ernesto Ramírez y Neptali Erazo Hernández ambos acusados por las mismas violaciones. Según información preliminar los imputados se dirigían a realizar un patrullaje de rutina en la colonia El Pedregal de la capital donde minutos después le dieron seguimiento al ciudadano Darwin Girón al que supuestamente le dispararon por la espalda.

Por lo que fueron presentados ante las autoridades correspondientes quienes decretarán en audiencia inicial si les darán sobreseimiento definitivo o un auto de formal procesamiento.

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Comunicadores indígenas sufren destrucción de material informativo, detención ilegal y falsa imputación

Alerta 22-15 | Honduras, jueves 4 de febrero, 2016 Militares de la Guardia de Honor Presidencial (GHP) atacaron a los comunicadores de las radios comunitarias la Voz Lenca y Radio Guarajambala, Rolando Gutiérrez y Selvin Milla, el mediodía de este jueves, durante la cobertura periodística de una actividad política de la Primera Dama, Ana García.

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Pobladores de Santa Cruz, Lempira queman patrulla policial por herir a dos vecinos –

Exclusiva de Criterio.hn    Exclusiva de Criterio.hn     Exclusiva de Criterio.hn Por: Redacción CRITERIO        redaccion@criterio.hn Tegucigalpa. Pobladores del municipio de Santa Cruz, en el departamento de Lempira, en el Occidente de Honduras, se han tomado la justicia por su cuenta, al quemar la patrulla y posta de la Policía Nacional, porque los uniformados hirieron de […]

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Comisionado de la Policía, Leandro Osorio, renuncia por amenazas de muerte – NotiBomba

El comisionado de la Policía, Leandro Osorio, anunció en la mañana de este jueves que se va del país

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Confirman “sacudida” en altos mandos de la Policía

Tegucigalpa – Los altos mandos y los intermedios de la Policía Nacional sufrieron una “sacudida”, informaron fuentes oficiales el mediodía de este jueves.

 

– El comisionado Leandro Osorio acusó al exjefe de las Fuerzas Armadas, Fredy Santiago Díaz, de ponerlo en mal con el presidente Hernández.

– El Subcomisionado Lázaro Fredy Lagos Sánchez asume como titular de la DPI.

El director de la Policía, Félix Villanueva, sigue el mando de la institución en tanto el comisionado Quintín Juárez pasa como segundo al mando.

El vocero policial, Leonel Sauceda, dijo que los cambios oficializados este día obedecen a la necesidad de implementar el nuevo modelo de servicio comunitario y reconocer el profesionalismo de todos los oficiales.

Varios oficiales fueron enviados al servicio exterior como agregados policiales: Elder Madrid Guerra que era el subdirector de la Policía; Javier Leopoldo Flores Milla que se desempeñaba como director de Recursos Humanos; y José Leandro Osorio Santos que era el jefe noroccidental policial.

Para el caso Quintín Juárez, que era el director de Logística, asume como subdirector de la Policía, en tanto el director de Policía Comunitaria, Carlos Arnoldo Mejía López, pasa a ocupar el cargo de director de Recursos Humanos.

Además se nombró a José David Aguilar Morán como director de Investigación e Inteligencia del cuerpo policial.

Fueron ratificados en sus cargos: Héctor Iván Mejía como director de operaciones, organización y adiestramiento; Elvis Javier Cantarero Ventura en Inspectoría General; Raúl René Aguilar Mazzoni como director de la Policía Preventiva; José Amílcar Mejía Rosales, como director de Educación Policial; Osman Díaz Santos en la dirección de Policía de Tránsito; y Orlin Javier Cerrato Cruz como jefe del Sistema de Inteligencia Policial.

Osorio culpa a ex jefe de las FFAA

leandro123El ahora propuesto para agregado policial Leandro Osorio, acusó, – en una declaración brindada al telenoticiero Hable como Habla, –  al exjefe castrense Fredy Santiago Díaz de mentirle al presidente Juan Orlando Hernández para provocar su salida.

“Yo admiro realmente el trabajo que está haciendo el abogado Juan Orlando Hernández, nunca nadie había hecho lo que él está haciendo, mi respeto para él, pero lo están engañando”, expresó.

Al ser consultado si el mandatario está siendo engañado por la cúpula policial, dijo que “no, no, es por otra gente con otro tipo de uniforme”.

Ejemplificó que “si se va a recorrer los barrios y colonias, después de las 9:00 de la noche, en la madrugada a ver a quien encuentra, solo encuentra a la Policía Nacional, no se encuentra a nadie más y no conviene robustecer la inteligencia ni la investigación”.

“Tenemos que ser trasparentes, si vamos a ser transparentes es en todo y a mí me obligaban que llevar gente de la Policía Militar a las fotos en la DNIC, solo para que salieran ellos y tiene que haber trasparencia en todo”, remarcó Osorio.

Igualmente acotó que “desgraciadamente al presidente le mienten y a quien debe apostarle no le apuesta, a quien debe fortalecer, robusteciendo la investigación criminal y la inteligencia es la Policía Nacional, pero no le estamos apostando a eso”.

Además reveló que “(el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas”, general (Freddy) Díaz Zelaya, le fue a decir al presidente de que yo estaba intencionado en hacer quedar mal el proyecto de la Policía Militar, porque se le metieron presos a dos oficiales que supuestamente mataron a dos cambistas en El Pedregal y La Honduras y la fiscal que llevó el caso fue relevada también”.

Los cambios en detalle

General director de la Policía, Félix Villanueva Mejía.

Asumen en servicio exterior

Elder Madrid Guerra, Javier Leopoldo Flores Milla y José Leandro Osorio Santos.

Comisionado Quintín Juárez, subdirector general de la Policía.

Comisionado Héctor Iván Mejía, director de operaciones, organización y adiestramiento.

Comisionado Elvis Javier Cantarero Ventura, Inspector general.

Comisionado Carlos Arnoldo Mejía López, director de Recursos Humanos.

Comisionado Wilmer Marthel Valle, director de Materiales de la Policía.

Comisionado José David Aguilar Morán, director de Investigación e Inteligencia.

Comisionado Alcides Vides Castillo, jefe noroccidental policial.

Comisionado Raúl René Aguilar Mazzoni, director de la Policía Preventiva.

Comisionado José Amílcar Mejía Rosales, Director de Educación Policial.

Comisionado Osman Díaz Santos, director de Policía de Tránsito.

Comisionado Mario Roberto Sevilla López, director de Unidades Especiales.

Comisionado Gustavo Adolfo Fajardo, secretario ejecutivo de la Dirección Policial.

Subcomisionado Otoniel Castillo Lemus, director de Policía Comunitaria.

Subcomisionado Lázaro Fredy Lagos Sánchez, director de DPI.

Subcomisionado Orlin Javier Cerrato Cruz, jefe del Sistema de Inteligencia Policial.

Subcomisionado Wilmer Torres Saavedra, director del Instituto Tecnológico Policial.


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A un año de una impune sentencia, co-homicidas del joven Ebed Jassiel en libertad

Tegucigalpa.

