Militarización sería fin principal de crisis en seguridad, aseguran analistas

En Honduras, tuvo que filtrarse un informe a la prensa nacional señalando a la Policía Nacional involucrada en crímenes de alto impacto para que se vuelva a hablar de depuración policial, aunque este tema estaba en deuda desde hace muchos años. Ya se aprobó en el Congreso Nacional un decreto de emergencia en materia de seguridad que deja en manos del presidente Juan Orlando Hernández la depuración policial, y él mismo podrá hacer despidos de agentes policiales.

Analistas coinciden en que detrás de la crisis en la policía existe una estrategia para desaparecerla y fortalecer los entes militares y represivos. Una apuesta clara del presidente, incluso desde que era presidente del Congreso Nacional de cara a su proyecto continuista.

Aunque la policía, desde su inicio es conocida como una institución violenta y represiva, y escándalos de corrupción y vinculación con el crimen organizado ya se habían develado desde que la comisionada en condición de retiro María Luisa Borjas era jefa de asuntos internos en el gobierno de Ricardo Maduro, los gobiernos han dado largas a la situación hasta llegar al punto de perder el control sobre esta institución.

En 2011, se destapó de nuevo la podredumbre de la Policía cuando el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Julieta Castellanos y el hijo de Aurora Pineda fueron asesinados por policías en Tegucigalpa que operaban casi como un cartel de sicariato y narcotráfico. Sin embargo, cinco años después la depuración, en ese entonces prometida por el mismo Juan Orlando Hernández como titular del Congreso Nacional, sigue siendo una deuda.

Aldo Oliva, comisionado de policía en condición de retiro, recuerda que en su momento la policía fue investigada pero los secretarios de seguridad hicieron caso omiso, los propios periodistas, empresarios y hasta políticos se opusieron a la verdad que tenían en sus manos cuando estaba María Luisa Borjas a cargo de Asuntos internos.

“La depuración no ha funcionado porque no han querido, tenemos una ley orgánica en estos momentos que va a ser cambiada aduciendo que esta nueva si se va a cumplir ¿Por qué la anterior no? Nunca han querido aplicar la ley orgánica. Lo que va a pasar es que separarán a unos que después van a reintegrar porque no tendrán pruebas suficientes”, expresa este policía quien fue retirado por no pasar las pruebas de confianza en 2014 cuando él mismo denunció a su jefe, el entonces director de la Policía, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla.

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La rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, víctima directa de la Policía corroída por el crimen, asegura que la filtración de información a un medio de comunicación nacional que vincula a la policía con crímenes de alto impacto es señal de que la gente está hastiada y no haya más que hacer para que los temas avancen en Honduras. “Este informe debe ser sustantivo como para generar acciones posteriores. Veamos lo que hizo Alfredo Landaverde, quien al dar declaraciones señalando culpables, prácticamente se inmoló”, dijo.

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Esto pasa mientras la Policía Militar sube su perfil

El abogado penalista Celso Alvarado asegura que en la coyuntura actual, en que la sociedad puede estar tan indignada con la Policía que apoyaría desaparecerla, hay que tomar en cuenta el contexto general.

“Las policías militares creadas por el actual gobierno han tenido participación fuerte en las masacres, ha habido una evidente intención de levantar el perfil a éstas y bajarle el perfil a la Policía Nacional, esto debe servirnos para intuir algo que va más allá planeado por las estructuras del poder del Estado. Ya vemos el ausente proceso de depuración, con ello se presenta que no ha habido ni la más mínima intención de poder depurar el órgano policial que es a lo que se debe apuntar en la coyuntura actual y no fortalecer el militarismo que se ha venido dando desde el golpe de 2009”, Celso plantea que todo esto fue planificado.

Pese a la inversión de 159 millones de lempiras recibidos de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial- DIECP- para el periodo 2013-2015, la depuración ha sido un proceso fallido, así lo reveló un informe de la cooperación internacional. Y la situación se agrava cuando el Ministerio Público revela que de cada 100 casos donde se investiga la actuación de policías, solamente el 4% cuentan con requerimiento fiscal, el 60% se encuentra en etapa de estudio, investigación o cierre, 6% en remisión a otras fiscalías por ser casos civiles.

