“Hasta hoy me doy cuenta que el gasto en compensación social se considera a la vez un gasto de inversión”
Víctor Brodersonhn
La experiencia con la ejecución de políticas de compensación social está ligada a los programas de estabilización y ajuste estructural. La tesis central era y lo sigue siendo en varios países de nuestra américa, incluyendo a Honduras, que existen personas y grupos poblacionales que viven en situación de pobreza e indigencia que necesitan atenciones de alivio a sus carencias materiales mientras la economía retoma el rumbo perdido por la ejecución de políticas populistas.
Estos programas de compensación social se separaron de los clásicos programas de apoyo a los grupos vulnerables (niños, madres solteras, ancianos, grupos étnicos, etc.) ejecutados por el Estado a través de los Ministerio de Línea (salud y educación) e Institutos creados para ello. Decimos separados por cuanto se crearon nuevas instituciones, caso particular de los fondos de inversión social y los programas de asignación familiar.
Uno de los instrumentos para garantizar que los recursos se entreguen a las personas carenciadas, lo es la focalización. Se han ensayado varios métodos y nuevos sistemas de información que permiten conocer la localización exacta de los beneficiarios, el detalle de sus carencias, recursos y la distribución del tiempo de trabajo de todos los miembros.
En Honduras, por ejemplo, se diseñaron varios bonos para atender a los carenciados. El bono salud y nutrición, bono para el adulto mayor, bono escolar, pero que tuvieron poco impacto ya que la mayoría de los programas se politizaron y fueron carcomidos por la corrupción. En vez de diseñar y ejecutar una estrategia más integral y a falta de una evaluación efectiva de dichos programas, se agregaron otros bonos: bono tecnológico, discapacidad, merienda escolar, transporte, bono ENEE, bono juvenil, etc. La justificación de fondo es que las políticas de ajuste económico tuvieron y siguen teniendo un carácter permanente, cuyos resultados no han sido los esperados, no han superado los problemas anteriores, han significado una cuantiosa fuga de recursos financieros y han tenido poco impacto en la reducción de la pobreza e indigencia.
En el gobierno del presidente Zelaya Rosales, en el marco del programa Red Solidaria coordinado por la primera dama de la Nación, Xiomara Castro de Zelaya, se creó el bono solidario que busca compensar la pérdida material de los hogares pobres al poner los hijos e hijas regularmente en las escuelas y asistir a los centros de salud para el control de la alimentación y estado nutricional. La red solidaria incluía atenciones en educación pre básica, reducción de la morbimortalidad materno infantil, prevención del embarazo temprano y de ITS/SIDA en adolescentes, crédito solidario, bono tecnológico productivo, transferencias maternas infantiles, educación y tercera edad, nutrición y alimentación.
En el gobierno de “Pepe” lobo se creó el programa bono Diez Mil como uno de los principales programas del gobierno de la República, a efecto de que los padres y madres en situación de riesgo social puedan garantizar que los hijos e hijas asistan a las escuelas y no se retiren por problemas de falta de ingreso monetario en el hogar. “El programa consiste en el otorgamiento de transferencias monetarias condicionadas (TMC) al cumplimiento de corresponsabilidades, con el propósito de contribuir con la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema y pobreza, a través de la creación de oportunidades, desarrollo de capacidades y competencias en la educación, la salud y nutrición de las familias en los hogares en pobreza extrema y pobreza.”
Este programa recibió de los organismos financieros internacionales cerca de 200 millones de dólares, que según el gobierno beneficiaron a 390,000 familias Sin embargo, la pobreza y pobreza extrema aumentó en el gobierno de “Pepe” Lobo. Ello se explica porque los mecanismos de control de los beneficiarios no fueron los más efectivos, ya que hubo filtración, o sea que personas no pobres recibieron también el bono. El control fue deficiente en el uso de los recursos asignados ya que las mujeres cobraban, pero los hombres disfrutaban mayormente la “plata” y la destinaban a gasto de consumo no básico (ejemplo pagar la letra de un televisor o aumentar la cuota (diezmo) como contribución en la iglesia evangélica. (Suazo, 2013).
