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Condenan a Honduras por violar derechos a comunidad garífuna

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado de Honduras por violar la propiedad privada colectiva en perjuicio de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz.

El caso se relaciona con las distintas problemáticas en torno al territorio de esa comunidad ubicada en el municipio de Tela, departamento de Atlántida.

La demanda indica que los pobladores de ese lugar no poseen un título de propiedad sobre su territorio ancestral, idóneo y culturalmente adecuado.

Además se refiere a la denegación del derecho de ese pueblo a la participación en la toma de decisiones en asuntos que les conciernen, así como de sus derechos a las garantías y protección judicial.

La CorteIDH explicó el Estado es responsable por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, así como la duración “más allá de un plazo razonable”, de las acciones judiciales y administrativas frente a las ventas y las adjudicaciones a terceros de tierras tradicionales

También declaró que Honduras es internacionalmente responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva por haber incumplido sus obligaciones de delimitar y demarcar unas cientos de hectáreas de territorio que le habían sido conferidas a la comunidad.

El Estado tampoco cumplió con garantizar el uso y goce de los territorios que fueron otorgados ni efectuó un proceso adecuado y efectivo que garantizara el derecho a la consulta y participación de la comunidad, a través de sus propias instituciones y órganos de representación en el caso de proyectos turísticos.

Los jueces también consideraron al Estado responsable por la violación a su deber de adecuar el derecho interno, al no haber dispuesto normas o prácticas que permitieran garantizar el derecho a la consulta al momento de los hechos, lo cual se tradujo en las violaciones hacia la comunidad.

Como medida de reparación, la Corte ordenó al Estado hondureño proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la zona en dominio pleno de la comunidad, así como concederles una garantía de ocupación y un título de propiedad colectiva.

Además, iniciar en un plazo razonable la investigación de la muerte de Jesús Álvarez, Oscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales, por causas relacionadas con la defensa de la tierra, así como crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz.

Origen: Condenan a Honduras por violar derechos a comunidad garífuna – Noticias Cholusat Sur

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Corte IDH condena al estado de Honduras por la violación de los derechos colectivos del pueblo Garífuna

Sambo Creek, 21 de diciembre de 2015.- Después de doce años de haber introducido una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violaciones a los derechos de propiedad colectivos de las comunidades garífunas de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y Cayos Cochinos, finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió dos sentencias en relación a las violaciones de los derechos colectivos de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

La Corte IDH entre otras resalto “que el Estado es responsable por haber violado el derecho a la propiedad colectiva contenido en el artículo 21 de la Convención, en relación con el artículo1.1 de la misma, en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros” y en el caso de Punta Piedra sobre la tenencia de la tierra indicó “la falta de garantía del uso y goce, a través de la ausencia de saneamiento por parte del Estado del territorio de la Comunidad de Punta Piedra, durante más de 15 años, así como la falta de ejecución de los acuerdos de 2001 y 2006”.

Ademas agrega la Corte IDH, “Respecto del derecho a la consulta e identidad cultural, la Corte consideró que la consulta debe ser aplicada con anterioridad a cualquier proyecto de exploración que pueda afectar el territorio tradicional de las comunidades indígenas o tribales”.

La Corte señala además como se ha dado la inexistencia de la protección judicial, situación que afecta tanto al pueblo Garifun como los restantes pueblos indígenas del país, los que venimos padeciendo de un proceso sistemático de despojo bajo la visión de un “desarrollo” de corte neoliberal.

En el transcurso de la docena de años que tardaron los procesos, el estado de derecho en Honduras se ha visto cercenado por la politización y corrupción imperantes en el país, el cual a partir del golpe de estado del año 2009 ha entrado en una espiral imparable de violencia. Mientras las comunidades garífunas apoyadas por nuestra organización entablaron un sinnúmero de denuncias en relación a la violación a los derechos colectivos, el crimen organizado pasó a controlar el corredor de la costa norte del país.

El desconocimiento por parte de los operadores de justicia de los de los derechos de los pueblos indígenas y de los convenios internacionales que nos protegen, ha servido para que los juzgados emitan sentencias en contra de los derechos colectivos. En muchas ocasiones los fallos son emitidos con pleno conocimiento de sus falencias bordeando con el prefabricato.

A pesar de la existencia de convenios y tratados que protegen a los pueblos indígenas, además de las diversas sentencias emitidas por la Corte IDH, existe una tendencia en América Latina al saqueo y sometimiento de los pueblos indígenas, los que pagamos una enorme factura por los proyectos de “desarrollo”.

La sentencias obliga al estado de Honduras a la creación de fondos de desarrollo, para supuestamente incrementar el nivel económico de los habitantes de las comunidades. Sin embargo, teniendo en cuenta las características maquiavélicas de la administración gubernamental de turno, esos fondos pueden ser utilizados para suscitar la división y diluir los logros obtenido por las comunidades.

El cumplimiento de las sentencias está ligado a la reinstalación del estado de derecho que ha sido demolido en Honduras. El golpe a la Corte Suprema de Justicia (12-12-12) ha colocado a Honduras a borde del abismo, cimentando la dictadura civil y fomentando un caos jurídico.

A pesar del logro que representa las sentencias de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, las comunidades Garífunas se encuentran bajo la amenaza de la las ciudades modelo (Ley ZEDE) y de la disolución de los títulos comunitarios a través de la Ley de Propiedad impuesta por el Banco Mundial.

El pueblo Garífuna tiene en la actualidad tres casos más ante la CIDH y varias peticiones, en las que las violaciones a los derechos colectivos y humanos perpetradas por el Estado de Honduras, demuestran la existencia de una deliberada expulsión del país de nuestro pueblo.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH.

Origen: Corte IDH condena al estado de Honduras por la violación de los derechos colectivos del pueblo Garífuna

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CorteIDH condena al Estado de Honduras por violar derechos territoriales de garífunas del Triunfo de la Cruz

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

San José, Costa Rica.-La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó hoy la sentencia sobre fondo, reparaciones y costas en el caso comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras, sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 21 de febrero de 2013.

El texto íntegro de la sentencia y su resumen oficial pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm

Los hechos del caso se relacionan con la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz ubicada en el departamento de Atlántida, municipio de Tela. El Tribunal pudo constatar que se suscitaron distintas problemáticas en torno al territorio de la comunidad, las cuales se refieren a: i) la ampliación del radio urbano del municipio de Tela que abarcaba parte del territorio reclamado como tradicional por la Comunidad; ii) la venta de tierras que habían sido reconocidas como territorio tradicional por parte del Estado; iii) el traspaso por parte de la Corporación Municipal de Tela al Sindicato de Empleados y Trabajadores de esa municipalidad de tierras ubicadas en el territorio reivindicado por la Comunidad; iv) la creación del área protegida “Parque Nacional Punta Izopo” en parte del territorio tradicional de la Comunidad, y v) proyectos turísticos que se desarrollaron en el área reconocida como territorio tradicional de la Comunidad.

Los hechos del caso también se refieren a acciones relacionadas con solicitudes de titulación sobre distintos territorios, a las ventas y las adjudicaciones a terceros de tierras tradicionales, así como a investigaciones relacionadas con las presuntas amenazas y muertes contra cuatro miembros de la Comunidad.

La Corte declaró que el Estado de Honduras es internacionalmente responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva, establecido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros.

Esta violación se generó por haber incumplido sus obligaciones de: i) delimitar y demarcar las aproximadamente 380 hectáreas de territorio que le habían sido conferidas a la Comunidad en calidad de título ejidal en el año 1950 y en dominio pleno en 1993; ii) demarcar, delimitar y titular un lote de tierra de aproximadamente 408 hectáreas que fue reconocido como territorio tradicional de la Comunidad por el Instituto Nacional Agrario (INA); iii) garantizar el uso y goce de los territorios que fueron otorgados a la Comunidad en garantía de ocupación en el año 1979 y que fueron reconocidos como tierras tradicionales por el INA, y iv) efectuar un proceso adecuado y efectivo que garantizara el derecho a la consulta de la Comunidad, a través de sus propias instituciones y órganos de representación, en las fases de planificación o ejecución de los proyectos turísticos “Marbella” y “Playa Escondida”, para la adopción del Decreto que estableció el área protegida Punta Izopo y la aprobación del Plan de Manejo, y en lo relativo a la parte que se sobrepone con las tierras de la Comunidad sobre las cuales el Estado había otorgado un título de propiedad en el año 1993.

Asimismo, el Tribunal consideró que el Estado es responsable por la violación a su deber de adecuar el derecho interno, establecido en el artículo 2 de la Convención Americana, por no haber dispuesto a nivel interno, con anterioridad a la adopción de la Ley de Propiedad de 2004, normas o prácticas que permitieran garantizar el derecho a la consulta al momento de los hechos, lo cual se tradujo en las violaciones constatadas en el caso concreto.

