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Según informe de FIAN: Operadores de Justicia se parcializan en el Bajo Aguán

La situación en el bajo Aguán no ha cambiado, si bien es cierto que las ejecuciones extrajudiciales han bajado, el conflicto por el derecho a la tierra continua, al grado que es un caso emblemático a nivel internacional, donde sus habitantes viven expuestos a cualquier violación de derechos humanos, manifestó Marlon Ochoa, director ejecutivo de FIAN Honduras.

Lo expresado fue en la publicación del informe “El papel de los Operadores de Justicia en la Violación de Derechos Humanos en el Bajo Aguán”, donde la criminalización persiste la justicia se ve parcializada en favor de los terratenientes y en contra del campesinado.

Un caso muy conocido es José Isabel Morales, conocido como “Chabelo” quien estuvo casi siete años en prisión, acusado tres veces por un mismo delito, y al final se le dio sobreseimiento definitivo al no podérsele comprobar los hechos de asesinato contra Carlos Manrique Osorto, robo agravado e incendio agravado en perjuicio de la familia Osorto Canales, en Silin, Colon, en el 2008.

Mientras Chabelo estuvo preso, se le murió el papá, una hija, sufrió un derrame cerebral, y accidentes que dañaron su rostro, en el 2015 salió en libertad, y el Estado no pudo aportar ninguna prueba en su contra, declaró el representante de FIAN-Honduras.

Además hay casos de criminalización contra defensores de derechos humanos, hostigamiento, persecución, asesinatos y desapariciones forzadas, en lo que las autoridades judiciales pese a recibir las denuncias en tiempo y forma, no dan respuestas.

En el Bajo Aguán es una constante violación de DDHH de parte de policías, militares, el Poder Judicial y autoridades políticas locales, sus actuaciones están plasmadas en el informe que hemos trabajado a raíz del acompañamiento que hemos hecho a las empresas y grupos campesinos de la región, afirmó Ochoa.

Vemos un trato desigual de parte de las autoridades estatales con los que brinda a las organizaciones campesinas, quienes son criminalizados y no tienen ninguna garantía para resguardar su vida.

Por su parte, Irma Lemus, coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán,  OPDHA, expuso que las violaciones varían, pero no cesan, ya que en el marco del conflicto agrario se registra 330 campesinos procesados judicialmente en 25 casos que ellos han regsityardo, pero hay casos en otras organizaciones que no han proporcionado datos.

De estos procesados, 256 son hombres, 38 mujeres y 36 son menores de edad, muchos de ellos, por diferentes motivos han dejado de ir a firmar como parte de las medidas sustitutivas a la prisión que se les han impuesto, por lo que se han librado órdenes de captura contra ellos y deben andar huyendo acusados de delitos que no han cometido.

Hay violaciones de ddhh en hostigamientos, persecuciones, atentados contra la vida, difamaciones, exilios, asesinatos y desapariciones y acosos sexuales de parte de los operadores de justicia quienes le dicen a las defensoras cuando van a solicitar información que si fueran sus novias o esposas si les darían lo que solicitan.

Pese a las denuncias de estos hechos, al no tener respuesta en Tocoa, Colón, van a las instancias en las ciudades de La Ceiba, departamento de Atlántida o en Tegucigalpa, la capital hondureña que dista a unos 500 kilómetros u 10 horas de viaje, pero la respuesta es la misma, silencio, complicidad e impunidad, expuso Lemus.

El tema de las violaciones de DDHH del Bajo Aguán, es constante en la palestra pública a nivel nacional e internacional, en las audiencias anteriores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se expuso con la participación de defensoras de Derechos Humanos de la región acompañadas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, y Cejil.

A inicios de mayo, una misión internacional de observadores de derechos humanos de al menos 12 países de América y Europa, viajaron al Bajo Aguán, acompañados por el COFADEH, para escuchar y documentar testimonios de las víctimas de violaciones a DDHH y hacer acciones de incidencia a nivel internacional, entre ellos había representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, periodistas de Francia, Italia, Costa Rica, y la Oficina de DDHH de la Arquidiócesis de Guatemala.