Pese a que los tres son co-homicidas del niño Ebed Jassiel Yanes Cáceres (15), la madrugada del 27 de mayo del 2012, la sala quinta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sólo sentenció a un militar, quien guarda prisión, los otros dos, incluyendo al jefe de Patrulla, hace un año fueron sobreseídos de los cargos imputados por el Ministerio Público (MP).

El Fiscal Luis Fernando Padilla, como representante del MP, explicó que desde el inicio sólo se acusó al sargento Eleazar Abimael Rodríguez por el homicidio de Ebed, y después ya no se pudo implicar a los otros dos, por lo que este fue privado de libertad una semana después del hecho y condenado a 16 años de prisión, y no veinte como pena máxima establecida en el Articulo 116 del Código Penal de Honduras, siendo la pena mínima 15 años.

Los otros dos militares son el sub-teniente de la Fuerzas Especiales y jefe de la patrulla, Josué Antonio Sierra y el Cabo Felipe de Jesús Rodríguez, quienes se mantuvieron por dos años con medidas sustitutivas a la prisión, después del juicio oral y público celebrado en enero del 2015, declarados culpables, según el Tribunal integrado por Lesly Gallardo, Yessica Granados, Julissa Aguilar y Mario Díaz, como cuarto juez, en la sala quinta de la CSJ; sin embargo no fueron acusado por ese delito, y quedaron en libertad.

A los militares Felipe Rodríguez y Josué Sierra, se les absolvió por los delitos de abuso de autoridad en perjuicio de la Administración Pública, encubrimiento y falta a los deberes de los funcionarios.

A la única persona que se le dedujo responsabilidad por el homicidio fue a uno de los que tenía menor grado, “al gato de los gatos”, al que no tiene poder, expresó Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, organización que representa a la familia Yanes, en este proceso que busca justicia.

Mientras el caso está en etapa de Casación, ya que la defensa representada por Jacobo Salandía no acepta la pena imputada a Eleazar Rodríguez, el COFADEH contestó la acción legal argumentando que existen las suficientes pruebas que incriminan al militar con los hechos que apagaron la juvenil vida de Ebed Jassiel, la madrugada del 27 de mayo del 2012, cuando evadió un retén militar.

“Cometió un error, como lo haría cualquier joven” declara su papá, Wilfredo Yanes, pero los militares no debieron dispararle, Ebed Jassiel no andaba armado, seguramente huyó por temor, y fue ejecutado casi al llegar a su casa.

El muchacho se conducía en motocicleta la madrugada del 27 de mayo del 2012, y no atendió un retén militar a la altura del desvío a la colonia Los Pinos, carretera que conduce de Tegucigalpa a Danlí, por lo que una patrulla le dio persecución, a bordo iban siete uniformados, tres de ellos le dispararon hasta matarlo, y después se fueron de la escena del crimen, pero volvieron para no dejar evidencias, levantando los revestimientos balísticos que posteriormente tiraron a la orilla de la carretera por el redondel cercano a un centro comercial en la salida al oriente de Tegucigalpa.

“Recuerden que son militares y meter preso a militares en este país va ser difícil, porque meter militares es meter a los que gobiernan a nuestro país”, manifestó Wilfredo Yanes, tras escuchar el veredicto absolutorio contra militares que dispararon a su hijo, hace un año.

En este caso vemos ocultamiento de la verdad, manipulación que se dio desde que se niega que en la Morgue del Poder Judicial en Tegucigalpa está el cuerpo de un niño, señalando que es un hombre de 25 a 30 años de edad, también hubo manipulación en el traslado del comando, entonces al ver la insistencia de la familia por encontrar la verdad, debieron admitir que si son balas militares, y después que se encubre al jefe de la operación, el sub teniente Josué Antonio Sierra, con acusaciones menores por las que ahora está en libertad.

De parte nuestra, agregó Oliva, seguimos acompañando a la familia Yanes Cáceres, quien no ha encontrado justicia ante la muerte de su hijo, ya que desde el primer día de los hechos tomaron control en el asunto por lo que las autoridades militares debieron asumir su responsabilidad y aceptar que las balas eran de su armamento.

Estamos dispuestas a trabajar día tras día hasta el final para que se haga justicia ante esa sentencia manipulada y manoseada, y debido a esas acciones trastocadas que demandamos y exigimos independencia al Sistema Judicial.

No podemos quedarnos indiferentes ante estos hechos, y por eso damos a conocer el sistema de justicia que tenemos, donde se protege a los que cometen actos de violaciones a los ddhh y en este caso ataques a la juventud, porque la impunidad y la corrupción en el país es lo que impera.

El Estado de Honduras tiene deuda histórica en el tema de violaciones a los DDHH y desapariciones forzadas, y cualquier cosa que puedan tocar con el combate a la impunidad, sino se salda la deuda histórica fundamentalmente de los años 80 no habrá avanzado en el tema de justicia de nuestro país, afirmó la defensora de DDHH en Honduras, Bertha Oliva.

Hechos

El día del ataque contra Ebed Jassiel, los militares participaban en un operativo denominado “Relámpago” ordenado por la Presidencia de la República, según declaraciones del encargado de la tropa, Josué Antonio Sierra.

La sentencia fue leída sin la presencia de los militares, tampoco los abogados de la defensa que participaron en esta etapa del juicio, José Tiburcio Amador que representó al cabo Felipe de Jesús Rodríguez; y el abogado Humberto Jacobo Salandía, que lleva la defensa del sub teniente  Josué Antonio Sierra y el sargenteo Eleazar Rodríguez, que guarda prisión desde junio del 2012, porque su arma dio positiva con los casquillos de bala encontrados en la escena del crimen, aunque se comprobó que fueron más los que dispararon, y tras abandonar el lugar, la patrulla regresó, los militares recogieron las evidencias y Sierra las tiró a la orilla de la carretera por el empalme de la colonia Villa Nueva, Kennedy y Hato de Enmedio, justo al inicio del bulevar Fuerzas Armadas, según datos revelados en el Juicio Oral y Público.

Según el Tribunal compuesto por Lesly Gallardo, Yessica Granados y Julissa Aguilar, no se pudieron comprobar los delitos imputados a los militares, excepto el de homicidio.

Berlin Cáceres y Wilfredo Yánez, insisten en la búsqueda de justicia, han acompañado cada acción del proceso judicial, plantones, audiencias, reuniones con entes de toma de decisión, sobretodo del Ministerio Público, quienes no cumplieron su palabra de hacer justicia por su hijo.

Era un muchacho educado, hablaba dos idiomas, siempre estaba con su familia y a veces salía acompañado de su hermana mayor, por lo que su salida esa noche del sábado 26 de mayo del 2012 fue inesperada, hasta que el guardia de la colonia donde habitan, les dijo que salió a eso de las 11 de noche en una motocicleta, propiedad de don Wilfredo.

