Entradas etiquetadas como Colombia

Critican alianzas de JOH con naciones violadoras de derechos humanos

TEGUCIGALPA, HONDURAS El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), manifestó hoy su preocupación por las alianzas que realiza el presidente Juan Orlando Hernández con …

Origen: Critican alianzas de JOH con naciones violadoras de derechos humanos

, , , ,

Deja un comentario

Honduras fortalecerá su fuerza armada con el apoyo de Colombia e Israel

Támara (Francisco Morazán) – Las Fuerzas Armadas de Honduras recibirán fortalecimiento a través de la firma de convenios con Israel y Colombia, con lo que se espera intensificar la lucha contra la criminalidad organizada en el país, anunció hoy el presidente Juan Orlando Hernández.

Origen: Honduras fortalecerá su fuerza armada con el apoyo de Colombia e Israel

, , ,

Deja un comentario

JOH planea fortalecer militarización de la sociedad con apoyo de Israel y Colombia

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-El mandatario hondureño Juan Orlando Hernández apuntó que llevará al Poder Ejecutivo los pactos firmados con Colombia e Israel, en beneficio de la seguridad pública. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó que planteará al Congreso Nacional un acuerdo firmado con Israel, con el objetivo de robustecer las Fuerzas Armadas […]

Origen: JOH planea fortalecer militarización de la sociedad con apoyo de Israel y Colombia – CRITERIO

, , , ,

Deja un comentario

Colombia, Venezuela, México y Guatemala, países con mayor inseguridad, según ONG Índice de Paz

Londres – América Latina es en 2016 algo más pacífica que el pasado año, con una disminución en las tensiones y la inestabilidad interna en algunos países, según revela el Índice Global de Paz (IGP), difundido hoy.

Este documento, elaborado por el prestigioso Instituto para la Economía y la Paz (IEP), ha tenido en cuenta factores como los conflictos nacionales e internacionales, la seguridad en la sociedad o la militarización en 163 naciones.

En el caso de Latinoamérica, el IEP detectó mejoras en materia de seguridad en Centroamérica y el Caribe, siendo Costa Rica, en el puesto 33, el país de esa región con mejor posición por sus bajos niveles de militarización.

También América del Sur registró avances en su puntuación general desde 2015, debido a los menores niveles de conflicto internacional y militarización localizados en esa región.

No obstante, el Índice halló una significativa agitación social en países como Venezuela -situada en la posición 143 del ránking- así como en Brasil -en la 105-, donde la inestabilidad política aumentó meses antes del comienzo de los JJOO en Río de Janeiro este verano.

En el caso concreto de Brasil, se registró un incremento del 15 % de inestabilidad política, a la par que un deterioro en la tasa de encarcelamientos, una “tendencia preocupante” antes del evento, según el citado Instituto.

El país suramericano más pacífico fue, un año más, Chile -en el puesto 27- seguido de cerca por Uruguay -en el 35- mientras que, su parte, Panamá se posicionó en el lugar 49.

Este último país registró uno de los avances más visibles en todo el índice al avanzar 24 posiciones desde el pasado año hasta la 49, seguido de Tailandia, gracias a indicadores como la reducción en “la probabilidad de manifestaciones violentas” y la bajada de inestabilidad política.

Por su parte, Argentina se posicionó en el puesto 67 de este ránking -detrás de Togo y seguida de Mozambique- mientras que Nicaragua, Ecuador, Paraguay y Bolivia ocuparon los puestos 69, 76, 80 y 81 en la clasificación.

Atendiendo a los diferentes indicadores, Cuba y Perú, según esto, empataron en el puesto 85 y la República Dominicana, en el 99, igualó en puntos con Papúa Nueva Guinea.

En cuanto a los países latinoamericanos con menor índice de paz figuraron Honduras y El Salvador -igualados a puntos en el puesto 111-, Guatemala (117), México (140), la ya citada Venezuela (143) y Colombia, el menos pacífico en el puesto 147.

Origen: Colombia, Venezuela, México y Guatemala, países con mayor inseguridad, según ONG Índice de Paz

, , , , ,

Deja un comentario

Colombia apoya Plan para Prosperidad en Triángulo Norte de Centroamérica

Santos cerró en Honduras una gira centroamericana que incluyó a Guatemala y El Salvador, los países del Triángulo Norte que serán apoyados por Estados Unidos con un aporte de 750 millones de dólares

Origen: Colombia apoya Plan para Prosperidad en Triángulo Norte de Centroamérica

,

Deja un comentario

Colombia ofrece apoyo a la Alianza para la Prosperidad en Centroamérica

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, reiteró el lunes el apoyo de su país a Guatemala, Honduras y El Salvador en la implementación del plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte de Centroamérica, para el que el Congreso de EUA aprobó una partida de 750 millones de dólares.

Santos, tras una reunión privada con el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, recordó cómo en su país se desarrolló, también con el apoyo de Estados Unidos, el Plan Colombia, ideado para luchar contra el narcotráfico y la guerrilla y para focalizar esfuerzos en materia social.

Precisamente Santos cree que este punto puede ser de gran experiencia para los países que integran el Triángulo Norte, ya que “en la lucha contra el crimen organizado, contra la inseguridad, tiene que haber también un componente social para ser más efectivos”.

“(Ya) se ha hablado para triangular esa ayuda”, resumió Santos y añadió que esta disposición, patente desde los primeros pasos, estará también disponible en el futuro: “Hay experiencias que pueden ser muy útiles”.

El Salvador, Guatemala y Honduras buscan generar desarrollo económico con la creación de empleos, estabilidad social con programas de combate a los carteles de la droga y reducir así los niveles de migración hacia Estados Unidos.

Origen: Colombia ofrece apoyo a la Alianza para la Prosperidad en Centroamérica

, ,

Deja un comentario

Organized Crime in the Americas: What to Expect in 2016

At the end of each year, InSight Crime gazes into the crystal ball and seeks to make predictions on where organized crime is going to find particularly fertile ground in the coming year or where criminal dynamics are set to change.

We often use the year past as a guide. In 2015, corruption and crime at the highest levels have led to unprecedented judicial action in various countries. But the underworld remains adept at undermining prosecutors. What’s more, the end of old conflicts — as well as the unraveling of a truce — will open new possibilities for transnational organized crime (TOC).  (See 2015 Game Changers below)

For 2016, we have listed seven nations where we expect changes to the criminal status quo, or where organized crime is likely to make gains.

Colombia

Colombia could enter a period of criminal flux in 2016. The country is likely to sign a peace agreement with its largest rebel group, the Revolutionary Armed Forces of Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC), although not on the expected date in March; more likely in the second half of the year.

This is going to change the criminal dynamics of the entire region, not least because the FARC control up to 70 percent of the country’s coca, the raw material for cocaine. The FARC are also involved with numerous other criminal economies including contraband, extortion and illegal mining. In all, the rebels earn more than half a billion dollars every year.

However there is already evidence of other criminal actors positioning themselves to take any earnings that the FARC leave behind. Foremost among those groups is the National Liberation Army (Ejército de Liberación Nacional – ELN), the country’s second rebel group and the FARC’s ally. There are also the latest generation of Colombian drug trafficking organizations, referred to as BACRIM (drawn from the Spanish for criminal gangs, “bandas criminales”) as well as a dissident faction of the long demobilized rebel group, the People’s Liberation Army (Ejército Popular de Liberación – EPL), which appears to have plans to expand from its base in the region of Catatumbo along the Venezuelan border.

Should the FARC sign a peace deal, it is inevitable that some of their units will evolve into new criminal structures, while other criminal economies will be swallowed by allies and rivals alike. The critical question is whether the government can contain this problem.

Venezuela

While Colombia is seeing a de-escalation of conflict, the trend in Venezuela is in the other direction. Homicide rates in Venezuela long ago overtook those of Colombia, and transnational organized crime (TOC) now has deep roots in this Andean nation.

Traditionally, the drug trade was dominated by the Colombians operating in Venezuela, but the Venezuelans have come into their own, led by corrupt elements of the governing Chavista regime called the Cartel of the Suns. It is not a cartel, nor even a hierarchical organization, but rather a network of corrupt Chavista officials.

A series of arrests and US indictments illustrate that drug trafficking may reach to the very highest echelons of the Venezuelan government of President Nicolás Maduro. The regime’s former drug czar, General Néstor Reverol, has been charged with cocaine trafficking, and two nephews of the First Lady now face drug trafficking charges in the US after their capture in Haiti. Investigations are also circling ever closer to the Chavista strongman, Diosdado Cabello.

The regime is also facing political challenges at home, which could hasten its drift towards a criminal state. The government is nearly bankrupt and with the opposition’s crushing victory in December’s elections — which gave it control of the National Assembly — the Maduro administration is stumbling.

The likelihood is that the Chavista regime will dedicate all of its energy to a political war against the opposition via the other parts of government that it still controls (most of the judicial system, the military, and others), while protecting its senior figures already indicted or under investigation for corruption and drug trafficking. Specifically, the government will sidestep the National Assembly, while the opposition will use the Assembly to try to hamstring Maduro.

Desperate for cash and allies, the Maduro administration will face a Faustian bargain. The corrupt machinery of the Cartel of the Suns needs oiling and with no more money to rob from an almost bankrupt state, we believe that a deepening involvement of elements of the state in drug trafficking is inevitable to find funds to prop up the faltering regime.

(Download full report – pdf)

15-12-31-cover-page-game-changers

El Salvador

With the breakdown of a truce between the country’s two largest rival street gangs — the Mara Salvatrucha (MS13) and the Barrio 18 — murders climbed throughout 2015, reaching levels not seen since the civil war and likely making El Salvador the region’s murder capital.

Equally alarming is evidence that some gang leaders, especially in the MS13, are maturing and have greatly increased their sophistication, even if they remain bit players in TOC.

This provides a stark contrast to a stumbling government that has been unable to come up with a serious response to the increasing violence or formulate an innovative security policy. While the leftist administration of President Salvador Sánchez Céren has paid lip service to more social and economic assistance to poor areas and is even raising taxes on the wealthy, it has also emboldened hardline factions within the security forces, who may be moving to take this low intensity war into their own hands.

There is little to suggest that this dynamic will change in 2016. Indeed, El Salvador is bracing itself for another record-setting, violent year.

