Las ONG comprometidas a cuidar y conservar áreas protegidas

20 de Junio de 2014

08:35PM  –   Redacción   

Acciones de conservación se realizarán a nivel nacional para que haya un desarrollo sostenible de los recursos naturales

Tegucigalpa. Con el objetivo de formalizar los sistemas de colaboración, el Instituto de Conservación Forestal (ICF), y Organizaciones No Gubernamentales firmaron un convenio de cooperación técnica y fortalecimiento interinstitucional.

Misael León Carvajal, titular del ICF, comentó que el acuerdo suscrito entre la Mesa de ONG Comanejadoras de Áreas Protegidas en Honduras (MOCAPH), permitirá promover y desarrollar acciones a favor del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre en Honduras (Sinaph).

Los sitios que serán favorecidos son aquellos que están bajo mecanismos de comanejo por parte de las organizaciones no gubernamentales, por un período de cinco años, mismos que pueden ser prorrogables, de acuerdo a los resultados que se presenten en el proceso.

La Mesa de ONG está integrada por 22 organizaciones comanejadoras.

“Es por eso que es de mucha importancia realizar este tipo de convenios, los que nos ayuda a fortalecernos institucionalmente”, enfatizó León Carvajal.

Por su parte, Dina Morel, en representación de las organizaciones no gubernamentales, detalló que el cuidado y conservación de las áreas protegidas será a nivel nacional, ya que son organizaciones que tienen incidencia a favor de los recursos naturales.

“Lo que queremos es que haya un desarrollo sostenible de los recursos naturales en cada una de las comunidades que administran las áreas protegidas”, reiteró Morel.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/721681-331/las-ong-comprometidas-a-cuidar-y-conservar-%C3%A1reas-protegidas

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Persecución judicial y criminalización sufren indígenas en San Francisco de Opalaca

Jun 20, 2014

El  24 de junio del presente año, el Juzgado de Letras de Intibucá, citó a audiencia a más de 30 líderes Lencas del municipio de  San Francisco de Opalaca,  lo que ha sido calificado por los afectados como persecución judicial y  criminalización de la lucha indígena.

Entre las personas que han sido citados para audiencia se encuentra  Éntimo Vásquez, quien  fue nombrado el alcalde del referido municipio por buena parte del pueblo, sus regidores, regidoras y secretarios indígenas, como también la corresponsal de Radio Progreso Albertina Manueles Pérez  y  otros líderes claves de las comunidades de Opalaca.

El conflicto político en San Francisco de Opalaca  se origina  debido a que en las elecciones generales el Tribunal Supremo Electoral declaró ganador al nacionalista José Socorro Sánchez por un margen de ocho votos a su favor.

Sin embargo, los  seguidores del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) aseguran que en el escrutinio municipal resultó ganador Éntimo Vásquez y que los magistrados del Tribunal le dieron vuelta al resultado.

Esto provocó  la resistencia indígena que incluyó en la toma de la alcaldía, ante lo cual líderes indígenas del municipio convocaron al pueblo a una asamblea y el consejo de ancianos declaró alcalde a Vásquez del partido LIBRE. Ahora la comunidad lenca exige el reconocimiento legal, ya que actuaron amparados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que les da ese derecho.

Éntimo Vásquez indica que lo anterior ya lo habían advertido, como parte del plan para truncar el proceso en defensa de los derechos del Pueblo de Opalaca, dirigido por las argollas  del Partido Nacional, Ministerio Publico y el gobierno central.

“Nosotros estamos reclamando nuestro derecho, pero sabemos que el partido nacionalista tiene el poder, muchas personas del pueblo me han dicho que si la policía me detiene todos saldrán a las calles y habrá una revolución”, añadió.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Batson dice que no hay ningún conflicto político  en San Francisco de Opalaca.

“No hay ningún conflicto electoral, el Tribunal emitió una resolución y ganó un partido, además no hubo impugnación ni reclamo en la Corte Suprema,” declaró el funcionario.

Ante estas declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Éntimo Vásquez dijo que todos saben que el Tribunal arregló esos 8 votos para que ganara el partido Nacional,  todos ellos se sentaron para hacer arreglos personales pero legalmente él ganó y el pueblo lo sabe.

“Nos quieren callar”

Albertina Manueles Pérez es una comunicadora social de San Francisco de Opalaca, corresponsal de Radio Progreso. Con su bebé en brazos y otro de sus hijos correteando alrededor de ella, nos contó cómo la policía llegó a su casa para citarla al Juzgado Primero de Letras de Intibucá para que declare ante la acusación del delito de sedición.

EL delito de sedición  se refiere a conductas que puedan ser estimadas por la autoridad legal como motivo de insurrección en contra del orden constitucional establecido, ya sea la exposición de discursos, el desarrollo de organizaciones, la escritura y distribución de textos u otras acciones. Este delito en Honduras no es fiable.

El 25 de enero de 2014, Albertina tomó su grabadora y se fue para la municipalidad de San Francisco de Opalaca, le habían avisado que la comunidad se estaba tomando la municipalidad porque rechazaba como ganador a Socorro Sánchez del partido Nacional. Como comunicadora se dedicó a dar cobertura al hecho que se hizo noticia en minutos a nivel nacional.

Albertina califica la citatoria que ahora le hacen como censura y una violación a la libertad de expresión. Manueles cuenta que esto ya se veía venir desde hace años, no solo por el conflicto de la alcaldía sino por los intereses que se juegan con respecto a la instalación de una empresa hidroeléctrica que el pueblo ha rechazado.

“Nosotros no le caemos bien a él (Socorro Sánchez) porque también apoyamos al pueblo en contra de las represas. Yo anteriormente había tratado con él y le pedí entrevistas pero me pedía pago por ellas. Él había dado permiso al Grupo Terra a que hiciera el estudio. Buscan callarnos pero nosotros tenemos que contar lo que está pasando en el municipio”, explicó Manueles.

Para el periodista Héctor Becerra del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) esto es una agresión contundente contra la libertad de expresión y libertad de prensa. “Esto es una persecución en vista de que el delito por el cual se hizo la citatoria es por sedición en contra de la seguridad interna del estado de Honduras, es decir que es un delito político. Es aberrante que las autoridades emitan este tipo de citatorio a comunicadores sociales cuya única labor es informar de los hechos sociales que se producen en esta zona”, expresó Becerra.

C-Libre denunció que los comunicadores comunitarios ejercen su oficio en condiciones de alto riesgo, especialmente porque informan de conflictos en que el capital trasnacional se colude con las instituciones del Estado encargadas de brindar seguridad, como la policía y los militares.

Conflictos sobre la explotación de bienes naturales pone en peligro a los comunicadores que con valentía informan lo que sucede, y en San Francisco de Opalaca se mezcla el conflicto político con esta situación.

Así como Albertina varias mujeres líderes de la comunidad lenca están en la lista denunciadas por sedición, en total son 30 indígenas los acusados.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1101-persecuci%C3%B3n-judicial-y-criminalizaci%C3%B3n-sufren-ind%C3%ADgenas-en-san-francisco-de-opalaca

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Global Peace Index Provides Questionable View of LatAm Security

A murder scene in Guatemala A murder scene in Guatemala

A recent report ranking levels of peace around the world rates most Latin American countries as having medium or high levels of peace, a finding that stands in sharp contrast to the high rates of homicide and violent crime plaguing the region.

According to the 2014 Global Peace Index (GPI) (pdf) — which ranked 162 countries based on indicators measuring domestic and international conflict, safety and security, and level of militarization — Colombia and Mexico are the only countries in Latin America with low levels of peace.

The report listed Colombia as number 150 on a list ranging from most to least peaceful, four places below its 2013 ranking. The second worst classification in the region was given to Mexico (138), followed by Venezuela (129), Peru (119), Honduras (117), El Salvador (116) and Guatemala (115). Of these countries, only Honduras improved its ranking between 2013 and 2014. Mexico was one of the ten countries in the world to see the largest negative change in its GPI since 2008.

The report also states that despite the amount of money spent on violence containment in Colombia and Mexico — amounting to 9.7 and 9.4 percent of gross domestic product (GDP) respectively — in both countries the state’s capacity to deal with crime is insufficient, partly because of widespread corruption.

InSight Crime Analysis

According to the United Nations Office on Drugs and Crime’s (UNODC) 2013 Global Study on Homicide (pdf), the Americas as a region had the highest homicide rate in the world in 2012, with 16.3 murders per 100,000 people. This murder rate contrasts sharply with the results of the GPI, which describe levels of peace in Central America and the Caribbean as being only «slightly below» the world average.

On a national level, the GPI of several Latin American countries also diverges from other indicators. Whereas Colombia’s murder rate was 30.8 per 100,000 in 2012, Venezuela registered 53.7 homicides per 100,000 inhabitants and Honduras reported 90.4, but both countries were ranked as more peaceful on the GPI.

SEE ALSO: Honduras News and Profiles

Similarly, although the Northern Triangle countries of Guatemala, Honduras and El Salvador are plagued by gang violence and the region was classified by the UN as the most violent in the world in 2012 and 2013, it was ranked as being more peaceful than Peru, where the Shining Path rebel group poses a much weaker threat to the country as a whole.

While the protracted conflict in Colombia and ongoing warring between drug cartels in Mexico make their rankings unsurprising, it seems the GPI is not an accurate reflection of the actual experiences of insecurity faced by the citizenry of many Latin American nations. This points to the difficulty of applying indicators in a blanket fashion to measure a concept as complex as «peace.»