Los logros con el Bono “diez mil” han sido destacados, incluso por la banca multilateral que ha apoyado financieramente el programa. A octubre de 2012 el bono según el Banco Mundial había beneficiado a 350,000 hogares con un impacto en 1.75 millones de personas, cerca de 1% del PIB (Banco Mundial.2012). A agosto de 2013 el aporte de los Organismos Financieros Internacionales (OFIs) era de 2,550 millones de lempiras, beneficiando 390 mil 404 hogares en extrema pobreza de las zonas rurales y urbanas, ya que el bono se amplió al sector urbano beneficiando también a militares en retiro y personas de la tercera edad. Al final del gobierno de “Pepe” Lobo se esperaba cubrir un total de 550 familias en situación de pobreza, aunque la meta de inicio era de 600,000 familias. (Suazo 2013), lo cual no se logró.
Esta ampliación del bono a las zonas urbanas donde estaban vigentes los otros bonos, provocó un derrame de recursos ¿léase prestamos? por proliferación de bonos. Los actos de corrupción estuvieron a la orden del día, al grado que se piensa en el bono diez mil como un instrumento de financiamiento de la campaña electoral del partido de gobierno, funcionarios públicos y de control político para atraer votos el día de las elecciones. Igual, para acelerar el endeudamiento de la economía hondureña y corrupción, sin resultados no muy tangibles para la población nacional.
Los OFIs están muy contentos con el bono Diez Mil; sin embargo, el alto nivel de endeudamiento de la economía puede ser una limitante si se considera que el retorno del gasto efectuado con el bono no está garantizado a corto y mediano plazo y hay muchas “fugas” en el sistema. En octubre de 2013, antes de las elecciones generales, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el otorgamiento de un nuevo préstamo de 100 millones de dólares y Banco Mundial 12.4 millones de dólares. (www.sdp.gob.hn). Un estudio reciente del Foro Social Hondureño de la Deuda Externa (FOSDEH) demuestra que la filtración por la entrega del bono alcanzó el 33% de los beneficiarios totales contabilizados (314,000 familias), es decir que 103,000 familias recibieron el bono y son familias no pobres. La entrega de los bonos se politizó, ya que se realizó mayormente antes o después de una elección a cargos de elección popular, por lo que organizaciones de sociedad civil lo consideran un fraude más.
El gobierno actual pretende seguir con la entrega de los bonos y se anuncia desde ya ampliar el número de beneficiarios a 800,000 hogares pobres, reestructurando o cerrando las instituciones públicas de atención universal a la niñez como el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), depurando el registro de beneficiarios, integrando el bono a través de la banca privada y creando un mega bono que integre a todos. Prueba de ello, es que el gobierno de la Republica ejecutó 1,472.4 millones de lempiras de gasto en inversión pública durante el primer trimestre de 2014, de los cuales 658.5 millones (45%) fueron ejecutados por el FHIS y el PRAF, o sea las instituciones de compensación sociales creadas en 1990 con el programa de ajuste estructural de la economía.
Hay que evaluar si este programa de bono diez mil sigue siendo una estrategia válida para enfrentar y reducir la pobreza, desnutrición, deserción escolar y mortalidad materna e infantil en Honduras, más aun si se conocen los problemas enfrentados con su diseño y ejecución. La experiencia de Brasil demuestra que además de la transparencia y despolitización, estos programas de compensación deben ir acompañados de otros programas complementarios como la entrega de alimentos a la población, un programa masivo de alfabetización y el acceso a activos productivos como la tierra, crédito y semillas por la mujer campesina. Caso contrario, el bono diez mil seguirá siendo uno de los mayores fraudes para la economía y sociedad hondureña donde todos somos culpables.
Tegucigalpa, DC, 4 de junio de 2014
Fuente: http://alainet.org/active/74333
Honduprensa 