Entradas etiquetadas como Examen Periódico Universal (EPU)

Estado de Honduras está aplazado después de 15 meses de comprometerse ante el EPU a respetar derechos humanos

En la opinión de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, el Estado de Honduras en vez de garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del Examen Periódico Universal, (EPU),  se ha dedicado a perseguir, amenazar, censurar y violentar  la libertad de expresión en el país, a 15 meses de haber aceptado las recomendaciones del Consejo de los Derechos Humanos, en Ginebra.

El 08 de mayo del 2015 el Estado hondureño acudió al EPU, 152 recomendaciones, 23 más que en el 2010 de su primer EPU, fueron hechas por diferentes países que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU,  en las diferentes áreas de derechos humanos, de las cuales alrededor de  19 están directamente ligadas al respeto de la libertad de expresión, libertad de prensa y la protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Incapacidad para cumplir

guillermo lopez epu

Guillermo López Lone, ADJ.

El Estado no tiene una política de monitoreo y verificación  para cumplir con las recomendaciones que desde el Consejo de Derechos Humanos le ha hecho desde el año 2010, solamente son una  formalidad para dar la  apariencia de desempeño, no ha creado una política eficaz para proteger a los periodistas y reducir el riesgo que corren por ejercer su función en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión, a criterio de Guillermo López Lone,  miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia, (AJD).

En la observancia de los grupos indígenas que son de los más vulnerados, el Estado no es capaz de salvaguardar sus vidas, ha aumentado el número de asesinados y otros con medidas cautelares como los del Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPAH) y de la Tribu Tolupán, así como el asesinato de Berta Cáceres, una de las más emblemáticas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas.

El profesional del derecho cuestiona si realmente al Estado le interesa la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, o si se diluye en decisiones administrativas con las que logra satisfacer las presiones nacionales y las exigencias de los organismos internacionales.

La situación de Honduras en cuanto a las violaciones de los derechos fundamentales es de las más preocupantes del continente, no solo se ve a nivel interno sino que fuera de las fronteras  Honduras es vista como el país con más incidencia en violaciones de los derechos de la población.

López aseguró que el presupuesto que le han asignado al mecanismo de protección para periodistas, comunicadores sociales, defensoras y defensoras de derechos humanos y operadores de justicia, instancia contemplada en la Ley aprobada por el Congreso Nacional y puesta en vigencia desde mayo de 2015, no es tanto pero que bien administrado puede dar resultados siempre y cuando haya voluntad política, “es de estar cuidando que la burocracia no se lo coma y que esté destinado para ejecutar medidas efectivas para proteger a defensores y defensoras en situación de riesgo de perder la vida o sufrir atentados”.

Lone tiene sus reservas si el Estado podrá tener la habilidad de administrar los recursos económicos y humanos para cumplir con la tarea, en lo personal el integrante de AJD tiene sus reservas sobre ese extremo.

Señaló a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, al Comisionado Nacional de Derechos Humanos  y otros entes de justicia,  que no muestran voluntad política, para proteger a los defensores y periodistas.

Sin embargo los periodistas que ejercen su función de manera crítica a los que denominan de la oposición, estos deben sortear  mayores dificultades y señalamientos por parte del gobierno, además de la discriminación en el ejercicio de su labor o de los medios de comunicación en donde trabajan.

Control de las comunitarias

Miriam Miranda n

Mirian Miranda, OFRANEH

En la regulación del sector de las telecomunicaciones y la asistencia a los pueblos indígenas y afro hondureños, la lideresa Mirian Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, (OFRANEH), denunció que más que ayudarlos el mismo Estado les ha provocado más problemas.

Recordó que algunas personas de los pueblos indígenas se reunieron con Porfirio Lobo, presidente de Honduras entre 2010 y 2013,  a raíz del anuncio de que democratizarían el espectro radioeléctrico con la aprobación de una nueva ley de telecomunicaciones que les permitiría poseer una frecuencia, pero según Miranda esto hizo que hubiera un avance para privatizar más las comunicaciones.

Si bien es cierto en ese periodo se dieron varias licencias a costa de la gran persecución de la que son objeto las radios comunitarias en los últimos años, los funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, (CONATEL), visitaron las radios comunitarias de OFRANEH Faluma , de Trujillo y Sugua,  de Sambo Creek y les pedirron permisos de operación,  irrespetando el Convenio 169 que establece que los pueblos indígenas y negros tienen todo el derecho de establecer sus propios sistemas de comunicación y que no deben estar regulados por el Estado.

Alegó la lideresa que quieren colocar a las comunitarias al mismo nivel de las comerciales, sin tomar en cuenta que el funcionamiento y los fines son diferenciados, apelando a la democratización de la comunicación.

Miranda reiteró que realizaron denuncias por la persecución de la que son víctimas, pero que el gobierno no garantiza el respeto a sus comunicaciones y que el hecho de elaborar una ley para regularlas es interpretado por sus pueblos como un mecanismo de control.

Ese contexto es reiterativo y ejemplificó el caso de  las y los locutores que sufren persecución si tocan temas que se refieren a la defensa de los derechos territoriales,  como es el caso de la comunitaria Coco Dulce (Faluma Bimetu), ubicada en Triunfo de la Cruz, que fue quemada después del golpe.

Afirmó que no existe ninguna protección por parte del Estado desde el momento que quieren regularla, lo que es de conocimiento internacional por los reportes que OFRANEH que ha entregado a la Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas.

En los últimos años la problemática en las comunidades garífunas en el tema del territorio y los bienes comunes se agudizó gravemente, ha habido una persecución oficializada, por ejemplo, el caso de Barra Vieja en donde fueron judicializadas 69 personas a petición de la Empresa Nacional Portuaria y el Instituto de Turismo por parte del mismo Estado a través del Ministerio Público, (MP).

Por ejemplo en la comunidad garífuna de Nueva Armenia,  una Garífuna de nombre Carolina Castillo tiene 10  requerimientos fiscales, está acusada por el MP de invasora pero  ella está defendiendo las tierras de su comunidad.

En Trujillo un terrateniente que pone resistencia para presentarse a los tribunales de la zona porque ha sido requerido por las autoridades “y a él nadie lo persigue porque es un inversionista canadiense, anda por toda la bahía, no le libran orden de captura, ni lo detienen, pero si fuera un garífuna o campesino inmediatamente estaría preso”, argumentó Miranda.

Lo anterior a ella lo que la hace concluir es que las recomendaciones que le dieron al Estado que involucran a los pueblos indígenas y afro hondureños en el EPU 2010 y 2015, son ignoradas.

Mecanismo regulador

sue helen epu

Sue Helen Ocampo, Colectivo Josefa Lastiri

Por su parte la periodista Sue Helen Ocampo, del Colectivo Josefa Lastiri,  reseñó que en las recomendaciones del EPU se habla de un mecanismo de protección del que hasta la fecha no se ha visto ningún avance, ya que se requiere la reforma de la Ley aprobada en 1997 para que sean reconocidas las radios comunitarias a nivel constitucional y así les garanticen las condiciones accesibles al espectro que reflejen la realidad de las comunidades.

Destacó que cuando el ex presidente Lobo Sosa ejerció el cargo en la continuación del golpe de Estado,  hizo un llamado a los diferentes ministerios y movimientos sociales para plantearles una reforma a la Ley de telecomunicaciones, después se dieron varias propuestas.  una presentada por el Comité para la Libre Expresión, (C-libre), otra por ejecutivos y organizaciones,  pero al final la Ley pasó intacta como estaba desde 1997, con la única diferencia que se elaboró un reglamento donde aparece la figura de las radios comunitarias por primera vez, antes de eso solo se conocían medios públicos y comerciales.

En cierta forma fue un avance en la reglamentación, tendió a ser un protocolo para poder acceder a licencias, pero en la realidad fue un obstáculo para que las comunitarias ejercieran el derecho a la libertad de expresión.

También generó una persecución hacia algunas radios como es el caso de OFRANEH, que después de aprobada la ordenanza recibieron tres llamados por parte de CONATEL, supuestamente por incurrir en delitos establecidos en la reglamentación, lo que hace pensar que al final la intención del Estado era regular y sancionar a las comunitarias, aseguró la comunicadora.

Consideró al nuevo estatuto como un retroceso político porque no responde a las condiciones de las radios regionales, aún las que obtuvieron las licencias han sido llamadas o canceladas por el ente regulador,  por ejemplo “La Voz de Puca”,  en el departamento de Lempira  y la “Voz de Zacate Grande”, en  el Sur del país.

Lo que las comunidades demandan es una reforma a esa Ley de Telecomunicaciones que se apegue al contexto de los pueblos o una legislación específicamente para las radios comunitarias como existe en otros países, no solo para el reconocimiento de las mismas, sino que establezcan los instrumentos para ellas, indicó Ocampo.

No garantizadas la expresión y la vida

leo valladares epu

Leo Valladares, ACI-Participa

En relación a la libertad de expresión en el EPU concerniente a las reformas de la Ley de Telecomunicación no se ha avanzado, sobre todo en el 2015,  año que tuvo lugar un gran esfuerzo para lograr el reconocimiento a las comunitarias que juegan un papel importante en la vida nacional, porque ellas tratan asuntos propios de los pueblos, opinó Leo Valladares, Director Ejecutivo de la Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI-PARTICIPA.

Para él la libertad de expresión sufre limitaciones, como ejemplo señaló  la suspensión de GloboTV porque no pagó ciertas cuotas, pero si se ve desde el punto de vista de la libre emisión del pensamiento, el gobierno pudo resolverlo de otra manera. En estos casos ceden a los intereses mercantiles antes que a los sociales del derecho a la información.

Existen muchas amenazas a defensores y defensoras de derechos humanos, solamente que en ocasiones son generalizadas en el marco de la criminalización de la protesta social, lo que tiene una estrecha relación a la protección hacia los periodistas, como las muertes de éstos  que están sin esclarecimiento por parte de los entes de investigación.

Con todo, la nueva Ley de “Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”,  Valladares manifestó que “en la práctica no se ve que haya tenido ningún efecto”.

Añadió que más que leyes se necesitan acciones concretas de las autoridades no solo para defenderlos a ellos sino a la población en general.

Hasta la fecha no ha habido una investigación exhaustiva para determinar los últimos casos de muertes de los 65 periodistas y comunicadores sociales, no hay datos que se hayan enjuiciado a los responsables de los crímenes.

Existe una continuación de la intimidación para las y los periodistas con el elemento que el Estado no ha podido garantizar la integridad física de ellos, finalizó el defensor.

Protección a mujeres

neesa cdm epu

Neesa Medina, CDM

Los Movimientos Feministas acusaron que el Estado sigue limitando la protección de los derechos humanos de las mujeres como son la salud y los derechos reproductivos, al prohibir que se hable públicamente de la utilización de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia más conocida como “PAE”,  pronunció Neesa Medina,  del Centro de Derechos de la Mujer. (CDM).

Al reconocer que existen métodos para prevenir los casos, por ejemplo de malformaciones genéticas, y Honduras sigue negando a través de un acuerdo ministerial la protección de los derechos de todas, alegó la feminista.

Intrínsecamente con la prohibición del consumo de las PAE se restringe su promoción, lo que es evidente que hay una clara violación a la libre emisión del pensamiento.

Una de las recomendaciones del EPU habla de la protección de las mujeres, pero al negarles la información acerca de algunos métodos de anticoncepción que debería ser de conocimiento público, no la están cumpliendo, develó Medina.

Autocensura por querellas

El Estado no está cumpliendo con tomar las medidas necesarias para proteger la libertad de expresión debido a la gran inseguridad en que vive la población en general, especialmente la gente que trabaja en los medios de comunicación, afirmó el periodista José Adán Castelar.

Castelar dijo que todavía sigue en la impunidad la gran mayoría de los crímenes cometidos contra los profesionales de la comunicación, ocurridos en los últimos años.

Castelar epu

Periodista José Adán Castelar, Prograna de TV Plan C

En cuanto a la libertad de expresión de los periodistas llamados de la oposición por sus planteamientos no gobiernistas, Castelar opinó que en cierta medida se está cumpliendo debido a la presión popular que ha definido dicha independencia hasta ciertos niveles.

Recordó que existen formas jurídicas que el Estado tiene para atentar contra la autonomía comunicativa, por ejemplo, el cierre de GloboTV como un mecanismo de establecer ciertos tipos de censura.

Castelar trajo a colación que en el país aún está penalizada la calumnia y la difamación, esto ya es un disuasivo para que cualquiera pueda verter opiniones libres, además que un proceso iniciado contra periodistas de alguna manera ejerce presión sobre el resto de comunicadores que viven en constante temor de emitir opiniones por el hecho que la justicia ha sido muy severa con los que ha logrado condenar.

Esas penalizaciones no son para proteger las libertades de expresión ni de prensa, es más un disuasivo para que la prensa de oposición o independiente se limite o sea más cuidadosa al decir algo, es un castigo para las y los periodistas y que los demás practiquen ciertos niveles de autocensura al momento de difundir sentires contra el gobierno.

Sin cumplimiento

El Estado no ha cumplido casi ninguna recomendación que le dio el EPU, porque es el autor principal de las violaciones, por ende, para ellos no es conveniente adoptar una postura a favor de la libertad de expresión, indicó Emy Padilla directora del periódico digital criterio.hn

De la misma manera en el tema de libertad de expresión.  Honduras no ha garantizado este derecho, específicamente a los periodistas “disidentes del sistema”, son estigmatizados, criminalizados y víctimas de campañas desde lo estatal, para crear falsos positivos o imágenes negativas contra este sector.

emy padilla epu

Periodista Emy Padilla, periódico digital Criterio.hn

Padilla explicó que no debería existir un mecanismo de protección identificado con un grupo en particular porque considera que dentro de una sociedad todas y todos son iguales y  sujetos de resguardo por el Estado ya que al aceptar que hay debilidad,  es admitir que existen políticas erróneas de seguridad por parte del gobierno.

Identificó la existencia de la Ley de Protección  antes dicha como un componente de aprovechamiento del Estado, no cumple como dice la recomendación a totalidad porque es inexistente el acompañamiento, no hay recursos suficientes para que existan  resultados positivos, concluyó la comunicadora.

Plataforma EPU

Ante la falta de credibilidad de los informes que el Estado ha estado presentando en  el EPU y que no reflejan la verdadera situación de derechos humanos, especialmente después del golpe del 2009, muchas organizaciones de la Sociedad Civil decidieron integrar la Plataforma EPU Honduras para presentar un informe sombra en donde recogen información de la situación de todos los derechos  fundamentales en el país.

La plataforma EPU está conformada por más de 50 organizaciones que trabajan temas de defensa y protección de derechos humanos.

Como puede deducirse de las opiniones de los y las entrevistadas Honduras está moroso con el cumplimiento de los compromisos internacionales, entre ellos los asumidos en los dos EPU, del 2010 y 2015.

Protesta social también la más atacada 

 SIGUE LUCHA UNAH

La protesta pacífica en la UNAH ha sido fuertemente atacada. Foto latrinuna.hn

Aunque el Estado hondureño se comprometió ante el EPU a respetar la libre expresión, la protesta pacífia ha sido una de las más atacadas en esto 15 meses después del EPU. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fueron criminalizados por hacer uso de este derecho. En julio de 2016 unos 26 estudiantes a niviel nacional tuvieron que enfrentar requerimientos fiscales, 22 de ellos tuvieron sobreseimiento definitivo pero cuatro de ellos, en Tegucigalpa, continúan en el proceso penal encaminado a juicio oral y público, se trata de los estudiantes Moisé Cáceres, Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Armando Velásquez.

En junio de 2016 los estudiantes perdieron el miedo a la judicialización de que fueron víctimas y un gigantesco movimiento estudiantil  trastocó los cimientos del autoritarismo, las protestas fueron sistemáticas con tomas de edificios y manifestaciones multitudinarias, así fue también la respuesta de las autoridades universitarias que se valieron de su guardia privada, del Ministerio Público y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal para vigilar estudiantes, armar espedientes falsos para levantar unos 75 procesos judiciales, los cuales dieron marcha atrás después de la presión estudiantil que obligaron a las autoridades a la firma de un acuerdo para que desautorizara al ente acusador a continuar con la acción Penal.

La libre locomoción y el peaje

La lucha contra el peaje ha sido otro de los temas fuertes y por ende la ciudadanía que lo ha impulsado tuvo que enfrentar la represión de la policía y el ejército en el Norte y el Atlántico del país.

protesta el progreso

A pesar de las gaseadas y otros tratos crueles, las comunidades siguen en su

lucha contra los peajes en Honduras porque limita su libertad de locomoción.

Miles de manifestantes se lanzaron a las calles para protestar por su derecho a la libre locomoción cercenado por el establecimiento de casestas de peaje  a través de la Concesionaria Vial Honduras, S.A de C.V, COVI, empresa  de ese rubro, que es respaldada por el gobierno de Juan Orlando Hernández. Desalojos violent0os, torturas, gaseadas, vigilancia y persecusión de decenas de personas, es la estrategia para sembrar el miedo y que desistan de las manifestaciones. Pero la población de la zona de Cortés ya logró que se quitaran algunas casetas. Otras comunidades tienen el mismo objetivo.

Lo a nterio denota que el irrespeto a derechos fundamentales es una de las principales acciones del Estado de Hon duras a través de sus distintas instituciones, lo que deja en puro papel mojado los compromisos adquiridos.

Si se revisan otros foros internacionales de protección a los derechos humanos en donde el país debe acudir a presentar sus informes o a responder ante denuncias o demandas, como al Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, el incumplimiento profundiza la impunidad y pone en precario el disfrute de los elementales derechos con los que debe contar una democracia.

