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¿Qué aprobó el Congreso Estadounidense para Centroamérica en el presupuesto de 2016?

Por Adriana Beltrán,
Coordinadora Principal del Programa de Seguridad Ciudadana
Tras meses de negociaciones, el congreso de los Estados Unidos aprobó el viernes pasado la ley de asignaciones presupuestarias para el año fiscal 2016. Entre los temas en discusión se encontraba la solicitud de mil millones de dólares de la administración de Obama para ayudar a los países del Triángulo Norte a atender los problemas de violencia, falta de oportunidades y débil gobernabilidad que impulsan la migración de la región.  Ciertamente, el gran número de niños y jóvenes centroamericanos que continúan huyendo de sus comunidades es una clara evidencia que a menos que los factores que originalmente impulsan a estos jóvenes y familias a huir son atendidos, muchos continuarán buscando refugio en los Estados Unidos.
En relación a la cooperación para Centroamérica, el nuevo presupuesto incluye:
Un aumento sustancial de los niveles de asistencia para la región. La ley de asignaciones presupuestarias otorgó 750 millones de dólares en asistencia para Centroamérica, particularmente para ayudar a los países del Triángulo Norte a atender los altos niveles de violencia e inseguridad, la débil gobernabilidad, y la falta de oportunidades económicas que impulsan la migración de la región. El monto aprobado está por debajo de los mil millones solicitados por la administración el pasado febrero. No obstante, está por encima de los 675 millones asignados por el Senado en julio y comprende un aumento significativo de más de 450 millones de lo que fue asignado por la Cámara Baja en su proyecto de ley. La asignación presupuestaria constituye un incremento importante a los 294 millones aprobados para el 2015, y probablemente incentive incrementos en la asistencia proporcionada por otros donantes y prestamistas como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este presupuesto no incluye los fondos asignados al Pentágono para operaciones antinarcóticos en la región.
La inclusión de una agenda más amplia, enfocada no sólo en la seguridad sino también en la débil gobernabilidad y los problemas económicos que enfrenta la región. El 40 por ciento (299,4 millones) de la cooperación estará encaminada para programas de desarrollo, mientras que alrededor del 24 por ciento (183,5 millones) es asistencia económica y el 30 por ciento (222 millones) está destinado a iniciativas de seguridad. Los detalles de la cooperación y su implementación determinarán si la estrategia es eficaz y si realmente responde a las causas subyacentes que han hecho del Triángulo Norte una de las regiones más violentas del mundo.
Condiciones claras en materia de planificación y coordinación que debe efectuar el Departamento de Estado previa asignación de los fondos. Según la ley, el Departamento de Estado debe presentar planes multianuales detallados por país, con objetivos, indicadores y cronogramas claramente establecidos. Esta medida permitirá una mejor vigilancia de los fondos y permitirá evaluar si la asistencia está logrando los resultados deseados. El congreso está resuelto en asegurar que la ayuda estadounidense contribuya realmente al fortalecimiento de las instituciones públicas, a mejorar la gobernabilidad y a bajar los niveles de violencia e inseguridad en Centroamérica. Los planes también deben establecer cómo la ayuda estadounidense difiere o complementa la asistencia de otros donantes u organismos multilaterales.
Una serie de condiciones específicas para que los gobiernos centroamericanos puedan erogar los fondos como nunca antes dispuestas para la región. Conforme la ley, el 50 por ciento de los fondos para los gobiernos Centroamericanos no puede ser asignado hasta que el Departamento de Estado certifique que Honduras, El Salvador y Guatemala han adoptado medidas efectivas para:
o   Establecer una entidad autónoma y pública para supervisar el plan de la Alianza para la Prosperidad.
o   Combatir la corrupción, incluyendo la investigación y persecución penal de funcionarios públicos sobre los que pesen acusaciones verificables de corrupción.
o   Implementar reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo la capacidad e independencia de las fiscalías y los sistemas judiciales.
o   Combatir las actividades de redes criminales, el narcotráfico y el crimen organizado.
o   Investigar y procesar penalmente en sistemas civiles de justicia a miembros de las fuerzas militares y cuerpos policiales sobre quienes pesen acusaciones creíbles de violaciones a los derechos humanos, y asegurar que las fuerzas militares y policías están cooperando con los casos.
o   Garantizar la participación y consulta de la sociedad civil y de gobiernos locales.
o   Cooperar con comisiones contra la impunidad e instancias regionales de derechos humanos.
o   Apoyar programas para la reducción de la pobreza, creación de empleos y desarrollo económico equitativo en comunidades de donde provienen cantidades importantes de migrantes.
o   Desarrollar e implementar planes para crear fuerzas policiales civiles, profesionales y responsables y limitar el papel de las fuerzas militares en actividades policiales.
o   Proteger los derechos de partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil.