Brazil

When Brazil hosted the World Cup in 2014, the security forces, via their vaunted “pacification” program, flooded into Rio de Janeiro’s favelas. This was a mixed blessing for those areas: homicides went down; police violence increased. That pattern is likely to be repeated in 2016, when Rio hosts the Olympic Games.

What’s more, the political situation in Brazil is far more delicate than it was in 2014. A widening corruption scandal in the state oil company, Petrobras, has implicated key sectors of Brazil’s elite. President Dilma Rousseff only narrowly escaped impeachment at the end of 2015 and is fighting for her political life.

All of this means that attention is likely to be focused away from TOC, which counts several Brazilian groups amongst its largest and most sophisticated actors. These groups are shipping hundreds of tons of cocaine and its derivatives into Brazil, not only for the booming domestic market but for transit to Europe, Australia, and parts of Asia, where a kilo of the drug can be worth more than $100,000. With the cost of producing a kilo of high purity cocaine between $2,000 and $3,000, profits (and incentives) remain very high.

The upshot is that while Rousseff will likely survive, her weakened status and the pressure to pull off a high-profile event like the Olympics, will steer attention away from the burgeoning criminal economy and the actors that control it.

Mexico

Although they have taken some hits and have had to restructure themselves, Mexico‘s drug trafficking organizations are still the most powerful and potent criminal structures in the region. What’s more, President Enrique Peña Nieto is reeling in large part because of his administration’s security failures.

The escape of the world’s most notorious drug trafficker, Joaquin “El Chapo” Guzman, was a major embarrassment to the government and a shot in the arm for the mighty Sinaloa Cartel. The bungled investigation into the disappearance of 43 students in the conflict-ridden state of Guerrero, combined with systematic allegations of security force abuses, extra-judicial killings and corruption have devoured the president’s political capital and his ability to try anything new or present long-term social or economic solutions.

The Mexican government will continue to stumble through 2016. Meanwhile, organized crime will continue to refashion itself with the two top tier organizations — the Sinaloa Cartel and the Jalisco Cartel – New Generation (Cartel de Jalisco Nueva Generación – CJNG) — likely to stand out; and a series of smaller, but potent groups — the Zetas, the Gulf Cartel, the Beltran Leyva Organization, among many others — jockeying for control of other, relatively new local revenue from mining, the theft of petrol, and local drug peddling.

Guatemala

In 2015, Guatemala issued the strongest possible challenge to corruption and organized crime with mass protests and judicial investigations into the country’s top-tier criminal organizations. The result was the arrest of Vice President Roxana Baldetti and then President Otto Pérez, among many others.

This revolution, however, is on standby after the Guatemalan people elected a former comedian with potential ties to some of these criminal groups as their new president. Expect incoming President Jimmy Morales to face more public protests, especially if the cases against indicted former politicians and officials do not progress and end in convictions.

The key question going forward is whether the power and will of the international community — mostly channeled via the United Nations-backed International Commission Against Impunity in Guatemala (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala – CICIG) — can continue its mission of prosecuting and dismantling these criminal networks. With a mandate that extends into 2017, InSight Crime believes the CICIG will continue to apply the pressure, which may squeeze the Morales into a corner. How he reacts will determine his own fate and how organized crime reacts.

Honduras

Guatemala has provided a template for Hondurans who are clamoring for their own CICIG-like body to help them attack corruption and crime at the highest levels. But it’s not clear the country even needs a new judicial body. In the last two years, some of Honduras‘ largest criminal structures have been dismantled by Honduran authorities, suppported by the US, and many of their members extradited northwards.

This has set the stage for what promises to be the trial of the century for Honduras: the US money laundering case against political and economic juggernaut Jaime Rosenthal, his son Yani, his nephew Yankel, and a lawyer for their powerful economic conglomerate, Grupo Continental. Yani and Yankel are already in the United States, presumably cooperating with US authorities and trying to get Jaime off the hook for alleged criminal dealings with the group known as the Cachiros, who are providing the bulk of the evidence against the Rosenthal clan.

What we do not know is if the US is planning more indictments of elites or whether this was just a warning to the rest of the corrupt and criminally-inclined business class. While more indictments seem unlikely at this time, other elites will undoubtedly face pressure from the US and other international actors to sever ties with criminal structures. This will alter the underworld significantly, as the criminal groups try to create more sophisticated and clandestine means of working with political and economic elites.

Origen: Organized Crime in the Americas: What to Expect in 2016

, , , , , ,

Deja un comentario

‘Colombian’ Loan Sharks Fill Void in Honduras Informal Economy: Report

Vegetable vendors in Tegucigalpa

Money lenders, identified as “Colombian,” are reportedly providing high-interest loans to everyone from butchers to tortilla vendors in Honduras, a practice that provides workers in the informal sector with much-needed access to credit but can nonetheless have significant drawbacks.

An investigation by the Honduran newspaper La Tribuna found that in the country’s capital city, Tegucigalpa, what locals identified as “Colombians” regularly make micro-loans to workers in the city’s informal economy.

“The Colombians help us because nobody lends us money here,” one street merchant told the newspaper.

These loans enable many who work in Tegucigalpa’s street markets to pay for basic necessities and invest in their businesses, the report said.

“Generally, you take out a loan to cover domestic expenses, because I do it when I don’t have enough money to pay for electricity or to buy corn flour,” a tortilla vendor told La Tribuna.

However, a high interest rate  — roughly 20 percent per month — can make it difficult for some borrowers to pay back the Colombians on time, a period the article said was 23 days. This can lead to threats and even killings of those who are tardy in making their loan payments, according to street vendors.

However, low-income workers may soon be able to free themselves of exorbitant interest rates and the threat of retribution. The tortilla vendor said within the last few weeks the government had offered her a loan with a one percent interest rate.

In addition to Tegucigalpa, “Colombian” money lenders are also providing financial services in the provinces of Cortes and Olancho, reported La Tribuna.

InSight Crime Analysis

Loan sharking is one of the oldest organized crime activities in the world. And the investigation highlights why people do it: these micro-loans fulfill a need for a large percentage of Hondurans that would otherwise have no credit on which to buy staple goods or invest in their small businesses.

Information on the size of informal economies is scarce, but the the International Monetary Fund (IMF) has estimated (pdf) that Honduras‘ unofficial sector represented 54 percent of the country’s total Gross Domestic Product (GDP) during the early 2000s.

SEE ALSO: Honduras News and Profiles

However, loan sharks can also be involved in other criminal activities such as hired assassination. If borrowers fall behind on their loan payments, they can become vulnerable to extrajudicial punishments, such as beatings or even death. Excessive interest rates can also put low-income workers into significant debt, pushing some victims into forced labor.

Fuente: http://www.insightcrime.org/news-briefs/colombian-loan-sharks-fill-void-in-honduras-informal-economy

, ,

Deja un comentario

‘Colombia Narcos Prefer Trafficking Coca Base, Not Cocaine’

Smuggling coca base from Colombia to Central American countries like Honduras — rather than powder cocaine — may now be traffickers’ preferred method of moving the drug northwards, highlighting the changing economics of the region’s drug trade.

According to a report by Colombian newspaper El Tiempo, Colombian anti-drug police believe that the country’s drug trafficking organizations see trafficking coca as a better investment than smuggling cocaine hydrochloride. The newspaper also reported that traffickers are now referring to coca base as “re-oxidized coca,” a reference to a step in the cocaine-making process in which chemicals like potassium permanganate are added to the base, in order to further purify it.

This preference for trafficking coca base was recently made evident in Honduras, where authorities seized a nearly 650 kilo shipment of base that originated in Colombia.

Additionally, Colombian anti-drug police now say that at least two cocaine laboratories found in Honduras were built with Colombian equipment and run by Colombian traffickers, El Tiempo reported. Like other Central American countries, Honduras was once typically used as a transit nation for moving cocaine northwards, not for actually producing it. But in 2011, the country discovered its first cocaine lab — an implication that rather than moving powder cocaine through the country, smugglers are bringing in coca base, and processing it into cocaine on Honduran ground.

InSight Crime Analysis

There have been few media reports thus far on seizures of “re-oxidized” coca base — there was one reported seizure of about 260 kilograms in Panama in April 2014.

But it would make economic sense, if Colombian traffickers are indeed leaning towards trafficking coca base to Central America, and then “re-oxidizing” it with potassium permanganate in countries like Honduras. As coca base is cheaper to produce and to transport, the smugglers lose less money if their shipment is intercepted. As one unnamed Colombian police official told El Tiempo, “The narcos think that if they lose coca base, there’s a smaller loss, almost half the value [of refined cocaine].”

SEE ALSO: Colombia News and Profiles

Another reason why Colombian traffickers might prefer to smuggle coca base is that precursor chemicals like potassium permanganate have greater restrictions in Colombia than in Central America. According to the US State Department, Mexico does not regulate the import or export of several important precursors, including potassium permanganate.

There is one downside to this new business model for the Colombian traffickers. If the Colombian are processing coca base in Central America, then selling it on to Central American buyers — most likely the Mexican cartels — this means that it is the Mexicans who are profitting the most from actually moving the cocaine into the US and selling it on.

Fuente: http://www.insightcrime.org/news-briefs/colombia-narcos-prefer-trafficking-coca-base-not-cocaine

, ,

Deja un comentario

La Policía Militar opera en México, Brasil, Colombia…


  • Sábado, 10 Enero 2015 23:03

La Policía Militar opera en México, Brasil, Colombia…

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – El deterioro de la seguridad en la mayor parte del continente americano, como los esfuerzos de los gobiernos europeos por hacer frente a la amenaza que representan los grupos terroristas islámicos, ha llevado a que los gobiernos adopten medidas extremas en cuanto a combatir los nuevos desafíos.

 

– En Francia la Gendarmería tuvo una destacada acción para eliminar a los terroristas que atacaron las instituciones del país con casi 20 muertos.

 

– Las nuevas amenazas a la seguridad ciudadana han obligado a los gobiernos a crear nuevas fuerzas policiales con formación militar.

 

El aumento del crimen organizado en varias naciones latinoamericanas condujo a los gobiernos a crear nuevos cuerpos especiales que combatieran las amenazas, muchos de los cuales están basados en la experiencia de diversos países europeos que crearon fuerzas policiales bajo influencia o entrenamiento militar.

 

En Centroamérica, incluso el caso es mayor, ya que la mayoría de los gobiernos recurre directamente a las fuerzas militares para desplegarlas en las calles y así proveer de mayor seguridad a los ciudadanos, luego que los criminales rebasaron la capacidad de las policías tradicionales de enfrentarlos.