Sin embargo todo el domingo 27 estuvo buscándolo por todos lados, hasta que llegó a la morgue capitalina, donde su hijo estaba registrado como un hombre de unos 25 años,  desconocido, y que estaba con una motocicleta, narra Wilfredo Yanes, con su mirada profunda reviviendo esos momentos que aumentan el dolor, porque no volvió a ver a su hijo menor.

Al concluir el Juicio Oral y Público, en enero, el jefe de la Patrulla, Josué Antonio Sierra, quien es licenciado en ciencias militares, dijo que participaron en ese operativo por órdenes de la Presidencia de la República y pidió perdón a la familia Yanes  Cáceres, aunque de esa forma no les iba a revivir a su hijo, les dijo que “estuve cuatro años preparándome en el Alma Mater, yo iba con ímpetu de hacer las cosas bien, de la mejor manera, me educaron en la trilogía del Honor, Lealtad y Sacrificio. Ese día no hubo nada premeditado. No le voy a revivir a su hijo, pero le pido perdón y quiero dejar manifestado que en ningún momento hubo mala intención, lamentablemente recibimos órdenes arbitrarias”.

Origen: A un año de una impune sentencia, co-homicidas del joven Ebed Jassiel en libertad

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Feministas logran inclusión en presupuesto de la República

Organizaciones feministas lograron un renglón presupuestario para género en el presupuesto general de la República.

 

http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/mujeres/feministas-logran-inclusi%C3%B3n-en-presupuesto-de-la-rep%C3%BAblica

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Pasos de Animal Grande – Dictan auto de formal procesamiento a militares que mataron a garífunas, mientras OFRANEH rechaza militarización de sus comunidades

La tarde-noche de este día  05 de enero de 2016, los tribunales de Trujillo, Colón, dictaron Auto de Formal Procesamiento contra militares que mataron a dos garífunas el pasado 27 de diciembre de 2015, sin embargo la Organización Negra de Honduras, OFRANEH,  rechazó la militarización en sus comunidades y condenó el hecho que el presidente Juan Orlando Hernández y la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas hayan avalada el crimen colocando como héroes a los responsables de la masacre.

Una balacera propiciada por militares de la Fuerza Naval de Honduras dejó como resultado el asesinato del joven garífuna Jostin Palacios Lino de 24 años  y  de Elvis García de 19 años, en la comunidad de Barra de Iriona, departamento de  Colón, después de una balacera provocada por los uniformados que dispararon a mansalva contra varias personas de la comunidad garífuna.

Alfredo López ,Vicepresidente de OFRANEH, denunció que  en los últimos meses del año que recién terminó al menos dos comunidades garífunas, Limón y Pla-Playa fueron objeto de  militarización lo que ha dejado una estrategia de represión hacia sus respectivas poblaciones.

Pero Alfredo López opinó que el resultado de esta audiencia no genera satisfacción ni en OFRANEH ni mucho menos en la comunidad de Iriona ya que aún y cuando se ha efectuado un proceso en contra de ellos, funcionarios de gobierno y el propio Presidente de la República los ha elevado al grado de héroes que cumplían con su deber.

“El hecho de que los miembros de la Naval tengan como medida la prisión forma parte del inicio de una deuda que tienen que pagar con la comunidad. Continuaremos con la denuncia para que este caso no quede impune y sobre todo para que también puedan ser condenados los altos oficiales que ordenaron atacar a nuestros hermanos”, mencionó López.

Denunció el papel de instituciones del Estado que se han llamado al silencio ante el abuso de la fuerza militar en contra del pueblo garífuna, como es el papel de la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) que “actúa en complicidad de nuestro sufrir y es por ello que resentimos este comportamiento de esquiroles de quienes asesinan a nuestro pueblo”.

En más de 100 años de bipartidismo hondureño, el pueblo garífuna ha sido objeto de una política violenta hacia la reivindicación por sus derechos. Para el caso en 1937, durante el gobierno del dictador nacionalista Tiburcio Carías Andino, se ejecutó la masacre de San Juan y como puente en el tiempo otro gobierno de corte azul y estrella solitaria, en el marco de su apoyo en los militares ejecuta la misma política al igual del dictador de los años 30.

Los nombres de los militares son Cristian Joel Chirinos (24), Briand Jassman Hyde Velasques (19), Ángel David Laínez Barrera (20), José Luis Majano Escober (23), Luis Alexis Aguilera Zuniga (23), Edim Joasiel Martínez Castellanos (23) y Rubén Darío Andino Rivera (34). Los anteriores fueron acusados por el delito de homicidio simple.

Comunicado emitido por OFRANEH este día:

Honduras: Garifunas exigimos la desmilitarización de nuestras comunidades y sus territorios

Sambo Creek, 5 de enero de 2015.- El ataque a mansalva a un grupo de Garífunas perpetrado por elementos de la Fuerza Naval el pasado domingo 28 de diciembre, hecho acontecido en la Barra de Iriona, tuvo como resultado la muerte de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García, los que se encontraban en horas de la madrugada desatascando un vehículo enterrado en la playa.

Los elementos de la Fuerza Naval sin mediar palabra dispararon supuestamente porque confundieron a los Garífunas con narcotraficantes. Entre los Garifunas se encontraban mujeres y menores de edad, ya que el lugar de los hechos es frecuentemente transitado por vehículos que cubren la ruta entre Tocamacho e Iriona, ante la inexistencia de vías de comunicación en esa zona.

Desde meses atrás el corredor entre las comunidades garífunas de Limón y Plaplaya fue militarizado, existiendo una estrategia de represión hacia la población local por parte de los militares, a pesar que las Fuerzas de Seguridad  poseen la información precisa de quienes integran las bandas al servicio del crimen organizado, en su gran mayoría conformada por mestizos que no habitan en nuestras comunidades.

Como es de conocimiento público, el narcotráfico se apoderó de Honduras en las últimas dos décadas, incrementándose el flujo de estupefacientes a partir del golpe de estado del año 2009; situación que afectó severamente a las comunidades Garifunas ante las presiones territoriales que se dieron por parte del crimen organizado que no cejaron en la “compra” de tierras, y la infiltración de municipalidades y juzgados, hasta el punto que Honduras se convirtió en un  narco estado.

La Resolución del Juzgado de Trujillo

En la audiencia efectuada el sábados 2 de enero en la ciudad de Trujillo, el Ministerio Público decidio  presentar requerimientos fiscales en contra de los militares por homicidio simple a Cristian Joel Chirinos (24), Briand Jassman Hyde Velasques (19), Ángel David Laínez Barrera (20), José Luis Majano Escober (23), Luis Alexis Aguilera Zuniga (23), Edim Joasiel Martínez Castellanos (23) y Rubén Darío Andino Rivera (34). Los sindicados fueron acusados de homicidio simple y confinados a la base naval en Puerto Castilla.

En el caso de Honduras las Fuerzas de seguridad se blindaron a través del decreto 168-2012, el que en su artículo 13 señala que los militares, policías y miembros de la Policía Militar de Orden Publico, “en caso que se les decrete la medida cautelar de prisión preventiva, deben ser recluidos en establecimientos militares mientras dure el proceso judicial”.

