Archivos para 24/08/15

Siguen aflorando vicios de nulidad en elección del Colegio de Abogados

Por: Redacción CRITERIO

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Los postulantes deben tener una conducta intachable, por esa razón se debe examinar los juicios en que han intervenido, se debe examinar las sentencias que han dictado, se debe examinar la jurisprudencia en el caso que fuesen magistrados y se debe examinar cual es el pensamiento jurídico que abraza, entre otras cosas.

 En las últimas horas han trascendido una serie de señalamientos contra la elección practicada en el colegio de abogados que de una nómina de 67 profesionales del derecho, con el grado de Abogado y Notario, fueron escogidos 20.

Ana Pineda, exministra de Derechos Humanos dijo que, los abogados que asistieron a votar ya tenían los listados de por quienes deberían votar y que estos se los impusieron desde el gobierno bajo amenaza que si no votaban por los sindicados podrían ser despedidos.

Por otro lado, Pineda, Edmundo Orellana y Jair López de la asociación de Abogados por la defensa del Estado de Derecho, señalaron que andaban diputados del partido nacional financiando vehículos, comida y refrescos para los votantes que a la hora de votar era obvio como sacaban sus celulares para ver la lista que se les había dado para votar por ellos y ellas.

López señaló que la escogencia de los 20 precandidatos a magistrados por parte del colegio de Abogados más parecía una elección de partidos políticos, pues se hizo igual campaña el pasado sábado.

No obstante, en las últimas horas trascendieron denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso de elección, una de las acusaciones apunta que la mayoría de los abogados seleccionados pertenecen al frente Patria y Justicia, que representan al Partido Nacional.

Maribel Espinoza, del Frente Patriotio para  la defensa de la Constitución, dijo “lo que yo censuro, es que no se hayan seguido los procedimientos y lineamienos correspondientes, que ni siquiera se siguió el propio código de ética de los abogados que data desde 1966”.

Espinoza señaló que el único poder del estado que está conformado por abogados es el Poder Judicial y la organización en donde se aglutinan todos los abogados de Honduras es el Colegio de Abogados, “por lo tanto debimos ser el mejor ejemplo de cómo elegir a los precandidatos para magistrados a la corte Suprema de Justicia.

Esto es un llamado para las otras organizaciones que no han hecho la escogencia para que cambien esa modalidad y no caigan en los vicios e irregularidades que se ha caído en el Colegio de Abogados.

Los postulantes deben tener una conducta intachable, por esa razón se debe examinar los juicios en que han intervenido, se debe examinar las sentencias que han dictado, se debe examinar la jurisprudencia en el caso que fuesen magistrados y se debe examinar cual es el pensamiento jurídico que abraza, entre otras cosas.

“La elección de candidatos para postularse a magistrados está totalmente viciada desde el mismo procedimiento que se utilizó”, afirmó el abogado Alejandro Duarte, Duarte añadió que “para llevar a cabo las elecciones no hubo privacidad en el momento de selección, no había papeletas para votos suficientes, se podía votar con cualquier documento, ya fuera con identidades o el carnet del colegio.
Cabe mencionar que siete organizaciones que integran la Junta Nominadora de Candidatos a Magistrados iniciarán en septiembre un proceso de selección para magistrados.

Para estos nuevos procesos el abogado Edmundo Orellana Mercado propone una veeduría social y una veeduría para la Junta Nominadora a fin de garantizar que el proceso se hará de manera transparente y en pro de los sagrados intereses del pueblo hondureño que está avido de justicia.

Los abogados que fueron seleccionados son los siguientes:
Nelson Madrid, Miriam Suyapa Barahona, Rafael Bustillo, Carmen Yolanda Ordóñez, Jorge Alberto García, Emely Hawitt, Juan Rafael Soto, José Efraín Briceño, Manuel Enrique Alvarado, Douglas Moíses Ramírez, Felipe Arturo Morales, Reina Solórzano, Félix Antonio Avila Alejandro Hernández, Carlos Edgardo Loucel, José Francisco Pineda, Carlos Humberto Midence, Reina Isabel Nájera, Marco Antonio Zelaya y Ani Melinda Ochoa.

Fuente: http://criterio.hn/siguen-aflorando-vicios-de-nulidad-en-eleccion-del-colegio-de-abogados/

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Arrecian los desalojos, la represión y la criminalización contra comunidades campesinas

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Tegucigalpa.

El Secretario General de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Franklin Almendáres en entrevista brindada al programa “Voces contra el Olvido” del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) que se transmite por Radio Globo, calificó como una crisis terrible, la que vive el movimiento campesino hondureño.

El dirigente aseguró que el acceso a la tierra para miles de familias trabajadoras del campo no está en la agenda del gobierno de Juan Orlando Hernández y que por el contrario la inseguridad jurídica, la persecución y la criminalización contra centenares de campesinos, hombres y mujeres se ha acrecentado en los últimos años.

En términos generales el dirigente calificó como una “crisis terrible” la que experimentan las organizaciones campesinas a nivel nacional, ya que prevalece una indiferencia de parte del gobierno para enfrentar esta situación.

“Tanto el gobierno  algunas instituciones muy poco están interesados en resolver la problemática agraria que se vive, es increíble pensar que en esta fecha, tengamos más de 5 mil campesinos procesados en diferentes departamentos del país y de éstos, hay 812 mujeres que están procesadas con medidas sustitutivas a la prisión; eso demuestra la inseguridad jurídica que hay en el campo”, explicó Almendáres.

Hay una falta de voluntad política y una indiferencia manifiesta hacia el movimiento campesino y que no está en las agendas de ningún gobierno, ni de éste presidente (Juan Orlando Hernández) señaló el Secretario General de la CNTC.

El líder campesino comentó que el único gobernante que le dio apertura al campesinado hondureño en los últimos años fue el que presidió el expresidente Manuel Zelaya Rosales, que creó el decretó 18-2008, que después del golpe de estado al arribo del gobierno ilegítimo de Roberto Micheletti fue declarado inconstitucional.

“Eso significa que desde el 2009 para acá se ha incrementado la crisis, tenemos muertos, tenemos desalojos violentos, con un sadismo que asusta y preocupa. Entonces nosotros decimos ¿a dónde va a parar uno de los sectores más grandes del país?, se preguntó el dirigente campesino.

El 51 por ciento de población en Honduras vive en las áreas rurales, y ese porcentaje está integrado en su mayoría por comunidades  campesinas  y de pueblos originarios indígenas. De esta población se estima que 2 millones de campesinos y campesinas no tienen acceso a una parcela de tierra para cultivar y generar alimentos para el sustento de sus familias.

Franklin Almendáres cuando era entrevistado por el periodista Marvin Palacios en los estudios de Radio Globo

El 64 por ciento de la población rural vive en condiciones de pobreza y un 40 por ciento se encuentra en situaciones de extrema pobreza.

Almendáres dijo que esto “es increíble en un país tan grande, al que se considera que cuenta con las mejores tierras de Latinoamérica, no haya tierras para el campesinado y que esas tierras estén concentradas en unos pocos terratenientes, y ahora las transnacionales son las que se han adueñado de las mejores  tierras, obligando a nuestra gente a que se vaya a las montañas a sembrar, donde no se puede producir y cuando se van, son denunciados de cometer delitos ambientales”, aseguró el líder campesino.