o   Incrementar reformas fiscales y fortalecer las agencias aduaneras.
o   Resolver disputas comerciales.
Esta es una lista significativa de prerrequisitos, la cual no solo refleja la postura del congreso que la asistencia de Estados Unidos debería ayudar a los países centroamericanos a atender los factores que impulsan la migración irregular, sino también su convicción de que la asistencia estadounidense tendrá poco impacto si los gobiernos mismos no muestran un compromiso político claro y decisivo para fortalecer el Estado de derecho y combatir la corrupción, pobreza e inequidad.
Lastimosamente, la ley también condicionó el 25 por ciento de la ayuda a medidas para controlar los flujos migratorios e incrementar la seguridad fronteriza, medidas que probablemente resultarán en el maltrato de migrantes sin tener efectos perdurables en el volumen del flujo migratorio. Estos prerrequisitos, por lo menos, reconocen que la deportación y repatriación no aplica a quienes cumplen los requisitos como refugiados bajo derecho internacional.
El requerimiento de procesos de consulta con la sociedad civil y gobiernos locales. Cabe resaltar que entre las condiciones establecidas sobre los gobiernos centroamericanos el congreso incluyó el deber establecer mecanismos de consulta que garanticen la participación de la sociedad civil, incluyendo comunidades indígenas y otros grupos marginados, y de gobiernos locales en el diseño, la implementación y la evaluación del Plan de la Alianza para la Prosperidad. De ser implementado debidamente, este prerrequisito sería un paso importante y positivo.
Un enfoque importante en la lucha contra la impunidad y corrupción en la región. En la ley de asignaciones presupuestarias el congreso alocó 7.5 millones para apoyar los esfuerzos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); un incremento substancial a las cantidades otorgadas en años anteriores. A su vez, incluyó mención de la posibilidad de proporcionar asistencia de crearse comisiones contra la impunidad en El Salvador y Honduras, siempre y cuando tengan la independencia para investigar y otras autoridades comparables a las de la CICIG.
Un proceso para el escrutinio y suspensión de la ayuda. Conforme la ley, el Departamento de Estado debe revisar periódicamente el progreso de los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala en cumplir las condiciones estipuladas y debe enviar un informe al congreso a más tardar el 30 de septiembre de 2016. Tanto el congreso como el Departamento de Estado pueden suspender por completo o en parte la asistencia a un determinado gobierno. A su vez, la ley requiere que, ante un cambio de gobierno en la región, el Departamento de Estado determine y garantice al congreso el compromiso de las nuevas autoridades a cumplir con las condicionantes.
Conclusiones 
El aumento sustancial de la asistencia estadounidense para la región y la ampliación de la agenda de un enfoque en la seguridad a uno que busca hacer frente a los problemas económicos y de gobernabilidad que enfrenta la región son pasos positivos. Mas como bien WOLA ha reiterado en ocasiones anteriores, enfocarse en la violencia y pobreza en la región no es meramente una cuestión de recursos sino de elegir inversiones inteligentes. Los planes que deben ser presentados determinarán si la estrategia efectivamente da la debida prioridad a la generación de nuevas oportunidades laborales y educativas para la juventud, a la prevención de la violencia a nivel comunitario, y a la construcción de sistemas de justicia independiente y accesible y fuerzas policiales civiles efectivas, profesionales y responsables, como también a un esfuerzo sostenido contra la corrupción, una mayor transparencia y la activa participación de la sociedad civil.
La serie de condiciones establecidas en la ley resalta la importancia que ha cobrado para la agenda del congreso estadounidense la necesidad de ver resultados reales en la región en la lucha contra la corrupción e impunidad, la protección de derechos humanos, y el fortalecimiento de las instituciones públicas. Indudablemente, la aún pendiente elección del Fiscal General en El Salvador, los nombramientos a puestos clave por el gobierno de Jimmy Morales  en Guatemala, el nivel de apoyo que el gobierno entrante éste brinde a los esfuerzos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)y la Fiscalía General de Guatemala, la elección de magistrados de la Corte Suprema hondureña y la viabilidad de construir un mecanismo internacional anticorrupción con dientes en Honduras serán algunos de los primeros indicadores para evaluar el compromiso y la voluntad política de los gobiernos centroamericanos a fortalecer el Estado de derecho en sus respectivos países.http://www.wola.org/es

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/transparencia-y-corrupci%C3%B3n/%C2%BFqu%C3%A9-aprob%C3%B3-el-congreso-estadounidense-para-centroam%C3%A9rica-en-el

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En 2016 seguridad y defensa tendrán un presupuesto que ronda los 13,000 millones

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Nuevamente la prioridad del gobierno hondureño es la militarización del Estado a través del apoyo financiero que este 2016 recibirán las secretarías de Defensa y Seguridad, que alcanza cerca de 13,000 millones de lempiras, según lo estipulado el Presupuesto de Ingresos y Egresos.

