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Honduras: ¡Defensores del Bajo Aguan declarados inocentes!

Paris–Ginebra–Tegucigalpa, 8 de junio de 2016

El día de ayer, concluida la audiencia de juzgamiento de los defensores judicializados, la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia anunció el sentido de su fallo y determinó que los campesinos serían declarados inocentes al no encontrarse acreditada su responsabilidad en los delitos de manifestaciones ilícitas y daños a la propiedad en perjuicio del estado de Honduras, delitos por los que fueron acusados y llevados a juicio.
El Observatorio para la protección de Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT), envió una Misión de Observación Judicial con el objetivo de presenciar el juicio oral y público. El Observatorio agradece y felicita a las organizaciones miembro de la FIDH en Honduras, COFADEH y CIPRODEH, por el trabajo de defensa y acompañamiento realizado en este caso[1].

“Por lo observado en el proceso, eran evidentes desde sus inicios las violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales. El tipo penal en el que se basaron los cargos propuestos contra los campesinos era abierto, ambiguo e indeterminado”, señaló la abogada Liliana Avila, observadora enviada por el Observatorio.

En la audiencia, el mismo fiscal solicitó la absolución de los procesados al considerar que, del acervo probatorio recogido en el proceso, no existía información que vinculara a cada uno de los campesinos procesados con los cargos por los que fueron procesados.

“La judicialización de estos campesinos es uno de los tantos casos en Honduras, y lamentablemente en toda la región de América Latina[2], en los que se refleja el uso indebido del proceso penal para criminalizar la protesta social y la defensa de derechos humanos y de la tierra” señala el Observatorio.

abogada Liliana Avila, observadora enviada por el Observatorio para la protección de Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT)

 

 

 

 

Las criminalización de estas personas no debió haber ocurrido. Han perdido más de 3 años de sus recursos y energía para defenderse, y durante este tiempo estuvieron sometidos a medidas limitativas de su libertad individual. Además, preocupa el grave y perjudicial mensaje intimidatorio que se envía a los defensores y aquellos que se valen del derecho a la protesta pacífica para reivindicar sus derechos.

El Observatorio insta al poder judicial de Honduras a no ser cómplice de la indebida criminalización a defensores de derechos humanos y a iniciar una reflexión en el seno de su sistema judicial sobre la necesidad de impartir justicia, respetando la igualdad entre las partes sin privilegiar los intereses de poderes políticos y económicos.

El proceso penal se inició el pasado 21 de agosto de 2012 después de que 24 campesinos, entre ellos, líderes del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) y ciudadanos que transitaban por el lugar fueran reprimidos, detenidos y procesados luego de hacer parte de una manifestación ante la Corte Suprema de Justicia. En el grupo de detenidos se encontraba el abogado Antonio Tejos, representante judicial de las comunidades del Aguan en sus reclamos por la reivindicación de sus tierras y quien, un mes después fue asesinado en hechos que aún permanecen en la impunidad.

El detalle de lo observado en este juicio y del caso, formará parte del Informe del Observatorio sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Honduras, que se publicará en los próximos meses.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de derechos humanos.

Origen: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4158:honduras-idefensores-del-bajo-aguan-declarados-inocentes&catid=71:def&Itemid=166

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Asesinato de René Martínez, presidente de la comunidad LGBTI de San Pedro Sula

Origen: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4154:asesinato-de-rene-martinez-presidente-de-la-comunidad-lgbti-de-san-pedro-sula&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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Con Observación Internacional se desarrollará juicio contra campesinos del Aguán

Tegucigalpa.

La criminalización de los y las defensoras de la tierra, se expone hoy en Juicio Oral y Público, en la sala III de la Corte Suprema de Justicia hondureña.

Son 23 hombres y 2 mujeres, que el 21 y 22 de agosto del 2012 fueron reprimidos y apresados frente a la CSJ cuando acudían a una audiencia con el magistrado presidente Jorge Rivera Avilés, para tratar la problemática que tenían con la actuación de los Tribunales de Sentencia de Trujillo y La Ceiba, con respecto a la adjudicación de tierras en favor del Movimiento Auténtico Reinvindicador Campesino del Aguan, MARCA.

Ahí fueron brutalmente reprimidos por policías y militares, y acusados de manifestación ilícita, y daños y perjuicios contra el Estado.

Está presente la abogada experta en Derechos Humanos enviada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Liliana Ávila, quien observará el proceso.

El Juicio se desarrollará esta semana, al momento se espera la llegada de cinco campesinos criminalizados, que vienen en camino, de lo contrario quedarían fuera del proceso, y se les haría revisión de medidas, librando orden de captura.

Al inicio eran 26 imputados, pero se dictó sobreseimiento definitivo al abogado que los representaba Antonio Trejo Cabrera, después de su asesinato, en septiembre de ese mismo año.

Las medidas sustitutivas dictadas son no salir del país, no asistir a determinadas reuniones o lugares, e ir a firmar a juzgados según su domicilio.

El 21 de agosto de 2012 representantes de Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) habían sido citados en la Corte Suprema de Justicia para sostener una reunión con el presidente de ese poder del estado y con el presidente de la Sala de lo Constitucional en torno al fallo dictado por un juez en el que daba en posesión de las tierras a las cooperativas La Trinidad, La Despertar y San Isidro.

El 29 de junio de 2012 el abogado Antonio Trejo dio en posesión la tierra que un juez había determinado que pertenecía a la cooperativa La Trinidad, La Despertar y San Isidro. El fallo firme tenía más de seis meses de vigencia.

Pero 24 horas después de haber sido puesto en posesión de la tierra los campesinos, los terratenientes metieron un escrito a la Corte Suprema de Justicia, donde  se conoció la intención de manipular el fallo firme.

Exigiendo el respeto a ese fallo firme era que los campesinos se encontraban en la Corte Suprema de Justicia junto al abogado del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino de Aguán (MARCA), Antonio Trejo, y el resultado fue la represión y el encarcelamiento de 25 campesinos y campesinas.

En septiembre de 2012 fue asesinado el abogado Antonio Trejo y 12 meses después de su asesinato, fue despojado de sus tierras la cooperativa San Isidro y 20 meses después de ese asesinato fue despojada de sus tierras la cooperativa La Trinidad y Despertar.

El 22 de mayo los campesinos de La Trinidad y La Despertar cumplieron dos años de haber sido despojados y a dos años con unos días se realiza el juicio donde se espera que se desarrolle con la sana intención de no seguir criminalizando a los campesinos del Bajo Aguán.

Origen: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4152:con-observacion-internacional-se-desarrollara-juicio-contra-campesinos-del-aguan&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Misión internacional de FIDH-OMCT: En Honduras se califica como criminales a defensores y defensoras para obstaculizar su trabajo

Origen: Misión internacional de FIDH-OMCT: En Honduras se califica como criminales a defensores y defensoras para obstaculizar su trabajo

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La FIDH urge a Honduras a proteger de forma efectiva a los defensores de DDHH

París – Los defensores de derechos humanos se enfrentan en Honduras a “altos niveles de violencia”, como lo puso en evidencia el asesinato en marzo de Berta Cáceres, por eso resulta “urgente” que el Estado “tome medidas integrales efectivas” para su seguridad, alertó hoy la FIDH.

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HONDURAS: Los defensores y defensoras entre la espada y la pared

Conclusiones preliminares de misión internacional de investigación

Ginebra-Paris (Conexihon).- El asesinato de Berta Cáceres ejemplifica los altos niveles de violencia a los que los defensores y defensoras de derechos humanos se enfrentan en Honduras. Otros problemas estructurales como el uso indebido del derecho penal en contra de las y los defensores, la impunidad de los ataques en su contra, la ausencia de medidas de protección eficaces y la creciente militarización contribuyen a hacer de Honduras uno de los países más difíciles a nivel regional para la defensa de derechos humanos, según denunció hoy el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH).
La difícil situación de los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Honduras ha recibido una gran atención internacional en las últimas semanas como consecuencia del asesinato de Berta Cáceres[1], defensora que era beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El crimen, sin embargo, es sólo la punta del iceberg en un contexto de altísimos niveles de violencia contra las personas defensoras en el país centroamericano. Entre los ejemplos más recientes destacan el asesinato del también integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Nelson García el 15 de marzo de 2016 o los 40 incidentes de seguridad, desde julio de 2015 en contra de integrantes de las asociaciones LGTBI Arcoíris y Asociación Jóvenes en Movimiento (Somos CDC) (AJEM), incluyendo seis asesinatos, pero la lista de ataques contra defensores y defensoras es mucho más extensa[2].
La misión internacional del Observatorio, que se desarrolló entre el 11 y el 15 de abril (véase “Contexto”), concluyó que, frente a este clima de violencia y agresiones contra quienes defienden derechos humanos es urgente que el Estado hondureño tome medidas integrales efectivas. En abril de 2015, el Congreso Nacional hondureño aprobó la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Si bien, se trata de un paso positivo que reconoce la vulnerabilidad de las personas defensoras y la legitimidad de su trabajo, existen algunas preocupaciones sobre el texto de la ley y también por la falta de aplicación hasta el momento y por el retraso del reglamento que debe regular su implementación. El Observatorio insta aque se priorice el debate sobre el reglamento de la ley de protección a defensores, garantizando que haya suficiente tiempo para que la sociedad civil pueda articularse y participar de forma activa en su desarrollo.
Además de la implementación de la ley, Honduras requiere una apuesta decidida por implementar eficazmente las medidas cautelares de la CIDH y promover un entorno favorable para quienes defienden derechos humanos, incluyendo acciones para erradicar las declaraciones que estigmatizan la actividad de los defensores y defensoras por parte de autoridades públicas, tal y como ocurrió por ejemplo durante el Examen Periódico Universal de Honduras ante Naciones Unidas por citar un ejemplo, así como por parte de otros actores con fuerte influencia en la sociedad. De igual manera, se recomienda poner fin a la creciente militarización de la seguridad pública en el país tras la creación de la policía militar.
“La militarización institucional y del territorio, la cual conlleva la participación activa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, no sólo es contraria a los estándares internacionales, sino que la experiencia comparada en otros países de la región la ha vinculado con mayor violencia y más ataques contra defensores y defensoras. Por ello, en lugar de ahondar en la militarización, debería fortalecerse la fuerza policial civil, dotándola de recursos suficientes y garantizando un actuar respetuoso de los derechos humanos”, declaró Miguel Martín Zumalacárregui, Director de la Oficina en Bruselas de la OMCT.
El Observatorio ha recibido asimismo información sobre el uso indebido del derecho penal, muchas veces con la complicidad e incluso la iniciativa de actores privados, de modo que se genera intimidación contra los defensores y las defensoras, incluyendo particularmente a quienes defienden los derechos relacionados con la tierra y a comunicadores sociales, al ligarles a procesos penales. Entre los tipos penales empleados destacan algunos como “difamación”, “incitación a la violencia”, “usurpación especial” por la toma de edificios públicos por parte de estudiantes o incluso “sedición”.
“El proceso de reforma del código penal que ha iniciado el congreso hondureño representa una oportunidad histórica para acomodarlo a los estándares internacionales y para corregir algunas definiciones que en el actual código resultan excesivamente vagas e imprecisas y que, por lo tanto, posibilitan la criminalización de actividades legítimas de defensores y defensoras de derechos humanos”, declaró Helena Solà Martín, Coordinadora del Programa de América Latina de la OMCT.
En contraste con los numerosos procesos de criminalización de personas defensoras, destaca la ineficacia de la fiscalía y el poder judicial hondureños para dar respuesta a las agresiones en su contra de modo que la impunidad es estructural por la falta de investigaciones serias  y de sanciones por las denuncias que son presentadas. En el caso de los defensores y las defensoras LGBTI, uno de los grupos más vulnerables en el contexto hondureño, se requeriría la existencia en la fiscalía de una unidad específica y suficientemente dotada de recursos para poder dar una respuesta eficaz a los cada vez más frecuentes ataques en contra de miembros de la comunidad LGBTI. Además, el Observatorio ha recibido numerosos testimonios que señalan patrones preocupantes para impedir o disuadir la interposición de denuncias por parte de defensores, incluyendo ataques contra la vida y amenazas de represalias.
El Observatorio asimismo ha recibido informaciones coincidentes de miembros de las comunidades de Zacate Grande y San Francisco de Locomapa, entre otros, que constatan que las concesiones del territorio y los recursos naturales, sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, están íntimamente relacionadas con los altos índices de agresión y criminalización en contra de quienes defienden los derechos relacionados con la tierra.
“En marzo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución, promovida por Honduras entre otros Estados, encaminada a mejorar la protección de las y los defensores de los derechos económicos, sociales y culturales. En el contexto actual, y para reafirmar su compromiso de hacer frente a las causas estructurales de los ataques contra defensores y defensoras de los derechos relacionados con la tierra, la efectiva implementación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo debería ser una prioridad”, declaró Anabella Sibrián, Representante en Centroamérica de la Plataforma Internacional contra la Impunidad.
Contexto:
El Observatorio realizó una misión de investigación en Honduras entre el 11 y el 15 de abril de 2016, destinada a analizar la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país centroamericano, con un especial énfasis en las personas defensoras de los derechos relacionados con la tierra y las personas defensoras de la comunidad LGBTI.
La misión del Observatorio mantuvo entrevistas con autoridades de distintas instituciones públicas a las que agradece por su colaboración: la Corte Suprema de Justicia y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. La misión también se reunió con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y con las Embajadas de la Unión Europea y del Reino de España. Asimismo, la misión también escuchó testimonios de defensores y defensoras de derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil a través de diversas reuniones en San Pedro Sula, Tegucigalpa, la península de Zacate Grande y el departamento de Santa Bárbara.