En los procesos judiciales los campesinos y campesinas de varias regiones del país, enfrentan acusaciones por los delitos de usurpación de tierras. “Un delito que es fiable y que tiene que ser tratado a través de una instancia civil y no penal, y cuando hablamos de lo civil el Instituto Nacional Agrario (INA), es el que tiene que resolver el problema, pero no, lo hacen de forma directa malinterpretando el artículo 54 del Código Procesal Penal, donde es un delito fiable, pero ahora le agregan más delitos”, comentó Almendáres.

16 campesinos y campesinas permanecen en el presidio de Marcala

En relación a lo acontecido en el municipio de Planes de Santa María en el departamento de La Paz donde un brutal desalojo ejecutado por efectivos policiales contra miembros de la Empresa Asociativa Juan Almendáres Bonilla, dejó hombres, mujeres, niños y niñas y personas de la tercera edad lesionadas y 16 campesinos y campesinas capturadas y enviadas al presidio de Marcala, mediante resolución emitida el pasado martes 19 de agosto de 2015.

El desalojo se produjo el 16 de julio de 2015 y las personas remitidas a prisión, han permanecido ahí más de un mes.

“Tenemos 16 compañeros y compañeras presas por cinco delitos, usurpación de tierras, portación delitos ambientales, hurto y ahora dicen que por atentar en contra de la seguridad interior del estado o sea sedición, esto es increíble, los están acusando de terroristas y lo único que hacen ellos (campesinos y campesinas) es tener un pedazo de tierra para producir sus alimentos, tener una casa digna, poder alimentar a sus familias y tratar de salir de la pobreza”, sostuvo Almendáres.

El Secretario General de la CNTC denunció que 3 mujeres campesinas permanecen en la cárcel y cuando son conducidas a audiencias, las presentan con sus manos esposadas. ¡Qué triste ver eso y tiradas a las patrullas policiales como si fueran animales y los compañeros campesinos igual!.

Mujeres campesinas en prisión

Almendáres denunció  que 4 niños fueron conducidos a la Jefatura Policial del municipio de Marcala y que pasaron una noche en las celdas, en condiciones inhumanas, violando la Convención Sobre los Derechos del Niño.

Aparte de estas acciones violatorias a los derechos humanos ejecutadas por autoridades policiales y dictadas por operadores de justicia del departamento de La Paz, Almendáres denunció que “los niños salieron en libertad al día siguiente pero con medidas sustitutivas a la prisión, eso es violatorio a los derechos del niño, eran niños de 11, 13, 14 y 16 años, una compañera de 75 años con medidas y dos compañeras embarazadas que estuvieron 20 días en la cárcel”.

Denuncian que jueces, fiscales y policías están confabulados con los terratenientes

El dirigente campesino dijo que las medidas sustitutivas a la prisión que enfrentan los campesinos y campesinas procesadas, tienen impactos negativos para las familias, ya que cada viernes deben contar con dinero para desplazarse a los juzgados para firmar el respectivo libro de registro.

La Empresa Asociativa Juan Almendáres Bonilla está conformada por más 20 familias (más de cien personas) que ocupaban quieta y pacíficamente un predio de 35 manzanas en el municipio de Planes de Santa María, en el departamento de La Paz.

Almendáres comentó que “las esposas de los campesinos presos están viviendo una situación gravísima, hay una madre que tiene 8 hijos, ella está desesperada, sacó a su hijo de 14 años de la escuela para que trabaje, porque ella tiene medidas y su esposo está en la cárcel; ¿se imagina qué situación está enfrentando?”.

El dirigente lamentó que los jueces pidan arraigo para poder dejar en libertad a los campesinos y campesinas, y “qué más arraigo que son campesinos y que han vivido toda su vida ahí y que están en posesión de esas tierras por más de 6 años y que tenían cultivos de maíz, frijoles y café”.

Almendáres lamentó también que los jueces no hay tomado como suficiente arraigo, la constancia de vecindad extendida por las autoridades del municipio de Planes de Santa María.

Para el entrevistado existe una predisposición negativa de los jueces frente a las comunidades indígenas campesinas y esto va “acompañado al poder que ejercen los políticos en el territorio, a los alcaldes, en este caso que son en su mayoría del gobierno de turno, ellos no están interesados en resolver ningún problema, porque están concesionando las tierras”.

Campesinos criminalizados

Almendáres informó que se está concesionando 110 kilómetros cuadrados en Opatoro, que será destinado a la explotación de recursos hídricos para la construcción de represas y a las extracciones mineras en detrimento de los derechos de las comunidades lencas.

¿Quién cree que está promoviendo eso?, preguntó el dirigente, al tiempo que respondió que la promotora es la actual vice presidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López.

Otro sectores como San Pedro Tutule y Santiago Puringla se han concesionado más de 400 kilómetros de tierras, comentó el dirigente.
“Y los campesinos por dos tareas de tierras que ellos accesan para producir, son desalojados, son llevados a la cárcel y son tratados de la manera más injusta, inhumana y despiadada, creo que esto conmueve mucho”, expresó con tristeza Almendáres.

El Secretario General de la CNTC anunció el inicio de una campaña a nivel nacional e internacional para denunciar todos estos hechoscon el respaldo de organizaciones de derechos humanos.De hecho esta semana arribará a Marcala, La Paz una delegación de observadores de derechos humanos procedentes de los Estados Unidos.

Por otra parte Almendáres dijo que en reunión sostenida con el Fiscal General, Oscar Chinchilla, el funcionario le prometió que enviaría una misión de fiscales de la Niñez y de Derechos Humanos  a Marcala para levantar los respectivos testimonios y constatar los abusos y las violaciones al debido proceso.

El líder de la CNTC teme que los campesinos y campesinas que guardan prisión en Marcala, sean condenados y trasladados al presidio de La Paz o a la Penitenciaría Nacional de Támara en cercanías a la capital.

“Estamos presentando ante los tribunales una revisión de medidas y creemos que si se da una resolución conforme a derecho, ellos tendrían que estar libres esta semana”, anunció Almendáres.

Almendáres señaló que el territorio del departamento de La Paz es de naturaleza jurídica nacional y con estos desalojos protagonizados recientemente con las consecuentes capturas y procesos judiciales en contra de los campesinos y las campesinas, se ha violado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), puesto que las tierras pertenecen ancestralmente a las comunidades indígenas lencas.

“Esas tierras les pertenecen a ellos y a ellas por antigüedad, sin embargo los desalojan y hay una confabulación de los jueces, fiscales y los supuestos dueños de las tierras en el departamento de La Paz, donde los campesinos son enemigos y tratados de una forma salvaje”, denunció el dirigente campesino.

Los desalojos, la criminalización y las violaciones a los derechos humanos arrecian por casi todo el país.

La CNTC, representa a 404 grupos campesinos. Solo en el departamento de la Paz, la organización reportó  612 campesinos procesados; 161 son mujeres que están sujetas a medidas cautelares además son  madres solteras, 8 están embarazadas, quienes estuvieron detenidas por 20 días, 2 mujeres fueron a la cárcel con sus niños de 3 y 5 meses de edad respectivamente 2 mujeres de la tercera edad de  74 y 75 años que tienen que presentarse a firmar a los juzgados cada semana.