Los militares se han convertido en la prioridad del gobierno de Juan Hernández.

Los militares se han convertido en la prioridad del gobierno de Juan Hernández.

La administración de Juan Hernández, argumenta el excesivo gasto, en las  acciones de combate a la violencia. En ese sentido el Congreso Nacional aprobó en el marco del presupuesto, un poco más de 5,900 millones de lempiras para seguridad, en contraste con 3,800 aprobados en 2015.

En tanto, el renglón de defensa contará para su operación en 2016 con el respaldo de alrededor de 6,700 millones de lempiras, una cantidad mayor que los 5,400 millones otorgados para el período fiscal del presente año.

El presupuesto ambas áreas contempla un incremento de más de 3,000 millones de lempiras, puesto que seguridad experimentará un incremento de más de 2,000 millones de lempiras y la partida de defensa observa un alza de 1,291 millones.

DESPROPORCONALIDAD EN  ASIGNACIONES

Como reflejo de la prioridad se constata que las asignaciones para ambas áreas se han incrementado en unos cinco mil millones de lempiras en los últimos dos años, en contraposición de los recursos económicos destinados al sector social.

Esta es una escuela improvisada ubicada en la Mosquitia hondureña que devela las consdiciones precarias del sistema educativo, mientras el gobierno prioriza la seguridad.

Esta es una escuela improvisada ubicada en la Mosquitia hondureña que devela las condiciones precarias del sistema educativo, mientras el gobierno prioriza los gastos en seguridad.

Por el lado del gasto, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) destaca la fuerte desproporción entre el gasto en defensa y seguridad y los recursos asignados a la política social. En efecto, el gasto de las secretarías de Defensa y Seguridad aumenta el próximo año en 25% y 58%, respectivamente. En contraste, las secretarías de Salud y Educación solo aumentan 11% y 9%, respectivamente. A estas asignaciones se suma un bajo nivel de inversión pública en infraestructura, con un magro 1.2% del PIB.

La desproporcionalidad en la asignación de los fondos públicos ha sido cuestionada por expertos en economía y finanzas, quienes consideran que los resultados en materia de seguridad no están acorde a los exagerados gastos en defensa y seguridad.

En los últimos tres años, en Honduras se han creado al menos 13 unidades militares que se han sumado a las tareas de seguridad, sin embargo las muertes violentas siguen enlutando a las familias hondureñas.

Las críticas se dan, mientras el gobierno insiste que las políticas de seguridad están dando resultados porque los homicidios se han reducido a 65  por cada 100 mil habitantes luego de registrarse 90 por cada 100 mil habitantes en años recientes.

Sin embargo el Observatorio de la Violencia de la UNAH, registró hasta el 30 de noviembre pasado 95 masacres y 352 muertes durante 2015.

Origen: En 2016 seguridad y defensa tendrán un presupuesto que ronda los 13,000 millones –

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Can Honduras meet the certification goals of the Alliance for Prosperity?

Tiempo reported today that the newly passed US budget bill includes money for, and suggests the implementation of, a Comision Internacional Contra la Impunidad y la Corupción en Honduras (CICIH), something the indignados have been calling for since they began marching in May of this year.

Tiempo did not get it quite right. The bill does contain authorization of funding for a CICIH, should Honduras implement it, but does not suggest or mandate that Honduras do so nor does it set a cap on support for one, if implemented. It provides that if Honduras or El Salvador establishes an International Commission against corruption and impunity, funds from the Central American Regional Security Initiative (CARSI) can be used to support them if the House Appropriations Committee agrees after consultation.

Which is not to say that the bill has no policy implications for Honduras, and for US relations with it. House Bill 2029, which passed and was signed by President Obama, establishes the appropriations for the State Department, including the authorization language regarding the Alliance for Prosperity in the Northern Triangle of Central America.

