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Crisis universitaria sigue y juez niega medidas sustitutivas a estudiantes

Juez se niega a otorgarles medidas sustitutivas a los 22 estudiantes que están siendo criminalizados por la rectora Julieta Castellanos, han denunciado esta mañana los defensores de derechos humanos y los abogados de los jóvenes procesados Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- La crisis en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sigue cobrando mas fuerza […]

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Juez dictó medidas sustitutivas a 22 estudiantes de la UNAH

Quienes son acusados por el Ministerio Publico (MP), por el delito de usurpación de bienes públicos en propiedad del Estado.

Un juez con jurisdicción natural dicto medidas sustitutivas de la prisión a los 22 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que fueron detenidos el pasado viernes durante el desalojo por parte de los agentes de la Policía Nacional.

Quienes son acusados por el Ministerio Publico (MP), por el delito de usurpación de bienes públicos en propiedad del Estado.

Mediantes estas medidas que se les dicto a los estudiantes, no podrán asistir a ninguna protesta, salir del país y tendrán que firmas el libro de asistencia cada 15 días a los juzgados.

Los estudiantes son Alexandra Flores Sasa, Saúl Antonio Marroquín Díaz, Carlos Antonio Castro del Cid, Daniel Abraham Vásquez Díaz, Jennifer Flores Sánchez y Kelvin Montoya Pérez.

Asimismo Eduardo Guillén Fúnez, Reinaldo Madrid Rubio, José Flores Paredes, Gerson Cárcamo, Jorge Vásquez Contreras, Elvin Flores Alvarado, Ariel Salinas Fúnez y Alejandra Ávila García.

También de Cristóbal Vásquez Díaz, Allan Ordóñez Aguilar, Carlos Flores Sosa, Jeimy Jiménez Zelaya, Roy Arístides Flores Montes y Roberto Antonio Barrientos Díaz.

Por: Marilin Pastrana

Origen: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/juez-dictó-medidas-sustitutivas-22-estudiantes-de-la-unah

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Sistema Judicial no pudo comprobar delitos contra campesinos en protesta social

Tegucigalpa.

Acusados de manifestación ilícita en su condición de meros espectadores, un grupo de 25 campesinos y campesinas pasaron los últimos cuatro años con medidas sustitutivas a la prisión, para que el día de hoy, un tribunal de la Corte Suprema de Justicia, y el mismo Ministerio Público (MP) afirmara que no existen pruebas suficientes de su culpabilidad.

“La prueba no fue suficiente” para declararlos culpables, dictaminó el Tribunal de la Sala III de Juicios Orales y Públicos compuesto por Telma Cantarero, Janeth Padgeth y Edgar Lanza, quienes deliberaron los durante dos días en esta audiencia.

“Se absuelve a todas las personas por los delitos imputados, y se revocan las medidas sustitutivas impuestas de ir a firmar cada semana a los juzgados asignados según su domicilio y la prohibición de salir del país”.

Seguidamente se les dio una carta de libertad absolutoria, la cual es provisional hasta que se les notifique la sentencia firme el 14 de junio próximo.

El MP pidió la absolución definitiva contra los 18 criminalizados que se presentaron al juicio, quieren 17 fueron representados por  el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y uno por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).

Ellos viven en diferentes parte del valle del Aguán, costa norte de Honduras, y el 20 de agosto del 2012 se movilizaron a Tegucigalpa para lograr exponer su problemática de tierras, porque habían ganado un fallo que los reconocía como propietarios de los predios de las empresa  campesinas San Isidro, Trinidad y Despertar.

Ese día los recibió la sala de lo Civil, quienes propendieron que al día siguiente serían escuchados por Jorge Avilés, presidente del poder Judicial, pero lo que encontraron fue los portones cerrados y muchos policías custodiando el edificio.

Los y las campesinas, al venir a Tegucigalpa a buscar ser escuchados, lo que encontramos es represión, manifestó Yony Rivas, dirigente campesino que está criminalizado en este caso.