Del mismo modo, la Corte declaró que el Estado es responsable por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención, en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, por: i) la resolución de una solicitud de dominio pleno que no contó con una respuesta que tomara en cuenta la naturaleza tradicional de uno de los lotes de su territorio; ii) la duración más allá de un plazo razonable de las acciones judiciales y administrativas frente a las ventas y las adjudicaciones a terceros de tierras tradicionales, y iii) la falta al deber de investigar varios hechos denunciados por la Comunidad y sus miembros y la falta de inicio de oficio de las investigaciones relativas a las muertes de cuatro integrantes de la Comunidad.

Con respecto a las reparaciones, la Corte ordenó al Estado, entre otras medidas de reparación: i) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; ii) proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la Comunidad en dominio pleno y en garantía de ocupación; iii) otorgar un título de propiedad colectiva, debidamente delimitado y demarcado, sobre un lote de tierra reconocida como territorio tradicional de la Comunidad Triunfo de la Cruz por parte del Estado; iv) iniciar en un plazo razonable la investigación de la muerte de los señores Jesús Álvarez, Oscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales; v) garantizar el libre acceso, uso, y goce de la propiedad colectiva a la Comunidad Triunfo de la Cruz en la parte de su territorio que se sobrepone con un área del Parque Nacional Punta Izopo; vi) crear mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad, y vii) crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz.

La Corte advierte que supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. La composición de la Corte para la emisión de esta Sentencia fue la siguiente: Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Juez Roberto F. Caldas, VicePresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Diego García-Sayán, Juez; Alberto Pérez Pérez, Juez; Eduardo Vio Grossi, Juez, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez; presentes, además Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta.

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CorteIDH sentencia a Estado de Honduras por violación a derechos de pueblo garífuna

Hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió un comunicado informando su resolución sobre Fondo, Reparaciones y Costas en el Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras, en la cual encuentran al Estado de Honduras “internacionalmente responsable” por violación a varios derechos de la comunidad garífuna.

La violación del derecho a la propiedad colectiva, establecido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por el incumplimiento de delimitar y demarcar las aproximadamente 380 hectáreas de territorio que le habían sido conferidas a la Comunidad en calidad de título ejidal en el año 1950 y en dominio pleno en 1993 es el primero en resaltar. Este caso además pone en discusión la forma en que los proyectos turísticos o habitacionales se instalan en las comunidades sin consultar a las mismas violando el derecho internacional a la Consulta Previa, libre e informada.

“No se efectuó un proceso adecuado y efectivo que garantizara el derecho a la consulta de la Comunidad, a través de sus propias instituciones y órganos de representación, en las fases de planificación o ejecución de los proyectos turísticos “Marbella” y “Playa Escondida”, para la adopción del Decreto que estableció el área protegida Punta Izopo y la aprobación del Plan de Manejo, y en lo relativo a la parte que se sobrepone con las tierras de la Comunidad sobre las cuales el Estado había otorgado un título de propiedad en el año 1993”; reza el comunicado.

Esta comunidad, al igual que todas las que se encuentran en Bahía de Tela han sufrido por años el despojo de su territorio, arrinconados por proyectos turísticos y reservas ambientales privadas en las que también se encuentran miembros del crimen organizado, según denuncias que miembros de la comunidad dieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El tribunal compuesto por Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Roberto F. Caldas, Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Diego García-Sayán, Juez; Alberto Pérez Pérez, Juez; Eduardo Vio Grossi, Juez, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez; visitó en agosto de 2015 la comunidad en la que caminaron por todo el territorio para constatar que las denuncias eran reales.

El caso del Triunfo de la Cruz fue interpuesto contra del Estado de Honduras, en relación a violaciones al ejercicio del derecho de la propiedad comunitaria, causados por los proyectos turísticos a manos de la élite de poder del país que además han construido sus mansiones en lo que anteriormente eran los yucales de las ancianas de la comunidad, “adquiridos” de forma dolosa o simplemente arrebatados con el contubernio de la municipalidad. El caso de Punta Piedra se remonta a una invasión promovida por un militar en el año de 1992, sin que dos décadas después exista interés alguno por parte del Estado de Honduras en retornar las tierras en litigio a sus propietarios.

Las dos comunidades ubicadas en los norteños departamentos de Atlántida y Colón, asistieron el año pasado a audiencias efectuadas en San José Costa Rica y Asunción Paraguay en los meses de mayo y septiembre, donde expusieron las múltiples problemáticas que han venido confrontando durante décadas, las que han colocado en peligro la sobrevivencia de las comunidades, además de las múltiples violaciones a los derechos humanos a las que se han vistos expuestas.

Con respecto a las reparaciones, la Corte ordenó al Estado, entre otras medidas de reparación: i) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; ii) proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la Comunidad en dominio pleno y en garantía de ocupación; iii) otorgar un título de propiedad colectiva, debidamente delimitado y demarcado, sobre un lote de tierra reconocida como territorio tradicional de la Comunidad Triunfo de la Cruz por parte del Estado; iv) iniciar en un plazo razonable la investigación de la muerte de los señores Jesús Álvarez, Oscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales; v) garantizar el libre acceso, uso, y goce de la propiedad colectiva a la Comunidad Triunfo de la Cruz en la parte de su territorio que se sobrepone con un área del Parque Nacional Punta Izopo; vi) crear mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad, y vii) crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz.

Implicaciones

Entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró en San José, Costa Rica, su 111 Período Ordinario de Sesiones en el que emitió seis sentencias que serán notificadas próximamente.

Entre estas sentencias se encuentran tres relacionadas con Honduras, cuyas implicaciones podrían tener un impacto significativo en temas fundamentales para la democracia y el Estado de derecho, tales como la independencia judicial y el respeto a los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

Una de las sentencias trata sobre el caso López Lone y otros, acerca de los tres jueces y una magistrada que fueron separados por oponerse al golpe de Estado, por denunciar la complicidad de la Corte Suprema de Justicia con el gobierno de facto y por cumplir con su papel de garantes de la legalidad y el respeto de los derechos de la ciudadanía.

Las otras dos sentencias se refieren a los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, y sus miembros, a quienes el Estado de Honduras a través de megaproyectos turísticos los está despojando de sus territorios ancestrales, violentando de esa manera su derecho a la consulta previa e informada.

“Sin duda alguna, de cumplirse con las expectativas que generan estas sentencias, sus puntos resolutivos podrían convertirse en una herramienta jurídica y política muy importante para promover cambios estructurales que favorezcan el respeto de la independencia judicial y de los derechos del pueblo garífuna y demás pueblos indígenas del país en relación con sus territorios.

A través de estas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos envía un mensaje contundente al Estado hondureño y demás Estados de la región que creen que pueden seguir tratando a su ciudadanía como súbditos, y dejar claro que los derechos humanos están por encima del poder público, que está en la obligación de respetarlos, promoverlos y garantizarlos”, escribió en un editorial el doctor en derecho Internacional Joaquín Mejía.

Origen: CorteIDH sentencia a Estado de Honduras por violación a derechos de pueblo garífuna

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Corte IDH sentencia al Estado hondureño por violar derecho a propiedad colectiva de garífunas

La Corte interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH), notificó este viernes 18 de diciembre de 2015 la sentencia al  Estado hondureño por el caso de las comunidades Garífunas de  Triunfo de la Cruz y Punta Piedra , en el cual lo hace responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva.

 Por medio de un comunicado de prensa emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se informó de la notificación de la sentencia a las partes involucradas, tras una serie de de acciones en detrimento de esta comunidad, entre las que destacan la venta de tierras consideradas como territorio tradicional, el traspaso de las mismas a un sindicato del municipio, la creación de un parque nacional y de proyectos turísticos en dicha área reclamada.

Los hechos del caso también se refieren a acciones relacionadas con solicitudes de titulación sobre distintos territorios, a las ventas y las adjudicaciones a terceros de tierras tradicionales, así como a investigaciones relacionadas con las presuntas amenazas y muertes contra cuatro miembros de la Comunidad.

En exclusiva para pasosdeanimalgrande.com, Alfredo López,  vicepresidente de la Organización Fraternal Negra de Honduras,(OFRANEH), reaccionó contento con las sentencias de la Corte y  dijo que seguirán de cerca el cumplimiento que ordena este órgano de justicia al Estado hondureño.

“Nosotros estamos contentos y hasta cierto punto confiados en el cumplimiento de las sentencias, que normalmente son 10 años los que tiene el Estado para el cumplimiento total por lo que revisaremos el fondo de la sentencia”, dijo López.