In reaction to concerns about continuing migration from these countries, Congress bars the disbursement of 25% of the approved funds to the Northern Triangle countries unless the Secretary of State can certify that these governments are informing their population of the dangers of traveling to the southwestern border of the United States; are combating human trafficking and smuggling; have improved their border security; and are cooperating with the US government and governments in the region to facilitate the return, repatriation, and reintegration of those that do not qualify for refugee status under International law.

A further 50% of the funds for the Alliance are embargoed until and unless the Secretary of Sate can certify that each government meets twelve other criteria. In the case of Honduras, we think the State Department has its work cut out for it.

First the Secretary of State must certify in writing that each government is taking effective steps to
“establish an autonomous public accountability entity to provide oversight of the Plan”. Honduras does not currently have such an entity that we can identify.

Next the Secretary of State must certify that each government is combating corruption “including investigating and prosecuting government officials credibly alleged to be corrupt.”

In Honduras, there are far more identified cases of corruption than the Public Prosecutor’s office has chosen to prosecute, and it has not prosecuted the most flagrant cases involving high status individuals in the National Party (the current ruling party in Honduras).

The Secretary of State is also charged to certify that these governments, including Honduras, has taken steps to “implement reforms, policies, and programs to improve transparency and strengthen public institutions, including increasing the capacity and independence of the judiciary and the Office of the Attorney General”.

Honduras has recently been signatory to an agreement with Transparency International and the Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) to promote and encourage transparency in the Honduran government.

There’s a conflict between what Honduras agreed to do with Transparency International, and what it is doing with the Ley de Secretos Oficiales, which allows the Honduran government to arbitrarily and unilaterally make anything it wants unavailable to the public for up to 25 years, an action taken despite strong opposition from groups like the ASJ and its own government transparency watchdog, the Instituto de Acceso a la Información Publica. In June of 2015 the Instituto de Acceso a la Información Publica issued a resolution ordering the Honduran Congress to reform the law to follow Article 72 of the constitution and other laws related to human rights and other agreements Honduras has entered into regarding transparency. To date, the Honduran Congress has refused to amend the law.

Honduras has taken baby steps towards training the judiciary and the office of the Public Prosecutor to better be able to do their jobs. While there’s been a large financial investment in training, there is little to show for it. The Honduran government has agreed to implement the OAS sponsored MACCIH, but it largely shaped this program into yet another advisory group that will propose changes to the judiciary and Public Prosecutor’s office. The current President and Congress have ignored at least four sets of recommendations for changes to the judiciary since the 2009 coup and we don’t see any reason to expect the outcome this time will be different.

The Secretary must further certify that civil society organizations and local communities are consulted during the design of projects, and participate in the implementation of them. The lack of such consultation has been a constant concern for indigenous and rural communities faced with mining, hydroelectric, and other government approved projects.

Another certification required by the bill is that the Honduran government is taking effective steps to “counter the activities of criminal gangs, drug traffickers, and organized crime.”

Here the government of Honduras has a mixed record.  On the one hand, it has somewhat improved the national homicide rate, bringing it down to about 60 homicides per 100,00 population this year.  It has made numerous arrests of gang members and members of organized crime, but has successfully prosecuted none of them to date.  All high level members of organized crime in Honduras have been extradited to the United States for trial on charges here.  Extortion is rampant, kidnapping for ransom is on the rise, and mass murder, in which four or more people are killed in a single incident, is on the rise. Drug use within Honduras is increasing as well.

Another certification deals with the government taking effective steps to “investigate and prosecute in the civilian justice system members of military and police forces who are credibly alleged to have violated human rights, and ensure that the military and police are cooperating in such cases”.

In theory this is already true under the Ley del Ministerio Publico of 1993.  However, the Public Prosecutor’s office has to choose to prosecute the case, and has a miserable success record in court.

The Secretary of State will have to certify that the Northern Triangle governments are taking effective steps to “cooperate with commissions against impunity, as appropriate, and with regional human rights entities.”  In Guatemala, the Public Prosecutor’s office was slow to accept the help and guidance of its Comisión Internacional Contra la Corrupcion y la Impunidad (CICIG).  Honduras and El Salvador currently don’t have such International commissions. Although there is sentiment in both places to establish them, that sentiment is just not in either current government.