Origen: Estado de Honduras está aplazado después de 15 meses de comprometerse ante el EPU a respetar derechos humanos

, , ,

Deja un comentario

En Honduras, la homofobia paga multa, pero algunos medios la promueven

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Al menos cuatro medios de comunicación han sido señalados por la organizaciones defensoras de la diversidad sexual por sus  expresiones brutales generalmente son reproducidas en los medios de comunicación que cubren deportes y suelen hacerse eco de campañas contra la discriminación.
De acuerdo con Indira Mendoza de la Red Lésbica Cattrachas, ante la imposibilidad de sancionar en Honduras a los medios de comunicación que discriminan, muchas veces hay que considerar que no se avanza lo suficiente en la defensa de los derechos humanos.
Mendoza señaló que medios de comunicación como La Tribuna, El Heraldo, Hable como Habla y Abriendo Brecha las prácticas suelen verse con mayor intensidad.
Cattrachas ha desarrollado el monitoreo de medios de comunicación escritos y audio-visuales como una herramienta para defender los derechos humanos y promover la participación ciudadana de las personas sexo género diversas.
El más reciente informe de la organización “Lenguaje no protegido por la libertad de expresión en Honduras” revela que el más reciente Examen Periódico Universal (EPU) se obtuvieron tres recomendaciones orientadas a la promoción de la tolerancia y la no discriminación de defensores de derechos humanos y de minorías, en especial LGTBI, así como el castigo de la violencia contra la población LGTBI por razones de prejuicios.
El estudio “generación del clima de odio hacia la población LGTBI por los medios de comunicación social” – expone: “contexto de hostilidad generada hacia la comunidad LGTBI, en razón de fundamentalismos religiosos, prejuicios y criminalización de la lucha social y política emprendida por sus líderes y lideresas en pro del reconocimiento de sus derechos civiles y políticos, en el periodo 12 de junio a 3 de agosto del 2013, los diarios digitales elheraldo.hn y latribuna.hn se constituyeron transmisores de grotescos mensajes de odio (…) cuya masiva difusión abonara un clima de hostilidad hacia esta minoría poblacional”.
El documento señala que, durante ese período,144 mensajes hostiles fueron expresados en comentarios sin restricción alguna instando a su exclusión social política y más grave aún, al rechazo social hacia las personas LGTBI.
Indira Mendoza, coordinadora de Cattrachas.
Sanciones en Honduras
De acuerdo con la cadena de noticias CNN, la FIFA anunció a finales de mayo que sancionó a las federaciones de fútbol de Chile, Paraguay, Perú, México, El Salvador, Honduras y Croatia por conducta antideportiva de los hinchas que entonaron cánticos insultantes y discriminatorios durante los partidos de clasificación al Mundial que se jugará en Rusia en 2018.
La FIFA sancionó a otras Federaciones de fútbol Latinoamericanas por “casos individuales relacionados con incidentes que implican conductas discriminatorias y antideportivas por parte de los fanáticos, incluyendo cánticos homofóbicos”.
Así, las federaciones de fútbol de México y El Salvador tendrán que pagar multas de 35.000 francos suizos cada una (unos 35.200 dólares); Honduras, 40.0000 francos suizos (40.313 dólares); Paraguay fue multado con 20.000 francos suizos (20.156 dólares) y Perú, 15.000 francos suizos, unos 15.117 dólares.
La FIFA no dijo inmediatamente a qué partidos se refiere para imponer estas sanciones, pero añadió en su comunicado que el comité tiene “absoluta discreción sobre la evaluación de las pruebas”.
“La Comisión Disciplinaria de la FIFA emitió las decisiones tras analizar las circunstancias específicas de cada caso, en particular, la postura de la federación (si procedía) así como el informe del observador antidiscriminación del partido y las pruebas pertinentes de las que se disponía”, afirma en su página web.
La FIFA sancionó también en enero de 2016 a las federaciones de fútbol de Argentina, Chile, Honduras, Perú y Uruguay “por incidentes de conducta antideportiva perpetrados por hinchas”
“En todos los casos se trata de cánticos homófobos que entonaron los seguidores de las respectivas selecciones, que según la Comisión Disciplinaria de la FIFA constituyen una violación del art. 67 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF) por parte de las federaciones”, dice la FIFA con respecto a estos actos.
Para estas organizaciones, los gays, lesbianas, transexuales, transgénero son azotados
por la intolerancia a sus preferencias sexuales y se les violentan sus derechos humanos. 
Homofobia que no se ve ni se escucha
Organizaciones defensoras de la diversidad también han señalado que es importante decir que “muchas veces en los medios no necesariamente hay palabras abiertamente homofóbicas, sino que existe otro tipo de información, que no se ve o escucha textualmente, es decir, esa homofobia que está presente en el diario acontecer de programas radiales, televisivos y en prensa escrita, que se esconde detrás de líneas, en el lenguaje y las acciones, donde afloran las actitudes y conceptos que no tienen la intención de ser ofensivos o denigrantes, pero que, por ignorancia o falta de información de quienes están frente a la cámara, el micrófono o el teclado, resultan ofensivos o distorsionadores de la condición homosexual”.
La “pena de muerte” para “Ángel” fue vestirse de “reina” al cambiar los zapatos “burritos” por unos de tacón y los pantalones “jean” por un vestido ajustado al cuerpo. Eso causó repudio entre sujetos desconocidos por las autoridades policiales, quienes lo ejecutaron en un sector de Comayagüela.
El 3 de junio recién pasado, el dirigente de la comunidad gay de San Pedro Sula (Cortés), René Martínez, apareció muerto en la colonia Suyapa, sector de Chamelecón, después de ser raptado por desconocidos.
La semana anterior, elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), del Ministerio Público (MP), y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), capturaron a cuatros sospechosos, dos hombres y dos mujeres, quienes se supone torturaron y ejecutaron a Martínez.
Clima de odio y terror
Dentro de los grupos de la diversidad sexual el clima es de terror, al punto que han quitado insignias o banderas en la fachada de sus organizaciones y caminan a la defensiva por las calles, debido a que no saben de dónde puede surgir una agresión.
Los organismos internacionales han manifestado su preocupación. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Honduras, señaló mediante un comunicado su “profunda consternación y preocupación por lamentables hechos de violencia y asesinatos contra personas de la comunidad LGBTI ocurridos recientemente en ese país (Honduras)”.
Señalaron los casos de Pamela Martínez, voluntaria del Colectivo Unidad Color Rosa, y René Martínez, presidente de la Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral, quienes fueron asesinados el 2 y 3 de junio, respectivamente, en San Pedro Sula.
Del mismo modo, la Unión Europea (UE), en Honduras, lamentó el acto violento, ya que coincidió con la visita de su representante especial de Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis, quien demandó luchar contra la impunidad.
“Nos da miedo dar entrevistas y exponernos, porque nos están atacando, hay gente que nos odia solo por nuestra condición sexual”, consideró un integrante de un grupo transexual, que prefirió no ser identificado.
El “diagnóstico de situación de las violaciones a derechos humanos y los crímenes de odio en contra de la población LGTBI en Honduras”, del 2014 , revela que en una encuesta realizada a miembros de su organización, el 71 por ciento aseguró ser víctima de violencia por su identidad sexual y el restante 29 por ciento dijo que no.
 Esdra Sosa, coordinadora del Grupos Lésbico Bisexual (Litos).
El motivo de la violencia
El mismo documento resultante del proyecto “Promoción de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos de la Población LGTBI en Honduras”, detalla que el principal motivo de violencia es la homofobia en un 52 por ciento, es decir que existen personas que odian a quienes no aceptan su sexualidad natural.
Le siguen la falta de educación en un 20 por ciento, la discriminación (16 por ciento) y el fundamentalismo religioso (12 por ciento), ya que aseguran un alto grado de rechazo por las Iglesia Católica y Evangélica.
Una de las preocupaciones es que los principales agresores son miembros de la Policía Preventiva (38 por ciento), seguido de la población civil (34%), la Policía Municipal (21%) y las pandillas (siete por ciento), pero ahora en los últimos meses elementos de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) también han cometido abusos en contra de la comunidad “gay”, denunciaron.
Cuando un hombre ve cruzar a un “gay”, chica transexual o travesti generalmente profiere palabras de discriminación, burlándose y diciéndoles con señalamientos: “Maricones, puñales, culeros o machorras”.
La coordinadora del Grupos Lésbico Bisexual (Litos), Esdra Sosa, de la Asociación Arcoíris, indicó que en las investigaciones realizadas han identificado cuatro patrones de violencia: Uno proviene de los policías, otro por clientes falsos de las cuales son víctimas, generalmente las transexuales que ejercen el comercio sexual y a quienes secuestran, violan, torturan y les dan muerte.
Asimismo, la familia, porque cuando se dan cuenta que su hijo es homosexual o la hija lesbiana les tiran a la calle y no les queda más que vivir del comercio sexual y lo otro es el barrido social, es decir que la población los ve como anormales o extraterrestres.
Cuantificó que desde el 2011 hasta la fecha se han registrado 227 crímenes de odio, altamente sangrientos. “Para nosotros son muchas muertes, pero para los operadores de justicia son pocas”, contrastó.

Para estas organizaciones, los gays, lesbianas, transexuales, transgénero son azotados por la intolerancia a sus preferencias sexuales y se les violentan sus derechos humanos.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/lgtbi/en-honduras-la-homofobia-paga-multa-pero-algunos-medios-la-promueven

,

Deja un comentario

EL EPU desnudó el endeble sistema judicial de Honduras

Tegucigalpa. Las recomendaciones planteadas al gobierno de Honduras en el Examen Periódico Universal (EPU) de este año, reflejan que el sistema judicial hondureño es endeble y proclive a violar derechos humanos de los operadores de justicia.

El ex juez Guillermo López Lone dijo a http://www.defensoresenlinea.com que el Examen Periódico Universal (EPU) ha hecho recomendaciones muy importantes respecto a la independencia judicial y respecto a la elección de los altos cargos dentro del sistema de justicia.

“Son recomendaciones que el estado está en la obligación de cumplirlas pero, lo que vemos es una voluntad bastante débil de parte de las autoridades hondureñas  y habrá que instar mecanismos de seguimiento para el cumplimiento de las mismas”, expresó López Lone.

Consultado si estas recomendaciones reflejan que Honduras es un estado endeble en materia de justicia,  López Lone señaló que esa es la percepción, que el poder judicial no funciona correctamente y que los déficits de independencia judicial son bastante altos, que hay muy poca preocupación por la seguridad de aquellos juzgadores y juzgadoras que se encuentran en situación de riesgo; hay recomendaciones en ese sentido.

“Hay mucha preocupación de parte de los estados en cuanto a los mecanismos de carácter disciplinario y ante los cuales se les están imponiendo sanciones a los jueces, en fin, yo lo que diría es que Naciones Unidas a través del EPU está atacando los temas centrales que afectan la independencia de los juzgadores.

Una delegación  integrada por organizaciones defensoras de derechos humanos estuvo el 19 de septiembre de este año junto a representantes  del gobierno de Honduras, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la fase de aceptación de las 182 recomendaciones planteadas por el organismos mundial al estado hondureño, en el marco del Exámen Periódico Universal (EPU).

La mayor parte de las recomendaciones están referidas al sistema de justicia y a grupos vulnerables y susceptibles de violaciones a derechos humanos como mujeres, defensores y defensoras de derechos humanos, indígenas, periodistas, operadores de justicia y miembros de la comunidad de la diversidad sexual, entre otros.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el marco del EPU recomendó al gobierno de Honduras, realizar un examen exhaustivo y una reforma estructural de la administración de justicia para asegurar la independencia judicial y reducir el número, cada vez mayor, de casos de impunidad.

Por otra parte recomendó  reforzar el poder judicial y garantizar su autonomía, independencia e imparcialidad, entre otras cosas, adoptando medidas de salvaguardia para impedir ls destituciones y los nombramientos irregulares de jueces.

Asimismo adoptar medidas para reforzar y garantizar la autonomía, independencia e imparcialidad del poder judicial, entre otras cosas, procedimientos transparentes e imparciales para el nombramiento y la destitución de los funcionarios judiciales.

El abogado Guillermo López Lone fue uno de los jueces que junto a Ramón Barrios y Luis Chévez, así como la magistrada Tirza Flores fueron destituidos en 2009, por manifestar su oposición al golpe de estado.

En noviembre pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al estado de Honduras por la destitución de los jueces y magistrada y ordenó la restitución en sus cargos de 3 de los 4 separados del sistema judicial y la correspondiente indemnización económica por los perjuicios causados.

Origen: EL EPU desnudó el endeble sistema judicial de Honduras

,

Deja un comentario

Honduras: Religión y decisiones estatales sobre los derechos de las mujeres

Tuesday, 10 November 2015 02:16 Written by 

Lea la carta que la Confraternidad Evangélica de Honduras, CEH,  envió al gobierno de la República a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Justicia, el 04 de mayo de 2015, para que no se ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW.

Las “recomendaciones” de la CEH  fueron la roca en el camino del Examen Periódico Universal, EPU, realizado a Honduras, el pasado 08 de mayo de este año. Mientras eso sucede a espaldas de las mujeres, la violencia contra ellas coloca a Honduras como uno de los países donde la vida de las mujeres no vale nada.

Origen: Pasos de Animal Grande – Honduras: Religión y decisiones estatales sobre los derechos de las mujeres

, ,

Deja un comentario

Recomendaciones del EPU, reflejan que Honduras presenta una falta de independencia judicial y altos niveles de impunidad

Las recomendaciones hechas al estado de Honduras en mayo de 2015, que en total fueron 152, dedican una porción de las mismas al tema de la administración de justicia, ya que el país refleja un alto nivel de impunidad y falta de independencia judicial.

En ese sentido defensoresenlínea.com, dialogó con la ex magistrada Tirza Flores quien junto a los jueces Guillermo López Lone, Ramón Barrios y Luis Chévez fueron destituidos por dar a conocer sus opiniones en contra del golpe de estado ocurrido en junio de 2009.

La destitución emitida por la Corte Suprema de Justicia se produjo en mayo de 2010, resolución que violó preceptos constitucionales como la libertad de expresión y la libertad de asociación, entre otros derechos constitucionales.

A continuación la entrevista con la ex magistrada Tirza Flores:

Defensoresenlínea: ¿Cómo debe entenderse que el estado de Honduras adopte en su legislación el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y cuáles son las implicaciones para el país?

Abogada Tirza Flores:
Esto significaría que deben incorporarse como figuras penales en nuestra legislación interna, los delitos contenidos en el Estatuto de Roma que son: a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; d) El crimen de agresión.

Con lo cual estos delitos podrían ser juzgados por los tribunales nacionales sin   tener que esperar la intervención de la Corte Penal Internacional, lo cual sería muy importante en el avance de la lucha contra la impunidad

Defensoresenlía:  El EPU demanda una reforma estructural exhaustiva de la administración de justicia para asegurar la independencia judicial y reducir el número de casos de impunidad. Cuál es su opinión, en qué estado se encuentra el país sobre este tema?

Abogada Tirza Flores: En la actualidad el tema de la falta de independencia judicial es uno de los problemas más graves que estamos enfrentando puesto que sin jueces y juezas independientes es imposible vencer la impunidad y además tampoco es posible obtener la protección de los derechos fundamentales de la  población, sobre todo de los sectores mas vulnerabilizados como mujeres, pueblos indígenas, niños y niñas, entre otros.

El Consejo de la Judicatura que se supone debía ser el órgano que vendría a fortalecer la independencia judicial, sin embargo, se ha convertido en un mecanismo de persecución y amedrentamiento de los jueces y juezas que no pueden ser independientes porque tienen temor de ser suspendidos y despedidos por razón de sus actuaciones jurisdiccionales.

Jueces destituidos: Guillermo López Lone, Tirza Flores, Luis Chévez y Ramón Barrios

Defensoresenlínea: El EPU recomendó adoptar medidas de salvaguarda para impedir las destituciones y los nombramientos irregulares de jueces y adoptar medidas para garantizar la autonomía e independencia e imparcialidad  del poder judicial. ¿Cuál es la realidad que se vive sobre este tema?

En lugar de avanzar hemos retrocedido en este tema de garantizar el debido proceso en los procesos disciplinarios en contra de jueces y juezas pues la actual Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, de reciente vigencia, no contiene un catálogo de faltas ni establece claramente los procedimientos, con lo cual además de que da lugar a una discrecionalidad muy amplia que se convierte en arbitrariedad, también es violatorio del principio de legalidad.

Además, el Consejo de la Judicatura ha interpretado, de manera arbitraria que tiene facultades de suspender ipso facto a jueces y juezas con el propósito de investigarlos, lo cual es una abierta violación al debido proceso y al derecho de defensa, y crea un clima de incertidumbre que en nada favorece la independencia de la función jurisdiccional

Defensoresenlínea: Canadá recomendó aplicar el proceso constitucional para la elección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué quiso decir con esto de proceso constitucional?

Abogada Tirza Flores: Pienso que se habla de proceso constitucional porque lo relacionado al proceso de elección a través de la Junta Nominadora fue incorporado a la Constitución a través de una reforma en el año 2001

Defensoresenlínea: De las 152 recomendaciones formuladas al estado de Honduras, el gobierno colocó como único logro la aprobación de la ley de Protección de Defensores de derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de Justicia, qué opinión le merece este aspecto?

Abogada Tirza Flores: Resulta claro que la aprobación de esta ley, a pesar de que contiene algunos aspectos que no son los óptimos, constituye un avance en el tema de protección a defensores y defensoras, sin embargo, el mayor reto que existe es su implementación y que la misma no se quede solamente como un elemento en un informe para maquillar la cara del país a nivel internacional

Defensoresenlínea: Cuándo se efectuó la destitución suya, la de Guillermo López Lone, Ramón Barrios y Luis Chévez y por qué razón fueron destituidos. Este caso conocido como López Lone ¿se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuándo se prevée que habrá sentencia sobre este caso?

Abogada Tirza Flores: Los despidos fueron decididos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en mayo del 2010. Las causas de las destituciones fueron varias pero todas relacionadas con el ejercicio de nuestros derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, vinculados a acciones que realizamos en contra del Golpe de Estado y por el restablecimiento del orden constitucional.

El juicio oral se llevó a cabo en febrero del presente año en la Corte Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) y esperamos que la sentencia pueda            dictarse antes de que finalice el presente año.