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La FIDH apoya la solicitud de instalación de una comisión internacional contra la impunidad en Honduras

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La FIDH se solidariza con las diferentes manifestaciones ciudadanas de indignación frente a la nefasta corrupción e impunidad que permea la sociedad hondureña, y se une a la solicitud de instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras – CICIH.

Honduras sigue siendo el país con una de las mayores tasas de homicidios en el mundo. Son numerosas y graves las violaciones de derechos humanos que a la fecha continúan impunes. El reciente escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social – IHSS, estimado en más de 350 millones de dólares, y el cual vulnera directamente el derecho a la salud, rebasó la tolerancia de los hondureños.

La sociedad hondureña está indignada y así lo ha hecho saber a su gobierno y a la comunidad internacional. Desde las “marchas de las antorchas”, que desde hace un mes se vienen multiplicando en el país y han movilizado miles de personas, hasta las huelgas de hambre que ya suman 29 personas, los hondureños exigen que los responsables de la corrupción sean juzgados y sancionados.

“Le solicitamos al gobierno hondureño que se posicione rápidamente a favor de la creación de la CICIH” , señaló Karim Lahidji Presidente de la FIDH, “una Comisión con expertos nacionales e internacionales y con facultades de investigación y de asesoría, aportaría un necesario refuerzo a la independencia y a la capacidad de la administración de justicia en Honduras.” .

La experiencia cercana de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ha demostrado su eficacia en la lucha contra la impunidad y el crimen organizado, contribuyendo así al fortalecimiento de las instituciones públicas y al estado de derecho.

Este jueves 16 de julio, como un acto de protesta pacífica, los huelguistas que hace 21 días se encuentran en huelga de hambre, decidieron acercarse a la Casa Presidencial para manifestar demandas que no han sido escuchadas por el gobierno como la implementación de la CICIH , entre otras exigencias. En respuesta, la policía preventiva, la policía militar y miembros de la guardia presidencial reprimieron a los huelguistas. Melvin Ulloa y Ángel Hernández tuvieron que ser trasladados de emergencia al hospital. La FIDH hace un llamado a las autoridades hondureñas para que respeten y protejan a las personas que ejercen su derecho a la protesta pacífica.

La FIDH apoya y valora el compromiso personal de Wilfredo Méndez, Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos – CIPRODEH, organismo miembro de la FIDH en Honduras, quien desde el lunes 13 de julio inició una huelga de hambre, manifestando contra la impunidad y la corrupción y solicitando la instalación de una CICIH. Igualmente apoyamos a los demás huelguistas de hambre del Pueblo Tolupan, Garífuna, movimiento campesino y demás ciudadanos que exigen justicia por los asesinatos, desapariciones, torturas y graves hechos de corrupción aún impunes y que están convencidos de que un cambio estructural en Honduras es posible y necesario. Por lo tanto, solicitamos que el Gobierno de Honduras continúe con las gestiones ante Naciones Unidas para que esta intermedie en un diálogo nacional y que todas las demandas del movimiento indignados en Honduras sean tomadas en cuenta.

Wilfredo Méndez fue agredido ayer y nuevamente hoy por la fuerzas especiales de seguridad.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3638:la-fidh-apoya-la-solicitud-de-instalacion-de-una-comision-internacional-contra-la-impunidad-en-honduras&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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Honduras: Amenazas y hostigamiento judicial en contra del Sr. José David Ellner Romero

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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Honduras.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con grave preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre las amenazas y el hostigamiento judicial en contra del Sr. José David Ellner Romero, periodista y Director de Radio Globo y Globo Televisión, quien a través de sus denuncias periodísticas, dio a conocer el escándalo de la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS), el cual violenta el derecho a la salud de los hondureños1.

El 8 y 14 de mayo de 2015, el Sr. Romero reveló públicamente que los hechos de corrupción involucrarían a Juan Orlando Hernández, Presidente de la República, y al partido de gobierno, el Partido Nacional, quienes habrían recibido cheques para sus campañas electorales de las empresas fantasmas creadas para sustraer los recursos destinados al IHSS.

Según las informaciones recibidas, el 7 de junio de 2015, un carro rojo marca Toyota, modelo 2013, sin placas, llegó a la colonia o conjunto residencial donde vive el Sr. Romero junto con su familia2. Dentro del vehículo había 4 hombres visiblemente armados, quienes ante los guardias de seguridad de la colonia se hicieron pasar por agentes de investigación. Al día siguiente, el 8 de junio, volvieron a la colonia y se identificaron ante los vigilantes con insignias de la División de Investigación Criminal de la Policía. El carro se parqueó frente a la casa del señor Romero y detrás del carro de su esposa.

Posteriormente, con los retratos hablados de los 4 hombres realizados por los vigilantes, el Sr. Romero denunció este hecho ante las autoridades. La Policía en su respuesta manifestó  no tener ese tipo de carro. A la fecha de publicación del llamado urgente, el Observatorio no tenia informacion sobre el avance de la investigación policial.

Antes de esto y según las mismas informaciones recibidas, el 14 de mayo de 2015, un oficial comisionado de la policía, Sr. Wilmer Cruz, por instrucciones del alto mando policial le manifestó al Sr. Romero que “se ha planificado atentar en contra suya, se ha contratado a dos mareros de la 18, para que lo maten en su centro de trabajo o su casa”, razón por la cual le ofrecían protección policial. Le adjudicaron dos motorizados de la policía que lo acompañan regularmente. Sin embargo esa protección no impidió el asedio de los cuatro hombres armados en el vehículo frente a su casa. Posteriormente a este hecho, una patrulla de la policía le fue asignada para la protección de su familia, la cual realiza recorridos perimetrales en la Colonia y permanece frente a su domicilio.

Igualmente, hace dos años el Sr. Romero denunció al Fiscal General Adjunto, Sr. Rigoberto Cuellar, por tráfico de influencias y abuso de autoridad, indicando que la esposa del Fiscal, la Sra. Sonia Galvis utilizaba indebidamente carros oficiales de la Fiscalía. A su vez la Sra. Galvis denuncia al Sr. Romero por “injuria” y “calumnia” y la audiencia inicial programada para el 3 de junio no se inició porque una de los tres jueces, se declaró enferma, por lo que la audiencia fue suspendida y de común acuerdo entre las partes y el Juez que preside la sala el Sr. Roberto Echenique, se re-programó para diciembre 2015. Sin embargo, dicha programación fue anulada y sorprendentemente se convocó la audiencia para el 18 de junio de 2015.

Según las informaciones recibidas, le fue comunicado al Sr. Romero que el Sr. Teodoro Bonilla vicepresidente de la Judicatura, llamó al juez Echenique, con instrucciones del presidente de la judicatura (la máxima estancia judicial), para decirle que quieren condena y cárcel en contra de David Romero. Según las informaciones, habrían llamado a la otra juez, la Sra. Geraldina Rivera, a la oficina de la abogada Lilian Maldonado que también es miembro del Consejo de la Judicatura con el Inspector de tribunales y le manifestaron que les exigían condena contra David Romero. Como, al parecer, el juez Echenique no les dio respuesta favorable, lo sacaron de la judicatura, lo trasladaron como sub inspector de defensa pública y nombraron otro Juez en su reemplazo.

Esta situación ha afectado gravemente a la familia del Sr. Romero, que está bastante afectada por lo ocurrido y teme por su seguridad.

El Observatorio manifiesta su profundo rechazo ante las amenazas y el hostigamiento judicial en contra del Sr. David Romero, y expresa su gran preocupación de que estos hechos hayan tenido lugar en respuesta a sus actividades de denuncia de la corrupción y en defensa del derecho a la salud de los hondureños.

En este sentido, el Observatorio urge a las autoridades hondureñas a investigar con celeridad los hechos aquí alegados, y asegurar la seguridad física y psicológica del Sr. Romero así como la de su familia, y la de todos los defensores de derechos humanos del país.

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:

i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para asegurar la seguridad física y psicológica del Sr. José David Ellner Romero y, así como la de su familia y la de todos los defensores de derechos humanos en Honduras;

ii. Realizar una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas del Sr. José David Ellner Romero, y en su caso, llevar a los responsables ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

iii. Poner fin a todo tipo de hostigamiento judicial y acto de violencia en contra del Sr. José David Ellner Romero así como de todos los individuos y organizaciones que defienden los derechos humanos en Honduras;

iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al:
– Artículo 1: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.”
– Artículo 5.a: “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional a reunirse o manifestarse pacíficamente.”
–  Artículo 12.2: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.”

iv. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.

Direcciones:

• Sr. Juan Orlando Hernandez, Presidente de la República, Casa Presidencial, Juan Orlando Hernandez , Palacio José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras. Fax: +504 2290 5010. Correo electrónico: diseloalpresidente@presidencia.gob.hn / info@presidencia.gob.hn
• Sr. Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República, Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana, Edificio Lomas Plaza II, Tegucigalpa, Honduras. Fax: +504 2221 5667. Correo electrónico: suazog@mp.hn;
• Sra. Ana Pineda, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Correo electrónico: iquintanilla@sjdh.gob.hn
• Sr. Arturo Corrales, Ministerio de Interior, Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Aldea el Ocotal, Antiguo Local de la Academia Nacional de Policia ANAPO, Tegucigalpa, Honduras. Correo Electrónico: comunicacionCNDS@gmail.com / doriselsonity@hotmail.com
• Sra. Abraham Alvarenga Urbina, Procurador General de la República. Fax: +504 2239 6182. Correo electrónico: pgrdespacho@pgr.gob.hn
• Sr. Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Honduras C.A. Telefax: +504 2231 0204 / 2231 0882 / 2235 7697 / 2235 3532. Correo Electrónico: consultorinternacionalhn1@gmail.com; central@conadeh.hn
• Sr. Jorge Alberto Rivera Avilés, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Correo Electrónico: cedij@poderjudicial.gob.hn; justiciaenaccion@poderjudicial.gob.hn
• Sr. Embajador Giampaolo Carmelo Rizzo Alvarado, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra, Avenue de France 23, 1202 Geneva,, Suiza. Fax: +41 22 710 07 66. Correo Electrónico: mission@hondurasginebra.ch
• Embajada de Honduras en Bruselas, 3 av. Des Gaulois, 1040 Etterbeek, Bélgica. Fax: + 32 2.735.26.26. Correo Electrónico: ambassade.honduras@chello.be

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en sus respectivos países.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3567:honduras-amenazas-y-hostigamiento-judicial-en-contra-del-sr-jose-david-ellner-romero&catid=54:den&Itemid=171

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Exigen al Estado de Honduras frenar hostigamiento contra periodista David Romero

DAVID

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. El Observatorio de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) advierte la “vulnerabilidad” en la que se encuentra el director de Radio Globo TV, David Romero, en el sentido que en las próximas horas podría ser enviado a la cárcel por denunciar corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

“El Observatorio ha recibido con grave preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre las amenazas y el hostigamiento judicial en contra del Sr. José David Ellner Romero, periodista y Director de Radio Globo y Globo Televisión, quien a través de sus denuncias periodísticas, dio a conocer el escándalo de la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS), el cual violenta el derecho a la salud de los hondureños”, advierte la FIDH.

