Entradas etiquetadas como El Tumbador

MASACRE DE «EL TUMBADOR»: UNA PRISIÓN VERDE DE IMPUNIDAD

El Bajo Aguán Con 125 mil hectáreas sembradas, en un territorio tres veces más pequeño que Alemania, Honduras es el tercer mayor productor y exportador de aceite de palma africana en América Latina, el octavo país a nivel mundial. Las plantaciones que se exportan a Europa, México y Estados Unidos, para la generación de productos […]

Origen: http://elpulso.hn/masacre-de-el-tumbador-una-prision-verde-de-impunidad/

, ,

Deja un comentario

Masacre de El Tumbador camino a la impunidad

Tocoa, Colón.

Impunidad. Esa es la palabra que define lo sucedido el 15 de noviembre de 2010 en la finca El Tumbador, jurisdicción del municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde murieron 5 campesinos cuando realizaban el proceso de recuperación de tierras, luego que fueran atacados a disparos por militares y guardias de seguridad de la empresa DINANT.

Esa fecha, a eso de las 4:00 de la madrugada unos 200 campesinos, entre jóvenes, mujeres y hombres, llegaron a tomar posesión de unas 800 hectáreas de tierra del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), ubicadas en las cercanías de la comunidad Guadalupe Carney, municipio de Trujillo.

Estas 800 hectáreas, que pertenecieron a un norteamericano (Temístocles Ramírez) y que en 1993 fueran decretadas para fines de reforma agraria, están dentro de una escritura que posee el Movimiento Campesino del Aguán (MCA).

Luego del paso del Huracán Mitch en 1998, que dejó mucha destrucción en el país, el gobierno tomó el acuerdo de entregar estas tierras a 45 empresas que integran el MCA.

Ante la falta de respuesta y decisión del estado de entregarles las tierras, el 15 de noviembre los campesinos del MCA tomaron la decisión de realizar el proceso de recuperación de esas 800 hectáreas que estaban en poder de la empresa agroindustrial DINANT, del empresario Miguel Facussé (ya fallecido).

A eso de las 7:00 de la mañana el grupo de campesinos que estaban dentro de la parcela de tierra, fueron sorprendidos por ráfagas de disparos, los cuales salían de todos lados, lo que provocó que los labriegos salieran despavoridos y se tiraran al suelo para evitar ser alcanzados por las balas y así salvar su integridad física.

En el ataque, que duró cerca de una hora, dejó como saldo a 5 campesinos muertos y a varios heridos. Las víctimas mortales fueron Teodoro Acosta (39), Raúl Castillo (48), Ignacio Reyes (50), Siriaco de Jesús Muñoz (50) y José Luis Sauceda (25).

Tres de las cinco viudas de El Tumbador

A 5 años y medio de haber ocurrido la masacre, la impunidad reina en el caso, debido a que las investigaciones en el mismo están estancadas.

Cuatro años después de haber ocurrido la masacre, el Ministerio Público crea en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA), con el fin de agilizar las investigaciones de las muertes violentas de los campesinos.

En sus reiterados informes, esta unidad ha argumentado que no se ha presentado ningún  requerimiento fiscal porque existe apatía en los familiares y campesinos para proporcionar información y que las personas que dispararon contra el grupo campesino no han sido identificadas por los testigos.

“Entre los obstáculos que hemos tenido para avanzar en las investigaciones es el temor de la gente, por el descontento con el accionar de las autoridades al no actuar a tiempo, la apatía de las personas y de los testigos”, sostuvo Javier Guzmán, coordinador de UMVIBA.

Guzmán señaló que siguen trabajando en el caso, que no pueden estar de brazos cruzados, que siguen buscando testigos que los lleve a encontrar pruebas contundentes para llevar ante la justicia a los responsables de esta masacre, pero los familiares y campesinos que resultaron heridos ha perdido la esperanza de que se haga justicia y ven que el caso va camino a la impunidad.

Después de la masacre, los campesinos constantemente recibían amenazas y persecución, porque no había un control del Estado para regular la situación y al final los campesinos estaban resignados a vivir la vida de esa manera.