Fuente: http://www.insightcrime.org/news-briefs/global-peace-index-provides-questionable-view-of-latam-security

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LOS TOLUPANES PROTESTAN Y EXIGEN EN LA CIUDAD DE YORO

El día de hoy 20 de Julio, en ocasión de la visita casual del Ministro
(Director) del Instituto de Reforma Agraria; 300 Tolupanes se
manisfestaron en las calles de Yoro e instituciones como la Fiscalía,
Gobernación y justicia, Municipalidad y Policía. La movilización partiò
del Desvío del Hospital de Yoro.

Por la impunidad de las muertes y atropellos contra líderes y ciudadanos
y ciudadanas.

Contra la venta de madera y depredación de los bosques, por el respeto y
la delimitación del territorio para evitar equívocos de las autoridades
y las empresas explotadoras.

Por la ineficiente política de seguridad, que los asesinos de los
mártires de Locomapa, caminan en libre impunidad.

Por la entrega del territorio sin consulta previa (responsable no
fraudulenta) con las comunidades de las 31 tribu que componen al pueblo
tolupan.

Los 300 líderes Tolupanes iniciaron la protesta a las 9:00 A m,
visitando cada institución y terminar en una Reunión con el Ministro del
INA.

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EE.UU. aprueba dos mil millones de dólares para atender crisis de niños centroamericanos

La Administración continúa muy preocupada por el aumento de los niños no acompañados de Centroamérica que están cruzando hacia Estados Unidos.

Estos niños son algunos de los más vulnerables, y muchos se convierten en víctimas de delitos violentos o abuso sexual a lo largo del peligroso viaje.

Estos niños son algunos de los más vulnerables, y muchos se convierten en víctimas de delitos violentos o abuso sexual a lo largo del peligroso viaje.

También ha habido un aumento en el número de niños de muy corta edad, niñas, y adultos con sus hijos que están haciendo el viaje. La gran mayoría de estas personas dependen de las peligrosas redes de tráfico de personas para su transporte a través de América Central y México.

Para hacer frente a esta situación, el Presidente ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias coordinar una respuesta a nivel de todo el Gobierno ante esta urgente situación.

Nuestra primera prioridad es la gestión de la urgente situación humanitaria, asegurándonos que estos niños sean alojados, alimentados, y que reciban cualquier tratamiento médico necesario.

También estamos tomando medidas para mejorar el cumplimiento y la colaboración con nuestros homólogos centroamericanos en tres áreas clave: la lucha contra la violencia de las pandillas y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el estímulo del desarrollo económico, y la mejora de la capacidad para recibir y reintegrar a las familias y niños retornados.

En Guatemala, el Vicepresidente se está reuniendo con líderes de la región para hacer frente al aumento en el flujo de niños no acompañados y adultos con sus hijos hacia los Estados Unidos, para discutir nuestro trabajo conjunto con los países de Centroamérica, y para conversar sobre nuestros esfuerzos para ayudar a abordar los problemas de seguridad y económicos subyacentes que causan la migración.
Trabajando en Conjunto con Centroamérica y México

Programas Nuevos

• El Gobierno de los Estados Unidos proveerá $ 9.6 millones en apoyo adicional para los gobiernos centroamericanos para que reciban y reintegren a sus ciudadanos repatriados. Este financiamiento permitirá que El Salvador, Guatemala y Honduras puedan hacer inversiones sustanciales en sus centros de repatriación actuales, proveer entrenamiento a oficiales de inmigración sobre el cuidado de migrantes, e incrementar la capacidad de estos gobiernos y de organizaciones no gubernamentales para facilitar servicios a inmigrantes retornados.

• En Guatemala, estamos lanzando un nuevo programa de $40 millones de 5 años de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para mejorar la seguridad ciudadana. Este programa se ejecutará en algunas de las comunidades más violentas para reducir los factores de riesgo para los jóvenes involucrados en pandillas y afrontar los factores que conducen a la migración hacia los Estados Unidos.

• En El Salvador, estamos iniciando un nuevo programa de la USAID de $ 25 millones para la Prevención del Crimen y Violencia de 5 años que establecerá 77 centros de alcance para jóvenes, además de los 30 que ya existentes. Estos continuarán ofreciendo servicios a jóvenes en riesgo que son susceptibles al reclutamiento de pandillas y convertirse en migrantes potenciales.

• En Honduras, bajo la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central (CARSI), proveeremos $18.5 millones para apoyar los esfuerzos de vigilancia comunitaria y esfuerzos de cumplimiento de la ley para confrontar a las pandillas y otras fuentes de crimen. Además, USAID continuará una iniciativa existente para apoyar a 40 centros de alcance para jóvenes, anunciando dentro de poco un sustancial nuevo programa de Prevención del Crimen y Violencia para afrontar los problemas desde su raíz.

• La USAID está solicitando propuestas para apoyar nuevas iniciativas de asociaciones pública-privadas a través de Alianza de Desarrollo Global para incrementar las oportunidades económicas y educativas para jóvenes en riesgo en El Salvador, Guatemala y Honduras.

• Los Estados Unidos también planea proveer $161.5 millones este año para programas CARSI que son importantes para permitir que los países centroamericanos puedan responder a los desafíos más críticos de seguridad y gobernabilidad de la región. Nuestra asistencia contribuirá a reducir los flujos de migración así como afrontar las causas que generan la migración. Esta asistencia incluirá:

Aproximadamente $65 millones para programas de Cumplimiento de la Ley, Derechos Humanos y Transparencia, incluyendo actividades para prevenir que los jóvenes en riesgo formen parte de pandillas y motivar su participación en esfuerzos comunitarios para la prevención del crimen y programas para aumentar la educación y entrenamiento laboral.

Aproximadamente unos $ 96.5 millones adicionales se utilizarán en programas para consolidar la paz, seguridad, estabilización, y otros relacionados con el cumplimiento de la ley para fortalecer la inmigración, el cumplimiento de la ley, y las autoridades judiciales y promover programas antipandillas y de derechos humanos.
Programas en progreso

• Estados Unidos está proporcionando casi $ 130 millones en asistencia bilateral en progreso a El Salvador, Honduras y Guatemala para una variedad de programas relacionados con salud, educación, cambio climático, crecimiento económico, cooperación militar y democracia.

• Estamos colaborando en campañas para asistir a migrantes potenciales a entender los significativos peligros de depender de redes de tráfico de personas y para reforzar que los niños y personas que han arribado recientemente no son elegibles para programas como el Programa de Acción Diferida para Jóvenes Indocumentados, comúnmente conocido como DACA, y ser beneficiarios de provisiones de ciudadanía incluidas en la reforma inmigratoria integral que actualmente está bajo consideración del Congreso.

Aumento del cumplimiento de la Ley

• El Departamento de Justicia y el DHS están tomando medidas adicionales para aumentar los procedimientos de cumplimiento de la ley y de remoción de personas. Estamos incrementando los recursos de cumplimiento de la ley del gobierno para aumentar nuestra capacidad de detener a personas y adultos que son acompañados por sus hijos para realizar audiencias en tribunales migratorios –en casos donde dichas audiencias sean necesarias– tan rápido y eficiente como sea posible mientras también se protege a aquellos que solicitan asilo. Esto permitirá que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pueda retornar a migrantes ilegales centroamericanos a sus países de origen de forma más rápida.

• Estas nuevas medidas complementan un enérgico récord actual de cumplimiento de la ley y de retorno de centroamericanos que ingresan al país ilegalmente. En el año fiscal 2013, el ICE retornó a 47,769 personas de Guatemala, 37,049 de Honduras, y 21,602 de El Salvador. Esto representa aproximadamente un 29% de todas las remociones realizadas por el ICE.

• El vicepresidente reiterará que los niños no acompañados y los adultos que lleguen con sus hijos no son elegibles para ser beneficiarios de la aprobación de la legislación de reforma migratoria o del Programa de Acción Diferida para Jóvenes Indocumentados (DACA).

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/eeuu-aprueba-dos-mil-millones-de-d%C3%B3lares-para-atender-crisis-de-ni%C3%B1os-centroamericanos

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“Niños huyen a EE.UU. por ausencia de Estado de derecho”, afirma Joe Biden

Agencias / EL LIBERTADOR

Ciudad de Guatemala. El vicepresidente de EEUU, Joe Biden se mostró preocupado por el incremento de niños no acompañados que viajan a Estados Unidos, a menudo en manos de «redes de coyotes, contrabandistas que abusan de ellos sexualmente».

«Estados Unidos reconoce que parte importante de la solución del problema es identificar las causas principales como la pobreza, inseguridad y ausencia de un Estado de Derecho, para que la gente pueda permanecer y vivir en sus comunidades y para que el padre o la madre no pongan en manos de una red criminal a sus hijos», comentó.

El vicemandatario consideró que es esencial atraer inversiones internacionales a para crear empleos y que haya un buen gobierno previsible, donde la gente pueda invertir y vivir a plenitud.

Reiteró la intención de su país para mejorar la seguridad ciudadana, mediante la promoción de una iniciativa de seguridad centroamericana, para lo cual destinarán 160 millones de dólares, además anunció que lanzarán en Guatemala un programa para incrementar la posibilidad de jóvenes en riesgo, con una inversión de 40 millones de dólares.