El 8 y 14 de mayo de 2015, Romero reveló públicamente que los hechos de corrupción involucrarían a Juan Orlando Hernández, Presidente de la República, y al partido de gobierno, el Partido Nacional, quienes habrían recibido cheques para sus campañas electorales de las empresas fantasmas creadas para sustraer los recursos destinados al IHSS.

Según las informaciones recibidas, el 7 de junio de 2015, un carro rojo marca Toyota, modelo 2013, sin placas, llegó a la colonia o conjunto residencial donde vive el Romero junto con su familia.  Dentro del vehículo había cuatro hombres visiblemente armados, quienes ante los guardias de seguridad de la colonia se hicieron pasar por agentes de investigación.

Al día siguiente, el 8 de junio, volvieron a la colonia y se identificaron ante los vigilantes con insignias de la División de Investigación Criminal de la Policía.

El carro se parqueó frente a la casa del señor Romero y detrás del carro de su esposa. Posteriormente, con los retratos hablados de los 4 hombres realizados por los vigilantes, Romero denunció este hecho ante las autoridades.

La Policía en su respuesta manifestó no tener ese tipo de carro. A la fecha de publicación del llamado urgente, el Observatorio no tenía información sobre el avance de la investigación policial. Antes de esto y según las mismas informaciones recibidas, el 14 de mayo de 2015, un oficial comisionado de la policía, Wilmer Cruz, por instrucciones del alto mando policial le manifestó a David Romero que “se ha planificado atentar en contra suya, se ha contratado a dos mareros de la 18, para que lo maten en su centro de trabajo o su casa”, razón por la cual le ofrecían protección policial.

Le adjudicaron dos motorizados de la policía que lo acompañan regularmente.

Sin embargo esa protección no impidió el asedio de los cuatro hombres armados en el vehículo frente a su casa. Posteriormente a este hecho, una patrulla de la policía le fue asignada para la protección de su familia, la cual realiza recorridos perimetrales en la Colonia y permanece frente a su domicilio.

Igualmente, hace dos años denunció al Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuellar, por tráfico de influencias y abuso de autoridad, indicando que la esposa del Fiscal, Sonia Gálvez utilizaba indebidamente carros oficiales de la Fiscalía.

A su vez Gálvez denuncia a Romero por “injuria” y “calumnia” y la audiencia inicial programada para el 3 de junio no se inició porque una de los tres jueces, se declaró enferma, por lo que la audiencia fue suspendida y de común acuerdo entre las partes y el Juez que preside la sala, Roberto Echenique, se reprogramó para diciembre 2015. Sin embargo, dicha programación fue anulada y sorprendentemente se convocó la audiencia para el 18 de junio de 2015.

Según las informaciones recibidas, le fue comunicado a Romero que Teodoro Bonilla vicepresidente de la Judicatura, llamó al juez Echenique, con instrucciones del presidente de la judicatura (la máxima estancia judicial), para decirle que quieren condena y cárcel en contra de David Romero.

Según las informaciones, habrían llamado a la otra juez, Geraldina Rivera, a la oficina de la abogada Lilian Maldonado que también es miembro del Consejo de la Judicatura con el Inspector de tribunales y le manifestaron que les exigían condena contra David Romero. Como, al parecer, el juez Echenique no les dio respuesta favorable, lo sacaron de la judicatura, lo trasladaron como sub inspector de defensa pública y nombraron otro Juez en su reemplazo.

Esta situación ha afectado gravemente a la familia de Romero, que está bastante afectada por lo ocurrido y teme por su seguridad.

El Observatorio manifiesta su profundo rechazo ante las amenazas y el hostigamiento judicial en contra del Sr. David Romero, y expresa su gran preocupación de que estos hechos hayan tenido lugar en respuesta a sus actividades de denuncia de la corrupción y en defensa del derecho a la salud de los hondureños.

En este sentido, el Observatorio urge a las autoridades hondureñas a investigar con celeridad los hechos aquí alegados, y asegurar la seguridad física y psicológica del Sr. Romero así como la de su familia, y la de todos los defensores de derechos humanos del país.

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:

  1. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para asegurar la seguridad física y psicológica del Sr. José David Ellner Romero y, así como la de su familia y la de todos los defensores de derechos humanos en Honduras;
  2. Realizar una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas del Sr. José David Ellner Romero, y en su caso, llevar a los responsables ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

iii. Poner fin a todo tipo de hostigamiento judicial y acto de violencia en contra del Sr. José David Ellner Romero así como de todos los individuos y organizaciones que defienden los derechos humanos en Honduras;

  1. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al:
    – Artículo 1: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.”
    – Artículo 5.a: “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional a reunirse o manifestarse pacíficamente.”
    – Artículo 12.2: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.”
  2. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras. (Con información de Agencias y la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH).

Fuente: http://criterio.hn/exigen-al-estado-de-honduras-frenar-hostigamiento-contra-periodista-david-romero/

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Libertad de expresión a prueba de fuego mañana en Honduras

Publicado: 17 Junio 2015

La Federación Internacional de Derechos Humanos teme cualquier atentado contra la vida del director de Radio Tv Globo, David Romero, que mañana irá a juicio a la Corte Suprema de Justicia de Honduras. 

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR  

 

Tegucigalpa. El periodista hondureño David Romero enfrentará la justicia este jueves y por “presiones superiores”, sería enviado a la cárcel, según denuncias que ha realizado durante esta semana.

 

Romero, leyó la notificación del Poder Judicial para que se presente mañana al Tribunal de Sentencias para el inicio del juicio oral y público, que lo mandaría a la cárcel.

“Detrás de la trama están personas que me quieren ver hundido”, dijo.

 

Por su parte, el Observatorio de la Federación Internacional de Derechos Humanos ha recibido con grave preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre las amenazas y el hostigamiento judicial en contra del Sr. José David Ellner Romero, periodista y Director de Radio Globo y Globo Televisión, quien a través de sus denuncias periodísticas, dio a conocer el escándalo de la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS), el cual violenta el derecho a la salud de los hondureños.

 

El 8 y 14 de mayo de 2015, Romero reveló públicamente que los hechos de corrupción involucrarían a Juan Orlando Hernández, Presidente de la República, y al partido de gobierno, el Partido Nacional, quienes habrían recibido cheques para sus campañas electorales de las empresas fantasmas creadas para sustraer los recursos destinados al IHSS.

 

Según las informaciones recibidas, el 7 de junio de 2015, un carro rojo marca Toyota, modelo 2013, sin placas, llegó a la colonia o conjunto residencial donde vive el Romero junto con su familia.  Dentro del vehículo había cuatro hombres visiblemente armados, quienes ante los guardias de seguridad de la colonia se hicieron pasar por agentes de investigación.

 

Al día siguiente, el 8 de junio, volvieron a la colonia y se identificaron ante los vigilantes con insignias de la División de Investigación Criminal de la Policía.

 

El carro se parqueó frente a la casa del señor Romero y detrás del carro de su esposa. Posteriormente, con los retratos hablados de los 4 hombres realizados por los vigilantes, Romero denunció este hecho ante las autoridades.

 

La Policía en su respuesta manifestó no tener ese tipo de carro. A la fecha de publicación del llamado urgente, el Observatorio no tenía información sobre el avance de la investigación policial. Antes de esto y según las mismas informaciones recibidas, el 14 de mayo de 2015, un oficial comisionado de la policía, Wilmer Cruz, por instrucciones del alto mando policial le manifestó a David Romero que “se ha planificado atentar en contra suya, se ha contratado a dos mareros de la 18, para que lo maten en su centro de trabajo o su casa”, razón por la cual le ofrecían protección policial.

 

Le adjudicaron dos motorizados de la policía que lo acompañan regularmente. Sin embargo esa protección no impidió el asedio de los cuatro hombres armados en el vehículo frente a su casa. Posteriormente a este hecho, una patrulla de la policía le fue asignada para la protección de su familia, la cual realiza recorridos perimetrales en la Colonia y permanece frente a su domicilio.

 

Igualmente, hace dos años denunció al Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuellar, por tráfico de influencias y abuso de autoridad, indicando que la esposa del Fiscal, Sonia Gálvez utilizaba indebidamente carros oficiales de la Fiscalía.

 

A su vez Gálvez denuncia a Romero por “injuria” y “calumnia” y la audiencia inicial programada para el 3 de junio no se inició porque una de los tres jueces, se declaró enferma, por lo que la audiencia fue suspendida y de común acuerdo entre las partes y el Juez que preside la sala, Roberto Echenique, se reprogramó para diciembre 2015. Sin embargo, dicha programación fue anulada y sorprendentemente se convocó la audiencia para el 18 de junio de 2015.

 

Según las informaciones recibidas, le fue comunicado a Romero que Teodoro Bonilla vicepresidente de la Judicatura, llamó al juez Echenique, con instrucciones del presidente de la judicatura (la máxima estancia judicial), para decirle que quieren condena y cárcel en contra de David Romero.

 

Según las informaciones, habrían llamado a la otra juez, Geraldina Rivera, a la oficina de la abogada Lilian Maldonado que también es miembro del Consejo de la Judicatura con el Inspector de tribunales y le manifestaron que les exigían condena contra David Romero. Como, al parecer, el juez Echenique no les dio respuesta favorable, lo sacaron de la judicatura, lo trasladaron como sub inspector de defensa pública y nombraron otro Juez en su reemplazo.

 

Esta situación ha afectado gravemente a la familia de Romero, que está bastante afectada por lo ocurrido y teme por su seguridad.

 

El Observatorio manifiesta su profundo rechazo ante las amenazas y el hostigamiento judicial en contra del Sr. David Romero, y expresa su gran preocupación de que estos hechos hayan tenido lugar en respuesta a sus actividades de denuncia de la corrupción y en defensa del derecho a la salud de los hondureños.

Fuente: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/176-libertad-de-expresion-a-prueba-de-fuego-manana-en-honduras

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No más impunidad: corrupción en Honduras violenta derecho a la salud

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París,  9 de junio de 2015.- La FIDH denuncia y condena la vulneración del derecho a la salud de todos los hondureños, provocado por los graves hechos de corrupción presentados en el Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS), estimados en 350 millones de dólares. La situación es especialmente grave ya que aunada a la corrupción, se violenta una necesidad básica de la ciudadanía como es el acceso a la salud.
 
El caso adquirió relevancia desde el 8 y 14 de mayo cuando a través de Radio Globo el periodista David Romero reveló que estos hechos involucrarían al actual Presidente de la República Juan Orlando Hernandez, y al partido de gobierno, también así como  la inacción del poder judicial frente a esto. Los actos de corrupción contemplarían  la financiación del partido nacional a través de la creación de empresas fantasmas, desviación de fondos, venta de falsos remedios y sobrevaloración de toda clase de prestación del seguro social, entre otros.
 
Estas revelaciones dieron lugar a serias amenazas en contra del periodista David Romero y han provocado una genuina indignación en la ciudadanía expresada a través de  numerosas manifestaciones y protestas de forma masiva.
 
“Es impactante el clamor del pueblo hondureño que se alza contra la corrupción que corroe su país y que vulnera el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de la población”, señaló Karim Lahidji, presidente de la FIDH. “Los responsables deben ser juzgados y sancionados y el  dinero hurtado debe ser restituido a la salud de los hondureños.”
 
La FIDH solicita que se realicen investigaciones efectivas contra todos los responsables de este desfalco y los mismos sean juzgados como corresponde, sin esconder o minimizar sus pesadas consecuencias e impactos en el derecho a la salud de los ciudadanos hondureños.
 