Por otra parte, María Hernández tuvo que cumplir con un servicio social obligatorio de llevarla “enchachada” (esposada) para que barriera el Parque de Marcala. Su nieto de 16 años también tiene medidas sustitutivas a la prisión y ninguno de los dos puede trabajar en su parcela de tierra.

La CNTC denunció que todos los alcaldes del departamento de La Paz son de filiación nacionalista y se han estado apoderando de grandes extensiones de tierra

Entretanto en el municipio de Taulabé, departamento de Comayagua, después del desalojo del 12 de septiembre del año pasado contra una comunidad campesina que tenía más de 30 años en posesión de la tierra el 12 de septiembre, hay 14 personas detenidas, 17 casas abandonadas; sus propietarios han tenido que abandonar los predios por temor a las represalias de los terratenientes  Próspero Díaz, Armerjol Girón que actúan, según denunció la CNTC) en confabulación con el Alcalde de Taulabé, Leudonio Maldonado.

Según información recabada estos terratenientes han pagado a un grupo de hombres para que maten a 10 miembros de este predio y a la fecha ya hay  2 personas asesinadas, se trata de Neptalí Girón y Marvin Castellanos. Todos estos hechos se han presentado con la confabulación de militares, políticos y terratenientes.

Finalmente en el municipio de Sulaco, Yoro, el pasado miércoles 18 de agosto, se produjo un desalojo sin orden judicial en la comunidad de Hernández Figueroa, ejecutado por unos 200 elementos policiales y militares, 2 comandos y 12 patrullas, con la presencia de un representante del comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEJH) de un predio en el cual tenían 15 años de vivir varias familias campesinas. Los agentes policiales y militares destruyeron unas 20 casas de dicha comunidad, que contaba  con iglesia católica y evangélica y kínder.

Asimismo los uniformados destruyeron cultivos de esta comunidad que es productora de granos básicos. Los campesinos y campesinas de la comunidad Hernández Figueroa sembraban en un predio de 200 manzanas de tierra, que les permitía producir al año, más de 1000 cargas de maíz y 400 cargas de frijoles, para la comercialización y el sustento diario.  Con este desalojo les destruyeron sus  siembras, o sea que han quedado en la calle.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3688:arrecian-los-desalojos-la-represion-y-la-criminalizacion-contra-comunidades-campesinas&catid=54:den&Itemid=171

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Congressional Democrats Voice Renewed Opposition to U.S. Security Assistance to Honduras – Will Kerry Finally Listen?

Members of Congress have once again called on the Obama administration to stop funding Honduras’ security forces. Alarmed at the rampant militarization of policing activities throughout the country and a rash of recent reports of human rights abuses involving Honduran security forces, 21 House Democrats sent a letter to Secretary of State Kerry on August 19 expressing their concern and making a series of specific requests, including “the suspension and re-evaluation of further training and support for Honduran police and military units until the Honduran government adequately addresses human rights abuses.”

For several years now U.S. legislators have been urging the administration to either suspend or overhaul its security assistance programs in Honduras. Back in March of 2012, 94 Democrats asked then Secretary of State Hillary Clinton to suspend military and police assistance, noting “credible allegations of widespread, serious allegations of human rights abuses attributed to [Honduran] security forces” and the impunity surrounding targeted attacks against “human rights defenders, journalists, community leaders and opposition activists.” Two years later, 108 House Democrats sent a letter to Kerry expressing concern over the accelerated militarization of domestic law enforcement under current president Juan Orlando Hernández and calling for the State Department to review its security programs in Honduras. Similar letters have appeared in the U.S. Senate, with, for instance, 21 senators questioning Honduran government compliance with human rights conditions attached to U.S. security assistance.

The Congressional letter of August 19 – led by Representatives Hank Johnson (a leading opponent of militarized law enforcement in the U.S.) and Jan Schakowsky (who has led several previous letters regarding Honduras’ appalling human rights situation) – describes the steady militarization of policing that has taken place in Honduras since 2010: The massive deployment of army units to police Honduran streets, followed by the creation of a 3000-strong military police force under a military line of command and a new “super-ministry” of Security combining civilian and military security institutions under the direction of a recently retired general.

This militarization trend is troubling enough in a country that only emerged from military rule in the 1980s and was subjected to a military coup d’état in June of 2009, but there is also abundant documented evidence of widespread abuses perpetrated by military personnel and militarized police, some of which is described in the letter:

Over the last few months, military police agents have reportedly threatened and harassed journalists, community leaders, and members of the indigenous organization COPINH; forcibly evicted small farmers without a warrant; raided the home of a student leader involved in recent protests; and shot and killed an unarmed woman selling mangos, among other alleged crimes. As reported by Al-Jazeera, Defensores en Linea and Today Media Network, these forces have also allegedly conducted raids against the homes of opposition activists, and participated in the killing of land-rights activists and peaceful demonstrators.

The U.S. government’s response to these alarming developments has been to request more security assistance for Honduras, in particular through an increase in funding for the opaque Central American Regional Security Initiative (CARSI). There’s no indication that the administration is concerned about Honduras’ militarization or that it is seeking to leverage U.S. security assistance to try to reverse the trend. On the contrary, it has been providing direct support to militarization efforts, as the Johnson/Schakowsky letter notes:

We are concerned about Honduran media reports that in mid-May of this year, a team of 300 U.S. military and civilian personnel, including Marines and the FBI, conducted “rapid response” training with 500 [agents from] FUSINA [a militarized security task force combining personnel from police, military, intelligence and judicial agencies], using U.S. helicopters and planes, despite allegations regarding the agency’s repeated involvement in human-rights violations.

Similarly, U.S. green beret special forces have been training a militarized Honduran police unit called the TIGRES [which stands for Intelligence Troop and Special Security Response Groups], “instilling fundamental principles of close quarters battle and knowing how to execute them amidst the chaos that is combat”, according to a U.S. Army article published in March. Though touted as an exemplary, elite force, nearly two dozen TIGRES agents, trained and vetted by the U.S. government, were caught stealing over $1.3 million in drug money following a counter-narcotics operation late last year.

In addition to asking for security assistance to Honduras to be put on hold, the Johnson/Schakowsky letter makes a series of detailed requests which focus on getting the State Department to genuinely implement human rights safeguards required by law and to increase transparency around security aid programs in Honduras.

The letter asks for:

–        “The State Department’s strict evaluation of U.S. support and training for the Honduran police and military in accordance with human rights conditions placed in the FY2015 State and Foreign Operations Appropriations Act.” [A Senate Appropriations Committee report that accompanies the FY2015 SFOPS Act specifies that 50% of security assistance allocated to Honduras under International Narcotic Control and Law Enforcement and Foreign Military Funding headings be withheld pending State Department certification of Honduran government compliance with six human rights and rule of law conditions that include the investigation and prosecution of “army and police personnel who are credibly alleged to have violated human rights.” In the past, the State Department has generally certified the Honduran government as compliant with conditions set by the Committee, despite the strong misgivings expressed by 21 U.S. senators (i.e., 1/5th of the Senate). It’s worth noting that the Committee report attached to pending FY2016 appropriations legislation has conditioned 75% of all assistance under State and Foreign Operations appropriations to Honduras, Guatemala and El Salvador, and includes, among its new set of conditions, State Department certification that the governments are taking “effective steps” to “create a professional, accountable civilian police force and end the role of the military in internal policing” and to “prosecute and punish in civilian courts members of security forces who violate human rights.”]