Un nutrido grupo de Garífunas provenientes de las comunidades de Iriona y de la bahía de Trujillo, hicieron presencia frente al Juzgado de letras de Trujillo, protestando por los homicidios perpetrados por los militares y la militarización que padecen las comunidades Garífunas, las que son islas de paz en el mar de sangre en que se ha convertido Honduras

Militares y asesinatos de Garífunas

Desde la masacre de San Juan Tela, consumada por las tropas del dictador Tiburcio Carías en el año de 1937, los Garífunas hemos sentido el yugo de las fuerzas castrenses y hasta la fecha la mayoría de nuestro pueblo asimiló el terror hacia los militares hondureños sinónimo de despotismo.

En la última década se han dado situaciones que corroboran la aprensión que siente nuestro nuestro pueblo a los militares. Las ejecuciones de Epson Andrés Castillo y de Eligio Lopez, ocurrida en la Laguna Negra, en marzo del 2006, y la muerte de Guillermo Norales, asesinado por la Fuerza Naval en las inmediaciones de Cuero y Salado,  en septiembre del 2007, además de la “desaparición” de Domitilio Arzu ocurrida en el archipiélago de los Cayos Cochinos en el año 1996, forman parte de las agresiones sufridas  por nuestro pacífico pueblo a manos de elementos de las Fuerzas Armadas.

Existe dentro de los operadores de justicia hondureña una tendencia a encubrir los crímenes cometidos por los militares y en caso de ser proseguidos salvaguardar a los oficiales. Como ejemplo está el caso de los Garífunas asesinados en Laguna Negra, en el cual el oficial que dio la orden de ejecución aparentemente lo convirtieron en testigo protegido de la Fiscalía.

El ataque de los Navales ocurrido en la Barra de Iriona, no tiene justificación alguna, ya que los asesinados en ningún momento han estado relacionados el narcotráfico. Las fuerzas de seguridad poseen suficiente información sobre el crimen organizado en la zona, pero hasta la fecha han sido incapaces de desmantelar las bandas existentes, muchas de ellas asentadas en las comunidades de Palacios y el Sico, donde la población es casi en su totalidad mestiza.

La Falsa Guerra contra las drogas y la exigencia de la  desmilitarización de las comunidades Garífunas
A pesar de la cuantiosa cifra invertida por el gobierno de los Estados Unidos en su guerra contra las drogas, durante los más de 40 años en que viene manteniendo la fallida estrategia, los pueblos indígenas somos de los más afectados tanto por las fuerzas punitivas de los gobiernos como por las bandas de asesinos financiadas por el crimen organizado.

En enero del año pasado la revista estadounidense Rolling Stone publicó un artículo intitulado “La guerra contra las drogas: El fracaso de un trillón de dólares”, en el cual analizan la disfuncionabilidad de la supuesta guerra y su alto costo economico. Mientras tanto los gobiernos de los países del triángulo de la muerte (Guatemala, Salvador y Honduras) y México, han sufrido una putrefacción de sus sistemas judiciales y de las fuerzas de seguridad, al mismo tiempo que las víctimas son incontables.

La Asamblea general extraordinaria de las Naciones Unidas sobre el tema de las drogas, que se llevará a cabo el próximo mes de abril en N.Y, es una oportunidad para revisar la criminalización de las drogas y sus efectos; además de buscar nuevos enfoques que superen la visión impuesta desde la época de Richard Nixon, de ver a los drogadictos como criminales, y rellenar las cárceles de los Estados Unidos de minorias raciales a través de la política de sentencias mínimas mandatorias.

Es inconcebible que los Estados Unidos exporte armas a doquier mientras de forma moralista asuma combatir las drogas. Paises ocupados militarmente como Afganistán y Colombia continúan de forma no tan misteriosa siendo los mayores productores de drogas en el mundo.

El pueblo Garífuna y la OFRANEH exigimos la desmilitarizacón de nuestras comunidades y sus territorios, Ademas solicitamos a los funcionarios estatales y militares que cesen de criminalizar a nuestro pueblo, ya que la generalización de acusarnos de traficantes carece de fundamento y es risible puesto que la elite política de Honduras se encuentra cuestionada por los agentes imperiales, ante la enorem corrupacion y complicidad con el narcotráfico

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Antecedentes del crimen contra garífunas

http://goo.gl/PMZp7Q

http://goo.gl/8AU4vh

http://goo.gl/ajf5c5

http://goo.gl/DuFjkR

http://goo.gl/vtnrCB

Origen: Pasos de Animal Grande – Dictan auto de formal procesamiento a militares que mataron a garífunas, mientras OFRANEH rechaza militarización de sus comunidades

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Honduras: Garifunas exigimos la desmilitarización de nuestras comunidades y sus territorios

Sambo Creek, 5 de enero de 2015.- El ataque a mansalva a un grupo de Garífunas perpetrado por elementos de la Fuerza Naval el pasado domingo 28 de diciembre, hecho acontecido en la Barra de Iriona, tuvo como resultado la muerte de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García, los que se encontraban en horas de la madrugada desatascando un vehículo enterrado en la playa.

Los elementos de la Fuerza Naval sin mediar palabra dispararon supuestamente porque confundieron a los Garífunas con narcotraficantes. Entre los Garifunas se encontraban mujeres y menores de edad, ya que el lugar de los hechos es frecuentemente transitado por vehículos que cubren la ruta entre Tocamacho e Iriona, ante la inexistencia de vías de comunicación en esa zona.

Desde meses atrás el corredor entre las comunidades garífunas de Limón y Plaplaya fue militarizado, existiendo una estrategia de represión hacia la población local por parte de los militares, a pesar que las Fuerzas de Seguridad  poseen la información precisa de quienes integran las bandas al servicio del crimen organizado, en su gran mayoría conformada por mestizos que no habitan en nuestras comunidades.

Como es de conocimiento público, el narcotráfico se apoderó de Honduras en las últimas dos décadas, incrementándose el flujo de estupefacientes a partir del golpe de estado del año 2009; situación que afectó severamente a las comunidades Garifunas ante las presiones territoriales que se dieron por parte del crimen organizado que no cejaron en la “compra” de tierras, y la infiltración de municipalidades y juzgados, hasta el punto que Honduras se convirtió en un  narco estado.

La Resolución del Juzgado de Trujillo
En la audiencia efectuada el sábados 2 de enero en la ciudad de Trujillo, el Ministerio Público decidio  presentar requerimientos fiscales en contra de los militares por homicidio simple a Cristian Joel Chirinos (24), Briand Jassman Hyde Velasques (19), Ángel David Laínez Barrera (20), José Luis Majano Escober (23), Luis Alexis Aguilera Zuniga (23), Edim Joasiel Martínez Castellanos (23) y Rubén Darío Andino Rivera (34). Los sindicados fueron acusados de homicidio simple y confinados a la base naval en Puerto Castilla.