 

Experiencia europea

 

Los recientes ataques terroristas en Francia esta semana llevaron a que un reducido grupo de atacantes dejará a los agentes policiales desbordados, a tal grado que desafortunadamente una de las agentes falleció tras ser atacada en plena calle por un militante islamista.

 

Fue la Gendarmería Nacional, un cuerpo policial de formación militar, y sus grupos especiales el que estuvo al frente de la caza del grupo terrorista que sembró el terror durante tres días en la nación francesa y que conmocionó a Europa y el mundo.

 

Finalmente los datos de la inteligencia francesa y el accionar de los gendarmes, junto a otras fuerzas policiales, logró abatir a los terroristas islamistas y neutralizar en esta ocasión el accionar de las nuevas fuerzas del mal que buscan imponer en Francia y Europa el terror al coartar la libertad de expresión, amenazar la libertad y la democracia en Occidente.

 

Policía Militar en la piel de América

 

PMEn Brasil las policías militares son fuerzas de seguridad pública, las cuales tienen por función primordial el servicio de policía ostensiva y la preservación del orden público en el ámbito de los Estados. En este país cada Estado tiene su propia Policía Militar, con diferentes estructuras, reglamentos y uniformes.

 

Este cuerpo de seguridad, en 2013, entró por primera vez a las favelas más peligrosas de Río de Janeiro. Estos lugares eran el refugio de decenas de narcotraficantes que salieron huyendo de otras favelas controladas por la policía militar en 2008, en la zona sur de Río de Janeiro.

 

Previo al desarrollo del mundial de Brasil 2014 el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, junto a los gobiernos estatales, despachó miles de soldados, policías militares y policías estatales y municipales para recuperar el control de las favelas.

 

Utilizando helicópteros, tanquetas blindadas y carros fuertemente armados los policías militares lograron recuperar para el Estado el control de las favelas, acción que mantienen hasta la fecha, especialmente en Río de Janeiro que desde ya se prepara para los Juegos Olímpicos de 2016.

 

Mientras en Colombia, los efectivos de Policía Militar pueden ser vistos vigilando las carreteras cerradas, museos, embajadas, edificios gubernamentales y aeropuertos. Vestidos con uniformes verdes con el casco de la policía militar.

 

Ante la arremetida de la ola delincuencial en el país, y particularmente en la ciudad de Medellín, las autoridades reactivaron el batallón de Policía Militar en 2010.

 

mmDe su lado el quiebre de la seguridad en México, especialmente el colapso de las policías municipales que estaban virtualmente al servicio del narcotráfico y el crimen organizado, en lugar de estar bajo el mando del Estado, llevó al gobierno a proponer un nuevo cuerpo policial-militar.

 

La propuesta fue la creación de la Gendarmería Nacional como el elemento principal de la estrategia de seguridad del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, y su establecimiento fue acordado por los principales partidos políticos del país en el Pacto por México.

 

La gendarmería entró en operación a finales de 2013, con un primer grupo compuesto por cinco mil miembros, los cuales fueron seleccionados de más de 100 mil solicitudes. Los nuevos gendarmes pasaron las pruebas de confianza, la formación policial-militar y han sido dotados de tecnología para enfrentar el delito.

 

El presidente Peña Nieto dijo que su primera tarea es enfrentar la criminalidad en los sitios donde la economía se ve afectada por el secuestro, la extorsión y el robo.

 

El gobierno de Peña Nieto ha insistido que la gendarmería es parte de la solución a los problemas de seguridad de México, un país golpeado por la violencia del narco, migración y otras acciones de la delincuencia común y organizada.

 

La meta del gobierno mexicano es que el nuevo cuerpo policial-militar este formado por más de 40 mil efectivos.

 

Mientras en Chile, los Carabineros es la institución policial que tiene una tradición en su sociedad y cuyos integrantes tienen una clásica formación policial-militar. De hecho los carabineros estuvieron integrados a las Fuerzas Armadas.

 

EE UU y otros países

 

Asimismo, en Estados Unidos cada rama de las fuerzas armadas mantiene su propia fuerza de Policía Militar, a excepción de la Guardia Costera, que es su propia agencia de aplicación de la ley.

 

Para el caso la Policía Militar de EEUU en Afganistán e Irak han sido ampliamente empleada para funciones como la seguridad de convoy, patrullas montados y desmontados, operaciones de trabajo militar, los detalles de seguridad para los oficiales de alto rango, y manejo de detenidos.

 

En Canadá las Fuerzas de Policía Militar contribuyen a la eficacia y la disposición de las fuerzas nacionales y el Departamento de la Defensa Nacional a través de la disposición de la policía profesional, la seguridad y los servicios de apoyo operacional en todo el mundo.

 

Mientras en Italia la fuerzas de los Carabinieri también actúa como un grupo policial con formación militar. Igualmente presta servicios como fuerza policial civil, ya que es una de las divisiones que conforman el arma.

 

En Honduras

 

En Honduras, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) nació el 2013, pese a la oposición de algunos  sectores en el país que recelan del nuevo cuerpo policial adscrito a las Fuerzas Armadas.

 

En enero de 2014, el Congreso Nacional decide otorgar el rango constitucional a la PMOP, quedando pendiente la ratificación en ese poder del Estado y que deberá ser una realidad antes del 23 de este enero, caso contrario queda sin valor ni efecto su blindaje en la Carta Magna.

hon

 

La Policía Militar enfrenta retos ante las nuevas modalidades del crimen, así como la resistencia que diversos sectores que miran como se copan los distintos espacios por la fuerza.

 

El gobierno, junto a otros sectores, impulsa que la PMOP logre obtener el rango constitucional, a fin que su continuidad esté asegurada y no dependa de la voluntad de los gobiernos del momento.

Fuente: http://www.proceso.hn/nacionales/item/94558-la-polic%C3%ADa-militar-opera-en-m%C3%A9xico-brasil-colombia.html

, , , ,

Deja un comentario

Why is Colombia Smuggling Coca Base to Honduras?

Honduras police said they seized 645 kilos of coca base in several containers that originated in Colombia, prompting the question as to why smugglers are moving the raw material rather than crystallized cocaine into Central America. The reason is that it makes good business sense.

Honduran newspaper Tiempo reported that customs agents found the coca base in a shipment of wood that passed through the port city of Puerto Cortez.

A spokesperson for the Honduras police said that the wood shipment came from Colombian port city of Cartagena. It belonged to a Colombian company, Distripuertas S.A., and was handled by a Honduran shipping company, Impex. Honduran newspaper Tribuna reported that the shipment was destined for a furniture company in Honduras.

When contacted by InSight Crime, Omar Rendon, an administrator at Distripuertas in Medellin, Colombia said that he was “not familiar with the news.” He said that the company makes doors out of different types of wood, and that they usually use wood from jacaranda trees.

Roxana Ordoñez, who said she handled “logistics” for Impex in San Pedro Sula, said, “We read about the news in the paper but besides that we don’t know anything.”

InSight Crime Analysis

The smuggling of Colombian coca base into Honduras is significant because it implies that Colombian drug traffickers have agreed to let their criminal partners in Central America handle the processing the base into cocaine themselves. Such an arrangement would mean that the Colombians are making less money off of the drug shipments, while their partners — presumably including the Mexican cartels — are taking a larger share of the profits by processing the cocaine themselves.

There are several advantages to this arrangement for the buyers.  Firstly coca base is cheaper than processed cocaine, meaning that less money is lost if the shipment is intercepted.  Secondly it is easier to get the precursor chemicals to process the cocaine in Honduras.  In Colombia there are strict restrictions on the chemicals.  Thirdly, there is less chance of a cocaine laboratory being discovered in Honduras, where they are far less common and where the police have less experience and resources to find them.

There have been prior indications that criminal groups are processing cocaine in Honduras. In 2011, the country announced that it had found its first ever cocaine laboratory, followed by the discovery of a second one in 2012.  With a shipment as large as 645 kilos, it is likely that the laboratory and necessary infrastructure are already operating in Honduras and this is just one of many shipments of base leaving Colombia.

Fuente: http://www.insightcrime.org/news-briefs/why-is-colombia-smuggling-coca-paste-to-honduras

, , ,

Deja un comentario

CORTE INTERAMERICANA EMITE SENTENCIA EN EL EMBLEMÁTICO CASO DEL PALACIO DE JUSTICIA

E-mail Print PDF

Washington D.C.

El Estado colombiano ha sido declarado responsable por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia –sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado de Colombia–, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en una sentencia hecha pública el día de ayer, estableció que fue una “toma anunciada” y que el Ejército tenía información del servicio de inteligencia sobre la inminente toma del Palacio, por parte del grupo guerrillero M-19. A pesar de ello, dos días antes de la misma, la seguridad a los jueces y al personal que trabajaba en el Palacio de Justicia fue retirada, dejando desprotegidas a las cerca de 250 personas que se encontraban en su interior.

En su decisión, la Corte IDH determinó que Colombia es responsable de la desaparición forzada de una integrante del M-19, de 7 empleados de la cafetería que operaban en la sede del Palacio, y de 2 visitantes ocasionales. Adicionalmente, la Corte IDH determinó que dos personas fueron privadas de su derecho a la vida. De igual modo, consideró probado que cuatro personas salieron con vida del Palacio de Justicia; tres de ellas fueron detenidas ilegalmente y torturadas por miembros del Ejército y una fue sometida a tratos crueles e inhumanos. Respecto al caso del Magistrado Auxiliar, Carlos Horacio Urán, la Corte concluyó que salió con vida del Palacio de Justicia, fue torturado y ejecutado extrajudicialmente por miembros de la fuerza pública, y su cuerpo sin vida devuelto a las instalaciones del Palacio.

De esta manera, la Corte da la razón a las víctimas del caso y a sus familiares, quienes durante 30 años han luchado contra el “pacto de silencio” y la impunidad que existe sobre los hechos del Palacio de Justicia.

Para Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “esta decisión da una respuesta a las víctimas y la sociedad colombiana, que durante tres décadas han reclamado saber la verdad de lo ocurrido en el Palacio de Justicia”. Sin embargo, advierte que “la verdad completa sólo la podrán garantizar las instituciones colombianas, mediante el cumplimiento de esta decisión: investigando a todos los culpables, encontrando los restos de las víctimas aún desaparecidas, y esclareciendo lo que pasó los días 6 y 7 de noviembre de 1985”.