Es sorprendente que la Comisión Multipartidaria creada para investigar “los avances relacionados con el caso de corrupción del IHSS y otros casos” haya decidido retomar el el caso de financiación del referendo la “cuarta urna”[1], desconociendo el “Acuerdo de Cartagena” del 22 de mayo de 2011, que anulaba dicho proceso.
La FIDH considera que esta comisión no puede pretender esconder la magnitud y gravedad de lo acontecido con la seguridad social de los hondureños,  tratando de desviar la atención hacia el tema del referendo de la “cuarta urna”.

[1] Referendum que el gobierno de Zelaya estaba organizando el año 2009 para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente cuando se dio el golpe de estad

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3561:no-mas-impunidad-corrupcion-en-honduras-violenta-derecho-a-la-salud&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Observatorio insta a las autoridades hondureñas proteger a todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras

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Señor Presidente, Señor Ministro de Seguridad y Señor Canciller,

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, se dirige a Ustedes para solicitar la implementación inmediata de medidas efectivas de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, incluyendo una declaración pública de apoyo y reconocimiento al trabajo que realizan.

El Observatorio expresa su preocupación en relación con las recientes declaraciones públicas realizadas por su gobierno en las que se denuncia una “campaña de desprestigio” en su contra por parte de dirigentes políticos de la oposición y de las ONG, en materia de derechos humanos[1].

El Observatorio rechaza las alusiones hechas hacia los defensores y las defensoras en términos de “malos hondureños ” que quieren “denigrar al país”; o que realizan “una trama perversa y tendenciosa en donde se distorsiona la realidad”. Nos preocupa que estas afirmaciones puedan ser una represalia en contra de la actividad de varias ONG con miras a su participación en el Examen Periódico Universal (EPU) sobre Honduras, que se realizará el 8 de mayo de 2015 en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La descalificación pública del trabajo de los defensores, además de estigmatizar su trabajo y vulnerar su libertad de expresión y su derecho a defender los derechos humanos, aumenta los ya de por sí altos niveles de vulnerabilidad que padecen las organizaciones de derechos humanos y pone en riesgo la vida y la integridad de los defensores y las defensoras, tal y como el Observatorio ha denunciado en el pasado[2].

Conforme a los compromisos internacionales adoptados por el Estado de Honduras en materia de protección de Derechos Humanos, un deber fundamental es el de velar por la protección de los defensores y defensoras, cuyo trabajo de denuncia y control social es primordial para el correcto funcionamiento de un Estado democrático y de derecho, tal y como lo reconoce la  Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.

Es necesario igualmente que su gobierno tome en cuenta, lo dispuesto en la Resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 9 de octubre de 2013[3] en la que se reafirma el derecho de cada persona a comunicarse con las organizaciones internacionales, en particular con las Naciones Unidas y sus mecanismos especiales como el EPU, así como con los mecanismos regionales de derechos humanos. Este derecho es indispensable para el pleno desarrollo de los mandatos de dichos mecanismos. Del mismo modo, en la Resolución se solicita a los Estados “ que prevengan y se abstengan de todo acto de intimidación o represalia contra: (a) quienes traten de colaborar o hayan colaborado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos, o hayan prestado testimonio ante ellos o les hayan proporcionado información”[4].

Es por lo anterior que le solicitamos a su gobierno:

1. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores de derechos humanos en Honduras;

2. Emitir una declaración pública en la que se exprese el apoyo y reconocimiento al trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos, conforme a lodispuesto en la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos, en particular en lo referenteal:
–        Artículo 1: ”Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
–        Artículo 5.a: “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional a reunirse o manifestarse pacíficamente”.
–        Artículo 12.2: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”.

Confiando en su compromiso con los derechos humanos y agradeciendo Su atención a la presente, nos suscribimos de Usted muy respetuosamente.

Karim Lahidji
Presidente de la FIDH

Gerald Staberock
Secretario General de la OMCT

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3476:observatorio-insta-a-las-autoridades-hondurenas-proteger-a-todos-los-defensores-y-defensoras-de-derechos-humanos-en-honduras&catid=71:def&Itemid=166

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«No tenemos miedo» dicen al mundo, defensores del derecho a la tierra

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La problemática por defender el derecho a la tierra, se reflejó este día a través del informe anual que el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, OBS, que se publicó hoy a nivel mundial.

El documento que recoge información de 29 países, se refiere a Honduras en el capítulo II, donde habla de las difamaciones, y contextualiza que los miembros del Movimiento Autentico Reivindicador del Aguán, MARCA, reciben constantes amenazas y son víctimas de agresiones físicas y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las autoridades estatales y los servicios de seguridad privada de los empresarios de la zona.

El informe es en el marco de un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura, OMCT, y la Federación Internación de Derechos Humanos, FIDH.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, y el Centro para la Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, COPRODEH, son miembros de la FIDH, y colaboraron en proporcionar información, por lo que fueron las entidades encargadas de hacerlo público en Honduras.

Los defensores del derecho a la tierra nunca se han visto tan afectados por la represión, según denuncia el OBS, en el informe que fue publicado hoy en Filipinas, México, Honduras, Sudáfrica e Indonesia, y que se presentará mañana en el marco del Foro Anual de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

La presión en torno a la tierra se ha hecho insostenible y movilizarse para exigir que se respeten los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas se ha convertido en una actividad de alto riesgo.

Aquí se refleja la vulnerabilidad que viven los defensores del derecho a la tierra, y refleja que las recomendaciones deben ser llevadas a cabo, de los contrario los gobiernos deberán que responder, sino estas mismas recomendaciones serán llevadas en el informe que se llevara a cabo en el Examen Periódico Universal, EPU, del 2015, declaró Bertha Oliva, coordinadora General del COFADEH.

Agregó que ya se veía venir las violaciones por el derecho a la tierra, pero también  por el derecho al agua.

Se toca el caso de defensores del Bajo Aguán, donde el COFADEH, actualmente ejecuta el proyecto “Apoyo y protección a los defensores de derechos humanos, trabajando en conflicto por la tierra y recursos naturales en las zonas rurales de Honduras” con FIAN Internacional- Honduras y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), región que además será visitada por una comitiva del Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que esta semana permanece en Honduras.

Entre 2011 y 2014 el Observatorio documentó 43 casos de asesinatos de defensores del  derecho a la tierra y 123 de hostigamiento judicial, en ocasiones acompañado por detenciones arbitrarias. Estos números solamente reflejan una parte ínfima de una realidad que afecta a todas las regiones del mundo y perjudica especialmente a Asia y Latinoamérica.

Según estudios, hay más de 300 mil familias hondureñas no tienen acceso a la tierra para cosechar sus alimentos.

Las violaciones de DDHH en Honduras continúan en una forma sistemática, y además la justicia no responde con la efectividad del caso, y a nivel del Poder Ejecutivo encontramos una disminución de la institucionalidad para el tratamiento pertinente de los DDHH. Manifestó Wilfredo Méndez, Coordinador del CIPRODEH.

Méndez añadió que, denunciamos en este informe, al igual que 60 países más que integran la FIDH, las agresiones sufridas en los pueblos indígenas, en Honduras se registran casos de los pueblos Tawahka, Lenca, Tolupán,  Misquito y Garifuna.

Honduras en difamación

Honduras inicia el capítulo II, sobre el hostigamiento multiforme que se ejerce contra las defensoras y los defensores del derecho a la tierra, en la página 85 con el tema de Difamación.

Y es que otro tipo de ataque que las defensoras y los defensores del derecho a la tierra sufren frecuentemente es el vilipendio de su trabajo y de su reputación por parte de distintos actores que intentan hacer creer que su defensa de los derechos humanos es algo negativo.

De hecho, puesto que a menudo exigen que los proyectos económicos a gran escala respeten los derechos humanos, para el caso, a menudo se tacha a los defensores del derecho a la tierra de  «personas que mancillan la imagen del país» (Honduras).

A menudo estos insultos aparecen en las declaraciones formales e informales de los funcionarios públicos y en los medios de comunicación.

Recalca el informe que en Honduras, el 18 de febrero de 2013 durante una conferencia de prensa, el Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III, German Antonio Alfaro Escalante, acusó presuntamente a dos líderes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA),  Yoni Rivas y Vitalino Álvarez , de «dañar la imagen de la nación de Honduras» y «crear una constante problemática de no respeto a las leyes, a las autoridades legalmente establecidas y provocar inestabilidad e inseguridad».

El 2 de diciembre de 2013, durante una conferencia de prensa, el mismo comandante acusó al MUCA de haber celebrado varias reuniones para incitar al des-orden mediante invasiones y asesinatos. Añadió que la extranjera Annie Bird, que representa a varias de las organizaciones campesinas ante la CIDH, estaba llevando a cabo acciones de desestabilización reuniéndose con líderes campesinos y cuestionando el sistema judicial de Honduras.  El comandante apareció en un programa de televisión del Canal 11 junto con Roger Pineda, responsable de Dinant Corporation, una empresa propiedad de Miguel Facussé, uno de los tres empresarios más ricos del país y con enormes intereses económicos en la región de Bajo Aguán. Después de la petición de octubre de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas cautelares el 8 de mayo de 2014 en favor de 123 líderes de movimientos campesinos que luchan por la tierra en el Bajo Aguán y que pertenecen al MUCA, al MARCA, al Movimiento Campesino Recuperación del Aguán (MOCRA) y al Movimiento Campesino Gregorio Chávez (MCGC).

Después de estos incidentes el hostigamiento ha continuado.  El 21 de mayo de 2014 un contingente de la policía y militar acompañado de guardias de seguridad privada entró en las instalaciones de la cooperativa del MUCA La Trinidad e informó a los miembros de la cooperativa de que disponían de 20 minutos para recoger sus equipos y salir de las instalaciones. Cinco minutos después comenzaron a disparar y a hacer uso de gas lacrimógeno. Detuvieron a 16 campesinos, entre ellos el presidente del MUCA, Walter Cárcamo y acusaron a nueve de ellos de «usurpación». Cinco de ellos fueron beneficiarios de las medidas cautelares ordenadas el 8 de mayo de 2014 por la Corte IDH: Jaime Cabrera, Walter Cárcamo, José Chávez, Antonio Rodriguez  y Jeremiah Cruz .

Cuando son declaraciones oficiales de funcionarios las que cometen este tipo de difamación, se dificulta que haya una discusión realmente abierta entre las diferentes partes interesadas sobre las potenciales violaciones de derechos humanos y las alternativas de desarrollo existentes. Lo que es aún peor es que este tipo de declaraciones hace creer que es aceptable atacar a las defensoras y los defensores del derecho a la tierra, de modo que podría entenderse que el gobierno aprueba tácitamente los intentos de obstaculizar su trabajo.

El Observatorio ha constatado que muy frecuentemente los agresores son agentes de policía, militares, agentes de seguridad de empresas privadas o incluso «mercenarios», cuyo objetivo es acallar las voces opositoras que podrían frenar un proyecto de inversión.

Además de la violencia, numerosos Estados se sirven del hostigamiento judicial y de la detención arbitraria para intimidar a los defensores y las defensoras. En cumplimiento de leyes liberticidas o incumpliendo la legislación, los Estados encarcelan a toda persona que consideran molesta. «Terrorismo», «propaganda engañosa», «atentado contra la seguridad del Estado», «alteración del orden público»… No faltan acusaciones abusivas que pueden acarrear severas penas de prisión.

Los defensores y las defensoras del derecho a la tierra a menudo se ven inermes ante los ataques físicos y las detenciones arbitrarias. Según el Observatorio, actualmente un 95% de las vulneraciones de derechos contra los defensores y las defensoras queda impune.

Los órganos judiciales de los países en los que tienen lugar estas vulneraciones se caracterizan por la ausencia de independencia, de medios o de pericia. A menudo, cuando es posible presentar demandas contra las empresas para responsabilizarlas de las violaciones de derechos humanos, los procesos judiciales son largos, peligrosos, irregulares y costosos.

El Observatorio exige que se lleven a cabo verdaderas consultas que garanticen la participación directa de los afectados por los proyectos y que se reconozca a los defensores de derechos humanos como interlocutores legítimos para prevenir los conflictos y frenar las violaciones graves de derechos humanos.

Por otro lado, es necesario reforzar la capacitación y la independencia de los sistemas judiciales nacionales, incluyendo los de los Estados en los que se encuentran las sedes de las empresas, para permitir que los defensores y las defensoras puedan acceder a la justicia y a la reparación en caso de conculcación de sus derechos.

