Tegucigalpa.
El Secretario General de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Franklin Almendáres en entrevista brindada al programa “Voces contra el Olvido” del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) que se transmite por Radio Globo, calificó como una crisis terrible, la que vive el movimiento campesino hondureño.
El dirigente aseguró que el acceso a la tierra para miles de familias trabajadoras del campo no está en la agenda del gobierno de Juan Orlando Hernández y que por el contrario la inseguridad jurídica, la persecución y la criminalización contra centenares de campesinos, hombres y mujeres se ha acrecentado en los últimos años.
En términos generales el dirigente calificó como una “crisis terrible” la que experimentan las organizaciones campesinas a nivel nacional, ya que prevalece una indiferencia de parte del gobierno para enfrentar esta situación.
“Tanto el gobierno algunas instituciones muy poco están interesados en resolver la problemática agraria que se vive, es increíble pensar que en esta fecha, tengamos más de 5 mil campesinos procesados en diferentes departamentos del país y de éstos, hay 812 mujeres que están procesadas con medidas sustitutivas a la prisión; eso demuestra la inseguridad jurídica que hay en el campo”, explicó Almendáres.
Hay una falta de voluntad política y una indiferencia manifiesta hacia el movimiento campesino y que no está en las agendas de ningún gobierno, ni de éste presidente (Juan Orlando Hernández) señaló el Secretario General de la CNTC.
El líder campesino comentó que el único gobernante que le dio apertura al campesinado hondureño en los últimos años fue el que presidió el expresidente Manuel Zelaya Rosales, que creó el decretó 18-2008, que después del golpe de estado al arribo del gobierno ilegítimo de Roberto Micheletti fue declarado inconstitucional.
“Eso significa que desde el 2009 para acá se ha incrementado la crisis, tenemos muertos, tenemos desalojos violentos, con un sadismo que asusta y preocupa. Entonces nosotros decimos ¿a dónde va a parar uno de los sectores más grandes del país?, se preguntó el dirigente campesino.
El 51 por ciento de población en Honduras vive en las áreas rurales, y ese porcentaje está integrado en su mayoría por comunidades campesinas y de pueblos originarios indígenas. De esta población se estima que 2 millones de campesinos y campesinas no tienen acceso a una parcela de tierra para cultivar y generar alimentos para el sustento de sus familias.
Franklin Almendáres cuando era entrevistado por el periodista Marvin Palacios en los estudios de Radio Globo
El 64 por ciento de la población rural vive en condiciones de pobreza y un 40 por ciento se encuentra en situaciones de extrema pobreza.
Almendáres dijo que esto “es increíble en un país tan grande, al que se considera que cuenta con las mejores tierras de Latinoamérica, no haya tierras para el campesinado y que esas tierras estén concentradas en unos pocos terratenientes, y ahora las transnacionales son las que se han adueñado de las mejores tierras, obligando a nuestra gente a que se vaya a las montañas a sembrar, donde no se puede producir y cuando se van, son denunciados de cometer delitos ambientales”, aseguró el líder campesino.
En los procesos judiciales los campesinos y campesinas de varias regiones del país, enfrentan acusaciones por los delitos de usurpación de tierras. “Un delito que es fiable y que tiene que ser tratado a través de una instancia civil y no penal, y cuando hablamos de lo civil el Instituto Nacional Agrario (INA), es el que tiene que resolver el problema, pero no, lo hacen de forma directa malinterpretando el artículo 54 del Código Procesal Penal, donde es un delito fiable, pero ahora le agregan más delitos”, comentó Almendáres.
16 campesinos y campesinas permanecen en el presidio de Marcala
En relación a lo acontecido en el municipio de Planes de Santa María en el departamento de La Paz donde un brutal desalojo ejecutado por efectivos policiales contra miembros de la Empresa Asociativa Juan Almendáres Bonilla, dejó hombres, mujeres, niños y niñas y personas de la tercera edad lesionadas y 16 campesinos y campesinas capturadas y enviadas al presidio de Marcala, mediante resolución emitida el pasado martes 19 de agosto de 2015.
El desalojo se produjo el 16 de julio de 2015 y las personas remitidas a prisión, han permanecido ahí más de un mes.