“Nosotros lo más que hacíamos era despedirnos de la familia cuando íbamos para el trabajo y pedirle a Dios que nos acompañara, al ver tantos guardias de seguridad amistados con el ejército  y el ejército  sigue  protegiendo a esas empresas de seguridad que tanto daño le han hecho a la sociedad aquí en el departamento de Colón y aquí en nuestra comunidad”, relató uno de los campesinos, testigo de la emboscada que le hicieron los militares y guardias de seguridad.

Desde que se inició la lucha en el MCA, el hostigamiento, las amenazas y persecución no han parado, han denunciado en reiteradas ocasiones los campesinos, pero las autoridades hacen oído sordo a esas denuncias.

“Aquí no han muerto cinco compañeros, han muerto varios hermanos campesinos que han sido asesinados porque en algunos medios ellos han levantado la voz denunciando la injusticia y cosas que el Gobierno no ha cumplido”, expresó el campesino.

Finalmente el labriego señaló que “creo que vivimos en algo que es difícil de controlar, porque documentamos, denunciamos y no hay quien escuche. Podemos ver la situación de cuántos defensores del medio ambiente han muerto y yo miro que esto va para largo. Aquí en nuestro país muy difícil se puede hacer algo para que  se aplique la justicia, cuando miramos que lo que impera aquí es la corrupción”.

Origen: Masacre de El Tumbador camino a la impunidad

, , ,

Deja un comentario

Mujeres del Tumbador, un silencio que clama justicia

os ataques en el Bajo Aguán que registra más de un centenar de asesinatos entre campesinos y guardias de seguridad privada, contratados por terratenientes, no visibiliza las miles de víctimas, viudas y cientos de huérfanos que esperan por una justicia que se vuelve tardía.

Niños y niñas que han crecido los últimos cinco años preguntando ¿Dónde está mi papá? ¿Mamá quiero conocer a mi abuelo? Mientras otros ni siquiera preguntan ya que por temor, su familia calla las violaciones que han sufrido desde guardias de seguridad privada, militares y otras personas que se introducen a la vida de las comunidades campesinas que luchan por la defensa de la tierra para cultivarla.

Más de 300 mil familias hondureñas que se dedican a la agricultura no tienen tierras propias, por lo que muchas de ellas se han unido a la recuperación de las mismas, aunque eso conlleva a poner de escudo la vida misma, como les sucedió a cinco hombres el 15 de noviembre del 2010, en el Tumbador, Trujillo, Colón.

Así mismo hay cinco viudas y más de 25 niños menores de edad, que dependían de lo que sus papás llevaban cada día a la casa después de trabajar en las fincas, pero en esos días tenían un objetivo, recuperar las tierras de la finca “El Tumbador” que pertenecen al Movimiento Campesino del Aguán, MCA, pero se las apropio, según denuncias de los campesinos, el terrateniente Miguel Facussé (fallecido en junio del 2015).

“Quedaron ahí muertos, prometieron que iban a investigar y castigar a los responsables pero nada ha pasado, esto es muy duro para nosotras, y los asesinos ahí andan, caminando tranquilos como siempre”, dijo con lágrimas en sus ojos, una de las viudas, cargando en su regazo a su pequeño hijo, que estaba recién nacido cuando sus papá fue asesinado.

Las víctimas mortales son Teodoro Acosta (39), Raúl Castillo (48), Ignacio Reyes (50), Siriaco de Jesús Muñoz (50) y José Luis Sauceda (25), además cuatro quedaron heridos, entre ellos Francisco Ramírez, quien quedó marcado no solo en sus emociones, sino en su rostro con una cicatriz atraviesa su boca, producto del tiroteo.

Esa mañana, recuerdan las víctimas, había mucho movimiento y disparos, se escuchaban pasos por doquier, eran guardias de seguridad privada y militares que iban a desalojar a los más de 200 campesinos. Muchas de las mujeres y los niños permanecían en las casas, pero otras estaban ya en los lugares de vigilancia para recuperar las tierras.