En febrero un grupo de defensores de la tierra del Bajo Aguán, realizaron un intercambio de experiencias por las recuperaciones de tierras, desalojos violentos y lucha contra poderosos,  con defensores indígenas Queq’chi´, organizado por el COFADEH y el Comité Unidad Campesina, CUC.

Estas actividades se han dado en el marco del proyecto “poyo y protección a los defensores de derechos humanos que trabajan en conflicto por la tierra y los bienes de la naturaleza”, que ejecuta COFADEH, FIAN Internacional y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC.

Entre las conclusiones del informe “El papel de los Operadores de Justicia en la Violación de Derechos Humanos en el Bajo Aguán”, se expone que:
Los organismos privados de derechos humanos hayan develado el colapso del sistema de protección oficial de derechos humanos.

Los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han jugado un papel significativo en la visibilización del conflicto en el Bajo Aguán, contribuyendo a la clarificación de las complejas causas que los han provocado.

Las políticas públicas e institucionales por parte del Estado han sido orientadas de forma abierta a privilegiar los procesos de concentración de la tierra en manos de las élites empresariales agrarias y han profundizado el latifundio.

La reforma agraria en el país es una tema pendiente en cuanto a las perspectivas de su enfoque que debería abordar transversalmente la seguridad y soberanía alimentaria del país, la afectividad generalizada, el cambio de estructura agraria, y privilegiar políticas de equidad y de desarrollo económico y social.

Los órganos administradores de justicia han orientado sus actuaciones oficiales a dirimir asuntos de carácter social que tienen otro espacio de solución en otras instancias administrativas.

La Corte Suprema de Justicia ha callado de forma sospechosa la declaración de inconstitucionalidad de leyes secundarias como la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector  Agrícola, que por razones de orden fáctico se antepone a la supremacía de la Constitución de la República, Esto sin duda explica las limitaciones que implica que un poder del Estado (Poder Judicial, que administra justicia) sea nombrado por otro poder del Estado (Poder Legislativo, que hace las leyes).

El Ministerio Público se ha instrumentalizado para paralizar las reivindicaciones sociales que siendo legítimas se penalizan.
La impunidad es generalizada y los mismos órganos encargados de luchar contra ella, la reproducen en sus ejecuciones oficiales.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4141:segun-informe-de-fian-operadores-de-justicia-se-parcializan-en-el-bajo-aguan-&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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El Estado está obligado a proteger la vida de las personas defensoras de derechos humanos

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Tegucigalpa.

Hoy ha sido presentada al público, la prensa y autoridades del Estado, la campaña Alto al Riesgo para promover un ambiente favorable a las actuaciones de las personas defensoras de derechos humanos en las zonas críticas del país donde hay conflictos por el acceso a la tierra, los territorios y demás bienes de la Naturaleza.

En estas zonas de conflictos las personas defensoras sufren distintas formas de criminalización por su trabajo en defensa del agua, los minerales, la tierra, su biodiversidad y la vida.

En general, en Honduras las personas defensoras de derechos humanos sufren en el peor de los extremos ejecuciones sumarias o arbitrarias, torturas, agresiones físicas y psicológicas, detención y prisión arbitrarias, amenazas de muerte, hostigamiento y calumnias, falsas acusaciones, procesos y condenas injustas.

La mayoría de estos hechos permanecen casi en la total impunidad, como lo admitió en abril de 2013 el entonces fiscal del Ministerio Público, Luis Rubí, en su informe ante el Congreso Nacional: “Los órganos de investigación no tienen capacidad para dar respuesta, estamos ante un 80 por ciento de impunidad”.