–        “Full implementation of the Leahy Law…” [which prohibits the departments of State and Defense from providing support to foreign military units that violate human rights with impunity.]

–        “A detailed description of how the Department of State is currently implementing these statutes [i.e., the conditioning of security assistance under Leahy Law and existing appropriations legislation], including what metrics the Department is using to assess whether the Honduran government has adequately addressed human rights abuses.” [The State Department hasn’t revealed the methodology it employs to enforce Leahy Law provisions or SFOPS appropriations human rights conditions on aid.]

–        “Urge the Honduran government to implement serious and concrete measures to address military and police abuses, and to halt the continued involvement of the military in domestic law enforcement.” [As mentioned above, these are among the aid conditionalities that the Honduran government would need to meet under the pending FY2016 appropriations legislation. There is little indication that the Honduran government is interested in implementing these measures. In early 2014, the ruling National Party eliminated a widely respected police reform commission and ignored its recommendations for cleaning up the country’s notoriously corrupt police. Under growing pressure from Congress and human rights groups, the government recently announced a series of reforms to the police – designed in tandem with U.S. advisors – that appear to amount to little more than an administrative reorganization. Given that Honduran officials still fail to acknowledge abuses by security forces, there is deep skepticism surrounding the announcement. Not to mention that there is no sign that the government is scaling back its militarization efforts].

–        “Finally, we request a full itemized report on the use of funds allocated for U.S. security assistance to Honduras in the State and Foreign Operations Appropriations law for FY2015 and for upcoming FY2106 appropriations legislation.” [Effective independent scrutiny of how U.S. security assistance is used is extremely difficult given the total lack of transparency surrounding the disbursement process. Tens of millions of dollars in security assistance have been funneled to Honduras through the State Department’s notoriously opaque Central America Regional Security Initiative.   As yet there is no public record of where and how the funds have been used, nor are there any clear metrics available on what sort of impact CARSI assistance has had].

Though largely ignored by the U.S. press (with the exception of one article in an inside-the-Beltway outlet and articles in the Spanish-language press), the Johnson/Schakowsky letter has received massive media attention in Honduras. The question is, will Secretary of State John Kerry pay attention to this new appeal from Congress?

Fuente: http://www.cepr.net/blogs/the-americas-blog/congressional-democrats-voice-renewed-opposition-to-u-s-security-assistance-to-honduras-will-kerry-finally-listen

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Periodistas sureños denuncian interferencia y denegatoria de información

Alerta 146-15 | Honduras, 24 de agosto de 2015

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Por violaciones contra la libertad de expresión como censura previa, interferencia y denegatoria de información, fueron denunciados la defensora pública, Flerida Aída Silva, y el acalde de Nacaome, Víctor Manuel Flores Montalván.

Los periodistas Gabriel Hernández y Leonel García, viajaron desde Nacaome, Valle, hasta la oficina del Comité por la Libre Expresión, en Tegucigalpa, para denunciar que el 12 de agosto la defensora pública, Flerida Aída Silva, los amenazó con procesarlos si captaban vídeo del momento en que ella hacía trámites para sacar de la prisión a su esposo, un regidor de la municipalidad de Nacaome, supuestamente detenido por escándalo en vía pública.

Hernández y García son miembros de la Red de Alertas a Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales de Nacaome, en el sureño departamento de Valle (Rapcos-Nacaome).

Los denunciantes relataron que desde el 28 de julio de 2015, hicieron una solicitud de información pública a la municipalidad de Nacaome y debido a la falta de respuesta, presentaron el 19 de agosto, un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

La información solicitada fue, “la planilla completa de empleados con sus respectivos salarios y su situación contraactual; el informe de ingresos y egresos de los años 2013, 2014 de la alcaldía municipal, con sus respectivos desgloses; la certificación de ferreterías, bodegas de materiales y precios que se le venden a la municipalidad de Nacaome y un informe económico del departamento de maquinaria y el estado de esta”.

“Tampoco nos permiten ingresar a las sesiones de corporación municipal”, mientras en las corporaciones municipales de Goascorán y San Lorenzo la gente participa, denunció García.

El periodista García dirige un programa en los medios Discovery FM y en Dek TV y teme que haya presiones del alcalde para que se le cancele su espacio.

Hernández, por su parte, es director del programa el Pueblo Habla, en Canal 25 y expresó que el interés de sus enfoques nada tiene que ver con la vida particular de los funcionarios. “Nos interesa conocer los asuntos de interés público y el manejo del dinero del pueblo”, apuntó Hernández.

Fuente: http://www.clibrehonduras.com/alerta/periodistas-sure%C3%B1os-denuncian-interferencia-y-denegatoria-de-informaci%C3%B3n

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Honduras: The Impunity and Legacy of Miguel Facussé

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Written by Greg McCain
Monday, 24 August 2015 10:20
Ciriaco de Jesús Muñoz, PRESENTE! Ignacio Reyes García, PRESENTE!; Raúl Castillo, PRESENTE!; Teodoro Acosta, PRESENTE!; José Luis Sauceda Pastrana, PRESENTE!.

These are the names of the five campesinos (peasant farmers) who were massacred in November of 2010 at El Tumbador. Francisco Ramirez calls out the names to begin a meeting with a human rights delegation. The group calls out “PRESENTE!” to show that each of the five is still a part of the community of Guadalupe Carney and a member of the Campesino Movement of the Aguán (MCA in its Spanish Acronym).

November 15th 2015 marks the fifth anniversary of the massacre at El Tumbador, the African Palm plantation on Laguna Guaimoreto in Trujillo, Colon. Paramilitary private guards and members of the military ambushed the five, along with several other campesinos from the community, in the early morning hours as they attempted to enter their property. Francisco was among those severely wounded as bullets tore through his face and body. He is left with constant pain that makes it next to impossible for him to work plus the fact that the land he was entitled to cultivate was stolen from him.

November 15 also marks five years of impunity for the Dinant Corporation whose President, Miguel Facussé Barjum, ordered his private security guards and State security forces to open fire on the campesinos and kill as many as possible. Dinant is a Honduran company that grows African Palm and processes the oil in addition to harvesting other crops. It distributes cooking oil, snack food, sugary juices and a variety of other junk food and household products nationally and internationally. It also has a Biofuel processing program that is set up more as a PR scam for receiving Carbon Credits than as a feasible alternative fuel producer.

Facussé died in June of this year. He was considered one of the richest men in Honduras and the 11th richest in Central America. His death ensured his impunity for various crimes. He made his money swindling banks and other companies and used his influence in the government to have agrarian laws changed in order to swindle, intimidate, and usurp land from peasant farmers in various sectors throughout Honduras. One of his largest land holdings were the African Palm plantations in the Northeastern region known as the Bajo Aguán. It was here, since the 1990’s, that he wreaked havoc on the lives of the peasant farmers. Facussé left a legacy of murder, embezzlement, and theft much of it with the full knowledge and tacit approval of the US government.