En el caso de Honduras las Fuerzas de seguridad se blindaron a través del decreto 168-2012, el que en su artículo 13 señala que los militares, policías y miembros de la Policía Militar de Orden Publico, “en caso que se les decrete la medida cautelar de prisión preventiva, deben ser recluidos en establecimientos militares mientras dure el proceso judicial”.

Un nutrido grupo de Garífunas provenientes de las comunidades de Iriona y de la bahía de Trujillo, hicieron presencia frente al Juzgado de letras de Trujillo, protestando por los homicidios perpetrados por los militares y la militarización que padecen las comunidades Garífunas, las que son islas de paz en el mar de sangre en que se ha convertido Honduras

Militares y asesinatos de Garífunas
Desde la masacre de San Juan Tela, consumada por las tropas del dictador Tiburcio Carías en el año de 1937, los Garífunas hemos sentido el yugo de las fuerzas castrenses y hasta la fecha la mayoría de nuestro pueblo asimiló el terror hacia los militares hondureños sinónimo de despotismo.

En la última década se han dado situaciones que corroboran la aprensión que siente nuestro nuestro pueblo a los militares. Las ejecuciones de Epson Andrés Castillo y de Eligio Lopez, ocurrida en la Laguna Negra, en marzo del 2006, y la muerte de Guillermo Norales, asesinado por la Fuerza Naval en las inmediaciones de Cuero y Salado,  en septiembre del 2007, además de la “desaparición” de Domitilio Arzu ocurrida en el archipiélago de los Cayos Cochinos en el año 1996, forman parte de las agresiones sufridas  por nuestro pacífico pueblo a manos de elementos de las Fuerzas Armadas.

Existe dentro de los operadores de justicia hondureña una tendencia a encubrir los crímenes cometidos por los militares y en caso de ser proseguidos salvaguardar a los oficiales. Como ejemplo está el caso de los Garífunas asesinados en Laguna Negra, en el cual el oficial que dio la orden de ejecución aparentemente lo convirtieron en testigo protegido de la Fiscalía.

El ataque de los Navales ocurrido en la Barra de Iriona, no tiene justificación alguna, ya que los asesinados en ningún momento han estado relacionados el narcotráfico. Las fuerzas de seguridad poseen suficiente información sobre el crimen organizado en la zona, pero hasta la fecha han sido incapaces de desmantelar las bandas existentes, muchas de ellas asentadas en las comunidades de Palacios y el Sico, donde la población es casi en su totalidad mestiza.

La Falsa Guerra contra las drogas y la exigencia de la  desmilitarización de las comunidades Garífunas
A pesar de la cuantiosa cifra invertida por el gobierno de los Estados Unidos en su guerra contra las drogas, durante los más de 40 años en que viene manteniendo la fallida estrategia, los pueblos indígenas somos de los más afectados tanto por las fuerzas punitivas de los gobiernos como por las bandas de asesinos financiadas por el crimen organizado.

En enero del año pasado la revista estadounidense Rolling Stone publicó un artículo intitulado “La guerra contra las drogas: El fracaso de un trillón de dólares”, en el cual analizan la disfuncionabilidad de la supuesta guerra y su alto costo economico. Mientras tanto los gobiernos de los países del triángulo de la muerte (Guatemala, Salvador y Honduras) y México, han sufrido una putrefacción de sus sistemas judiciales y de las fuerzas de seguridad, al mismo tiempo que las víctimas son incontables.

La Asamblea general extraordinaria de las Naciones Unidas sobre el tema de las drogas, que se llevará a cabo el próximo mes de abril en N.Y, es una oportunidad para revisar la criminalización de las drogas y sus efectos; además de buscar nuevos enfoques que superen la visión impuesta desde la época de Richard Nixon, de ver a los drogadictos como criminales, y rellenar las cárceles de los Estados Unidos de minorias raciales a través de la política de sentencias mínimas mandatorias.

Es inconcebible que los Estados Unidos exporte armas a doquier mientras de forma moralista asuma combatir las drogas. Paises ocupados militarmente como Afganistán y Colombia continúan de forma no tan misteriosa siendo los mayores productores de drogas en el mundo.

El pueblo Garífuna y la OFRANEH exigimos la desmilitarizacón de nuestras comunidades y sus territorios, Ademas solicitamos a los funcionarios estatales y militares que cesen de criminalizar a nuestro pueblo, ya que la generalización de acusarnos de traficantes carece de fundamento y es risible puesto que la elite política de Honduras se encuentra cuestionada por los agentes imperiales, ante la enorem corrupacion y complicidad con el narcotráfico

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Origen: Honduras: Garifunas exigimos la desmilitarización de nuestras comunidades y sus territorios

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CASA ALIANZA: Más de mil niños asesinados violentamente en 2015 – Noticias Cholusat Sur

Casa Alianza Honduras, ante los asesinatos cometidos por las Fuerzas Armadas de Honduras:

A la ciudadanía, las organizaciones de sociedad civil y a la comunidad internacional, hace saber que:

1. En los últimos seis meses, las Fuerzas Armadas de Honduras han asesinado al menos seis niñas, niños y jóvenes, tres de ellos durante la semana recién pasada.

2. El 27 de diciembre, elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras asesinaron a dos jóvenes pertenecientes al pueblo garífuna en la comunidad de Iriona, departamento de Colón, así mismo, el 2 de enero, una joven fue asesinada por elementos de la Policía Militar del Orden Público en la Colonia Villa Franca del Distrito Central.

3. Además, son reiteradas las denuncias de violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía por parte de elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, entre las que se señalan: torturas, violaciones sexuales y uso excesivo de la fuerza.

4. El gobierno, a través de ambiguos comunicados y declaraciones de prensa, ha negado o minimizado este tipo de violaciones a los derechos humanos, siendo insensible ante el dolor de las víctimas y prestándose a arropar con un manto de impunidad a los perpetradores.

Ante estos hechos, Casa Alianza Honduras demanda:

1. Al gobierno de la República, parar el asesinato de niñas, niños y jóvenes en el país.

2. Al presidente de la República le reiteramos e insistimos, en aras del bienestar de la población, que haga un replanteamiento de su estrategia militarista, cara, ineficiente e ineficaz por una estrategia de seguridad humana; que contemple la recuperación pacífica de territorios mediante el involucramiento, la organización y participación de todos los sectores.

3. Enfatizamos que es sistemática le evidencia de que el Ejército hondureño no está capacitado para relacionarse de manera armónica con la población, ya que su formación es para la defensa de la soberanía nacional y no para tener contacto directo con la ciudadanía. Al mismo tiempo instamos a dar eficiente cumplimiento al proceso de depuración policial.

4. A las organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y de la cooperación internacional, instamos a unir voces para exigir el inmediato replanteamiento de esta estrategia de seguridad militarista que tanta muerte y dolor está dejando en la familia hondureña.