El vicepresidente reiteró el compromiso de su país por velar para que los niños que lleguen a ese país sean tratados humanamente y con justicia.
Se congratuló por el centro de recepción que implementó Guatemala para reintegrar a los repatriados y anunció que ese país dedicará 10 millones de dólares para apoyar estas iniciativas en Latinoamérica.
Estas declaraciones las dio al salir de una reunión privada con el presidente Pérez Molina, quien se comprometió a fortalecer la presencia consular en ese país y lanzar de manera conjunta una campaña preventiva para informar a la población de los riesgos de la migración irregular, que iniciará en la primera quincena de julio.

Pérez Molina reiteró la intención de Guatemala por adquirir un Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), y solicitó a Biden que esta opción sea contemplada mientras se discute la reforma migratoria.

Este año la cantidad de niños que viajan sin ningún familiar hacia EEUU se ha incrementado de forma alarmante, al punto que las sedes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), en Texas y Arizona, se mantienen hacinadas y con servicios deplorables, por ser insuficientes para atender esa creciente ola de migrantes que llegan a EEUU sin documentos.

Según la Patrulla Fronteriza, 13 mil 904 guatemaltecos fueron arrestados en la frontera de Arizona durante el año fiscal 2012-2013, y en lo que va del año fiscal 2013-2014 la cifra es 6 mil 29, lo que hace de estos nacionales los más arrestados después de los mexicanos.

Cifras estadounidenses indican que del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013 fueron interceptados 24 mil 493 menores centroamericanos que ingresaron clandestinamente a Estados Unidos sin compañía de un adulto. Pero en los ocho meses siguientes la cifra se multiplicó a más de 47 mil, un fenómeno que el presidente Barack Obama ha calificado de crisis humanitaria.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/%E2%80%9Cni%C3%B1os-huyen-eeuu-por-ausencia-de-estado-de-derecho%E2%80%9D-afirma-joe-biden

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Relato de un ataque policial contra una familia trabajadora

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Tegucigalpa.

Nos han cambiado la vida, tenemos que ir a terapia sicológica, hemos cerrado el negocio y mi esposo tiene casa por cárcel, acusado de atentar contra unos policías, que de repente nos atacaron con armas y maltratos verbales, la noche del pasado 27 de febrero.

Es parte del relato, que con lágrimas en los ojos por el trauma causado, una mujer (que por seguridad omitimos su nombre) compartió en el área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos en Honduras, COFADEH, que un grupo de policías y militares los atacaron sin dar explicación, causando heridas de bala y golpes a ella, su esposo y un hijo, mientras abrían su negocio, donde dormían porque días antes se habían metido dos ladrones y les llevaron varios artículos.

Ella nos comenta en su testimonio, que, aunque ha pasado varios meses, el temor e inseguridad después del ataque policial, no se supera, casi no duerme, su hijo quedó lastimado por los múltiples golpes en su cabeza, y su esposo está postrado en una cama, porque le dañaron varias costillas y el cuello después de dispararle, y lo anduvieron en la parte trasera de una patrulla por varias horas, en lugar de llevarlo al hospital.

Recuerda que era como las nueve y media de la noche, cuando junto a su esposo e hijo, estaban llegando al negocio que tenían, iban a estacionar el automóvil y ella se disponía a abrir el local, ya que hacía un mes se quedaban por la noche, ante el temor de un nuevo asalto.

En ese momento pasó una motorizada sin luces ni sirena, a bordo dos personas que no identifiqué. A los cinco minutos volvieron, un elemento de la policía preventiva con un fusil en la mano, preguntó ¿qué estábamos haciendo ahí? Le respondí  que ese era nuestro negocio y que ahí dormiríamos.

Mi hijo aun en el vehículo, identificó a un policía de apellido “Izaguirre”, y éste reaccionó con mucha molestia, lo insultó y acusó de estar ebrio. Le dije que aplicara a la prueba de alcoholemia, y le mostré que teníamos las llaves, que no estábamos forzando los candados. Aparentemente todo estaba aclarado y se fueron del negocio, les di las gracias por el patrullaje y por estar pendientes.

Entré al negocio, pasados unos minutos escuché una discusión, identifiqué la voz de mi esposo que me pedía que le abriera la puerta, y me llené de sorpresa y terror al ver la gran cantidad de policías atacándolo junto a mi hijo.

Había unos cuatro carros patrullas, cinco motorizadas, y unos 12 elementos atacándolos, sin oportunidad de defenderse, yo les decía que los dejarán de golpear, porque no somos delincuentes, pero a mí también me agredían verbalmente, relató la señora.

Quiero manifestar que en ningún momento la policía asignada a la posta de la cuarta estación del barrio  Belén, nos dijo porque nos atacaban, tampoco nos mostraron una orden de cateo, aun así les dejamos que revisaran el carro, donde mi hijo permanecía golpeado y no salía por temor.

Fui a buscar un teléfono para que mi esposo pidiera auxilio a alguien, pero la situación ya lo tenía perturbado, el quedó dentro del negocio, y yo entré al auto quería proteger a mi hijo, para que ya no golpearan, pero mis súplicas no fueron  oídas.

El enfrentamiento desigual continuó, a punto que los policías hicieron disparos, uno me rozó el pie izquierdo, y lanzaban bombas lacrimógenas que afectaron a mi esposo que padece de asma y estaba encerrado en el local.

Mi esposo en su desesperación, hizo un disparo con el arma que tenemos debidamente registrada, pero la respuesta fue intensificar el ataque de los uniformados, quienes pidieron refuerzos y ya había unas 15 patrullas y 15 motorizadas y más de 30 elementos, frente y dentro del negocio, disparándonos.

Mi hijo que andaba un arma y el permiso de portación, le fue arrebatado por un policía, quien se la sacó de la cintura, pese a que en ningún momento intentó utilizarla, ellos comenzaron a disparar directamente al portón del negocio, con ideas de matarnos.

En este momento me sentí lastimada, mientras mi esposo estaba dentro del negocio, también herido en el cuello, y mi hijo muy golpeado y esposado como delincuente, lo tiraron a la parte trasera de patrulla y lo agredían con las armas. Me subí a la patrulla a auxiliarlo, y los policías me decían que a mí también me iban a hacer daño. Le dije a la única mujer policía que ya pararan todo eso, y me contestó que me hiciera  aun lado que pronto llamarían a una ambulancia para que me atendiera.

“Llegó un oficial de apellido  Galo, era el jefe de todos ellos y me decía -usted señora vaya dígale a ese ´viejo tal por cual´ que se entregue porque si no sólo muerto lo vamos a sacar de ahí, aliste el cajón mejor”.

Mi esposo estaba herido, mi hijo muy golpeado, a mi enviaron en una ambulancia al hospital, ya era como las 11 de noche, logré avisarle a una hija, porque nadie sabía lo que sucedía.

Hasta cuatro horas después, supe que llegó mi esposo a la sala de emergencia del Hospital Escuela, en Tegucigalpa, mientras tanto los policías lo anduvieron en una patrulla por diferentes partes, y decían que dejara que se desangrara, y a mi hijo lo torturaban sicológicamente en la Cuarta estación de Policía, de Belén, Comayagüela, donde estaba a cargo del turno un oficial de apellido Castillo, y lo obligaron, con un arma en la cabeza, a que firmara varios papeles, entre ellos una orden de cateo, que jamás presentaron.

A mi esposo decidieron llevarlo al hospital, porque mi hija se fue para el negocio, y como a las tres de la mañana, la patrulla pasó por ahí, él les gritó, y con mi yerno siguieron a los policías.  Pese a que él les suplicara que lo llevaran al médico, pero más lo golpeaban y amenazaban a muerte.

Yo estaba angustiada en el hospital, pensé que ya lo habían matado por qué no llegaba a emergencia ni a la morgue, cuando lo vi me alegre. Y los policías ordenaron a los guardias de seguridad del hospital, que no dejaran entrar a mi hija, pero ella se metió.

Desde ese momento, mi esposo quedó custodiado por dos policías, y mi hijo seguía siendo torturado en la posta, el pidió un abogado o una llamada, cuando lo obligaban a firmar unos papeles,  pero le decían “aquí no tenés derecho a nada, firmá y punto,  si no aquí te reventamos (matamos).

La denuncia sobre estos hechos, fueron interpuestos en la Fiscalía de Delitos Contra La Vida, del Ministerio Público. Mi esposo está acusado de tentativa de homicidio, actualmente está con arresto domiciliario, estamos demostrando que los cargos presentados contra nosotros se están desvirtuando nos entregaron las armas y el vehículo que se lo habían llevado.

Mi esposo a raíz de la golpiza está muy adolorido no puede asistir al médico tiene lesionado las costillas y el cuello por la parte de atrás.

En la actualidad tenemos el negocio cerrado por temor a represalías, ya que hay una posta policial a pocos metros.

Y hemos decidido hacer esta denuncia pública porque las autoridades que deben darnos seguridad más bien nos atacan. No queremos que otras personas honradas y trabajadoras pasen por lo mismo, pues es un sufrimiento que sigue afectando nuestra vida.

Los policías nos atacan con los mismos fondos y armas que compran de la cuota de la tasa de seguridad que nosotros damos, y no es posible que ni podamos interponer una denuncia en una posta policial, porque de allí mismo son ellos, y debemos acudir a otras instancias para que nos den acompañamiento, declaró la señora.