Consultado sobre el particular, el ex juez de Sentencia Ramón Barrios dijo que “para el golpe de estado fui destituido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque fui uno de los cuatro jueces que nos declaramos opuestos al golpe de estado”.

“Desde el siguiente día, dije que lo que había pasado había sido un golpe de estado, cuando en ese tiempo era peligroso decirlo, yo soy profesor universitario, di una cátedra en la universidad diciendo que lo que había pasado era un golpe de estado y bueno, por eso me destituyeron”.

Defensoresenlinea: Por último ¿qué aspectos consideraría para cambiar el sistema judicial y volverlo más eficiente que cumpla con las demandas del pueblo?

Abogada Tirza Flores: Creo que uno de los cambios fundamentales con los que se podría comenzar un camino verdadero hacia el fortalecimiento de la independencia judicial sería la implementación de procesos de selección y nombramiento de jueces y juezas mediante concursos públicos y transparentes, que permitieran que llegaran a la Judicatura personas profesionalmente capaces además de honestas y comprometidas con el servicio público. Esto podría contribuir a que se terminara con los nombramientos discrecionales por recomendaciones políticas, de parentesco y otras similares.

Si los jueces y juezas sienten que han obtenido su nombramiento por sus propios méritos sin deberle “favores” a nadie, esto podría abrir la posibilidad de     que pudieran actuar con mayor independencia.

Lo anterior unido a que se logre que los procesos disciplinarios respeten el debido proceso para darle mayor estabilidad a los jueces independientes y diligentes.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3749:recomendaciones-del-epu-reflejan-que-honduras-presenta-una-falta-de-independencia-judicial-y-altos-niveles-de-impunidad&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

, , ,

Deja un comentario

Exigen al Estado de Honduras aceptar y cumplir las 152 recomendaciones del EPU

La Plataforma EPU (Exámen Periódico Universal) integrada por más de 50 organizaciones que trabajan temas de defensa y protección de derechos humanos, en el marco de la comparecencia del gobierno ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza,  exigieron hoy la aceptación y cumplimiento de las 152 recomendaciones formuladas al estado de Honduras.

En un comunicado la Plataforma EPU sostuvo que el pasado 8 de mayo, el estado de Honduras compareció ante el Grupo de Trabajo del EPU, el que publicó su informe con 152 observaciones realizadas por aproximadamente 60 estados que tomaron la palabra durante este examen.

En ese sentido la Plataforma expuso que es importante resaltar que al estado de Honduras le realizaron un número mayor de recomendaciones que las formuladas con anterioridad durante el 2010 y que se situaron en 129.

El Estado de Honduras comparece este 25 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para la fase de adopción formal del informe que contiene las recomendaciones (152 en total) recopiladas por el Grupo de Trabajo de Ginebra.

Al respecto el miércoles 23 de septiembre el coordinador del gabinete de gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro anunció que el gobierno de Honduras aceptó 140 recomendaciones pero dejó en reserva la aceptación de 12 recomendaciones, “porque se relacionan con leyes que están en proceso de discusión en el país como por ejemplo el nuevo Código Penal”.

El Estado de Honduras no da muestras de cumplir con las recomendaciones formuladas en el EPU, y lo que presentó como un gran logro ha sido la aprobación de la Ley de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que no ha sido implementada a falta de un Reglamento.

Al respecto en declaraciones brindadas el miércoles 24 de septiembre desde Casa de Gobierno, el coordinador del gabinete de gobierno Jorge Ramón Hernández Alcerro dijo que “en las próximas semanas el Congreso Nacional va a aprobar el reglamento de esta ley y vamos a proceder a la juramentación del  Consejo Nacional de protección creado por dicho estamento legal”.

Hernández Alcerro agregó que “no obstante quiero informar al pueblo hondureño que a pesar de que el Consejo de Protección todavía no ha sido juramentado a falta del Reglamento, ya la oficina respectiva que se ha abierto en la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización ha conocido de 4 casos y ha protegido a 4 personas que ya se han acogido a este mecanismo como el canal correspondiente y se han tomado acciones con las medidas conforme a la nueva ley.

Mientras tanto en Ginebra  también asisten el Comité por la Libre expresión (C-LIBRE), el Movimiento Amplio por la dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro de Estudios para la Mujer-Honduras (CEM-H), la Asociación Arcoiris y la organización Asociadas por lo Justo (JASS) en representación de la Plataforma EPU, con el propósito de realizar un proceso de veeduría de las actuaciones y compromisos que asuma el Estado hondureño.

Honduras deberá ratificar una serie de Protocolos Internacionales

El estado de Honduras debe asumir una serie de compromisos internacionales y la Plataforma EPU enumeró dentro de esos compromisos los siguientes: Exigimos que el estado de Honduras acepte sin condiciones tales recomendaciones que le han realizado los Estados, incluyendo las 12 que ha dejado en reserva y que se refieren a los siguientes temas: La ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la ratificación del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer.

La lista sigue con ratificar el Tratado de Comercio de Armas para reducir los niveles de violencia, ratificar el Convenio 189 de la OIT relativo al trabajo doméstico, la legalización del aborto en casos de violencia o incesto, adoptar una ley de Equidad de Género, despenalizar la difamación y la calumnia y convertirlas en materias reguladas por el derecho civil; garantizar que las estrategias de seguridad promuevan la prevención y sean ejecutadas por la policía y no por fuerzas militares, la reforma integral de la Policía Nacional y el retiro de los militares de las funciones policiales.

Con respecto a estas recomendaciones el Estado de Honduras expresó que las examinaría y que daría su respuesta precisamente ante el Consejo de Derechos Humanos.

En el comunicado divulgado a la prensa, la Plataforma EPU sostiene que “además de la aceptación de las recomendaciones, exigimos que se haga efectivo su cumplimiento y que las mismas no se conviertan en medidas que solo fueron aprobadas para ser incluidas en los logros del estado para la presentación de su informe EPU, como parece que ha acontecido con la aprobación de la  Ley de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, la cual hasta el momento no se ha  implementado, ni se ha aprobado el reglamento respectivo, con lo que continúan la agresiones, amenazas y otras violaciones contra estos grupos, cobijadas, además, en la total impunidad.

“Reiteramos que hemos asumido la tarea y que nos comprometemos, como organizaciones defensoras de derechos humanos, a hacer una amplia divulgación de los resultados del EPU, así como de los compromisos asumidos por el estado para exigir el cumplimiento efectivo de las recomendaciones y demandar la implementación de mecanismos de coordinación y monitoreo con la participación de las organizaciones de sociedad civil”, destaca el comunicado de la Plataforma EPU.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3744:exigen-al-estado-de-honduras-aceptar-y-cumplir-las-152-recomendaciones-del-epu&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

,

Deja un comentario

Aceptación y cumplimiento de todas las recomendaciones del EPU exigen organizaciones a Estado hondureño

Friday, 25 September 2015 04:15 Written by  Published in Contexto Read 89 times

Aparecen de izquierda a derecha: Gilda Rivera (CDM), Ivania Galeano,(CIJ), Rodil Vásquez (REed COIPRODEN), Amada Ponce, (C-LIBRE) y René Flores, (Franciscan International). Aparecen de izquierda a derecha: Gilda Rivera (CDM), Ivania Galeano,(CIJ), Rodil Vásquez (REed COIPRODEN), Amada Ponce, (C-LIBRE) y René Flores, (Franciscan International).

Ante la comparecencia del Estado hondureño en Ginebra con motivo de la adopción formal del informe ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH), las organizaciones que conforman la Plataforma EPU-Honduras,  exigieron este jueves 24 de septiembre de 2015 al Estado de Honduras la aceptación y cumplimiento de las 152 recomendaciones realizadas con motivo del segundo Examen Periódico Universal (EPU), del mes de Mayo de este año.

En conferencia de prensa, la Plataforma Epu-Honduras , que está constituida por más de 50 organizaciones que trabajan temas de defensa y protección de derechos humanos, instó a la ratificación de 140 recomendaciones hechas por aproximadamente 60 Estados que participaron en el examen y la aceptación de 12 que actualmente el Estado las tiene en carácter de reserva.

Las recomendaciones que mantiene en reserva  son, la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual fue creado en 1966 por la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante resolución 2200ª. Asimismo la ratificación del tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño e igual ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de  todas las formas de discriminación hacia la mujer.

Igualmente se exige ratificar el Tratado de comercio de Armas con el fin de reducir los altos índices de violencia, la adopción de una ley de identidad de género y la despenalización de los delitos contra el honor y que sean dirimidos por la vía civil, así como la reforma integral de la Policía Nacional y el retiro de los militares de las funciones policiales.

En cuanto a la ratificación de los protocolos, la abogada y asesora de la Comisión Internacional de Juristas, Ivania Galeano explicó que es importante que el Estado los haga efectivos ya que son la herramienta para que la ciudadanía de manera individual o colectiva ejerza mecanismos de defensa de sus derechos en situaciones de vulnerabilidad.

“Es necesario para hacerlo completamente efectivo que adopte los protocolos, que son los instrumentos que permiten que los ciudadanos y ciudadanas y los grupos en situación de vulnerabilidad puedan presentar sus denuncias y quejas ante estos mecanismos internacionales”, amplió la profesional del derecho.

Al igual que la representación del Estado, por parte de la Plataforma EPU-Honduras, existe una delegación que participará en la sesión de este viernes 25 de noviembre, por el Director del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), Edy Tábora; en representación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia e integrante de la tribu tolupán, Alejandra Cabrera; el director de la Asociación Lésbico-Gay ARCOIRIS, Donny Reyes; la directora del Centro de Estudios de la Mujer- Honduras (CEM-H), Suyapa Martinez; Dilcia Zavala y Daisy Flores, ambas miembras del equipo JASS en Honduras y de la Red de  Defensoras de Honduras.

En cuanto a las recomendaciones ya aceptadas por parte de Honduras, la plataforma reiteró el llamado a que se hagan efectivas y que no se conviertan en un discurso para mostrar una buena imagen ante el Consejo de Derechos Humanos, tal es el caso de la aprobación de la Ley de Protección a Defensores (as)  de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y operadores de Justicia en mayo de este año, pero que aún no ha sido implementada al no aprobarse su respectivo reglamento y con ello se deja libre acceso a la continuación de amenazas y violaciones sistemáticas a las que son objeto estos sectores .

Necesaria y urgente adopción de recomendaciones sobre derechos de la mujer

De las 152 recomendaciones hechas al Estado hondureño, 34 de ellas hacen referencia a los derechos de la mujer,  18 de las mismas fueron aceptadas, observó 13 y tres fueron tomadas como reserva para ser estudiadas y contestadas en la reunión de este 25 de septiembre.

Entre las recomendaciones aceptadas destacan la implementación efectiva de un plan de igualdad y equidad de género hecha por España, el fortalecimiento de instituciones nacionales, realizada por Brasil y el fortalecimiento de acciones para eliminar patrones de discriminación, violencia y muerte hacia las mujeres, realizadas por Chile, Suecia y Guatemala.

Sin embargo, el contraste que actualmente muestra el Estado hondureño es la reducción de presupuesto y de categoría de “Secretaria de Estado” del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), mediante decreto ejecutivo PCM-001-2014.

En cuanto a las que se mantienen en reserva, se encuentra la ratificación y adopción del protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), hecha por al menos 10 países que participaron en la sesión del examen.

Se  hizo énfasis en la recomendación hecha por Noruega, que contempla la reforma al Código Penal y al Código de Ética del Médico en nuestro país que considere la legalización en casos de aborto  por violación e incesto.

Al respecto, la directora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Gilda Rivera dijo que no es la primera vez que se hace dicha recomendación y que el mismo Estado se niega a debatir sobre esta situación y los riesgos que se corre. “Honduras se niega a discutir el impacto de los abortos en situaciones inseguras, en situaciones clandestinas y que están significando la muerte de un gran número de mujeres en nuestro país”, aseguró.

Rivera dijo tener conocimiento que en discusiones previas a la aprobación de una reforma al Código Penal, grupos fundamentalistas religiosos eliminaron del listado de peticiones el hecho de que fuera despenalizado, “pero Pareciera que se está abordando el hecho de que se fortalece las penas en relación al aborto”.

Por último y en relación con esta temática hacia las mujeres, tanto Madagascar como Filipinas instaron a Honduras a ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para garantizar los derechos de las trabajadoras domésticas.

Amenazas constantes rodean el destino de defensores de derechos humanos y periodistas

Dos procesos de cárcel, amenazas constantes por la realización de su trabajo de denuncia de la actual situación de vulnerabilidad en los derechos humanos, es el panorama que se enfrenta aún y con la aprobación de la Ley de Protección a Defensores, Periodistas, comunicadores Sociales y operadores de Justicia en mayo anterior.

Países como Noruega y Uruguay instaron al Estado hondureño a tomar acciones concretas para su implementación, sin embargo hasta este momento no se ha echado a andar  porque no se ha creado el reglamento que rige esta ley, ni destinado el financiamiento correspondiente.

Ataques al ejercicio de la libertad de prensa y expresión contrastan con recomendaciones hechas a Honduras por parte de países como Brasil, Suecia y Eslovenia, ya que actualmente se ejerce acciones de tipo penal, hasta llegar a la sentencia de prisión contra la coordinadora del Comité de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Gladys Lanza luego de ser acusada por difamación y calumnias por  tomar una denuncia de Lesbia Pacheco, empleada de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social, FUNDEVI, quien  sufría acoso laboral y sexual por parte de su Director Juan Carlos Reyes, según lo detalló ante esta institución defensora de derechos de las mujeres.

En relación a estas figuras contra el honor, el periodista Julio Ernesto Alvarado corre el riesgo de ser inhabilitado de su ejercicio profesión, según una sentencia por  una querella presentada por la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)  Belinda Flores. Alvarado prestó su espacio de televisión para que un grupo de docentes denunciara tráfico de notas cuando ella fungía como Secretaria de dicha unidad académica en el año 2006.

Curiosamente, la recomendación en la cual tomó nota el Estado en esta temática fue realizada por el Reino Unido e Irlanda del Norte, y es la de hacer efectivo la de la difamación y la calumnia y que se diriman al ámbito civil, de acuerdo a estándares y recomendaciones hechas por las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sobre  la garantía de los derechos de la Comunidad Lésbico Gay Trasnsexual e Intersexual (LGTBI), Honduras recibió 13 recomendaciones, aceptó ocho de ellas y tres fueron catalogadas en materia de Observación y rechazó dos.

Entre ellas destaca el respeto a la libertad de expresión y el cese de amenazas, así como la adopción de medidas para criminalizar las acciones de violencia contra este grupo , específicamente en mejoras al actual Código Penal.

Las que fueron rechazadas son la creación y adopción de una Ley de Identidad de Género que les reconozca legalmente su identidad mediante su orientación sexual y de género, realizadas por los Estados de Madagascar y Dinamarca.

Bajo este panorama, el Estado como si se tratara de un juego de cartas podrá aceptar o rechazar las recomendaciones hechas en materia de fortalecimiento a los derechos humanos en el país, en donde con “tinta sangre” a decir de un viejo bolero se muestran las cifras de vulnerabilidad de los derechos en nuestro país.

Deja un comentario

EPU: Delegación de la sociedad civil hondureña arribará a Ginebra

 

Versión para impresiónVersión PDF

El próximo viernes 25 el Estado hondureño adoptará las recomendaciones del EPU ante el Consejo de Derechos Humanos.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-  Una delegación de seis personas representantes de la sociedad civil arribará la próxima semana a Ginebra, Suiza, donde el Estado hondureño adoptará las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU), del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Del 21 al 29 de septiembre una a delegación que representa a la Plataforma EPU, estará en Ginebra realizando cabildeo y acciones de incidencia. Asimismo tendrán una participación oral en dicha Asamblea.
Durante los meses de marzo y abril, las organizaciones de la sociedad civil presentaron en Ginebra el último informe alternativo relacionado a la situación de derechos humanos que se vive en Honduras.
Honduras fue examinada en el marco de la vigésima segunda reunión del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU junto a otros 13 Estados más. Cada Estado es revisado cada cuatro años y medio de acuerdo a lo resuelto por los propios Estados. Ahora se aplica la segunda revisión o Examen Periódico Universal.
De los sesenta países que participaron, solo dos no hicieron recomendaciones. Honduras obtuvo 190 recomendaciones, de las cuales la mayoría se orientaron en relación con la violencia contra mujeres, menores migrantes, comunidad LGTBI y libertad de expresión.
Durante la Adopción del Informe del Grupo de Trabajo en la sesión plenaria del CDH (normalmente unos meses después de la revesión), se asignarán 20 minutos a las organizaciones no gubernamentales para hacer su declaración. En total, podrán tomar la palabra diez ONGs las cuales dispondrán de dos minutos cada una.

ALEJANDRINA CABRERA. Defensora de Derechos Humanos e integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Participó en huelga de hambre contra la corrupción y la impunidad, durante 32 días, representando a su tribu: San Francisco de Locomapa del pueblo Tolupán, en donde denunciaron la situación de abandono y despojo de su territorio por terratenientes y empresarios. Su madre María Enriqueta Matute fue asesinada por sicarios el 25 de Agosto de 2013, durante acciones pacíficas en defensa de su territorio. Estas comunidades estan amenazados por la explotación minera y la construcción de una represa.El asesinato de su madre se encuentra en la impunidad.

