Entradas etiquetadas como Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Asesinato de René Martínez, presidente de la comunidad LGBTI de San Pedro Sula

Origen: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4154:asesinato-de-rene-martinez-presidente-de-la-comunidad-lgbti-de-san-pedro-sula&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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Con Observación Internacional se desarrollará juicio contra campesinos del Aguán

Tegucigalpa.

La criminalización de los y las defensoras de la tierra, se expone hoy en Juicio Oral y Público, en la sala III de la Corte Suprema de Justicia hondureña.

Son 23 hombres y 2 mujeres, que el 21 y 22 de agosto del 2012 fueron reprimidos y apresados frente a la CSJ cuando acudían a una audiencia con el magistrado presidente Jorge Rivera Avilés, para tratar la problemática que tenían con la actuación de los Tribunales de Sentencia de Trujillo y La Ceiba, con respecto a la adjudicación de tierras en favor del Movimiento Auténtico Reinvindicador Campesino del Aguan, MARCA.

Ahí fueron brutalmente reprimidos por policías y militares, y acusados de manifestación ilícita, y daños y perjuicios contra el Estado.

Está presente la abogada experta en Derechos Humanos enviada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Liliana Ávila, quien observará el proceso.

El Juicio se desarrollará esta semana, al momento se espera la llegada de cinco campesinos criminalizados, que vienen en camino, de lo contrario quedarían fuera del proceso, y se les haría revisión de medidas, librando orden de captura.

Al inicio eran 26 imputados, pero se dictó sobreseimiento definitivo al abogado que los representaba Antonio Trejo Cabrera, después de su asesinato, en septiembre de ese mismo año.

Las medidas sustitutivas dictadas son no salir del país, no asistir a determinadas reuniones o lugares, e ir a firmar a juzgados según su domicilio.

El 21 de agosto de 2012 representantes de Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) habían sido citados en la Corte Suprema de Justicia para sostener una reunión con el presidente de ese poder del estado y con el presidente de la Sala de lo Constitucional en torno al fallo dictado por un juez en el que daba en posesión de las tierras a las cooperativas La Trinidad, La Despertar y San Isidro.

El 29 de junio de 2012 el abogado Antonio Trejo dio en posesión la tierra que un juez había determinado que pertenecía a la cooperativa La Trinidad, La Despertar y San Isidro. El fallo firme tenía más de seis meses de vigencia.

Pero 24 horas después de haber sido puesto en posesión de la tierra los campesinos, los terratenientes metieron un escrito a la Corte Suprema de Justicia, donde  se conoció la intención de manipular el fallo firme.

Exigiendo el respeto a ese fallo firme era que los campesinos se encontraban en la Corte Suprema de Justicia junto al abogado del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino de Aguán (MARCA), Antonio Trejo, y el resultado fue la represión y el encarcelamiento de 25 campesinos y campesinas.

En septiembre de 2012 fue asesinado el abogado Antonio Trejo y 12 meses después de su asesinato, fue despojado de sus tierras la cooperativa San Isidro y 20 meses después de ese asesinato fue despojada de sus tierras la cooperativa La Trinidad y Despertar.

El 22 de mayo los campesinos de La Trinidad y La Despertar cumplieron dos años de haber sido despojados y a dos años con unos días se realiza el juicio donde se espera que se desarrolle con la sana intención de no seguir criminalizando a los campesinos del Bajo Aguán.

Origen: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4152:con-observacion-internacional-se-desarrollara-juicio-contra-campesinos-del-aguan&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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HONDURAS: Los defensores y defensoras entre la espada y la pared