El costo para cada uno de nosotros es aproximadamente de noventa mil lempiras (us $ 4,500.00), ya que pasamos 194 semanas yendo a los juzgados a firmar, eso implica pagar transporte, alimentación y de paso no trabajar ese día, además de la estigmatización de no poder ni siquiera de buscar trabajo porque se nos ensucia nuestra hoja de antecedentes penales, expresó Rivas.

Hay una especie de alegría por el triunfo alcanzado, pero la justicia no es completa, sino se investiga el por qué se originó esta criminalización, ya ese día hubo golpes, maltratos, exposición mediática, y después de eso, perdimos a uno de los que nos representaba en la lucha, el abogado Antonio Trejo Cabrera, y ya no lo recuperaremos, asegura el grupo.

Carlos Padilla recuerda los golpes, insultos y demás agresiones de aquel brutal desalojo ejecutado por policías preventivos y cobras el 21 de agosto del 2012, muchos policías se le tiraron encima y lo dejaron de golpear cuando se acercaron algunos medios de comunicación.

José Enrique Flores, iba caminando por la calle del boulevar Suyapa, donde había una toma pacifica de campesinos, y en eso los policías sin mediar palabras lo capturaron junto a los y las campesinas.

Entre el grupo había una mujer embarazada, María Josefa López, quien fue escoltada por unos 25 uniformados hasta donde estaban los demás, quienes fueron tratados sin ninguna diferencia y a todos incluso a su abogado los señalaron como agresores, revictimizándolos ya que ellos solo venían a buscar justicia.

A la campesina, le golpearon el ovario izquierdo, por lo que después del parto, quedó sangrado, y con la necesidad de usar pañal desechable, “tenía mi ovario podrido, y en agosto del 2015, me lo quitaron, esos daños nadie los ve desde el Sistema Judicial, porque yo que soy la víctima, más bien me criminalizan”, manifestó López.

Cabe señalar, que después del fallo firme en la tenencia de sus tierras, fueron desalojados nuevamente, por lo que la justicia no es completa, sino al servicio del poder económico, manipulando la sentencia de la CSJ con respecto al caso que les llevaba Trejo cabrera.

Finalmente se demostró que no había delito alguno, por lo que los testigos y pruebas no eran contundentes, por lo tanto la Fiscalía y el Tribunal, aplicaron la justicia, aunque nos se puede obviar la criminalización de la protesta social como derecho humano, manifestó Karol Cárdenas, del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH.

Por parte de la Fiscalía, se presentaron unos policías a testificar, quienes narraron que fueron llamados como apoyo porque había una toma de carretera, y los implementos que llevaban eran toletes, escudos y bombas lacrimógenas, pero, aclararon que son los policías Cobras los que atacan. También declararon que ellos no detuvieron a nadie, por lo que tampoco identificaron a los y las procesadas.

La orden era desalojar, además en una manifestación se agarra a quien esté allí, dijo sin más fundamentos uno de los testigos. La intención es criminalizar la protesta social, sembrar miedo de parte de la población cuando se encuentran con policías, queda una secuela de temor, pero la lucha es de todos y todas, y adonde vaya un compañero vamos todos, comenta el grupo de campesinos sobreseídos de los casos de manifestación ilícita en su condición de meros espectadores y daños en perjuicio del Estado de Honduras, en agosto del 2012.

El mundo está pendiente de los y las defensoras de DDHH en Honduras

La criminalización de la protesta social es un hecho que marca fuertemente en Honduras, y se comenta a nivel internacional, ya que uno se pregunta ¿Qué sucede en el sistema judicial hondureño? Expresó Liliana Ávila, enviada como observadora de parte de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de la cual son miembros el COFADEH y el CIPRODEH.

Además de la criminalización de la protesta social está un hecho de estigmatización por la apariencia de las personas, pues en el grupo había vendedores ambulantes que por calzar botas, les dijeron que eran campesinos que están con el grupo del Movimiento Autentico Reinvindicador del Aguán (MARCA) y del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).