DONNY REYES. Procurador de Derechos humanos de la comunidad LGTB. Coordinador técnico de la Asociación LGTB Arcoirís. Miembro de la asamblea general del CIPRODEH. Miembro suplente del consejo Nacional de protección para defensores y defensoras de Derechos humanos. Ganador del premio cometa de libertad  entregado por la organización mundial de la salud OMS/OPS. Reconocimiento del galardón Triangulo Rosa, entregado por la Asociación Gay de Barcelona. Barcelona  España.
Correo electrónico: donnyreyes@hotmail.com
DILCIA ZAVALA. Feminista, profesional en ciencias sociales, educadora popular feminista, con experiencia en el acompañamiento de redes de mujeres rurales, forma parte del equipo de JASS en Honduras, miembra fundadora de la Red Nacional de defensoras en Honduras.
Correo electrónico: dilcia.zavala@justassociates.org
EDY ALEXANDER TÁBORA.  Abogado. Director Ejecutivo del Comité para la Libertad de Expresión (C-Libre). Trabajó como abogado para el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT). Realizando labores de visitas de prevención de la tortura en lugares de detención, asesorías y acompañamiento legal a víctimas de tortura, litigación de casos como defensor de víctimas de tortura que han sido acusados. Fue Fiscal del Ministerio Público en a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, Unidad de Defensores de Derechos Humanos). Correo electrónico: eatabora3@hotmail.com direccion@clibrehonduras.com
DAYSI FLORES. Hondureña, ingeniera civil, ecofeminista, experta en medios y comunicación social, dedicada al activismo ambiental y activismo de los derechos humanos de las mujeres. Actualmente es parte del equipo regional de JASS Mesoamérica desde 2009, actualmente es coordinadora de JASS en Honduras  y co-fundadora de la Red Nacional de Defensoras de DDHH. Consejera del Fondo Global para las Mujeres y Asesora del Fondo de Acción Urgente de LA.
Correo electrónico: floresday@justassociates.org
SUYAPA MARTÍNEZ AMADOR. Feminista y  Coordinadora General del Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H). Durante el periodo 2010-2013 fue parte  del Consejo Consultivo de Derechos Humanos, instancia conformada por organizaciones de sociedad civil y gobierno;  miembra del Grupo Impulsor de la Red Nacional de Defensoras de Honduras y de CLADEM- Honduras. Así mismo es miembra del equipo coordinador de la Plataforma 25 de Noviembre en contra de la Violencia hacia las Mujeres, recientemente nombrada miembra propietaria ante  el Consejo Nacional de Protección para las y los Defensoras de Derechos Humanos.
Correo electrónico suyapa9@yahoo.es

Deja un comentario

El Estado se sitúa muy lejos de cumplir con las recomendaciones del EPU

E-mail Print PDF

Tegucigalpa.

El Consejo de Derechos Humanos escuchará el próximo 25 de septiembre en Ginebra, Suiza al estado de Honduras y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos respecto de las 181 recomendaciones dictadas en mayo pasado por las Naciones Unidas.

El estado de Honduras comparece para la fase de adopción respecto de las recomendaciones formuladas por el Exámen Periódico Universal (EPU), las cuales, de acuerdo a las organizaciones defensoras de derechos humanos, no existe voluntad política para cumplirlas.

En esta oportunidad la delegación de la Plataforma EPU-Honduras estará conformada por las organizaciones: Asociadas por los Justo (JASS), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE),  el Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) y la Asociación Arcoiris.

Las organizaciones  viajarán el 19 de septiembre a Ginebra, Suiza y sostendrán reuniones con delegados de los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y  con organizaciones internacionales que tienen estatus consultivo ante la ONU.

Las recomendaciones abarcan una serie de aspectos que involucran a grupos vulnerables de la sociedad hondureña, para el caso en el tema de las mujeres, el Consejo de Derechos Humanos abordó el tema del aborto y recomendó que se despenalice en los casos de incesto y violación.

“En este EPU más de 13 países recomiendan la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que según dicen ellos (el Estado) va a consultar e igual sobre el Convenio 189 relacionado a las trabajadoras domésticas, la Ley de Identidad de Género así como el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, sostuvo Martínez.

Respecto a las pastillas de emergencia utilizadas por las mujeres para prevenir embarazos no deseados, más conocidas como PAE y que actualmente están prohibidas por el estado hondureño, Martínez señaló que esa recomendación de abolir la prohibición, fue dictada en el EPU 2010 y que como esa recomendación no ha sido cumplida, sigue en firme.

Por otra parte el Consejo de Derechos Humanos recomendó varias acciones encaminadas a proteger los derechos de la comunidad de la diversidad sexual.

Donny Reyes, director ejecutivo de la Asociación Arcoiris

Donny Reyes, director ejecutivo de la Asociación Arcoiris expresó que se dictaron medidas sobre mecanismos de protección, reformas a la legislación “sobre todo en temas de equidad de género, también piden que se investiguen las muertes de las personas de la diversidad sexual y mecanismos de protección para los y las defensoras de derechos humanos”.

Reyes indicó que de 8 recomendaciones dictadas en el EPU- 2010 se aumentó a 14 en el EPU 2015 respecto de las organizaciones lésbicas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) y “todas van a encaminadas a salvaguardar la vida e integridad física de las personas de la diversidad sexual, porque la situación que estamos enfrentando es preocupante, es una situación adversa, violenta y discriminatoria la que vivimos, sin embargo hacemos propias estas recomendaciones para buscar los mecanismos, para buscar alternativas, aunque no sabemos cómo, por el gobierno que tenemos”.

Otro de los grupos vulnerables es el compuesto por los periodistas y comunicadores y comunicadoras sociales. El director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), Edy Tábora,  viaja con esta delegación a exponer a la comunidad internacional que las amenazas contra la libertad de expresión continúan y que no hay avances en las investigaciones sobre periodistas asesinados.

El Estado ha manipulado datos sobre diversas situaciones

La misión va a Ginebra para ofrecer información independiente de la información presentada por el Estado, que se ha encargado a través de los funcionarios de gobierno de manipular cifras, de manipular datos, sobre las situaciones de violencia, sobre las situaciones de criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos, sobre la pobreza, los casos de femicidios, el acceso a la justicia y sobre muchos aspectos que tienen que ver con los derechos humanos, explicó Tábora.

“El gobierno ha estigmatizado a ésta y a otras misiones por ir a estos organismos, y desde la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos lo que se hace es estigmatizar las informaciones independientes”, señaló el director de C-LIBRE.

Tábora dijo que han acusado a las organizaciones defensoras de derechos humanos de ser malos patriotas, de crear una mala imagen del país y lo que los organismos internacionales necesitan es que además de la información del Estado se lleve información independiente para analizar la información.

“La pretensión es aportar nueva información de éstos meses que han pasado desde abril de 2015 cuando se desarrolló el Exámen Periódico Universal (EPU) y que los organismos internacionales, en este caso el Consejo de Derechos Humanos y las misiones diplomáticas de los estados que participan en la misma, puedan comprender lo que está sucediendo en el país y sobre todo que hay un elemento nuevo, que no había en abril y que es el Movimiento de las Antorchas y todo lo relacionado con los datos que han salido y que tienen que ver con corrupción en el país”, explicó.

Según estadísticas que maneja C-LIBRE desde el año 2003 a la fecha, han sido asesinados en Honduras 60 periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales. De esta cifra, 57 murieron en condiciones violentas desde el golpe de estado ocurrido en 2009.

Edy Tábora, director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE)

En el período 2014-2015, del gobierno de Juan Orlando Hernández, han asesinado a 19 periodistas.

Tábora aseguró que “nosotros vamos a poner en conocimiento de los organismos internacionales la concentración del poder que existe, la fragilidad del sistema judicial, cooptada y arrodillada al presidente de la República (Juan Orlando Hernández), la militarización de todas las instituciones del estado y luego los excesivos gastos en seguridad pública que no reflejan la investigación de los delitos cometidos y tampoco en la rebaja considerable de los datos de violencia”.

En el año 2014 hubo 10 asesinatos relacionados con periodistas y comunicadores sociales y al mes de agosto de 2015 se han registrado 9 muertes violentas, por eso “es necesario poner en conocimiento de ello a la comunidad internacional y luego la criminalización que se produce hacia la prensa crítica desde el presidente de la República para abajo, que es una situación grave hacia los periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales que hacen una veeduría o un control social de los actos públicos.

“Entonces cuando se emiten noticias, opiniones o análisis desde el periodismo independiente, el Estado a través de sus representantes, incluyendo al presidente es altamente estigmatizante y pone en peligro a los periodistas y además les niega el acceso a publicidad y la cuestión se agrava porque se viola el derecho a ejercer un periodismo en libertad y se viola el derecho al trabajo”, sostuvo Tábora.

El estado de Honduras brindó un informe en mayo de este año sobre la situación de derechos humanos y ahí mismo hizo una adopción preliminar de algunas recomendaciones que aseguró ya estaban implementadas, otras que se comprometió a adoptar y otras que daría a revisión para hacer la adopción final en el mes de septiembre de 2015.

¿Qué es el EPU?

A través de un mecanismo llamado Examen Periódico Universal (EPU), el Consejo de Derechos Humanos examina periódicamente el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos en materia de derechos humanos por parte de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.

El examen de un Estado se basa en tres documentos: Un Informe Nacional elaborado por el Estado que se examina; una compilación de información de las Naciones Unidas sobre el Estado objeto de examen preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y un resumen de la información presentada por otros actores interesados (incluidos los representantes de la sociedad civil), también elaborado por el ACNUDH.

El examen propiamente dicho tiene lugar en Ginebra, en un periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, que está integrado por los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos así como por los demás Estados que son observadores.

El examen consiste en un diálogo interactivo de tres horas y media entre el Estado examinado y los Estados miembros y observadores del Consejo. Unos días después de ese diálogo, el Grupo de Trabajo adopta el informe sobre sus deliberaciones.

En la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos posterior al examen, unos meses después, se adopta un documento final sobre el resultado, que contiene el Informe del Grupo de Trabajo y la posición del Estado examinado con respecto a
las recomendaciones recibidas.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3734:el-estado-se-situa-muy-lejos-de-cumplir-con-las-recomendaciones-del-epu&catid=54:den&Itemid=171

Deja un comentario

Le costará mucho a Honduras cumplir con las observaciones del Exámen Periódico Universal (EPU)

E-mail Print PDF

Tegucigalpa.

La ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda dijo que a Honduras “le costará mucho poder comprobar que ha habido una mejora sustantiva en materia de derechos humanos” de cara a las recomendaciones del Exámen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Creo que hay muy pocos esfuerzos comprobables a través de decretos legislativos, decretos ejecutivos, a través de asignaciones de presupuestos, a través de oportunidades concretas que se le estén facilitando a las personas, creo que va a costar mucho, poder demostrar que hay una mejoría en materia de derechos humanos”, advirtió Pineda.

Indicó que “esperaríamos por el bien del país que la Secretaría de Derechos  Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización tenga la capacidad de poder demostrar lo contrario aunque tenemos una realidad que está ahí, difícil de soslayar”
La ex ministra de Justicia y Derechos Humanos dijo que se debe revisar porque ha habido un retroceso que se puede marcar en el orden institucional, ya que secretarías que fueron creadas justamente por recomendaciones de organismos internacionales en derechos humanos, ahora ya no existen, por lo tanto la agenda de derechos humanos en el país ya no tiene la importancia y la primacía que tenía en el gobierno anterior.

“Y aunque hay instrumentos como la política pública en derechos humanos que se está continuando con ella y muchas de sus acciones han sido implementadas, eso no ha sido suficiente para atender la grave debilidad que en materia de derechos humanos se vive”, sostuvo Pineda.
Agregó que yo creo que nadie puede desconocer que el actual momento en el orden de los derechos civiles y políticos seguimos siendo afectados, principalmente con lo que tiene que ver con la inseguridad ciudadana, aunque hay que reconocer que ha habido avances en esta materia; no es menos cierto que seguimos sometidos a altos niveles de violencia, a la poca efectividad de las instituciones para investigar aquellos hechos que no tienen la trascendencia pública.

Igual ha acontecido en los derechos sociales y culturales donde vemos por ejemplo altos niveles de desempleo, una migración casi masiva de personas y más marcada de mujeres, niños y niñas que son personas colocadas en situación de vulnerabilidad, deportaciones no asistidas como corresponde por parte del estado y evidentemente nos encontramos también con un alto costo de la vida, alto costo de una canasta básica que no se corresponde con el salario mínimo que mensualmente una persona gana y la correspondencia para poder sobrevivir en condiciones de dignidad, expuso la ex funcionaria.

Pineda señaló que la falta de acceso  a los servicios públicos, principalmente los de salud, cuando nos encontramos con hospital y centros de salud pública desabastecidos de medicamentos, con falta de equipos y de insumos y con un personal que no siempre puede atender debido a la falta de medicamentos y equipamientos.

Una delegación de la Plataforma EPU-Honduras integrada por organizaciones defensoras de derechos humanos viajará el 19 de septiembre a Ginebra, Suiza para comparecer el 25 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) e informar que de las 182 recomendaciones dictadas al Estado de Honduras, muy poco se ha hecho en el país.

En esta fase del Examen Periódico Universal (EPU) el Consejo de Derechos Humanos escuchará al estado de Honduras y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos respecto de las recomendaciones dictadas por las Naciones Unidas a Honduras.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3723:le-costara-mucho-a-honduras-cumplir-con-las-observaciones-del-examen-periodico-universal-epu&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

, , ,

Deja un comentario

Estado y sociedad civil van a nueva comparecencia ante el Consejo de DDHH de la ONU

E-mail Print PDF

Tegucigalpa.

Una delegación de la Plataforma EPU-Honduras integrada por organizaciones defensoras de derechos humanos viajará el 19 de septiembre a Ginebra, Suiza para comparecer el 25 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización de Naciones Unidas (ONU) e informar que de las 182 recomendaciones dictadas al Estado de Honduras, muy poco se ha hecho en el país.

En esta fase del Examen Periódico Universal (EPU) el Consejo de Derechos Humanos escuchará al estado de Honduras y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos respecto de las 181 recomendaciones dictadas por las Naciones Unidas a Honduras.

“Este es momento de la adopción del EPU de todas las recomendaciones a las que el estado de Honduras dirá cuáles de todas adopta o no, y en este espacio hay un tiempo para que las organizaciones de la sociedad civil, podamos manifestarnos y decir lo que realmente está pasando y lo que pensamos de nuestra versión sobre lo que estamos viviendo en Honduras”, explicó Daysi Flores de la organización de derechos humanos Asociadas por lo Justo (JASS) y miembra de  la Coalición contra la Impunidad.

De igual forma el gobierno hondureño enviará su delegación con la misión de adoptar las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas le dictó el pasado mes de mayo para mejorar su situación en materia de derechos humanos.

El estado de Honduras brindó un informe en mayo de este año sobre la situación de derechos humanos y ahí mismo hizo una adopción preliminar de algunas recomendaciones que aseguró ya estaban implementadas, otras que se comprometió a adoptar y otras que daría a revisión para hacer la adopción final en el mes de septiembre de 2015.

Tanto el estado de Honduras como las organizaciones de sociedad civil y previo a la comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desarrollan una serie de reuniones  de incidencia para informar a los estados miembros del consejo sobre la condición actual en materia de derechos humanos.

Flores dijo que hay recomendaciones muy duras, claras y específicas  planteadas al estado de Honduras en torno a lo que se necesita cambiar, por ejemplo en el caso de la Ley de protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, en donde el Consejo de Derechos Humanos  plantea que no solo basta con la aprobación del mecanismo, sino con el financiamiento para su implementación y que por favor no le pidan a las organizaciones de la sociedad civil el financiamiento para poner en práctica el mecanismo de protección.

Por otro lado Flores citó otras recomendaciones en materia del aborto y el derecho de la mujer a decidir, la despenalización de la injuria, la calumnia y la difamación y la ratificación de los Protocolos Facultativos de la CEDAO, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 189, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Culturales y Sociales que implican una serie de compromisos y obligaciones que  Honduras asume ante la comunidad internacional.

Daysi Flores de la organización de derechos humanos Asociadas por lo Justo (JASS)

La defensora de derechos humanos comentó que en el caso de la Ley de Protección y Seguridad Social el estado seguramente la presentará como un avance, “pero eso es lo que toca en este momento desmentir y decir que esto no es un avance, esto en realidad es un retroceso en materia de derechos humanos”.

“La misión nuestra en este momento es ir e evidenciar lo que está pasando, desmentir las cosas que el estado ha dicho, pero además hablar y poner en contexto sobre lo que estamos viviendo ahora mismo y las demandas que estamos poniendo nosotras como pueblo hondureño”, dijo Flores.

Flores agregó que “estamos viendo retrocesos en todos los niveles, como la elección de la Corte Suprema de Justicia CSJ), la cooptación de la sociedad civil por parte de las iglesias en un estado que debería ser laico, las denuncias de corrupción sin ser atendidas, un diálogo que pretende manifestarse como tal pero que en realidad es un monólogo, la situación se sigue volviendo cada vez más violenta para comunicadoras y comunicadores sociales y en este momento en Honduras, hablar es peligroso, estamos viviendo en una dictadura y eso es un poco lo que vamos a evidenciar porque no podemos quedarnos calladas; en este momento la vida en general de todas las personas corre peligro, pero la vida de las mujeres muchísimo más, cada 13 horas una mujer está siendo asesinada en este país”.

Algunas recomendaciones formuladas al estado de Honduras en el tema de la mujer

Algunas de las recomendaciones formuladas al estado de Honduras, en mayo de este año por el Consejo de Derechos Humanos en el tema de la mujer son: Implementar efectivamente el Plan de Equidad e Igualdad de Género 2010-2022, asignando recursos técnicos y financieros para alcanzar los objetivos previstos, así como la reapertura de la “línea 114” para proporcionar ayuda de emergencia a mujeres víctimas de violencia de género (España)

Fortalecer acciones encaminadas a eliminar los patrones culturales que promueven la discriminación contra la mujer, promoviendo un adecuado acceso a la protección judicial para prevenir que los casos de violencia que afecten sus vidas, salud e integridad permanezcan impunes (Chile)

Prevenir y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas; y consolidar una alta representación de mujeres en las posiciones de administración y toma de decisiones (Perú)

Asegurar un presupuesto adecuado para la prevención de la violencia sexual y basada en género (Suecia)

Garantizar la protección y el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia (Bélgica).

Alinear el Código Penal con el Código de Ética Médica y que Honduras considera legalizar el aborto en caso de violación o incesto (Noruega).

A través de un mecanismo llamado Examen Periódico Universal (EPU), el Consejo de Derechos Humanos examina periódicamente el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos en materia de derechos humanos por parte de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.