Conclusiones preliminares de misión internacional de investigación

Ginebra-Paris (Conexihon).- El asesinato de Berta Cáceres ejemplifica los altos niveles de violencia a los que los defensores y defensoras de derechos humanos se enfrentan en Honduras. Otros problemas estructurales como el uso indebido del derecho penal en contra de las y los defensores, la impunidad de los ataques en su contra, la ausencia de medidas de protección eficaces y la creciente militarización contribuyen a hacer de Honduras uno de los países más difíciles a nivel regional para la defensa de derechos humanos, según denunció hoy el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH).
La difícil situación de los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Honduras ha recibido una gran atención internacional en las últimas semanas como consecuencia del asesinato de Berta Cáceres[1], defensora que era beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El crimen, sin embargo, es sólo la punta del iceberg en un contexto de altísimos niveles de violencia contra las personas defensoras en el país centroamericano. Entre los ejemplos más recientes destacan el asesinato del también integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Nelson García el 15 de marzo de 2016 o los 40 incidentes de seguridad, desde julio de 2015 en contra de integrantes de las asociaciones LGTBI Arcoíris y Asociación Jóvenes en Movimiento (Somos CDC) (AJEM), incluyendo seis asesinatos, pero la lista de ataques contra defensores y defensoras es mucho más extensa[2].
La misión internacional del Observatorio, que se desarrolló entre el 11 y el 15 de abril (véase “Contexto”), concluyó que, frente a este clima de violencia y agresiones contra quienes defienden derechos humanos es urgente que el Estado hondureño tome medidas integrales efectivas. En abril de 2015, el Congreso Nacional hondureño aprobó la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Si bien, se trata de un paso positivo que reconoce la vulnerabilidad de las personas defensoras y la legitimidad de su trabajo, existen algunas preocupaciones sobre el texto de la ley y también por la falta de aplicación hasta el momento y por el retraso del reglamento que debe regular su implementación. El Observatorio insta aque se priorice el debate sobre el reglamento de la ley de protección a defensores, garantizando que haya suficiente tiempo para que la sociedad civil pueda articularse y participar de forma activa en su desarrollo.
Además de la implementación de la ley, Honduras requiere una apuesta decidida por implementar eficazmente las medidas cautelares de la CIDH y promover un entorno favorable para quienes defienden derechos humanos, incluyendo acciones para erradicar las declaraciones que estigmatizan la actividad de los defensores y defensoras por parte de autoridades públicas, tal y como ocurrió por ejemplo durante el Examen Periódico Universal de Honduras ante Naciones Unidas por citar un ejemplo, así como por parte de otros actores con fuerte influencia en la sociedad. De igual manera, se recomienda poner fin a la creciente militarización de la seguridad pública en el país tras la creación de la policía militar.
“La militarización institucional y del territorio, la cual conlleva la participación activa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, no sólo es contraria a los estándares internacionales, sino que la experiencia comparada en otros países de la región la ha vinculado con mayor violencia y más ataques contra defensores y defensoras. Por ello, en lugar de ahondar en la militarización, debería fortalecerse la fuerza policial civil, dotándola de recursos suficientes y garantizando un actuar respetuoso de los derechos humanos”, declaró Miguel Martín Zumalacárregui, Director de la Oficina en Bruselas de la OMCT.
El Observatorio ha recibido asimismo información sobre el uso indebido del derecho penal, muchas veces con la complicidad e incluso la iniciativa de actores privados, de modo que se genera intimidación contra los defensores y las defensoras, incluyendo particularmente a quienes defienden los derechos relacionados con la tierra y a comunicadores sociales, al ligarles a procesos penales. Entre los tipos penales empleados destacan algunos como “difamación”, “incitación a la violencia”, “usurpación especial” por la toma de edificios públicos por parte de estudiantes o incluso “sedición”.
“El proceso de reforma del código penal que ha iniciado el congreso hondureño representa una oportunidad histórica para acomodarlo a los estándares internacionales y para corregir algunas definiciones que en el actual código resultan excesivamente vagas e imprecisas y que, por lo tanto, posibilitan la criminalización de actividades legítimas de defensores y defensoras de derechos humanos”, declaró Helena Solà Martín, Coordinadora del Programa de América Latina de la OMCT.
En contraste con los numerosos procesos de criminalización de personas defensoras, destaca la ineficacia de la fiscalía y el poder judicial hondureños para dar respuesta a las agresiones en su contra de modo que la impunidad es estructural por la falta de investigaciones serias  y de sanciones por las denuncias que son presentadas. En el caso de los defensores y las defensoras LGBTI, uno de los grupos más vulnerables en el contexto hondureño, se requeriría la existencia en la fiscalía de una unidad específica y suficientemente dotada de recursos para poder dar una respuesta eficaz a los cada vez más frecuentes ataques en contra de miembros de la comunidad LGBTI. Además, el Observatorio ha recibido numerosos testimonios que señalan patrones preocupantes para impedir o disuadir la interposición de denuncias por parte de defensores, incluyendo ataques contra la vida y amenazas de represalias.
El Observatorio asimismo ha recibido informaciones coincidentes de miembros de las comunidades de Zacate Grande y San Francisco de Locomapa, entre otros, que constatan que las concesiones del territorio y los recursos naturales, sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, están íntimamente relacionadas con los altos índices de agresión y criminalización en contra de quienes defienden los derechos relacionados con la tierra.
“En marzo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución, promovida por Honduras entre otros Estados, encaminada a mejorar la protección de las y los defensores de los derechos económicos, sociales y culturales. En el contexto actual, y para reafirmar su compromiso de hacer frente a las causas estructurales de los ataques contra defensores y defensoras de los derechos relacionados con la tierra, la efectiva implementación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo debería ser una prioridad”, declaró Anabella Sibrián, Representante en Centroamérica de la Plataforma Internacional contra la Impunidad.
Contexto:
El Observatorio realizó una misión de investigación en Honduras entre el 11 y el 15 de abril de 2016, destinada a analizar la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país centroamericano, con un especial énfasis en las personas defensoras de los derechos relacionados con la tierra y las personas defensoras de la comunidad LGBTI.
La misión del Observatorio mantuvo entrevistas con autoridades de distintas instituciones públicas a las que agradece por su colaboración: la Corte Suprema de Justicia y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. La misión también se reunió con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y con las Embajadas de la Unión Europea y del Reino de España. Asimismo, la misión también escuchó testimonios de defensores y defensoras de derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil a través de diversas reuniones en San Pedro Sula, Tegucigalpa, la península de Zacate Grande y el departamento de Santa Bárbara.