Hasta la fecha existen sólo dos condenas por algunas de las desapariciones forzadas. Una contra el General (r) Arias Cabrales por la desaparición de 5 víctimas y otra contra el Coronel (r) Plazas Vega por la desaparición de Irma Franco y Carlos Augusto Rodríguez Vera. Ambos están cumpliendo sus respectivas condenas de 35 y 30 años de prisión en instalaciones militares. El caso del Coronel (r) Plazas Vega está pendiente de casación y se espera que la Corte Suprema de Justicia emita la decisión en los próximos días.

Considerando los limitados logros de la justicia en el caso de los desaparecidos y la impunidad existente respecto a las demás víctimas, el Tribunal interamericano ordenó a Colombia llevar a cabo la investigación y sanción de todos los responsables.

En un pronunciamiento de gran relevancia para el contexto actual colombiano, en el que hay varios proyectos para ampliar la jurisdicción militar, ésta no es competente para investigar casos de graves violaciones a los derechos humanos, reiteró la Corte.

Dado que hasta la fecha el Estado sólo ha logrado identificar a una de las víctimas desaparecidas, la Corte requirió que el Estado lleve a cabo de manera rigurosa todas las acciones para localizar los restos de las víctimas de manera inmediata.

“Durante años yo y mis hijas vivimos engañadas por el Estado colombiano, que nos hizo creer que mi esposo había muerto en el fuego cruzado”, explicó Ana María Bidegain, viuda del Magistrado Auxiliar Carlos Horacio Urán. “Ahora sabemos que lo ejecutaron y no cesaremos hasta que la justicia colombiana procese a todos los culpables. Tampoco dejaremos de apoyar a quienes superando el miedo y el dolor busquen y reclamen que se conozca la verdad como paso previo y fundamental para buscar justicia y conseguir la Paz”.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3364:corte-interamericana-emite-sentencia-en-el-emblematico-caso-del-palacio-de-justicia&catid=67:monitoreo&Itemid=192

,

Deja un comentario

Colombia: “En el sector de palma africana es donde hay más tercerización”

Foto Gerardo Iglesias | Rel-UITA
Sintrainagro y su lucha por la sindicalización del sector palmero
Por Giorgio Trucchi y Gerardo Iglesias | Rel-UITA
La expansión de la palma africana en Colombia va de la mano con la tercerización y la precarización del trabajo. La profundización del fenómeno de la intermediación laboral, a través de la promoción de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), ha generado fuertes protestas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro).
“Estamos exigiendo que se respete la legislación laboral colombiana en el tema de contratación laboral, que debe ser directa y sin intermediaciones, y el cese inmediato de la persecución antisindical.
Además, hay que buscarle una salida a la problemática del tema pensional. No es posible que haya miles de trabajadores palmeros que, después de haber trabajado toda una vida en las plantaciones, ahora no puedan jubilarse porque la empresa nunca cotizó al seguro social”, dijo a La Rel, Guillermo Rivera, presidente del Sintrainagro.
El dirigente sindical denunció también las prácticas de las empresas palmeras de entregar tierra sembrada con palma africana a los campesinos, como resarcimiento por la deuda laboral que tienen con los trabajadores en el sistema de seguridad social.
“Es una maniobra burda, pues los trabajadores en nada se benefician y además rompe la tradición campesina de cultivar alimentos y garantizar la soberanía alimentaria”, explicó Rivera.
Otra problemática del sector tiene que ver con la estrategia de las empresas palmeras de implementar el mal llamado “retiro voluntario”.
“Cuando la empresa ve que un trabajador está sindicalizado, le ofrece, para que renuncie voluntariamente, una indemnización de hasta del 120 por ciento por encima de lo establecido por ley.  Desafortunadamente, la situación de miseria en la que viven, los lleva a aceptar esta propuesta que, en realidad, es un verdadero chantaje.”, dijo el presidente de Sintrainagro.
Solucionando conflictos
El aporte de las autoridades laborales
Durante una reciente reunión con el nuevo viceministro del Trabajo, Sintrainagro planteó la necesidad de abordar con urgencia estas dos problemáticas, logrando el compromiso de las autoridades laborales de ponerle manos al asunto, coordinando acciones con el Sindicato.
“La semana pasada alcanzamos un acuerdo con los empresarios y las autoridades laborales, para levantar una huelga de más de 120 días en la empresa Palmas Oleaginosas Bucarelia en Santander.
Finalmente, logramos que todos los trabajadores queden vinculados con contratos directos con la empresa y derrotamos la tercerización e intermediación laboral. Eso fue posible también por la mediación directa del ministro del Trabajo”, resaltó Rivera./  Fuente: Rel-UITA

,

Deja un comentario

Brazil Arrests Narco-Plane Suppliers for Venezuela-Honduras Route

A drug plane in Honduras

In an operation that saw dozens arrested across four states, authorities in Brazil targeted a crime ring that allegedly provided aircraft to move cocaine from Venezuela to Honduras, supplying cartels in Mexico.

The hub of the criminal group’s operations was the city of Sinop, in Mato Grosso state. Arrests were also made in São Paulo, Minas Gerais, and Amazonas, and some $5.3 million in cash was seized, along with nine aircraft.

News outlet G1 reported that the crime ring purchased aircraft in Brazil and then modified them on a farm outside of Sinop, changing the planes’ identification codes and creating hidden compartments where drug shipments could be stored. The aircraft would then fly up to a ton of cocaine each month from the Venezuelan state of Apure to Honduras, where traffickers would abandon the plane and then take a commercial flight back to Brazil, reported EFE.BrasilPlaneFinal-01

The US Drug Enforcement Administration (DEA), Colombian and Honduran authorities provided support for the investigation, which began in 2011, reported EFE.

InSight Crime Analysis

Brazil is a major producer of aircraft — company Embraer is among the top three largest manufacturers in the world — which probably made it easier for drug traffickers to acquire aircraft there cheaply and without calling too much attention to themselves.

The Venezuela-Honduras route that the traffickers allegedly relied on is an air bridge frequently used to move cocaine to Central America. The Venezuelan border state of Apure, in particular, is a busy transit area for aircraft smuggling cocaine overseas, with traffickers rebuilding air strips almost as fast as authorities can destroy them. The guerrillas of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) are thought to control much of the region’s drug trade.

SEE ALSO: FARC in Venezuela Profile

Honduras, meanwhile, is an important landing area for aerially trafficked cocaine shipments, although US and Honduran officials have claimed that illegal flights have recently gone down by 80 percent. In an effort to combat the problem, earlier this year Honduras approved a law that would allow authorities to shoot down suspected drug flights, although this move proved controversial, and prompted the United States to stop sharing intelligence from anti-narcotics radars with the Hondurans.

Fuente: http://www.insightcrime.org/news-briefs/brazil-arrests-narco-plane-suppliers-for-venezuela-honduras-route

, , , ,

Deja un comentario

“La extradición ahora es algo normal en Honduras”, afirma presidente Hernández

En el marco del Taller de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el Presidente Juan Hernández expuso este miércoles, en Casa de Gobierno, los avances del país en los últimos meses en el combate de la delincuencia, extorsión y narcotráfico.

Hernández insistió este día en que para erradicar la inseguridad será necesario crear modelos de prevención y empezar a reconocer los nuevos cambios a los que debe someterse la nación: “Tenemos las recreo vías y les agradezco a los alcaldes que las han tomado como propias. La gente tiene ese espacio, por primera vez el niño puede correr libremente en una calle, pero eso apenas es un espacio. Tenemos que recuperar al país y por eso el desafío es enorme”, manifestó.

Edición Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. “De ahora en adelante serán normales los procesos de extradición de los narcotraficantes que le han dañado la imagen al país”, dijo hoy Juan Hernández en el marco del Taller de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

También elogió la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), y al Consejo de Defensa y Seguridad, ya que a su criterio ambas organizaciones han trabajado de manera conjunta para combatir la inseguridad nacional.

Según Hernández, “ahora todos los operadores están actuando, eso nos permite coordinar de manera efectiva las operaciones y no estar separados. Establecimos un Consejo de Defensa y Seguridad que estaba en la constitución, pero que nunca se había desarrollado”.

“Hemos dado grandes pasos, pero eso no basta y no es suficiente, tenemos que construir la cultura de la sana convivencia y esta es la gran oportunidad que hoy tenemos de poder conocer de experiencias exitosas”, resaltó Hernández.

En su disertación, el Gobernante hondureña destacó los éxitos obtenidos en materia de Convivencia y Seguridad por el reelecto alcalde de Cali, Colombia, Rodrigo Guerrero, por sus enfoques audaces e innovadores, lo que para el mandatario hondureño es un ejemplo a seguir.

NUEVOS MODELOS DE PROTECCIÓN
El titular del Ejecutivo resaltó que pese a las adversidades valora la enorme voluntad que han mostrado los jueces, fiscales y operadores de justicia para combatir la ola de criminalidad que ha imperado en el país en los últimos años.

También adelantó que buscarán un nuevo modelo para brindar mayor protección a los jueces y fiscales.

“No nos hemos dado cuenta en qué condiciones están operando y están viviendo. Con todo este tránsito de dinero, drogas y armas a veces es sumamente difícil pedirle a un fiscal o juez que ante la amenaza que tienen sus hijos, parientes cercanos o ellos mismos, se comporten como debe ser”, indicó Hernández.

Luego agregó: “Por eso hemos tratado de cambiar el modelo y buscar más protección en la medida que puedan estar menos expuestos. Tenemos la impostergable necesidad de actuar, hoy la generación nuestra está comprometida a heredarle a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos una Honduras en paz y tranquilidad”.

En el Taller de Convivencia y Seguridad Ciudadana acompañaron al Presidente Hernández, el alcalde de Santiago de Cali, Colombia, Rodrigo Guerrero; la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos; la directora del Instituto Cisalva de la Universidad del Valle (Colombia), María Isabel Gutiérrez; alcaldes; empresarios y sociedades civiles, entre otros.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/%E2%80%9Cla-extradici%C3%B3n-ahora-es-algo-normal-en-honduras%E2%80%9D-afirma-presidente-hern%C3%A1ndez

, , , , ,

Deja un comentario

Gobierno hondureño afirma que está en la “fase de dominación”

En cadena nacional de prensa el Consejo de Seguridad y Defensa, liderados por el presidente Juan Hernández habló esta noche sobre los golpes recientes al crimen organizado, aclarando: “Esto apenas inicia”. Y afirmó: “En estos momentos estamos en fase de dominación”.