The 1992 Agrarian Modernization Law, which Facussé, other ruling elites, and the Bush Sr. administration’s State Department drafted and pushed through the Honduran Congress, gutted the agrarian reform laws that had existed previously. It put State owned land distributed for subsistence farming on the public market. What were once cooperatives or peasant farmer collectives were divided up into individual titles. Many of the farmers were coerced into selling their land for a pittance. In other examples, people who had no authority to sell communal or cooperative land took bribes signing over titles to big rich landowners. In still other instances, Facussé used his military ties to intimidate farmers and their families off of their land killing those who resisted.

Much of the poverty in the country stems from the effects that the Modernization Law had on farmers. Also, the corruption that came in the aftermath of Hurricane Mitch in 1998 contributed as well. The hurricane itself created misery for the entire country as crops, houses, roads, bridges and whole towns were washed away. Facussé’s nephew, Carlos Flores Facussé, was President at the time. He appointed his uncle as director of the national bank. International aid poured in for rebuilding infrastructure as well as relief aid to keep people from starving and to assist them in rebuilding their lives. Shortly after tens of millions of dollars were accumulated, the nephew dissolved the national bank as part of IMF neoliberal restructuring and the money disappeared. Miguel Facussé began to accumulate, with his newfound riches, tens of thousands of hectares of African Palm plantations in addition to private property in National preserves and along the Northern coast and in the Gulf of Fonseca. He financed palm oil processing plants and began to export palm oil and other products and buying brand names, such as Mazola, that he had the exclusive Central American rights to.

In 1999, campesino organizations investigated ways for displaced peasant farmers to acquire land. The Honduran Constitution states that National land lying idle was to have a percentage doled out to peasant farmers who would agree to use the land for subsistence farming. Campesino organizations from five of the northern departments approached the National Agrarian Institute (INA) with the proposal that the land known as the CREM be titled over to the campesinos who had organized as the MCA.

CREM is the Spanish acronym for the Regional Military Training Center. The US military used the site in the 1980s for training the Contras in Reagan’s war against the popular Sandinista government in Nicaragua which won it’s revolution against the US backed dictatorship of Somoza. It also trained the military of El Salvador during their bloody civil war waged against the populace by the military junta. Honduran military officers received training there as well for counter insurgency from the US’s School of the Americas. It is reported that many Hondurans were disappeared and tortured at the CREM. This includes the US born Jesuit priest Father Guadalupe Carney, whom the MCA named its community after. He disappeared in 1982.

INA determined that the MCA could indeed take possession of initially 1000 hectares within the CREM. In time, the number of legally established peasant enterprises grew to 46 as the MCA continued to organize and grow. In total, it was determined that the MCA could obtain provisional titles to 5742.90 hectares (14,191 acres) of land.

Through out this time the campesinos faced brutal aggression from rich landowners who had purchased CREM land illegally. The Municipality of Trujillo had no right to sell national land to these, mostly, cattle ranchers, which included politically powerful families such as Facussé and the Lobo-Sosas. In 2010 INA determined that El Tumbador fell within the boundaries of the CREM. Facussé denied this even though maps of the CREM clearly show that it falls within the boundaries. The government of Pepe Lobo intervened and attempted negotiations with Facussé and the MCA. Facussé accused Cesar Ham, then Director of INA of inciting the campesinos. Ham, knowing Facusse’s past inclination of killing those who challenged him, so feared for his life that he publically stated that if anything bad happened to him it was Facussé who was responsible.

Gaining access to El Tumbador was becoming a long drawn out process that was being stalled by Facussé through bribes to government officials. The campesinos decided to take possession of what was legally theirs if only with the blessings of INA. The peasant farmers, both men and women, worked in El Tumbador for almost a year as negotiations continued. Up until November 15th the campesinos worked without provocation albeit the members of the MCA had faced constant threats since 2000. More than 20 members of their community had been assassinated.

In 2009, Ciriaco traveled from Olancho to find an opportunity to provide for his four children and his common law wife of 20 years, Martha López. On November 15th, he left his house in Guadalupe Carney at 3am and headed to El Tumbador. At 5am, about ten private guards on the plantation demanded that the campesinos leave. They refused saying that this was their land. The guards made phone calls and a short time later 200 heavily armed military personnel arrived. They had military grade weapons such as AK-47s, M-16s and R-15 rifles. The campesinos were on the road outside of the plantation armed only with their machetes which they used for work. Without saying a word, the guards and military opened fire on the campesinos who immediately fled into the dense palm. Ciriaco wasn’t so lucky. He was killed immediately at close range as were 3 of the others. The fifth campesino to be murdered, José Luis Sauceda Pastrana, was found the next day not far from the execution of the others. He had three M-15 bullets in his body.

The next day the mainstream press, the military, and Dinant spokesmen including Facussé were all acting as judge and jury in what amounted to a summary execution. The military planted their own AK-47s and other arms on the bodies of the massacred to spin it that the campesinos were nothing more than insurrectionaries usurping land. Later the Public Minister’s office and the local police, in a rare moment of honesty, discounted this version stating that the campesinos had nothing more than their machetes and other tools to harvest the land.

The Public Prosecutor presented a case against five of the guards, but failed to present any evidence such as ballistics and didn’t even bother to confiscate the weapons of the guards. An official autopsy was never done on the victims either.

In February of 2014, the Attorney General’s office created a special Taskforce on Violent Crimes in the Bajo Aguán (UMVIBA). This was done after the World Bank and it’s financing member, the International Finance Corporation (IFC), did an audit of the Dinant Corporation and found that it did not comply with many of the IFC’s human rights requirements to be eligible for loans. This audit happened after much international attention and pressure fell on Dinant, the World Bank, and the Honduran and US Governments. Facussé pressured JOH to create the faux taskforce because that was one of the conditions for reinstating the other half of the IFC’s $30 million loan to Dinant.

The UMVIBA arrived in the Aguán in April 2014. In addition to other land conflict murders it took on, it reopened the El Tumbador case. Almost a year and a half later, the Taskforce has not publically reported on any of the cases. They have not done any exhumations of the El Tumbador victims let alone autopsies. Noe have they ordered Dinant to hand over the guard’s weapons for forensics testing.

They have exhumed bodies from other cases, many with the families’ of the victims in protest. One family states that their loved one’s grave was desecrated for no reason because their death was not linked to the land conflict, but from a traffic accident. Others have complained that when the bodies were reinterred the headstones and the gravesites were destroyed. Previously UMVIBA had publicly stated that Dinant was not cooperating in the investigations, but in recent interviews political pressure has them putting the blame on the families of the victims.

In 2010, the court in Trujillo dismissed the case against the five guards for lack of evidence. It appears that the impunity that is built into the system will once again favor those who pulled the trigger as it had favored Miguel Facussé.

Fuente. http://upsidedownworld.org/main/honduras-archives-46/5443-honduras-the-impunity-and-legacy-of-miguel-facusse

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En medio de críticas abogados hondureños eligen candidatos a magistrados

Publicado: 24 Agosto 2015

El fin de semana pasado, el Colegio de Abogados de Honduras (CAH)  llevó a cabo el proceso de elección de sus 20 precandidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), periodo 2016-2023.  