Aunque ellas no lo denuncian abiertamente, lo que vivieron esa mañana les marcó la vida, no solo perdieron a cinco compañeros, esposos, padres, hermanos, hijos, sino que algunas campesinas fueron atacadas sexualmente por esos hombres que con sus uniformes y armas imponen la fuerza y omiten el diálogo.

Es difícil contar estas historias, porque hay heridas que no se pueden cerrar, más cuando se habla de la dignidad humana ultrajada en un país donde no se tiene confianza en el sistema judicial y que por  temor es mejor callar, manifiestan las víctimas.

Las víctimas se muestran muy reservadas al hablar del tema, a veces es mejor olvidar, porque con denunciar no pasa nada, dice una de ella, quien a medias palabras comenta como uno de los militares la manoseó”.

Hay testimonios que concuerdan en las acciones de ataque sexual, ellas son mujeres mayores de edad, aunque no se descarta que las niñas sufran peor suerte en cuanto a agresiones sexuales.

Según las narraciones, ese 15 de noviembre de 2010, ellas y otros campesinos se dirigieron al Tumbador a trabajar, ellas no sabían a lo que se iban a enfrentar y cuando iban llegando se encontraron varios compañeros que ya venían de regreso y les manifestaron que la situación estaba peligrosa.

Sin embargo las mujeres decidieron seguir, y al acercarse escucharon muchos disparos por al menos nueve minutos, las detonaciones no dejaban de sonar, entonces decidieron esconderse en un cerrito y se tiraron al suelo para que ellos –los hombres armados- no lograran verlas.

Al sentir que no había ruido alguno, salieron de sus escondites y uno de ellos las logró ver, entonces llamó a los demás, mientras les ordenaban que se pusieran en línea, les preguntaron si ellas andaban armadas, les contestaron que no, pues su única arma –como la de todo campesino- era un machete, su herramienta de trabajo.

¿Son ustedes campesinas? Preguntaron lo armados, y ellas por miedo a que las mataran les decían que no.

Se dirigieron a una de las mujeres “dejá de mentir que ya te conocemos” por lo que sería a la primera que matarían.

Con palabras entrecortadas recuerdan que las agarraron del cabello y las arrastraron aproximadamente 20 metros, y les quitaron las botas para a ver si andan teléfonos móviles ahí escondidos, y además las amenazaban con una arma en su boca y les decían palabras ofensivas.

Las tiraron a la parte trasera de un vehículo, las aventaban y golpeaban dándoles patadas en todo su cuerpo, las obligaron a quitarse parte de su vestimenta y las seguían golpeando, les tomaron fotografías y uno de los hombres dijo que nos las mataran que recordaran que ellos tenían madres y las dejaron ir y después del ataque, las dejaron ir.

En el caso de las víctimas de la comunidad El Tumbador, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, ha acompañado a las familias y sobrevivientes, para documentar los casos e interponer denuncias, encaminadas a que estas muertes no queden en la impunidad, y los denunciantes no sean más victimizados por el Sistema Judicial, militares y guardias de seguridad privada que contratan los terratenientes del Bajo Aguán.

Según los testimonios de las viudas, hay cuatro mujeres sobrevivientes de los mismos hechos, fueron  víctimas de persecución y hostigamiento. Los presuntos guardias privados las rodearon, las agarraron del pelo y les apuntaban con las armas en la cara, las introdujeron  en las palmeras, las tocaron requisándolas, les pedían información de cuantos compañeros andaban y que si tenían armas, les amenazaron con picarlas y quemarlas, expresa la denuncia interpuesta ante autoridades gubernamentales.

Hace más de cinco años, un grupo de campesinos salió en la madrugada de sus hogares, con el propósito de recuperar unas tierras que pertenecen al Movimiento Campesino del Aguán, MCA, pero están apropiadas por el terrateniente Miguel Facussé, pero ya no volvieron porque en una emboscada perdieron la vida.