“Personalmente conoceré a las personas que coordinaron y dirigieron estas acciones y, en nombre del pueblo hondureño, los condecoraré en privado, porque arriesgaron su vida y se han sacrificado para construir una nueva Honduras”, reveló Hernández.

Edición Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Presidente Juan Hernández advirtió la noche de este lunes en Casa de Gobierno que a pesar de los recientes golpes al crimen organizado: “Esto es apenas el inicio, porque seguiremos trabajando con todos los operadores de justicia para recuperar la paz y la tranquilidad”.

“Honduras ha logrado articular sus fuerzas de Seguridad y de Defensa para defender a su pueblo. Hace más de ocho meses nos sentamos a planificar la Operación Morazán. En estos momentos estamos en fase de dominación y lo que ocurre calza exactamente con lo que nos imaginamos que iba a ocurrir”, reveló el Presidente.

Sobre las recientes capturas de lo que las autoridades llaman los cabecillas del “Cartel de los hermanos Valle”, dijo que “El éxito se da porque hay todo un sistema que está funcionando. El pueblo hondureño debe saber que es toda la institucionalidad la que está operando”.

Hernández enumeró algunas de las acciones emprendidas desde que él era Presidente del Congreso Nacional, como la creación de la Tasa de Seguridad, de donde salen fondos para fortalecer a los operadores de justicia; la creación de la Policía Militar y Tropa de Investigación y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres); y las pruebas de confianza para todos aquellos que ingresan a institución policial, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y Poder Judicial.

Afirmó que todas las instituciones han comprendido que se deben complementar unas con otra; compartir acciones e información de inteligencia. Por eso hemos alcanzado mucho en esta lucha por recuperar la paz, pero es apenas el inicio.

Luego de agradecerles a todos los operadores de justicia por los éxitos recientes alcanzados, Hernández dijo: “Quiero agradecerles a todos los fiscales y a los jueces comprometidos en esta lucha ¿Cuántos años pasaron en Honduras para que ocurrieran estas cosas? …Que no son de una persona, sino de todo un sistema que quiere darle seguridad a su pueblo”.

Personalmente conoceré a las personas que coordinaron y dirigieron estas acciones y, en nombre del pueblo hondureño, los condecoraré en privado, porque arriesgaron su vida y se han sacrificado para construir una nueva Honduras –reveló.

Hernández, de igual manera, agradeció a los Gobiernos de Guatemala y Nicaragua por el apoyo brindado (captura de los hermanos Valle y de Mario Zelaya), así como a los Presidentes de Colombia y México y a equipos especiales de Estados Unidos.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/gobierno-hondure%C3%B1o-afirma-que-est%C3%A1-en-la-%E2%80%9Cfase-de-dominaci%C3%B3n%E2%80%9D-0

, , , , , , ,

Deja un comentario

DICTADURA

E-mail Print PDF

El viernes anterior, 3 de octubre, mientras los militares mercenarios de la plaza central permanecían rígidos alrededor de la estatua de Francisco Morazán, quien fue asesinado en 1845 por la elite sanguinaria de entonces, el COFADEH asistió a la plaza La Merced.

En un corto documento entregado a la población la organización expresó su  dolor profundo por las víctimas de tortura, secuestro y asesinato que sucumben todos los días, como parte de la estrategia de terrorismo de Estado que ejecutan el Comando Sur de Estados Unidos y los gobiernos de Colombia y Honduras contra la población.

Acusa el texto que la participación de las Fuerzas Armadas hondureñas como títeres de la nueva política estadounidense de contención de las fuerzas sociales y políticas alternativas de El Salvador, Guatemala y Honduras, está inaugurando otra vez el viejo capítulo del entreguismo vasallo, que impone violaciones sistemáticas a derechos humanos como política pública.

De ese mismo modo había ocurrido ya durante la llamada década perdida de los años ochentas.

Dijo el Comité que mientras en el norte, centro y sur de Honduras militares torturan a jóvenes frente a las cámaras y disparaban sus armas de guerra contra vehículos  de pasajeros, el nuevo vocero de la estrategia militar estadounidense para el triángulo norte de Centroamérica, el presidente de Honduras, entregaba a la ONU un plan del Comando Sur y en Europa vendía el país a las transnacionales garantizándoles la aplicación del Plan Colombia.

Hernández decía en España en un foro a inversionistas pro gringos que se apuren a tomar su ciudad modelo, porque hay miles de maletines haciendo fila

Agrega el comunicado del Cofadeh en su primer plantón de octubre que el régimen militar transnacional que se impone detrás de la fachada civil del Partido Nacional y Liberal, también usa las leyes habilitantes aprobadas en diciembre de 2013, para perseguir a la empresa privada  y además a las organizaciones sociales de resistencia moral y jurídica como el Cofadeh.

En forma valiente el Comité de víctimas del terrorismo estatal de 1982 denunció ayer que detrás del discurso desarrollista post moderno, de apariencia respetuoso de los derechos humanaos y combatiente de la narcoactividad, la corrupción y la impunidad, está agazapada una dictadura dolorosa y perversa que empobrece y mata.

El Cofadeh  advirtió que vienen días y años difíciles frente a los mecanismos de odio, desprestigio, muerte y terror que utiliza Estados Unidos, quizás peores que los vividos por nuestros seres queridos en los años del gorilato de Álvarez y Rosuco.

El texto divulgado destaca el ataque militar contra la población misquita de Gracias a Dios, zona petrolífera, y el desalojo violento del pueblo garífuna del litoral atlántico – zona de hoteles y campos de golf –, lo que califica como un modelo de terrorismo del nuevo plan del Comando Sur y sus lacayos internos.

Cierra el documento con un llamado al pueblo de Honduras a ser prudente y cauto pero al mismo tiempo bravo en la defensa de su casa, porque llegarán los nuevos colonizadores a grandes zancadas y con apetitos voraces.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3287:dictadura&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

, , , , ,

Deja un comentario

Expolicía hondureño revela vinculación de organismos de seguridad con ejecuciones extrajudiciales

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Un exagente de la Policía Nacional de Honduras reveló la manera de cómo trabajan los escuadrones de la muerte en el organismo de seguridad.

Esta denuncia la hizo hoy el director de Radio Globo, David Romero, que tuvo acceso a documentos que comprometen a altos mandos del organismo que vela por la proteccion de la ciudadanía.

La declaración fue ofrecida por el exmiembro de la Policía, que fue contratado en la sección de Análisis donde prestó servicios por varios años y en una declaración que hizo sin coacción, narró que tuvo conocimiento de las ejecuciones porque estuvo en cada una de ellas.

Narró con detalles acerca del secuestro de una persona de 65 años en Copán, zona occidental de Honduras; en el operativo de rescate del rehén estuvo involucrado el exdirector policial Juan Carlos “Tigre” Bonilla, comisario Zavala Vásquez y otro oficial de apellido Turcios Andrade.

También se hizo acompañar de otros oficiales y miembros de la Policía de Colombia, de apellidos Morera, sargento Palomo y otro agente de apellido Gaviria.

En cuanto al secuestro, las llamadas salían de la localidad de El Paraíso y la intercepción fue hecha por los tres agentes colombianos. El equipo antisecuestros se encontró con Bonilla alrededor de las 3:00 de la tarde con base a la información que habían recabado.

En La Entrada, Copán, dijo la fuente, se encontraba el autor intelectual que fue capturado horas después mientras conducía un mototaxi y dio la información del lugar donde tenían al secuestrado, que era resguardado por tres cómplices.

Se planificó llevar la comida en la unidad de transporte, por lo que el jefe de la banda fue esposado al timón; con él se transportaba por Bonilla y Turcios Andrade, dirigiéndose al punto donde se entregaba la comida.

Llegaron dos de los secuestradores que se aproximaron al área donde acordaron encontrarse, lo hicieron con mucha cautela. Al dar con los dos secuestradores, oficiales y agentes de la escala básica los emboscaron, logrando matar a uno y el otro se dio a la fuga.

En tono burlesco, aseguró el informante, los funcionarios se disputaban quién le había hecho el disparo, cuyo casquillo era de calibre 38.

Despues del crimen, pusieron al captor que se contactara a sus compinches para que movilizaran al secuestrado al punto de encuentro, cuando salieron, 30 policías dispararon indiscriminadamente contra el bandido. Bonilla, que portaba un subfusil UZI, le disparó en varias ocasiones hasta causar la muerte al facineroso.

Al segundo caso, según documentación en poder de Romero Ellner, lo llevaron a los bordos de San Pedro Sula para ser asesinado; dos miembros de Análisis fueron encomendados a la misión, los policías lo acribillaron sin reparar que la víctima quedó vivo, este salió a la carretera y fue trasladado al hospital donde declaró que estuvo a punto de ser ejecutado.

Luego que el incidente fuera publicado en los medios, varios policías lo quisieron matar para que no diera más detalles sobre el atentado que padeció.

Uno de los comisionados sugirió que se le podía matar y para eso fue asignada una policía que a su vez es enfermera para realizar la acción; y le dieron permiso cuando surgió el escándalo y fue trasladada de inmediato a la sede del Grupo Especial Antisecuestros (GEAS) donde hizo varias acciones administrativas, incluso de aseadora. La policia encomendada para la mision en el centro hospitalario, cononocida como “la china”, inyecto insulina para acabar con la vida del ciudadano.

El tercer caso –prosigue– es el secuestro de una señora con un niño en el Barrio Cabañas de San Pedro Sula, norte de Honduras y fue interceptada en tres vehículos bajo el aval del exjefe policial, comisionado Héctor Iván Mejía.

En esa acción se estaba el jefe del GEAS, comisionado Turcios Andrade y otro alto oficial de apellido Zavala juntos a 16 miembros más. La señora fue trasladada a una casa de seguridad a la exclusiva colonia Trejo donde fue interrogada por 48 horas y después fue ahorcada y desaparecida.

A la fecha, familiares de la dama siguen exigiendo a los operadores de seguridad y justicia que se dé con el paradero del cuerpo sin vida de la dama, cuyo nombre no ha sido revelado.

En cuanto al cuarto caso, un grupo de policías secuestraron en la localidad de Choloma a una joven, a fin de presionar a su madre para que esta diera con la ubicación de una persona conocida por el mote de “Amílcar El Renco”.