Según un reciente informe sobre situación de defensores de derechos humanos en Honduras, la Policía  Nacional, Fuerzas  Armadas  y   Poder  Judicial  carecen de  legitimidad  frente a la ciudadanía, generando anomía en la sociedad al no aplicar la Ley por igual, no combatir  la  inseguridad  y  tolerar  un  nivel  elevado  de  impunidad.

Asimismo que hay un gasto inoficioso en cuanto a la relación de Costo Resultado, de acuerdo  a  los  presupuestos aprobados  por  el  Congreso Nacional para  el  año  2013,  para  las  tres instituciones estatales que hacen la labor de operadores de justicia.

Éstas recibieron un total de 7, 786.8  millones  de  lempiras,  el Poder  Judicial, el  Ministerio Público y la Secretaría  de  Seguridad, a esta se le asignó 4,370  millones  de  lempiras  del  Presupuesto  General,  más  523.8 millones  de  la  Tasa  de  Seguridad, lo que se convierte en un gasto inoficioso, según el informe “Impunidad e indefensión, un vistazo a la realidad de las y los defensores en Honduras”.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3192:relato-de-un-ataque-policial-contra-una-familia-trabajadora&catid=54:den&Itemid=171

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There Has Never Been a Better Time to be Forced into Exile for Being Gay in Honduras

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Written by Eileen O’Grady and Stephan Lefebvre
Friday, 20 June 2014 15:25

That seems to be the take-away in the Wall Street Journal’s (WSJ) front-page story on asylum claims from Honduras, which alternatively ran with the headlines “If You’re Seeking Asylum, It Helps to be Gay” and “The Battle for Gay Asylum: Why Sexual Minorities Have an Inside Track to a U.S. Green Card.” In his news story for WSJ on Honduras, Joel Millman tells a familiar story in which some members of a persecuted minority, namely LGBT Hondurans, can find some relief from their situation thanks to the U.S.’s liberal values and “a growing willingness by Americans to embrace alternative lifestyles,” though they must leave their countries of origin in order to benefit from enlightened asylum laws.

While much of the piece is offensive and inaccurate (Nathaniel Frank has great take-down in Slate that is worth reading), the main problem is that it ignores the most significant event in recent Honduran history: a successful military coup in 2009 that ousted President Manuel Zelaya and triggered a wave of human rights violations and widespread political repression. Attacks on LGBT Honduras increased greatly after the U.S.-supported coup – organizations in Honduras count at least 25 murders of LGBT individuals between 1990 and 2005, but more than 116 murders since 2008 – and so while it might be true that many Hondurans have benefited from successful asylum applications and are now living in the United States, this is clearly not the full story.

The U.S.-backed coup in 2009 sparked a wave of violence against activists, the political opposition, and members of the LGBT community, with as many as 5,000 reports of human rights violations last year in the northern region alone. LGBT activists point out connections between violence perpetrated against them for their identity and for their involvement in resistance to the dictatorship and its successor regime. Indeed, while targeted hate crimes are often not overtly related to targets’ political involvement, LGBT activists note that it’s important to recognize the embedded nature of coup-opposition activism in many LGBT advocates’ work. Members of the LGBT community, including activists, are obvious targets for right-wing violence.

At the same time, human rights organizations have repeatedly pointed out the connections between such violence and state security forces, which receive diplomatic and financial support from the U.S. government. Members of the U.S. Congress have called for accountability on several occasions; just last month, 108 U.S. Congress members signed a letter to Secretary of State John Kerry denouncing the “egregious violations of human rights,” stating that “there are indications that members of the Honduran security forces may have been involved in some of these attacks against journalists and activists.”

So, what Millman fails to address is that at the same time that the U.S. may provide an “inside track” for LGBT immigrants to gain asylum status, the State Department backs the very government under which such crimes take place with impunity. Millman’s selective account provides yet another example of pinkwashing U.S. foreign policy – a strategy of “highlighting support for gay rights while ignoring or downplaying other relevant human rights issues.” And this is an extreme example, where the U.S. helped create and legitimize the repressive government, and continues to support its military, police and repressive apparatus. In this case, the article focuses on the ostensibly lenient policies surrounding LGBT asylum cases and downplays or ignores the origins of the violence in Honduras, the U.S. government’s role in fueling the crisis, and the insecurity that many LGBT immigrants face, especially trans women, once they are in the United States.

Of course the whole premise of the piece is questionable – even if one group of victims of violence were, for whatever reason, getting political asylum more than other groups – why should anyone be upset about that? The real problem is that the other groups – including victims of political violence that the U.S. government may be less sympathetic to because it helped install the regime that is attacking them – are being denied their basic human rights, including the right to asylum.

It is also worth noting that Millman’s case is undermined by his own numbers. First, he doesn’t have any evidence showing that LGBT victims of human rights abuses are a growing proportion of people granted asylum, since they are included in a category called “members of a particular social group.” So there is no data to back up the thesis of the article. Second, the graph accompanying the article shows that even for this category, which included LGBT victims, the percentage of people granted asylum was noticeably bigger in the late 1990s than during the Obama years. It plummeted during the Bush years, and so the trend he is describing is only a partial catch-up to levels of the late-90s.

As the Obama administration honors the struggle for LGBT rights during the newly-declared Pride Month, it is worth remembering that foreign policy is an LGBT issue, as are economic and immigration policies. The State Department should review its support for parts of the Honduran government and military forces implicated in violating human rights, and encourage the investigation and prosecution of those responsible for crimes.

Fuente: http://www.cepr.net/index.php/blogs/the-americas-blog/there-has-never-been-a-better-time-to-be-forced-into-exile-for-being-gay-in-honduras

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Se fuga asesino de periodista condenado a 24 años de prisión

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Se fuga asesino de periodista condenado a 24 años de prisión
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El día miércoles 18 de junio, el asesino del periodista sampedrano Jorge Alberto «Georgino» Orellana, burló la seguridad de la Penitenciaría Nacional (PN), ubicada en la comunidad de Támara, en el Distrito Central.
 Jonathan Joseph Cookborn Delgado de 42 años de edad y originario del municipio de Puerto Cortés, purgaba una condena de 24 años y ocho meses de prisión por el asesinato en abril del 2010 del periodista Orellana.
Según la versión del inspector del Instituto Nacional Penitenciario, el teniente Ramón Nolberto García, el asesino del periodista Orellana y cuatro reclusos más se escaparon alrededor de las 12:30 del mediodía al lograr saltar los muros de la Penitenciaría y burlar los anillos de seguridad de la prisión a cargo de elementos de las Fuerzas Armadas.
El privado de libertad Cookborn Delgado, ingresó a la PN el 13 de febrero de 2013 por orden de un juzgado de Puerto Cortés./Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre). 

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/se-fuga-asesino-de-periodista-condenado-24-a%C3%B1os-de-prisi%C3%B3n

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Gobierno y oposición abusan de Kubiske en Honduras

Redacción / EL LIBERTADOR

Lisa Kubiske, la diligente embajadora de Estados Unidos en Honduras, en sus últimos días de permanencia en el país ha hecho a un lado el acomodo de su maleta de viaje, para entregarse, forzada por las circunstancias, a la ajetreada y doble función de atender la problemática del pueblo hondureño y los exigentes afanes del poder geopolítico que forjan sus jefes norteños.

La falta de consideración para Kubiske ha sido tan extrema que hasta la oposición política del patio le ha trasladado su puesto. Por eso con obvia burla y molestia reaccionó ayer, cuando después de clausurar la instrucción de 181 miembros de la nueva fuerza especial “Tigres”, y soportar el quemante sol, se encontró con que los presidentes del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), menos el hondureño, se reunirán este viernes en la capital chapina con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, para abordar la “crisis humanitaria” como han llamado la tragedia que sufren 34,000 niños y jóvenes de estos tres países del istmo que desde hace días se hallan como damnificados en tupidos albergues estadounidenses.

Kubiske ha tenido que multiplicarse, cuando ironiza y protesta la devaluación del lempira, la condición de más impuestos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el alto precio de los combustibles y el efecto multiplicador, sobre todo, en el costo de la canasta básica, abandona el descanso del sábado para irse de compras a la populosa Feria del Artesano y del Agricultor, en Tegucigalpa, a escuchar y verificar la economía del pueblo.

Ahí no aparece de manera visible el liderazgo de ningún partido ni en el poder ni en oposición, ni LIBRE, ni PAC, ni liberales, ni pinuistas, ni demócrata cristianos, nadie.- La representante de Washington, ha tenido hasta que meterse al terrible drama de decenas de familias que sobreviven en el inframundo del basurero municipal para ofrecerles proyectos de desarrollo.

Esto enseña que cuando una oposición no es oportunista es útil a la sociedad en todo tiempo, es el mejor termómetro del gobierno de turno, evitando atropellos sociales y convidando a su contendiente político a repensar las decisiones que dañan el bienestar humano, alteran la convivencia ciudadana en el territorio y arriesgan el ascenso de la calidad de vida en la población. Una oposición popular está determinada por el ascenso al poder, por eso, es creativa en todo tiempo y consecuente con su doctrina y filosofía humana.

La pasión por el poder y la vocación por el pueblo son acciones permanentes, se demuestra con hechos y propuestas constantes; la función política cuando es sincera no es emotividad discursiva para avivar ánimos electorales durante las campañas. No se trata de altoparlantes para generar estruendo de música vernácula y votos, es firmeza defendiendo el bien común; la política autentica confronta el desastre que mata hondureños y hondureñas inmersos en un cotidiano laberinto infernal de necesidades insatisfechas.