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Honduras: Amenazas y hostigamiento judicial en contra del Sr. José David Ellner Romero

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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Honduras.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con grave preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre las amenazas y el hostigamiento judicial en contra del Sr. José David Ellner Romero, periodista y Director de Radio Globo y Globo Televisión, quien a través de sus denuncias periodísticas, dio a conocer el escándalo de la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS), el cual violenta el derecho a la salud de los hondureños1.

El 8 y 14 de mayo de 2015, el Sr. Romero reveló públicamente que los hechos de corrupción involucrarían a Juan Orlando Hernández, Presidente de la República, y al partido de gobierno, el Partido Nacional, quienes habrían recibido cheques para sus campañas electorales de las empresas fantasmas creadas para sustraer los recursos destinados al IHSS.

Según las informaciones recibidas, el 7 de junio de 2015, un carro rojo marca Toyota, modelo 2013, sin placas, llegó a la colonia o conjunto residencial donde vive el Sr. Romero junto con su familia2. Dentro del vehículo había 4 hombres visiblemente armados, quienes ante los guardias de seguridad de la colonia se hicieron pasar por agentes de investigación. Al día siguiente, el 8 de junio, volvieron a la colonia y se identificaron ante los vigilantes con insignias de la División de Investigación Criminal de la Policía. El carro se parqueó frente a la casa del señor Romero y detrás del carro de su esposa.

Posteriormente, con los retratos hablados de los 4 hombres realizados por los vigilantes, el Sr. Romero denunció este hecho ante las autoridades. La Policía en su respuesta manifestó  no tener ese tipo de carro. A la fecha de publicación del llamado urgente, el Observatorio no tenia informacion sobre el avance de la investigación policial.

Antes de esto y según las mismas informaciones recibidas, el 14 de mayo de 2015, un oficial comisionado de la policía, Sr. Wilmer Cruz, por instrucciones del alto mando policial le manifestó al Sr. Romero que “se ha planificado atentar en contra suya, se ha contratado a dos mareros de la 18, para que lo maten en su centro de trabajo o su casa”, razón por la cual le ofrecían protección policial. Le adjudicaron dos motorizados de la policía que lo acompañan regularmente. Sin embargo esa protección no impidió el asedio de los cuatro hombres armados en el vehículo frente a su casa. Posteriormente a este hecho, una patrulla de la policía le fue asignada para la protección de su familia, la cual realiza recorridos perimetrales en la Colonia y permanece frente a su domicilio.

Igualmente, hace dos años el Sr. Romero denunció al Fiscal General Adjunto, Sr. Rigoberto Cuellar, por tráfico de influencias y abuso de autoridad, indicando que la esposa del Fiscal, la Sra. Sonia Galvis utilizaba indebidamente carros oficiales de la Fiscalía. A su vez la Sra. Galvis denuncia al Sr. Romero por “injuria” y “calumnia” y la audiencia inicial programada para el 3 de junio no se inició porque una de los tres jueces, se declaró enferma, por lo que la audiencia fue suspendida y de común acuerdo entre las partes y el Juez que preside la sala el Sr. Roberto Echenique, se re-programó para diciembre 2015. Sin embargo, dicha programación fue anulada y sorprendentemente se convocó la audiencia para el 18 de junio de 2015.

Según las informaciones recibidas, le fue comunicado al Sr. Romero que el Sr. Teodoro Bonilla vicepresidente de la Judicatura, llamó al juez Echenique, con instrucciones del presidente de la judicatura (la máxima estancia judicial), para decirle que quieren condena y cárcel en contra de David Romero. Según las informaciones, habrían llamado a la otra juez, la Sra. Geraldina Rivera, a la oficina de la abogada Lilian Maldonado que también es miembro del Consejo de la Judicatura con el Inspector de tribunales y le manifestaron que les exigían condena contra David Romero. Como, al parecer, el juez Echenique no les dio respuesta favorable, lo sacaron de la judicatura, lo trasladaron como sub inspector de defensa pública y nombraron otro Juez en su reemplazo.

Esta situación ha afectado gravemente a la familia del Sr. Romero, que está bastante afectada por lo ocurrido y teme por su seguridad.

El Observatorio manifiesta su profundo rechazo ante las amenazas y el hostigamiento judicial en contra del Sr. David Romero, y expresa su gran preocupación de que estos hechos hayan tenido lugar en respuesta a sus actividades de denuncia de la corrupción y en defensa del derecho a la salud de los hondureños.

En este sentido, el Observatorio urge a las autoridades hondureñas a investigar con celeridad los hechos aquí alegados, y asegurar la seguridad física y psicológica del Sr. Romero así como la de su familia, y la de todos los defensores de derechos humanos del país.

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:

i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para asegurar la seguridad física y psicológica del Sr. José David Ellner Romero y, así como la de su familia y la de todos los defensores de derechos humanos en Honduras;

ii. Realizar una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas del Sr. José David Ellner Romero, y en su caso, llevar a los responsables ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

iii. Poner fin a todo tipo de hostigamiento judicial y acto de violencia en contra del Sr. José David Ellner Romero así como de todos los individuos y organizaciones que defienden los derechos humanos en Honduras;

iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al:
– Artículo 1: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.”
– Artículo 5.a: “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional a reunirse o manifestarse pacíficamente.”
–  Artículo 12.2: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.”

iv. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.