Origen: CASA ALIANZA: Más de mil niños asesinados violentamente en 2015 – Noticias Cholusat Sur

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Militares hondureños han asesinado al menos seis niños en los últimos seis meses, según Casa Alianza –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- Al menos seis menores entre jóvenes y niños de ambos sexos han sido asesinados por elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, durante los últimos seis meses, denunció este lunes Casa Alianza mediante un comunicado. La misiva precisa que tres de las seis muertes ocurrieron durante la semana recién pasada

y a la vez cuestiona las múltiples violaciones a los derechos humanos que comenten los uniformados, mientras cumplen tareas de seguridad, que han sido delegadas por el gobierno en sustitución de la Policía Nacional de orden civil.

CASA ALIANZA

En virtud de los abusos, Casa Alianza hace un llamado al gobierno que preside Juan Hernández, para que replanteé su estrategia militarista, ya que además de  cometer violaciones a los derechos humanos, es cara, ineficiente e ineficaz.

A continuación CRITERIO reproduce el comunicado
Casa Alianza Honduras, ante los asesinatos cometidos por las Fuerzas Armadas de Honduras:
A la ciudadanía, las organizaciones de sociedad civil y a la comunidad internacional, hace saber que:

  1. En los últimos seis meses, las Fuerzas Armadas de Honduras han asesinado al menos seis niñas, niños y jóvenes, tres de ellos durante la semana recién pasada.
    2. El 27 de diciembre, elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras asesinaron a dos jóvenes pertenecientes al pueblo garífuna en la comunidad de Iriona, departamento de Colón, así mismo, el 2 de enero, una joven fue asesinada por elementos de la Policía Militar del Orden Público en la Colonia Villa Franca del Distrito Central.
    3. Además, son reiteradas las denuncias de violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía por parte de elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, entre las que se señalan: torturas, violaciones sexuales y uso excesivo de la fuerza.
    4. El gobierno, a través de ambiguos comunicados y declaraciones de prensa, ha negado o minimizado este tipo de violaciones a los derechos humanos, siendo insensible ante el dolor de las víctimas y prestándose a arropar con un manto de impunidad a los perpetradores.

Ante estos hechos, Casa Alianza Honduras demanda:

  1. Al gobierno de la República, parar el asesinato de niñas, niños y jóvenes en el país.
    2. Al presidente de la República le reiteramos e insistimos, en aras del bienestar de la población, que haga un replanteamiento de su estrategia militarista, cara, ineficiente e ineficaz por una estrategia de seguridad humana; que contemple la recuperación pacífica de territorios mediante el involucramiento, la organización y participación de todos los sectores.
    3. Enfatizamos que es sistemática le evidencia de que el Ejército hondureño no está capacitado para relacionarse de manera armónica con la población, ya que su formación es para la defensa de la soberanía nacional y no para tener contacto directo con la ciudadanía. Al mismo tiempo instamos a dar eficiente cumplimiento al proceso de depuración policial.
    4. A las organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y de la cooperación internacional, instamos a unir voces para exigir el inmediato replanteamiento de esta estrategia de seguridad militarista que tanta muerte y dolor está dejando en la familia hondureña.
    Dado en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C a los cuatro días de enero del 2016

Origen: Militares hondureños han asesinado al menos seis niños en los últimos seis meses, según Casa Alianza –

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Encarcelan a policías militares que mataron joven hondureña

A la cárcel mandan a cuatro militares que mataron la noche del sábado a una menor de edad que los descubrió cuando agredían a un comerciante.-Los imputados pertenecen a la Policía Militar del Orden Público.  

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Cuatro efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) fueron enviados a la cárcel este domingo por haber ultimado a Heidy López Cruz (19).

Los tribunales de justicia de la capital de Honduras decidieron decretar “auto de formal procesamiento” (proceso judicial previo al juicio), contra los policías militares para Jimmy José Castillo Martínez, Justino Vásquez Amaya, Cristhian Josué López y Olvin Ismael Blandín Espinal.

Los detenidos pertenecen al IV Batallón de Infantería y asignados a la PMOP y fueron imputados por el delito de homicidio; aunque los jueces han variado el delito al exponer varios elementos que podrían dejar en libertad a los uniformados o dejarlos varias décadas en la cárcel.

“Se ha decretado detención judicial (mandar imputados a prisión), y medidas cautelares de prisión preventiva, ellos la cumplirán en el primer batallón, tras haberles imputado el delito de homicidio”, dijo el apoderado legal de los presuntos responsables.

Los presuntos responsables deben explicar cómo ocurrió la muerte de la menor, ocurrido a la medianoche del sábado en la conflictiva colonia Villafranca de Comayagüela.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que los agentes abrieron fuego contra la fallecida luego que los descubriera mientras agredían al dueño de una pulpería que queda a pocos metros de la vivienda donde residía.

Según familiares y testigos, la víctima se encontraba durmiendo, cuando se percató que los militares estaban agrediendo al comerciante Orlando Padilla, por lo que salió a la terraza  a ver qué sucedía junto con su padre Jorge López y otros familiares.

Al observar lo que estaba pasando, desde lo alto ellos gritaron que dejaran de golpear a Padilla, fue cuando uno de los uniformados cargo su fusil y comenzó a disparar en diferentes direcciones, acertándole dos disparos a Heydi.

Días atrás, el presidente Juan Hernández, daba gracias a las FFAA, aglutinadas en la denominada Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), por proteger a la población, a pesar de las fuertes denuncias de violaciones a DDHH cometidos por el organismo.

Asimismo, las denuncias contra la Policía Militar han arreciado en el último año, respecto a ataques cometidos contra personas que van desde golpes hasta asesinatos que no han sido resueltos por los operadores de justicia.

 

http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/909-encarcelan-a-policias-militares-que-mataron-joven-hondurena

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En Honduras, La Pena por Quitar Una Vida Indígena: 30 a 90 Días de Prisión

El día 15 de julio de 2013 la vida de Tomás García fue brutalmente arrebatada, y su hijo, Allan, de 16 años casi pierde la suya también por defender su tierra ancestral contra los poderosos intereses detrás del proyecto de la Presa Hidroeléctrica Agua Zarca en el noroeste de Honduras, en el corazón del territorio indígena Lenca.

Fue en ese trágico día que un suboficial del Primer Batallón de Ingenieros del ejército hondureño abrió fuego contra un desarmado García, un auxiliar del Consejo Indígena de su comunidad y miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), durante una protesta pacífica organizada para detener el proyecto.

 

El 10 de diciembre de 2015 los jueces encontraron al suboficial, Kevin Yasser Sarávia, culpable de homicidio simple, pero fue encontrado no culpable por intento de asesinato contra Allan, afirmando negligencia. A pesar de la solidez del caso de la fiscalía – incluso fuertes declaraciones testimoniales, las evidencias médicas y forenses dadas por los peritos que desacreditaron a fondo el caso de la defensa alegando legítima autodefensa – el asesino convicto recibió una sentencia de 30 a 90 días en una prisión militar, un delito cuya pena generalmente es entre 15 y 20 años de prisión.