Además manifestó que plantearán una estrategia de presión para lograr que se cumpla y que no existan excusas ya que “tenemos un Estado irresponsable que hace todo lo posible para no cumplir con sus obligaciones de carácter internacional”.

Calificó como un reto para OFRANEH este nuevo proceso después de la notificación de la Corte IDH y se harán las valoraciones respectivas en reuniones tanto a nivel organizacional  así también  comunal con los pobladores y  pobladoras, y de esta forma realizar un trabajo en conjunto para que haya efectividad en lo sentenciado.

Ambas resoluciones fueron tomadas por la Corte interamericana en su 111 periodo ordinario de sesiones realizado en el mes de octubre de este año, con esta es la segunda sentencia de este órgano contra el Estado de Honduras, ya que anteriormente se notificó sobre caso del despido de tres jueces y una magistrada donde ordenó su reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento del despido..

La comunidad de Triunfo de la Cruz se ubica en el municipio de Tela, departamento de Atlántida igual que Punta Piedra, con la diferencia que esta última se encuentra al este, aproximadamente a 400 kilómetros de Tegucigalpa.

Entrega del territorio a espalda de la comunidad fue la tarea del Estado en dos décadas

En la sentencia la Corte responsabilizó al Estado como responsable de violar el derecho a la propiedad colectiva, establecido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al incumplir una serie de obligaciones como delimitar aproximadamente 380 hectáreas de territorio que le habían sido conferidas a la Comunidad, en calidad de título ejidal en el año 1950 y en dominio pleno en 1993,  y de 480 hectáreas reconocidas como territorio tradicional.

Seguidamente no garantizó al pueblo garífuna de Triunfo de la Cruz, ante el reconocimiento hecho por el Instituto Nacional Agrario (INA) el uso y goce de los territorios que fueron otorgados, así como efectuar un proceso adecuado y efectivo que garantizara el derecho a la consulta de la Comunidad, a través de sus propias instituciones y órganos de representación.

Las reparaciones a cumplir por el Estado hacia el pueblo garífuna

Dentro de la sentencia, la Corte ordenó al Estado el cumplimiento de una serie de medidas de reparación como una forma de revertir el daño que por más de una década el Estado en conjunto con terratenientes, autoridades municipales y empresarios extranjeros, provocó en contra de la comunidad garífuna:

Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.

Proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la Comunidad en dominio pleno y en garantía de ocupación.

Otorgar un título de propiedad colectiva, debidamente delimitado y demarcado, sobre un lote de tierra reconocida como territorio tradicional de la Comunidad Triunfo de la Cruz por parte del Estado;

–    Iniciar en un plazo razonable la investigación de la muerte de los señores Jesús Álvarez, Oscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales.

–  Garantizar el libre acceso, uso, y goce de la propiedad colectiva a la Comunidad Triunfo de la Cruz en la parte de su territorio que se sobrepone con un área del Parque Nacional Punta Izopo.

–  Crear mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad.

–  Crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz.

Corte IDH ordena saneamiento al Estado en territorios de Punta Piedra

Este mismo día el organismo judicial con sede en Costa Rica, notificó al Estado sobre el caso de la comunidad de Punta Piedra en donde el haber logrado un saneamiento en la ocupación de las tierras por parte de otras personas y que corresponden a la comunidad en mención, ocasionó  un conflicto entre pobladores.

Se entiende como saneamiento el proceso que deriva en la obligación del Estado de remover cualquier tipo de interferencia, en este caso del territorio en cuestión.

Para el año de 1993, el Estado otorgó un título de propiedad a la Comunidad de Punta Piedra, el cual fue posteriormente ampliado en 1999, pero llegado el momento de la titulación una parte del territorio se encontraba ocupado por los pobladores de la Aldea de Río Miel. Esta situación generó diversas acciones de violencia dentro de las cuales se produjo la muerte del señor Félix Ordóñez Suazo, quien fuera un miembro de la Comunidad de Punta Piedra.

En cuanto al reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva, la Corte concluyó que la falta de garantía del uso y goce del territorio de la Comunidad de Punta Piedra, debido a la ausencia de saneamiento del mismo por parte del Estado, así como la no ejecución de los acuerdos conciliatorios, impidió a la Comunidad el goce de la posesión y protección efectiva de su territorio frente a terceros.

En esta comunidad se evidenció la falta de consulta cuando fue otorgada una concesión minera sin  tomar en cuenta la opinión de las personas que habitan allí, con esto también el Tribunal internacional cuestionó la normativa interna porque carece de precisión en relación con las etapas previas de la consulta, supeditando su realización a la fase anterior a la explotación, pero no a la exploración.

Dentro de las medidas para la reparación emitidas por la  Corte y que el Estado de Honduras debe cumplir, están garantizar el uso y goce a través del saneamiento de las tierras tradicionales que fueron tituladas a favor de la Comunidad de Punta Piedra, igualmente llevar un proceso de consulta sobre cualquier proyecto de explotación de recurso y que se  adopten medidas a fin de que las disposiciones reglamentarias sobre minería no menoscaben el derecho a la consulta.

También se ordenó la creación de un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad de Punta Piedra, continuar y concluir en un plazo razonable, la investigación por la muerte de Félix Ordóñez Suazo y demás denuncias interpuestas en la jurisdicción interna, y en su caso, sancionar a los responsables.

Origen: Pasos de Animal Grande – Corte IDH sentencia al Estado hondureño por violar derecho a propiedad colectiva de garífunas

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Tres sentencias más sobre Honduras – 10 Noviembre 2015

Entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró en San José, Costa Rica, su 111 Período Ordinario de Sesiones en el que emitió seis sentencias que serán notificadas próximamente.

Entre estas sentencias se encuentran tres relacionadas con Honduras, cuyas implicaciones podrían tener un impacto significativo en temas fundamentales para la democracia y el Estado de derecho, tales como la independencia judicial y el respeto a los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

Un​a​ de las sentencias trata sobre el caso López Lone y otros, acerca de los tres jueces y una magistrada que fueron separados por oponerse al golpe de Estado, por denunciar la complicidad de la Corte Suprema de Justicia con el gobierno de facto y por cumplir con su papel de garantes de la legalidad y el respeto de los derechos de la ciudadanía.

Las otras dos sentencias se refieren a los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, y sus miembros, a quienes el Estado de Honduras a través de megaproyectos turísticos los está despojando de sus territorios ancestrales, violentando de esa manera su derecho a la consulta previa e informada.

Sin duda alguna, de cumplirse con las expectativas que generan estas sentencias, sus puntos resolutivos podrían convertirse en una herramienta jurídica y política muy importante para promover cambios estructurales que favorezcan el respeto de la independencia judicial y de los derechos del pueblo garífuna y demás pueblos indígenas del país en relación con sus territorios.

A través de estas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede enviar un mensaje contundente al Estado hondureño y demás Estados de la región que creen que pueden seguir tratando a su ciudadanía como súbditos, y dejar claro que los derechos humanos están por encima del poder público, que está en la obligación de respetarlos, promoverlos y garantizarlos.

Origen: Tres sentencias más sobre Honduras – 10 Noviembre 2015

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Honduras: Visita de la Corte IDH a comunidades Garífunas y la urgencia de la restitución del estado de derecho.

El pasado de 22 y 25 de agosto la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH) realizó una visita in situ a las comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, en el marco de los casos que ha venido ventilando la OFRANEH ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por los despojos territoriales perpetrados en contra de las comunidades Garifunas y la denegación del Derecho a la Consulta, Previa, Libre e Informada.

Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, al igual que la mayoría de las comunidades Garífunas han sufrido un saqueo histórico por parte de la elite de poder, que en contubernio con el Estado de Honduras y sus instituciones se han dedicado de forma premedita a apoderase tanto de los hábitats funcionales de las comunidades como de terrenos dentro de las comunidades, en nombre de un supuesto desarrollo turístico y la expansión de los cultivos de agrocombustibles.

A partir de la década de los años 90, se dio inicio a un proceso de titulación parcial supuestamente a beneficio del pueblo Garífuna, al mismo tiempo que se emitió la Ley de Municipalidades, con la cual se incluyeron mucha de las comunidades dentro de los cascos urbanos de las municipalidades, situación que ha conllevado a un despojo del territorio ancestral.

Los títulos emitidos a favor del pueblo Garífuna por el Instituto Nacional Agrario (INA), excluyeron los habitas funcionales, los que pasaron a ser tuteladas por instituciones del Estado, supuestamente encargadas de velar por los recursos forestales y marinos.

El saqueo sistemático de nuestro territorio esta íntimamente ligada a la corrupción imperante en el país, la que se recrudeció de forma exponencial a partir del golpe de estado del año 2009, ante la demolición del estado de ley y el asalto perpetrado a las instituciones desde el Congreso Nacional.