Asimismo, el Observatorio recomienda reforzar la legislación internacional para poder responsabilizar efectivamente a las empresas cuando éstas cometen violaciones de derechos humanos y para garantizar que el derecho a la tierra se proteja de forma adecuada.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es el principal programa a nivel mundial en materia de protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Desde el año 2013 el Observatorio ha actuado mediante más de 500 llamados urgentes acerca de más de 60 países.

Los 29 países, de los cuales se aborda su situación en el informe, son Bangladesh, Birmania/Myanmar, Brasil, Camboya, Camerún, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, Etiopía, Filipinas, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Kenia, Laos, Liberia, Nigeria, Rusia, México, Nicaragua, Perú, Tailandia, el Territorio Palestino Ocupado, Vietnam, Sudáfrica y Uganda.

Defensoras y defensores del derecho a la tierra

Los defensores del derecho a la tierra son aquellos defensores de derechos humanos que trabajan por la promoción y la protección de los derechos humanos relativos a la tierra. Los defensores del derecho a la tierra forman un grupo heterogéneo que incluye a usuarios de la tierra que se han visto afectados por las prácticas o las políticas que han tenido un impacto negativo en su acceso a la tierra y que se han comprometido con la promoción y la protección del derecho a la tierra de grupos más amplios. Algunos ejemplos son los líderes o miembros de comunidades rurales o los pueblos indígenas que trabajan por el respeto de su derecho colectivo a la tierra, los campesinos, los cazadores, los pastores o los habitantes de zonas urbanas que quieren preservar su derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo la vivienda.

También puede tratarse de profesionales que no se ven afectados personalmente por los litigios por la tierra pero que actúan en calidad de aliados de quienes quieren que se respete su derecho a la tierra y los derechos humanos ligados a ella, como los representantes y los miembros de las organizaciones no gubernamentales (ONG), los abogados, los periodistas y en algunas ocasiones incluso las autoridades gubernamentales, los miembros del sector privado, etc.

Es cierto que en algunos casos el derecho a la tierra se ejerce y se depende de forma colectiva. Así, a veces los defensores del derecho a la tierra pueden  ser grupos pertenecientes a las comunidades afectadas que se organizan de manera colectiva para reivindicar el respeto por los derechos humanos de una, varias o todas las comunidades.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3345:lno-tenemos-miedor-dicen-al-mundo-defensores-del-derecho-a-la-tierra&catid=58:amb&Itemid=181

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Defensores del derecho a la tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado

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París-Ginebra, 2 de diciembre de 2014 – Los defensores del derecho a la tierra nunca se han visto tan afectados por la represión, según denuncia el Observatorio en un informe que se ha publicado hoy en Filipinas, México, Honduras, Sudáfrica e Indonesia, y que se presentará mañana en el marco del Foro Anual de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. La presión en torno a la tierra se ha hecho insostenible y movilizarse para exigir que se respeten los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas se ha convertido en una actividad de alto riesgo.

«Este informe ilustra la lucha diaria de los defensores del derecho a la tierra, que a menudo se enfrentan a verdaderos “depredadores económicos” ávidos de un desarrollo desenfrenado. Los defensores del derecho a la tierra a menudo viven en zonas aisladas y alejadas de los actores influyentes, lo cual facilita que se ejerza violencia en su contra; una violencia a la altura de las sumas desmesuradas que están en juego», ha declarado Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.

Sitio web: https://wearenotafraid.org/es/

Entre 2011 y 2014 el Observatorio documentó 43 casos de asesinatos de defensores del derecho a la tierra y 123 de hostigamiento judicial, en ocasiones acompañado por detenciones arbitrarias. Estos números solamente reflejan una parte ínfima de una realidad que afecta a todas las regiones del mundo y perjudica especialmente a Asia y Latinoamérica.

El Observatorio ha constatado que muy frecuentemente los agresores son agentes de policía, militares, agentes de seguridad de empresas privadas o incluso «mercenarios», cuyo objetivo es acallar las voces opositoras que podrían frenar un proyecto de inversión.

Además de la violencia, numerosos Estados se sirven del hostigamiento judicial y de la detención arbitraria para intimidar a los defensores y las defensoras. En cumplimiento de leyes liberticidas o incumpliendo la legislación, los Estados encarcelan a toda persona que consideran molesta. «Terrorismo», «propaganda engañosa», «atentado contra la seguridad del Estado», «alteración del orden público»… No faltan acusaciones abusivas que pueden acarrear severas penas de prisión.

«Los defensores del derecho a la tierra son portavoces de millones de personas y cuando se encarcela o se asesina a uno de ellos, se condena a miles de víctimas al silencio», ha declarado Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.

Los defensores y las defensoras del derecho a la tierra a menudo se ven inermes ante los ataques físicos y las detenciones arbitrarias. Según el Observatorio, actualmente un 95% de las vulneraciones de derechos contra los defensores y las defensoras queda impune.

Los órganos judiciales de los países en los que tienen lugar estas vulneraciones se caracterizan por la ausencia de independencia, de medios o de pericia. A menudo, cuando es posible presentar demandas contra las empresas para responsabilizarlas de las violaciones de derechos humanos, los procesos judiciales son largos, peligrosos, irregulares y costosos.

La cuestión de la participación de las personas y las comunidades afectadas por las políticas de desarrollo y los proyectos de inversión se sitúa en el epicentro del problema. El Observatorio exige que se lleven a cabo verdaderas consultas que garanticen la participación directa de los afectados por los proyectos y que se reconozca a los defensores de derechos humanos como interlocutores legítimos para prevenir los conflictos y frenar las violaciones graves de derechos humanos. Por otro lado, es necesario reforzar la capacitación y la independencia de los sistemas judiciales nacionales, incluyendo los de los Estados en los que se encuentran las sedes de las empresas, para permitir que los defensores y las defensoras puedan acceder a la justicia y a la reparación en caso de conculcación de sus derechos.

Asimismo, el Observatorio recomienda reforzar la legislación internacional para poder responsabilizar efectivamente a las empresas cuando éstas cometen violaciones de derechos humanos y para garantizar que el derecho a la tierra se proteja de forma adecuada.

El informe está disponible para su descarga en inglés, francés y español a través de los siguientes enlaces:
https://www.fidh.org/es/
http://www.omct.org/es/

Pueden participar a través de las redes sociales utilizando el hashtag #WeAreNotAfraid.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es el principal programa a nivel mundial en materia de protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Desde el año 2013 el Observatorio ha actuado mediante más de 500 llamados urgentes acerca de más de 60 países.

Para obtener más información contactar con:
FIDH: Arthur Manet : + 33 1 43 55 25 18 / José Carlos Thissen : + 51 95 41 31 650
OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui: + 41 22 809 49 24

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3343:defensores-del-derecho-a-la-tierra-atacados-por-enfrentarse-al-desarrollo-desenfrenado&catid=58:amb&Itemid=181

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A nivel mundial se presentará informe sobre defensores/as de derechos relacionados con la tierra

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Mañana a nivel mundial se hará público un informe que trata la problemática de defensores por el derecho a la tierra en 29 países de todos los continentes, entre ellos las violaciones a derechos humanos de campesinos y campesinas en el Bajo Aguán, norte de Honduras.

La cita en Honduras será mañana 2 de diciembre, en el Hotel Plaza San Martin, salón Terraza, Tegucigalpa, a las diez de la mañana.

El 2 de diciembre, El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internación de Derechos Humanos, FIDH, y de la Organización Mundial Contra la Tortura, OMCT, publicará su informe anual, sobre los defensores y defensoras de los derechos relacionados con la tierra.
Dicho informe estará disponible en los idiomas español, francés, inglés, árabe, y ruso.

Los 29 países, de los cuales se aborda su situación en el informe, son Bangladesh, Birmania/Myanmar, Brasil, Camboya, Camerún, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, Etiopía, Filipinas, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Kenia, Laos, Liberia, Nigeria, Rusia, México, Nicaragua, Perú, Tailandia, el Territorio Palestino Ocupado, Vietnam, Sudáfrica y Uganda.

Para obtener la información, fue fundamental la participación de organizaciones miembros de la FIDH, entre ellas, por Honduras, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, y el Centro para la Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, COPRODEH.

Y la colaboración es además en la redacción del informe, que ha sido fundamental para poner de relieve los riesgos que asumen los defensores y defensoras de los derechos relacionados con la tierra en los países mencionados, así como para definir recomendaciones concretas dirigidas a los Estados, los donantes e inversores privados, las empresas y las organizaciones intergubernamentales.

Por lo que en este momento, se debe dar a conocer y utilizar este informe en la mayor medida posible. Su implicación en la estrategia de promoción y de defensa de este documento será también indispensable.

A partir de mañana, la información contenida en el informe, será de carácter público, especialmente la que concierne a Honduras, además se podrá compartir mediante las redes sociales y sitios electrónicos.
El informe en Honduras, será presentado por las organizaciones miembros de la FIDH, el COFADEH que lo coordina Bertha Oliva, y el COPRODEH, coordinado por Wilfredo Méndez.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3340:a-nivel-mundial-se-presentara-informe-sobre-defensoresas-de-derechos-relacionados-con-la-tierra&catid=67:monitoreo&Itemid=192

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La prohibición del aborto es un acto de violencia contra las mujeres

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París. En todos los continentes, persisten las legislaciones represivas que criminalizan el aborto. Esto constituye una violencia contra las mujeres, denuncia la FIDH, previamente al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En Nicaragua, en El Salvador, en Chile y en la República Dominicana, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) está totalmente prohibida. En Irlanda, Senegal, Costa de Marfil o Bangladesh sólo está permitido el aborto cuando la vida de la mujer corre peligro. En Malta, la IVE es ilegal salvo en los casos de violación o anomalía en el feto. En Polonia la IVE está prohibida desde 1997, a excepción de los casos de violación, incesto, malformación del feto o peligro para la vida de la mujer. En España, gracias a una movilización masiva de los defensores del derecho al aborto, no se ha llevado a cabo una reforma similar. En otros muchos países como Marruecos, la IVE sólo se permite para « proteger la salud » de la mujer. Además, todas estas legislaciones conllevan restricciones en el procedimiento lo que, en la práctica, impide a las mujeres recurrir al aborto incluso en los casos previstos por la ley.

Karim Lahidji, presidente de la FIDH ha declarado que: “estas leyes son violentas e incluso, a veces, mortales. Además de regir el cuerpo de las mujeres, les empuja a practicar un aborto clandestino, lo que conlleva riesgos considerables para su salud y su vida. En las adolescentes, continuar con el embarazo provoca desastres tanto en su cuerpo como en su futuro”.

Además de afectar al derecho a la salud y a la vida de las mujeres, ya que limitan o inhabilitan su derecho a decidir sobre su cuerpo, la mayoría de los países han decidido imponer sanciones penales a las mujeres que recurran a este tipo de intervenciones y al personal sanitario que las practique. Por ello, en todos los continentes hay mujeres y médicos pudriéndose en la cárcel, condenados por aborto clandestino. En Senegal, las mujeres que recurren al aborto se exponen a 2 años de prisión. Según las cifras oficiales, durante los seis primeros meses del año 2013, cuarenta mujeres han estado en prisión provisional por haber practicado una IVE.

En Nicaragua, la IVE conlleva una pena de prisión de hasta 8 años. En Irlanda, las mujeres se exponen a una pena de 14 años de prisión. En El Salvador, a veces tras un aborto involuntario, las mujeres son condenadas por homicidio y cumplen penas que duran décadas.

Según Khadija Cherif, coordinadora del Grupo de Acción para los Derechos de las Mujeres de la FIDH, “las sanciones penales impuestas en caso de aborto clandestino acentúan la victimización de estas mujeres que se encuentran en situaciones intolerables. En conformidad con las exigencias de las Naciones Unidas, estas leyes insensatas deben ser inmediatamente derogadas”.

La FIDH está igualmente preocupada por el creciente número de estados en los Estados Unidos de América, que están adoptando leyes que restringen el acceso al aborto legal y seguro.