Honduras recently boycotted a series of InterAmerican Human Rights hearings on judicial independence and the corruption of government institutions (see the videos of the hearings from October 22, 2015 on the linked page). Its absence was notable, and noted by the court.  It has, to date, ignored the finding of the InterAmerican Court that Honduras violated due process in dismissing three justices and a magistrate in 2010 for having opposed the 2009 coup.  In October, the court ordered two of the judges and the magistrate reinstated or paid lost wages. The Honduran government has done nothing to date, not even acknowledge the finding.  Ignoring and boycotting are not evidence of cooperation with regional human rights organizations.

The Secretary of State must also certify that the government will “support programs to reduce poverty, create jobs, and promote equitable economic growth in areas contributing to large numbers of migrants.”

The Honduran Congress is barely moving here. Historically National Party governments, like the current one, have increased, rather than decreased poverty in Honduras. This is visible both in the percentage of the population living in poverty, and in the GINI index recorded each year for Honduras. We’ve written about this trend before (here and here).

The Secretary of State will have to certify that the Honduran government is taking effective steps to “create a professional, accountable civilian police force and curtail the role of the military in internal policing”.

One could not certify that for Honduras today.  Not only is there no viable mechanism for removing corrupt, crime-linked police officers (everything done to date has been inconsequential), and no will to do so, but the current government is expressly in favor of militarizing the police and abolishing the civilian police force by progressively defunding it in favor of increased funding to the militarized police force it is building up from scratch.  Honduras is therefore unlikely to take steps under its current government to comply with this condition of funding.

The Secretary of State will have to certify that the government of Honduras is taking effective steps to “protect the rights of political opposition parties, journalists, trade unionists, human rights defenders, and other civil society activists to operate without interference”.

In the Honduras of today, reporters, trade unionists, human rights defenders, and members of the opposition party all regularly receive death threats via text messages.  Many of those threatened either quit, or get killed.  The Honduran police don’t have the staff to pursue something as high tech as tracing a text message source. The Honduran military intelligence group probably could do this, since they effectively have a tap on all Internet and telephone connections in the country, but haven’t done anything about it.  Opposition parties in Congress are shut out of the public debate of bills by the leadership.

The Secretary of State must certify that the governments of these countries, including Honduras, are  taking steps to “increase government revenues, including by implementing tax reforms and strengthening customs agencies”.

Finally, the Secretary must certify the government of Honduras is taking effective steps to “resolve commercial disputes, including the confiscation of real property, between United States entities and such government.”

Given the situation on the ground, it should be difficult for the Secretary of State to certify the Honduras of today is taking effective steps to meet these criteria. Unless it makes changes, Honduras might not have access to the funding it thinks it is going to receive under this program.

Origen: http://hondurasculturepolitics.blogspot.ch/2015/12/can-honduras-meet-certification-goals.html

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Nuevo presupuesto es un robo al pueblo: Nasralla

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Como un robo,  calificó el presidente del Partido Anti Corrupción (PAC), Salvador Nasralla,  el nuevo presupuesto aprobado por los diputados del partido nacional en el Congreso Nacional, en contubernio con los diputados del Partido Liberal.

Reunión entre facilitadores y Salvador Nasralla.

Reunión entre facilitadores y Salvador Nasralla.

“Han incrementado 21 mil millones de lempiras más para tener dinero para manejar su campaña política tal como lo hace ahora que gasta 6 millones de lempiras diarios para reelegirse como presidente”, agregó Nasralla.

El tambien comentarista deportivo,  acusó que,  para que nadie comentara lo del aumento de 21 mil millones de lempiras zamparon la elección de la nueva junta directiva en contubernio con los diputados liberales vendidos e hicieron una elección que correspondía en el mes de enero.

“Creen que uno es “papo”, porque eso fue lo que hicieron, tapar la discusión de los medios de comunicación de los 21 mil millones de lempiras más que nos “clavaron” en el presupuesto y que tendrán que ser pagados por el pueblo y lo ocultaron dándole de comida a la oposición la elección de la nueva junta directiva del poder Legislativo”.

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Si no hay presupuesto electoral no habrá elecciones primarias

TSE manda un mensaje claro y contundente al Congreso Nacional que solo contempla aprobar 90 millones

24.11.2015

Tegucigalpa, Honduras

Las elecciones primarias programadas para el 12 de marzo de 2017 corren peligro de no desarrollarse por falta de presupuesto electoral en vista de que la Secretaría de Finanzas y el Congreso Nacional, pese a las reuniones que han tenido con funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aún no incluyen en el proyecto de presupuesto -de 2016- la partida que se requiere para financiar la consulta cívica.