En estas criminalizaciones hay un patrón que se repite en varios hechos contra defensores y defensoras de derechos humanos, por ejemplo la captura y posterior asesinato del abogado Tejo Cabrera, y vemos patrones de denuncias y asesinato de la compañera defensora de derechos indígenas Berta Cáceres.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  expresa que la participación de las sociedades a través de la manifestación pública es importante para la consolidación de la vida democrática de las sociedades.

Y en un reciente informe sobre CRIMINALIZACIÓN DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, detallada el problema del uso indebido del derecho penal por parte de actores estatales y no estatales con el objeto de criminalizar la labor de defensoras y defensores de DDHH.

La Comisión ha observado que los procesos de criminalización por lo general inician mediante la interposición de denuncias infundadas en tipos penales no conformes con el principio de legalidad o que no cumplen con los estándares interamericanos, por lo tanto es importante que los Estados reconozcan el papel que cumplen los y las defensoras de DDHH.

Además recomienda que se debe instruir a las autoridades gubernamentales desde el más alto nivel se generen espacios de diálogo abierto con las organizaciones de derechos humanos para recibir su retroalimentación con respecto a las políticas existentes y la afectación de dichas políticas en su trabajo, así como sobre vacíos legislativos.

Y que los Estados Americanos deben velar por que los tipos penales en su legislación estén formulados de manera conforme con el principio de legalidad.

Descriminalizar la difamación y promover la modificación de la leyes penales ambiguas o imprecisas que limitan la libertad de expresión de manera desproporcionada, como aquellas destinadas a proteger la honra de ideas o de instituciones, a fin de eliminar el uso de procesos penales para inhibir el libre debate democrático sobre todos los asuntos de interés público.

Hay que considerar que, ante una denuncia, si el acusado tiene la calidad de defensor o defensora de ddhh, así como el contexto de los hechos, lo cual permitiría identificar si la denuncia fue empleada como un mecanismo para obstaculizar la labor de los y las defensoras, entre otros.

El grupo de los criminalizados son Josefa López, María Luísa Lara,  Bueso, Elvin Pérez, Miguel Reyes, Fredy Elvir, Nelson Pérez, Lázaro Bejarano, Carlos Ulloa, Elvin García, Vitalino Álvarez, Orlin Coello, Yony Rivas, Narciso Pérez, Jari Aguilar, Santos Munguía, Orlando Bueso, Manuel Díaz, Carlos Ramón Navarro, Daniel Santos y Marvin Leonel Acosta, presentando por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y José Flores, cuyo caso lo lleva el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), pero siete de ellos no se presentaron.

Un Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán otorgó este martes sobreseimiento definitivo a favor de 17 campesinos y campesinas del Aguán que fueron judicializados el 21 de agosto de 2012, tras ser detenido durante un violento desalojos en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, cuando participaban en una manifestación pacífica en ese poder del estado, exigiendo se respetara el fallo que había emitido un tribunal del país a favor de las cooperativas La Trinidad, La Despertar y San Isidro, donde les otorgaba las tierras que poseían en ese momento.

Origen: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4159:sistema-judicial-no-pudo-comprobar-delitos-contra-campesinos-en-protesta-social&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Dictan medidas sustitutivas a seis líderes Lencas

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Santa Elena, La Paz (Conexihon).- El juzgado de letras de la ciudad de Marcala en el departamento de La Paz dictó la tarde de este lunes medidas sustitutivas a seis dirigentes indígenas Lencas, miembros de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CInPH).
Roberto Benítez, Isidro Gómez, Natividad Pérez, Héctor Mejía, Norma Pérez Sánchez y Lázaro  Pérez Lorenzo, fueron detenidos por elementos de la Policía Nacional Preventiva en horas de la mañana acusados por el supuesto delito de usurpación de tierras.
Según el comunicado difundido este día por la CInPH “a las 4:00 P.M. fueron liberados los cinco compañeros y la compañera del municipio de Santa Elena que habían sido apresados en horas de la mañana. Los compañeros y la compañera fueron puestos en libertad después de tener una audiencia con la de Marcala, quien les puso medidas sustitutivas”.
La acción sobreviene en un ambiente de tensión en las territorialidades indígenas de Santa Elena, donde “pretenden despojar a la población indígena de sus territorios”, por lo que “se mantienen con la decisión de proseguir la lucha por la defensa de los derechos de la población lenca de Santa Elena y los bienes comunes naturales”, indicaron.