Direcciones:

• Sr. Juan Orlando Hernandez, Presidente de la República, Casa Presidencial, Juan Orlando Hernandez , Palacio José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras. Fax: +504 2290 5010. Correo electrónico: diseloalpresidente@presidencia.gob.hn / info@presidencia.gob.hn
• Sr. Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República, Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana, Edificio Lomas Plaza II, Tegucigalpa, Honduras. Fax: +504 2221 5667. Correo electrónico: suazog@mp.hn;
• Sra. Ana Pineda, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Correo electrónico: iquintanilla@sjdh.gob.hn
• Sr. Arturo Corrales, Ministerio de Interior, Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Aldea el Ocotal, Antiguo Local de la Academia Nacional de Policia ANAPO, Tegucigalpa, Honduras. Correo Electrónico: comunicacionCNDS@gmail.com / doriselsonity@hotmail.com
• Sra. Abraham Alvarenga Urbina, Procurador General de la República. Fax: +504 2239 6182. Correo electrónico: pgrdespacho@pgr.gob.hn
• Sr. Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Honduras C.A. Telefax: +504 2231 0204 / 2231 0882 / 2235 7697 / 2235 3532. Correo Electrónico: consultorinternacionalhn1@gmail.com; central@conadeh.hn
• Sr. Jorge Alberto Rivera Avilés, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Correo Electrónico: cedij@poderjudicial.gob.hn; justiciaenaccion@poderjudicial.gob.hn
• Sr. Embajador Giampaolo Carmelo Rizzo Alvarado, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra, Avenue de France 23, 1202 Geneva,, Suiza. Fax: +41 22 710 07 66. Correo Electrónico: mission@hondurasginebra.ch
• Embajada de Honduras en Bruselas, 3 av. Des Gaulois, 1040 Etterbeek, Bélgica. Fax: + 32 2.735.26.26. Correo Electrónico: ambassade.honduras@chello.be

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en sus respectivos países.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3567:honduras-amenazas-y-hostigamiento-judicial-en-contra-del-sr-jose-david-ellner-romero&catid=54:den&Itemid=171

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Observatorio insta a las autoridades hondureñas proteger a todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras

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Señor Presidente, Señor Ministro de Seguridad y Señor Canciller,

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, se dirige a Ustedes para solicitar la implementación inmediata de medidas efectivas de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, incluyendo una declaración pública de apoyo y reconocimiento al trabajo que realizan.

El Observatorio expresa su preocupación en relación con las recientes declaraciones públicas realizadas por su gobierno en las que se denuncia una “campaña de desprestigio” en su contra por parte de dirigentes políticos de la oposición y de las ONG, en materia de derechos humanos[1].

El Observatorio rechaza las alusiones hechas hacia los defensores y las defensoras en términos de “malos hondureños ” que quieren “denigrar al país”; o que realizan “una trama perversa y tendenciosa en donde se distorsiona la realidad”. Nos preocupa que estas afirmaciones puedan ser una represalia en contra de la actividad de varias ONG con miras a su participación en el Examen Periódico Universal (EPU) sobre Honduras, que se realizará el 8 de mayo de 2015 en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La descalificación pública del trabajo de los defensores, además de estigmatizar su trabajo y vulnerar su libertad de expresión y su derecho a defender los derechos humanos, aumenta los ya de por sí altos niveles de vulnerabilidad que padecen las organizaciones de derechos humanos y pone en riesgo la vida y la integridad de los defensores y las defensoras, tal y como el Observatorio ha denunciado en el pasado[2].

Conforme a los compromisos internacionales adoptados por el Estado de Honduras en materia de protección de Derechos Humanos, un deber fundamental es el de velar por la protección de los defensores y defensoras, cuyo trabajo de denuncia y control social es primordial para el correcto funcionamiento de un Estado democrático y de derecho, tal y como lo reconoce la  Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.

Es necesario igualmente que su gobierno tome en cuenta, lo dispuesto en la Resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 9 de octubre de 2013[3] en la que se reafirma el derecho de cada persona a comunicarse con las organizaciones internacionales, en particular con las Naciones Unidas y sus mecanismos especiales como el EPU, así como con los mecanismos regionales de derechos humanos. Este derecho es indispensable para el pleno desarrollo de los mandatos de dichos mecanismos. Del mismo modo, en la Resolución se solicita a los Estados “ que prevengan y se abstengan de todo acto de intimidación o represalia contra: (a) quienes traten de colaborar o hayan colaborado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos, o hayan prestado testimonio ante ellos o les hayan proporcionado información”[4].