La presencia de los delegados de la Corte IDH y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las comunidades

Triunfo de la Cruz y Punta Piedra recibieron de forma efusiva las delegaciones de juristas internacionales, ante el largo lapso transcurrido entre los despojos y la posible resolución a los conflictos a través de las sentencias que emitirá la Corte IDH, las que tendrán una enorme trascendencia para los Garífunas y demás pueblos indígenas del continente.

Miembros de las comunidades rindieron declaraciones sobre las violaciones a sus derechos territoriales ancestrales y solicitaron a la la Corte IDH la resolución de los conflictos, que el Estado de Honduras se ha negado de solucionar, ante el contubernio existente entre empresarios y políticos.

Las comunidades resaltaron el racismo existente en Honduras, sus múltiples manifestaciones y la falta de sutileza del Estado en el manejo de las relaciones ínter raciales, las que mas bien ha exacerbado, destruyendo el frágil tejido social. El Alcalde de Tela, el Sr. Mario Fuentes, insistió en negar la existencia del el racismo en Tela, eal mismo tiempo que acarreó a los miembros del sindicato de su Municipalidad, a los que se les canceló una deuda con 22 manzanas de tierra, pertenecientes a la comunidad de Triunfo de la Cruz; y hasta la fecha los ex trabajadores de la municipalidad insisten en ser los legítimos propietarios de los terrenos comunitarios.

La Corte IDH pudo constatar los diversos señalamientos de usurpación, muchos de ellos cometidos hace más de dos décadas, además de visitar el Parque Nacional Punta Hizopo, el que ha sido manejado como una propiedad privada del extinto Miguel Facusse. Punta Hizopo forma parte del hábitat funcional de Triunfo, comunidad que no fue consultada para la creación de un parque nacional, como lo indica el Convenio 169 de la OIT.

Además la comitiva de la Corte IDH y la Comisión Interamericana, visitó el territorio de Punta Piedra y Cusuna en donde Ramón Lobo – hermano del ex presidente Porfirio Lobo- pretende imponer un proyecto de extracción de hierro, al que las comunidades Garífunas del Municipio de Iriona se opone de forma rotunda. Finalmente se movilizaron a Río Miel, comunidad mestiza que surgió de la invasión a la comunidad Garífuna de Punta piedra, promovida por el general Castro Kabus en el año de 1992.

La restitución del estado de derecho como un imperativo

Buena parte de la problemática del pueblo Garífuna, surge de la inexistencia de un Estado de ley en el país, en el cual las leyes son creadas o retorcidas a la medida de los intereses de la elite de poder.

Honduras se ha destacado por su corrupción y el desacato a las layes institucionalizado por las dictaduras militares y civiles que ha sufrido. A partir del golpe a la Corte Constitucional (12-12-12) promovido desde el Congreso nacional por el actual mandatario Juan Hernandez, la crisis del estado de derecho se incrementó. El golpe fue originado por el fallo en contra de las ciudades modelos, emitido en octubre de 2012 por la Corte de lo Constitucional, dando de esta forma un golpe mortal a uno de los pilares económicos de la dictadura civil nacionalista, la que a través de las Ciudades Modelo ha pretendido subastar el país al capital extranjero.

La espiral de violencia en la que se ha sumido Honduras se encuentra relacionada de forma directa con la impunidad y colapso del estado de derecho. De ahí que se convierte en un imperativo la restitución del estado de ley, el cual ha sucumbido en manos de un grupúsculo dedicado al saqueo de las instituciones estatales.

Las sentencias de la Corte Interamericana sobre las demandas de las comunidades Garifunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.

El caso de Punta Piedra constituye una oportunidad para profundizar la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos sobre la obligación del Estado de crear las condiciones para que la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales pueda ser ejercida de manera pacífica y sin amenazas a su forma de vida, organización social, usos y costumbres tradicionales. Adicionalmente, se podrá profundizar la jurisprudencia en cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva de los pueblos indígenas cuando, a pesar de contar con un título de propiedad en su favor, no cuentan con mecanismos coercitivos para hacer valer sus derechos frente a amenazas e invasiones de terceros no indígenas.

En el caso del Caso de Triunfo de la Cruz lo que se espera es que se genere una sentencia no solamente para que se le restituyan las tierras a la comunidad de Triunfo de La Cruz sino que se implemente en el país una Ley sobre la Consulta y Consentimiento Previo Libre e Informado que se requiere para que los proyectos a implementar sean consultados con las comunidades.

Dado en la Comunidad de Sambo Creek, a los dos días del mes de septiembre del 2015

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2015/09/02/honduras-visita-de-la-corte-idh-a-comunidades-garifunas-y-la-urgencia-de-la-restitucion-del-estado-de-derecho/

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CorteIDH verifica realidad de despojo que viven comunidades garífunas

Ago 21, 2015

En el marco del 53 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, magistrados de esta instancia de justicia internacional llegan a Honduras en una visita “in situ” a la comunidad Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida. Son 28 violaciones a los derechos comunitarios que se han dado en esta comunidad donde el pueblo que se resiste al despojo ha vivido en estas tierras por más de 200 años. Este pueblo ha llevado el caso a instancias internacionales por la irresponsabilidad del Estado a responder a sus denuncias, según dirigentes comunitarios.

El caso del Triunfo de la Cruz fue interpuesto contra del Estado de Honduras, en relación a violaciones al ejercicio del derecho de la propiedad comunitaria, causados por los proyectos turísticos a manos de la élite de poder del país que además han construido sus mansiones en lo que anteriormente eran los yucales de las ancianas de la comunidad, “adquiridos” de forma dolosa o simplemente arrebatados con el contubernio de la municipalidad.

El caso de Punta Piedra se remonta a una invasión promovida por un militar en el año de 1992, sin que dos décadas después exista interés alguno por parte del Estado de Honduras en retornar las tierras en litigio a sus propietarios.

Las dos comunidades ubicadas en los norteños departamentos de Atlántida y Colón, asistieron el año pasado a audiencias efectuadas en San José Costa Rica y Asunción Paraguay en los meses de mayo y septiembre, donde expusieron las múltiples problemáticas que han venido confrontando durante décadas, las que han colocado en peligro la sobrevivencia de las comunidades, además de las múltiples violaciones a los derechos humanos a las que se han vistos expuestas.

Alfredo López, vicepresidente de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), hace diez años llevó su caso ante la CorteIDH y se logró una sentencia que a una década ya necesita revisión. López estuvo preso injustamente por 6 años, criminalizado por su lucha contra el proyecto turístico Marbella que había despojado a la comunidad Triunfo de la Cruz de una parte de sus tierras. Hoy en este sitio, donde Marbella despojó a los garífunas, de nuevo funciona otro proyecto turístico llamado “Hisopo Resort” aun cuando desde 2006 por esta sentencia del caso Alfredo López vrs El Estado de Honduras, es prohibido celebrar contratos de venta de tierras en esta comunidad.

“El conflicto ha escalado hasta niveles muy peligrosas de manera que la preocupación fundamental es que se ha contratado vigilantes armados garífunas para que se de violencia entre garífunas, una situación que no habíamos visto antes. Es tan delicada la situación que la Corte ha decidido es ir a esta zona de Hisopo Resort donde para construir destruyeron el medio ambiente, los yucales de las compañeras nuestras de la cooperativa El Esfuerzo, es un. La fiscalía les decomisó los tractores pero al día siguiente volvieron a trabajar”, dijo con preocupación Alfredo López, quien el día que la maquinaria entró al territorio garífuna recibió intimidaciones de los trabajadores.

LEA DENUNCIA CONTRA HISOPO RESORT: Corresponsal de Radio Progreso denuncia agresión por parte del personal de Hisopo Resort

Inés García, mujer garífuna de la cooperativa El Esfuerzo dice con dolor que se sienten amenazadas todas las familias de Triunfo de La Cruz porque ahora ni sobrevivir se podrá sin sus tierras para cultivar y eso quieren que los magistrados de la CorteIDH lo tengan muy presente.

“No es posible que vivamos a 218 años en la comunidad sin derecho. No es posible que los que tengan dinero nos quieran sacar de aquí como que no somos personas. Los que tienen dinero creen que tienen derecho a vivir a la orilla de la playa pero por herencia nos toca a los garífunas. Queremos hacerle ver a la corte interamericana que tenemos derecho. Cooperativa el Esfuerzo tenía 22 manzanas de trabajo de mujeres. Trabajar la tierra es lucha y sacrificio. Lo que hemos hecho es denunciar, denunciamos en el medio ambiente, fuimos a la fiscalía, a veces no nos paran coco. Hasta ahorita hemos ido a parar el trabajo de estas máquinas”, explicó García.