El examen de un Estado se basa en tres documentos: Un Informe Nacional elaborado por el Estado que se examina; una compilación de información de las Naciones Unidas sobre el Estado objeto de examen preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y un resumen de la información presentada por otros actores interesados (incluidos los representantes de la sociedad civil), también elaborado por el ACNUDH.

El examen propiamente dicho tiene lugar en Ginebra, en un periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, que está integrado por los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos así como por los demás Estados que son observadores.

El examen consiste en un diálogo interactivo de tres horas y media entre el Estado examinado y los Estados miembros y observadores del Consejo. Unos días después de ese diálogo, el Grupo de Trabajo adopta el informe sobre sus deliberaciones.

En la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos posterior al examen, unos meses después, se adopta un documento final sobre el resultado, que contiene el Informe del Grupo de Trabajo y la posición del Estado examinado con respecto a
las recomendaciones recibidas.

La delegación de la Plataforma EPU-Honduras conformada en esta oportunidad por Asociadas por los Justo (JASS), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE),  el Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) y la Asociación Arcoiris viajará a Ginebra, Suiza y sostendrá reuniones con delegados de los estados miembros del consejo y  organizaciones internacionales de derechos humanos que tienen estatus consultivo ante la ONU.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3719:estado-y-sociedad-civil-van-a-nueva-comparecencia-ante-el-consejo-de-ddhh-de-la-onu&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

,

Deja un comentario

Honduras es un estado hostíl hacia la prensa crítica

E-mail Print PDF

Tegucigalpa.

“Criminalizar periodistas en tribunales penales es enviar un pésimo mensaje a las fuentes y a la ciudadanía en general que ejerce estos derechos y libertades públicas. Estamos a favor de la despenalización de estos delitos (injuria, calumnia y difamación), porque el uso del derecho penal y el abuso de las cortes penales para dirimir estos litigios concede un poder adicional al sistema político, al estado, para criminalizar el libre ejercicio de la información y expresión”.

Así se expresó el destacado periodista, director ejecutivo de Alternativas en Comunicación (Alter-Eco), Félix Molina,  al ser abordado por el periódico digital defensoresenlínea.com con respecto a las recomendaciones que sobre temas de la libertad de expresión, formulara en mayo pasado, el Consejo de Derechos Humanos a través del Exámen Periódico Universal (EPU).

Con más de 40 asesinatos de periodistas y comunicadores sociales, con leyes restrictivas que atentan contra el ejercicio del periodismo y el derecho a expresarse, los trabajadores y trabajadoras de la comunicación transitan por caminos peligrosos.

A continuación la entrevista con el periodista Félix Molina:

Defensoresenlinea: ¿Se ha eliminado las amenazas y los ataques contra periodistas en Honduras?
(Félix) En los últimos años, después de las elecciones generales de 2013, hemos tenido la percepción que, efectivamente, disminuyeron los ataques a los y las trabajadores de los medios en Honduras. Sin embargo, en las últimas semanas conforme aumenta la presión social contra la corrupción vemos un comportamiento hostil del gobierno en general contra las personas que hacen trabajo de formación de opinión pública en general, no necesariamente periodistas.

Defensoresenlínea: ¿El estado de Honduras ha implementado un mecanismo que permita prevenir, investigar y perseguir todas las formas de ataques contra periodistas y comunicadores, comunicadoras sociales?
(Félix) A través del desaparecido Ministerio de Derechos Humanos, que presidió la abogada Ana Pineda, el Estado intentó crear un programa de protección que no se concretó por falta de claridad en su planteamiento y déficit de consenso en la misma comunidad mediática, que está socavada por un periodismo al servicio del régimen que administra el post golpe y un amplio sector de ciudadanía activa que practica el periodismo ciudadano a través de distintos medios alternativos, incluyendo sitios web, redes de correos electrónicos, radios comunitarias y redes sociales en internet.
Con la posterior aprobación en mayo 2015 de la ley para defensores, periodistas y un montón de gente, incluyendo a los propios violadores de derechos humanos, el enfoque de protección a las personas que trabajan información, libertad de expresión y comunicación a mi juicio quedó diluido, echado a perder.

Defensoresenlínea: ¿Cuál es la posición de ALTER-Eco con respecto a la recomendación formulada en el EPU 2015, que sugiere modificar la legislación para despenalizar la injuria, la calumnia y la difamación y convertirlos en materias reguladas por las normas de derecho civil, establecidos por las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); observaciones y recomendaciones hechas a Honduras  por el Reino Unido e Irlanda del Norte?.
 Félix: Nuestra posición es a favor de dicha recomendación, que ha sido aprobada por varios estados del continente, porque así como está actualmente la tipificación en el Código Penal hondureño basta que un funcionario público, pariente suyo o un personaje público con influencia diga a un juez que está siendo difamado o calumniado, y la denuncia “pega” como dicen las personas litigantes.
Estamos a favor de la despenalización de estos delitos, porque el uso del derecho penal y el abuso de las cortes penales para dirimir estos litigios concede un poder adicional al sistema político, al estado, para criminalizar el libre ejercicio de la información y expresión.
Tenemos conciencia que un medio o sus trabajadores deben ser responsables del efecto ulterior de sus impericias, de sus reales malicias y excesos en la difusión de información incompleta, imprecisa o maliciosa, pero en el ámbito civil donde la carga de la prueba recae en el acusador no en el acusado, como es el caso en el ámbito penal. Criminalizar periodistas en tribunales penales es enviar un pésimo mensaje a las fuentes y a la ciudadanía en general que ejerce estos derechos y libertades públicas.

Defensoresenlínea: ¿Cuál es el estado de la libertad de expresión en la actualidad, Félix?
Félix: La libertad de expresión es un derecho que se conquista cada día, a cada instante, no es una concesión; por tanto, yo diría que cada día el estado de la libertad de expresión es mejor en Honduras en comparación a países próximos, pues vemos que la ciudadanía ha superado con creces el miedo, la censura y el ninguneo de los medios corporativos tradicionales – periódicos, cables de televisión y oligopolios radiales – y ha construido su propia agenda temática y editorial desde sus propios medios sociales que confrontan realmente las agendas hegemónicas de los poderes fácticos y del gobierno.
De otro modo no podríamos explicar la elevada presencia ciudadana en las movilizaciones de indignación, que no reciben promoción ni llamamiento de los medios tradicionales, más bien reciben descalificación. Y el gobierno no controla la opinión pública pese a los pactos económicos, pactos de silencio y promoción política que ha firmado con los dueños de los medios.

Defensoresenlínea: En Honduras, los opositores políticos, los columnistas, periodistas y defensores de derechos humanos pueden expresar sus opiniones y críticas libremente sin acarrear consecuencias?
Félix: Las consecuencias que enfrente un emisor de ideas y opiniones siempre dependerán de la forma cómo son expresadas y ante quiénes. Conocemos voces absolutamente críticas pero serias y documentadas que pueden decir casi todo, sin sufrir represalias. Pero vemos también un ejercicio ligero, irresponsable e impreciso de las libertades públicas, que convocan por sí mismas la fuerza bruta o los excesos desproporcionados de los agentes del estado o de sus cómplices en el mundo del hampa. Muchos de los casos de comunicadores, periodistas y trabajadores de medios que han muerto en forma violenta en un contexto de casi total impunidad e inseguridad, han ocurrido en circunstancias no necesariamente ligadas al ejercicio público del periodismo.

Defensoresenlínea: Cuáles son las principales amenazas que enfrentan los periodistas y comunicadores sociales en Honduras?

La criminalización, el desprestigio público, la pérdida del empleo, la vigilancia electrónica y física, las persecuciones y daños a parientes cercanos o, en el peor de los casos, los asesinatos contra los emisores. Las principales fuentes de amenazas en el contexto hondureño son las mafias del crimen organizado protegidas por el Estado y con ellas agentes del estado, especialmente en las secretarías de Seguridad, Defensa, Casa Presidencial, Inteligencia y unidades encubiertas.

Defensoresenlínea: En torno al acceso a la información pública, ¿cuál es la situación actual?
Félix:  No existe todavía en Honduras una cultura de búsqueda y reclamación de la información por parte de la ciudadanía. En los últimos años los principales solicitantes de información pública en las instituciones obligadas por la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los recursos de reposición por denegación ante el Instituto de Acceso a Ia Información Pública (IAIP) han sido iniciativas de empleados de medios, pero muy poco ejercen este derecho los y las ciudadanas. El Estado se ha preparado para encriptarse, pero la ciudadanía no se ha formado para presionarlo. Es la verdad.

Defensoresenlínea.com: Desde el 2010, el Consejo de Derechos Humanos recomendó investigar a los responsables de los asesinatos de los periodistas, han pasado 5 años y no hay avances, qué le impide al estado resolver estos casos?
Félix: El estado de Honduras convirtió la debilidad investigativa en un negocio. La impunidad, que genera desconfianza y temores, es un pésimo negocio para la legitimidad de la democracia, pero es un excelente impulsor de compra y venta en el mercado. Con el ocultamiento de los responsables de los delitos y su consecuente falta de castigo, la población teme y consume los variados productos que el mercado le ofrece: perros, armas, chalecos, religiones fundamentalistas, partidos conservadores, policías y militares de mano dura. Ese es el juego, por eso la gente del Estado no resuelve las madejas delictivas porque acabaría él mismo en el centro del ovillo.

En torno a las radios comunitarias, cuál es la situación actual?
Félix: Es excelente, vamos avanzando. Como AMCH estamos operando alrededor de 20 frecuencias, 10 otorgadas por el Estado – incluyendo 3 frecuencias de televisión comunitaria – y otro tanto emitiendo en frecuencia libre en distintos puntos del país. Los desafíos son muy grandes, pero vamos caminando.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3718:honduras-es-un-estado-hostil-hacia-la-prensa-critica&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

, , , , ,

Deja un comentario

“En realidad creo que el gobierno disfrutaría vernos en la cárcel”

E-mail Print PDF

Hace un mes, el 15 de mayo pasado, entró en vigencia la Ley de Protección para las y los defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia en Honduras.

Fue un proceso de discusión largo, desde 2011, pero la aprobación y publicación final en el diario oficial fue a la velocidad de las exigencias del Examen Periódico Universal en la primera semana de mayo 2015.

Ahora el producto en vigencia no reúne siquiera las mínimas expectativas de las personas y organizaciones que intentaron incidir su contenido.

Bertha Oliva, coordinadora general del COFADEH, reconoce que la aprobación de la Ley de Protección para Las y Los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia es un acto formal importante, que refleja la exigencia de la comunidad internacional, y obliga al Estado a reconocer la defensa de los derechos humanos como un derecho humano y admite la legitimidad política de esta exigencia ciudadana.

“Pero eso no significa que, efectivamente, la ley impida la criminalización de las y los defensores de derechos humanos en el país, porque hemos constatado muchos casos de este tipo cometidos por autoridades después de mayo 2015 cuando aprobaron la Ley.

Respecto a su contenido es abundante en narrativa conceptual y de principios, increíblemente clara en los aspectos doctrinarios y tan amplia como el Consejo Nacional de Protección, conformado por catorce identidades.

Pero lo extraordinariamente provocador es que en ese Consejo sólo dos organizaciones representan a “la sociedad civil”, cuyos delegados son acreditados por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, después de ser electos en una asamblea pública que convoca y acredita la Secretaría de Derechos Humanos. Es el puro Estado, decidiendo él sólo como siempre.

Y, lo verdaderamente lamentable que frena el espíritu de la ley, es que las decisiones finales no se toman aquí, sino en el Comité Técnico del Mecanismo de Protección, que está integrado por la Procuraduría General, Fiscalía de Derechos Humanos y las secretaría de Seguridad y Defensa. Ellos, que son generalmente los imputados por las víctimas, son los mismos que definen en su nombre “el nivel del riesgo” en casos concretos de peligro inminente o estado de amenazas.

La Asamblea Pública para elegir la representación de las organizaciones de derechos humanos está convocada por el gobierno para el martes 07 de julio de 2015, a partir de las 9.00 horas en el Club Social del Banco Central de Honduras.

CDM: más desafíos que certezas

“Es una ley con muchos desafíos y pocas certezas, que más bien nos inquieta; por ejemplo, eso que el CONADEH sea la institución que acredita a las organizaciones de derechos humanos para integrar el Consejo Nacional de Protección, cuando sabemos que esa institución está plegada al gobierno, cooptada por el Partido Nacional a través de un señor que en su historia no ha hecho nada relevante frente a graves violaciones a derechos humanos”, así cuestiona Gilda Rivera, coordinadora del Centro de Derechos de Mujeres, CDM.

“El otro problema es que la secretaría de seguridad integra el Comité Técnico, que decide el riesgo en cada caso presentado, con otras instituciones del Estado; es decir, es el puro gobierno. Y no está claro si sus decisiones son vinculantes o no.

En conclusión, nuestra lectura es que esta ley implica más dudas que certezas. Ni el reglamento está hecho y si está hecho no sabemos cómo se hizo”.

Un análisis producido por la abogada Andrea Nuila, estudiante de Maestría en la Universidad Internacional para la Paz, en La Haya, Holanda, enumera algunos de los desafíos que punteó Gilda, psicóloga de profesión.

¨El Sistema de Protección (de personas defensoras de derechos humanos), presenta grandes desafíos, especialmente por la representación limitada que se le ha otorgado a la sociedad civil a costa de la representación de otros sectores en el órgano máximo del Sistema, como por ejemplo, la Secretaría en el Despacho de Defensa.

Sin embargo, será fundamental la participación de las organizaciones sociales en la elaboración de los protocolos y recomendaciones a la Dirección Ejecutiva y Comité Técnico, incluyendo todo lo que se relacione a las medidas de protección, perfil policial y rol de la Secretaría de Seguridad”.

Wil Méndez: Fue “por cumplir” antes del EPU

Una de las organizaciones impulsoras de los primeros borradores de la Ley fue el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, el CIPRODEH, cuyo director Wilfredo Méndez observó con atención el comportamiento del gobierno en Ginebra durante el Examen Periódico Universal al Estado de Honduras.

“Nosotros estábamos interesados en la aprobación de esta ley para que fuera invocada por cada defensor de derechos humanos en el país, porque teníamos antecedentes del mal funcionamiento de las medidas cautelares para víctimas de violaciones, pero sabíamos que se podía degenerar su contenido en el camino. Y así sucedió, el documento final no expresa lo que nosotros reclamábamos.

De las cosas que más nos preocupan en la ley aprobada es que las organizaciones de derechos humanos no tendremos autonomía e independencia en la participación, porque es el Comisionado de Derechos Humanos la institución que decidirá nuestra acreditación.

Debemos decir que la ley fue aprobada por la presión internacional, porque el gobierno no quería, y si lo hizo fue por cumplir antes del Examen Periódico Universal.

Además, la ley está supeditada a la secretaría de gobernabilidad y justicia, que ha puesto los derechos humanos en un nivel marginal y por eso dudamos que tengan realmente la intención de actuar en forma oportuna. No es su prioridad.

Quizás lo único que les presione para medio cumplir es la presencia de periodistas dentro del mecanismo general, en el sentido que éstos puedan darle seguimiento a casos específicos y ejercer presión pública.

En términos de impresionismo político la aprobación de la ley fue la principal carta de presentación del gobierno en el EPU. Pero la sociedad civil fue precavida, guardó silencio respecto a su contenido. No es un proceso de proximidad empática entre el ente el ente regulador y las organizaciones de derechos humanos.

El concepto de defensor y defensora de derechos humanos, que es la persona que aboga por otra, se diluye al incluir sectores del Estado dentro de la ley como víctimas de violaciones o al designar a los narcotraficantes como violadores, ambas visiones transgreden los conceptos originales.

Si el Estado no hace lo propio para asegurar el goce de los derechos humanos, ¿cómo es que puede aparecer a la vez como víctima?

Implica una seria contradicción en la ley controlada por el Estado cuando una víctima acude por protección y el nivel de riesgo lo define probablemente el mismo agente del Estado que participó en la violación.

El Estado no tiene un discurso sincero en esta materia, por el contrario, es un discurso de absoluta manipulación, porque ante la comunidad internacional se muestra preocupado y, a la vez, alegre por salir de las “listas negras de violaciones”, pero a lo interno profundiza un divorcio absoluto con las organizaciones de derechos humanos y criminaliza a sus activistas”.

Casa Alianza: disfrutarían vernos en la cárcel

“Es indudable que el gobierno tomó esta Ley de Protección para Las y Los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia desde una perspectiva reaccionaria y defensiva, sólo tuvo el propósito de decir aprobamos una ley, pero su actuación concreta respecto a defensores y defensoras es carente de voluntad para protegerles y, más bien, es de presión constante¨, resume Guadalupe Ruelas, Director de Casa Alianza.

Ruelas pone el ejemplo de la integración de las secretarías de seguridad y defensa en el Comité Técnico que tomará las decisiones sobre medidas de protección y nivel del riesgo.

“Eso es como poner al conejo a cuidar la zanahoria”, cita.

Ilustra que en los temas operativos, si una persona va a pedir protección al Estado y éste para cuidarlo le pone a los mismos agentes que le han reprimido, debe interpretarse como una peligrosa burla.

“La ley no fue suficientemente participativa, no contiene las buenas prácticas de protección de defensores que han funcionado en el
ámbito no gubernamental y es muy frágil la referencia para evitar la estigmatización y la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos.

Esta ley no sólo burocratiza la protección, sino que está hecha para que el gobierno se lave las manos fingiendo que cumple, porque al darnos policías para ejecutar medidas cautelares formalmente cumple pero no garantiza nuestra seguridad física.

Es algo así como la ley de minería, que está hecha para promover las minas; o la ley de las ZEDES, que es para promover las “ciudades modelo”, la ley para defensores es para aumentar los riesgos porque este gobierno persigue a los defensores y sólo la ciudadanía puede ser la barrera que impida al Estado seguir atentando contra nosotros.

En realidad creo que el gobierno disfrutaría mucho llevarnos a los defensores a la cárcel, creyendo que nosotros realmente ensuciamos su imagen. Pero el gobierno no se ensucia la cara por el lodo de afuera, sino por su propio sudor… porque suda corrupción.