Es por lo anterior que le solicitamos a su gobierno:

1. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores de derechos humanos en Honduras;

2. Emitir una declaración pública en la que se exprese el apoyo y reconocimiento al trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos, conforme a lodispuesto en la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos, en particular en lo referenteal:
–        Artículo 1: ”Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
–        Artículo 5.a: “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional a reunirse o manifestarse pacíficamente”.
–        Artículo 12.2: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”.

Confiando en su compromiso con los derechos humanos y agradeciendo Su atención a la presente, nos suscribimos de Usted muy respetuosamente.

Karim Lahidji
Presidente de la FIDH

Gerald Staberock
Secretario General de la OMCT

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3476:observatorio-insta-a-las-autoridades-hondurenas-proteger-a-todos-los-defensores-y-defensoras-de-derechos-humanos-en-honduras&catid=71:def&Itemid=166

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«No tenemos miedo» dicen al mundo, defensores del derecho a la tierra

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La problemática por defender el derecho a la tierra, se reflejó este día a través del informe anual que el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, OBS, que se publicó hoy a nivel mundial.

El documento que recoge información de 29 países, se refiere a Honduras en el capítulo II, donde habla de las difamaciones, y contextualiza que los miembros del Movimiento Autentico Reivindicador del Aguán, MARCA, reciben constantes amenazas y son víctimas de agresiones físicas y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las autoridades estatales y los servicios de seguridad privada de los empresarios de la zona.

El informe es en el marco de un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura, OMCT, y la Federación Internación de Derechos Humanos, FIDH.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, y el Centro para la Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, COPRODEH, son miembros de la FIDH, y colaboraron en proporcionar información, por lo que fueron las entidades encargadas de hacerlo público en Honduras.

Los defensores del derecho a la tierra nunca se han visto tan afectados por la represión, según denuncia el OBS, en el informe que fue publicado hoy en Filipinas, México, Honduras, Sudáfrica e Indonesia, y que se presentará mañana en el marco del Foro Anual de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

La presión en torno a la tierra se ha hecho insostenible y movilizarse para exigir que se respeten los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas se ha convertido en una actividad de alto riesgo.

Aquí se refleja la vulnerabilidad que viven los defensores del derecho a la tierra, y refleja que las recomendaciones deben ser llevadas a cabo, de los contrario los gobiernos deberán que responder, sino estas mismas recomendaciones serán llevadas en el informe que se llevara a cabo en el Examen Periódico Universal, EPU, del 2015, declaró Bertha Oliva, coordinadora General del COFADEH.

Agregó que ya se veía venir las violaciones por el derecho a la tierra, pero también  por el derecho al agua.

Se toca el caso de defensores del Bajo Aguán, donde el COFADEH, actualmente ejecuta el proyecto “Apoyo y protección a los defensores de derechos humanos, trabajando en conflicto por la tierra y recursos naturales en las zonas rurales de Honduras” con FIAN Internacional- Honduras y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), región que además será visitada por una comitiva del Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que esta semana permanece en Honduras.

Entre 2011 y 2014 el Observatorio documentó 43 casos de asesinatos de defensores del  derecho a la tierra y 123 de hostigamiento judicial, en ocasiones acompañado por detenciones arbitrarias. Estos números solamente reflejan una parte ínfima de una realidad que afecta a todas las regiones del mundo y perjudica especialmente a Asia y Latinoamérica.

Según estudios, hay más de 300 mil familias hondureñas no tienen acceso a la tierra para cosechar sus alimentos.

Las violaciones de DDHH en Honduras continúan en una forma sistemática, y además la justicia no responde con la efectividad del caso, y a nivel del Poder Ejecutivo encontramos una disminución de la institucionalidad para el tratamiento pertinente de los DDHH. Manifestó Wilfredo Méndez, Coordinador del CIPRODEH.

Méndez añadió que, denunciamos en este informe, al igual que 60 países más que integran la FIDH, las agresiones sufridas en los pueblos indígenas, en Honduras se registran casos de los pueblos Tawahka, Lenca, Tolupán,  Misquito y Garifuna.

Honduras en difamación

Honduras inicia el capítulo II, sobre el hostigamiento multiforme que se ejerce contra las defensoras y los defensores del derecho a la tierra, en la página 85 con el tema de Difamación.

Y es que otro tipo de ataque que las defensoras y los defensores del derecho a la tierra sufren frecuentemente es el vilipendio de su trabajo y de su reputación por parte de distintos actores que intentan hacer creer que su defensa de los derechos humanos es algo negativo.

De hecho, puesto que a menudo exigen que los proyectos económicos a gran escala respeten los derechos humanos, para el caso, a menudo se tacha a los defensores del derecho a la tierra de  «personas que mancillan la imagen del país» (Honduras).

A menudo estos insultos aparecen en las declaraciones formales e informales de los funcionarios públicos y en los medios de comunicación.

Recalca el informe que en Honduras, el 18 de febrero de 2013 durante una conferencia de prensa, el Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III, German Antonio Alfaro Escalante, acusó presuntamente a dos líderes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA),  Yoni Rivas y Vitalino Álvarez , de «dañar la imagen de la nación de Honduras» y «crear una constante problemática de no respeto a las leyes, a las autoridades legalmente establecidas y provocar inestabilidad e inseguridad».