Eran al menos 200 campesinos decididos a recuperar unas 700 hectáreas de tierras ubicadas en el antiguo Centro Regional de Entrenamiento Militar, CREM, que fueron adquiridas por el Estado al ciudadano Temístocles Ramírez, y después fueron traspasadas al Instituto Nacional Agrícola, INA por la Procuraduría General de la República, el 11 de julio de 1991 para fines de reforma agraria.

Los cuerpos fueron encontrados a lo largo del día en diferentes zonas entre las palmeras, presentaban heridas de bala y no hubo un levantamiento forense como corresponde, después fueron llevado a un lugar en común en la comunidad “Guadalupe Carney”, dejando más de 25 niños “de pan en mano”, y aún quedan esas historias que las mujeres no se atreven a contar porque la falta de justicia, impunidad y el miedo se impone en la zona.

Ante el ataque sexual, hay que romper el silencio

Un abuso sexual va desde la amenaza al engaño, la seducción y/o confusión. Es siempre que el otro no quiera o sea engañado. Es un acto que pretende dominar, poseer, cosificar a la persona a través de la sexualidad. Unas veces el agresor actúa desde la violencia explícita hacia la víctima, que se siente impotente, desprotegida, humillada.

Los efectos de la agresión son múltiples, y se expresan en las áreas más importantes de la persona. Es vivido como un suceso traumático, es decir, como algo que impresiona tanto que no se puede elaborar, y por ello se intenta olvidar. Pero todo suceso traumático, “olvidado”, tiende a expresarse y a salir a la luz, bien desde un impulso a la repetición, (incluso viéndose inmersa sin saber cómo en situaciones en las que nuevamente es violentada); o siendo ella misma, quien de manera activa, violenta o abusa de otros.

Al mismo tiempo, aparece una necesidad de evitar, de defenderse de la sexualidad consigo mismo, y de las relaciones sexuales en general. Es una sexualidad herida, muy mal integrada, y vivida como una amenaza, como algo que no se puede controlar, y que lógicamente afecta en las relaciones y compromisos con el otro, con la pareja.

Aclarar que el abuso sexual no es sólo penetración o agresión física. Abarca desde el contacto físico, hasta la ausencia de contacto. Puede darse prolongado en el tiempo, o como hechos aislados y puntuales.

Sus consecuencias serán más graves cuanto mayor sea la implicación afectiva o la autoridad simbólica y moral, en interrelación con la duración temporal de dichos abusos.

Los efectos dependen de la intensidad y duración, de la edad de la víctima y solidez de su estructura psíquica, del valor asignado al agresor, se pueden esquematizar en estas áreas: psicológica, sexual, psicosomática, social y escala de valores.

Entre los sociales está la desconfianza ¿Cómo confiar en el otro? ¿Cómo hablar de uno mismo? Por tanto aparece una fuerte desconfianza, con repliegue, aislamiento, incomunicación, por lo que es importante el acompañamiento a víctimas de ataque traumáticos.

Origen: Mujeres del Tumbador, un silencio que clama justicia

,

Deja un comentario

Honduras: The Impunity and Legacy of Miguel Facussé

PDF Print E-mail
Written by Greg McCain
Monday, 24 August 2015 10:20
Ciriaco de Jesús Muñoz, PRESENTE! Ignacio Reyes García, PRESENTE!; Raúl Castillo, PRESENTE!; Teodoro Acosta, PRESENTE!; José Luis Sauceda Pastrana, PRESENTE!.

These are the names of the five campesinos (peasant farmers) who were massacred in November of 2010 at El Tumbador. Francisco Ramirez calls out the names to begin a meeting with a human rights delegation. The group calls out “PRESENTE!” to show that each of the five is still a part of the community of Guadalupe Carney and a member of the Campesino Movement of the Aguán (MCA in its Spanish Acronym).

November 15th 2015 marks the fifth anniversary of the massacre at El Tumbador, the African Palm plantation on Laguna Guaimoreto in Trujillo, Colon. Paramilitary private guards and members of the military ambushed the five, along with several other campesinos from the community, in the early morning hours as they attempted to enter their property. Francisco was among those severely wounded as bullets tore through his face and body. He is left with constant pain that makes it next to impossible for him to work plus the fact that the land he was entitled to cultivate was stolen from him.