Este es un gobierno que ve con sospecha y enemistad a su población, y la reprime; es un gobierno dispuesto a quemar el país con tal de salvarse él.

Y lamentablemente hay organizaciones sociales que presionan para tomarse un café con el gobierno o vivir debajo del sobaco de los políticos que gobiernan”.

La crítica final de Ruelas es por la decisión de algunas organizaciones de apoyar al régimen en la implementación de la nueva legislación, por razones de mezquina figuración política o, simplemente, por recibir beneficios económicos del erario nacional.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3578:qen-realidad-creo-que-el-gobierno-disfrutaria-vernos-en-la-carcelq&catid=71:def&Itemid=166

, , , , , , ,

Deja un comentario

EDITORIAL: Pasos y pesos del tiempo

Saturday, 23 May 2015 03:27 Written by  Published in Editorial Read 27 times

La defensa de los Derechos Humanos en el mundo está más expuesta a repercusiones negativas que a halagos y parabienes. Más aún si se levanta una bandera de lucha desde una organización No gubernamental, que cuestione y que no se acomode al discurso de quienes administran el control político del país.

En nuestro país, sobre todo después del Golpe de Estado del 28 de junio de 2009, se ha emprendido una campaña sistemática e intencionada de represión hacia los sectores menos favorecidos en el cumplimiento de sus respectivas garantías. Las mismas van desde asesinato hacia miembros del movimiento social (estudiantes, campesinos, mujeres organizadas) hasta el cierre de medios de comunicación que denunciaban la situación alarmante en una Honduras teñida con sangre martirial.

Ante ese escenario es que el Estado Hondureño se sometió al Examen Periódico Universal EPU en el año 2010. El EPU es un mecanismo de evaluación de los Derechos Humanos en los países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que recae en el Consejo de Derechos Humanos. En su primer EPU, Honduras recibió más de 120 recomendaciones de las cuales sobresale la creación de una entidad que, desde el Estado, vele por el cumplimiento de los Derechos Humanos, hasta aspectos más puntuales para que se brinde un trato especial a hacia la defensa de la libertad de expresión así como un nuevo mecanismo legal que vele por la integridad de un sector altamente golpeado por las balas represoras como ser los y las periodistas y comunicadores sociales.

Sin embargo, ya con un segundo EPU a espaldas estatales, Honduras cosechó en esta presentación de hace un par de semanas alrededor de 152 recomendaciones. Las mismas con un grado de alerta por el nivel de riesgo en que se presentan. Por ejemplo que se genere campañas de tolerancia hacia los miembros de la comunidad LGTBI, un sector de la sociedad hondureña que enfrenta desde campañas de desprestigio hasta asesinatos por carentes de sentido común y que tienen arraigado el patrón homofóbico en sus venas y en su subconsciente.

De igual forma en este segundo EPU se recomienda la creación de una ley de equidad de género que desate a la mujer del patriarcado lesivo y cruel al cual estamos sometidos como ciudadanía. Se continúa haciendo énfasis en el respeto a la libertad de expresión así como la ratificación del pacto de derechos civiles, económicos y culturales.

Ante esto, los actuales gobernantes, han levantado una campaña de falso optimismo con la cual, hacen ver en tremendos desplegados publicitarios que nuestro país es respetuoso de los derechos Humanos. No es nada extraño que desde antes de la presentación de la delegación oficial en Suiza, ya se estaba anunciando, con bombos y platillos, que “se aprobaría con más de 80% el EPU”. Como si esta herramienta fuera un examen de aprobación de una asignatura en un centro educativo.

La pregunta es ¿Cómo confiar en el buen desempeño de este actual gobierno cuando rebaja de categoría a una secretaría de estado como la de Justicia y Derechos Humanos? Y si se quiere podemos agregar otra ¿Cómo creer en un gobernante que refuerza de armas a su patria mientras desatiende labores de garantizar derechos elementales como la salud y educación de calidad a su pueblo?

La ciudadanía, los hombres y mujeres a partir del cierre de estas líneas tienen la palabra.

,

Deja un comentario

Militarización en Honduras preocupa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

viernes, 22 de mayo de 2015

Asociación para la Prevención de la Tortura  / Viernes, 22 mayo 2015
La APT insta a Honduras a hacer efectivas las recomendaciones emitidas, la semana pasada, por los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), que ponen de manifiesto la importancia de que fuerzas policiales civiles, y no militares, implementen las estrategias de seguridad del país.
De manera particular, se solicitó al país que apruebe, en el próximo mes de junio, una nueva ley orgánica de la policía y establezca plazos específicos para retirar a los militares de las atribuciones policiales.
La APT considera que estas medidas contribuirían a prevenir la tortura y los malos tratos, y darían continuidad a la reforma penitenciaria iniciada (aunque  todavía no consumada) en el país. Una reforma, que busca impregnar de carácter civil al sistema penitenciario y que no correspondería con el reciente incremento de militares en funciones civiles.
Asimismo, la APT quiere felicitar al Estado por el compromiso asumido de aplicar estándares internacionales en materia de detención e implementar las recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras.
Igualmente, aplaudimos el compromiso de garantizar que las quejas relativas a violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, fuerzas armadas o miembros de compañías privadas sean objeto de investigación, persecución y reparación a las víctimas. Consideramos que este compromiso debe de llevarse a cabo sin demora alguna.
Las recomendaciones arriba mencionadas fueron formuladas al Estado hondureño en el marco de su segundo EPU ante las Naciones Unidas, donde se evaluó la situación de derechos humanos del país y el cumplimiento de recomendaciones formuladas cinco años atrás. El próximo mes de septiembre, Honduras se pronunciará sobre aquellas recomendaciones que todavía no ha aceptado.
El Consejo de Derechos Humanos está conformado por 47 Estados, de  los cuales 8 de ellos son latinoamericanos.

http://www.apt.ch/es/news_on_prevention/militarizacion-en-honduras-preocupa-al-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu/#.VV-gy1KYXlw

  Asociación para la Prevención de la Tortura
Centre Jean-Jacques Gautier
10, route de Ferney
P.O. Caja 137
CH-1211 Ginebra 19
Suiza

, ,

Deja un comentario

La Verdad sobre el EPU: Mujeres evidencian al Estado de Honduras por retrocesos que las ponen en precario

Wednesday, 20 May 2015 04:33 Written by  Published in Contexto Read 8 times

Rate this item

Las organizaciones de mujeres campesinas y feministas desnudaron la realidad que escondió el Estado de Honduras al presentar ante el Examen Periódico Universal, EPU, el 08 de mayo anterior,  supuestos logros que atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres.

En conferencia de prensa las mujeres salieron al paso del discurso del actual gobierno que pregona respeto de los derechos humanos en el país con una calificación ficticia, pues los funcionarios estatales lo que no dijeron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es que aunque se obtuvieron 203 sentencias de homicidio (asesinatos y parricidios en contra de mujeres),no dijo que en ese período ocurrieron 2 mil 670 femicidios, o sea que solamente un pírrico siete por ciento de los crímenes obtuvieron sentencia.

 

Otro hecho que ocultó la delegación de gubernamental en Ginebra es el desmantelamiento de los mecanismos de la mujer; la baja intensidad con que se implementan las políticas públicas que tienen que ver con las mujeres; el desaparecimiento de la mayoría de las unidades de género de las diferentes secretarías del Estado y la marginación  con la que operan las oficinas municipales de la mujer.

A continuación el comunicado distribuido en la conferencia de prensa realizada en Tegucigalpa, Honduras por la Plataforma 25 de Noviembre:

La Plataforma 25 de Noviembre en contra de la violencia hacia las mujeres integrada por organizaciones campesinas y feministas ante la reciente presentación del Examen Periódico Universal (EPU) por parte del Estado de Honduras en Ginebra, Suiza expresamos lo siguiente:

 

Que en la  segunda evaluación realizada el 8 de mayo del 2015, Honduras recibió un total de 152 recomendaciones relacionadas con diferentes temáticas de gran relevancia para la agenda de los derechos humanos en nuestro país, en relación a los resultados de la primera evaluación se incrementaron en 23 recomendaciones, dado que en el primero periodo fueron emitidas 129. De las 152 recomendaciones 11 se refieren exclusivamente a respetar los derechos humanos de las mujeres.

 

Expresamos nuestro respeto por aquellos países miembros de la ONU que asumieron su responsabilidad mostrando sus preocupaciones y haciendo recomendaciones para el respeto a los derechos de las mujeres, a la vez reconocemos que esto no hubiera sido posible si la incidencia internacional realizadas por las organizaciones feministas y de mujeres del país en articulación y alianzas con las diferentes expresiones del movimiento feminista en el ámbito internacional.

 

Expresamos nuestra inconformidad por el informe presentado por la delegación gubernamental al plantear supuestos logros que atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres tales como: la Policía Militar del Orden Publico, función de la secretaria de Derechos humanos, reducir algunas secretarías al rango de direcciones como el caso del Instituto Nacional de Mujer y la Secretaría de Derechos Humanos, militarización en el Aguán entre otras.

 

A las mismas no se les ha destinado un presupuesto tampoco se cuenta con la institucionalidad necesaria para su implementación, es por eso que aunque se tipificó el femicidio, estos crímenes de odio continúan, el gobierno de Honduras reportó 203 sentencias de homicidio (asesinatos y parricidios en contra de mujeres, pero no dijo que en ese período ocurrieron 2, 670 femicidios lo que implica que solo el siete por ciento (7%) de los crímenes obtuvieron sentencia.

 

Además no se ha  informado del desmantelamiento de los mecanismos de la mujer muestra clara de ello es la baja intensidad con que se implementan las políticas públicas que tienen que ver con las mujeres, el desaparecimiento de la mayoría de las unidades de género de las diferentes secretarías del Estado y la marginidad con la que operan las oficinas municipales de la mujer.

 

Tal y como lo informó la delegación gubernamental, en efecto se abrió la unidad de investigación de muertes violentas en al Aguán (UMVIBA), pero no se dijo que 815 mujeres han sido criminalizadas en la lucha por el acceso a la tierra, siendo víctimas de desalojos violentos y , detenciones ilegales y asesinatos.

 

No se dijo que las mujeres campesinas no tienen acceso a la tierra, crédito y asistencia técnica y que al contrario su lucha ha sido criminalizada y que solo en el 2014 cuatro mujeres campesinas fueron asesinadas.

 

Aunque se han realizado esfuerzos desde las organizaciones campesinas para  elaborar y presentar proyectos de Ley como CREDIMUJER y la Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género al Congreso Nacional, éstas se encuentran estancadas en la comisión de dictamen, lo que demuestra el desinterés y la falta de compromiso del gobierno para resolver la problemática agraria en Honduras.

 

Algunas de las recomendaciones emitidas por 60 países a favor de las mujeres están: adoptar nuevas medidas para la investigación efectiva; enjuiciamiento y castigo para los crímenes de odio contra las personas de LGTB y las mujeres; actuaciones efectivas en caso de violencia contra la mujer; implementar efectivamente el Plan de Equidad e Igualdad de género 2010-2022 asignando recursos técnico y financieros para alcanzar los objetivos previstos entre otros.

 

Finalmente las organizaciones de la Plataforma 25 de Noviembre instaron al Estado de Honduras a aceptar e implementar todas las recomendaciones que los países del sistema de la Naciones Unidas emitieron para el avance concreto hacia los derechos humanos de las mujeres campesinas y feministas del país.

 

A continuación el comunicado distribuido en la conferencia de prensa realizada en Tegucigalpa, Honduras por la Plataforma 25 de Noviembre:

La Plataforma 25 de Noviembre en contra de la violencia hacia las mujeres integrada por organizaciones campesinas y feministas ante la reciente presentación del Examen Periódico Universal (EPU) por parte del Estado de Honduras en Ginebra, Suiza expresamos lo siguiente:

 

Que en la  segunda evaluación realizada el 8 de mayo del 2015, Honduras recibió un total de 152 recomendaciones relacionadas con diferentes temáticas de gran relevancia para la agenda de los derechos humanos en nuestro país, en relación a los resultados de la primera evaluación se incrementaron en 23 recomendaciones, dado que en el primero periodo fueron emitidas 129. De las 152 recomendaciones 11 se refieren exclusivamente a respetar los derechos humanos de las mujeres.

 

Expresamos nuestro respeto por aquellos países miembros de la ONU que asumieron su responsabilidad mostrando sus preocupaciones y haciendo recomendaciones para el respeto a los derechos de las mujeres, a la vez reconocemos que esto no hubiera sido posible si la incidencia internacional realizadas por las organizaciones feministas y de mujeres del país en articulación y alianzas con las diferentes expresiones del movimiento feminista en el ámbito internacional.

 

Expresamos nuestra inconformidad por el informe presentado por la delegación gubernamental al plantear supuestos logros que atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres tales como: la Policía Militar del Orden Publico, función de la secretaria de Derechos humanos, reducir algunas secretarías al rango de direcciones como el caso del Instituto Nacional de Mujer y la Secretaría de Derechos Humanos, militarización en el Aguán entre otras.

 

A las mismas no se les ha destinado un presupuesto tampoco se cuenta con la institucionalidad necesaria para su implementación, es por eso que aunque se tipificó el femicidio, estos crímenes de odio continúan, el gobierno de Honduras reportó 203 sentencias de homicidio (asesinatos y parricidios en contra de mujeres, pero no dijo que en ese período ocurrieron 2, 670 femicidios lo que implica que solo el siete por ciento (7%) de los crímenes obtuvieron sentencia.

Además no se ha  informado del desmantelamiento de los mecanismos de la mujer muestra clara de ello es la baja intensidad con que se implementan las políticas públicas que tienen que ver con las mujeres, el desaparecimiento de la mayoría de las unidades de género de las diferentes secretarías del Estado y la marginidad con la que operan las oficinas municipales de la mujer.

 

Tal y como lo informó la delegación gubernamental, en efecto se abrió la unidad de investigación de muertes violentas en al Aguán (UMVIBA), pero no se dijo que 815 mujeres han sido criminalizadas en la lucha por el acceso a la tierra, siendo víctimas de desalojos violentos y , detenciones ilegales y asesinatos.

 

No se dijo que las mujeres campesinas no tienen acceso a la tierra, crédito y asistencia técnica y que al contrario su lucha ha sido criminalizada y que solo en el 2014 cuatro mujeres campesinas fueron asesinadas.

 

Aunque se han realizado esfuerzos desde las organizaciones campesinas para  elaborar y presentar proyectos de Ley como CREDIMUJER y la Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género al Congreso Nacional, éstas se encuentran estancadas en la comisión de dictamen, lo que demuestra el desinterés y la falta de compromiso del gobierno para resolver la problemática agraria en Honduras.

 

Algunas de las recomendaciones emitidas por 60 países a favor de las mujeres están: adoptar nuevas medidas para la investigación efectiva; enjuiciamiento y castigo para los crímenes de odio contra las personas de LGTB y las mujeres; actuaciones efectivas en caso de violencia contra la mujer; implementar efectivamente el Plan de Equidad e Igualdad de género 2010-2022 asignando recursos técnico y financieros para alcanzar los objetivos previstos entre otros.

 

Finalmente las organizaciones de la Plataforma 25 de Noviembre instaron al Estado de Honduras a aceptar e implementar todas las recomendaciones que los países del sistema de la Naciones Unidas emitieron para el avance concreto hacia los derechos humanos de las mujeres campesinas y feministas del país.

Fuente: http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/contexto/item/802-la-verdad-sobre-el-epu-mujeres-evidencian-al-estado-de-honduras-por-retrocesos-que-las-ponen-en-precario

, ,

Deja un comentario

Mujeres organizadas exigen más protección

Martes, 19 Mayo 2015 22:50

Las mujeres pidieron frenar la violencia contra ellas. Las mujeres pidieron frenar la violencia contra ellas.

TEGUCIGALPA- Representantes de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres expresaron su inconformidad contra el Estado de Honduras, porque no expusieron ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Estados Américas su compromiso por proteger a este sector de la sociedad.

En conferencia de prensa, Deysi Flores, de la organización JASS; Wendy Cruz, de Vía Campesina; Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer y Carolina Reyes, del Foro por la Vida-San Pedro Sula, expusieron sobre lo que no dijo Honduras ante el Examen Periódico Universal (EPU).

Las mujeres expresaron que el Estado no dijo  ante el Consejo que en los últimos años hubo 2, 670 asesinatos y parricidios de mujeres y que únicamente el siete por ciento obtuvo sentencia.
Exigieron mayores políticas que las protejan;  que no se cometan crímenes y que cumplan las recomendaciones hechas por el Consejo sobre violaciones a sus derechos.

Fuente: http://www.tiempo.hn/nacion/item/31743-mujeres-organizadas-exigen-mas-proteccion

, ,

Deja un comentario

Organizaciones darán seguimiento a resoluciones del EPU a Honduras

May 15, 2015

Luego de la participación de Honduras en el Examen Periódico Universal (EPU) 2015 en Ginebra, Suiza, el pasado 8 de mayo, el país recibió 23 recomendaciones más en comparación de la examinación del 2010.

Durante el EPU 2010 el Estado recibió un total de 129 y en este 2015 se registraron 152, situación que significa un fuerte llamado de atención para las autoridades con el fin de que se tome en serio la situación de los derechos humanos en el país, que a diario son violentados de diversas formas.

La evaluación realizada por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dejó satisfechas a las organizaciones defensoras de derechos humanos.

La Plataforma EPU Honduras, conformada por más de 50 organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos se expresó de forma satisfactoria en una conferencia de prensa brindada simultáneamente en San Pedro Sula y Tegucigalpa.

En uno de los comunicados entregados a la opinión pública la plataforma cita lo siguiente: “Manifestamos nuestra satisfacción por la responsabilidad que asumieron los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas ante el EPU realizado a nuestro país, en particular por las preocupaciones y recomendaciones que realizaron para mejorar la situación de derechos humanos y el cumplimiento de los tratados y convenciones internacionales”.