El 2 de diciembre de 2013, durante una conferencia de prensa, el mismo comandante acusó al MUCA de haber celebrado varias reuniones para incitar al des-orden mediante invasiones y asesinatos. Añadió que la extranjera Annie Bird, que representa a varias de las organizaciones campesinas ante la CIDH, estaba llevando a cabo acciones de desestabilización reuniéndose con líderes campesinos y cuestionando el sistema judicial de Honduras.  El comandante apareció en un programa de televisión del Canal 11 junto con Roger Pineda, responsable de Dinant Corporation, una empresa propiedad de Miguel Facussé, uno de los tres empresarios más ricos del país y con enormes intereses económicos en la región de Bajo Aguán. Después de la petición de octubre de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas cautelares el 8 de mayo de 2014 en favor de 123 líderes de movimientos campesinos que luchan por la tierra en el Bajo Aguán y que pertenecen al MUCA, al MARCA, al Movimiento Campesino Recuperación del Aguán (MOCRA) y al Movimiento Campesino Gregorio Chávez (MCGC).

Después de estos incidentes el hostigamiento ha continuado.  El 21 de mayo de 2014 un contingente de la policía y militar acompañado de guardias de seguridad privada entró en las instalaciones de la cooperativa del MUCA La Trinidad e informó a los miembros de la cooperativa de que disponían de 20 minutos para recoger sus equipos y salir de las instalaciones. Cinco minutos después comenzaron a disparar y a hacer uso de gas lacrimógeno. Detuvieron a 16 campesinos, entre ellos el presidente del MUCA, Walter Cárcamo y acusaron a nueve de ellos de «usurpación». Cinco de ellos fueron beneficiarios de las medidas cautelares ordenadas el 8 de mayo de 2014 por la Corte IDH: Jaime Cabrera, Walter Cárcamo, José Chávez, Antonio Rodriguez  y Jeremiah Cruz .

Cuando son declaraciones oficiales de funcionarios las que cometen este tipo de difamación, se dificulta que haya una discusión realmente abierta entre las diferentes partes interesadas sobre las potenciales violaciones de derechos humanos y las alternativas de desarrollo existentes. Lo que es aún peor es que este tipo de declaraciones hace creer que es aceptable atacar a las defensoras y los defensores del derecho a la tierra, de modo que podría entenderse que el gobierno aprueba tácitamente los intentos de obstaculizar su trabajo.

El Observatorio ha constatado que muy frecuentemente los agresores son agentes de policía, militares, agentes de seguridad de empresas privadas o incluso «mercenarios», cuyo objetivo es acallar las voces opositoras que podrían frenar un proyecto de inversión.

Además de la violencia, numerosos Estados se sirven del hostigamiento judicial y de la detención arbitraria para intimidar a los defensores y las defensoras. En cumplimiento de leyes liberticidas o incumpliendo la legislación, los Estados encarcelan a toda persona que consideran molesta. «Terrorismo», «propaganda engañosa», «atentado contra la seguridad del Estado», «alteración del orden público»… No faltan acusaciones abusivas que pueden acarrear severas penas de prisión.

Los defensores y las defensoras del derecho a la tierra a menudo se ven inermes ante los ataques físicos y las detenciones arbitrarias. Según el Observatorio, actualmente un 95% de las vulneraciones de derechos contra los defensores y las defensoras queda impune.

Los órganos judiciales de los países en los que tienen lugar estas vulneraciones se caracterizan por la ausencia de independencia, de medios o de pericia. A menudo, cuando es posible presentar demandas contra las empresas para responsabilizarlas de las violaciones de derechos humanos, los procesos judiciales son largos, peligrosos, irregulares y costosos.

El Observatorio exige que se lleven a cabo verdaderas consultas que garanticen la participación directa de los afectados por los proyectos y que se reconozca a los defensores de derechos humanos como interlocutores legítimos para prevenir los conflictos y frenar las violaciones graves de derechos humanos.

Por otro lado, es necesario reforzar la capacitación y la independencia de los sistemas judiciales nacionales, incluyendo los de los Estados en los que se encuentran las sedes de las empresas, para permitir que los defensores y las defensoras puedan acceder a la justicia y a la reparación en caso de conculcación de sus derechos.

Asimismo, el Observatorio recomienda reforzar la legislación internacional para poder responsabilizar efectivamente a las empresas cuando éstas cometen violaciones de derechos humanos y para garantizar que el derecho a la tierra se proteja de forma adecuada.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es el principal programa a nivel mundial en materia de protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Desde el año 2013 el Observatorio ha actuado mediante más de 500 llamados urgentes acerca de más de 60 países.

Los 29 países, de los cuales se aborda su situación en el informe, son Bangladesh, Birmania/Myanmar, Brasil, Camboya, Camerún, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, Etiopía, Filipinas, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Kenia, Laos, Liberia, Nigeria, Rusia, México, Nicaragua, Perú, Tailandia, el Territorio Palestino Ocupado, Vietnam, Sudáfrica y Uganda.