November 15 also marks five years of impunity for the Dinant Corporation whose President, Miguel Facussé Barjum, ordered his private security guards and State security forces to open fire on the campesinos and kill as many as possible. Dinant is a Honduran company that grows African Palm and processes the oil in addition to harvesting other crops. It distributes cooking oil, snack food, sugary juices and a variety of other junk food and household products nationally and internationally. It also has a Biofuel processing program that is set up more as a PR scam for receiving Carbon Credits than as a feasible alternative fuel producer.

Facussé died in June of this year. He was considered one of the richest men in Honduras and the 11th richest in Central America. His death ensured his impunity for various crimes. He made his money swindling banks and other companies and used his influence in the government to have agrarian laws changed in order to swindle, intimidate, and usurp land from peasant farmers in various sectors throughout Honduras. One of his largest land holdings were the African Palm plantations in the Northeastern region known as the Bajo Aguán. It was here, since the 1990’s, that he wreaked havoc on the lives of the peasant farmers. Facussé left a legacy of murder, embezzlement, and theft much of it with the full knowledge and tacit approval of the US government.

The 1992 Agrarian Modernization Law, which Facussé, other ruling elites, and the Bush Sr. administration’s State Department drafted and pushed through the Honduran Congress, gutted the agrarian reform laws that had existed previously. It put State owned land distributed for subsistence farming on the public market. What were once cooperatives or peasant farmer collectives were divided up into individual titles. Many of the farmers were coerced into selling their land for a pittance. In other examples, people who had no authority to sell communal or cooperative land took bribes signing over titles to big rich landowners. In still other instances, Facussé used his military ties to intimidate farmers and their families off of their land killing those who resisted.

Much of the poverty in the country stems from the effects that the Modernization Law had on farmers. Also, the corruption that came in the aftermath of Hurricane Mitch in 1998 contributed as well. The hurricane itself created misery for the entire country as crops, houses, roads, bridges and whole towns were washed away. Facussé’s nephew, Carlos Flores Facussé, was President at the time. He appointed his uncle as director of the national bank. International aid poured in for rebuilding infrastructure as well as relief aid to keep people from starving and to assist them in rebuilding their lives. Shortly after tens of millions of dollars were accumulated, the nephew dissolved the national bank as part of IMF neoliberal restructuring and the money disappeared. Miguel Facussé began to accumulate, with his newfound riches, tens of thousands of hectares of African Palm plantations in addition to private property in National preserves and along the Northern coast and in the Gulf of Fonseca. He financed palm oil processing plants and began to export palm oil and other products and buying brand names, such as Mazola, that he had the exclusive Central American rights to.

In 1999, campesino organizations investigated ways for displaced peasant farmers to acquire land. The Honduran Constitution states that National land lying idle was to have a percentage doled out to peasant farmers who would agree to use the land for subsistence farming. Campesino organizations from five of the northern departments approached the National Agrarian Institute (INA) with the proposal that the land known as the CREM be titled over to the campesinos who had organized as the MCA.

CREM is the Spanish acronym for the Regional Military Training Center. The US military used the site in the 1980s for training the Contras in Reagan’s war against the popular Sandinista government in Nicaragua which won it’s revolution against the US backed dictatorship of Somoza. It also trained the military of El Salvador during their bloody civil war waged against the populace by the military junta. Honduran military officers received training there as well for counter insurgency from the US’s School of the Americas. It is reported that many Hondurans were disappeared and tortured at the CREM. This includes the US born Jesuit priest Father Guadalupe Carney, whom the MCA named its community after. He disappeared in 1982.

INA determined that the MCA could indeed take possession of initially 1000 hectares within the CREM. In time, the number of legally established peasant enterprises grew to 46 as the MCA continued to organize and grow. In total, it was determined that the MCA could obtain provisional titles to 5742.90 hectares (14,191 acres) of land.