En una entrevista en marzo de 2015, la analista en temas de seguridad, Leticia Salomón decía que desaparición de la policía estaba calculada. LEA la entrevista

“Somos un pueblo que olvida su pasado muy fácilmente y no aprende las lecciones y seguimos repitiendo y repitiendo los errores como eliminar la Policía Nacional. Lo que necesita el país es una policía democrática, constitucional y de derecho. Ahora tenemos tantos cuerpos policiales y militares pero ni licuados hacen uno solo bueno”, expresa Alvarado.

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“Con el tratado marco de seguridad centroamericana se dijo no a la militarización de las policías, sino civilizar las policías en 1995 allí tenemos un marco para tener una policía nacional de corte diplomático, y eso es justamente lo que el actual presidente quiere tirar al cesto de la basura”, concluyó.

La Policía Militar del Orden Público ha sido una apuesta clara de Juan Orlando Hernández, a pesar que la población ha rechazado que este ente se eleve a rango constitucional. Es por eso que la coyuntura actual podría permitir esta apuesta y hasta que la misma gente la acepte.

A criterio del director del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, esta estrategia le funcionó bien al actual presidente.

“Primero quisieron elevar a rango constitucional la policía militar y en ese sentido no lo pudieron hacer pero vinieron y se metieron al tema de seguridad pública y el gobierno no depuró a la policía, dejó a los miembros vinculados con el crimen todavía allí. Había una estrategia de profundizar la crisis dentro de la Policía, una instancia necesaria en un estado de derecho”, expresó.

El actual gobierno presume de reducir la violencia como en ningún país del mundo se ha podido en tan poco tiempo. Esto, debido a sus políticas de seguridad militaristas.

Ebal Díaz, asesor de gobierno asegura que el gobierno quiere que la Policía Nacional recobre la confianza y que los policías se sientan orgullosos de pertenecer a esta institución prestigiosa.

“No hemos resuelto la inseguridad pero bajar de 86 muertos por cada 100 mil a menos de 60 no lo han hecho en ningún país del mundo. Hasta el presidente de Colombia lo ha reconocido, claro que sigue habiendo el problema y por eso debemos fortalecer las instituciones, la tarea es enorme, en ninguna parte del mundo en 2 años se resuelve un problema como este. Yo aspiro como hondureño que cuando logremos alcanzar estos problemas las portadas de los medios invitarán a la gente a venir a invertir al país”, dijo a Radio Progreso.

Por su parte el exministro de Seguridad, señalado por la comisionada María Luisa Borjas como uno de los que daba órdenes a escuadrones de la muerte, dice que se ha tergiversado lo que el presidente Juan Orlando ha dicho sobre la posibilidad de eliminar la policía.

“Están equivocados quienes piensan que es para militarizar, lo que se busca es potenciar la PN y con una depuración se va a poyar a los policías honestos. El trato a lo que él dijo no fue bueno, él dijo que nos unimos todos para solventar el problema. La idea es fortalecer la institución, sacando los malos policías. La policía militar va a continuar los espacios donde la PN no puede. Con este decreto de emergencia será más eficiente y podríamos tener una PN operativa y con mayor confianza en el menor tiempo posible”, dijo el actual diputado por el departamento de Francisco Morazán.

¿Un decreto de emergencia a beneficio de quién?

Gabriela Núñez, diputada por el partido Liberal e integrante de la comisión de finanzas, dijo que la depuración estaría costando alrededor de 300 millones de lempiras, tomando en cuenta que hay un aproximado de 1500 a 3000 policías que estarían siendo despedidos. Cada policía despedido podría costar entre 150 mil y 200 mil lempiras en promedio.

Lo que no queda claro en la ley es si los policías separados, lo son por cometer actos ilícitos, seguirían gozando de los mismos derechos laborales.

Walter Banegas, diputado del Partido Anticorrupción (PAC) asegura la emergencia en materia de seguridad pública data de hace muchos años pero no ha dado resultado por la incapacidad del presidente, los ministros y los altos mandos porque sería auto incriminarse.

“El problema de este decreto es que se le conceden facultades excesivas al Poder Ejecutivo de despedir sin tomar en consideración garantías constitucionales  como el derecho a la defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia. La ley orgánica de la policía ya contempla las causas de despido de un miembro de la carrera policial pero no se cumple por la incapacidad y la autoincriminación, no aplican los despidos que están implicados en actos criminales”, explicó.