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Acoso recurrente a activistas de comunidad LGTBI en Honduras

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La medida cautelar 457-13 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgada en favor a la Asociación para una Vida Mejor (APUVIMEH), registra desde el 2009 cómo los miembros de la comunidad LGTBI han sido objeto de asesinatos, amenazas, actos de agresión y hostigamientos, como consecuencia de su actividad en defensa de la comunidad.
Sandra Zambrano, directora ejecutiva de APUVIMEH (Asociación Para Una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-Sida en Honduras) destaca que la citada medida cautelar de la CIDH incluye, entre otros casos, el asesinato del ex secretario general de esa asociación, Walter Orlando Trochez, que tuvo lugar 13 de diciembre de 2009.
“Más recientemente, entre agosto y noviembre de 2013, se intensificó el acoso a varios miembros de la asociación, y el 15 de diciembre de ese mismo año, se irrumpió una celebración para extorsionar y amenazar a muerte a todos los miembros si no se pagaba determinado monto –reseña Zambrano–. Se presume que la amenaza proviene de miembros del cuerpo de seguridad del Estado y vale recalcar que hasta ese momento ninguna autoridad estatal les había otorgado protección”, concluye la activista.
Zambrano relata que con posterioridad a la medida cautelar de la CIDH, se han producido más casos de hostigamiento, tales como: el seguimiento, toma de fotografías y allanamiento habitacional de un miembro por parte de elementos policiales. También señala el ataque físico y amenaza de muerte hacia la activista de la Colectiva Lésbica ANAT/APUVIMEH, Jennifer Artola, ocurrido el 27 de agosto de este año. Finalmente, menciona el reciente asalto a las instalaciones de APUVIMEH, el pasado 29 de septiembre, del que ya se informara días atrás.
Asimismo, Alejandro Valladares, activista y defensor de los derechos humanos en Honduras, reseña el caso de Jonatán Rafael Escobar Cruz, también miembro activo de APUVIMEH, quien desde hace un par de semanas ha empezado a recibir amenazas de muerte, hostigamiento y persecución, a través de llamadas telefónicas. De acuerdo con la información suministrada por Valladares, las amenazas comenzaron cuando Escobar Cruz junto al equipo técnico han empezado a denunciar la impunidad que rodea las muertes de sus compañeros activistas de los derechos LGBTI al Ministerio Público.
Los nombres se suceden, la lista de ataques se incrementa. Zambrano también menciona Arely Gómez, activista trans de su organización. “De manera conjunta con un grupo de defensores de derechos humanos desde APUVIMEH asumimos la responsabilidad de dar seguimiento en el Ministerio Público de los casos de muertes LGBTI”.
La directora de APUVIMEH suma el caso del presidente de la Junta Directiva de la asociación, José Zambrano, reconocido activista LGBTI con 30 años de trabajo, quien dejó el país de manera temporal en marzo por amenazas a muerte. “Hay amenazas en contra de nuestras vidas (aun cuando contamos con la medida cautelar de la CIDH). Las denuncias en contra de la impunidad las venimos realizando desde el año 2010”, señala la activista y concluye: “Hasta el día de hoy ninguna autoridad ha dado las muestras de investigar o de importarle nuestra situación”.
Por su parte, Valladares recuerda que entre 2008 y 2014 suman 185 los miembros de la comunidad LGBTI asesinados en Honduras, “registrándose solo en este año 14 asesinatos por crímenes de odio”. /Fuente:  LAC@ILGA.ORG

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Más de 60 mil personas gozan de medidas sustitutivas de la prisión en Honduras

00:20
31
Marzo
2014
Tegucigalpa – El director general de la Policía Nacional, comisionado Ramón Sabillón, aseveró que más de 60 mil personas están gozando de medidas sustitutivas de la presión en Honduras, lo que constituye una preocupación para los miembros de esa institución ya que implica estar atentos y vigilantes para que no vayan a cometer algún delito.
– El jefe de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, refirió el caso de un joven de apenas 17 años de edad que ya ha matado a más de 17 personas.