Por eso se alteró ayer la lugarteniente del Departamento de Estado en Tegucigalpa, porque entre tanta gestión también asume la oposición política, y al dimensionar que el presidente hondureño no iría a reunirse con Biden porque se encuentra en Brasil apoyando a la Selección Nacional, expresó que “van presidentes de la región, pero ustedes mandan un representante, pero ellos saben que ustedes tienen un partido y ustedes están mandando un alto representante que puede representar bien al gobierno… y “el partido es bastante importante”, enfatizó Kubiske, riéndose, al referirse al problema de 13 mil niños hondureños detenidos en Estados Unidos, y cuyo destino fue tratado este viernes en Guatemala por el vicepresidente de Estados y los mandatarios de Guatemala y El Salvador.

Mientras la campaña mediática asegura que los hondureños hoy nos jugamos la vida ante Ecuador, Kubiske buscando aliento para seguir atendiendo los asuntos de Estado, ha de preguntarse: ¿Dónde está la oposición que desea gobernar la nación hondureña? En esencia los países no transitan a la deriva tanto por las malas acciones de los gobiernos, sino por la inexistencia de verdadera oposición política. La indiferencia de ambos es la suma del caos que crece y pagan los pueblos, al final de cuentas, los países tienen los gobiernos que la oposición merece y desea.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/gobierno-y-oposici%C3%B3n-abusan-de-kubiske-en-honduras

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Proceso de exhumaciones en el Bajo Aguàn están siendo manipuladas por el Gobierno de Honduras, los terratenientes y el Banco Mundial.

viernes, 20 de junio de 2014

Posicionamiento Público
 
Ante un proceso ilegitimo y con falta de transparencia por parte de la unidad especial de investigación dirigida por el fiscal Javier Guzmán para realizar exhumaciones de osamentas de campesinos que han sido asesinados en el marco del conflicto agrario, La Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, el  movimiento social,  el Frente Nacional de Resistencia Popular de Colon y organizaciones de derechos humanos y  nos pronunciamos ante la comunidad nacional e internacional, medios de comunicación nacional e internacional de la manera siguiente:
1-    Que el proceso de exhumaciones de osamentas de los compañeros campesinos iniciado el pasado 16 de junio por la Unidad especial de investigación no ha sido transparente,  participativo ni consultado con los familiares de las víctimas, por lo que consideramos el proceso ilegal.

2-    Que existe desesperación por parte de Corporación Dinant en  limpiar su imagen ante el Banco Mundial y la comunidad internacional, luego de la publicación de los hallazgos del Ombudsman y Asesor en materia de Observancia (CAO por sus siglas en inglés), mecanismo independiente para proyectos respaldados por los Banco Mundial han evidenciado la participación de los guardias de seguridad de Dinant en una serie de asesinatos y violaciones a los derechos humanos de los campesinos y campesinas en el Bajo Aguàn.

Es claro que  la fiscalía del Ministerio Publico  y ahora la  Unidad Especial de Investigación recién creada y dirigida por el fiscal Javier Guzmán, para investigar supuestamente los asesinatos en el Bajo Aguàn, con el único propósito  solo pretende limpiar la imagen de la empresa de palma africana y criminalizar el sector campesino como lo han hecho por más de tres años, por lo tanto los movimientos campesinos del Aguan desconocemos y rechazamos  cualquier informe presentado por la unidad de investigación ya que conocemos su confabulación con los terratenientes.
3-    Que existen casos claros de la participación de los guardias de seguridad y declaraciones públicas  del señor Miguel Facusee gerente general de corporación Dinant, dadas a  medios de comunicación el 16 de noviembre del 2010 un día después de la masacre suscitada en el sector del Tumbador donde fueron asesinados cinco campesinos del Movimiento Campesino del Aguàn, expresando “ que porque el oso negro(Cesar Ham) había mandado a los campesinos a meterse a sus tierras si sabía que ahí tenía sus hombre armados”, casos como este gozan de total impunidad.
4-    Exigimos que no continúen  las exhumaciones de osamentas de campesinos  en la región del Bajo Aguàn, hasta tener el  consentimiento y acompañamiento de los familiares de las víctimas y la participación de médicos forenses internacionales propuestos por las organizaciones campesinas y los familiares en este proceso.
5-    Exigimos aclaraciones por parte de la cooperación que financio la Unidad Especial de  Investigacion que se instálalo en el Bajo Aguàn para investigar el  asesinato de más de 115 campesinos y campesinas en el marco del conflicto agrario, hemos escuchado que  la misma fue financiada con fondos de la USAID a través del Organismo de Estados Americanos (OEA).
6-    Denunciamos públicamente que todo este  proceso  se está desarrollando con un patrón de inteligencia militar asesorado por el Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los EEUU, pretendiendo criminalizar las organizaciones campesinas del Aguàn que luchan por el acceso a la tierra.
7-    Denunciamos que algunas de las osamentas exhumadas por la unidad especial de  investigacion  no corresponden a campesinos que han sido asesinados en el marco del conflicto agrario y que están realizando una investigacion apresurada bajo una serie de irregularidades  en el proceso.
8-    Llamamos a los organismos nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos a que se mantengan en alerta, así como también una comisión internacional acompañe todo el proceso para poder resguardar las evidencias.
Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguàn
Frente Nacional de Resistencia Popular de Colón
Movimiento Social
Dado en la ciudad de Tocoa, Colón a los 20 días del mes de junio 2014
 Movimiento Unificado Campesino del Aguán
Facebook: Movimiento unificado Aguán
Skipe: movimiento.unificado

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/06/proceso-de-exhumaciones-en-el-bajo.html

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Tocoa: Movimiento Gregorio Chávez rechaza orden de desalojo y llama al diálogo

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Tocoa, Colón (Conexihon).- El Movimiento Campesino Gregorio Chávez realizó una caminata de aproximadamente dos kilómetros por las principales calles de la ciudad de Tocoa, en rechazo por una orden de desalojo emitida por el Juzgado de Trujillo emitida el 11 de junio reciente.
Durante la jornada, realizada el 16 de junio, los campesinos insistieron en la necesidad de negociar por la compra de la finca Paso Aguán en la comunidad de Panamá, propiedad de la corporación Dinant.
El 5 de mayo del año Movimiento Campesino Gregorio Chavez tomó posesión de la finca, beneficiando a 350 familias, quienes han venido denunciando los abusos cometidos por los guardias de seguridad de corporación Dinant en contra de esta comunidad.
Los pobladores aseguran que los guardias del empresario Miguel Facussé “se comen las gallinas, cerdos y vacas de los que han encontrado las osamentas enterradas”.
De igual forma, los trabajadores del campo denunciaron que los elementos de seguridad privada raptaron y seguidamente violaron sexualmente a una joven enferma mental de la comunidad.
Cuerpos de campesinos asesinados
El 6 de abril de 2012, fue descubierto en una fosa clandestina dentro de la finca Paso Aguán, el cadáver del campesino José Antonio López Lara, quien 15 días antes había sido amenazado de muerte por los guardias de Dinant.
“Él pasaba por la finca hacia el Rio Aguán en busca de un pescado para alimentar a su familia”, comentaron.
El 2 de julio del mismo año, mientras trabajaba en su parcela que colinda con la finca Paso Aguán fue raptado y asesinado el señor Gregorio Chávez, quien se desempeñaba como delegado de la palabra de Dios en la comunidad de Panamá y un hombre muy querido por su calidad humana.


Opiniones

Santos Torres:
“Nosotros siempre vamos a estar en posesión e la Finca, porque nosotros allí vivimos para donde nos van a mandar no tenemos a donde ir lo que nosotros queremos es liberar la comunidad de tanto atropello abusos y asesinatos de los guardias de corporación Dinant. Hoy estamos aquí diciéndoles al gobierno y a Miguel Facussé que no vamos a desalojar la finca. La comunidad decidió no permitir la presencia de guardias de Dinant en la finca por todos los abusos, atropellos y asesinatos que ellos han cometido, responsabilizamos al gobierno de la republica de cualquier cosa que pueda suceder en la finca Paso Aguan ya que la comunidad no permitirá ser desalojada en ningún momento por la policía y el ejército”.
Sergio Calix:
“Le pedimos al gobierno que haga algo por la comunidad de Panamá, queremos liberar a la comunidad de tanto abuso y asesinatos, nosotros lo que queremos es comprarle la finca a Corporación Dinant, en una negociación justa en base a los precios del mercado”.

“Creo que a todos nos conviene un acuerdo de compra venta, si hoy nos sacan de la finca estamos dispuestos a tomarnos otras fincas, si es necesario, para presionar al gobierno para que nos escuche”. “Responsabilizamos al gobierno de cualquier cosa que pase en la finca Paso Aguán ya que por la falta de voluntad tanto de Dinant como del Gobierno es que no hemos logrado un acuerdo para resolver la problemática”.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/conflicto-agrario-y-minero/tocoa-movimiento-gregorio-ch%C3%A1vez-rechaza-orden

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Honduras: Con complacencia militar se escaparon cinco reclusos de Támara, acusa director de centros penales

viernes, 20 de junio de 2014

Autor del articulo: Proceso Digital / Viernes 19 de Junio 2014 – 16:06

Tegucigalpa – Luego de que se hiciera pública la fuga de cinco reos de la Penitenciaría Marco Aurelio Soto, el director de los centros penitenciarios de Honduras, comisionado Santos Simeón Flores, responsabilizó de lo ocurrido a efectivos militares que se encuentran encargados de la seguridad externa del perímetro carcelario.