Por su parte el diputado por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Jari Dixon asegura que si con toda la información que emitió El Heraldo sobre asesinatos perpetrados por la Policía, el MP no redacta un requerimiento fiscal y lo presenta en los tribunales para solicitar órdenes de captura, el objetivo no era desenmascarar a estos altos oficiales de la policía sino eliminar la Policía Nacional para sustituirla por la Policía Militar. “Esto es algo absurdo porque la PM no es un ejemplo a seguir. Hay que ver los incontables procesos penales que tienen también en sus filas, asesinatos, violaciones, secuestros, etc”.

Aracely Leiva, diputada del Partido Liberal afirma que crear un instrumento para la depuración de la policía amerita decisiones adecentadas y no unilaterales. Que sea un equipo que le permita a la PN alcanzar la depuración.

“Nosotros hemos acompañado los procesos que han llevado a la legislación con temas de seguridad, pero consideramos que sea dentro de la constitución de la república y por eso hemos hecho observaciones al Ejecutivo para que permita las responsabilidades y roles que tendrán para deducir responsabilidades. Nosotros creemos que debe establecerse en la ley quienes van a integrar la comisión y qué instituciones lo harán. Este es un proceso que no se ha conseguido en seis años y no se debe delegar a una sola persona”, dijo.

Darío Banegas, diputado liberal por su parte resaltó que el decreto de emergencia  permitirá que haya un mecanismo de protección a personas que contribuyan con la depuración policial (incluyendo periodistas, Ong’s, particulares, etc).

La diputada del PAC, Fátima Mena dijo que  “el único mal sabor es la falta de voluntad política de querer transparentar la tasa de seguridad, era pertinente el debate de este tema de tan alto impacto para la sociedad ya que son unos fondos específicamente para seguridad pública. Eso fue lo único que quedó allí incluso se violentó el proceso parlamentario al no aprobarse aunque había mayoría de acuerdo. Sabemos que esto no es una varita mágica y estamos en la discusión para que deje de existir inseguridad no solamente es la policía, hay que también poner los ojos sobre la policía militar, el MP y otros entes”.

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El analista en temas de seguridad, Omar Menjívar quien además fue candidato para dirigir la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial en 2014, dijo a Radio Progreso que nunca se ha hecho algo con la depuración de la policía y que esta policía ya no tiene solución.

“Yo soy un convencido que la actual policía no es posible depurarla, lo que procede es la eliminación de esa policía, crear una nueva que tenga 4 cualidades: altamente profesional, eminentemente civil, respetuosa de los derechos humanos, y fundamentalmente que esté sometida a control ciudadano. Es la única manera que se garantizará el proceso permanente de vigilancia, control, de una nueva policía que es la que debemos crear, no se puede depurar la actual definitivamente”, expresó.

Por su parte el analista político Hermilo Soto afirmó que está comprobado que el gobierno no tiene voluntad política de adecentar la policía y esto lo demuestra el hecho que el gobierno reacciona a ciertas denuncias pero no toma iniciativa propia, no es coherente y no llega a la profundidad de esta situación.

“La ciudadanía está inconforme, indefensa, ya que al más alto nivel de la cúpula policial se está cometiendo crímenes como los mencionados en los medios, eso da una sensación de total indefensión, a nadie pueden convencer que ese informe no se conocía. La apuesta del presidente JOH es la militarización de la sociedad hondureña. En conclusión, la población hondureña no confía en las intenciones del presidente de la república alrededor de este tema, porque si no se actuó en su momento, ahora que se están planteando unas reformas se despiertan sospechas porque está ligado a su proyecto político de 50 años que ya lleva a anunciando”, culminó.

Ante la emergencia en materia de seguridad nos preguntamos ¿será solución a la crisis de una policía corrupta o solo un respiro al actual gobierno en su proyecto militarista?

 DECRETO DE EMERGENCIA

ARTÍCULO 1. Declarar situación de emergencia por razones de seguridad nacional y de interés público la depuración de la Policía Nacional por el término de doce meses.

La relación legal que los miembros de la misma tienen con el Estado, es de confianza, en virtud de que se les otorga en nombre de este el uso de la fuerza para el mantenimiento del orden público y la seguridad de las personas y sus bienes.