“Tenemos 16 compañeros y compañeras presas por cinco delitos, usurpación de tierras, portación delitos ambientales, hurto y ahora dicen que por atentar en contra de la seguridad interior del estado o sea sedición, esto es increíble, los están acusando de terroristas y lo único que hacen ellos (campesinos y campesinas) es tener un pedazo de tierra para producir sus alimentos, tener una casa digna, poder alimentar a sus familias y tratar de salir de la pobreza”, sostuvo Almendáres.
El Secretario General de la CNTC denunció que 3 mujeres campesinas permanecen en la cárcel y cuando son conducidas a audiencias, las presentan con sus manos esposadas. ¡Qué triste ver eso y tiradas a las patrullas policiales como si fueran animales y los compañeros campesinos igual!.
Mujeres campesinas en prisión
Almendáres denunció que 4 niños fueron conducidos a la Jefatura Policial del municipio de Marcala y que pasaron una noche en las celdas, en condiciones inhumanas, violando la Convención Sobre los Derechos del Niño.
Aparte de estas acciones violatorias a los derechos humanos ejecutadas por autoridades policiales y dictadas por operadores de justicia del departamento de La Paz, Almendáres denunció que “los niños salieron en libertad al día siguiente pero con medidas sustitutivas a la prisión, eso es violatorio a los derechos del niño, eran niños de 11, 13, 14 y 16 años, una compañera de 75 años con medidas y dos compañeras embarazadas que estuvieron 20 días en la cárcel”.
Denuncian que jueces, fiscales y policías están confabulados con los terratenientes
El dirigente campesino dijo que las medidas sustitutivas a la prisión que enfrentan los campesinos y campesinas procesadas, tienen impactos negativos para las familias, ya que cada viernes deben contar con dinero para desplazarse a los juzgados para firmar el respectivo libro de registro.
La Empresa Asociativa Juan Almendáres Bonilla está conformada por más 20 familias (más de cien personas) que ocupaban quieta y pacíficamente un predio de 35 manzanas en el municipio de Planes de Santa María, en el departamento de La Paz.
Almendáres comentó que “las esposas de los campesinos presos están viviendo una situación gravísima, hay una madre que tiene 8 hijos, ella está desesperada, sacó a su hijo de 14 años de la escuela para que trabaje, porque ella tiene medidas y su esposo está en la cárcel; ¿se imagina qué situación está enfrentando?”.
El dirigente lamentó que los jueces pidan arraigo para poder dejar en libertad a los campesinos y campesinas, y “qué más arraigo que son campesinos y que han vivido toda su vida ahí y que están en posesión de esas tierras por más de 6 años y que tenían cultivos de maíz, frijoles y café”.
Almendáres lamentó también que los jueces no hay tomado como suficiente arraigo, la constancia de vecindad extendida por las autoridades del municipio de Planes de Santa María.
Para el entrevistado existe una predisposición negativa de los jueces frente a las comunidades indígenas campesinas y esto va “acompañado al poder que ejercen los políticos en el territorio, a los alcaldes, en este caso que son en su mayoría del gobierno de turno, ellos no están interesados en resolver ningún problema, porque están concesionando las tierras”.
Campesinos criminalizados
Almendáres informó que se está concesionando 110 kilómetros cuadrados en Opatoro, que será destinado a la explotación de recursos hídricos para la construcción de represas y a las extracciones mineras en detrimento de los derechos de las comunidades lencas.
¿Quién cree que está promoviendo eso?, preguntó el dirigente, al tiempo que respondió que la promotora es la actual vice presidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López.
Otro sectores como San Pedro Tutule y Santiago Puringla se han concesionado más de 400 kilómetros de tierras, comentó el dirigente.
“Y los campesinos por dos tareas de tierras que ellos accesan para producir, son desalojados, son llevados a la cárcel y son tratados de la manera más injusta, inhumana y despiadada, creo que esto conmueve mucho”, expresó con tristeza Almendáres.
El Secretario General de la CNTC anunció el inicio de una campaña a nivel nacional e internacional para denunciar todos estos hechoscon el respaldo de organizaciones de derechos humanos.De hecho esta semana arribará a Marcala, La Paz una delegación de observadores de derechos humanos procedentes de los Estados Unidos.
Por otra parte Almendáres dijo que en reunión sostenida con el Fiscal General, Oscar Chinchilla, el funcionario le prometió que enviaría una misión de fiscales de la Niñez y de Derechos Humanos a Marcala para levantar los respectivos testimonios y constatar los abusos y las violaciones al debido proceso.