Así es la comunidad:

Por su parte, Cesar Benedit, locutor de la radio comunitaria Faluma Bimetu asegura que son alrededor de 6 mil jóvenes garífunas organizados en la defensa del territorio. Benedit asegura que esta lucha es esencialmente joven ya que es para que las nuevas generaciones tengan acceso a la tierra y la cuiden y defiendan siempre.

“Cuando llegamos a Costa Rica, el Estado alegó muchas cosas que dicen que han apoyado a esta comunidad, se habló mucha mentira de parte de Estado. La expectativa es que los magistrados que van a venir miren la realidad. Estamos en un país donde los derechos de los humanos y no digamos los derechos de los negros e indígenas son violentados todos los días. Los mayores ya van de retirada y los problemas continuarán por eso los jóvenes debemos seguir peleando. Si la corte sentencia al estado, la lucha sigue, tenemos que animarnos porque es una batalla muy fuerte”, expresó.

Recomendamos: Visita “in situ” de CorteIDH a comunidades garífunas genera grandes expectativas

El caso

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el 4 de abril de 2013, el caso 12.548 a la  Corte Interamericana, después de más de una década de haber sido introducida ante esa instancia una petición por varias comunidades Garífunas y la OFRANEH, ante los despojos sistemáticos y violaciones a sus derechos humanos.

Según el portal de Ofraneh: Mientras Honduras sucumbe en una espiral de violencia, el pueblo Garífuna y otros pueblos indígenas  nos encontramos  a punto de desaparecer como culturas diferenciadas, ante el desconocimiento de nuestros territorios y el irrespeto sistemático de la Consulta-Consentimiento, Previa, Libre e Informada (CPLI). “Sin la aplicación del derecho a la Consulta, nuestras comunidades serán sepultadas por un supuesto desarrollo a favor de la elite de poder y el capital transnacional”, indicó al respecto Alfredo López, uno de los líderes comunitarios de Triunfo de la Cruz  y vice coordinador de la OFRANEH.

El caso de Triunfo de la Cruz, al igual que el caso de la comunidad garífuna de Punta Piedra, forman parte de la estrategia de defensa jurídica desplegada por la OFRANEH para frenar la desterritorialización promovida por el Estado de Honduras, el cual se apresta  a subastar al capital extranjero el territorio ancestral bajo la modalidad de las  “ciudades modelo”.

“Como defensores de derechos humanos aquí hay un compendio de leyes que quedan en papel mojado. El artículo 346 de la constitución dice que el Estado tiene que dictar medidas de protección a pueblos culturalmente diferenciados, pero hacen lo contrario, nos restringen el libre acceso a la pesca, a la búsqueda de nuestro alimento con leyes secundarias. Desde 2006 a la fecha tenemos medidas cautelares en Triunfo de la Cruz, hay prohibición de celebrar contratos dentro del territorio pero no se cumple. Esas son las cosas que suceden en Honduras, por eso debemos estar en guardia para poder defender y que al final la seguridad jurídica que debe permanecer aquí. El derecho colectivo debe prevalecer”, dice López.

Triunfo de la Cruz junta 28 casos en uno y en Punta Piedra es uno solo en que los militares invadieron el territorio llevando campesinos y estos han vendido a narcotraficantes, según Alfredo López. “Primero había 14 millones para reubicar la comunidad Rio Miel pero esa plata desapareció, 10 años después se hace un avalúo a 28 millones pero ya campesinos no hay allí sino que narcotraficantes y estos no quieren vender”, explicó.

Todas las comunidades garífunas están amenazadas, son 46 en todo Honduras, viviendo en las costas especialmente en el atlántico.

Angel Castro, miembro de la comunidad asegura que “se puede exigir al Estado que cumplan las leyes pero son  mismas autoridades son los que incumplen las leyes. Queremos que los jóvenes tengan esta tierra, cuando los garífunas llegaron a Honduras 218 años atrás nadie habitaba las costas, los españoles desplazaron a los indígenas a las montañas. Los garífunas no tuvieron conflictos porque nadie vivía aquí. No vamos a permitir que nos desalojen de aquí. Tela era Triunfo de la Cruz y nos la quitaron. El mismo gobierno toma las tierras para comprometerlas y destruirnos”, cuenta.

Son alrededor de 11 mil personas las que viven en Triunfo de la Cruz y están siendo afectadas de forma que la migración hacia Estados Unidos en los últimos años también ha aumentado. La Ofraneh sostiene que es una nueva diáspora a la que se enfrenta este pueblo al ser despojado de las costas, que para el Estado y  la empresa privada solo tienen valor económico.

El primer encuentro de los magistrados de la CorteIDH se hará con miembros de la comunidad, autoridades municipales y representación del Estado en Tela, Atlántida en las antiguas instalaciones de la Tela Rail Road Company en esta ciudad.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2321-corteidh-comprueba-realidad-de-despojo-que-viven-comunidades-gar%C3%ADfunas

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Honduras: Visita “In Situ” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Comunidades Garífunas, Triunfo de la Cruz y Punta Piedra

Sambo Creek, Atlántida, 7 de agosto de 2015.- Las comunidades Garifunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra recibirán la visita de la honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ente el 21 y 25 del presente mes para Observar “in situ” algunas de las áreas del territorio reclamado por la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y Punta Piedra que son objeto del litigio en los casos que se viene ventilando en contra del Estado de Honduras.

Las comunidades Garifunas asistieron el año pasado a audiencias efectuadas en San José de Costa Rica y Asunción Paraguay en los meses de mayo y septiembre, donde expusieron las múltiples problemáticas que han venido confrontando durante décadas, las que han colocado en peligro la sobrevivencia de las comunidades, además de las múltiples violaciones a los derechos humanos a las que se han vistos expuestas.

El Estado de Honduras no vaciló durante las audiencias en la Corte IDH, en negar la condición de pueblo indígena que poseemos lo Garifunas, además de sugerir que nuestro pueblo ocupó los territorios de los pueblos Tolupán y Miskito.

Al mismo tiempo que los casos se ventilaban ante la Corte IDH, el Estado de Honduras incrementó la estrategia de expulsión de nuestro pueblo de la costa norte. Basta recordar como en el año 2014 en nuestras comunidades se desató una avalancha de mujeres y menores de edad que partieron de forma masiva e ilegal hacia los Estados Unidos como consecuencia de las presiones territoriales, desempleo y el ambiente de violencia imperante en el país.

El caso del Triunfo de la Cruz es la suma de diversas apropiaciones del territorio comunitario a manos de la elite de poder del país que han construido sus mansiones en lo que otrora eran los yucales de las ancianas de la comunidad, “adquiridos” de forma dolosa o simplemente arrebatados con el contubernio de la municipalidad. El caso de Punta Piedra se remonta a una invasión promovida por un militar en el año de 1992, sin que dos décadas después exista interés algunos por parte del Estado de Honduras en retornar las tierras en litigio a sus propietarios.

Además de las transgresiones al Artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en relación a la violación al derecho a la propiedad, las comunidades Garifunas señalan la denegación al Derecho a la Consulta, previa, Libre e Informada amparado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Esta visita “in situ” que efectuará la Corte IDH a las comunidades Garífunas de Triunfo y Punta Piedra, se llevara a cabo en el marco de la 53 Período Extraordinario de Sesiones que la Corte celebrará del 24 al 28 de agosto de 2015 su en Honduras. Así mismo, se realizarán dos audiencias públicas sobre casos contenciosos y una audiencia privada sobre la supervisión de cumplimiento de sentencias, entre otras actividades.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2015/08/07/honduras-visita-in-situ-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-a-comunidades-garifunas-triunfo-de-la-cruz-y-punta-piedra/

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Comunidades Garifunas de Punta Piedra y Cusuna rechazan presencia de Ramón Lobo y su empresa minera

Las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Cusuna, en horas de la mañana del día de ayer, declararon persona no grata al Sr. Ramón Lobo, hermano del ex-presidente Pepe Lobo, el que acompañado de varios vehículos incluyendo uno perteneciente a INHGEOMIN, trataron de visitar el lugar donde aparentemente el estado de Honduras otorgó una concesión minera no metálica, sin haber efectuado ninguna consulta previa, libre e informada con la comunidad.

Las concesiones mineras no metálicas Punta Piedra I y II, fueron otorgadas por el estado de Honduras a la Corporación Minera Punta Caxina, con el propósito de explotar los yacimientos de óxido de hierro y otros minerales existente en la serranía de Payas.

La Corporación Caxina, la cual aparentemente es propiedad del Sr. Ramón Lobo, recibió los derechos mineros el 4 de diciembre de 2014, bajo la resolución 105/12/2014, y fue otorgada por un período de diez años. La Concesión minera no metálica Punta Piedra II, se encuentra registrado bajo el expediente 714, y abarca 800 hectáreas de tierra de las comunidades de Punta Piedra y Cusuna.