 

“Es el choque de dos sectores, uno que detenta el poder impunemente, hoy más que nunca, y la vida de una persona que recoge cienes, miles de años de represión, eso es lo que ha configurado este juicio…es decir que es la reivindicación de las muchas muertes violentas hechas por quienes tienen el poder y que creen que tienen la impunidad para ello”

– Víctor Fernández, fiscal

 

La empresa estatal china SINOHYDRO – la más grande empresa constructora hidroeléctrica del mundo – fue contratada para construir la represa, pero se retiró del proyecto en julio de 2013 debido a “conflictos de interés serias entre … DESA, y las comunidades locales … [que eran] impredecible e incontrolable,” según la compañía. El proyecto Agua Zarca, junto con 40 otras  concesiones de represas hidroeléctricas, fue aprobado mediante legislación nacional en septiembre de 2010, pese a ser una violación directa del derecho de consulta libre, previa e informada y la constitución hondureña, especialmente en cuanto al respeto a los tratados internacionales y los derechos de los pueblos indígenas.
El brazo del sector privado del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y el Fondo Mezzanine de Infraestructura para América Central también se retiraron del proyecto [1] tras la denuncia del COPINH presentado al Asesor en Cumplimiento Ombudsman, argumentando que la concesión para la presa había sido otorgada ilegalmente por la falta de consulta con, y consentimiento de, las comunidades afectadas [2].

 

En abril de 2013, el Pueblo Lenca en Río Blanco empezaron a bloquear una de las carreteras para impedir el acceso al sitio de la represa. Poco después llegó el Primer Batallón de Ingenieros, comandado por el Coronel Milton Amaya, graduado de la Escuela de Las Américas, y mantiene su presencia hasta hoy día. El Pueblo Lenca han estado en la resistencia hace más de 500 años y la presa de Agua Zarca es simplemente otra ataque más a su cultura y su vida tradicional. Han enfrentado a amenazas, intimidaciones, desalojos, detenciones y asesinatos [3].

 

“…Tenemos una lucha…por una represa, estamos defendiendo los recursos naturales y ya hace sobre tres años de estar en la lucha y siempre seguimos allí en la lucha de esa empresa porque hace tres meses que ha regresado de vuelta a querer financiar la represa”

                 – Allan, hijo de Tomás García, relatando la lucha en Río Blanco

La líder del COPINH y ganadora del premio Goldman [4], Berta Cáceres, ha sido el blanco de una campaña fuerte para silenciar y desacreditar a la resistencia a la presa. El 24 de mayo de 2013 en camino a Río Blanco, Cáceres y su compañero, Tomás Gómez, fueron detenidos por el ejército y posteriormente encarcelados por una acusación de posesión ilegal de armas de fuego.Sin embargo, debido a la falta de pruebas, en primer instancia un juez dictó un sobreseimiento provisional, que otorgó la fiscalía el derecho a presentar nuevas pruebas para el caso dentro cinco años. Meses después, Cáceres, junto con otros dos miembros del COPINH fueron acusados por DESA de delitos de coacción, incitación y usurpación en contra de la empresa y de daños que ascendieron a tres millones 359 mil 263 dólares, unos 67 millones de lempiras [5]. Una vez más, debido a la falta de pruebas, los cargos fueron desestimados provisionalmente el 4 de enero de 2014. Últimamente el COPINH logro justicia cuando el Juzgado Primero de Letras dictó el Sobreseimiento Definitivo el 10 de febrero de 2014 [6].

 

Foto: Un sitio web llamado copinhhonduras.blogspot.com/  fue creado con el propósito de difamar al COPINH y especialmente a Berta. Esta imagen fue incluido como parte de un artículo publicado el 6 de enero de 2014, y la leyenda lee “Berta, el diablo que vino a arruinarnos la vida en Río Blanco.”

 

Tras su visita a Honduras el mes pasado, Victoria Tauli-Corpuz, la Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, expresó su preocupación por “la falta de recursos de instituciones como la Fiscalía de Etnias y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos; barreras de idioma, culturales y económicas; el racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas; y la impunidad” [7].

 

Representando a la víctima y sus familiares, y la comunidad Lenca, el fiscal Víctor Fernández dio fuertes declaraciones dirigidas a los jueces del caso de Tomás García, pidiéndoles que no vean a los y las indígenas como violentos y criminales por su pobreza, la ropa que usan, sus características físicas y su forma de vivir, y les imploró condenar esta grave violación de los derechos humanos.

 

Incluso antes del golpe de estado de 2009, la privatización del río Gualcarque ya había estado en marcha con los planes del gobierno para el desarrollo de la energía hidroeléctrica [8]. El contexto de impunidad rampante en Honduras y la priorización de los intereses capitalistas ha abrido el camino para múltiples formas de represión por parte del Estado, el caso de Tomás García y la lucha por el río Gualcarque, siendo ejemplos concretos. Por ahora, el proyecto Agua Zarca continúa contando con la fuerte presencia militar en Río Blanco, unidades policiales y militares que posiblemente cuentan con financiamiento del gobierno estadounidense y dado las violaciones graves a los derechos humanos cometidos, deberían ser investigados cuidadosamente de conformidad con la ley Leahy.

 

El 8 de enero de 2016 el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque pronunciará su sentencia final para el suboficial condenado. El abogado de la familia de Tomás presentará un recurso de casación de la decisión sobre el caso de Allan y para que la pena se cumpla en la penitenciaría del estado en vez de la Primera Batallón de Infantería.

 

Aparte de Agua Zarca ha habido muchos otros casos en cual  las fuerzas de seguridad  hondureñas han estado implicadas en violaciones de los derechos humanos relacionados a megaproyectos, a menudo proyectos que se desarrollan sin el consentimiento de las comunidades. Es por eso que han habidos llamados para poner fin o por lo menos alto a la financiación estadounidense al ejército y la policía hondureña. En agosto de 2015, 21 Congresistas demócratas enviaron una carta a John Kerry, Secretario del Departamento de Estado de EE.UU con demandas que incluyeron “la suspensión y la reevaluación de más entrenamiento y apoyo para unidades policías y militares hondureñas hasta que el gobierno hondureño remedie adecuadamente los abusos de los derechos humanos” [9]. En teoría, la ley estadounidense Leahy prohíbe los departamentos de Estado y Defensa de los estados unidos proporcionar asistencia a cualquier unidad militar o policial hondureña si existe información creíble de que tal unidad ha cometido graves violaciones a los derechos humanos con impunidad [10] aunque en la práctica, no siempre es así. Hasta en los pocos casos en que se castigan a los violadores de derechos humanos, como fue el caso para el asesino de Tomás García, la justicia sigue siendo difícil de lograr.

