2- Que existe desesperación por parte de Corporación Dinant en limpiar su imagen ante el Banco Mundial y la comunidad internacional, luego de la publicación de los hallazgos del Ombudsman y Asesor en materia de Observancia (CAO por sus siglas en inglés), mecanismo independiente para proyectos respaldados por los Banco Mundial han evidenciado la participación de los guardias de seguridad de Dinant en una serie de asesinatos y violaciones a los derechos humanos de los campesinos y campesinas en el Bajo Aguàn.
El 24 de junio del presente año, el Juzgado de Letras de Intibucá, citó a audiencia a más de 30 líderes Lencas del municipio de San Francisco de Opalaca, lo que ha sido calificado por los afectados como persecución judicial y criminalización de la lucha indígena.
Entre las personas que han sido citados para audiencia se encuentra Éntimo Vásquez, quien fue nombrado el alcalde del referido municipio por buena parte del pueblo, sus regidores, regidoras y secretarios indígenas, como también la corresponsal de Radio Progreso Albertina Manueles Pérez y otros líderes claves de las comunidades de Opalaca.
El conflicto político en San Francisco de Opalaca se origina debido a que en las elecciones generales el Tribunal Supremo Electoral declaró ganador al nacionalista José Socorro Sánchez por un margen de ocho votos a su favor.
Sin embargo, los seguidores del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) aseguran que en el escrutinio municipal resultó ganador Éntimo Vásquez y que los magistrados del Tribunal le dieron vuelta al resultado.
Esto provocó la resistencia indígena que incluyó en la toma de la alcaldía, ante lo cual líderes indígenas del municipio convocaron al pueblo a una asamblea y el consejo de ancianos declaró alcalde a Vásquez del partido LIBRE. Ahora la comunidad lenca exige el reconocimiento legal, ya que actuaron amparados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que les da ese derecho.
Éntimo Vásquez indica que lo anterior ya lo habían advertido, como parte del plan para truncar el proceso en defensa de los derechos del Pueblo de Opalaca, dirigido por las argollas del Partido Nacional, Ministerio Publico y el gobierno central.
“Nosotros estamos reclamando nuestro derecho, pero sabemos que el partido nacionalista tiene el poder, muchas personas del pueblo me han dicho que si la policía me detiene todos saldrán a las calles y habrá una revolución”, añadió.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Batson dice que no hay ningún conflicto político en San Francisco de Opalaca.
“No hay ningún conflicto electoral, el Tribunal emitió una resolución y ganó un partido, además no hubo impugnación ni reclamo en la Corte Suprema,” declaró el funcionario.
Ante estas declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Éntimo Vásquez dijo que todos saben que el Tribunal arregló esos 8 votos para que ganara el partido Nacional, todos ellos se sentaron para hacer arreglos personales pero legalmente él ganó y el pueblo lo sabe.
“Nos quieren callar”
Albertina Manueles Pérez es una comunicadora social de San Francisco de Opalaca, corresponsal de Radio Progreso. Con su bebé en brazos y otro de sus hijos correteando alrededor de ella, nos contó cómo la policía llegó a su casa para citarla al Juzgado Primero de Letras de Intibucá para que declare ante la acusación del delito de sedición.
EL delito de sedición se refiere a conductas que puedan ser estimadas por la autoridad legal como motivo de insurrección en contra del orden constitucional establecido, ya sea la exposición de discursos, el desarrollo de organizaciones, la escritura y distribución de textos u otras acciones. Este delito en Honduras no es fiable.
El 25 de enero de 2014, Albertina tomó su grabadora y se fue para la municipalidad de San Francisco de Opalaca, le habían avisado que la comunidad se estaba tomando la municipalidad porque rechazaba como ganador a Socorro Sánchez del partido Nacional. Como comunicadora se dedicó a dar cobertura al hecho que se hizo noticia en minutos a nivel nacional.
Albertina califica la citatoria que ahora le hacen como censura y una violación a la libertad de expresión. Manueles cuenta que esto ya se veía venir desde hace años, no solo por el conflicto de la alcaldía sino por los intereses que se juegan con respecto a la instalación de una empresa hidroeléctrica que el pueblo ha rechazado.
“Nosotros no le caemos bien a él (Socorro Sánchez) porque también apoyamos al pueblo en contra de las represas. Yo anteriormente había tratado con él y le pedí entrevistas pero me pedía pago por ellas. Él había dado permiso al Grupo Terra a que hiciera el estudio. Buscan callarnos pero nosotros tenemos que contar lo que está pasando en el municipio”, explicó Manueles.
Para el periodista Héctor Becerra del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) esto es una agresión contundente contra la libertad de expresión y libertad de prensa. “Esto es una persecución en vista de que el delito por el cual se hizo la citatoria es por sedición en contra de la seguridad interna del estado de Honduras, es decir que es un delito político. Es aberrante que las autoridades emitan este tipo de citatorio a comunicadores sociales cuya única labor es informar de los hechos sociales que se producen en esta zona”, expresó Becerra.
C-Libre denunció que los comunicadores comunitarios ejercen su oficio en condiciones de alto riesgo, especialmente porque informan de conflictos en que el capital trasnacional se colude con las instituciones del Estado encargadas de brindar seguridad, como la policía y los militares.
Conflictos sobre la explotación de bienes naturales pone en peligro a los comunicadores que con valentía informan lo que sucede, y en San Francisco de Opalaca se mezcla el conflicto político con esta situación.
Así como Albertina varias mujeres líderes de la comunidad lenca están en la lista denunciadas por sedición, en total son 30 indígenas los acusados.