De acuerdo a los monitoreo independientes realizados entre 2010 y 2014, han sido criminalizadas más de 4,000 personas por reclamar o proteger el derecho a la tierra; asesinados 120 campesinos/as sólo en la región del Bajo Aguán; al menos 37 periodistas asesinados en los últimos 10 años, 186 personas de la Comunidad de Diversidad Sexual víctimas de crímenes de odio y cifras generales de 2, 851 femicidios al año 2014.

Una de las defensoras criminalizadas, Gladys Lanza, enfrenta precisamente hoy, en esta misma fecha, una sentencia de individualización de la pena en los tribunales de Tegucigalpa.

En los municipios de El Porvenir y San Ignacio, en Francisco Morazán, 18 personas sufren criminalización por la defensa de los bosques que alimentan sus fuentes de agua.

“Esta es una campaña para visibilizar la contribución de hombres y mujeres comprometidas con el ideal de una sociedad democrática, para minimizar sus riesgos y restituir los derechos violados en su contra”, es el consenso de COFADEH, CEHPRODEC y FIAN, las organizaciones que encabezan una alianza amplia para promover la campaña.

El Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC, trabaja en la defensa de la población afectada por la minería en el valle de Siria y porque se respete la consulta previa, libre e informada en todo el país; FIAN, promueve el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria e impulsa procesos de organización y formación en el valle de Aguán; el COFADEH incide en la formación y promoción de derechos civiles y políticos con litigio jurídico nacional e internacional a favor de las víctimas.

Junto a sus esfuerzos de Alto al Riesgo se ha constituido en apoyo una alianza de 22 organizaciones de cobertura regional y nacional. Oxfam y la Unión Europea acompañan su ejecución.

En el lanzamiento de la campaña Alto Al Riesgo participan el embajador de la UE en Honduras, Kettil Karlsen, el ministro de gobernación y derechos humanos – Rigoberto Chiang Castillo –, representantes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el diputado Yuri Sabas, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Congreso Nacional.

La campaña Alto al Riesgo es apoyada, igualmente, por el grupo de Agencias de Cooperación Internacional (ACI), que preside Hans Petter Buvollen.

No es posible mejorar la situación de vigencia y respeto de los derechos sin una relación fluida, respetuosa y sincera entre los liderazgos sociales y los agentes investidos con autoridad del Estado. Tampoco es posible si no se abordan las verdaderas causas que provocan la violación de los derechos humanos.

La Campaña Alto al Riesgo está dirigida a las autoridades públicas que tienen la responsabilidad de garantizar seguridad e impartir justicia a la población, incluyendo a las personas defensoras de derechos humanos, con acciones de movilización de opinión para que el Estado cumpla las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

También incluye a la ciudadanía para que reconozca y apoye el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos en el contexto actual y futuro del país.

El trabajo de defensoría es central para prevenir situaciones de injusticia social en Honduras, contribuir al combate a la impunidad y fortalecer los procesos democráticos. Las personas implicadas en esos propósitos no son enemigos de su Patria, al contrario, fortalecen la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones.

La Organización de las Naciones Unidas y la OEA reconocen la legitimidad y el papel decisivo que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos para la ciudadanía universal, razón por la cual se aprobó la Declaración sobre los defensores de derechos humanos, y se definió el mandato de la Relatora Especial sobre este tema

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3418:el-estado-esta-obligado-a-proteger-la-vida-de-las-personas-defensoras-de-derechos-humanos&catid=71:def&Itemid=166

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Un campesino estuvo a punto de morir en brutal desalojo ejecutado en El Aguán

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Bertha Oliva, coordinadora del Cofadeh, en compañía de un equipo de este comité, visitó la casa donde está alojado el campesino José Isaías Sánchez

Tegucigalpa.