Redacción Central / EL LIBERTADOR 

Tegucigalpa. El Colegio de Abogados de Honduras (CAH), en una asamblea extraordinaria realizada el pasado fin de semana, eligió a los 20 profesionales del Derecho que por ley representarán a ese gremio en condición de aspirantes a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En el evento se nombró al presidente del Colegio de Abogados José Luis Vallares y al vicepresidente, Rafael Canales, como delegados ante la Junta Nominadora, encargada de depurar el listado de 140 postulantes a  45, que será entregada al Congreso Nacional que es el responsable de escoger a los 15 miembros finales que regirán por siete años en el Poder Judicial en el periodo 2016-2023.

Sin embargo, el abogado miembro del Frente Gremialista, Alejandro Duarte, denunció que la elección de precandidatos para postularse a magistrados está totalmente viciada, y por tanto advirtió que impugnará el proceso en las próximas horas de este día lunes.

Entre las irregularidades denunciadas, destacan: los 59 currículos presentados para participar en la selección que no tuvieron un proceso legítimo de preselección y lo que se hizo fue enlistarlos a todos para que participarán.

También, hubo quejas porque la directiva agregó a nueve notarios en el proceso, sin antes haber sido preseleccionados. Además, las elecciones no tuvieron privacidad y no había papeletas para votos suficientes, por lo que se tuvo que sacar fotocopias, y para colmo las tarjetas de identidad no coincidían con las personas que participaban, por no estar actualizadas.

De igual manera, según Duarte, “se pudo ver que los 20 magistrales, todos pertenecen al oficialista Frente Patria y Justicia, esa fue la línea que entró al Colegio de Abogados, a votar.

Por su parte, Jair López, abogado penalista, reveló que tanto en la elección de las facultades de Derecho en las universidades privadas y en el Colegio de Abogados para escoger a los aspirantes no hubo transparencia.

“Se esperaba la escogencia de aspirantes jóvenes que le dieran nuevas luces a la Corte Suprema, pero no fue así”, comentó.

En el Colegio fue una total decepción, pues llevaron barras y de esa forma se escogieron a los dos delegados a la Junta Nominadora, finalizó.

Las votaciones iniciaron el sábado a eso de las 10:00 de la mañana y cerraron seis horas después. El recuento de papeletas concluyó a eso de las 2: 00 de la mañana de ayer domingo.

Fuente: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/450-en-medio-de-criticas-abogados-hondurenos-eligen-candidatos-a-magistrados

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Gobierno de Honduras dice comprometerse a defender los DDHH

Publicado: 24 Agosto 2015

“La dignidad del ser humano es inviolable y es lo más sagrado que existe entre los hombres”, remarcó el gobernante en su discurso en el acto de instalación, en el que destacó distintas acciones de su gobierno en cumplimiento de ese compromiso con los DDHH.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El presidente de Honduras, Juan Hernández, dijo hoy en la instalación del 53 periodo de sesiones extraordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

 

El Estado hondureño mantiene su compromiso con los Derechos Humanos y que su gestión ha logrado avances en el cumplimiento de esas garantías.

 

“La dignidad del ser humano es inviolable y es lo más sagrado que existe entre los hombres”, remarcó el gobernante en su discurso en el acto de instalación, en el que destacó distintas acciones de su Gobierno en cumplimiento de ese compromiso con los Derechos Humanos.

 

Honduras “hizo el compromiso histórico con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos” y fue el primer país “en ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos y reconocer la competencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 9 de septiembre de 1981”, recordó.

 

También, rememoró que en ese entonces Honduras depositó ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte-IDH de acuerdo con el Artículo 62 de la Convención y sin ninguna reserva.

 

Hernández subrayó que el país ha trabajado en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, tanto nacionales como internacionales.

 

Honduras “ha firmado todos los convenios regionales o mundiales para proteger a la persona humana, reconociendo que este es el fin supremo de la sociedad según el artículo 59 de la Constitución de la República, resaltó.

 

“Comprendemos y reafirmamos hoy, con absoluta claridad, que la dignidad del ser humano es lo más sagrado que existe entre los hombres; nuestra Constitución impone a los poderes públicos un claro mandato que reza que la dignidad del ser humano es inviolable”, dijo el gobernante.

 

Asimismo, Hernández recordó que en su Gobierno “se invitó a la Comisión Interamericana a venir a nuestro país para dialogar ampliamente con todos los sectores que integran la sociedad hondureña”, lo que ha permitido salir del capítulo cuatro del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

 

Añadió que en ese sentido se recibió a varios relatores para que conocieran in situ las diversas situaciones planteadas, brindando las mejores condiciones para que realizaran su trabajo en Honduras.

Fuente: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/452-gobierno-de-honduras-dice-comprometerse-en-defensa-de-ddhh

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Indignados plantean Paro Nacional

Wilfredo MendezEl Coordinador del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Wilfredo Méndez, confirmó la existencia de un planteamiento por parte de la Oposición Indignada para que en los próximos días se lleve a cabo un para nacional en Honduras.

“Se han hecho varios planteamientos de como podría hacerse un paro nacional y creo que ha habido algunos ejercicios en ese sentido, he visto el llamamiento que ha hecho este grupo de oposición indignada pero también he escuchado a otros grupos y otros sectores que han planteado otro tipo de movilizaciones en el país que van desde el hecho de caminatas municipales hasta caminatas a nivel nacional como la que aparentemente se estaría realizando a mediados de septiembre donde habría una gran caminata desde San Pedro Sula hasta la Capital de la República, en ese sentido podemos apreciar que el movimiento social en el país es muy fuerte”, declaró Méndez a Cholusatsur.com.

El defensor de los Derechos Humanos considera que el plazo que le han dado al Gobierno para responder a las demandas populares es algo interesante, “me parece que emplazar al gobierno y darles 15 días y que el gobierno no cumpla ese será una medición de fuerzas interesante de observar porque recuerde que este gobierno no le ha importado plazos ni le importa cuántas huelgas le hagan, el asunto está en que esa apariencia de no importancia no deja de ver una realidad que en efecto se está moviendo con un movimiento social muy fuerte que podría dar golpes al gobierno”.

AQUÍ LA ENTREVISTA

URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=11918

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Hondureños podrán asistir a audiencias públicas de la Corte Interamericana de DD.HH.