– Ante el arrecio de las fuerzas de seguridad en contra del crimen, las bandas delincuenciales ha adoptado otras estrategias para continuar con sus fechorías.

– En Honduras existe una debilidad con las cárceles donde el hacinamiento rebasa los límites imaginables, el presupuesto es precario y la rehabilitación es casi de cero.
 
Ante las últimas masacres ocurridas en el país, Sabillón señaló que a veces siente impotencia y frustración, pero a la vez coraje y valor porque el primer precepto para esa institución es coadyuvar a preservar la vida y en segundo lugar cumplir con la ley.

Criminales intentan despistar al Estado


Aseveró que la Policía privilegia la vida y es por eso que a los integrantes de la banda de Los Espinoza que opera en Comayagua, se les ha dado la oportunidad para entregarse y someterse al debido proceso.

El jefe policial también se refirió a la situación con los menores de edadya que las bandas delincuenciales los utilizan primero como bandera para avisarles mediante un teléfono celular que les han proporcionado cuando llega la Policía, pero luego esos niños van siendo promovidos o ascendidos hasta usarlos como sicarios.

Citó el caso de un joven capturado recientemente que tiene apenas 17 años y ya ha matado a más de 17 personas, ya que los criminales los utilizan para distribuir drogas o para cuidar territorios.

Los jefes de esas mafias contratan esos niños para la comisión de delitos a sabiendas que los menores tienen un tratamiento especial según la ley.

Indicó que lo complicado es dar con los cabecillas de las bandas criminales y por eso se sigue una investigación a través de la persona que ejecuta el delito.

Sabillón aseveró que en el interior de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, están guardando prisión, una gran cantidad de líderes de maras y bandas criminales quienes han tomado ciertas medidas para despistar al Estado y desequilibrar las operaciones de los operadores de justicia que actúan integrados en la Fuerza Nacional Interinstitucional de Seguridad (Fusina).

Señaló que la Policía tiene que tener un trato diferenciado para los niños y para las personas que se encargan de ir a recoger el dinero que cobran por las extorsiones o cobro del impuesto de guerra.

Asimismo, otra estrategia que han adoptado los cabecillas de las bandas criminales, es que los extorsionados tienen que depositar el dinero en cuentas de banco, por lo que la Policía ha tenido que direccionar su maniobra para trabajar en ese sentido.

Miles gozan de medidas sustitutivas

El jerarca de la Policía refirió que en este momento en la Penitenciaría Nacional, hay casi 13 mil personas guardando prisión y la capacidad de esa cárcel sólo es para cinco mil y hay de 60 mil individuos con medidas sustitutivas quienes podrían estar cometiendo ilícitos en la calle.

“Realmente tenemos una cantidad de personas bajo tratamiento que llegan a 73 mil, lo que representa que hay un trabajo fuerte; entonces esa cantidad nos indica que hay un enfoque social también”, apuntó.

Se preguntó ¿por qué tanta gente bajo medidas sustitutivas?, por lo que consideró que se deben buscar otras perspectivas para atacar el delito como el enfoque social a nivel del gobierno aparejado a la fuerza de la persecución del delito.

Esto porque el patrón delincuencial de algunas personas ha llegado al extremo que el joven de 17 años que ha asesinado a una gran cantidad de personas, le confesó que en otro tiempo también hubiera acabado con la vida del jefe de la Policía.

Sobre ese tema, el analista jurídico Alejandro Espinoza, indicó que esa cifra de 60 mil personas con medidas sustitutivas, se reveló durante un diplomado de derecho penal, pero eso es algo que se basa en el principio de inocencia.