El más reciente desalojo ejecutado por militares de la Fuerza de Tarea Xatruch III y la Policía Nacional,  el 3 de julio en la finca Paso Aguán de Trujillo, Colón, dejó a 2 campesinos heridos de bala con daños irreversibles en su salud que los imposibilitarán para trabajar como jornaleros y brindar sustento para sus familias.Los heridos confirman las denuncias de que efectivos militares y policiales utilizan una fuerza desproporcionada para ejecutar los desalojos, al utilizar sus armas de fuego con bala vida que resulta letal y de graves consecuencias para la integridad física de los campesinos y campesinas.

Las acciones violentas del 3 de Julio en la Finca Paso Aguán que colinda con la comunidad Panamá, dejaron heridos de bala a los campesinos David Ponce y José Isaías Sánchez (36) además de 7 personas heridas con arma contusa en diferentes partes del cuerpo y una docena de detenidos, entre ellos a mujeres y menores de edad.

Hace algunos días periodistas de defensoresenlinea.com acompañaron a una delegación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) encabezada por su Coordinadora Bertha Oliva, quien visitó la casa donde está alojado el campesino José Isaías Sánchez, en la comunidad Guadalupe Carney.

Sánchez recibió una herida de bala de fusil 223 de uso militar que entró por un costado y salió por el otro, dañando el hígado de la víctima, a la que los médicos le extrajeron parte del órgano.

Postrado en una hamaca y con dificultades para hablar, Sánchez narró “que cuando me balearon frente al campo de fútbol, no recuerdo, ellos fueron (los militares) estaban al frente de nosotros, solo ellos estaban al frente cuando yo sentí el impacto, me fui para atrás y fui a caer más adelante, perdí el conocimiento y de ahí no me acuerdo”.

Una vez que recobró el conocimiento Sánchez ya se encontraba en el Hospital San Isidro de Tocoa, donde los médicos le extrajeron parte del hígado y le comentaron que estuvo a punto de morir.

“Estuviste así de perder la vida, por milagro de Dios estás vivo”, le dijo el médico que lo intervino quirúrgicamente en el hospital, narró el campesino al tiempo que comentó que luego de la operación no podía ni hablar y que permaneció interno durante 18 días.

José Isaías Sánchez recibió una herida de bala de fusil 223 de uso militar

José Isaías Sánchez no sabe leer ni escribir y durante toda su vida a lo único que se ha dedicado es a trabajar en las fincas de palma africana. El trágico hecho lo mantiene postrado con dificultades para ponerse en pie y mucho menos con esperanzas para encontrar trabajo para mantener a su esposa e hijos. En la actualidad vive en la humilde casa de su cuñado ubicada en la comunidad Guadalupe Carney de Trujillo, recibiendo los cuidados de su madre y hermana. Los familiares enfrentan dificultades económicas para poder suplir los medicamentos que José Isaías necesita para su recuperación así como para la compra de alimentos estipulados bajo una dieta especial.

Entre tanto, el campesino David Ponce, recibió un impacto de proyectil a la altura de la clavícula izquierda sin orificio de salida, el proyectil lo tiene incrustada en la parte alta de su espalda. Las radiografías revelan el lugar donde se encuentra el proyectil y se necesita de una cirugía para extraerlo.

Ponce reside en la comunidad Panamá y espera recuperarse satisfactoriamente para volver al trabajo. Hace unas semanas, él y su padre estuvieron en las oficinas del COFADEH en Tegucigalpa para brindar su testimonio de los hechos.

El COFADEH trasladó la denuncia a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para que éste y otros casos documentados, en los que se reflejan numerosas víctimas de vejaciones y acciones violentas perpetradas por militares, policías y guardias de seguridad en el Aguán, encuentren respuestas en la justicia hondureña, asfixiada por una impunidad galopante.

Información procedente del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán reveló que durante el desalojo del 3 de julio ejecutado contra unas 200 familias que se encontraban en la recuperación de las tierras en la Finca Paso Aguán, participaron cerca de 300 elementos entre militares y policías.

Durante el brutal desalojo los efectivos militares y policías dispararon sus armas de fuego, lanzaron bombas lacrimógenas y sometieron con garrotes a varios campesinos.