– Dos militares habrían permitido que reos saltaran muro perimetral, según Flores.
Manifestó que la seguridad en el sistema penitenciario es desarrollada por dos entidades: el Sistema Penitenciario y las fuerzas militares, quienes hacen la defensa externa.
En ese sentido, dijo que “da la impresión de dos funcionarios militares permitieron el salto del muro y por consiguiente hicieron un disparo como medida preventiva, pero ya se habían ido (los privados reos)”.
Calificó la acción de fuga de los reos como “programada y muy bien ejecutada”.

Al mismo tiempo, reiteró que la denuncia por responsabilidad de la fuga de los reos sería “para los probables funcionarios militares que permitieron la fuga y no dieron la alerta en el momento necesario que tenía que darse”.
Subrayó que “las fuerzas militares tienen un jefe y deben de tomar las medidas necesarias porque estamos cumpliendo una orden del Estado”.
Asimismo, dijo que la responsabilidad de seguridad en el centro penal es “compartida, pero cada quien en su nivel”.
Según Flores, ya entregaron un informe de lo ocurrido a las autoridades superiores, la Secretaría de Derechos Humanos, así como el jefe del Estado Mayor Conjunto, Fredy Santiago Díaz, para que tomen las medidas correspondientes.
Mientras tanto, fuentes policiales informaron que un grupo de efectivos Cobras junto a otras unidades policiales ejecutan acciones de persecución y búsqueda de los reos que se encuentran prófugos de la justicia.
Los fugados la noche del miércoles son: Jonathan Joseph Delgado (42), Ariel Humberto Guillén Moreno (21), Sergio Adán Rivera Rivera (36), José Román Hernández Amador (27) y Elvin Geovany Elías Flores (30).

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/06/honduras-con-complacencia-militar-se.html

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Según datos de Casa Alianza 20 mil niños están en las calles y albergues de EE.UU.

El titular de Casa Alianza, manifestó que es un tema exclusivo de Honduras “no podemos pedirles a otro gobierno que nos resuelvan los problemas, es urgentemente que el presidente esté en el país”. Expresó.

La delincuencia, falta de oportunidades y la reunificación familiar son los factores que conllevan a los niños a emigrar del país, declaró este viernes José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza.

Según Ruelas, más de 20 mil niños se han ido del territorio nacional y se encuentran en las calles y albergues de Estados Unidos, “son niños que han tenido que migrar a causa de la violencia y del fracaso de las políticas de seguridad del gobierno “indicó.

Con respecto a la reunificación de los menores con sus padres, el titular de Casa Alianza, manifestó que es un tema exclusivo de Honduras “no podemos pedirles a otro gobierno que nos resuelvan los problemas, es urgentemente que el presidente esté en el país”. Expresó.

Asimismo reveló que en lo que va del año, en la frontera de Corinto se recibe semanalmente 350 niños, por lo que la cifra se disparó en los últimos seis meses.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/seg%C3%BAn-datos-de-casa-alianza-20-mil-ni%C3%B1os-est%C3%A1n-en-las-calles-y-albergues-de-eeuu

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Gobierno de Honduras promete hacer frente a situación de niños migrantes

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Se estima que un porcentaje de las y los niños migrantes van en busca de sus padres.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-  Como Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, estamos preocupados por la gran cantidad de niños que están migrando de manera ilegal hacia Norteamérica y por eso hemos sido instruidos por el Presidente de la República Juan Orlando Hernández para que enfrentemos la situación de estas 14 mil personas que han migrado buscando mejores condiciones de vida y a sus padres”, manifestó su titular Rigoberto Chang Castillo.   
En tal sentido, dijo que se ha nombrado una Comisión Interinstitucional integrada por representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, por ser el ente encargado de regular las normas relacionadas con la Política de Estado relacionada con los derechos humanos, Relaciones Exteriores que serán los encargados de establecer las comunicaciones oficiales con el Gobierno de Estados Unidos.
También integran la Comisión Interinstitucional representantes de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, el CONADEH  y las organizaciones de la sociedad civil quienes proporcionarán elementos que permitirán fortalecer la información necesaria para subsanar el problema de la migración de niños y jóvenes hacia los Estados Unidos.
Chang Castillo refirió que de manera directa la Comisión deberá hacer trabajos para que el gobierno de Estados Unidos  le dé un tratamiento distinto a los migrantes menores de edad, “estamos viendo la posibilidad que se queden con sus padres pero cada caso deberá ser analizado individualmente”.
En el caso de los menores de edad que retornen al país expresó “el gobierno de Estados Unidos siempre ha prestado colaboración hay vuelos directos hacia San Pedro Sula y desde México son trasladados vía terrestre, sin embargo las conversiones van en el sentido que brinden apoyo para trasladarlos y quienes apliquen podrían quedarse para reencontrarse con sus padres”. Concluyó Chang Castillo “Esta migración masiva es preocupante y el reto que tiene el gobierno es resolver este problema”. 
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Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/ni%C3%B1ez-y-juventud/gobierno-de-honduras-promete-hacer-frente-situaci%C3%B3n-de

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C-Libre realiza taller sobre acceso a la información pública en Santa Bárbara

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C-Libre realiza taller sobre acceso a la información pública en Santa Bárbara
Santa Bárbara, Honduras (Conexihon).- El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) realizó un taller el día 14 de junio, en la ciudad de Santa Bárbara denominado “Formación en mecanismos ciudadanos de transparencia y acceso a la información pública”.
En el taller participaron 26 comunicadores sociales de los diferentes medios de comunicación de la ciudad de Santa Bárbara, quienes realizaron libertad de expresión y acceso a la información pública, a la vez los participantes aprendieron como solicitar información a los entes obligados.
Durante la jornada se destacó la reconciliación entre comunicadores sociales, agredidos por sus mismos compañeros. En declaraciones a Conexihon los comunicadores reiteraron su agradecimiento por la capacitación y la facilitación del proceso de unidad entre colegas.
Así también C-Libre juramentó la Junta Directiva de la Red de Alertas y Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales Santa Bárbara (RAPCOS-Santa Bárbara) que había sido electa en el reciente mes de febrero.
La actividad concluyó con la elaboración de actividades por parte de los participantes que tendrá la RAPCOS de ese municipio en el resto del año y con la entrega de un diploma como reconocimiento en la participación del taller.


OPINIONES 

Jorge Quintanilla,
Canal 17
“El taller ha sido muy bueno habían cosas que han impartido que no las sabía, algunas cosas las ignoraba y veo que si era necesario este taller, ojala que C-Libre continúe porque si es importante para nosotros que estamos en pañales aquí en Santa Bárbara es necesario que la organización siga haciendo este tipo de talleres”.
“Aquí en Santa Bárbara estaba polarizado el ejercicio del periodismo, hoy con el taller hubo un cambio. La gente ya está entendiendo que este trabajo que nosotros hacemos debemos ser unidos para salir adelante”.
Sofía Benítez,
Venus TV
“Interesante el taller que han impartido el día de ahora me siento muy contenta por ello, esto viene a tener más acercamiento entre compañeros y para adquirir más conocimiento”.
“Había una división entre compañeros pero con esta reunión fue bonita porque hay más acercamiento ya que hubo reconciliación entre ellos”.
José Wilfredo Fernández, 
Canal 26
“Creo que era urgente tener esta clase de capacitaciones para los comunicadores sociales de nuestro departamento, vamos satisfechos y aprovechar lo que aprendimos”.
“Lo más interesante de esta capacitación es que se solucionaron aquellos impases que habían entre nosotros los comunicadores sociales, participamos democráticamente sin entrar en controversia con nadie”.

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En riesgo seguridad alimentaria de Honduras

Los agricultores de los Departamentos de la zona sur expresaron su preocupación ya que son los lugares más afectados por la sequia, tomando en cuenta que se acerca la temporada de canícula.

La seguridad alimentaria del país se pone en riesgo debido a las pocas lluvias que caen en el territorio nacional.

Según los expertos son 137 municipios correspondientes a 12 departamentos los que ostentan mayor pérdida de los cultivos, así como también los escases de agua por lo que consideran que las cosechas disminuirán este año.

De igual modo, los agricultores de los Departamentos de la zona sur expresaron su preocupación ya que son los lugares más afectados por la sequia, tomando en cuenta que se acerca la temporada de canícula.

Mientras tanto, diputados del Congreso Nacional presentaron tres propuestas de ley sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición Infantil la que comenzaron a socializar con otros sectores a nivel nacional, donde se llevarán las proposiciones para sacar un producto unificado.