Buena parte de las tierras concedidas se encuentran en la cuenca del río Bambuco y sus afluentes, donde está localizada la fuente de agua que abastece a los dos comunidades.

Garífunas tanto de la comunidad de Punta Piedra como de Cusuna, exigieron al Sr. Lobo que abandonara la zona. Además fueron enfáticos en relación a un NO ROTUNDO a la explotación minera en su territorio.

El procedimiento inconsulto avalado por el Ministerio del Ambiente, es una abierta violación al Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y de la Ley de Minería vigente.

Además la comunidad de Punta Piedra se encuentra ventilando un caso ante la Corte Interamericana de Derechos humanos, por una invasión promovida hace más de veinte años por un grupo de militares y empresarios palmeros, sin que el estado de Honduras hubiera tomado cartas en el asunto para solucionar la problemática.

La empresa Punta Caxina pretende extraer oxido de hierro, mineral que cada día disminuye su valor en un mercado internacional saturado. La destrucción del sistema vial ha sido reportado en varias zonas del país, debido al transporte del oxido de hierro hacia los puertos de aguas profundas. Ya de por si la red vial que une a Punta Piedra con Bonito Oriental, es prácticamente inexistente.

Es indudable que existe por parte del Ministerio del Ambiente, antigua SERNA, conocimiento sobre la denuncia presentada por la comunidad ante el Ministerio Público, el pasado 10 de abril, donde se denunció la violación una vez más al derecho a la consulta que poseemos como pueblo indígena los Garifunas.

Las comunidades de Punta Piedra, Cusuna y la OFRANEH demandamos el cumplimiento de la voluntad del pueblo, de no implementar proyectos de minería en sus territorios. Además que cese de inmediato las incursiones de funcionarios adscritos a MIAMBIENTE, y cancelar de una vez por todas las concesiones efectuadas al Sr. Ramon Lobo.

Sambo Creek, 13 de Mayo del 2015

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2015/05/13/comunidades-garifunas-de-punta-piedra-y-cusuna-rechazan-presencia-de-ramon-lobo-y-su-empresa-minera/

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Indígenas garífunas lanzan denuncia internacional contra el Estado de Honduras

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San José, Costa Rica.- Indígenas garífunas de la comunidad de Punta Piedra, en Honduras, acusan al Estado de Honduras de violar su derecho a la tierra. En sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteCIDH), en Asunción, capital paraguaya, esta semana representantes de la etnia afirmaron que el problema de las comunidades no ha obtenido respuesta por parte de las instancias nacionales, de tal manera que el caso repercutió en la Justicia Internacional para recuperar su derecho ancestral.
La acusación alega que el Gobierno de Honduras viola el derecho a la propiedad de la comunidad, supuestamente por no cumplir el deber de garantía frente a la invasión de personas no indígenas en el área garífuna. “Lo que queremos es que el Estado nos devuelva el territorio que nos sacaron”, declaró la representante indígena Lidia Palacios, de 60 años de edad, durante la sesión. Según ella, la comunidad pasa por un clima de temor a causa de la presencia de invasores, que los habrían amenazado de muerte.
Lidia denunció que el indígena Félix Ordóñez fue asesinado por los invasores después de recibir amenazas. “El Estado no hizo nada para resolver el problema”, indicó la indígena a la CorteCIDH, pidiendo que la Justicia Internacional trabaje por la evacuación de los invasores y por la devolución del territorio en su integridad. “Esos colonos tomaron el control de más de la mitad del territorio de los indígenas, que cuentan con el título legal de propiedad”, agregó Doroteo Tomás Rodríguez, 60 años, también miembro de Punta Piedra.
El Estado hondureño niega la acusación. Según el gobierno, existe un conflicto entre los derechos de dos comunidades, la de Punta Piedra y la de los invasores, de Río Miel, eximiéndose en el caso. El Estado de Honduras alega que los garífunas llegaron a la zona en 1797 y que ellos mismos habrían invadido la tierra en la que viven hoy, que era en la época ocupada por los indígenas miskitos.
Durante la sesión, James Cavallero, en nombre de la CIDH, aseveró que el Estado hondureño no cumple sus compromisos para el reacomodamiento de los residentes de Río Miel. Cavallero también denunció la creación de una reserva forestal en el territorio indígena, sin consultar previamente a la comunidad. Él destacó que la decisión emitida por la Corte va a permitir el desarrollo de jurisprudencia sobre los derechos indígenas en América Latina.
La audiencia fue parte del período extraordinario de sesiones inaugurado el último 2 de septiembre en la capital de Paraguay. Ésta fue la segunda vez que el país recibió un período extraordinario de sesiones de la CorteCIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyas resoluciones son de acatamiento obligatorio por parte de los países miembros. En 2005, el país fue el primer Estado anfitrión en la historia de estas sesiones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las audiencias son realizadas en la sede de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay.
Quiénes son
Los garífunas son un grupo étnico zambo descendiente de africanos, caribes y arahuacos, originario de varias regiones de América Central y del Caribe. También son conocidos como “garinagu” o “caribes negros”. Se estima que hay 600 mil residentes de la etnia en Honduras, Belice, Guatemala, Nicaragua y Estados Unidos. El término “garífuna” se refiere tanto al individuo como a su idioma (declarado por la Organización de las Naciones Unidas para Educación, Ciencia y Cultura – Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad), hablando también las lenguas inglesa y castellana.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com



Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/pueblos-indigenas/ind%C3%ADgenas-gar%C3%ADfunas-lanzan-denuncia-internacional-contra

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Los casos del pueblo Garífuna ante la Corte IDH y el racismo del estado de Honduras

El pasado dos de septiembre se efectuó el 51° Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en Asunción Paraguay, el cual incluyó una Audiencia Publica en relación al caso de la “Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras”, caso que fue sometido el 17 de octubre de 2013 ante la Corte IDH, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El caso versa sobre la presunta responsabilidad internacional del Estado de la violación al derecho a la propiedad de la Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros.

La comunidad de Punta Piedra sufrió hace 21 años una invasión promovida por la elite de poder de Honduras, en detrimento de una de las comunidades Garífunas que más ha logrado preservar su idioma y tradiciones, y la que depende totalmente de la agricultura para su subsistencia.

Los Garífunas en la actualidad confrontamos una serie de problemáticas que ponen en riesgo nuestra sobrevivencia como cultura diferenciada. Desde una sistemática pérdida del territorio, impulsada por las industrias extractivas, hasta la expansión de la frontera de los agrocombustibles, y la promoción de las inciertas ciudades modelo (ZEDE).

El caso de la comunidad de Punta Piedra es el segundo caso de las comunidades Garífunas que se ventila ante la Corte IDH en el transcurso del año. En el mes de mayo se dio una audiencia pública sobre el caso de Triunfo de la Cruz, en relación a la violación del ejercicio del derecho de la propiedad comunitaria y el Consentimiento, Previo, Libre e Informado (CPLI).

Para el pueblo Garífuna el caso de la comunidad de Punta Piedra es de una enorme relevancia, ante la crítica situación que enfrentamos por haberse convertido nuestro territorio en una de las áreas más violentas del planeta y donde la presencia del Estado es casi inexistente, y en la última década el corredor entre la Bahía de Trujillo y la Moskitia se encuentra controlado por grupos asociados al crimen organizado.

A pesar de haber sido reconocida en diversas ocasiones nuestra condición como pueblo indígena por el Estado de Honduras, este ha venido denegando nuestra indigenidad ante la Corte IDH, incluso, ha llegado al desatino de aseverar que invadimos el territorio del pueblo Miskito.

Posterior al arribo de nuestro pueblo a Honduras en 1797, el rey Miskito George Frederick II, vendió las tierras de la serranía de Payas a Gregor Macgregor, tal como consta en Suffolk Country Road Office, Ipswich, Ha 157/6/79. Macgregor procedió a fundar la imaginaria república de Poyas, que se convirtió en una de las mayores estafas del siglo XIX. Casualmente la concesión entregada por los Miskitos al bucanero escocés de 140 mil kilómetros cuadrados, es donde se encuentra actualmente ubicada la comunidad de Punta Piedra. Los Garífunas ocupamos la serranía de Poyas después del fiasco de Macgregor, cuando cientos de ingleses fueron estafados con la imaginaria república y los pocos sobrevivientes de la aventura se replegaron a Belice.

Los Miskitos nunca establecieron alguna aldea en la franja entre el rio Sico y la Bahìa de Trujillo. La comunidad Miskita de Belen, localizada al este del río Sico fue fundada en 1875, mientras el rio Sico (Black river) fue un asentamiento británico, durante mas de un siglo y abandonada finalmente en 1787 bajo los términos de la convención Anglo española de 1786.