“Llegaron como a las 6:15 de la mañana, nos fuimos al monte, porque ellos deseaban matarnos a todos, y a los que capturaron están sufriendo las consecuencias”, expresó Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria del Bajo Aguán.

El 3 de julio, centenares de personas se reunieron horas después del desalojo, y se procedió a la toma de carretera que conecta a Tocoa con la margen izquierda, exigiendo justicia ante el derramamiento de sangre, pues más de cien personas han sido asesinadas en esta lucha por la recuperación de la tierra, que inició en el año 2010.

El desalojo ejecutado por acciones de la Operación Xatruch al mando del coronel René Jovel Martínez, la Policía Nacional, permitió que los guardias de seguridad privada de la corporación DINAT, propiedad del terrateniente Miguel Facussé, quedaran custodiando la finca, tras el ataque contra familias del Movimiento Campesino “Gregorio Chávez”, ubicada en la margen izquierda del río Aguán en Trujillo, Colón.

Los afectados aseguran que no se presentó ninguna orden de desalojo, tampoco recuerdan que hubiera presencia del Ministerio Público. Y que además los militares fueron cuatro cuadras más allá de las tierras en recuperación, se metieron hasta la comunidad, donde capturaron a algunos compañeros.

En estas acciones las fuerzas armadas tratan de criminalizar la lucha por el derecho a la tierra; mientras los militares y policías llegan con sus armas de fuego, escudos, cascos y toletes, los campesinos y las campesinas contestan con el conocimiento que tienen sobre sus derechos humanos, y la aplicación en defensa de sus compañeros y compañeras.

Miembros del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, también se hicieron presentes, pues son afectados ante los ataques de parte de la tropa XATRUCH III, por su labor de defensa de derechos humanos.

El COFADEH espera que las autoridades civiles, militares y policiales reconozcan la labor que realizan las defensoras y defensores de derechos humanos que operan en la zona, que colaboren con ellos y les brinden protección.

De hecho el 24 de julio de 2014, el COFADEH, FIAN Internacional-Honduras y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEPRODECH) lanzaron el proyecto de Apoyo y Protección a los defensores de derechos humanos que trabajan en conflicto por la tierra y los bienes de la naturaleza.

Las acciones incluyen mecanismos de protección a más de 80 personas, hombres y mujeres, que asumen riesgos directos en los campos de cultivo y procesamiento de palma africana, donde acompañan a la población rodeada de fuerzas militares, paramilitares, empresarios violentos y narcotraficantes.

Las iniciativas, que abarcan a las defensoras y defensores de los bienes de la naturaleza amenazados por empresas mineras y represadoras de ríos en la cordillera Nombre de Dios y en el Valle de Siria, cuentan con el apoyo de la Unión Europea.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3238:un-campesino-estuvo-a-punto-de-morir-en-brutal-desalojo-ejecutado-en-el-aguan&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Proyecto busca proteger a defensores en el Aguán y el Valle de Siria

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Tocoa, Colón (Conexihon).- El Comité de Familiares de detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), el Centro Hondureño de Promoción al desarrollo Comunitario (CEHPRODEC)  y la Organización Internacional para la defensa del derecho a  la Alimentación –FIAN-, presentaron en la ciudad de Tocoa, el proyecto “Apoyo y Protección A Los Defensores Y Defensoras De Derechos Humanos Trabajando En Conflictos Por Tierra y Recursos Naturales  en Zonas Rurales De Honduras”.
El mismo que es financiado por la Unión Europea y se ejecutara en dos regiones del País en el Valle de Siria a raíz del conflicto minero y en el Valle del Aguan por el Conflicto Agrario. El proyecto empezó a ejecutarse el 15 de marzo reciente y tiene una vigencia de dos años, con el objetivo del proyecto es defender los derechos humanos de los defensores y defensoras de los derechos humanos, que están trabajando en zonas de conflicto por tierra y por recursos naturales y para lograrlo le proporcionará mecanismos de apoyo para los defensores y defensoras de derechos humanos que afrontan grandes riesgos y restricciones al momento de ejercer su trabajo en la defensa de los derechos humanos.
El evento fue moderado por el periodista Marvin Palacios del COFADEH y como expositores la coordinadora del COFADEH Bertha Oliva y el secretario ejecutivo de Fían Honduras Gilberto Ríos. Al evento asistieron representantes de diferentes organizaciones e instituciones presentes en esta región entre ellas el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, el Ministerio Público, la Fundación San Alonso Rodriguez, la Municipalidad de Tocoa, la Fuerza de Tarea Conjunta Florencio Xatruch, sindicatos de diferentes instituciones públicas, los movimientos campesinos de esta región, la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales del Departamento de Colón (RAPCOS-Bajo Aguán) y algunos colegios profesionales.