En ese sentido se refirieron a la situación de precariedad del sistema de justicia hondureño, la inseguridad, la pobreza, indefensión y violaciones a los derechos humanos, que después de los procesos de denuncia han causado eco a nivel de la comunidad internacional, condenando estos sucesos.

La plataforma también opinó en torno a la participación del Estado de Honduras durante el EPU, “le faltó coherencia y expresión de un verdadero compromiso con los derechos humanos. Se presentaron como avances, supuestos logros que  atentan contra los derechos fundamentales, para el caso: Policía Militar del Orden Público, fusión de la Secretaría de Derechos Humano, reducir o degradar algunas Secretarias de Estado al rango de direcciones, militarización del Bajo Aguan, reducción de medidas cautelares, la entrada en funciones del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, justificar separación de jueces y una  magistrada durante el Golpe de Estado.  Sin duda, que estos no son logros o avances sino que retrocesos en la protección de los derechos humanos”, cita el comunicado.

Durante la evaluación aproximadamente 60 Estados hicieron uso de la palabra y luego de un saludo diplomático, emitieron sus preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en Honduras; seguidamente procedieron a realizar sus recomendaciones.

Principales recomendaciones

Luego de analizar la situación alarmante de los derechos humanos en el país, los Estados que forman parte de las Naciones Unidas (ONU) y que pidieron la palabra durante la evaluación aplicada a Honduras, hicieron varias recomendaciones entre las que destacan las siguientes:

Garantizar la implementación efectiva de la Ley de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comunicadores Sociales y operadores de Justicia.

Actuaciones efectivas en caso de la violencia contra la mujer, en especial la investigación y sanción de los casos de feminicidio; la no militarización de la sociedad; garantizar la seguridad ciudadana y fortalecimiento de la Policía Nacional; medidas de protección para la comunidad de la diversidad sexual, proteger a la niñez migrante no acompañada.

Aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y garantizar la consulta previa a las poblaciones indígenas; fortalecer el sistema de justicia ante su falta de independencia; reducir la muerte de jóvenes; garantizar la seguridad de los pobladores del Bajo Aguan; evitar la criminalización de defensores y defensoras; asegurar la protección y seguridad de los periodistas, jueces y defensores.

Garantizar educación gratuita y de calidad, salud y generación empleo; presentar los informes pendientes a órganos de tratados y procedimientos especiales de Naciones Unidas; mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad, entre otras.

En ese sentido la Plataforma EPU expresó que darán continuidad a las denuncias y seguirán en comunicación con los organismos internacionales, Estados y con los cuerpos diplomáticos acreditados en la nación, para exigir que se cumplan las recomendaciones.

“Los defensores y defensoras de derechos humanos  estamos en la disposición  de coordinar esfuerzos con las instancias gubernamentales cuando se tomen en cuenta nuestras propuestas y los gobernantes asuman una actitud incluyente en lugar de las posiciones carentes de diálogo que observamos actualmente”, dijo la abogada y ex magistrada Tirsa Flores.

Campaña mediática

Durante la participación de Honduras en el EPU 2015, a nivel de medios de comunicación que sostienen ostentosos contratos publicitarios con el gobierno titulaban que Honduras había pasado la prueba ante los organismos internacionales en materia de defensa a los derechos humanos.

En repetidas ocasiones se hizo alusión a que en comparación con 2010, el gobierno había actuado de forma responsable y logró constituir logros en ese sentido con la aplicación de varias medidas.

Juan Mejía, integrante de la Plataforma EPU, manifestó que se quiere montar una campaña mediática para hacerle creer a la gente que en el país no se están violando los derechos humanos, pero afirmó “que no es cierto y que no se puede tapar el sol con un dedo”.

Además se refirió a la campaña que se ha creado en contra de los defensores de derechos humanos, a quienes el gobierno ha calificado como instituciones que buscan desprestigiar al país ante la comunidad internacional.

“Nos parece que es engañosa y desleal la conducta de los altos funcionarios gubernamentales que afirman que Honduras está avanzando porque  salimos de la “lista negra” de derechos humanos, sin aclarar que se sale porque así lo establece el artículo 59 del Reglamento de la CIDH como requisito de su visita en el país que ha mostrado buena voluntad, lo cual se aplaude, pero también hay que decir que este año se emitirá un informe particular sobre Honduras ante la constatación de la Comisión Interamericana de las graves violaciones de derechos humanos”, menciona el comunicado de la Plataforma EPU.

Mejía recalcó que el hecho que Honduras haya salido de esta lista no significa que el gobierno ya no siga siendo un violador de derechos humanos en serie, por lo tanto dijo que seguirán el proceso de exigencia y denuncia en torno a la problemática.

Entre tanto Luis Chévez integrante de la Plataforma y de la Convergencia por los Derechos Humanos, hizo un llamado al gobierno de Juan Orlando Hernández  para que dé seguimiento a las recomendaciones y que cuanto antes pongan manos a la obra y que de verdad demuestren su intención por mejorar las condiciones en el marco de protección a los derechos humanos de la población.

También dejó claro “que si el gobierno sigue la política que hasta el momento se ha visto, significará que lo que menos hay es voluntad política para hacerlo y que los discursos solo sirven para fortalecer una campaña mediática que engaña a la gente”.

Le recomendamos: RECOMENDACIONES DEL EPU SE ORIENTARON A VIOLENCIA CONTRA MUJERES, MENORES MIGRANTES Y COMUNIDAD LGTBI

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2074-organizaciones-dar%C3%A1n-seguimiento-a-resoluciones-del-epu-a-honduras

,

Deja un comentario

Plataforma EPU-Honduras:Engañosa y desleal conducta de funcionarios gubernamentales al afirmar que Honduras está avanzando

Friday, 15 May 2015 05:09 Written by  Published in Monitoreo de compromisos internacionales Read 18 times
Rate this item

Nos parece que es engañosa y desleal la conducta de los altos funcionarios

gubernamentales que afirman que Honduras está avanzando porque salimos de la “lista negra” de derechos humanos, señala un comunicado de la Plataforma EPU Honduras, emitido en conferencia de prensa este 13 de mayo de 2015.

La plataforma critica el hecho de que solamente se dice una parte de la historia, pues el requisito para que Honduras salga de la lista negra debe conllevar un verdadero compromiso de respetar los derechos humanos.

A continuación el comunicado completo de la Plataforma EPU Honduras , después del Examen Periódico Universal a Honduras:

 

Plataforma EPU-Honduras

Valoraciones sobre el Examen Periódico Universal

realizado el 8 de mayo en Ginebra, Suiza

 

La plataforma EPU conformada por más de 50 organizaciones que trabajan temas de

defensa y protección de derechos humanos, una vez que el Estado de Honduras ha

realizad su Examen Periódico Universal, a la comunidad nacional e internacional expresa:

 

1. Manifestamos nuestra satisfacción por la responsabilidad que asumieron los Estados

miembros de la Organización de Naciones Unidas ante el EPU realizado a nuestro país, en particular por las preocupaciones y recomendaciones que realizaron para mejorar la situación de derechos humanos y el cumplimiento de los tratados y convenciones

internacionales.

 

2. Compartimos como un logro de la Plataforma EPU y de las organizaciones de sociedad civil, las recomendaciones que se realizaron, las cuales significan un serio compromiso que el Estado de Honduras asume con la comunidad internacional. Asimismo, son un indicador de la profunda preocupación de los Estados miembros de las Naciones Unidas ante la situación de precariedad del sistema de justicia, inseguridad, pobreza, indefensión y violaciones de derechos humanos imperante en Honduras.

 

3. Al informe que presentó el Estado de Honduras el 8 de mayo en Ginebra, Suiza, le faltó coherencia y expresión de un verdadero compromiso con los derechos humanos. Se presentaron como avances, supuestos logros que atentan contra los derechos

fundamentales, para el caso: policía militar del orden público, fusión de la Secretaría de DDHH, reducir o degradar algunas Secretarias de Estado al rango de Direcciones,

militarización del Bajo Aguan, reducción de medidas cautelares, la entrada en funciones del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, justificar separación de jueces y una magistrada durante el Golpe de Estado, etc. Sin duda, que estos nos son logros o avances sino que retrocesos en la protección de los derechos humanos.

 

4. De los aproximadamente 60 Estados que tomaron la palabra en el EPU-Honduras, estos después del saludo diplomático y de las felicitaciones, emitieron sus preocupaciones sobre la situación de derechos humanos, para luego proceder a realizar sus recomendaciones las que esta oportunidad ascienden a 152 una cifra superior a las 129 del año 2010. En otras palabras, el EPU realizado en Ginebra, Suiza, más que aplausos es un fuerte llamado de atención al Estado de Honduras para que se tome en serio la situación de derechos humanos en el país.

 

Es importante recalcar que el protocolo de los Estados al momento de intervenir es:

 

1)Agradecer y felicitar al Estado por su voluntad de comparecer ante el Consejo de la ONU,

2) Emitir preocupaciones si las tuviere y

3) Emitir las recomendaciones correspondientes si las tuviere. Por ello es absurdo mencionar que el Estado salió felicitado de su presentación como si fuera una aprobación de su examen. Repetimos este es rigor diplomático.

 

5. Entre las principales recomendaciones están:

 

  • Garantizar la implementación efectiva de la Ley de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comunicadores Sociales y operadores de Justicia;
  • Actuaciones efectivas en caso violencia contra la mujer, en especial la investigación y sanción de los casos de feminicidio; la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW;
  • La no militarización de la sociedad; garantizar la seguridad ciudadana y fortalecimiento de la Policía Nacional;
  • Medidas de protección para la comunidad LGTBI;
  • Proteger a la niñez migrante no acompañada;
  • Aplicación del convenio 169 de la OIT y garantizar la consulta previa a las poblaciones indígenas;
  • Fortalecer el sistema de justicia ante su falta de independencia;
  • Reducir la muerte de jóvenes;
  • Garantizar la seguridad de los pobladores del Bajo Aguan;
  • Evitar la criminalización de defensores y defensoras; asegurar la protección y seguridad de los periodistas, jueces y defensores(as);
  • Garantizar educación gratuita y de calidad, salud y generación empleo;
  • Presentar los informes pendientes a órganos de tratados y procedimientos especiales de Naciones Unidas; mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad, entre otras.

6. Independientemente de las características de mecanismos como el EPU y otros de

Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es un hecho que los mismos obligan a los Estados a explicar su situación de derechos humanos ante la

comunidad internacional y, a través de los estos, se canaliza la preocupación para tomar algunas medidas correctivas. En este sentido, es positivo para el pueblo hondureño esta comparecencia del Estado de Honduras ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como expresión de monitoreo para el respeto y goce de los derechos humanos del pueblo hondureño.

 

7. La Plataforma EPU aprovecha para expresar que dará continuidad a las denuncias y

comunicaciones con los organismos internacionales, con los Estados y con el cuerpo

diplomático acreditado en nuestro país, sobre todas las manifestaciones que estigmatizan a los defensores y defensoras de derechos humanos, entre las deben incluirse las que recientemente aparecen en un comunicado del gobernante Partido Nacional, cuyo contenido busca desprestigiar a las organizaciones de derechos humanos y presentarlas como enemigas del país.

 

8. Queremos reafirmar nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y

manifestar que nuestra pretensión no es quedar bien con el gobierno mintiendo o

callando; los defensores y defensoras de derechos humanos estamos en la disposición de coordinar esfuerzos con las instancias gubernamentales cuando se tomen en cuenta

nuestras propuestas y los gobernantes asuman una actitud incluyente en lugar de las

posiciones carentes de diálogo que observamos actualmente.

 

9. Nos parece que es engañosa y desleal la conducta de los altos funcionarios

gubernamentales que afirman que Honduras está avanzando porque salimos de la “lista negra” de derechos humanos, sin aclarar que se sale porque así lo establece el artículo 59 del Reglamento de la CIDH como requisito de su visita en el país que ha mostrado buena voluntad, lo cual se aplaude, pero también hay que decir que este año se emitirá un informe particular sobre Honduras ante la constatación de la Comisión Interamericana de las graves violaciones de derechos humanos.

 

10. Desde la Plataforma EPU-Honduras nos mantendremos realizando acciones

coordinadas para el monitoreo y seguimiento del cumplimiento por parte del Estado de Honduras de las recomendaciones realizadas en el examen periódico universal y en

cualquier otro mecanismo de observación internacional de derechos humanos.

San Pedro Sula-Tegucigalpa, 12 de mayo de 2015.

 

PLATAFORMA EPU-HONDURAS

 

 

,

Deja un comentario

El ministro de Derechos Humanos, Justicia: Honduras entre mejor evaluados en el EPU

Jueves, 14 Mayo 2015 00:29

La delegación de Honduras fue una de las dos que fueron felicitadas personalmente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, según el ministro Rigoberto Chang Castillo. La delegación de Honduras fue una de las dos que fueron felicitadas personalmente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, según el ministro Rigoberto Chang Castillo.

TEGUCIGALPA- El ministro de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo, aseguró ayer que Honduras fue de los países mejor evaluados en el Examen Periódico Universal (EPU) sobre derechos humanos, al grado de que su delegación fue una de las dos felicitadas.

Honduras cumplió con el  82,5  por ciento de las 129 recomendaciones que recibió en el 2010 y recibió otras 152 para trabajar en ellas durante los próximos cuatro años, según el Gobierno.

El funcionario aclaró que el hecho de tener otras 152 recomendaciones no significa que al país le fue mal porque todos los países reciben nuevas sugerencias, ya que el objeto del examen es mejorar cada día en la situación de derechos humanos, no condenar a nadie.

Un ejemplo es el caso Estados Unidos que de 280 subió a 394, Liberia de 114 a 186 y Malawi de 129 a 199, entre otros, aseguró.

FELICITARON A HONDURAS
Aseguró que “los miembros de las delegaciones de Honduras y de Maldivia fueron los únicos que fueron felicitados y saludados uno a uno por los miembros del Consejo”, de entre 14 países que fueron evaluados en este proceso.

Además, precisó que Honduras es el país con menor diferencia entre las recomendaciones que recibió ahora y las que tenía hace cuatro años.

Chang Castillo dijo que las 129 recomendaciones que tenía Honduras se contraían a los derechos humanos en sentido genérico, para adoptar políticas públicas que el Gobierno ya estableció.
Además había otros dos bloques importantes que eran los crímenes contra periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, operadores de justicia y miembros de las comunidades de la diversidad sexual, y el conflicto que ocurrió en el Bajo Aguán.

El conflicto del Aguán fue resuelto y por el otro lado está aprobada la ley especial para proteger a periodistas, operadores de justicia y los otros grupos señalados en las observaciones, misma que ayer fue sancionada por el presidente Juan Orlando Hernández, según el funcionario.

También hubo trabajo puntual en el tema penitenciario, apertura para la participación política de todas las tendencias y la amnistía sobre delitos políticos cometidos alrededor del golpe de Estado del 2009, agregó.

Estado admitió las
152 nuevas peticiones

TEGUCIGALPA
La viceministra de Derechos Humanos, Karla Cueva, dijo en su discurso final ante el Consejo de Derechos Humanos que el Estado no rechazó ninguna de las 152 recomendaciones que se le hicieron, de las cuales solo 59 abordan temas nuevos.
Estas 59 recomendaciones se incorporan como acciones estratégicas en el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2013-2022, afirmó.

La funcionaria aseguró que 81 de esas 152 recomendaciones son manifestaciones de ánimo al país para seguir avanzando en acciones que ya está ejecutando Honduras.
En doce de las nuevas recomendaciones serán examinadas para abrir el diálogo con la participación amplia de los sectores sociales para determinar su viabilidad.

MICROFORMATOS
Compromiso
En la evaluación Honduras se comprometió a que la participación de los militares en temas de seguridad será temporal.

Avances
El país podrá presentar un informe de avances de las nuevas recomendaciones en septiembre.
Datos
68 países estaban enlistados para evaluar a Honduras, pero solo 80 se presentaron y a 15 de ellos les interesó el tema de los derechos de la mujer y a ocho la situación de las cárceles.

Fuente: http://www.tiempo.hn/nacion/item/30886-el-ministro-de-derechos-humanos,-justicia-honduras-entre-mejor-evaluados-en-el-epu

,

Deja un comentario

Plataforma EPU rinde informe: No se trataba de pasar, había que cumplir recomendaciones

Jueves, 14 Mayo 2015 00:24

El Estado de Honduras debe prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, según nuevas recomendaciones El Estado de Honduras debe prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, según nuevas recomendaciones

SAN PEDRO SULA- La Plataforma EPU, integrada por 50 organizaciones, rindió  ayer un informe en esta ciudad, como lo hizo en Tegucigalpa, y aclaró ayer que el Estado de Honduras más que aplausos, recibió nuevas y más recomendaciones durante el segundo Examen Periódico Universal  realizado en Ginebra, Suiza, dado que la situación de los derechos humanos es precaria.

El Gobierno, en representación del Estado de Honduras, compareció el pasado 8 de mayo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde los 60 Estados miembros, esta vez, le recomendaron que tomara 152 acciones enfocadas a mejorar la situación en el país.

En una conferencia de prensa, celebrada ayer en el Hotel Sula, los representantes de la Plataforma EPU, que también estuvieron en Ginebra como parte crítica del oficialismo, señalaron  al Gobierno de utilizar a los medios de comunicación para desinformar a los ciudadanos sobre lo sucedido en Ginebra.

En 2010, el Consejo de Derechos Humanos le planteó al gobierno hondureño un pliego de 129 recomendaciones que debió cumplir antes de asistir al segundo Examen Periódico Universal. Sin embargo, esa entidad de la ONU, en la segunda visita, le incrementó a 152 las  medidas que ahora debe tomar.

“Esto significa que la situación de los derechos humanos en el país no sólo no ha mejorado, sino que se ha profundizado un poco más. Significa también que la comunidad internacional está más pendiente de lo que está pasando en el país”, dijo Juan Mejía a los periodistas que asistieron a la conferencia
.
Mejía explicó que “el Examen Periódico Universal  no se trata de un examen escolar (…), no se trata de pasar o no pasar”, sino de cumplir las recomendaciones. Aquí, “la situación es deplorable. Están corriendo ríos de sangre en nuestro país.  Esto tiene que terminar. El Estado no está dando muestra reales para que esta situación cambie.