La muchacha fue trasladada a la misma casa de seguridad. En ese lugar fue violada por varios elementos de la unidad de Análisis; la madre los llamó porque dio con la ubicación de “el Renco”…este fue torturado y asesinado días después.

El denunciante reveló que quienes dieron la orden fueron los comisionados Heberto Arias Aguilar, López Flores y Turcios Andrade y contaron con el apoyo de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y la unidad de Análisis.

En el quinto caso, añadió, hubo tres muertos de la denominada banda “Agua de Mayo”, a estos los interceptaron en un punto no determinado, trasladados a una casa de seguridad en la colonia Jardines del Valle de la capital industrial donde fueron torturados y ahorcados.

Luego, fueron decapitados y los cuerpos aparecieron en distintos puntos de San Pedro Sula. A cada cadáver le pusieron una cabeza distinta para dificultar la identificación de los fallecidos.

En esta ejecución, reveló el exagente, participaron los comisionados Arias Aguilar, Mejía, López Flores, Turcios Andrade y Zavala con el apoyo de GEAS y DNIC y los matones hicieron fiesta.

En la sexta ejecución extrajudicial, denunció que Arias Aguilar se molestó por la falta de respeto que un policía, conocido como “El chelito”, le hiciera y ordenó que se le asesinara al menor descuido.

Arias encontró al agente del orden ingiriendo bebidas alcohólicas en una cantina del populoso barrio sampedrano Miguel Paz Barahona. El oficial aprovechó la coyuntura y acompañó al policía en la ingesta de alcohol hasta que no tuviera capacidad para reaccionar.

De inmediato, el jefe policial llamó a un grupo de subalternos para que se prepararan para la operación, por lo que interceptaron a “El chelito” y fue trasladado a una casa de seguridad a la marginal colonia San José V donde fue torturado y el cadáver fue tirado en la cañeras ubicadas en la periferia sur de San Pedro Sula.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article%2Fexpolic%C3%ADa-hondure%C3%B1o-revela-vinculaci%C3%B3n-de-organismos-de-seguridad-con-ejecuciones-extrajudic

, , , , , , ,

Deja un comentario

Bonilla’s New Role Raises Questions for U.S.-Funded Police Trainings in Honduras Share This /

Latin America and the Caribbean

Bonilla’s New Role Raises Questions for U.S.-Funded Police Trainings in Honduras

Honduras’ former police chief, who was dismissed amidst allegations of involvement in death squads, has been working as the country’s police attaché in Colombia, raising questions about his potential role in U.S.-funded trainings for security forces in Honduras.

Juan Carlos Bonilla being sworn in as Police Chief According to Honduran media, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla was named to the post four days after being removed as head of Honduras’ National Police last December by former President Porfirio Lobo. Although President Lobo never disclosed the reasons behind Bonilla’s removal, many speculate it was linked to international indignation over reports Bonilla had participated in death squads and presided over other extrajudicial killings. He had been charged with an extrajudicial murder in 2002, but was later acquitted.

As Honduras’ police attaché to Colombia, Bonilla could support Colombian efforts to train Honduran security forces, which is being funded by the United States. In recent years, the United States has ramped up public and financial support for Colombia security forces to export their “know-how” throughout the region, particularly to Central America and Mexico.

These trainings touch on everything from asset forfeiture to intelligence to drug interdiction. Honduras has been one of the most eager participants in the program, with 1,737 police and military personnel trained in 2013, second only to Mexico for that year.

In March of 2013, Assistant Secretary of State William Brownfield said the United States would not offer “neither a dollar nor a cent” to Bonilla over human rights concerns. He also claimed the United States would not work with officials reporting to Bonilla directly or those two levels below his post. Bonilla later dismissed Secretary Brownfield’s claims in an interview with the Associated Press, saying that all Honduran police units were under his command and that the United States was his “best ally and support” at the time.

Although it is unclear exactly what Bonilla’s involvement could be in Colombia’s trainings, it would be concerning if he was involved in crafting curriculum and helping select Honduran students for Colombia’s trainings. It appears the State Department does not oversee or even approve the curriculum Colombian security forces use in their trainings to other Latin American countries.

Given the charges made against Bonilla and the United States’ reluctance to work with him during his tenure as head of one of the region’s most corrupt police forces, Bonilla’s potential part in Colombian’s trainings to Honduras merits further investigation.

Fuente: http://www.securityassistance.org/latin-america-and-caribbean/content/bonilla%E2%80%99s-new-role-raises-questions-us-funded-police-trainings-honduras

, , , ,

Deja un comentario

The U.S. Re-militarization of Central America and Mexico

by Alexander Main
Report

2661 Honduran paratroopers with U.S. Special Forces soldiers during a “static line jump” (UNASOC News Service / Creative Commons)

During his brief visit to Costa Rica in May 2013, President Obama appeared eager to downplay the U.S. regional security agenda, emphasizing instead trade relations, energy cooperation, and youth programs. “So much of the focus ends up being on security,” he complained during a joint press conference with his Costa Rican counterpart Laura Chinchilla. “But we also have to recognize that problems like narco-trafficking arise in part when a country is vulnerable because of poverty, because of institutions that are not working for the people, because young people don’t see a brighter future ahead.” Asked by a journalist about the potential use of U.S. warships to counter drug-trafficking, Obama was adamant: “I’m not interested in militarizing the struggle against drug trafficking.”

Human rights organizations from Central America, Mexico, and the United States see the administration’s regional security policy very differently. In a letter sent to Obama and the region’s other presidents last year, over 145 civil society organizations called out U.S. policies that “promote militarization to address organized crime.” These policies, the letter states, have only resulted in a “dramatic surge in violent crime, often reportedly perpetrated by security forces themselves. Human rights abuses against our families and communities are, in many cases, directly attributable to failed and counterproductive security policies that have militarized our societies in the name of the ‘war on drugs.’”

The latest round in the ramping up of U.S. security assistance to Mexico and Central America began during President George W. Bush’s second term in office. Funding allocated to the region’s police and military forces climbed steadily upward to levels unseen since the U.S.-backed “dirty wars” of the 1980s. As narco-trafficking operations shifted increasingly from the Caribbean to the Central American corridor, the United States worked with regional governments to stage a heavily militarized war on drugs in an area that had yet to fully recover from nearly two decades of war.

In 2008 the Bush Administration launched the Mérida Initiative, a cooperation agreement that provides training, equipment, and intelligence to Mexican and Central American security forces. A key model for these agreements is Plan Colombia, an $8 billion program launched in 1999 that saw the mass deployment of military troops and militarized police forces to both interdict illegal drugs and counter left-wing guerrilla groups. Plan Colombia is frequently touted as a glowing success by U.S. officials who point to statistics indicating that drug production and violence has dropped while rebel groups’ size and territorial reach have significantly receded. Human rights groups, however, have documented the program’s widespread “collateral damage,” which includes the forced displacement of an estimated 5.7 million Colombians, thousands of extrajudicial killings, and continued attacks and killings targeting community activists, labor leaders, and journalists.

Under President Obama, the U.S. government has renewed and expanded Mérida and, in 2011, created the Central American Regional Security Initiative (CARSI). From 2008 to 2013, these programs have received over $2 billion and $574 million respectively, according to a 2014 report by the Igarapé Institute. Though administration spokespeople emphasize investments made in judicial reform and drug prevention programs, most funds have been spent on supporting increasingly warlike drug interdiction and law enforcement.

The surge in U.S. security assistance has coincided with a notable regional increase in the militarization of law enforcement activities. Starting in 2007, former President Felipe Calderón of Mexico began deploying tens of thousands of troops as part of his government’s crackdown on drugs and organized crime. In El Salvador troops were deployed in the streets in 2009 and their presence was increased in 2011. In 2011 and 2012 Salvadoran president Mauricio Funes appointed active and inactive military officers to top security posts, breaking with the tradition since the country’s 1992 peace accords of keeping these posts in civilian hands. In Guatemala, meanwhile, over 21,000 army troops have taken up policing missions, often far outnumbering the number of police personnel in the areas where they are deployed. According to the Center for International Policy (CIP) approximately 40% of Guatemala’s security-related posts have been filled by former military officers, since former army chief Otto Perez Molina’s 2012 ascension to the presidency.

*

U.S. security funding to Honduras was briefly suspended following the June 2009 military coup. But by the following year the United States had resumed funding at a higher rate than before the coup, even though the Center for Justice and International Law noted that “high-ranking Army officers or former members of the Army against whom complaints were brought for their participation in the coup d’état, are occupying executive positions in government offices.” In November 2011 the Honduran government began sending military patrols into the streets to fight common crime, and in August 2013 a new Military Police for Public Order was created, tasked with cracking down on gang activity. Military involvement in policing duties had been prohibited under the Honduran constitution, but in January 2014 the country’s legislature amended the constitution to permit a military police force.

Though the U.S. government has remained silent regarding military involvement in law enforcement activities, the steady increase of U.S. assistance to national armed forces has, if anything, been an indicator of tacit U.S. support. But the U.S. role in militarization of national police forces has been direct as well. In 2011 and 2012, the Drug Enforcement Administration’s Foreign-deployed Advisory Support Team (FAST)—which had previously carried out military-style missions in Afghanistan—set up camp in Honduras to train a local counternarcotics police unit and help plan and execute drug interdiction operations in the Mosquitia, a remote region in eastern Honduras that has recently become a hub for the transit of drug shipments northward.

Supported by U.S. helicopters mounted with high caliber machine guns, these operations were nearly indistinguishable from military missions, and locals routinely referred to the DEA and Honduran police agents as “soldados” (soldiers). According to The New York Times, five “commando style squads” of FAST teams have been deployed across Central America to train and support local counternarcotics units.

In July 2013, the Honduran government created a new “elite” police unit called the Intelligence Troop and Special Security Group, or TIGRES (Spanish for “tigers”). The unit, which human rights groups contend is military in nature, has been deployed in tandem with the new military police force and has received training in military combat tactics from both U.S. and Colombian Special Forces units.

*

Outside of Honduras, Colombian military and police trainers are now active throughout the region as well. Eager to help export the “successful” Plan Colombia model, the United States has funded training programs carried out by Colombian security forces in Mexico, Central America, and beyond. In 2012, President Obama and Colombian president Juan Manuel Santos announced a joint multi-million dollar Action Plan on Regional Security Cooperation that draws on “Colombia’s established and expanding expertise and capacity for countering transnational organized crime…and shared U.S. responsibility to address the demand for illicit narcotics,” according to a State Department release.