Si bien es cierto que la consulta cívica se va a realizar en 2017, el organismo rector de elecciones necesita de por lo menos 700 millones como mínimo para hacer compras con anticipación, de lo contrario, el torneo cívico corre riesgo de no llevarse a cabo por la falta de recursos. El TSE pidió al Congreso Nacional 1,100 millones de lempiras para las elecciones primarias, pero parte de ese dinero (un 40 por ciento) forma parte del presupuesto de las elecciones generales porque se realizarán el mismo año, según explicó a EL HERALDO el presidente de la entidad, Saúl Escobar.

En el segundo semestre de 2017, el TSE deberá comprar material electoral, tecnología y contratar algunas empresas proveedoras de servicios a las cuales tendrá que darles un anticipo. Una de esas empresas será la que fabrica las urnas para las maletas electorales, que se tarda unos cuatro meses en entregarlas.

Proceso corre peligro

Fue el magistrado David Matamoros quien lanzó la advertencia: “De no existir fondos, simple y sencillamente no habría elecciones primarias”. Dijo que esta situación ya la conoce la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional a cargo de Francisco Rivera, con quien el pleno de magistrados del TSE se reunió recientemente. Al concluir esa reunión, Rivera dijo: “Es bien difícil para el Estado (financiar las primarias) ya que es un costo grande, pero serán las autoridades (de Finanzas) quienes tomen la decisión”. El otro magistrado del TSE, Erick Rodríguez, declaró: “La democracia tiene su costo”.

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PAC hará incidencia para corregir proyecto de presupuesto de 2016 –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-Los abismales incrementos que contempla el proyecto del Presupuesto para el 2016 para defensa y seguridad, son rechazados por la bancada del Partido Anticorrupción (PAC) que desde ya anuncia una oposición constructiva para que los recursos sean priorizados para las áreas sociales  y no para el proyecto político- militarista del presidente […]

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Preocupa que se incremente presupuesto a Seguridad y Defensa en detrimento de Salud y Educación: Icefi

Jueves, 19 Noviembre 2015

Tegucigalpa -El proyecto de presupuesto de Honduras para 2016, que asciende a nueve mil 139 millones de dólares, está lleno de “opacidad” e incluye más gasto para defensa y seguridad que en años previos, alertó hoy un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

El informe del Icefi, presentado en Tegucigalpa por el economista de la entidad Hugo Noé Pino, destaca que el Gobierno hondureño “ha priorizado el gasto en seguridad y defensa para 2016, gasto que, en conjunto, aumenta tres mil 617 millones de lempiras (162 millones de dólares), equivalente a un incremento porcentual del 39 %”.

Los recursos se destinarán a la creación de nuevas plazas de policías y aumentos salariales en la Secretaría de Defensa, pese “a que no se ha realizado de manera eficiente la depuración institucional de la Policía”, subraya el documento.

Pino abogó por una “mayor transparencia” en la ejecución del presupuesto del país centroamericano.

El director ejecutivo del Icefi, Jonathan Menkos, dijo a Efe que el proyecto de presupuesto “se aleja cada vez más de las posibilidades de convertirse en un instrumento para el desarrollo”, porque “sacrifica” el gasto para programas de educación y salud e infraestructura.

Enfatizó que el proyecto tiene “espacios de opacidad” en cuanto a los recursos que se ejecutan a través de fideicomisos, que representan hasta un 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) para la administración central y “no se encuentran sujetos a los mismos mecanismos de control que el resto del presupuesto”.

El Icefi considera que el proyecto de presupuesto 2016, propuesto en septiembre pasado al Parlamento hondureño, “sigue la ruta de ajuste fiscal tradicional que privilegia las cifras por encima de las personas”, señala el informe.

El proyecto de presupuesto nacional de Honduras para 2016 es de 204 mil millones de lempiras (nueve mil 139 millones de dólares), un 9.9 % más al aprobado el año pasado, cuando fue de 185 mil 482 millones de lempiras (ocho mil 310 millones de dólares), según cifras oficiales.

La principal “limitación” del proyecto de presupuesto “es el enorme peso de la deuda pública”, la cual representa una asignación de 32 mil millones de lempiras (1.4 millones de dólares), añade el documento “Honduras: Una política fiscal que no mejora el presente ni construye el futuro”.

Por ello, el Icefi pide al Gobierno que evite “la contratación de más préstamos externos en condiciones de mercado”, porque el pago al servicio de la deuda pública sigue “restando un espacio fiscal que podría ser destinado a gasto social o inversión”.

El economista del organismo regional afirmó a periodistas que el “enorme peso” de la deuda pública, que acapara el 40 % de los ingresos tributarios del país, “limita” la capacidad del Gobierno de ejecutar programas sociales.