Bertha Oliva,

Presidenta de COFADEH
“Lo más importante para nosotros es hacer un mapeo de las diferentes expresiones sociales organizadas en el Aguán, luego hacer un informe situacional de como encontramos esta región en materia de derechos humanos, cuantas denuncias estamos recibiendo de violaciones a sus derechos y a sus garantías eso nos permitirá conocer quiénes son los perpetradores y así poder evidenciar la situación de gravedad pero con información y documentación, para establecer acciones legales y acompañamiento a las víctimas de estas violaciones”.
“Pero además de capacitar a los defensores vamos a analizar la situación de seguridad e inseguridad de cada persona afectada, para realizar una acción de prevención y si llegamos a constatar que alguna persona está en peligro inminente, lo haremos saber a las autoridades para que las autoridades empiecen a hacer lo que corresponde en cada caso y si ellos no asumen su responsabilidad entonces procederemos a documentar los casos y tomar las decisiones que correspondan”.
Gilberto Ríos, 
Secretario Ejecutivo de Fían Honduras
“Este proyecto viene a fortalecer las capacidades de los defensores y defensoras de los derechos humanos, En el caso de Fían, trabajaremos mucho lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, en especial lo que tiene que ver con el derecho a la alimentación, aparte de proporcionar información y capacitación a las organizaciones defensoras de los derechos humanos de la región, se realizarán acciones de incidencia política a nivel nacional e internacional, el gran objetivo de este proyecto es que las organizaciones y los defensores de los derechos humanos tengan la capacidad de defender sus derechos, buscamos también establecer alianzas nacionales e internacionales, que los beneficiarios conozcan con alguna profundidad lo que significan los derechos humanos en general”.

Irma Lemus 
Subcoordinadora del Observatorio permanente de Derechos Humanos del Aguán
“Para nosotros es muy importante fortalecer nuestros conocimientos nuestras capacidades para hacer una labor que es tan importante en la región, es importante saber que los defensores y defensoras de los derechos humanos que estamos siendo reprimidos por el mismo Estado no estamos solos y que tenemos alguien que nos respalda”.
“Sabemos que es un sinnúmero de capacitaciones de formación que viene para nosotros, para poder hacer una mejor labor en la defensa de los derechos humanos, esperamos que con este proyecto podamos hacer nuestra labor de manera completa y fortalecer algunas debilidades, como el monitoreo de denuncias es algo que ya hemos empezado a hacer y necesitamos información de a donde debemos acudir en cada caso para poder ayudar a las personas afectadas”.

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Lanzan proyecto para proteger labor de defensores de DDHH en el Aguán

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Tocoa, Colón.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), FIAN Internacional- Honduras y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) lanzaron en la ciudad de Tocoa, Colón, el proyecto “Apoyo y protección a los defensores de derechos humanos, trabajando en conflicto por la tierra y recursos naturales en las zonas rurales de Honduras”.