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- “La visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es positiva porque evidencia el respeto que tiene el Estado de Honduras a estos mecanismos y además es una oportunidad para que la población asista a los seminarios académicos y a las audiencias públicas”, expresó la Subsecretaria de Derechos Humanos y Justicia, Karla Cueva al referirse la realización del 53 Periodo Extraordinario de Sesiones que realiza esta  entidad en San Pedro Sula.
La funcionaria aclaró que la Corte no viene a examinar a Honduras  sino que desarrollará su 53 Plenaria de Sesiones Extraordinarias, además de la realización de seminarios académicos y audiencias públicas en dos casos: Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú y Caso Ángel Alberto Duque Vs. Colombia.
Por lo anterior, dijo que “Es necesario que los hondureños estén informados de la importancia que tiene el Sistema Interamericano, su funcionamiento y cómo se resuelven los casos”.
A partir de la próxima semana la Corte estará en esta ciudad capital donde impartirá el Seminario Internacional “Corte Interamericana de Derechos Humanos: Impacto y Jurisprudencia sobre grupos en situación de vulnerabilidad”, al cual podrá asistir la población que se inscriba en el siguiente link: http://www.corteidh.or.cr/honduras/inscripcion.html .
La funcionaria dijo que durante su estadía en el país, la Corte además dará seguimiento al cumplimiento de sentencias y avances de parte del Estado de Honduras en 6 casos, en una audiencia privada.
“El Procurador General de la República está permanentemente asistiendo a las audiencias que se programan, por lo que para el Estado de Honduras esta es una oportunidad para dar a conocer el compromiso y respeto que se tiene a la sentencias emitida por la Corte”, refirió Cueva.
La funcionaria dijo que se han dado importantes avances en estas sentencias, ya que algunas condiciones de cumplimiento son a corto, mediano o a largo plazo, razón por la cual es oportuno para Honduras dar a conocer los esfuerzos que hace el Estado para cumplir las sentencias y asimismo, apegarse a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Sistema Regional de Protección a los Derechos Humanos.

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Honduras: : Asaltan a docentes en el interior de escuela en San Pedro Sula

lunes, 24 de agosto de 2015

El hecho se dio en la escuela Centenario de José Trinidad Cabañas de la colonia Fesitranh.
Escuela de Centenario de José Trinidad Cabañas ubicada en la colonia Fesitranh.
Escuela de Centenario de José Trinidad Cabañas ubicada en la colonia Fesitranh. 
La Prensa.hn/ 24 Aug 2015 / 03:27 Pm  San Pedro Sula, Honduras
Varias docentes de la escuela Centenario de José Trinidad Cabañas ubicada en San Pedro Sula fueron asaltadas la mañana de este lunes en el interior de las instalaciones educativas. Las clases tuvieron que ser suspendidas ante la inseguridad.

“Eran como las 6:50 am, los papás y los niños estaban ingresando, en eso, ingresó también a la oficina un muchacho con una mochila cruzada, nos sacó una pistola y dijo: este es un asalto”, relató una de las profesoras.
La docente añadió que pensó “que era broma, quién va a asaltar a esta hora con tanta gente cerca, con los niños ahí afuera. Pero él me dijo, no es una broma, inmediatamente me dan todo lo que andan”.
“Nos hizo que nos metiéramos al fondo de la oficina, una compañera se puso nerviosa y él repitió, si no me dan todo entonces las voy a matar”, explicó la maestra.

El joven ladrón, salió con varias carteras de las maestras que se encontraban en la oficina. Afuera, los niños y padres de familia no se dieron cuenta de que el joven llevaba en su mochila las pertenencias de las docentes.
Al final, las autoridades de este centro educativo exigieron al Estado presencia policial y militar en las cercanías de los centros educativos públicos debido a que cualquier cosa puede pasarle a ellos y principalmente a los niños.

 http://www.laprensa.hn/sucesos/872204-417/asaltan-a-docentes-en-el-interior-de-escuela-en-san-pedro-sula

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Pueblo Tolupán a la espera de cumplimiento total de acuerdos del Secretario General de la OEA

Lunes, 24 Agosto 2015 00:56 Written by  Published in Contexto Read 32 times

Ante un Estado hondureño indiferente a las demandas de los pueblos originarios, la tribu tolupán de San Francisco Locomapa, ubicada en el departamento de Yoro, realizó una serie de acciones en pro de la defensa de sus derechos. La última de ellas fue lograr una reunión con el Secretario General de la OEA, Luís Almagro, el pasado sábado 08 de agosto de 2015.

El máximo representante de la OEA realizó una corta visita al país para validar el proceso de dialogo impulsado por el presidente Juan Orlando Hernández, el cual ha sido ampliamente cuestionado por el movimiento social y popular del país por excluir una de sus principales demandas como ser la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

En representación del pueblo tolupán se hicieron presentes José María Pineda, Alejandra Antonia Cabrera, Ramón Matute, Juan Samael Matute,  y por el pueblo lenca, Francisco Sánchez y Gaspar Sánchez.

Para alcanzar este encuentro, los y las representantes de la tribu en mención, más los miembros de la tribu lenca, se presentaron en la sede del organismo ubicado en la capital hondureña y solicitaron una cita formal para el día siguiente, decidiendo esperar ahí mismo hasta que la reunión se concretara. Sin embargo, fueron sorprendidos por el trato denigrante que recibieron dentro de la sede diplomática ya que los enviaron al área de lavandería a la espera de una respuesta y decidieron instalarse de forma indefinida.

Pasando la noche en el lugar, los representantes de ambos pueblos indígenas lograron ser recibidos por el máximo representante de la OEA ese sábado y le plantearon la problemática que enfrentan, producto del irrespeto de sus territorios derivados de la extracción ilegal de minerales por parte de trasnacionales de la minería y la cual tiene como resultado el asesinato de tres tolupanes ocurrida en agosto de 2013, luego de un plantón pacífico en rechazo a la explotación de sus territorios.

“Yo iba para el banco y terminamos en la OEA”

Una testigo antes, durante y después de la instalación de ambas representaciones indígenas en la sede diplomática fue la cantora y defensora de derechos humanos Karla Lara. En un escrito publicado en el sitio redefensorashn, el pasado 18 de agosto, Lara hace un resumen del encuentro entre la delegación de la OEA y los miembros de ambas tribus.

La también comunicadora e integrante de la Red de Defensoras de Derechos Humanos en su escrito titulado “Yo iba para el banco y terminamos en la OEA”, detalló los acuerdos alcanzados por los representantes de la tribu tolupán y de los indígenas lencas en la reunión con el secretario General del organismo de integración del continente Luis Almagro.

En primer lugar, mencionó Lara, “El Señor Almagro haría en el transcurso de este semana, una carta al Presidente Juan Orlando Hernández en la que expresaría su preocupación por el incumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a 38 personas del pueblo Tolupán, de éstos cuatro  ya han sido asesinados”. Seguidamente se acordó que Almagro se pronunciaría sobre la violación al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al no consultarles de manera previa e informativa a los pueblos indígenas sobre los proyectos extractivitas en sus territorios.

Igualmente y de acuerdo con la publicación de la reconocida cantora nacional, otro de los acuerdos fue que  “ofreció ser un puente y establecer un mecanismo de comunicación constante que vigile los avances en todos los pendientes como el respeto a los títulos ancestrales que corresponde agilizar al Instituto Nacional Agrario (INA)”.

Por último, Almagro se comprometió a agilizar el cumplimiento de las medidas cautelares, acción que les corresponde en nuestro país, a la Secretaría de Seguridad; además de comparecer ante los diferentes medios de comunicación para dar a conocer este encuentro y mostrarse preocupado ante la situación de ambos pueblos indígenas, acción que a criterio de Karla Lara “hasta ahora eso lo cumplió, así esperamos que sea con el trabajo que sigue”.