Defensoras y defensores del derecho a la tierra

Los defensores del derecho a la tierra son aquellos defensores de derechos humanos que trabajan por la promoción y la protección de los derechos humanos relativos a la tierra. Los defensores del derecho a la tierra forman un grupo heterogéneo que incluye a usuarios de la tierra que se han visto afectados por las prácticas o las políticas que han tenido un impacto negativo en su acceso a la tierra y que se han comprometido con la promoción y la protección del derecho a la tierra de grupos más amplios. Algunos ejemplos son los líderes o miembros de comunidades rurales o los pueblos indígenas que trabajan por el respeto de su derecho colectivo a la tierra, los campesinos, los cazadores, los pastores o los habitantes de zonas urbanas que quieren preservar su derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo la vivienda.

También puede tratarse de profesionales que no se ven afectados personalmente por los litigios por la tierra pero que actúan en calidad de aliados de quienes quieren que se respete su derecho a la tierra y los derechos humanos ligados a ella, como los representantes y los miembros de las organizaciones no gubernamentales (ONG), los abogados, los periodistas y en algunas ocasiones incluso las autoridades gubernamentales, los miembros del sector privado, etc.

Es cierto que en algunos casos el derecho a la tierra se ejerce y se depende de forma colectiva. Así, a veces los defensores del derecho a la tierra pueden  ser grupos pertenecientes a las comunidades afectadas que se organizan de manera colectiva para reivindicar el respeto por los derechos humanos de una, varias o todas las comunidades.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3345:lno-tenemos-miedor-dicen-al-mundo-defensores-del-derecho-a-la-tierra&catid=58:amb&Itemid=181

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Defensores del derecho a la tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado

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París-Ginebra, 2 de diciembre de 2014 – Los defensores del derecho a la tierra nunca se han visto tan afectados por la represión, según denuncia el Observatorio en un informe que se ha publicado hoy en Filipinas, México, Honduras, Sudáfrica e Indonesia, y que se presentará mañana en el marco del Foro Anual de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. La presión en torno a la tierra se ha hecho insostenible y movilizarse para exigir que se respeten los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas se ha convertido en una actividad de alto riesgo.

«Este informe ilustra la lucha diaria de los defensores del derecho a la tierra, que a menudo se enfrentan a verdaderos “depredadores económicos” ávidos de un desarrollo desenfrenado. Los defensores del derecho a la tierra a menudo viven en zonas aisladas y alejadas de los actores influyentes, lo cual facilita que se ejerza violencia en su contra; una violencia a la altura de las sumas desmesuradas que están en juego», ha declarado Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.

Sitio web: https://wearenotafraid.org/es/

Entre 2011 y 2014 el Observatorio documentó 43 casos de asesinatos de defensores del derecho a la tierra y 123 de hostigamiento judicial, en ocasiones acompañado por detenciones arbitrarias. Estos números solamente reflejan una parte ínfima de una realidad que afecta a todas las regiones del mundo y perjudica especialmente a Asia y Latinoamérica.

El Observatorio ha constatado que muy frecuentemente los agresores son agentes de policía, militares, agentes de seguridad de empresas privadas o incluso «mercenarios», cuyo objetivo es acallar las voces opositoras que podrían frenar un proyecto de inversión.

Además de la violencia, numerosos Estados se sirven del hostigamiento judicial y de la detención arbitraria para intimidar a los defensores y las defensoras. En cumplimiento de leyes liberticidas o incumpliendo la legislación, los Estados encarcelan a toda persona que consideran molesta. «Terrorismo», «propaganda engañosa», «atentado contra la seguridad del Estado», «alteración del orden público»… No faltan acusaciones abusivas que pueden acarrear severas penas de prisión.

«Los defensores del derecho a la tierra son portavoces de millones de personas y cuando se encarcela o se asesina a uno de ellos, se condena a miles de víctimas al silencio», ha declarado Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.

Los defensores y las defensoras del derecho a la tierra a menudo se ven inermes ante los ataques físicos y las detenciones arbitrarias. Según el Observatorio, actualmente un 95% de las vulneraciones de derechos contra los defensores y las defensoras queda impune.

Los órganos judiciales de los países en los que tienen lugar estas vulneraciones se caracterizan por la ausencia de independencia, de medios o de pericia. A menudo, cuando es posible presentar demandas contra las empresas para responsabilizarlas de las violaciones de derechos humanos, los procesos judiciales son largos, peligrosos, irregulares y costosos.

La cuestión de la participación de las personas y las comunidades afectadas por las políticas de desarrollo y los proyectos de inversión se sitúa en el epicentro del problema. El Observatorio exige que se lleven a cabo verdaderas consultas que garanticen la participación directa de los afectados por los proyectos y que se reconozca a los defensores de derechos humanos como interlocutores legítimos para prevenir los conflictos y frenar las violaciones graves de derechos humanos. Por otro lado, es necesario reforzar la capacitación y la independencia de los sistemas judiciales nacionales, incluyendo los de los Estados en los que se encuentran las sedes de las empresas, para permitir que los defensores y las defensoras puedan acceder a la justicia y a la reparación en caso de conculcación de sus derechos.