Unas 75 personas asistieron al evento que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Recarte de esta ciudad y en el cual participaron representantes de la Fiscalía, Las Fuerzas Armadas (FFAA), organizaciones populares, sindicales, periodistas, comunicadores sociales y defensores y defensoras de derechos humanos que realizan su trabajo en el Bajo Aguán.

El proyecto respaldado  por la Unión Europea tiene el propósito de proporcionar mecanismos de apoyo y protección a defensores y defensoras de derechos humanos quienes afrontan grandes riesgos y restricciones al momento de realizar su trabajo en medio de un contexto de conflictos de tierras en la zona del Aguán, y por los efectos de las explotaciones mineras en el Valle de Siria, departamento de Francisco Morazán.

Durante su intervención ante los medios de comunicación que cubrieron el evento, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva destacó que “el comité no viene a competir con nadie, nosotras venimos con el propósito de ver cómo servimos al fortalecimiento del estado de derecho y cómo contribuimos en la reducción de las violaciones a los derechos humanos, la discriminación y la estigmatización que se producen contra los que defienden la tierra y los que promueven la justicia”.

Oliva resaltó que mientras no se haga una investigación con un alto grado de profesionalismo e independencia, mientras no tengamos la certeza que esos resultados van a hacer canalizados ante las instancias de la aplicación de justicia con la brevedad posible y en el tiempo y forma, la situación de solución del conflicto en el Aguán, va para largo.

“Mientras no haya voluntad política de parte de los operadores de justicia y mientras no actúen con independencia y sigan totalmente polarizados, lógicamente el conflicto en el Aguán va a seguir; pero nuestra intención es apoyar, la intención es contribuir y ayudar a los campesinos y campesinas y a los defensores y defensoras de derechos humanos a hacer procesos de documentación, haciendo las denuncias necesarias ante los medios de comunicación nacionales e internacionales y brindarles acompañamiento y herramientas que fortalezcan su trabajo”, anunció la reconocida defensora de derechos humanos.

En representación de la Fuerza de Tarea Xatruch III,  el Teniente Coronel, Jorge Muñóz, expresó que es muy valiosa la participación de estas organizaciones, especialmente de Bertha Oliva y Gilberto Ríos, que lo único que andan buscando es que se respeten los derechos fundamentales de todos los hondureños.

Pese a que se han registrado violentos desalojos de las fincas de palma africana en el Bajo Aguán en los últimos años y que han sido ejecutados por militares de la Fuerza de Tarea Xatruch y agentes policiales, que han dejado a varios campesinos heridos de bala y decenas de  heridos y con golpes de consideración, el militar aseguró que las Fuerzas Armadas operan enmarcadas en la ley y en el respeto a los derechos humanos.

“Las Fuerzas Armadas conocen claramente quiénes son los que nos apoyan en la defensa de los derechos humanos y nosotros estamos muy agradecidos con la labor que hacen estas personas, entendemos que algunas veces hay conflictos entre las organizaciones, algunas veces los medios y organismos de derechos humanos faltan a la verdad, pero como dijo doña Bertha, la verdad no se debe ocultar, debemos separar los problemas de los campesinos con la delincuencia común y con otros tipos de delitos, como los privados o de otra índole, y eso no hay que confundirlo con lo que son las verdaderas reivindicaciones de los campesinos, porque son cosas separadas, el campesino es uno y el delincuente común es otro, no podemos confundir”, aseguró Muñóz.

La solución en el Aguán pasa por una voluntad política

En torno a la presencia de la observadora de derechos humanos de la organización Derechos en Acción, Any Bird, el oficial militar dijo que “yo estoy aquí que vengan personas a visitarnos, y que puedan ser observadores objetivos, fuera de todo sesgo, que puedan observar  objetivamente el problema del Aguán, porque si no se observa objetivamente desde afuera, nunca vamos a tener las soluciones que ocupamos.