Through out this time the campesinos faced brutal aggression from rich landowners who had purchased CREM land illegally. The Municipality of Trujillo had no right to sell national land to these, mostly, cattle ranchers, which included politically powerful families such as Facussé and the Lobo-Sosas. In 2010 INA determined that El Tumbador fell within the boundaries of the CREM. Facussé denied this even though maps of the CREM clearly show that it falls within the boundaries. The government of Pepe Lobo intervened and attempted negotiations with Facussé and the MCA. Facussé accused Cesar Ham, then Director of INA of inciting the campesinos. Ham, knowing Facusse’s past inclination of killing those who challenged him, so feared for his life that he publically stated that if anything bad happened to him it was Facussé who was responsible.

Gaining access to El Tumbador was becoming a long drawn out process that was being stalled by Facussé through bribes to government officials. The campesinos decided to take possession of what was legally theirs if only with the blessings of INA. The peasant farmers, both men and women, worked in El Tumbador for almost a year as negotiations continued. Up until November 15th the campesinos worked without provocation albeit the members of the MCA had faced constant threats since 2000. More than 20 members of their community had been assassinated.

In 2009, Ciriaco traveled from Olancho to find an opportunity to provide for his four children and his common law wife of 20 years, Martha López. On November 15th, he left his house in Guadalupe Carney at 3am and headed to El Tumbador. At 5am, about ten private guards on the plantation demanded that the campesinos leave. They refused saying that this was their land. The guards made phone calls and a short time later 200 heavily armed military personnel arrived. They had military grade weapons such as AK-47s, M-16s and R-15 rifles. The campesinos were on the road outside of the plantation armed only with their machetes which they used for work. Without saying a word, the guards and military opened fire on the campesinos who immediately fled into the dense palm. Ciriaco wasn’t so lucky. He was killed immediately at close range as were 3 of the others. The fifth campesino to be murdered, José Luis Sauceda Pastrana, was found the next day not far from the execution of the others. He had three M-15 bullets in his body.

The next day the mainstream press, the military, and Dinant spokesmen including Facussé were all acting as judge and jury in what amounted to a summary execution. The military planted their own AK-47s and other arms on the bodies of the massacred to spin it that the campesinos were nothing more than insurrectionaries usurping land. Later the Public Minister’s office and the local police, in a rare moment of honesty, discounted this version stating that the campesinos had nothing more than their machetes and other tools to harvest the land.

The Public Prosecutor presented a case against five of the guards, but failed to present any evidence such as ballistics and didn’t even bother to confiscate the weapons of the guards. An official autopsy was never done on the victims either.

In February of 2014, the Attorney General’s office created a special Taskforce on Violent Crimes in the Bajo Aguán (UMVIBA). This was done after the World Bank and it’s financing member, the International Finance Corporation (IFC), did an audit of the Dinant Corporation and found that it did not comply with many of the IFC’s human rights requirements to be eligible for loans. This audit happened after much international attention and pressure fell on Dinant, the World Bank, and the Honduran and US Governments. Facussé pressured JOH to create the faux taskforce because that was one of the conditions for reinstating the other half of the IFC’s $30 million loan to Dinant.

The UMVIBA arrived in the Aguán in April 2014. In addition to other land conflict murders it took on, it reopened the El Tumbador case. Almost a year and a half later, the Taskforce has not publically reported on any of the cases. They have not done any exhumations of the El Tumbador victims let alone autopsies. Noe have they ordered Dinant to hand over the guard’s weapons for forensics testing.

They have exhumed bodies from other cases, many with the families’ of the victims in protest. One family states that their loved one’s grave was desecrated for no reason because their death was not linked to the land conflict, but from a traffic accident. Others have complained that when the bodies were reinterred the headstones and the gravesites were destroyed. Previously UMVIBA had publicly stated that Dinant was not cooperating in the investigations, but in recent interviews political pressure has them putting the blame on the families of the victims.

In 2010, the court in Trujillo dismissed the case against the five guards for lack of evidence. It appears that the impunity that is built into the system will once again favor those who pulled the trigger as it had favored Miguel Facussé.

Fuente. http://upsidedownworld.org/main/honduras-archives-46/5443-honduras-the-impunity-and-legacy-of-miguel-facusse

, , , , ,

Deja un comentario