Por el contrario si a la persona se le ha seguido el debido proceso y al final resulta culpable de la comisión de un delito, es condenado, pero el juicio puede durar uno, dos, tres, cuatro, cinco u ocho años o el tiempo que sea, el imputado debe estar en libertad porque la persona es inocente porque no hay una sentencia.

Refirió que en sociedades avanzadas, tienen un control bien riguroso sobre las personas que están con medidas sustitutivas de la prisión; por ejemplo, hay países donde se les coloca un collar con un chip que no se puede retirar del cuerpo y garantiza que no puede salir de la ciudad o de determinada área; eso debido a presunción de inocencia al que tiene derecho toda persona.
Explicó que lo que sucede es que si a una persona se le envía a la cárcel y el si el juicio dura cinco años y al final, el juez encuentra que es inocente, el Estado tiene que responder por las indemnizaciones materiales y sicológicas al que tiene derecho la persona que estuvo presa injustamente durante ese período.

En ese sentido, consideró que las cárceles sólo deben ser para los condenados, aunque hay excepciones en casos que son bien evidentes y que la prueba debe ser mínima para reducirlo a una prisión antes de una sentencia porque tenerlo en libertad bajo medidas sustitutivas representa un riesgo para la sociedad en casos de un presunto narcotraficante, violador o extorsionador.

Debilidad del sistema carcelario

Agregó que en el país la evidencia más fuerte continúa siendo la testifical versus prueba científica, la que puede ser utilizada para reducir a la cárcel a alguien.

El problema también al enviar a la cárcel a todos los imputados es que para el caso, para cada reo en la Penitenciaría Nacional, hay apenas una asignación de 88 centavos diarios, según le confesó un ex jefe de centros penitenciarios.

Asimismo, no hay hospedaje para los internos y muchos tienen que dormir en los pasillos, ni tampoco hay un hospital penitenciario aparte de la mucha inseguridad que impera en ese recinto.

Apuntó que la mayoría de centros penitenciarios funcionan en casas que datan desde la colonia construidas por los españoles y están ubicados en el propio centro de las ciudades y tampoco hay rehabilitación del delincuente por lo que a las personas las meten a la cárcel y si no era delincuente ahí se hace pues hay mucha gente que es inocente y fue encarcelada por un mal proceso o una mala defensa y adentro comienza a ser víctima hasta de la extorsión y se vuelve un rebelde contra la sociedad.

“El malo sale peor, ahí no hay nadie que salga arrepentido y que le pida perdón a la sociedad; hace unos días miré a un coronel hondureño que estuvo preso en Miami y lo primerito que hizo cuando llegó al aeropuerto donde lo entrevistaron, fue pedirle perdón a la sociedad hondureña por la vergüenza que le hizo pasar al país”, refirió Espinoza.

Fragilidad de la prueba científica

Por su parte, una jueza de lo penal que accedió a hablar con Proceso Digital, pero pidió no ser mencionada, coincidió en que en Honduras no hay rehabilitación, no se respeta la presunción de inocencia y muchas veces ni el debido proceso.

Señaló que hay muchos procesos que son flojos, porque las debilidades en la investigación, es decir, que no existe una verdadera investigación criminal ni científica forense.

Añadió que si la Fiscalía no tiene un buen respaldo y sustentación, en la audiencia inicial que debe celebrarse seis días después, el acusado es dejado en libertad.

“Entonces, por lo general el juez decide que aquí no hay mérito y vamos a dictar un sobreseimiento provisional porque lo que representó la Fiscalía con el respaldo de la Policía o de la DNIC, carece de fundamento y en la audiencia inicial, el abogado defensor se lo votó y en ese sentido, el Ministerio Público cuenta hasta con cinco años para hacer una mejor investigación e ir aportando pruebas y si no lo hace en ese lapso, la persona queda en forma definitiva en libertad”, apuntó.

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/03/31/Nacionales/M.C.A/84343.html

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