Asimismo, el Observatorio recomienda reforzar la legislación internacional para poder responsabilizar efectivamente a las empresas cuando éstas cometen violaciones de derechos humanos y para garantizar que el derecho a la tierra se proteja de forma adecuada.

El informe está disponible para su descarga en inglés, francés y español a través de los siguientes enlaces:
https://www.fidh.org/es/
http://www.omct.org/es/

Pueden participar a través de las redes sociales utilizando el hashtag #WeAreNotAfraid.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es el principal programa a nivel mundial en materia de protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Desde el año 2013 el Observatorio ha actuado mediante más de 500 llamados urgentes acerca de más de 60 países.

Para obtener más información contactar con:
FIDH: Arthur Manet : + 33 1 43 55 25 18 / José Carlos Thissen : + 51 95 41 31 650
OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui: + 41 22 809 49 24

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3343:defensores-del-derecho-a-la-tierra-atacados-por-enfrentarse-al-desarrollo-desenfrenado&catid=58:amb&Itemid=181

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A nivel mundial se presentará informe sobre defensores/as de derechos relacionados con la tierra

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Mañana a nivel mundial se hará público un informe que trata la problemática de defensores por el derecho a la tierra en 29 países de todos los continentes, entre ellos las violaciones a derechos humanos de campesinos y campesinas en el Bajo Aguán, norte de Honduras.

La cita en Honduras será mañana 2 de diciembre, en el Hotel Plaza San Martin, salón Terraza, Tegucigalpa, a las diez de la mañana.

El 2 de diciembre, El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internación de Derechos Humanos, FIDH, y de la Organización Mundial Contra la Tortura, OMCT, publicará su informe anual, sobre los defensores y defensoras de los derechos relacionados con la tierra.
Dicho informe estará disponible en los idiomas español, francés, inglés, árabe, y ruso.

Los 29 países, de los cuales se aborda su situación en el informe, son Bangladesh, Birmania/Myanmar, Brasil, Camboya, Camerún, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, Etiopía, Filipinas, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Kenia, Laos, Liberia, Nigeria, Rusia, México, Nicaragua, Perú, Tailandia, el Territorio Palestino Ocupado, Vietnam, Sudáfrica y Uganda.

Para obtener la información, fue fundamental la participación de organizaciones miembros de la FIDH, entre ellas, por Honduras, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, y el Centro para la Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, COPRODEH.

Y la colaboración es además en la redacción del informe, que ha sido fundamental para poner de relieve los riesgos que asumen los defensores y defensoras de los derechos relacionados con la tierra en los países mencionados, así como para definir recomendaciones concretas dirigidas a los Estados, los donantes e inversores privados, las empresas y las organizaciones intergubernamentales.

Por lo que en este momento, se debe dar a conocer y utilizar este informe en la mayor medida posible. Su implicación en la estrategia de promoción y de defensa de este documento será también indispensable.

A partir de mañana, la información contenida en el informe, será de carácter público, especialmente la que concierne a Honduras, además se podrá compartir mediante las redes sociales y sitios electrónicos.
El informe en Honduras, será presentado por las organizaciones miembros de la FIDH, el COFADEH que lo coordina Bertha Oliva, y el COPRODEH, coordinado por Wilfredo Méndez.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3340:a-nivel-mundial-se-presentara-informe-sobre-defensoresas-de-derechos-relacionados-con-la-tierra&catid=67:monitoreo&Itemid=192

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La FIDH reclama a Honduras retirar la orden de cierre de 5,429 ONG

11:39
14
Marzo
2014
París – La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió hoy a las autoridades de Honduras que cancelen la orden de cierre de 5.429 ONG, al considerarlo un ataque a la libertad de asociación.
Entre las organizaciones afectadas figuran “grupos religiosos, asociaciones educativas, médicas y de derechos humanos, nacionales e internacionales”, precisó la FIDH en un comunicado.

El Gobierno hondureño tomó esta decisión el pasado día 28 en aplicación de una ley de 2003 que obligaba a estas ONG a actualizar ciertas informaciones sobre su funcionamiento antes de 2013.

Al no producirse, el Ejecutivo ordenó la cancelación de la personalidad jurídica de 5.429 organizaciones, además de la liquidación de sus bienes y demás activos.

La FIDH, asociada a la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), recordó al Gobierno de Honduras “su compromiso con la sociedad civil y, por lo tanto, el deber del Estado de facilitar que las organizaciones y demás asociaciones civiles de la protección de los derechos humanos, puedan seguir trabajando a fin de garantizar la protección de los ciudadanos”.

Agregó que “el derecho a la libertad de asociación es un derecho fundamental de carácter universal, consagrado en numerosos tratados y normas internacionales”.

La FIDH y la OMCT urgieron a las autoridades de Honduras a garantizar en todo momento que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo legítimamente sus actividades sin interponerles obstáculos.

Agregaron que Honduras debe garantizar “el cese de todo tipo de acto de hostigamiento contra los defensores y defensoras de derechos humanos” y “el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras”.

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