Destacó que el proyecto de presupuesto elaborado por el Gobierno hondureño “no responde a las necesidades ni a las aspiraciones” de la ciudadanía.

El estudio del Icefi, financiado por la Fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung, sugiere al Gobierno hondureño que continúe reforzando la administración tributaria para reducir las exoneraciones y aumentar la capacidad de combatir la evasión fiscal.

Además, propone diseñar e implementar mecanismos para garantizar “la transparencia” en el presupuesto y permitir monitorear “el progreso en la lucha contra la corrupción”.

También sugiere la promoción de un pacto fiscal que aborde de “forma integral” las finanzas públicas a largo plazo.

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Presupuesto de 2016 contempla 32 mil millones de lempiras para pago de deuda pública –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-Una asignación de 32 mil millones de lempiras para el pago del servicio de la deuda pública de Honduras, contempla el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para 2016. La cifra equivale  al 40% de los ingresos tributarios y cerca del 7% del Producto Interno Bruto […]

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Presupuesto 2016 solo se puede financiar con más impuestos y deudas señalan economistas

A mediados del mes de septiembre la Secretaria de Finanzas envío al Congreso Nacional su propuesta de presupuesto correspondiente al año fiscal 2016. Las proyecciones que hace el poder ejecutivo son de un presupuesto de 204 mil millones de lempiras, destinados 121 mil millones para la administración central y 83 mil millones para las oficinas descentralizadas.

Los primeros análisis señalan que se reporta un aumento 11% y 9%, para Salud y Educación y un aumento del 58% para gastos en defensa y seguridad. La partida que más fondos se lleva es la destinada al pago de la deuda que supera los 32 mil millones de lempiras.

“Es importante señalar que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República es un instrumento muy importante porque es donde se determina cómo se asignan los escasos recursos que tiene el país” dijo el economista y ex ministros de finanzas Hugo Noé Pino, actual director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Icefi.

Para el economista Nelson García Lobo, el presupuesto debería ser un instrumento de desarrollo porque es justamente donde se hacen todas las distribuciones de los recursos que pueden ser administrados por el poder Ejecutivo y otras dependencias del Estado. “Sin embargo, las construcciones históricas que se han hecho en el país han sido instrumentos políticos partidarios” aseguró García Lobo.

¿Financiable?

La propuesta de presupuesto para el próximo año establece un incremento total de 5.8%, lo que significa 11,300 millones de lempiras más en comparación al presupuesto vigente de 2015, que es de 192,700 millones.

El economista y subdirector del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras, FOSDEH, Raff Flores, se pregunta de dónde se va a financiar dicho presupuesto ya que las proyecciones tributarias van a la baja.

“La pregunta es de dónde piensan financiar eso, ¿con nuevos endeudamientos?, porque las proyecciones tributarias están con crecimiento de apenas un 6% con respecto a las metas de este año, y no creemos que la economía vaya a tener un crecimiento que permita captar mucho más, más bien la tendencia pudiera ser que no se logre el crecimiento económico este año y tenga repercusiones para el próximo”, dijo Flores.

Por su parte, el empresario hondureño Rafael Medina, destacó la importancia de tener un presupuesto general que priorice la calidad en el gasto. “Que tenga una buena cantidad para infraestructura, que pudiera ser hasta de un 15% del presupuesto del año 2016, a mí y a todo mundo le gustaría que fuera más pero hay realidades que el gobierno debe manejar” dijo Medina.

Partidas priorizadas

El doctor Hugo Noé Pino apunta que la propuesta del presupuesto, está destinada en su mayoría para el pago de la deuda y para fortalecer la presencia de los militares en asuntos de seguridad interna al llevarse buena tajada de presupuesto asignado.

“El pago de la deuda, tanto interna como externa, sigue absorbiendo una enorme cantidad de recursos para el presupuesto, y este año están presupuestados 32 mil millones de lempiras de un total de 80 mil millones que va a recibir en ingresos tributarios” aseguró Pino.

Según el representante del Icefi en Honduras, esta es la cantidad más alta de gasto público, representa casi dos veces y medio el presupuesto de salud y es mucho más alto que el presupuesto de educación que es de 24 mil millones de lempiras. “El resto de recursos no se asigna en función de prioridades de desarrollo del país. Se ha privilegiado, por tercer año consecutivo, el gasto en defensa y seguridad”.