El Estado de Honduras utilizó un argumento similar en la audiencia ante la Corte IDH, efectuada en el mes de mayo en relación al caso de la Triunfo de la Cruz, cuando adujo que el territorio ocupado por el pueblo Garífuna, le pertenece al pueblo Tolupan, el que efectivamente recibió un titulo del estado en 1864 a instancias del padre Subirana, sin embargo los Tolupanes se habían replegado hacia las montañas del interior del país a inicios del siglo XVI, dos siglos antes del arribo de nuestro pueblo a la costa Caribe de Honduras.

Existe una basta jurisprudencia de la Corte IDH en relación a los territorios ancestrales de los pueblos indígenas que ha sido ignorada por el Estado de Honduras desde las sentencias de los casos Aguas Tigni hasta el pueblo Sarayaku, las cuales son enfáticas sobre, como el estado debe garantizar el ejercicio de la propiedad sin interferencia de terceros.

En la audiencia efectuada en Paraguay, los representantes de la CIDH fueron enfáticos en resaltar la condición de los Garífunas como pueblo indígena, argumento con el cual el Estado pretende desestimar la aplicación del convenio 169 de la OIT y por ende el derecho a la implementación del CPLI.

A partir del golpe de Estado del año 2009, el poder ejecutivo y legislativo han venido imponiendo una serie de proyectos de corte neocolonial en los territorios de los pueblos indígenas sin que se haya efectuado ninguna consulta. Desde la construcción de represas hidroeléctricas hasta la entrega de la plataforma marítima a la compañía británica BG, los funcionarios estatales persisten en confundir socialización con el CPLI, dando lugar a una serie de violaciones tanto el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, además del Convenio de Biodiversidad.

Los delegados del Estado en la audiencia reflejaron el racismo imperante en el país, además de incurrir en fomentar un antagonismo entre los pueblos indígenas promoviendo la falacia que los Garífunas hemos invadido los territorios de los pueblos Tolupan y Mis sin que hasta la fecha exista reclamo territorial alguno por parte de esos pueblos en relación al territorio ancestral ocupado por el pueblo Garífuna desde hace más de dos siglos.

Esperamos que la futura sentencia emitida por la Corte IDH sea acatada por el Estado de Honduras, y se elabore una Ley CPLI consensuada con los pueblos indígenas y no solamente con grupúsculos adeptos a la actual administración, como viene promoviendo ONU-REDD en Honduras, la cual está fraguando una ley a la medida de los despojos territoriales planificados alrededor de las falsas soluciones al cambio climático.

Un hecho inusual, es el silencio al que se han llamado los medios de comunicación locales, al eludir a toda costa cualquier mención de la audiencia ante la Corte IDH. Los propietarios de los medios forman parte de la reducida elite de poder, que saquean los bienes y recursos del estado, así mismo son los que están entregando los remanentes de la soberanía a través de las “Ciudades Modelo” o ZEDES, que son lo mismo.

Sambo Creek, 4 de Agosto del 2014

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2014/09/05/los-casos-del-pueblo-garifuna-ante-la-corte-idh-y-el-racismo-del-estado-de-honduras/

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CorteIDH juzga el alcance del derecho a la tierra de indígenas en A. Latina

Un caso de Honduras sobre el derecho a la propiedad comunal de la tierra, que enfrentó hoy en una audiencia a indígenas contra el Estado, abre espacio para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) establezca un precedente aplicable a toda América Latina.
Agencia EFE | Septiembre 2 de 2014

 

César Muñoz Acebes

Asunción, 2 sep (EFE).- Un caso de Honduras sobre el derecho a la propiedad comunal de la tierra, que enfrentó hoy en una audiencia a indígenas contra el Estado, abre espacio para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) establezca un precedente aplicable a toda América Latina.

La recuperación de sus territorios ancestrales es una problemática recurrente en toda la región, que a menudo confronta a los nativos con intereses ganaderos, agrícolas o mineros.

Por ello, sus defensores están pendientes de la jurisprudencia que el máximo tribunal de derechos humanos cree en este caso, cuya última audiencia tuvo lugar hoy en Asunción, donde la CorteIDH tiene sesiones esta semana.

Al contrario que otros pueblos, los indígenas garífunas de la comunidad Punta Piedra tienen un título de propiedad, otorgado por el Estado hondureño, de 2.313 hectáreas en una zona remota de la costa Atlántica.

Su problema es que desde 1993 comenzaron a entrar colonos no indígenas, que se asentaron en un área conocida como Río Miel.

La primera ola de campesinos fue reemplazada posteriormente por invasores de mayor nivel económico, algunos de los cuales se dedican a actividades ilícitas, según los indígenas.

Ellos acusan al Estado hondureño de violar su derecho a la propiedad, por supuestamente incumplir el deber de garantía frente a esa invasión.

“Lo que queremos es que el Estado nos devuelva el territorio que nos han quitado”, reclamó Lidia Palacios, de 60 años, que testificó en representación de la comunidad garífuna, un grupo étnico descendiente de los indígenas caribes y esclavos africanos.

Doroteo Rodríguez, otro miembro de la comunidad, de 60 años, señaló que los no indígenas han tomado el control de más de la mitad del territorio, algo que disputó el subprocurador hondureño, Jorge Abilio Serrano, quien dijo que ocupan solo 646 hectáreas.

El representante estatal negó que se haya violado el derecho a la propiedad de la comunidad y dijo que lo que existe es un conflicto entre los derechos de comunidades: la de Punta Piedra y la de Río Miel.

“Cuando el Estado tituló la tierra a favor de la comunidad de Punta Piedra ya la tierra estaba habitada por los pobladores de Río Miel. Entonces fue un desafuero del Estado, que violentó el derecho de ocupación de los pobladores de Río Miel”, dijo a Efe el subprocurador.

“Fue un error” del Estado, admitió el subprocurador, quien indicó que Honduras acatará el dictamen de la Corte sobre el caso.

En su intervención, Serrano aseveró que los garífunas llegaron a la zona en 1797 y que ellos también invadieron la tierra, pues era de los indígenas miskitos.

Por su parte, Palacios testificó que en la comunidad existe un clima de temor por la presencia de los invasores, que según ella los han amenazado de muerte y asesinaron al indígena Félix Ordóñez, según denunció la mujer, quien ofreció su testimonio en la lengua garífuna.

“El Estado no ha hecho nada para resolver el problema”, se quejó Palacios, que pidió que evacúe a los invasores y les devuelvan su territorio íntegro.

En la sesión también intervino James Cavallaro en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien aseveró que el Estado ha incumplido sus compromisos para la reubicación de los residentes de Río Miel.

También denunció la creación de una reserva forestal en el territorio indígena sin consultar a la comunidad previamente.

Cavallaro aseveró que el fallo que emita la Corte en este caso “permitirá el desarrollo de la jurisprudencia sobre los derechos indígenas” en América Latina.

Christian Callejas, el abogado de la comunidad, dijo esperar que la Corte establezca en su dictamen un procedimiento para desalojar a personas que ocupen territorios indígenas mediante algún tipo de indemnización, que pueda aplicarse en otros conflictos similares en el continente.

En su opinión, la Corte ya ha creado un precedente al admitir las declaraciones de testigos ante autoridades indígenas en este caso. “Ningún notario quería entrar en la zona por los narcos”, dijo a Efe.

Los nativos afirmaron en la audiencia que la pérdida de territorio ha causado perjuicios a sus medios de subsistencia, a su cultura y sus costumbres.

“La tierra para nosotros es nuestra vida. La cuidamos y protegemos porque es todo lo que tenemos”, testificó Palacios. EFE

cma/jm/eat

Fuente: http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/corteidh-juzga-el-alcance-del-derecho-a-la-tierra-de-indigenas-en-a-latina/20140902/nota/2395733.aspx

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Indígenas acusan a Honduras ante CorteIDH de violar su derecho a la tierra

Indígenas garífunas de la comunidad Punta Piedra acusaron hoy al Estado de Honduras de violar su derecho a la tierra en una sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la capital paraguaya, en la que los representantes gubernamentales negaron las alegaciones.
Agencia EFE | Septiembre 2 de 2014

Asunción, 2 sep (EFE).- Indígenas garífunas de la comunidad Punta Piedra acusaron hoy al Estado de Honduras de violar su derecho a la tierra en una sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la capital paraguaya, en la que los representantes gubernamentales negaron las alegaciones.

“Lo que queremos es que el Estado nos devuelva el territorio que nos han quitado”, reclamó Lidia Palacios, de 60 años, que testificó en representación de la comunidad garífuna, un grupo étnico descendiente de los indígenas caribes y esclavos africanos.