La FIDH está preocupada por la persistencia de la política de ayuda al desarrollo de los Estados Unidos que incita la prohibición del aborto. De hecho, la enmienda Helms de la ley de Asistencia Exterior (Foreign Assistance Act) prohíbe destinar los fondos de financiación para casos de interrupción voluntaria del embarazo como método de planificación familiar. En la práctica, dicho texto se interpreta como una prohibición absoluta del uso de dichos fondos para la realización de cualquier aborto.

A principios de noviembre, la FIDH realizó una encuesta en Senegal sobre los derechos sexuales y reproductivos, cuyos resultados se publicarán con motivo de la  XV Cumbre de la Francofonía, que tendrá lugar en Dakar.

El 25 de noviembre marca el inicio de 16 días de activismo contra la violencia ejercida hacia las mujeres. La FIDH dará el último de estos días, el 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos, un seminario regional que se desarrollará en Túnez sobre buenas prácticas para luchar contra la violencia hacia las mujeres. Esta actividad se realizará en el marco de la elaboración de parte de las autoridades tunecinas de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3329:la-prohibicion-del-aborto-es-un-acto-de-violencia-contra-las-mujeres&catid=67:monitoreo&Itemid=192

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La impunidad y la persecución prevalecen en Honduras a juicio de parlamentarios de España

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Enrique Santiago Romero

Tegucigalpa.

“Yo creo que lo que se aprecia es una práctica sistemática de vulneración de los derechos humanos y de persecución de los colectivos defensores de los derechos humanos”, reveló Enrique Santiago, especialista en derecho humanitario internacional que acompañó a la misión de parlamentarios españoles que visitó Honduras del 31 de marzo al 4 de abril de 2014.

La misión estuvo integrada por el senador Dionisio García del Partido Popular (PP), el senador Iñaki Anasagasti (Partido Nacionalista Vasco), el diputado del partido Izquierda Unida, Joan Joshep Nuet, la delegada del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y Africa (IEPALA), Beatríz Gil y el especialista en derechos humanos español, Enrique Santiago.

Santiago señaló que la primera conclusión a que llegó la misión parlamentaria de observadores de derechos humanos de España es que la impunidad es un hecho constatado en Honduras, con unos índices superiores, probablemente a los que puedan ocurrir en otro país, que van desde el 95 al 98 por ciento en general y similares respecto a crímenes cometidos contra colectivos defensores de los derechos humanos.

El especialista en derechos humanos comentó que “creo que el programa de reuniones preparado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) fue muy exhaustivo que permitió tener muchos elementos de valoración, porque hemos podido reunirnos con muchos departamentos de la administración del estado y también con organismos de la sociedad civil, especialmente de defensores, de manera que los legisladores puedan tener una idea global de lo que está ocurriendo.

Santiago explicó que desde el año 2009 se ha apreciado la aparición de una serie de evidentes actuaciones de persecución de determinados colectivos como defensores de derechos humanos y de otros que se oponían a la conculcación del sistema democrático y desde entonces la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) lleva adelante una serie de acciones ante la Fiscalía de la Corte Penal internacional (CPI) para que Honduras sea investigada con detenimiento por los delitos que son competencia de la corte como genocidio, crímenes de lesa humanidad, (que son los aplicables en Honduras) y crímenes de guerra.

“En estos momentos la fiscalía de la CPI mantiene abierta una investigación preliminar para determinar si se reúnen los requisitos respecto a los hechos ocurridos en Honduras para calificarlos como crímenes de lesa humanidad, nosotros estamos trabajando para que esa investigación pueda profundizarse y para disponer de todos los datos necesarios para que l CPI establezca sus conclusiones”, detalló el especialista español en derechos humanos.

Agregó que la CPI investiga y enjuicia eventualmente a personas individuales que bajo el cargo que desempeñan en la estructura del estado hayan propiciado o promovido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de tal manera que la “CPI tiene que investigar necesariamente a dignatarios del estado y organizaciones del estado”.

Enrique Santiago junto a miembros de la misión reunidos en la Embajada de España

Caso Billy Joya

En el caso de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del estado, durante la década de los años ochenta, como parte de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, Enrique Santiago habló sobre Billy Joya Améndola.

Santiago presentó una querella en España contra el capitán de policía en situación de retiro, Billy Joya Améndola, señalado por organismos de derechos humanos de pertenecer al batallón de la muerte 3-16, responsable de secuestros, torturas y desapariciones forzadas en contra de decenas de personas durante la denominada “década perdida”.

El defensor de los derechos humanos señló que esa querella la presentó a finales de los años noventa, “yendo de una orden de detención dictada en Honduras, (Billy Joya Améndola) se refugió en España y fue acogido por un centro religioso vinculado al Opus Dei en la ciudad de Sevilla donde estuvo escondido una serie de meses con identidad falsa, e incluso desempeñándose como catequista para menores”.

Agregó que Joya Améndola fue detectado por víctimas de torturas en Honduras y nos pidieron que interpusiéramos una acción penal, le interpusimos una querella y en el momento que esa querella fue admitida a trámite, el señor Billy Joya compareció ante los tribunales solicitando ser extraditado a Honduras.

“Donde llegó, y a no más llegar, fue puesto en libertad en Honduras.  En estos momentos el caso no sigue abierto, porque al entregarse voluntariamente a la justicia hondureña, y estando solicitada la extradición por esos mismos delitos de tortura, entonces se archiva la querella en España”, explicó el especialista en derechos humanos.

En estos momentos en España se ha aprobado una reforma que prácticamente anula el ejercicio de la jurisdicción universal, “o al menos esa era la pretensión del legislador con mayoría absoluta en el parlamento del Partido Popular (PP); es además muy triste y vergonzoso porque esa reforma de la ley la anunció a los españoles la ministra de exteriores de Israel, a consecuencia de las órdenes de detención que se habían dictado en España contra altos oficiales del ejército israelí y ministros, por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Gaza y por el asalto a la flotilla de La Libertad”.

Santiago lleva adelante una serie de investigaciones de expedientes relacionados a crímenes de lesa humanidad y que han tenido trascendencia a nivel mundial.

Para el caso participó en los sumarios que se presentaron en España contra los responsables de las dictaduras militares de Argentina y Chile, así como en la detención del ex dictador Augusto Pinochet en Londres, en el cual se encuentra un oficial de la armada argentina que guarda prisión en España condenado a mil 80 años de prisión.

En la actualidad,  Enrique Santiago se desempeña como abogado defensor  de la familia del camarógrafo español José Couso asesinado en Bagdad, Irak en abril de 2003, en una de las primeras incursiones de las fuerzas armadas estadounidenses donde se cometieron sucesivos ataques contra periodistas y reporteros gráficos de los medios de comunicación independientes que se encontraban en Bagdad.

Asimismo el defensor de los derechos humanos lleva adelante varias querellas por investigación de los secuestros supuestamente ordenados por autoridades de Estados Unidos de personas a las que ellos señalaron como responsables del terrorismo, más conocidos como los vuelos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que operaban en varios países de Europa.

Los detenidos acusados de terrorismo fueron llevados  al campo de concentración de alta seguridad situado en la base naval que Estados Unidos tiene en la bahía de Guantánamo, Cuba.

Por estas detenciones y los abusos cometidos en contra de los privados de libertad originarios de Irak, Afganistán y de otras nacionalidades, Santiago presentó querella contra el ex presidente de Estados Unidos, George Bush y sus asesores, así como otra querella en contra del gobierno de Israel por el ataque a la flota de la libertad en donde se produjeron 11 asesinatos.

Actualmente Santiago realiza trabajos y colaboraciones tanto para la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA), la Red Europea de Abogados y preside el Foro de Abogados de Izquierda de España.

 

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3065:la-impunidad-y-la-persecucion-prevalecen-en-honduras-a-juicio-de-parlamentarios-de-espana&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Análisis del Examen Preliminar de Honduras

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Tegucigalpa.

Organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos y representantes de la Corte Penal Internacional, CPI,  realizaron un foro público para dar a conocer el análisis del examen preliminar que presento el Estado de Honduras.

Los convocantes fueron el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH y la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH.

Con el objetivo de explorar el alcance del sistema instaurado por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, realizando un análisis del mandato y jurisdicción de la CPI y su relación con los tribunales nacionales mediante el principio de complementariedad.

Otro de los fines es examinar el estado actual del Examen Preliminar de Honduras ante la Fiscalía de la CPI y los resultados incluidos en el más reciente Informe sobre Exámenes Preliminares publicado en diciembre de 2013.

La competencia material de la CPI son los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, crimen de agresión y acto de agresión.

En América Latina solo a dos países se les ha hecho el Examen Preliminar, Colombia y Honduras, en este último porque el golpe de Estado tenía elementos de investigación.

la CPI realizo tres actividades; la explicación de su visita al país en relación al Examen Preliminar a organizaciones de la Sociedad Civil, diputadas y diputados del Partido Libertad y Refundación, LIBRE y organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

La segunda tarea fue elaborar una estrategia ante el Examen con COFADEH y CIPRODEH como organizaciones afiliadas a la FIDH y el Foro ¨El papel de la CPI en el fortalecimiento de la jurisdicción nacional en la lucha contra la impunidad de graves crímenes¨.

Las expositoras fueron Michelle Reyes Coordinadora regional para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional y Jimena Reyes Directora de la oficina de las Américas de la FIDH.

Durante una conferencia de prensa, las organizaciones declararon que es responsabilidad del Estado hondureño juzgar a los responsables de los delitos, al mismo tiempo denuncian que las investigaciones de los crímenes cometidos en el marco del golpe de Estado del 28 de Junio del 2009 y los cometidos posteriormente, han sido cerrados o están en completa impunidad.

Resaltaron la presencia de tres representantes de la Fiscalía de la CPI en el país en el marco del examen preliminar, por la investigación de posibles crímenes de lesa humanidad, esto evidencia que internacionalmente el proceso sigue abierto.

Recordaron que en el informe que este ente internacional de justicia confirma la comisión de asesinatos, detenciones y privación de libertad, torturas, violencia sexual y deportación posterior al golpe del 2009.

También la persecución política dirigida a la oposición a través del uso de toques de queda, cierre de medios de comunicación, ataques contra activistas de derechos humanos, periodistas, líderes opositores, detenciones masivas, uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad, los que son responsables de graves violaciones de derechos humanos y son atribuibles directamente al régimen de facto.

Todo esto contrario a lo proclamado por la Cancillería Hondureña que enviaron a la designada presidencial María Antonieta de Bogran y la representante de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos Ana Pineda, para desmentir los informes de algunas organizaciones de Derechos Humanos que presentaron testimonios documentados de muchos casos de crímenes de lesa humanidad en el marco del golpe de Estado. Las que fueron acusadas por el gobierno continuador del golpe de Estado de Porfirio Lobo Sosa de mentirosas.

En el IV Congreso de Derechos Humanos Pineda expreso que ¨el único día en su vida en que no pudo dormir toda la noche, fue cuando iban a presentar el informe para el examen preliminar¨.

El tratamiento de los medios de comunicación hondureños respecto al informe presentado por el Estado de Honduras fue que el veredicto de la CPI era que ¨en Honduras no se cometieron delitos de lesa humanidad y que era definitivo¨.

Pero en su valoración la CPI manifestó que existe una base razonable para creer que los crímenes fueron cometidos como parte de un ataque sistemático contra determinada población civil de conformidad con al artículo 7 del Estatuto de Roma. Según la fiscalía,  existen argumentos que apoyan y contradicen los hallazgos relativos a crímenes de lesa humanidad contenidos en dicho artículo y por tal razón el caso de Honduras es calificado como en el «límite» de la evaluación preliminar.

Las organizaciones denuncian la campaña de desinformación acerca de la situación del país, organizada por actores claves del golpe de Estado.

Invocan a las autoridades hondureñas y legislativas que permitan a las autoridades judiciales ejercer su jurisdicción para investigar y perseguir crímenes internacionales, hacen un llamado a la continua interacción e intercambio de información entre la Fiscalía de la CPI y la Sociedad Civil hondureña respecto al Examen Preliminar, salvaguardando la confidencialidad de la información cuando sea necesario.