“Las soluciones que ocupamos en el Aguán, no son las tradicionales, no nos han funcionado las soluciones tradicionales, esto no pasa por una solución militar, por una solución policial, por desalojos, por violaciones, por represión, debemos de buscar soluciones pacíficas donde todos los actores, debemos de poner una parte, los derechos humanos, los campesinos, las Fuerzas Armadas, los fiscales, la voluntad política como bien mencionaba doña Bertha Oliva; o sea que esta solución debe salir a partir de un consenso entre todos y de forma pacífica”, explicó Muñóz.

Por su parte la Coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDDHHA), Marta Arnold comentó que la jornada fue muy buena y se ha dado a conocer el trabajo de los defensores y defensoras tanto locales como nacionales que operan en El Aguán.

Bertha Oliva, coordinadora general del Cofadeh

Consultada si este tipo de eventos ayudará a que las autoridades respeten y reconozcan la labor de los defensores y defensoras, Arnold dijo que “a partir de ahora tal vez saben quiénes somos porque anteriormente siempre se nos estaba pidiendo la personería jurídica o un carnet y entonces eso dejaba mucho que desear”.

Arnold criticó el trato que reciben del comandante de la Fuerza de Tarea xatruch III, coronel Jovel Martínez a quien calificó de ser una persona “repugnante que deja mucho que desear como autoridad, será por ignorancia que actúa de esa manera o será porque su criterio es así”.

“Esperamos que esa actitud cambie por el bien de todos, porque sabemos que defender los derechos humanos es algo que toda persona puede hacer y espero que este señor (Jovel Martínez) actúe de otra manera y que ese carácter lo dulcifique”, solicitó Arnold.

La defensora de derechos humanos añadió que dadas las circunstancias de cómo han tratado a algunas compañeras en desalojos que se han producido como Glenda Chávez y de Idalia Perdomo, algunos compañeras del Observatorio han sentido temor por la violencia y la agresividad que se producen y temen por sus vidas al desempeñar esta labor de defensoría, sin embargo “nos sentimos respaldadas cuando sabemos que habrá presencia de FIAN y COFADEH.

Apoyo y protección para los defensores y defensoras

El proyecto “Apoyo y protección a los defensores de derechos humanos, trabajando en conflicto por la tierra y recursos naturales en las zonas rurales de Honduras” contará con un acompañamiento para más de 80 defensores y defensoras que desarrollan el trabajo de protección de  los derechos humanos.

La labor se desarrollará en cuatro comunidades rurales en situación de conflicto, siendo el sector del Aguán una de las áreas focalizadas, tomando en cuenta los altos niveles de violencia, persecución, hostigamientos, criminalización y muertes registradas en los últimos años.

Se ha identificado que en los conflictos agrarios y las disputas sobre concesiones de los recursos naturales, los defensores y defensoras de derechos humanos sufren ataques y amenazas en forma sistemática.

Cabe señalar que frente a esta realidad el Estado de Honduras ha sido inefectivo en la aplicación de justicia  y la protección de los derechos humanos, generando de esta manera una atmósfera de impunidad en la zona.

A la fecha las organizaciones han documentado la muerte violenta de 4 defensores de derechos humanos y más de un centenar de campesinos, entre ellos, un porcentaje menor de  guardias de seguridad que trabajan para los agroindustriales de palma africana en el Bajo Aguán.

Los defensores y defensoras de derechos humanos recibirán formación en defensoría, protección, acceso a la información, incidencia y comunicación.

Es el deseo de las organizaciones facilitadoras del proyecto,  que el Estado genere un clima favorable y condiciones de seguridad para los defensores y defensoras de derechos humanos, así como líderes y lideresas campesinas que luchan por el acceso a la tierra y en contra de los daños ocasionados por la agroindustria y la explotación minera.

Además las organizaciones demandan de las autoridades edilicias, departamentales, militares, policiales y otros operadores de justicia, el reconocimiento al trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3230:lanzan-proyecto-para-proteger-labor-de-defensores-de-ddhh-en-el-aguan&catid=71:def&Itemid=166

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