Por su parte Nelson García Lobo está sorprendido por la apuesta en defensa y seguridad. “Incomoda mucho a la mayoría del pueblo hondureño ver el derroche económico que hay alrededor de este tema, más en el marco de lo que es la defensa que propiamente en la seguridad verdadera de los hondureños. Uno se sorprende en el gasto, y estamos dando la apariencia que nos preparamos para una guerra” dijo García Lobo.

El gran mal

Una de las partidas que se lleva gran tajada del presupuesto es la destinada al pago de la deuda que supera los 32 mil millones de lempiras. La deuda interna y externa del país cada vez va más en aumento. Ya suman 80 mil millones de lempiras.

“Hoy podemos decir que cada hondureño, incluido a los niños y niñas que no han nacido, ya viene con una deuda de alrededor de 22 a 23 mil lempiras. Ya nacemos endeudados” dijo Nelson García Lobo.

Según explica Lobo, la deuda representa un gran negocio para los banqueros del país. “El gran negocio lo hace la banca comercial porque son los principales tenedores de los bonos internos. El principal problema que tenemos es la deuda interna que es deuda de muy corto plazo, con intereses entre 14 y 18%. Por eso uno puede ver que la banca comercial no le interesa invertir en aquellos rubros donde pueden elevar un poco el nivel de riesgo, rubros como agricultura”.

Un presupuesto sin futuro

El economista Raff Flores opina que a todas luces el presupuesto del próximo año no se puede financiar. “No es financiable bajo las condiciones actuales, excepto que tenga unos niveles de endeudamiento mucho más alto porque la presión tributaria que existe, el más alto de Centroamérica, está llevando al 17% del Producto Interno Bruto PIB” dijo Flores.

Otro economista, Rodulio Perdomo, va más allá y sitúa su posición en torno al comportamiento que la economía mundial está teniendo. “El ambiente internacional no está favorable al crecimiento económico. En primer lugar, se ha caído la actividad económica internacional. La actividad económica de China, que ha sido el nuevo motor de crecimiento de la economía mundial, se ha venido abajo más los problemas de sequías que tenemos en dos años, no producen crecimiento favorable a la macroeconomía del país”.

García Lobo finalizó diciendo que la “tendencia del uso de los recursos ha sido más a gastar que a invertir en programas y proyectos que puedan generar un verdadero desarrollo al país”.

El Congreso Nacional tiene hasta el 31 de diciembre para aprobar el nuevo presupuesto general de la República.

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2442-presupuesto-2016-solo-se-puede-financiar-con-m%C3%A1s-impuestos-y-deudas-se%C3%B1alan-economistas

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La apuesta del gobierno a la luz del presupuesto en seguridad y justicia – 06 Octubre 2015

Recientemente, el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realizó, a través del abogado Celso Alvarado, un diagnóstico sobre la efectividad de las instituciones del sector justicia y seguridad, es decir, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

En su análisis del presupuesto nacional del año 2013, el diagnóstico revela que cada hondureño y hondureña aportó al Estado con sus impuestos alrededor de 15 mil lempiras, que implica un aumento de más de 5 mil lempiras en relación con el año 2012.

De esos 15 mil lempiras, 1367 se destinaron para seguridad y justicia, que quedan distribuidos de la siguiente manera: 909 lempiras para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, 213 lempiras para el Poder Judicial y 116 lempiras para el Ministerio Público.

En otras palabras, las Secretarías de Defensa y Seguridad reciben el 66% de ese presupuesto mientras que el Poder Judicial y el Ministerio Público apenas reciben el 16 y el 9 por ciento, respectivamente.

Como lo señala el diagnóstico, resulta preocupante la evidente desigualdad en la distribución de este presupuesto, ya que es absorbido en su mayoría por las Secretarías de Defensa y Seguridad, con cuyos recursos podría contratarse un 200% más del personal que actualmente tiene el Poder Judicial y un 600% más de lo que tiene el Ministerio Público.

Este patrón de desigualdad todavía es más profundo en la distribución de los recursos provenientes de la llamada “Tasa de Seguridad”, en donde el 87% va destinado para Defensa y Seguridad, y apenas el 5% para el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Si la falta de una investigación imparcial y efectiva es una de las razones fundamentales que causan altos índices de impunidad en el país, la distribución del presupuesto nos muestra que la prioridad del gobierno no es fortalecer suficientemente las instituciones investigativas del Estado, sino apostar a la represión y al fortalecimiento militar.

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/nuestra-palabra/item/2434-la-apuesta-del-gobierno-a-la-luz-del-presupuesto-en-seguridad-y-justicia-06-octubre-2015

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