En el proceso participaron representantes de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN) y de los programas Escuelas Saludables y Merienda Escolar.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/en-riesgo-seguridad-alimentaria-de-honduras-0

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Estudiantes de la Universidad de San Pedro Sula participan en taller impartido por C-Libre

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Estudiantes de la Universidad de San Pedro Sula participan en taller impartido por C-Libre
San Pedro Sula, Honduras (Conexihon).- El Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre), impartió el pasado 12 de junio una charla a alumnos de la Universidad de San Pedro Sula (USAP) ubicada en la ciudad con el mismo nombre en el norte de Honduras.
A la charla participaron aproximadamente 40 alumnos de las carreras de Ciencias de las  Comunicación, Publicidad e ingeniería, también estuvieron presentes varios catedráticos del centro educativo.
El director ejecutivo de C-Libre, Héctor Becerra, expuso sobre los temas Libertad de Expresión y Acceso a la información Pública y a la vez se presentó el informe “Despacho Urgente: ¡Hagan Justicia!, Ni perseguidos, Ni vigilados” que refleja las agresiones en general cometidas contra los periodistas y defensores de derechos humanos durante el 2013.
Al finalizar la charla, los participantes formularon varias interrogantes en relación a los temas expuestos  y se hizo entrega del informe de Libertad de expresión 2013.

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Honduras. Se fuga de la Penitenciaría Nacional (PN) asesino del periodista “Georgino” Orellana

viernes, 20 de junio de 2014

Jonathan Joseph Cookborn Delgado (42).

Tiempo.hn  /  Jueves, 19 Junio 2014 – 23:39 Tegucigalpa, Honduras

El recluso Jonathan Joseph Cookborn Delgado, (42), asesino del periodista sampedrano Jorge Alberto “Georgino” Orellana, se fugó el miércoles pasado de la Penitenciaría Nacional (PN), de Támara, Distrito Central, junto a otros cuatro internos.
Cookborn Delgado purgaba una pena de 24 años de prisión en la PN por la muerte del reconocido comunicador, hecho ocurrido el martes 20 de abril de 2010 en San Pedro Sula, Cortés.
Cookborn Delgado, originario de Puerto Cortés, se escapó del reclusorio junto a José Ramón Hernández Amador (27), oriundo de Juticalpa, Olancho; Eldin Geovanny Elías Flores (30), procedente de Yoro; Sergio Adamín Rivera Rivera (34), de Santa Bárbara y Ariel Humberto Guillén Moreno (21), quienes estaban internos en los módulos uno y dos del recinto.

Los cinco reclusos saltaron los muros y burlaron los anillos de seguridad de la prisión a cargo de elementos de las Fuerzas Armadas,   según la Policía.
Los fugitivos están acusados de robo; homicidio; portación ilegal de armas y asociación Ilícita, entre otros delitos, con condenas que van de 11 hasta 27 años de prisión.

                                            


DESCUIDO DE FFAA
Los prófugos para escapar saltaron los muros de la Penitenciaría por un descuido en el anillo de seguridad a cargo de las Fuerzas Armadas, afirmó el inspector del Instituto Nacional Penitenciario, teniente Ramón Nolberto García.
García indicó que los reclusos se fugaron a eso de las 12:30 del mediodía del miércoles pasado,  aparentemente por el área deportiva de la PN.
Cookborn Delgado, sentenciado por la muerte del periodista Orellana, también enfrenta cargos por robo agravado y uso público de nombre. Fue condenado a 24 años y ocho meses de cárcel, e ingresó a la PN el 13 de febrero de 2013 por orden de un juzgado de Puerto Cortés, recordó García.
Hernández Amador está sentenciado a 11 años de prisión por los delitos de robo; tentativa de homicidio; asociación ilícita y portación ilegal de armas, por juzgados de la capital e ingresó al reclusorio el 26 de julio de 2010.
El prófugo Elías Flores fue sentenciado a 27 años de reclusión por el delito de homicidio en su grado de ejecución e ingresó a la PN el 25 de octubre de 2012 por orden de un juzgado de Yoro.
Rivera Rivera  –preso por asesinato y portación ilegal de armas– está sentenciado a 11 años de prisión e ingresó a la cárcel el 28 de septiembre de 2011 remitido por un juzgado de Comayagua.
Guillén Moreno está acusado por asesinato y portación ilegal de armas y  fue enviado a la PN  el 9 de julio de 2012, procesado por los juzgados de Penal de la capital.
Hasta anoche ninguno de los cinco fugitivos había sido recapturado, confirmó la Policía.FUGITIVOS:
Jonathan Joseph Cookborn Delgado (42).
José Ramón Hernández Amador (27).
Eldin Geovanny Elías Flores (30).
Sergio Adamín Rivera Rivera (34).
Ariel Humberto Guillén Moreno (21).

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/06/honduras-se-fuga-de-la-penitenciaria.html

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IFC: Learning lessons or institutional amnesia?

20 June 2014

The International Finance Corporation (IFC, the World Bank’s private sector arm) published an early April briefing for the Bank’s executive board on “IFC’s environmental and social lessons learned”. The briefing was developed in response to the controversy over the IFC’s investment in Dinant, a palm oil company alleged to have links to murders and other human rights abuses in Honduras (see Bulletin May 2014, Observer Winter 2014). It is the most comprehensive admission of fault by the IFC ever made public. The briefing follows numerous IFC failures and bad publicity over damages to communities and the environment (see Observer Spring 2014, Update 86), as well as criticisms of its lack of poverty focus (see Update 84).

The briefing, in the form of a PowerPoint presentation rather than a document, argued that, despite the eight year old IFC performance standards, “clients and IFC are still learning, [the] implementation record [is] mixed”, and that “we are learning from tough cases, including Dinant, and mainstreaming lessons to improve process”. It claims that there is a “concerted effort to improve procedures, guidance for staff, clients and training”.

The document focusses on how the IFC is learning from the Compliance Advisor Ombudsman (CAO), the IFC’s independent accountability mechanism. It presented six categories where lessons were said to have been learned and IFC responses implemented: understanding the broader context, stakeholder engagement, land and water issues, supply chains, labour and financial intermediaries.

In conclusion, it highlighted many implementation challenges, focussing on external obstacles rather than the IFC’s own systems, including “weak client capacity combined with weak regulatory implementation”, “varying client commitment” and the “resource implications” of increased oversight. It states that “challenges will remain and results will not be perfect” but that the IFC “will report to the board (via CODE) more regularly regarding emerging problem projects”.

A separate early April presentation, from the Bank’s spring meetings, more clearly identified the projects that have resulted in these lessons. Aside from the Dinant case in Honduras, the civil society presentation includes references to investments in Wilmar, Agrokasa, Tata Mundra, Maple Energy, Nicaragua Sugar, Yanacocha, Oyu Tolgoi, Bujagali, Tata Tea, Avianca, Cambodia Airports and Standard Profil. The Chad-Cameroon pipeline is specifically mentioned in the briefing to the board. However, neither briefing contained any formal targets, benchmarks, or follow-up procedures for how the IFC will improve its performance.

NGOs criticise “serious omissions”

Civil society organisations were on balance unimpressed with the IFC’s efforts. A June letter to the IFC and the Bank’s board, signed by 29 groups including Indonesian NGO Solidaritas Perempuan and Oxfam International, welcomed positive elements in the briefing, but argued “this exercise will not produce the changes needed to avoid future harm to communities and the environment from IFC investments. This concern arises from two specific issues: a number of serious omissions in the content of the lessons learned document; and a lack of clarity about the future process of how these lessons will be followed through, to implementation, as well as monitoring and evaluation.”

The letter argued that the lessons learned document fails to address institutional culture and incentives, the mis-categorisation of risk and the need to prioritise human rights, among other issues. The signatories found “a degree of institutional amnesia each time things go wrong”, and called for “a public commitment to a time bound plan for the lessons learned exercise”, which should include benchmarks to assess progress, consultation with communities and civil society organisations, proposals for sanctions and other means to hold staff accountable and a risk re-assessment of the current portfolio. Finally, the letter demanded proposals “to ensure that IFC only invests in projects and sub-projects with a genuine poverty reduction rationale based on local and national sustainable development priorities.”

In January, more than 70 international organisations called for the IFC to commission “an independent investigation of the underlying systemic reasons identified by the CAO for the repeated and serious failures to adhere to standards by IFC staff.” This April IFC briefing falls far short of that demand. An audit report into an IFC financial intermediary investment linked to the Dinant case is expected this summer. Recent reports have criticised the IFC’s investments in financial intermediaries for lacking evidence of a tangible pro-poor development impact.

Fuente: http://www.brettonwoodsproject.org/2014/06/ifc-learning-lessons-institutional-amnesia/

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Ministerio Público presenta 25 requerimientos fiscales por hurto de energía eléctrica

Jun 19, 2014

Un total de 25 personas serán citadas ante los Juzgados de lo Penal de Tegucigalpa, para declarar ante las acusaciones por el delito de hurto de energía eléctrica; los requerimientos fueron  presentados por la Fiscalía Contra de Delitos Comunes del Ministerio Público.

Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público que el Departamento legal de la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE) formalizó la denuncia. Todos los casos son en Tegucigalpa y tienen un monto de 100 mil hasta un millón de lempiras y de encontrarse culpables podrían ser condenas de cuatro a siete años de cárcel.

“Estas penas pueden ser o no conmutable, cada expediente tendrá su propias funciones, el código Procesal penal también establece salidas alternas al proceso penal, de ahí los abogados defensores podrán orientar a sus clientes”, expresó Cálix.

De acuerdo a los registro a la Estatal Eléctrica se le adeudan más de 4 mil millones de lempiras, mientras que las pérdidas no técnicas ascienden a un 21%.

Durante el 2013 se reportó que la Empresa de Energía Eléctrica, perdía 8 millones de lempiras diarios por hurto de energía.