2660 A Honduran paratrooper and U.S. Special Forces soldier shake hands (UNASOC News Service / Creative Commons)

Human rights groups such as the Fellowship for Reconciliation (see Lindsay-Poland, this issue) note that many members of Colombia’s police and military forces are—like many of their Mexican and Central American counterparts—implicated in extrajudicial killings and human rights abuses. Transnational crime organizations are believed to have permeated a large number of the region’s police and military units as well.

The U.S. government presents the increased support to Mexico and Central America’s security forces as a necessary response to the alarming rise in drug-trafficking activity which has, in turn, fueled violent crime. But has U.S. policy borne positive results? The question is complicated because the United States and its partners have failed to publicly establish clear metrics to assess counternarcotics efforts. One of the few measures used by the U.S. Congress is “the pace of equipment deliveries and training opportunities” according to a Congressional Research Service Report, though this information says nothing about the effectiveness and impact of aid. U.S. officials highlight statistics showing that there is less cocaine available in the U.S. today than in the years prior to the Mérida Initiative, but it appears likely that this trend is counterbalanced by the increased availability and popularity of other drugs like heroin.

What is certain is that the surge in U.S. security assistance has been accompanied by a dramatic spike in violent crime in several countries. Homicide rates have skyrocketed in El Salvador, Guatemala, and Honduras, the countries that have received the bulk of CARSI funding. Today those countries—often referred to as the Northern Triangle—comprise one of the most violent regions on earth. In Mexico, meanwhile, Human Rights Watch estimates that around 80,000 people have died in drug-related killings since 2006. Drug violence has also led to the displacement of over 200,000 Mexicans, according to the Internal Displacement Monitoring Center.

U.S. officials have suggested that the epidemic of violence in the region actually indicates the effectiveness of the war on drugs. The head of the State Department’s Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, William Brownfield, recently told the Associated Press that “the bloodshed tends to occur and increase when these trafficking organizations…come under some degree of pressure.” This theory doesn’t seem to be supported by any concrete evidence, and appears to disregard the fact that many of those killed have no links to drug trafficking.

The chilling reality is that the majority of U.S. security assistance flowing to Mexico and Central America is going to police and military forces that only two decades earlier were engaged in horrifying acts of killing and torture against political opponents and indigenous communities. With few exceptions, security forces across Central America have undergone no serious reform since the 1980s, and the state agents responsible for past human rights violations have not been brought to justice for even the most egregious crimes, such as the massacre of entire villages. Today, the region’s judicial institutions—particularly in Mexico and the Northern Triangle—remain deeply corrupt and inefficient, and only a tiny proportion of crimes involving security forces are successfully investigated and prosecuted.

*

The U.S. government has been reluctant to acknowledge the growing number of extrajudicial killings and human rights abuses reportedly perpetrated by members of state security forces receiving U.S. support. In 2011, Human Rights Watch presented evidence of Mexican security forces’ involvement in “more than 170 cases of torture, 39 “disappearances,” and 24 extrajudicial killings since 2006.” And these incidents are likely only a drop in the bucket. From 2007 to April 2011 Mexico’s Federal Prosecutor’s Office opened 1,615 investigations into alleged military crimes against civilians, but not a single one of these investigations resulted in a prosecution.

As documented in an in-depth report by Rights Action and the Center for Economic and Policy Research, and by journalist Kaelyn Forde in NACLA’s Fall 2013 issue, on May 11, 2012, a drug interdiction operation involving Honduran police and DEA FAST team agents flew into the tiny municipality of Ahuas and opened fire on a passenger boat, resulting in the killing of four indigenous villagers, none of whom were known to have links to drug trafficking. To this day, the families of the victims of the Ahuas killings await justice and compensation from the Honduran and U.S. governments. And in a number of documented instances across Central America, attacks by security forces have targeted civil society groups engaged in peaceful protests or other forms of non-violent opposition. In Guatemala troops have killed indigenous protestors demonstrating against the government’s economic reforms. Honduran military and police units are accused of killing dozens of land rights advocates in the Bajo Aguán valley close to the Atlantic coast, and a peaceful demonstrator protesting a hydroelectric project further west in the Rio Blanco Valley.

Killings and attacks against women, human rights defenders, lawyers, journalists, LGBT activists, union leaders, and political opposition leaders have risen sharply. In Honduras, many occur in death squad fashion, with individuals kidnapped by masked men in unmarked vehicles, shot and left by the roadside, sometimes with evidence of torture. Given the tactics, many suspect the involvement of security forces, but those responsible are almost never brought to justice.

Citing these widespread abuses, human rights groups and many members of Congress have pushed back against the U.S. security spending frenzy. In 2012, 94 members of the U.S. House of Representatives demanded the complete suspension of police and military assistance to Honduras. Congressional appropriators have conditioned portions of security aid to Mexico and Honduras pending State Department certification of governments’ compliance with human rights and accountability provisions. They have also maintained a long-standing ban on foreign military funding and training of Guatemalan army units in appropriations funneled through the State Department.

But the Obama administration has consistently certified Mexico and Honduras as compliant with human rights conditions in spite of, in the case of Honduras, public objections from over 20 U.S. senators. The ban on some security assistance to Guatemala is amply compensated by direct Department of Defense support to military units, among them those that reportedly include members of the Kaibiles, Special Forces troops implicated in past massacres.

*

Recently, the United States began channeling more sophisticated and insidious forms of support to the region’s security forces. Through CARSI, the U.S. government has equipped police institutions with surveillance technology and encouraged widespread wiretapping activity. The overt intention may be to improve local law enforcements’ ability to intercept drug traffickers’ calls, but—given the absence of effective judicial accountability—civil society actors legitimately fear that this enhanced surveillance capacity is being directed at them.

Despite the United States’ enormous investment, the State Department’s 2014 International Narcotics Control Strategy Report notes that “approximately 90 percent of illegal drugs from South America destined for the United States are smuggled through the seven Central American countries and Mexican corridor.” Why have billions of dollars been spent on a failed policy that has only generated more violence? And why, in an apparent repetition of the dark days of Central America’s dirty wars, does Washington invest so heavily in strengthening and empowering corrupt security forces with appalling human rights records?

U.S. officials’ unwavering faith in the Colombian militarized model is no doubt part of the reason. But a stubbornly persistent Cold War mindset may also be at play. Based on hours of interviews with State Department officials and Congressional staffers, investigative journalist Hector Silva Avalos recently observed in an Inter-American Dialogue report that the U.S. security agenda in the Northern Triangle is driven in part by the perceived threat of the growing regional power of the Venezuelan government. A new “anti-American narrative,” he argues, has replaced the prior communist threat in the eyes of key policy makers.

Avalos’s findings echo a 2007 U.S. strategy memorandum—part of the WikiLeaks trove of diplomatic cables—on the “Southern Cone Perspective on Countering Chávez and Reasserting U.S. Leadership.” Though the memo focuses on policy toward the Southern Cone, its message would no doubt resonate among U.S. Central America policy makers. “We should continue to strengthen ties to those military leaders in the region who share our concern over [late Venezuelan president Hugo] Chávez,” stated the memorandum

The U.S. government’s failed and destructive regional anti-drug policy now faces a swelling movement of resistance from Central American leaders and grassroots movements alike. Governments are debating alternative policies that include potential decriminalization of drug possession and use.

Human rights groups and social movements are increasingly united in decrying the use of army troops and militarized police in repressing popular movements and defending corporations in their efforts to wrest resource-rich lands from communities. The priority, they believe, is building strong, transparent judicial institutions to address human rights crimes and ensure accountability. To eradicate the scourge of violent crime, investment is needed, not in military equipment and police and military training, but in equitable and sustainable economic development that addresses the basic needs of the poor.

 


 

Alexander Main is the Senior Associate for International Policy at the Center for Economic and Policy Research (CEPR), with a focus on U.S. foreign policy toward Latin America and the Caribbean.

Fuente: https://nacla.org/article/us-re-militarization-central-america-and-mexico

, , , , , , , , , , , , , ,

Deja un comentario

Asesor JJ Rendón propuso territorio hondureño para extraditar a capos colombianos

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El asesor político JJ Rendón ofreció a personajes colombianos vinculados al crimen organizado que, de entregarse a la autoridad de su país, podían ser extraditados a Honduras, según consta en documento al que accedió este periódico.

El documento de 100 páginas, denominado “agenda para solucionar el problema del narcotráfico y la violencia que genera”, determina que los capos del narcotráfico ofrecieron entregarse a la justicia colombiana, no fueran extraditados a EEUU.

El capo, más conocido como “Comba” reveló en fecha reciente que entregaron al estratega político más de 12 millones de dólares para que Rendón negociara la rendición de las bandas ante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Se establece en el documento de JJ que se el estratega de la propuesta que tenía como facilitadores a varios exguerrilleros; fuentes consultadas confirmaron que este proyecto fue conocido por el ejecutivo de ese país, la dirección de la policía, la embajada de EEUU y el presidente Santos.

En el extenso documento, se indica que estos actores debían desmontar el narcotráfico y entregarían toda la cadena del negocio de estupefacientes, asimismo, se dejaría “sin combustible a la violencia…que generan las bandas criminales”.

También se estableció que para los potenciales desmovilizados se les daría visas y salvoconductos para poder movilizarse a cualquier lugar, incluso Honduras.

Las alternativas presentadas por el estratega venezolano, es que se estableciera un acuerdo de protección de testigos con Estados Unidos en territorio hondureño y cooperación con Colombia.

Los narcotraficantes –según el informe– se someterían a la justicia de Honduras y habría cooperación de EEUU y Colombia.

Hasta el momento, los operadores de justicia no se han pronunciado en torno a la propuesta hecha por Juan José Rendón.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/asesor-jj-rend%C3%B3n-propuso-territorio-hondure%C3%B1o-para-extraditar-capos-colombianos

, , , ,

Deja un comentario

Amigo de JJ Rendón, el hacker Andrés Sepúlveda podría ser extraditado a EEUU

¿De dónde sale esta posibilidad? De la propia confesión de Sepúlveda durante el encuentro que sostuvo con el candidato Zuluaga y con el exasesor Luis Alfonso Hoyos, donde hablaron de varios temas, incluido el que preocupa a los estadounidenses.- De acuerdo con las leyes estadounidenses, un avión Awac es considerado una extensión del territorio y en esa medida se considera que es una vulneración a su seguridad, ha revelado el periódico digital colombiano Semana.com.