El líder de la CNTC teme que los campesinos y campesinas que guardan prisión en Marcala, sean condenados y trasladados al presidio de La Paz o a la Penitenciaría Nacional de Támara en cercanías a la capital.
“Estamos presentando ante los tribunales una revisión de medidas y creemos que si se da una resolución conforme a derecho, ellos tendrían que estar libres esta semana”, anunció Almendáres.
Almendáres señaló que el territorio del departamento de La Paz es de naturaleza jurídica nacional y con estos desalojos protagonizados recientemente con las consecuentes capturas y procesos judiciales en contra de los campesinos y las campesinas, se ha violado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), puesto que las tierras pertenecen ancestralmente a las comunidades indígenas lencas.
“Esas tierras les pertenecen a ellos y a ellas por antigüedad, sin embargo los desalojan y hay una confabulación de los jueces, fiscales y los supuestos dueños de las tierras en el departamento de La Paz, donde los campesinos son enemigos y tratados de una forma salvaje”, denunció el dirigente campesino.
Los desalojos, la criminalización y las violaciones a los derechos humanos arrecian por casi todo el país.
La CNTC, representa a 404 grupos campesinos. Solo en el departamento de la Paz, la organización reportó 612 campesinos procesados; 161 son mujeres que están sujetas a medidas cautelares además son madres solteras, 8 están embarazadas, quienes estuvieron detenidas por 20 días, 2 mujeres fueron a la cárcel con sus niños de 3 y 5 meses de edad respectivamente 2 mujeres de la tercera edad de 74 y 75 años que tienen que presentarse a firmar a los juzgados cada semana.
Por otra parte, María Hernández tuvo que cumplir con un servicio social obligatorio de llevarla “enchachada” (esposada) para que barriera el Parque de Marcala. Su nieto de 16 años también tiene medidas sustitutivas a la prisión y ninguno de los dos puede trabajar en su parcela de tierra.
La CNTC denunció que todos los alcaldes del departamento de La Paz son de filiación nacionalista y se han estado apoderando de grandes extensiones de tierra
Entretanto en el municipio de Taulabé, departamento de Comayagua, después del desalojo del 12 de septiembre del año pasado contra una comunidad campesina que tenía más de 30 años en posesión de la tierra el 12 de septiembre, hay 14 personas detenidas, 17 casas abandonadas; sus propietarios han tenido que abandonar los predios por temor a las represalias de los terratenientes Próspero Díaz, Armerjol Girón que actúan, según denunció la CNTC) en confabulación con el Alcalde de Taulabé, Leudonio Maldonado.
Según información recabada estos terratenientes han pagado a un grupo de hombres para que maten a 10 miembros de este predio y a la fecha ya hay 2 personas asesinadas, se trata de Neptalí Girón y Marvin Castellanos. Todos estos hechos se han presentado con la confabulación de militares, políticos y terratenientes.
Finalmente en el municipio de Sulaco, Yoro, el pasado miércoles 18 de agosto, se produjo un desalojo sin orden judicial en la comunidad de Hernández Figueroa, ejecutado por unos 200 elementos policiales y militares, 2 comandos y 12 patrullas, con la presencia de un representante del comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEJH) de un predio en el cual tenían 15 años de vivir varias familias campesinas. Los agentes policiales y militares destruyeron unas 20 casas de dicha comunidad, que contaba con iglesia católica y evangélica y kínder.
Asimismo los uniformados destruyeron cultivos de esta comunidad que es productora de granos básicos. Los campesinos y campesinas de la comunidad Hernández Figueroa sembraban en un predio de 200 manzanas de tierra, que les permitía producir al año, más de 1000 cargas de maíz y 400 cargas de frijoles, para la comercialización y el sustento diario. Con este desalojo les destruyeron sus siembras, o sea que han quedado en la calle.
Ciriaco de Jesús Muñoz, PRESENTE! Ignacio Reyes García, PRESENTE!; Raúl Castillo, PRESENTE!; Teodoro Acosta, PRESENTE!; José Luis Sauceda Pastrana, PRESENTE!.
Tegucigalpa.
“Estamos dando a Honduras los mejores profesionales que tiene el periodismo actualmente que son los que manejan los medios de comunicación”, dijo el comunicador, añadió que dentro de los planes de transformación de la UNAH, se contempla la organización de los egresados para desarrollar jornadas académicas, de capacitación y actualización.
Honduprensa 