Funente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1097-ministerio-p%C3%BAblico-presenta-25-requerimientos-fiscales-por-hurto-de-energ%C3%ADa-el%C3%A9ctrica

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Gobierno debe implementar políticas públicas para evitar que los niños emigren, según analista

Jun 19, 2014

Actualmente la cifra de niños y niñas hondureñas y de varios países centroamericanos  que tratan de ingresar a los Estados Unidos sin compañía adulta está aumentando drásticamente.

Para Wilmer Vásquez, coordinador de Instituciones Privadas pro Niñez, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN) explica que  ante esta crisis que pone en peligro a la niñez hondureña, el gobierno debe actuar inmediatamente atacando las raíces que causan la migración, fortaleciendo el sistema de protección infantil.

“Estamos preocupados por la falta de un verdadero sistema de protección social en Honduras y de una verdadera respuesta de parte de las instituciones del Estado que tienen la competencia directa en esta temática” expresó el abogado.

Vásquez también considera que otras de las causas que motiva a los niños de Honduras a salir del país son la pobreza extrema, la desigualdad y la impunidad en nuestro país, porque claramente ellos buscan mejores condiciones, entre ellas; salud integral, educación de calidad, trabajo digno y emprendedurismo juvenil.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1096-gobierno-debe-implementar-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-para-evitar-que-los-ni%C3%B1os-emigren-seg%C3%BAn-analista

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Exhuman cinco cadáveres en el Bajo Aguán

Jun 19, 2014

La Unidad Especial de Investigación de Muertes Violentas en el Bajo Aguán, exhumó esta semana los restos de cinco personas en el departamento de Colón, donde se ha generado el mayor conflicto por la tenencia de la tierra  entre familias campesinas y terratenientes.

Los cuerpos se exhumaron en una zona  próxima a la ciudad de Tocoa y al puerto de Trujillo, y las autoridades han dicho que continuarán en busca de otros 15 cuerpos.

“Desde los movimientos campesinos nos preocupa que las mismas exhumaciones se estén haciendo a espaldas de los movimientos campesinos, hay sorpresa en cómo se están haciendo estas exhumaciones, quienes las están haciendo, cual es el método de acercamiento a los familiares”, expresó Hermes Reyes, de la Plataforma Agraria en el Bajo Aguán.

Este conflicto agrario ha dejado como saldo  a más de  127  personas asesinadas desde el año 2008, según las  estadísticas que maneja el Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Bajo Aguán.

El pasado 27 de febrero el fiscal general, Óscar Chinchilla, y el jefe de la policía, Ramón Sabillón, anunciaron la integración de la unidad para investigar al menos 147 asesinatos, aún impunes, ocurridos en el Valle del Aguán por disputas de tierras entre campesinos y guardias contratados por terratenientes.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1099-exhuman-cinco-cad%C3%A1veres-en-el-bajo-agu%C3%A1n

 

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Interponen nueva demanda millonaria contra municipalidad de San Pedro Sula

Jun 19, 2014

La municipalidad de San Pedro Sula fue demandada por la constructora García Pérez y Asociados que es la empresa encargada de reparar los peajes, por una deuda de 5 millones de lempiras.

El alcalde Armando Calidonio recordó que en la construcción de las casetas de peaje en 2006, quedó un pago pendiente de más de cinco millones de lempiras por parte de la alcaldía, el cual no se entregó porque GAP y Asociados no presentó los documentos respectivos.

“Nosotros hemos puestos recursos de amparo; el primero lo ganamos, el segundo lo perdimos y por eso lo estamos llevando a la Corte Suprema porque tenemos toda la confianza en la Justicia de nuestro país”, añadió Calidonio.

Según el Alcalde de esta ciudad, a la constructora se le debían 5 millones de lempiras y ahora demandan porque quieren que la alcaldía les pague 140 millones de lempiras por incumplimiento, intereses y multas.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1098-interponen-nueva-demanda-millonaria-contra-municipalidad-de-san-pedro-sula

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Honduras: La guerra contra los menores de edad y su éxodo masivo hacia la pesadilla americana

Según un informe de Casa Alianza, en el mes de mayo del presente año, fueron asesinados 287 personas, de las cuales 104 eran menores de 23 años. Informaciones vertidas por organismos de derechos humanos indican que entre el 2010 al 2013, de las 27.272 personas asesinadas, 458 eran menores de 14 años .

La espiral de violencia en la cual se encuentra sumida Honduras, se ha convertido en la excusa primordial para justificar desde el colapso institucional hasta el aberrante promedio de asesinatos imperante en Honduras, cifra que supera diez veces el promedio mundial. Por supuesto el Estado señala al narcotráfico como el culpable de la hecatombe, olvidando el contubernio existente entre políticos, empresarios, fuerzas de seguridad y criminales asociados en el trasiego de estupefacientes.

El evidente ambiente de terror existente en Honduras, forma parte de una guerra no declarada, maquillada por los medios de comunicación sujetos a los caprichos de una de las élites de poder más violentas del planeta.

El malestar expresado por la Casa Presidencial de Honduras en relación a las publicaciones referentes a los imparables asesinatos de menores de edad en los últimos años, sirvió para acrecentar el repudio de buena parte de la población de un país atónito ante la desfachatez de la actual administración y la pretensión de tapar el sol con un dedo, a través de una militarización acelerada.

Los espeluznantes informes de Casa Alianza han desatado la ira de la administración gubernamental de Juan Hernández , hasta el punto que a José Guadalupe Ruelas director de esa institución, le fue propinada una golpiza a manos de elementos de la Policía Militar encargados de resguardar la Casa Presidencial. La brutal acción fue justificada por funcionarios del gobierno, como una coincidencial reacción de los militares ante un conductor ebrio al resistirse a un arresto.

El Colapso e inoperancia del sistema jurídico y de las fuerzas de Seguridad.

A partir del golpe de estado del año 2009 se intensificó el colapso del sistema jurídico en Honduras, agravándose la situación con el golpe del poder legislativo al judicial, con la defenestración de la Corte de lo Constitucional (12-12-12), finiquitando con ese hecho la independencia de poderes en Honduras. Mientras tanto la policía nacional fue intervenida ante la infiltración del crimen organizado y el robo sistemático de sus arsenales

El intento de depuración de la Policía Nacional realizado por el Abogado Gautama Fonseca en el año 2001, fue revertido por el Sr. Oscar Alvarez en el 2004, al asumir la “mano dura” como la esencia de su política para contrarrestar el fenómeno de las maras – pandillas juveniles producto de la guerra fría y las políticas neoliberales- cuyos miembros fueron encarcelados de forma masiva como parte de la aplicación de la controversial ley antimara, al mismo tiempo que dos de los más sobrepoblados presidios del país ardieron durante el período que fungió Alvarez como ministro de Seguridad.

La limpieza social dirigida especialmente en contra de los menores de edad no es algo nuevo en Honduras, sin embargo es a partir del golpe de estado del 2009 cuando prácticamente rebalsa lo imaginable, convirtiéndose en una guerra contra la juventud y niñez hondureña.

La militarización de los carteles de las drogas a partir de la aparición de los denominados ZETAS y la instalación de los carteles mexicanos en Honduras, tuvo como consecuencia cambios radicales en los modos de operación del crimen organizado, el que comenzó a reclamar y controlar territorio con el propósito de diversificar sus negocios apareciendo ligados en los últimos años a la siembra de palma y la minería ilegal.

El éxodo masivo de jóvenes y menores de edad hacia la pesadilla americana.

Las estadísticas sobre la criminalidad señalan como Honduras sobrepasa en el número de víctimas a países considerados como escenario bélicos. El jefe del Comando Sur, el general John Kelly en una conferencia de prensa indicó como Honduras “Es más peligroso quizás que Afganistán”. Por supuesto tanto los militares estadounidense como las autoridades hondureñas culpan al narcotráfico de ser la raíz de la problemática, olvidando las largas décadas cuando la ruta centroamericana suplantó a la del caribe sin reacción alguna de los entes supuestamente encargados de frenar el narcotráfico.

La violencia urbana de forma paulatina se ha esparcido sobre áreas rurales controladas por los amos del narcotráfico. Mientras tanto la sociedad en general refleja la putrefacción del estado fallido inducido, teniendo como resultado un colapso social sin precedente. El antiguo fenómeno migratorio se ha recrudecido, intensificándose en el último año la huída tanto de la juventud como de la niñez, atraídos por la supuesta apertura de parte de las autoridades migratorias estadounidenses.

El descalabro social acompañado del aumento a las violaciones a los derechos humanos, es una invitación al éxodo. Tanto las administraciones gubernamentales de Honduras como los Estados Unidos han evadido asumir la actual crisis y las profundas raíces de la problemática continúen siendo ignoradas, optando los gobiernos por soluciones cosméticas. Honduras y los restantes países del triángulo de la muerte ven partir miles de menores de edad en pos no solamente de una supuesta vida más digna, además también así poder lograr evadir la violencia de las maras, crimen organizado y las fuerzas de “seguridad” estatales.

Desafortunadamente buena parte de esos migrantes, los esperan en los campos de concentración de la pesadilla americana, donde son sumidos en un limbo jurídico, a la espera de una deportación al infierno centroamericano.

Sambo Creek, 19 de Junio del 2014

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2014/06/19/honduras-la-guerra-contra-los-menores-de-edad-y-su-exodo-masivo-hacia-la-pesadilla-americana/

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