Bogotá. La historia de Andrés Sepúlveda, el hacker que trabajaba para la campaña de Óscar Iván Zuluaga, se podría complicar aún más. A su ya compleja situación jurídica ahora se sumaría un nuevo elemento: la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos lo solicite en extradición.

Las autoridades están indignadas e inquietas por lo que se ha descubierto a raíz del video publicado por SEMANA y por los datos contenidos en la declaración de uno de los testigos en este proceso judicial. La razón por la que estarían evaluando una posible extradición se deriva de una posible comisión de un delito que consiste en violación a la seguridad nacional de Estados Unidos.

¿De dónde sale esta posibilidad? De la propia confesión de Sepúlveda durante el encuentro que sostuvo con el candidato Zuluaga y con el exasesor Luis Alfonso Hoyos, donde hablaron de varios temas, incluido el que preocupa a los estadounidenses.

En esa reunión, que duró más de 20 minutos, y en momentos en que hablaban de la posibilidad de que Santos se fortaleciera en la campaña por cuenta de un golpe contra las FARC, el hacker aseguró “A Santos lo único que lo fortalecería en este momento es un golpe contra las FARC, nada más. Por lo que nos hemos enterado, es muy difícil golpear. Por ejemplo, sabemos que ‘Timochenko’ (Timoleón Jiménez, jefe máximo de las FARC) está en la frontera con tuberculosis”.

Esa información la corroboramos con dos fuentes. El acceso que tengo yo al Comando Sur, a los aviones Awac, que son los que monitorean las comunicaciones de ellos…”, cuenta el hacker.

Esta es, ni más ni menos, que una confesión según la cual Sepúlveda tenía acceso a medios con los cuales interceptaba ilegalmente las comunicaciones de inteligencia de los estadounidenses. Falso o verdadero, las autoridades de ese país toman muy en serio cualquier tema que tenga que ver con su seguridad nacional y por eso evalúan solicitarlo para que responda ante sus cortes.

De acuerdo con las leyes estadounidenses, un avión Awac es considerado una extensión del territorio y en esa medida se considera que es una vulneración a su seguridad.

Pero no sólo lo dicho por el propio Sepúlveda lo puede poner en aprietos con los ‘gringos’. También la declaración de su excompañero de trabajo Rafael Revert, de ciudadanía española, quien a lo largo de su colaboración con la Fiscalía ha contado episodios relativos al trabajo de Sepúlveda con personal de la DEA y del Comando Sur que, presuntamente, estuvo por fuera de las normas.

Revert les dijo a los fiscales lo siguiente en una primera declaración cuando se refería al trabajo de infiltración a los miembros negociadores de las FARC en La Habana. “Durante dos meses iba llegando trabajo de DEA, del Comando Sur, donde ordenaba monitorear lo de La Habana. (Sepúlveda) decía que le vendía la información a la DEA sobre los guerrilleros, y cómo ese tipo de mercado es de bolsa negra, o sea en efectivo. Él hacia su plata y ya”.

Y más adelante dijo: “Cuando arrancamos con eso, yo empecé a ver que eso no era legal, como por ejemplo que el Comando Sur averiguara por chuzadas y monitoreo en La Habana, que la DEA mandara allanar casas”.

Expertos consultados por Semana.com confirmaron que efectivamente si el gobierno de Estados Unidos inicia los trámites, habría bases legales para considerar el envío del hacker a ese país. Especialmente porque las autoridades de ese país consideran que es un ataque contra su territorio, algo más grave, incluso que el episodio de los taxistas que asesinaron al agente de la DEA Terry Watson en Bogotá, cuya extradición ya fue avalada. (Tomado de Semana.com).

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/amigo-de-jj-rend%C3%B3n-el-hacker-andr%C3%A9s-sep%C3%BAlveda-podr%C3%ADa-ser-extraditado-eeuu

, , , ,

Deja un comentario

Ministerio Público de Honduras abordaría caso de supuesta violación sexual realizada por J.J. Rendón

El Fiscal General del Estado hondureño, Óscar Chinchilla, hoy ha evadido el tema ante la consulta de periodistas que le pidieron se manifestara acerca del supuesto caso de violación sexual que contra una hondureña habría ejecutado el asesor político Juan José Rendón.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Director de Fiscales del Ministerio Público, Rolando Argueta, ha dicho este miércoles que mañana se estaría refiriendo al supuesto caso de violación sexual que contra una hondureña habría cometido el asesor político de los dos últimos gobiernos de Honduras, Juan José Rendón, más conocido como J.J. Rendón.

La reacción del funcionario ocurrió después que el periodista de Canal 36, Allan Fiallos, consultó al Fiscal General del Estado, Óscar Chinchilla, en torno a su conocimiento del expediente que contiene el supuesto caso de violación sexual de J.J. Rendón contra una hondureña en el tiempo que asesoraba la campaña electoral del actual presidente hondureño, Juan Hernández.

El caso de J.J. Rendón hasta ahora ha sido abordado de manera marginal por los medios de comunicación hondureños, a pesar que se trata de un asunto de interés nacional por el daño a una connacional y por la presencia directa de un personaje que en los últimos años asesora a presidentes del Estado de Honduras, cuyas decisiones afectan el destino de la nación.

El asunto se torna más dramático para el interés hondureño cuando el expresidente colombiano Álvaro Uribe, vincula a J.J. Rendón con reconocidos capos colombianos como recolector de fondos para campañas políticas en ese país suramericano.

A raíz de esa conexión con el crimen organizado, el Ministerio Público colombiano ha abierto un proceso judicial contra el asesor de campañas políticas J.J. Rendón, lo que condujo a que el mandatario colombiano y también aspirante presidencial, Juan Manuel Santos lo retirara de su campaña electoral.

Aparte del señalamiento de supuesta violación sexual a una hondureña, sobre J.J., por el mismo delito, pende sobre él además una búsqueda internacional por Interpol, debido a la presunta violación a otra mujer de nacionalidad venezolana.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/ministerio-p%C3%BAblico-de-honduras-abordar%C3%ADa-caso-de-supuesta-violaci%C3%B3n-sexual-realizada-por-jj-

, , , , , , , ,

Deja un comentario

Continúan las Extradiciones

supuesto_narco_colombiano

Honduras extraditó a Colombia a Ever Enrique Oñate, buscado en su país bajo cargos de liderar una banda criminal y cometer homicidios por encargo, hurto agravado y otros delitos, informó una fuente judicial.

El portavoz de la Fiscalía en la norteña ciudad de San Pedro Sula, Elvis Guzmán, dijo escuetamente que Oñate fue “extraditado hoy a Colombia”.

Agregó que autoridades colombianas, que no identificó, llegaron este martes a San Pedro Sula para acompañar el proceso de extradición de Oñate a su país.

El colombiano fue detenido el domingo en un operativo de la Fuerza de Seguridad Nacional Interinstitucional (Fusina), en San Pedro Sula, donde permaneció recluido en la 105 Brigada de Infantería.

Oñate es considerado cabecilla de una de las bandas criminales que operan en el departamento de La Guajira, en el norte de Colombia, según las autoridades hondureñas.

Fuente: http://lanoticia.hn/nacionales/continuan-las-extradiciones/?ModPagespeed=noscript

,

Deja un comentario

J.J. Rendón pediría asilo en Honduras para evadir justicia de EE.UU.

A Juan José Rendón se le terminan los días de tranquilidad que ha vivido junto a la mafia cubana-venezolana en las soleadas playas de Miami, a pesar que pende sobre él una orden de captura internacional librada por el gobierno de Venezuela y, ahora el panorama se le pone peor, pues, se ha abierto un juicio en Estados Unidos por su presunta vinculación con capos colombianos, que lo obligaría a esconderse en Honduras.

Una comisión de fiscales colombianos viajará a Nueva York para interrogar al capo Javier Antonio Calle Serna, quien declaró que él y otros narcos pagaron 12 millones de dólares a Rendón (foto) para que sirviera de puente entre ellos y el Gobierno nacional para una propuesta de negociación.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Trasciende que el asesor político J.J. Rendón, estaría pidiendo asilo en Honduras, tras la apertura de un juicio en su contra en una corte de Estados Unidos, ha informado este día Cholusat Sur (Canal 36).

Esta información también acontece cuando la Fiscalía General colombiana comenzará a recabar pruebas para comprobar la veracidad de la acusación que vincula al asesor político Juan José (J.J.) Rendón con capos del narcotráfico, pues presuntamente recibió dinero para ejecutar un acercamiento de negociación entre bandas criminales y la justicia de ese país.

Se evaluarán las pruebas que determinarán si hubo comisión de un hecho punible por parte del estratega venezolano que ha fijado públicamente su postura derechista, reflejada también en la mayoría de sus candidatos asesorados.

Para el proceso de recolección de pruebas se consignaron copias ante la Dirección Nacional Especializada contra el Crimen Organizada, ente que verificará la información publicada por el diario colombiano El Espectador.

Por otra parte, una comisión de fiscales viajará a Nueva York en los próximos días para interrogar al capo Javier Antonio Calle Serna alias “Comba”, quien declaró que él y otros narcos pagaron 12 millones de dólares a Rendón para que sirviera de puente entre ellos y el Gobierno nacional para una propuesta de negociación.

Los otros narcos eran alias Diego Rastrojo, Cuchillo y Daniel El Loco Barrera, según la información publicada por El Espectador, que Comba le detalló a una fiscal de Extinción de Dominio.

Hasta los momentos, se comprobó que Rendón sostuvo una reunión con la entonces fiscal general, Viviane Morales y otros representantes de la justicia colombiana, para tratar el tema del sometimiento a la justicia de bandas criminales.

A pocos días para los comicios presidenciales en los que Santos buscará la reelección, sus contrincantes políticos exigen explicaciones y no escatiman en criticar el caso que implícitamente lo involucra. En contraste, el Presidente ha asegurado que no negocia con las mafias y aceptó la renuncia de J.J. Rendón.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/jj-rend%C3%B3n-pedir%C3%ADa-asilo-en-honduras-para-evadir-justicia-de-eeuu

, , , ,

Deja un comentario