Finalmente las organizaciones de derechos humanos reiteran su compromiso de continuar con el respaldo a los familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3064:analisis-del-examen-preliminar-de-honduras&catid=71:def&Itemid=166

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La FIDH aumenta su presencia en América Latina

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La FIDH ha creado un puesto de encargado de Comunicación en América Latina en el ánimo de reforzar su presencia e interés en la región y establecer un relacionamiento más estrecho y constructivo con los medios de comunicación. José Carlos Thissen estará a cargo de esta función a partir de fines de marzo. Estará basado principalmente en Lima.

La FIDH congrega a más de 170 organizaciones de defensa de los derechos humanos en el mundo, 44 de las cuales se encuentran en las Américas, trabajando directamente desde el terreno. La FIDH trabaja día a día para promover los derechos humanos junto a cientos de activistas, los cuales tienen historias que contar y puntos de vista y análisis para compartir sobre las Américas.

Algunos de los temas principales sobre los que la FIDH trabaja en América Latina están vinculados a empresas y derechos humanos (ej: el caso Vale en Brasil o Doe Run en Perú), derechos de las minorías vulnerables (ej: Mapuches en Chile, Tipnis en Bolivia), y al seguimiento de casos de crímenes internacionales y de violaciones masivas de derechos humanos (ej: el caso de Rios Montt en Guatemala o « los falsos positivos » en Colombia). El acompañamiento y el apoyo de los defensores de los derechos humanos constituen tambien una actividad importante de la FIDH en América Latina.

« La FIDH y sus ligas llevan años luchando contra la impunidad en las Américas. Es un trabajo largo y difícil sobre el cual esperamos tener más visibilidad con la presencia de José Carlos. Las víctimas y la ciudadanía tienen que conocer los avances y los retos pendientes ! » declaró Karim Lahidji, presidente de la FIDH.

No duden en comunicarse directamente con José Carlos a jcthissen@fidh.org y al teléfono 00 598 9105 7321 para conocer más de cerca nuestra institución, próximas actividades, y para ser puestos en contacto con los especialistas y referentes en materia de derechos humanos, quienes están desde ya a su disposición.

Pueden encontrar mayor información sobre la FIDH en http://www.fidh.org y seguir la cuenta de twitter en español @fidh_es

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3046:-la-fidh-aumenta-su-presencia-en-america-latina&catid=67:monitoreo&Itemid=192

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La FIDH reclama a Honduras retirar la orden de cierre de 5,429 ONG

11:39
14
Marzo
2014
París – La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió hoy a las autoridades de Honduras que cancelen la orden de cierre de 5.429 ONG, al considerarlo un ataque a la libertad de asociación.
Entre las organizaciones afectadas figuran “grupos religiosos, asociaciones educativas, médicas y de derechos humanos, nacionales e internacionales”, precisó la FIDH en un comunicado.

El Gobierno hondureño tomó esta decisión el pasado día 28 en aplicación de una ley de 2003 que obligaba a estas ONG a actualizar ciertas informaciones sobre su funcionamiento antes de 2013.

Al no producirse, el Ejecutivo ordenó la cancelación de la personalidad jurídica de 5.429 organizaciones, además de la liquidación de sus bienes y demás activos.

La FIDH, asociada a la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), recordó al Gobierno de Honduras “su compromiso con la sociedad civil y, por lo tanto, el deber del Estado de facilitar que las organizaciones y demás asociaciones civiles de la protección de los derechos humanos, puedan seguir trabajando a fin de garantizar la protección de los ciudadanos”.

Agregó que “el derecho a la libertad de asociación es un derecho fundamental de carácter universal, consagrado en numerosos tratados y normas internacionales”.

La FIDH y la OMCT urgieron a las autoridades de Honduras a garantizar en todo momento que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo legítimamente sus actividades sin interponerles obstáculos.

Agregaron que Honduras debe garantizar “el cese de todo tipo de acto de hostigamiento contra los defensores y defensoras de derechos humanos” y “el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras”.

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Honduras: Defensores de DD.HH. y políticos opositores investigados supuestamente por inteligencia militar

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Tegucigalpa, Honduras, (Conexihon).- En poder del  Comité por la Libre Expresión (C-Libre) se encuentra un listado que contiene los nombres de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, artistas y líderes políticos de la oposición, de los que se asegura inteligencia militar habría elaborado perfiles con la finalidad de atentar contra sus vidas. Así lo reveló, días antes de que se celebraran las elecciones generales en Honduras, una fuente que entregó el listado a representantes de C-Libre, con la finalidad de advertir a las personas enlistadas que sus vidas corren riesgo.
Posteriormente el 25 de noviembre, el día siguiente del proceso electoral una delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), encabezada por el juez español, Baltazar Garzón y el secretario general de FIDH, Luis Guillermo Pérez, hicieron pública la existencia del listado en el que se encuentran 36 personas, entre los que se encuentran representantes del movimiento social hondureño, líderes gremiales y comunitarios, dirigentes de la oposición y periodistas.
El mismo, identifica a los periodistas: David Romero Ellner, director de Radio Globo, Lidieth Díaz, periodista de Canal 36 Cholusat Sur, Félix Antonio Molina, director del programa “Resistencia” y Héctor Longino Becerra, director ejecutivo de C-Libre.
Ante tal información, C-Libre  hace un llamado al Poder Ejecutivo, a la Fiscalía Especial de Derechos de  Derechos Humanos,  a las Fuerzas Armadas de Honduras, particularmente a la Dirección de Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas, a fin de esclarecer esta situación y responsabiliza al Estado de Honduras por cualquier atentado en contra de las personas listadas.
Asimismo, se hace un llamado a la comunidad internacional para que denuncien  este tipo de acciones y que soliciten a las autoridades hondureñas una explicación referente a esta información, puesto que las personan que aparecen en los listados debido a su trabajo pacifista en beneficio de los demás, son considerados defensores y defensoras de los derechos humanos./Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

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Crímenes políticos en Honduras: continúa abierto el examen preliminar de la Fiscalía de la CPI

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) publicó el pasado 22 de noviembre de 2013 el Informe sobre las actividades de los Exámenes Preliminares de 2013, en el cual confirma que continúa con el examen preliminar respecto de la comisión de crímenes que podrían ser de su competencia en Honduras.
En su informe, la Fiscalía de la CPI confirma la comisión, tras el golpe de Estado de 2009, de asesinatos, detenciones y privación de libertad, tortura, violencia sexual y deportación. Asimismo, señala que el régimen de facto desarrolló una política dirigida contra sus oponentes a través del uso selectivo de toques de queda, cierre de medios, ataques contra activistas de derechos humanos, periodistas, líderes de oposición, detenciones masivas y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad durante demostraciones y en los retenes de seguridad. Según la Fiscalía estos hechos son atribuibles directamente al régimen de facto.

La FIDH y sus organizaciones miembros en Honduras, COFADEH y CIPRODEH, reiteran que es competencia primaria de la justicia hondureña juzgar a los responsables de estos delitos. No obstante, en el informe que nuestras organizaciones publicaron el 21 de noviembre 2013, Elecciones en Honduras: militarización y grave atentado contra el poder judicial, se incluyó un cuadro que muestra que las investigaciones sobre crímenes cometidos durante el golpe han sido cerradas o se encuentran paralizadas.

Si bien la Fiscalía de la CPI con la información disponible a día de hoy no pudo demostrar el carácter generalizado de las conductas, o que éstas se cometieron según un patrón organizado o regular a la luz del Estatuto de Roma – tratado que gobierna el que hacer de la Corte -, en el párrafo 84 de su Informe, contrariamente a lo proclamado por la Cancillería Hondureña, señala que “la oficina de la CPI continuará su examen preliminar de la situación [en Honduras] a la luz de las denuncias más recientes de conductas cometidas después de las elecciones presidenciales de 2010, para determinar si existe una base razonable para creer que se han perpetrado o se están perpetrando crímenes de lesa humanidad”. La CPI establece por lo tanto que el examen preliminar de Honduras sigue abierto y que continúa con el análisis de las denuncias interpuestas sobre presuntos crímenes cometidos tras las elecciones presidenciales de 2010.

Karim Lahidji, Presidente de la FIDH comentó que “es inexacto decir que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cerró su examen preliminar sobre Honduras. Al contrario, éste sigue abierto respecto de los asesinatos y otros crímenes cometidos tras las elecciones de 2010 y la nueva información recabada podría también cambiar la calificación legal reflejada en este informe sobre los hechos cometidos durante y tras el Golpe de Estado.”

La FIDH, COFADEH y CIPRODEH recuerdan que en su reciente informe, denunciaron los asesinatos de 39 oponentes políticos en Honduras en los últimos meses. Este informe fue remitido a la Fiscalía de la CPI tras su publicación. De igual manera, se constató en la observación del proceso electoral y las elecciones del 24 de noviembre la persistencia de la violencia política, que podría configurarse en un crimen de persecución política de competencia de la CPI.

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FIDH constató fraude electoral en Honduras, dice ex juez Baltasar Garzón

Viernes, 29 Noviembre 2013 11:54

     

El exjuez español Baltasar Garzón

El exjuez español Baltasar Garzón

 

AFP (Archivo)    

 

  AFP

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) constató la existencia de fraude en las elecciones presidenciales de Honduras, advirtió el exjuez español Baltasar Garzón, quien integró una misión de esa entidad, en declaraciones realizadas este viernes a la AFP en Asunción.

“El proceso electoral en Honduras ha sido muy preocupante. Desde el punto de vista de la misión de la que he sido parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos, nos ha llevado a decir que hubo fraude electoral por distintos mecanismos y vías”, sostuvo el exmagistrado.

Garzón, integrante de una delegación de once miembros de la FIDH, dijo que “hubo compra de credenciales, compra de voluntades a la hora de votar y otros tipos de fraude que figuran en el informe que presentamos en Honduras”.

El exjuez, que cobró notoriedad en 1990 cuando hizo arrestar en Londres al exdictador chileno Augusto Pinochet, advirtió que lo importante es que la situación “no degenere en un estado de violencia” en Honduras.

“Un proceso democrático tiene que ser mucho más claro”, dijo el jurista español al considerar que el financiamiento de las campañas políticas en ese país “es de un oscurantismo total, sin límites, y eso es muy peligroso”.

El fraude es denunciado por Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009, y candidata del partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), quien no reconoce el triunfo del oficialista Juan Orlando Hernández en las elecciones del domingo pasado.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) proclamó el miércoles como ganador a Hernández, del Partido Nacional (PN, derecha).

“La decisión del Tribunal fue mantener el resultado de todas formas, pero están las impugnaciones en marcha; se están comprobando falsificaciones de actas y eso tendrá que ser estudiado en los tribunales, que tienen que tomar una determinación”, afirmó Garzón.

El exjuez español visitó Paraguay invitado por la comisión Verdad y Justicia y la Defensoría del Pueblo.

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Informe Final de la FIDH sobre elecciones en Honduras

            Escrito por Redacción en Mar, 11/26/2013 – 08:28
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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La misión, conformada por 11 personalidades y representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos y de la sociedad civil, tenía como propósito la reducción de las violaciones a derechos humanos, la persecución política, la impunidad y la prevención de una afectación mayor a los derechos políticos.

Después de varios días de trabajo y observación en la ciudad de Tegucigalpa: 
1. La misión saluda la amplia participación del pueblo hondureño en las elecciones generales del día domingo 24 de noviembre de 2013.
2. La misión reitera su preocupación profunda frente a los ataques y amenazas contra los defensores y defensoras de derechos humanos mencionadas en su comunicado del 23 de noviembre de 2013, incluyendo los y las que defienden las mujeres, los territorios indígenas y garífunas, los recursos naturales, la comunidad lesbiana, gay, transexual, bisexual y intersexual  y los periodistas. La misión tuvo acceso a dos listas donde importantes líderes sociales, sindicalistas, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y dirigentes del partido Libertad y Refundación serían asesinados.
3. La misión expresa preocupación por los fiscales de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y anticorrupción  que recientemente fueron trasladados de manera aparentemente arbitraria y su impacto sobre la superación del importante nivel de impunidad que atraviesa el país.
4. La misión ha podido constatar con preocupación después de haber inspeccionado más de 100 mesas electorales, y haber hablado con autoridades y muchos sectores de la sociedad civil, una serie de irregularidades que han sido identificadas a través de múltiples denuncias de diversos sectores de la sociedad civil hondureña:
– A muchos ciudadanos se les privó de sus derechos políticos, en particular del derecho al sufragio declarándolos muertos, incluso varios que habían participado el año anterior en las primarias de un mismo partido. Respecto a aquellos que tuvieron la oportunidad de presentarse al Tribunal supremo electoral (TSE) durante la jornada electoral para demostrar que estaban vivos, la misión pudo constatar que no se les reintegró su condición ciudadana para que pudieran votar. En otros casos, se les negó el derecho al sufragio con el traslado a mesas electorales muy distantes de los sitios donde regularmente han votado impidiéndoles efectivamente a votar.