La idoneidad, pérdida de confianza y demás términos establecidos en el presente decreto se aplicaran según las definiciones establecidas en la Ley de Superintendencia para la aplicación de pruebas de confianza y su reglamento.

ARTÍCULO 2. Autorizar al Poder Ejecutivo para que, mediante el secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, proceda a cancelar la relación laboral con cualquiera de los miembros de la Policía Nacional en las decisiones adoptadas en el proceso de depuración con la responsabilidad de pagar los derechos que conforme a la legislación nacional corresponda.

Son justas causas de cancelación por despido de cualquiera de los miembros de la Policía Nacional la falta de idoneidad para el ejercicio de su función o la pérdida de confianza.

El Poder Ejecutivo, en el caso de retiro voluntario, procederá al reconocimiento y pago de derechos laborales y prestaciones sociales siempre que el solicitante no sea objeto de investigación formal o tenga denuncia por la supuesta comisión de un delito, para los cuales podrá establecer convenios de pago.

ARTÍCULO 3. El Poder Ejecutivo nombrará una comisión especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, la cual estará integrada por personas de reconocida honorabilidad y trayectoria, y presidida por el secretario de Estado en el Despacho de Seguridad en esta tarea.

El secretario de Estado en el Despacho de Seguridad cancelará el acuerdo de los miembros de la Policía Nacional que no cumplan cualquiera de las condiciones establecidas en el presente decreto, al tenor de lo dispuesto en el artículo cinco (5).

ARTÍCULO 4. La comisión especial en el proceso de depuración tiene las atribuciones siguientes:

Determinar la idoneidad en el servicio, como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial.

Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados.

Remitir al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito.

Rendir informes trimestrales al Congreso Nacional sobre los avances del proceso de depuración.

ARTÍCULO 5. La comisión especial de depuración presidida por el secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, para el cumplimiento de lo establecido en la presente ley, debe conceder a los miembros de la Policía Nacional audiencia de descargo para que hagan, en el marco de la Constitución y los convenios internacionales y leyes especiales, ejercicio del derecho de defensa, previa notificación de los cargos, denuncias o medidas disciplinarias que se le imputen.

Debe establecerse el mecanismo de notificaciones de manera personal, por tabla de avisos o medios electrónicos.

Las acciones de la comisión no acarrearan responsabilidad patrimonial, administrativa y penal en ningún tiempo.

ARTÍCULO 6. Autorizar al Poder Ejecutivo para que, en el cumplimiento del pago de los derechos laborales de los miembros de la Policía Nacional, cuando proceda, pueda suscribir empréstitos, emitir bonos soberanos en el mercado doméstico o internacional, titularizar en condiciones de mercado por medio de la banca estatal o privada, flujos de efectivo propiedad del Estado de Honduras y colocarlos en el mercado por medio de la bolsa de valores o en forma directa, así como contratar el banco o ente estructurador y el banco pagador y en general a suscribir los contratos que sean necesarios para obtener los recursos financieros que se requieran para garantizar dicho pago.

ARTÍCULO 7. Autorizar a la Secretaría de Finanzas crear las partidas presupuestarias correspondientes para el registro del pago de los pasivos laborales que se deriven de la ejecución del presente decreto.

Para el cumplimiento del pago de los derechos laborales, la Secretaría de Finanzas lo cargará al límite de crédito interno autorizado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

ARTICULO 8. Durante la vigencia del presente decreto, se procede a la suspensión de la vigencia de los artículos 114 del capítulo V, contentivo de la “Terminación de la carrera policial”; artículos 127, 128, 129, 130, 131 y 132 del capítulo VI, que contiene “Las medidas disciplinarias y del régimen del despido”, ambos capítulos del título IV de la “Carrera de servicio policial”, contenidos en el decreto legislativo No. 67-2008 y sus reformas, contentivo de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, así como de la Ley del Servicio Civil, contenida en el decreto 126, y todas sus reformas, a fin de permitir de manera expedita realizar la destitución de miembros de la Policía Nacional, sin menoscabo de las garantías constitucionales.

ARTÍCULO 9 (NUEVO). Se establece un mecanismo especial de protección a los ciudadanos, a los familiares de las víctimas directas y los testigos que hayan intervenido en las denuncias que originaron esta emergencia. También a las personas que aporten pruebas a lo propósitos de la depuración que incluye también a los mismos policías.

ARTÍCULO 10 El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

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