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[1] “Oficina del Asesor Cumplimiento Ombudsman–Informe Anual 2014,” consultado el 18 de diciembre de 2015, http://www.cao-ombudsman.org/publications/documents/CAOANNUALREPORTSPANISH2014.pdf 

[2]“Reclamo CAO Octubre 9, 2013,” consultado el 18 de diciembre de 2015, http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/Reclamo_CAO_October92013.pdf

[3] “Rio Blanco: Cuando un pueblo dice no, es no,” consultado el 18 de diciembre de 2015. http://www.cipamericas.org/es/archives/10637

[4] “Hondureña Berta Cáceres recibe el Premio,” consultado el 18 de diciembre de 2015, Goldman”http://www.elheraldo.hn/pais/833160-214/hondure%C3%B1a-berta-c%C3%A1ceres-recibe-el-premio-goldman

[5]“Fiscalía acusa a dirigentes del Copinh por provocar daños contra empresa que ejecuta proyecto hidroeléctrico en occidente”, consultado el 18 de diciembre de 2015, http://www.proceso.hn/component/k2/item/17084.html

[6] “Dictan sobreseimiento definitiva a Berta Cáceres,” consultado el 18 de diciembre de 2015, http://defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2966:dictan-sobreseimiento-definitivo-a-berta-caceres&Itemid=159

[7]“Declaración final misión Honduras de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, consultado el 18 de diciembre de 2015, 2015, http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/declaraciones-comunicados/102-declaration-honduras

[8] “El poder del agua en las Altas Montañas: conflictos ambientales y de distribución

y apropiación,” consultado el 18 de diciembre de 2015, http://www.jornada.unam.mx/2013/09/30/eco-c.html

[9]Miembros del Congreso de EEUU se oponen a la asistencia militar y policia a Honduras”” ,consultado el 21 de diciembre de 2015,http://www.cipamericas.org/es/archives/17164

[10 ]“Aplicando La Ley Leahy a La Asistencia Militar y Policial de Los EE.UU.”,consultado el 21 de diciembre de 2015. http://www.lawg.org/storage/documents/Guia_Ley_Leahy.pdf

 

http://witness4peace.blogspot.it/2015/12/en-honduras-la-pena-por-quitar-una-vida.html#.VnnLmwDw374.facebook

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Militar hondureño culpable de asesinar a líder indígena de Río Blanco Intibucá

“Miré al militar disparar contra mi papá quien de inmediato se desplomó al suelo y  luego sentí los  balazos en mi cuerpo”. Con el peso de este testimonio y otros medios de prueba, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Comayagua,  declaró culpable al soldado del ejército hondureño Kevin Yasser Saravia, por el homicidio del líder indígena Tomás García Domínguez, sin embargo fue absuelto de la tentativa de homicidio contra la vida de Allan García alegando que solo fueron “faltas” y que “no era su intención matarlo”.

El 15 de julio del 2013, mientras la población indígena Lenca del sector de Río Blanco, Intibucá, protestaba por la construcción (sin consulta previa) de la represa hidroeléctrica “Agua Zarca” sobre el río Gualcarque, el militar del Batallón de Ingenieros, comenzó a disparar contra la humanidad de Tomás García, y mientras se desplomaba sin vida, siguió contra el hijo de la víctima el joven Allan García, quien quedó gravemente herido.

“Hay una satisfacción parcial ante el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia, porque nosotros esperábamos una sentencia por los dos delitos. Todas las evidencias y el testimonio sólido de  Allan García  demostraron  que el militar sí tenía la intención clara de asesinar a los dos  indígenas”, indicó el acusador privado Víctor Fernández.

Después del fallo, el militar Saravia fue enviado a prisión al primer Batallón de Infantería ubicado en Tegucigalpa. Sin embargo el profesional del derecho dijo que este juicio no está concluido, porque aún no hay una sentencia firme y será el 08 de enero del 2016  que se desarrollará la audiencia de individualización de la pena,  que en el caso de homicidio simple tiene una condena de 15 a 20 años de reclusión.

Luego que se emita la sentencia, la defensa del militar ha expresado su interés de presentar recurso  de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, alegando que su defendido disparó en su legítima defensa.  Sin embargo el abogado acusador dijo que no les han aclarado si se refería a la defensa de los intereses de DESA, empresa que lleva a cabo las obras de la represa Hidroeléctrica.

“Nosotros también vamos a interponer un recurso de casación ya que el fallo no está ajustado a las pruebas científicas que se presentaron donde se evidencia que sí existió una tentativa de homicidio en contra de Allan García y que caso contrario los indígenas no presentaron un  peligro hacia el militar”, indicó el abogado Fernández.

Juicio lleno de intimidaciones 

El juicio contra el militar que asesinó a Tomas García e hirió a su hijo Allan, inició el 17 de noviembre y que finalizó ayer jueves “estuvo lleno de intimidaciones, amenazas, racismo institucional difícil de creer. Antes del comienzo del juicio una fiscal de la Fiscalía de las Etnias que realiza la acusación contra este militar, fue intimidada y perseguida por un carro”, denunció el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH.

“Así comenzó la audiencia contra militares, quienes han estado defendiendo los intereses de una empresa privada que está construyendo la represa en Río Blanco, sin respetar los convenios internacionales firmados por el estado Hondureño. Esta situación confirma que la justicia hondureña está al servicio de la clase empresarial y política  donde los militares y policías están para defender los intereses de estas grandes empresas”, manifestó el abogado Víctor Fernández.

Aquel fatídico día  la población indígena se reconcentraron  cerca del viejo roble, donde la comunidad de La Tejera mantenía  una toma indefinida de la carretera y se cumplían 106 días de acción, y de ahí salieron  hacia el plantel de la empresa. Cuando estaban casi llegando al portón principal  los militares comenzaron a disparar.

Tomás y su hijo fueron  entre los primeros en llegar. “Un militar salió del portón y vino hacia nosotros. Primero le disparó a los pies a mi papá, como para asustarlo, y después se acercó más y le hizo varios disparos a quemarropa, no sabría decir cuántos, y lo mató”, dijo mientras daba su testimonio ante el Tribunal de Sentencia.

Un hombre de lucha 

Sus compañeros de lucha recuerdan que Tomás había dicho que nunca iba a rendirse.  Como auxiliar y miembro del Consejo Indígena, según testimonios, las empresas le habían ofrecido miles y miles de Lempiras para apoyar el proyecto pero él lo rechazo a favor de la lucha para la soberanía y dignidad.

“Fue un líder en la lucha para defender la tierra y recursos naturales y ahora es un mártir para el Pueblo Lenca. Él dio su vida por todos nosotros”, manifestó Adelaida Gómez quien es parte del Consejo Indígena de Río Blanco.

“La Fiscalía de la Etnias jugó un papel importante en el caso.  Se resaltó en todo el juicio la violación a todos los instrumentos jurídicos internacionales que protegen a los territorios indígenas, que prohíben la presencia militar en la zona. Se rescató  el incumplimiento de todas las directrices sobre el uso de las fuerzas y las armas que no solo incumplió el militar acusado  si no también la institucionalidad hondureña”, manifestó el abogado acusador.

Indicó además que se evidenció la responsabilidad directa del Estado hondureño por otorgar permisos para la construcción de la represa hidroeléctrica a espaldas de las comunidades indígenas.  “Este primer logro es fruto de las acciones que el pueblo Lenca ha desarrollado de manera permanente con el único afán de  combatir la impunidad y para  que este tipo de casos no se repita”, concluyó.

Origen: Militar hondureño culpable de asesinar a líder indígena de Río Blanco Intibucá

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