En un comunicado de prensa, entregado en la conferencia, la Plataforma EPU indicó que “al informe que presentó el Estado de Honduras (…) le faltó coherencia y expresión de un verdadero compromiso con los derechos humanos”.
OPINIÓN
“Nos parece que es engañosa y desleal la conducta de los altos funcionarios gubernamentales que afirman que Honduras está avanzando porque salimos de la lista negra de derechos humanos”: Plataforma EPU.

Una de las recomendaciones que le formularon a Honduras consiste en “mejorar la eficiencia de la prevención, investigación y persecución de todas las formas de ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y jueces con el fin de reducir su incidencia y para hacer frente a la impunidad de estos crímenes”.

Fuente: http://www.tiempo.hn/nacion/item/30885-plataforma-epu-rinde-informe-no-se-trataba-de-pasar,-habia-que-cumplir-recomendaciones

, ,

Deja un comentario

Honduras cuestionada por la ONU ante violaciones a Derechos Humanos

13 de Mayo de 2015

05:30PM  –  Agencia AFP  

El Comisionado de Derechos Humanos de Honduras registra 54 homicidios de periodistas y empleados de medios de comunicación desde 2003, mientras que 87 abogados han sido asesinados desde 2010.

Honduras cuestionada por la ONU ante violaciones a Derechos Humanos.
Honduras cuestionada por la ONU ante violaciones a Derechos Humanos.

Tegucigalpa, Honduras

El gobierno de Honduras recibió un fuerte llamado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que proteja periodistas y abogados y evite la militarización de la sociedad, advirtieron este miércoles organizaciones no gubernamentales.

Cincuenta organizaciones civiles manifestaron en una declaración divulgada en rueda de prensa que el Examen Periódico Universal (EPU) fue “un fuerte llamado de atención al Estado de Honduras para que se tome en serio la situación de los derechos humanos en el país”.

Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, destacó que el gobierno hondureño quedó obligado “al fortalecimiento de la policía civil y de la investigación criminal” para combatir la criminalidad y disminuir los niveles de violencia en el país, catalogado como el más violento del mundo.

Explicó que otras de las recomendaciones del Consejo fueron la aplicación de la recién aprobada ley de protección de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, la no militarización de la sociedad y fortalecer el sistema de justicia y la división de los poderes del Estado.

El Comisionado de Derechos Humanos de Honduras registra 54 homicidios de periodistas y empleados de medios de comunicación desde 2003, mientras que 87 abogados han sido asesinados desde 2010.

Méndez indicó que los 60 estados que tomaron la palabra durante el examen “emitieron sus preocupaciones por los derechos humanos” en Honduras y formularon 152 recomendaciones, cifra superior a las 129 que hicieron en 2010.

El jefe de la misión del gobierno que viajó a Ginebra para recibir el EPU, Jorge Hernández Alcerro, aseguró que Honduras aprobó un 82% de las 129 recomendaciones pero Méndez sostuvo que “no cumplió ni el 35%”.

Méndez destacó que el Estado de Honduras fue cuestionado por los altos niveles de criminalidad con “15 asesinatos cada día y personas que reciben hasta 25 balazos” sin que las culpables sean investigados.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/839949-331/honduras-cuestionada-por-la-onu-ante-violaciones-a-derechos-humanos

, , , , ,

Deja un comentario

El EPU no es como un duelo Barca – Bayern

miércoles, 13 de mayo de 2015

“O sea, nosotras no celebramos los triunfos ni las derrotas del gobierno, trabajamos por un Estado fuerte que dignifique a su población”
La coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva, siguió con atención desde Tegucigalpa los temas del Examen Periódico Universal al Estado de Honduras en Ginebra, Suiza. Las siguientes son sus valoraciones aquí en defensoresenlinea.com.
(Su nieto Luis Alberto, quien regresó de España hace una semana después de dos años en cirugía reconstructiva en el hospital Gregorio Marañón, pasa enfrente envuelto casi por completo en una bandera del Barca, los catalanes están dejando atrás en el camino a los alemanes).
 “Mire, el gobierno de Honduras asumió la defensa del Estado como si el examen (el EPU) fuera una competición futbolera entre dos equipos rivales, el problema es que el choque fue entre las víctimas y los apologistas de la marca País”, dice señalando al nieto quien finge ignorar la situación.

En efecto, el gobierno post golpe ha mantenido una hostilidad continua hacia las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, contra las independientes, que han documentado y denunciado las violaciones.

En la estrategia de auto defensa del gobierno el tema de los derechos humanos es clave; en la lógica de los costosísimos “asesores de imagen” afecta la Marca País, ese invento promocional que supera todo el positivismo de Dale Carnegie.

En su último comunicado público del lunes 11 de mayo de 2015, el Partido Nacional hecho gobierno desde 2009 afirma — refiriéndose a las voces disonantes no alineadas con el régimen — que éstas “fracasaron en su plan para evitar que Honduras obtuviera el reconocimiento de los avances tangibles en el examen periódico universal de la Organización de las Naciones Unidas”.

¿Cómo valora usted el EPU 2015, Bertha?
En nuestro criterio el gobierno de Honduras recibió una sacudida diplomática en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Los voceros oficiales pronunciaron su discurso cumplidor el viernes 8 de mayo, pero el lunes 11 de mayo recibieron 152 nuevas recomendaciones que deberán cumplir sin dilaciones.
Nosotras no dudamos que en el gobierno hay personas que entienden la filosofía de los derechos humanos y que les preocupa en serio la situación, pero sí dudamos de los publicistas de Casa Presidencial y de los funcionarios que les creen.
Ellos están encargados de manipular la opinión pública con fines perversos.
Pero quienes entendemos las cosas simples sabemos que es un revés, indudablemente, ir a reportar con ánimo triunfalista sobre 129 recomendaciones de 2010 y recibir nuevas recomendaciones sobre los mismos temas y sobre otros de profunda preocupación para la comunidad internacional.
Es una estupidez convertir en triunfo político algo que realmente es una derrota ética y moral.
Pero la narrativa mediática oficial no tiene escrúpulos, aplica el tono propagandístico a los temas de vida o muerte.
Consideran un golazo de chanfle la exclusión temporal de Honduras de las investigaciones de crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional, en diciembre de 2013.
Venden como un OK la salida del país del Capítulo IV de la Comisión Intermaericana de Derechos Humanos — seis años después de su ingreso tras el golpe –, que llaman en lenguaje racista salir de “la lista negra de países violadores de derechos humanos”.
Consideran una hard trick la apertura de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Tegucigalpa.

-¿Cuál es el propósito de convertir estos hechos en victorias del gobierno?
El gobierno pretende disuadir a las organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos de seguir presentando denuncias ante el sistema interamericano y universal, el de la OEA y el de la ONU.
Es una estrategia a veces sutil, pero generalmente vulgar, de presentar nuestros esfuerzos hacia afuera como inútiles y, peor aún, como un modus operandi del antipatriotismo y, en cambio, ellos sobredimensionan los supuestos esfuerzos por mejorar la situación.
Esta manipulación política de los hechos ha servido para disolver sin hacer polvo la fiscalía especial de derechos humanos en el Ministerio Público y derivar las denuncias hacia otras oficinas, ocupándose ellos sólo de los casos que llaman “de alto impacto”. Lo que importa es impactar la opinión pública, no resolver las situaciones.
En esa lógica han iniciado la instalación de observatorios municipales de la violencia, importando un modelo colombiano — uno de tantos que han traído en inteligencia, transporte público, operaciones anti secuestro, sicariato y otros afines –, para medir a su gusto y conveniencia los indicadores de violencia.
Antes de esa decisión confrontaron a la Universidad Nacional con negación de los datos policiales y forenses e inclusive con chantaje presupuestario, así el gobierno quitó del camino aquél Observatorio creíble citado por todas las agencias de información del mundo y cambiaron la fórmula de contar los cadáveres, reduciéndolos por cada cien mil habitantes.
Luego, más recientemente, están amenazando a muerte a los periodistas que persiguen con inmediatez los hechos violentos y delictivos a nivel nacional, y hasta anuncian la aprobación de una ley para el control de la difusión de contenidos relacionados a la violencia.
Es decir, la estrategia es desaparecer el tema de los medios y del discurso internacional; no se trata de una fórmula de prevención de la violencia y de las violaciones, se trata de un borrar político de la información que afecta sus planes.

-¿Y estas afirmaciones pasaron inadvertidas en el EPU?
No estaría segura de eso. Creo que el Estado hondureño fue a reafirmar por sí mismo una de las nuevas causas de violaciones graves a los derechos humanos: la concentración de la discrecionalidad ejecutiva y la subordinación de los poderes judicial y legislativo a la Casa Presidencial.
Ambas realidades incuban el autoritarismo que se basa en la fuerza bruta militar, fermenta la corrupción y multiplica la impunidad; todo eso junto es una bomba para la vigencia y respeto de los derechos humanos en el país.
Mire usted, la presencia del titular del Poder Judicial durante el examen al Estado en Ginebra fue un escándalo político y diplomático; eso no se había visto nunca, porque es absolutamente improcedente, él por definición es un aplicador de la ley y no un procurador oficioso del gobierno.

-¿Pero eso ya había pasado inclusive antes del golpe, tanto en las defensas del Estado en la CIDH como en Ginebra?
No. Lo que ocurrió en 2009 fue que el representante del régimen golpista, el embajador Urbizo, fue expulsado de la Comisión por defender lo indefendible. Y, es verdad, antes del golpe ya existía la tendencia perversa de los presidentes de utilizar a los fiscales generales y a los Ombudsman como sus defensores, pero nadie se había atrevido a utilizar al magistrado presidente de la Corte, eso fue pasarse de la raya.  Esa fue la confirmación de la subordinación de la Corte Suprema al Poder Ejecutivo, que ya lo vimos en la sustitución arbitraria de la Sala Constitucional el 12 de diciembre de 2012.
También la ausencia del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la presencia del diputado Yury Sabas en el  EPU junto a tres secretarios de Estado, incluyendo al súper coordinador del gabinete, es una demostración de las relaciones de subordinación y dependencia que dominan actualmente la lógica autoritaria y concentradora del poder en el país.
Nosotras no creemos que haya sido una demostración de coordinación, fuerza y unidad, eso demostró la gerencia corporativa del Estado como si se tratara de un holding de empresas privadas al servicio de un grupo.

-¿Hay otros aspectos que usted quisiera destacar de este ejercicio del EPU 2015?
No sabemos exactamente cuál es el mensaje del gobierno al haberse excusado por el incumplimiento de las medidas cautelares a favor de centenares de personas y comunidades perseguidas, amenazadas, judicializadas o criminalizadas en el país, porque realmente lo que pasa es que no tienen voluntad política para cumplirlas, abogan más bien por la indefensión de las víctimas.
Otro aspecto que quisiera señalar es la desarticulación del Estado respecto de los sindicatos y organizaciones campesinas, incluyendo los sindicatos de empleados del Estado, que están sometidos al borrado político del escenario económico y social.
Nunca habíamos visto una estrategia más despiadada del Estado contra sus propios empleados en Hondutel, SANAA, hospitales públicos, docencia y energía eléctrica.
El propio gobierno le metió en la cabeza al sindicato de la ENEE que serían empresarios con la asesoría de sus pares colombianos, pero lo que han hecho es avanzar la privatización total de la empresa y usar al liderazgo sindical para atacar a las fuerzas sociales y políticas de oposición.

Ley de defensores
Ni he querido terminar de leer esa ley, porque es tan intrincada y, además, porque no fue publicada en la Gaceta a la velocidad de la reelección, lo que indica que puede ser cambiada en estilo y fondo. Mejor esperar un poco más para comentar.
La Oficina del Alto Comisoinado de la ONU para los DDHH

En principio nosotras apoyamos su apertura, hasta hicimos incocencia en 2013 y 2014 para persuadir a Europa y a Estados Unidos de apoyar con recursos, pero nuestro planteamiento insistía en una comisión internacional contra la impunidad con carácter independiente, participante en procesos legales, con litigio interno e internacional.
A la Oficina del Alto Comisionado queremos verle con plena independencia del gobierno que viola los derechos humanos, cumpliendo con los mandatos de investigación, acompañamiento, incidencia y capacitación, y que tenga rigor con la escogencia de sus ejecutivos y técnicos.
Para nosotras es deseable una Oficina con mirada integral de la causalidad de las violaciones a los derechos humanos en Honduras, sin caer en la trampa del parte aguas político del golpe de Estado como referencia cronológica. Su mirada debe ser histórica y estructural.
La neutralidad no debe ser un valor característico en materia de derechos humanos, eso sería un lenguaje político favorable al gobierno y perjudicial para las víctimas.
Es importante enfatizar que la apertura de esta Oficina no es una victoria de imagen para ver bien el país en términos de Marca de Cambio.
Nosotras decimos que este tipo de decisiones se toman para países donde hubo y hay violaciones sistemáticas de derechos humanos, sin perspectiva de estabilización en el corto plazo y procesos de autoritarismo amenazante de la gobernabilidad institucional.
En resumen, nosotras no celebramos los triunfos ni las derrotas del gobierno, trabajamos por un Estado fuerte que dignifique a su población.
Y no queremos que nos vean como críticas del gobierno, sino como luchadoras por un Estado digno y fuerte institucionalmente al servicio de todas y todos, no de una secta.

, ,

Deja un comentario

Honduras recibe 152 recomendaciones para mejorar DDHH

Doce de las nuevas recomendaciones serán examinadas para abrir el debate o el diálogo con la participación amplia de diversos actores de la sociedad para determinar la viabilidad para su cumplimiento.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Estado de Honduras, en su comparecencia ante la 22 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, finalizó etapa de revisión periódica de cumplimiento de compromisos internacionales sobre la materia. Recibió 152 recomendaciones que se le hicieron y 59 abordan temas nuevos.

En 81, los Estados, más que sugerir, han pedido a Honduras a seguir avanzando en acciones, programas, planes, políticas, estrategias y normativas que dan cumplimiento a las recomendaciones emitidas en 2010 y que están en proceso de ejecución.

Doce de las nuevas recomendaciones serán examinadas para abrir el debate o el diálogo con la participación amplia de diversos actores de la sociedad para determinar la viabilidad para su cumplimiento.

En comparación con los catorce Estados examinados en esta sesión de trabajo, Honduras ha sido uno de los países cuya diferencia entre el número de recomendaciones de 2010 y las de 2015 ha sido menor.

Sin embargo, todos los países examinados han recibido más recomendaciones en este segundo ciclo por haber llegado este mecanismo a un nivel de madurez, donde los Estados participan con mayor frecuencia.

Además, los Estados tienen acceso a más información tanto de la sociedad civil como de los órganos de Naciones Unidas y de los Estados mismos para analizar y hacer sus recomendaciones.

El EPU es un mecanismo de revisión quinquenal a cada uno de los 193 países que forman parte de las Naciones Unidas.

La adopción formal de las recomendaciones hechas a Honduras será durante la Trigésima Sesión del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2015.

Según el informe del Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Estados Unidos es el país con más recomendaciones en comparación a las de 2010, ya que de 280 subió a 394.

Caso similar es el de Panamá, que de 97 subió a 125, Belarús de 93 a 259, Liberia de 114 a 186, y Malawi de 129 a 199, entre otros.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/honduras-recibe-152-recomendaciones-para-mejorar-ddhh

Deja un comentario

Honduras concluye comparecencia sobre el EPU en Naciones Unidas


  • Martes, 12 Mayo 2015 11:02

Honduras concluye comparecencia sobre el EPU en Naciones Unidas

Autor del artículo: Proceso Digital

Ginebra, Suiza – El Estado de Honduras, en su comparecencia ante la 22 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, finalizó este martes la etapa de revisión periódica de cumplimiento de compromisos internacionales sobre la materia.

El Estado no rechazó ninguna de las 152 recomendaciones que se le hicieron, de las cuales solamente 59 abordan temas nuevos.

En 81, los Estados, más que sugerir, han animado a Honduras a seguir avanzando en acciones, programas, planes, políticas, estrategias y normativas que dan cumplimiento a las recomendaciones emitidas en 2010 y que están en proceso de ejecución.

Doce de las nuevas recomendaciones serán examinadas para abrir el debate o el diálogo con la participación amplia de diversos actores de la sociedad para determinar la viabilidad para su cumplimiento.

En comparación con los catorce Estados examinados en esta sesión de trabajo, Honduras ha sido uno de los países cuya diferencia entre el número de recomendaciones de 2010 y las de 2015 ha sido menor.

Sin embargo, todos los países examinados han recibido más recomendaciones en este segundo ciclo por haber llegado este mecanismo a un nivel de madurez, donde los Estados participan con mayor frecuencia.

Además, los Estados tienen acceso a más información tanto de la sociedad civil como de los órganos de Naciones Unidas y de los Estados mismos para analizar y hacer sus recomendaciones.

El EPU es un mecanismo de revisión quinquenal a cada uno de los 193 países que forman parte de las Naciones Unidas.

Como examen está diseñado de forma constructiva, no inquisitiva para ayudar a los Estados a visualizar acciones estratégicas de mejora en materia de derechos humanos, sin que implique la reprobación o aprobación de acuerdo al número de recomendaciones que se hacen a cada Estado en este proceso.

La adopción formal de las recomendaciones hechas a Honduras será durante la Trigésima Sesión del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2015.

EEUU el país con más recomendaciones

Según el informe del Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Estados Unidos es el país con más recomendaciones en comparación a las de 2010, ya que de 280 subió a 394.

Caso similar es el de Panamá, que de 97 subió a 125, Belaruso de 93 a 259, Liberia de 114 a 186, y Malawi de 129 a 199, entre otros.

Fuente: http://www.proceso.hn/component/k2/item/102285-honduras-concluye-comparecencia-sobre-el-epu-en-naciones-unidas.html

Deja un comentario