– Igualmente se ha  podido observar la entrega por voceros del Partido Nacional de tarjetas personalizadas de descuento en comercios y servicios (telefonía celular, servicios médicos, farmacia, restaurantes, etc.) para aquellos electores que entreguen sus datos personales y de contacto al citado partido.
A tal efecto, tal como ha quedado evidenciado   por sendos vídeos, fotos y testimonios, se instalaron carpas y puestos de distribución en lugares próximos a los centros electorales (escuela Mixta Cerro Grande, Escuela José María Casco y otras…) en donde sin solución de continuidad se facilitaban las tarjetas, incluso con reclamos de “aquí hay ofertas, aquí hay ofertas”  y otros objetos.
Por su diseño y desarrollo, esta iniciativa habría podido influir en los resultados electorales, por lo que debería ser objeto de investigación de alcance penal, así como las relaciones y conexiones del o de los promotores con las empresas financiadoras de esa iniciativa y el origen  de los fondos empleados para su emisión.
5. La misión considera que ha existido una falta de transparencia en la financiación de las campañas políticas y en el origen de los fondos de las mismas.
6. La misión reitera su preocupación con respecto a la fuerte presencia de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de las elecciones.  Reconocemos que la Constitución y ley hondureñas conceden a las Fuerzas Armadas un papel importante en el proceso electoral.  Sin embargo, la presencia de las Fuerzas Armadas en frente de los centros de votación puede generar un clima intimidante y su rol de custodio de las urnas causa preocupaciones, sobre todo por su actuación en el golpe de Estado de 2009.
7. Igualmente la misión reitera su preocupación sobre el uso de las FFAA en tareas propias de la policía lo cual puede contribuir a violaciones de derechos humanos.
8. La misión ha sido informada que en el curso de los últimos días se asesinaron  cuatro personas vinculadas al Partido Libertad y Refundación, lo que se suma a los 39 asesinatos desde mayo del año anterior, la mayoría del mismo partido.
9. La misión entiende que no puede considerarse la existencia de un ganador hasta que se haya computado el 100% del voto y nota que hasta el momento el resultado de las elecciones que no ha sido reconocido por varios partidos, incluido el Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación y el Partido Anti Corrupción.
RECOMENDACIONES:
1. La misión reclama a las autoridades que garanticen plenamente los derechos humanos, prevengan cualquier acto de violencia y protejan los derechos humanos de toda la población, en particular garantizando el derecho a la vida, la integridad física y sicológica de las personas vulnerables que han sido amenazadas o contra las que existen planes para atentar contra las mismas; así como a garantizar la libertad de información, de expresión y la seguridad de los periodistas y comunicadores sociales. La misión hace un llamamiento a las autoridades para que eviten eventuales medidas represivas de manifestaciones pacíficas.

2. La misión solicita al Fiscal General de la Nación que restablezca en sus cargos a los fiscales de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y anticorrupción  que recientemente fueron trasladados de manera aparentemente arbitraria. Asimismo se deberán tomar las medidas necesarias para garantizar la independencia, autonomía e idoneidad de todos los fiscales y habilitar los recursos necesarios para que puedan desempeñar sus funciones en la superación de la impunidad.
3. La misión, en el marco de su comunicado del 23 de noviembre y luego de celebradas las elecciones reclama a las autoridades correspondientes que investiguen y sancionen de manera efectiva los hechos denunciados por la sociedad civil, sobre violaciones de derechos humanos en el contexto del proceso electoral.
4. La misión, de acuerdo con el artículo 212.16 de la Ley Electoral que establece como delito la compra o venta de votos, entiende que la mera existencia de indicios sobre la realización de las acciones arriba señaladas obligaría a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, que se reclama.
5. La misión solicita a las autoridades judiciales competentes para tramitar las reclamaciones y recursos electorales que se planteen para que lo hagan de forma rápida, efectiva y con todas las garantías que acrediten la imparcialidad y transparencia del proceso.
6. Frente a las Fuerzas Armadas, la misión reitera que no deben ser involucradas en tareas propias de la Policía Nacional, y que deben reformarse la Constitución y la ley hondureña para eliminar las facultades que se le confieren en el marco electoral.
7. La misión recomienda la instalación de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos con facultades de asesoría y monitoreo sobre el respeto integral de los derechos humanos en Honduras. Así mismo, solicita los relatores especiales pertinentes y el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y Desaparición Forzada de Personas a visitar Honduras lo más antes posible.
8. La misión solicita a la Unión Europea y otros actores de la comunidad internacional unir esfuerzos con las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales en Honduras para garantizar la protección y defensa de los mismos y su participación en las decisiones y procesos que afectan a su seguridad personal y jurídica, y que exijan la misma prioridad de parte de las autoridades hondureñas.
9. La misión reitera la invitación a la Fiscal de la Corte penal internacional a visitar Honduras en el marco de su examen preliminar en tanto que su presencia puede contribuir a prevenir hechos de la misma naturaleza que están bajo examen.

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FIDH recomiendo instalación de oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas en Honduras

 Monday, 25 November 2013 16:58 Dina Meza

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Tegucigalpa.

Gran preocupación por la presencia de militares enfrente de los centros de votación; la inseguridad para los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas, así como los asesinatos de miembros del Partido Libertad y Refundación, LIBRE, dejó externada este lunes 25 de noviembre,  la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, que ha concluido su misión de observación del proceso electoral en Honduras.

En una conferencia de prensa con la presencia de Pierre Esperace, Secretario General de esa Federación, la extensa delegación habló de diferentes tópicos observados en su estancia en el país.

“Espero que las autoridades hondureñas no continúen reprimiendo a la población porque los derechos humanos son una obligación del Estado y éste está obligado a respetarlos integralmente. También quiero señalar que la democracia no se establece con las elecciones  si hay inconformidad con los resultados”, expresó Esperance.

En un comunicado de prensa leído por la Magistrada Salvadoreña Mirna Perla,  la FIDH expresó que tiene preocupación por los ataques y amenazas contra los defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo los que defienden las mujeres, los territorios indígenas y garífunas, los recursos naturales, la comunidad lesbiana, gay, transexual, bisexual e intersexual y los periodistas.

Perla además de magistrada en una corte salvadoreña es víctima sobreviviente de la masacre del 30 de julio de 1975, en los años en que en su país había una guerra contra su pueblo, financiada por los Estados Unidos.

Sobre dos listados con los nombres de varias personas que supuestamente serían ejecutadas entre las que están defensores de derechos humanos, líderes sociales, campesinos, miembros del Partido LIBRE e indígenas, Luís Guillermo Pérez Casas de la FIDH dijo que expresan su solidaridad y que harán todo lo que esté a su alcance con acciones ante el Estado de Honduras para que proceda a protegerles la vida.

Pérez Casas, abogado colombiano que lleva procesos penales contra el ex presidente de su país Álvaro Uribe y miembros de su gobierno procesados por persecución criminal contra defensores y defensoras de derechos humanos.

Listas de ejecuciones

En el listado figuran Beatriz Valle y Patricia Rodas, de LIBRE; Vitalino Alvarez y Yony Rivas, del Movimiento Unificado Campesino del Aguán, MUCA;  los abogados Víctor Fernández y Fredín Fúnez, representantes de comunidades que luchan por el medio ambiente y los lencas que luchan por sus territorios; Carlos H. Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares, STIBYS; Bertha Oliva y Bertha Cáceres, defensoras de derechos humanos, la primera Coordinadora del COFADEH y la segunda del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, y los periodistas David Romero, Director de Radio Globo y Félix Molina, del Programa radial Resistencia, quienes dieron su consentimiento a la FIDH para que mencionara sus nombres, pero hay más personas que están en dichas listas.

Otro de los hechos que preocupan a esta organización es el traslado de los Fiscales de Derechos Humanos y de la Fiscalía contra la Corrupción. En su visita en octubre pasado  la FIDH se reunió con varios de ellos en la Fiscalía de Derechos Humanos y le expusieron que eran objeto de constantes amenazas y falta de protección y apoyo por parte del Ministerio Público para realizar su trabajo. La FIDH solicitó al Fiscal General que los restablezca en sus cargos y garantizar la independencia, autonomía e idoneidad de todos los fiscales.

En cuanto al proceso eleccionario en sí, la FIDH expuso que la misión inspeccionó más de 100 mesas electorales y habló con autoridades y muchos sectores de la sociedad civil, identificando una serie de irregularidades a través de múltiples denuncias.

A muchos ciudadanos se les privó de sus derechos políticos, en particular su derecho al sufragio declarándoles muertos y aunque notificaron eso al Tribunal Supremo Electorla, TSE, no se procedió a restituirles sus derechos.

La FIDH criticó la utilización de la tarjeta de descuento utilizada por el Partido Nacional denominada “la cachureca”, que puede ser utilizada en diferentes comercios y las personas obtendrán descuentos hasta el año 2016, pero esta estrategia fue utilizada unas dos semanas antes de las elecciones y se colocó el días de las elecciones el 24 de noviembre en las afueras de los centros de votación, tomando primero los datos de los votantes y entregándolas hasta que venían de ejercer el sufragio, hecho que pudo inducir el voto e influir en los resultados.

Para reforzar su señalamiento, fue presentado un vídeo con las pruebas de la utilización de dicha tarjeta, de un trabajo investigativo realizado  por el periodista colombiano Hollman Morris.

Sobre este tema, para la FIDH hay una falta de transparencia en la financiación de las campañas políticas y en el origen de los fondos para las mismas, por lo que demandó del Ministerio Público iniciar la investigación sobre este hecho.

Solicitó a la Corte Suprema de Justicia tramitar las reclamaciones y recursos electorales que sean planteados ante las autoridades judiciales, y que sean resueltos de forma rápida, efectiva y con todas las garantías que acrediten la imparcialidad y transparencia del proceso.

La FIDH recalcó en esta gira su preocupación sobre la fuerte presencia de las fuerzas armadas en el desarrollo de las elecciones y aunque la Constitución de la República señala su rol en los procesos electorales, el hecho de que los uniformados se colocaron enfrente de los centros de votación puede generar un clima intimidante en los votantes.

Al final de su comunicado la FIDH reclamó a las autoridades que se garanticen plenamente los derechos humanos, se prevenga cualquier acto de violencia y se protejan los derechos humanos de toda la población, en particular el derecho a la vida, la integridad física y sicológica de las personas vulnerables que han sido amenazadas o contra las que existen planes para atentar contra ellas.

El Juez Baltazar Garzón presente en la conferencia de prensa expresó que las instituciones del Estado tienen la obligación de proteger a los ciudadanos  de actos arbitrarios contra su integridad personal.

Dado el profundo deterioro de las condiciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado, Garzón dijo que ha solicitado al Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas para que hagan presencia en Honduras.

También demandó del Estado de Honduras garantizar la libertad de información, de expresión y la seguridad de los periodistas y comunicadores sociales y que eviten eventuales medidas represivas de manifestaciones pacíficas.

UE y comunidad internacional deben garantizar la protección de defensores

Demandaron a la Unión Europea y demás actores internacionales en Honduras, garantizar la protección de defensores y defensoras de derechos humanos y su participación en las decisiones y procesos que afecten a su seguridad personal y jurídica.

Asimismo la FIDH reiteró a la Fiscal de la Corte Penal Internacional visitar Honduras en el marco de su examen preliminar pues su presencia puede contribuir a prevenir nuevos hechos de persecución política.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2871:fidh-recomiendo-instalacion-de-oficina-de-alto-comisionado-de-naciones-unidas-en-honduras&catid=94:articulos&Itemid=329

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