Pero las amenazas continúan

Ramón Matute es uno de los voceros de la tribu tolupán y le comentó a pasosdeanimalgrande.com que siguen siendo objetos de amenazas a muerte, tanto ellos como sus respectivas familias, por parte de grupos armados que asechan en la zona.

Matute denunció que ha recibido mensajes de parte de emisarios de estos grupos armados e hizo alusión a una amenaza en particular, suscitada el pasado martes 18 de agosto, ya que le hicieron saber que “si nos llegan agarrar, quemaran nuestras casas con todo y familias”. También ha sido objeto de este tipo de intimidaciones Sergio Ávila y Alejandra Cabrera, quienes forman parte de la tribu.

En el caso de Cabrera, su madre María Enriqueta Matute fue una de las personas asesinadas por grupos armados en agosto de 2013 por defender su territorio de la extracción minera.

Un total de 38 miembros de la tribu Tolupán de San Francisco Locomapa cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde diciembre de 2013 y que el Estado hondureño ha dilatado su ejecución inmediata.

Es por ello que en esta semana han sostenido una serie de reuniones con la representante de la Secretaria de Seguridad Sagrario Prudot a fin de llegar a un acuerdo que asegure el cumplimiento de las mismas, agregó el vocero del pueblo indígena tolupán.

“Pero ni estas amenazas detienen nuestra lucha en defensa de nuestro territorio y de nuestro pueblo. Este proceso continua” finalizó diciendo Matute.

En el proceso de huelga de hambre contra la corrupción y la impunidad, la cual se instaló a inmediaciones de Casa Presidencial el 23 junio de este año, siete miembros de la tribu tolupán, entre ellos Alejandra y Ramón, se integraron un mes después y se mantuvieron durante 30 días en respaldo a las exigencias del movimiento de indignados e indignadas y en defensa de sus derechos como pueblos originarios.

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Encuentro de ex alumnos y alumnas de periodismo

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Tegucigalpa.

La Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH,  invitó a ex egresados y egresadas de la Escuela de Periodismo, con el fin de presentarles algunas ofertar académicas que ofrecen y provocar un acercamiento de los ex alumnos a esta carrera de la Alma Mater.

Para iniciar la actividad presentaron un trabajo de producción elaborado por la primera promoción del diplomado en cine que imparte la Escuela de Periodismo, en el que se plasma la historia de esta rama de la universidad.

El proyecto indica que la escuela de periodismo inicio en el año de 1970 y su primer director fue el licenciado en periodismo Óscar Reyes Baca, director fundador de la Escuela de Periodismo de la UNAH, originario de San Lorenzo, departamento de Valle, zona sur de Honduras.

Las circunstancias del país lo obligaron a exiliarse en Nicaragua, estudió periodismo en la Universidad de León, fue redactor y posteriormente subjefe de Redacción del Diario La Prensa de Managua bajo la dirección del asesinado director propietario Pedro Joaquín Chamorro, enemigo jurado de la dictadura somocista.

Regresó al país a finales de los 60s en compañía de su  compañera de toda la vida, su esposa de origen nicaragüense, Gloria Reyes, y fue contactado por el rector de la UNAH Arturo Quezada para fundar la Escuela de Periodismo que nació adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, bajo el decanato de Oswaldo Ramos Soto.

Siguiendo la historia fue hasta el 2013 que la Escuela de Periodismo paso a llamarse “Escuela de Periodismo de las Ciencias de la Comunicación y se rediseño la curricular incorporando asignaturas de acuerdo al mercado laboral. Se fortaleciendo tres áreas como son la Investigación periodística, investigación científica y periodismo digital.

Asimismo, presentaron ofertas para las y los egresados como el diplomado en periodismo digital, diplomado en cine y la maestría en línea de FUNIBER; tienen programada la maestría en diseño y el técnico universitario en audiovisuales que se implementaran el primero en el 2017 y el segundo el próximo año.

Noé Leiva el director de la carrera expreso que la escuela cuenta con cuatro elementos que conforman la comunidad que son docentes, alumnos, administrativos y egresados.

“Estamos dando a Honduras los mejores profesionales que tiene el periodismo actualmente que son los que manejan los medios de comunicación”, dijo el comunicador, añadió que dentro de los planes de transformación de la UNAH, se contempla la organización de los egresados para desarrollar jornadas académicas, de capacitación y actualización.

Leiva hizo un llamado a las y los comunicadores para que defiendan los derechos de la sociedad, interrogo ¿Estamos defendiendo los derechos de la sociedad? ¿Somos nosotros como el periodista que necesita Honduras? ¿Cómo deberíamos ser realmente para que el país salga del subdesarrollo?; “porque sin periodistas y comunicadores es imposible que un país se desarrolle”.

Leiva recordó que el 13 de agosto del 2012, Porfirio Lobo Sosa anuncio que enviaría al Congreso un proyecto para despenalizar los delitos contra el honor que comprenden la calumnia, la injuria y la difamación, que desato todo un debate en Honduras en materia de avances en garantías que protegen y tutelan el ejercicio de la libertad de expresión, de opinión, el derecho a la información y el acceso a la información pública (cuando se preguntó el posicionamiento de la escuela en la defensa de las y los egresados en la clara violación a sus derechos laborales, algunos judicializados y 60 asesinados).

El catedrático adujo que Honduras necesita a los periodistas más proactivos, porque es necesario un comunicador más involucrado para el desarrollo.

Por su parte, Marisela Bustillo coordinadora académica de la escuela de periodismo manifestó que los periodistas necesitan reflexionar sobre su papel y que lo único que pueden hacer con estos encuentros es abrir los espacios, porque “en las aguas mansas sobre lo que está sucediendo en el país y provocar la unión de todos los periodistas para hacer un frente unido con el propósito de hablar de temas que hasta son prohibidos, ya que no somos solidarios ni con nosotros mismos”.

Reiteró que la escuela espera acercar a los periodistas para conversar, para reflexionar que están haciendo y ver de qué manera se apoyan unos con otros en un espacio de nación que esta convulsionado en el tema de la violencia no solo de los profesionales de la comunicación sino contra toda la sociedad.

Bustillo aseguro que también es imperante analizar el proceder de los medios de comunicación, ya que responden a otros intereses que no son los de la sociedad, una de las soluciones es ir creando otros medios alternativos con herramientas tecnológicas.

En cuanto a lo que exteriorizo el licenciado Leiva de la organización de la comunidad periodística; la comunicadora contrario que “desde la universidad no tenemos ningún interés organizativo en este momento, sino que sea algo que nazca de los ex alumnos el interés de formar una red que se puedan comunicar entre sí, nosotros no los vamos a organizar, tiene que ser autónomo, no hay tiempo ni dinero”, finalizó la educadora.

En tanto, mientras se realizaba este evento un grupo de periodistas frente a casa de gobierno, se manifestaron pidiendo un alto a la persecución “no más censura y justicia en el caso del periodista David Romero”. El gobierno en su limitado análisis o su mensaje de terror, respondió con un gran despliegue de militares, incluyendo la presencia de sicarios, cámaras ocultas y gente haciendo perfiles.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3686:encuentro-de-ex-alumnos-y-alumnas-de-periodismo&catid=67:monitoreo&Itemid=192

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