La demanda acusa al Estado hondureño de violar el derecho a la propiedad de esa comunidad, por supuestamente incumplir el deber de garantía frente a la invasión por parte de personas no indígenas de las tierras que le pertenecen a la comunidad.

Esos colonos han tomado el control de más de la mitad del territorio de los indígenas, que cuentan con el título legal de propiedad, según testificó Doroteo Tomás Rodríguez, otro miembro de la comunidad, de 60 años.

En cambio, el Estado hondureño negó que se haya violado su derecho a la propiedad. A su juicio, existe un conflicto entre los derechos de comunidades, la de Punta Piedra y la de los invasores, en Río Miel.

El Estado también aseveró que los garífunas llegaron a la zona en 1797 y que ellos mismos invadieron la tierra, que era de los indígenas miskitos.

Palacios testificó que en la comunidad existe un clima de temor por la presencia de los invasores, que según ella les han amenazado de muerte.

Félix Ordóñez, un indígena, fue asesinado por ellos tras recibir esas amenazas, indicó la mujer, quien ofreció su testimonio en la lengua garífuna.

“El Estado no ha hecho nada para resolver el problema”, se quejó Palacios, que pidió que evacúe a los invasores y les devuelvan su territorio íntegro.

En la sesión también intervino James Cavallaro en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien aseveró que el Estado hondureño ha incumplido sus compromisos para la reubicación de los residentes de Río Miel.

También denunció la creación de una reserva forestal en el territorio indígena sin consultar a la comunidad previamente.

Cavallaro aseveró que el fallo que emita la Corte en este caso “permitirá el desarrollo de la jurisprudencia sobre los derechos indígenas” en América Latina.

La audiencia de hoy es parte de un periodo extraordinario de sesiones inaugurado el lunes en Asunción, en el que la Corte también tratará el caso “Wong Ho Wing contra Perú”, sobre la presunta detención arbitraria de un ciudadano chino, quien fue sometido a un proceso de extradición demasiado extenso, pues tardó al menos cinco años.

Es la segunda vez que Paraguay recibe un período de sesiones extraordinario de la CorteIDH. En el 2005 fue el primer Estado anfitrión en la historia de estas sesiones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Las audiencias se llevan a cabo en la sede de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay.

La CorteIDH es un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros. EFE

cma/ar

Fuente: http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/indigenas-acusan-a-honduras-ante-corteidh-de-violar-su-derecho-a-la-tierra/20140902/nota/2395107.aspx

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Estado de Honduras deniega condición de indígena al pueblo Garífuna.

El estado de Honduras esgrime ante la Corte interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como parte de su defensa ante los despojos territoriales cometidos en detrimento de la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz, una denegación de nuestra condición como pueblo indígena, y de esta forma pretende eludir la aplicación del convenio 169 de la OIT.

Desde hace más de una década, las diferentes administraciones gubernamentales en Honduras, han venido reduciendo nuestra condición de pueblo indígena a simples afrodescendientes, intentando sobreponer la raza sobre la cultura.

Es innegable la amalgama genética y cultural entre amerindios y africanos, la cual determina nuestra riqueza cultural, reconocida por la UNESCO con la declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2001. Hasta la fecha preservamos el idioma Garifuna clasificado como arawak, maipure norteño. Además poseemos nuestra religión animista el Dugü, y conservamos las técnicas de producción del casabe provenientes de los pueblos circunscritos en las culturas de la yuca amarga.

Los Garinagu (Garifunas) somos herederos del pueblo kalina, el que se desplazó desde el Orinoco hacia las Antillas, existiendo hasta la fecha una continuidad histórica y una innegable herencia cultural. Como pueblos del circum caribe posemos conexiones con los Caribes rojos de la isla de San Vicente y los kalinagu de la isla de Dominica.

Por supuesto que existe la auto identificación como pueblo indígena, a pesar de la campaña estatal de desconocer nuestro bagaje cultural y tratar de reducirla a una simple y miope cuestión de raza. Como Garinagu (garifunas) el idioma y la religión son parte esencial de nuestra unidad cultural, además somos el pueblo indígena en Honduras que ha conservado más hasta la fecha tanto las tradiciones culturales y el territorio.

En los títulos ejidales extendidos por el Estado de Honduras en el siglo XIX, a favor de las comunidad de Punta de Hicacos (Santa Fe) y la Puntilla (Puerto Castilla) se les denominó caribales por el apelativo de Caribes Negros con el cual fuimos denominados por los británicos en el siglo XVIII. Ya para inicios del siglo XX se extendió el título a favor de Cristales y Rio Negro a nombre de los “morenos”.

La visión de territorio comunitario es parte integral de nuestra cosmovisión, cimentada en la familia extensa y la matrifocalidad, la cual perdura hasta la fecha. Los afeduhatiñu (los grupos de danza de las mujeres), son las organizaciones más antiguas, alguna de ellas centenarias y con presencia en todas las comunidades, encargadas de la transmisión oral e intergeneracional.

Hasta los despojos territoriales perpetrados por Miguel Facusse y Punta Farallones y el general Castro Cabus a principios de la década de los años 90, existió una continuidad territorial desde Santa Rosa de Aguan hasta Plaplaya, abarcando más de 25 comunidades Garífunas. Previo a la apropiación de Castilla por la Empresa Nacional Portuaria en el año 1978, la continuidad territorial existía desde Guadalupe hasta Plaplaya.

El Estado de Honduras y la premeditada conversión de Garífunas a simples afrodescendientes.

Los Garífunas hemos sido siempre orgullosos de no haber pasado por el ritual de ser marcados como esclavos. La herencia de los náufragos africanos que arribaron a San Vicente a mediados de los siglo XVII, y de los indígenas Arawak Caribes, se convirtió en un sincretismo cultural de los más ricos del continente americano.

Sin embargo, a finales de los años 90 comienza una ofensiva por parte del Estado de Honduras para desestimar nuestra condición como pueblo indígena y recalcar lo de minoría étnica no autóctona. Cabe señalar que los pueblos indígenas en Honduras somos productos de las migraciones de otras partes del continente, desvirtuando el concepto de autóctonos, con con el que suelen algunos funcionarios descalificar al pueblo Garìfuna; por el hecho de haber arribado a Honduras hace dos siglos, alimentando así la noción arraigada entre muchos compatritotas que los garífunas somos extranjeros.

Es importante recalcar que la elite dominante del país está conformada en su mayoría por descendientes de cristianos maronitas y libaneses denominados localmente como turcos, y algunas familias de extracción judía. A estas minorías no se les suele cuestionar su origen o clasificarlos como extranjeros, ya que ellos aparte de ser los dueños de los medios de comunicación encargados de manipular más que de formar la opinión del pueblo, también controlan los medios de producción del país.

El Estado durante décadas se ha abstenido en lo posible de utilizar el termino pueblos, sustituyéndolo por etnias. A pesar que las etimologías de la palabra pueblos y etnias tienen su aparente semejanza (la primera proviene del latín populus y la segunda del griego ethnos); las minorías étnicas carecen de derechos jurídicos internacionalmente reconocidos.

En el caso de la sustitución de pueblo negro por simple afrodescendiente, da la impresión que se limita a una visión occidental (blanca) de una supuesta corrección política, soterrando el concepto de negritud, acuñado por el poeta martiniqueño Aime Cesaire junto al poeta senegales Leopold Senghor a inicios del siglo pasado como respuesta al colonialismo mental impuesto por las culturas eurocéntricas.

Desconocer nuestra condición como pueblo indígena, es un argumento para no aplicar el Convenio 169 de la OIT, y excluir de esta forma la implementación del derecho a la Consulta-consentimiento, previo, libre e informado (CPLI), el que ha sido pisoteado de forma sistemática hasta la fecha. Basta ver la farsa cometida con la exploración y explotación de petróleo a manos del Grupo BG, la construcción de hidroeléctricas en territorios de los pueblos indígenas en todos los confines del país y la creación de áreas protegidas inconsultas.

Los casos que en este momento las comunidades Garífunas acompañadas por la OFRANEH ventilan ante la Corte IDH y en la CIDH en su mayoría incluyen violaciones al Convenio 169. En el caso de Triunfo de la Cruz, el estado asegura haber efectuado una socialización y consulta. Aparentemente los asesores jurídicos del Estado pretenden desconocer la enorme diferencia que existe entre socialización y consulta-consentimiento. Este es uno de los puntos torales en la mayoría de las problemáticas que afectan a los pueblos indígenas del continente, generando enormes conflictos sociales, donde los estados-nación tratan de imponer modelos de “desarrollo” ajenos a las cosmovisiones indígenas, culminando en frecuentes masacres y desplazamientos poblacionales.

La primera semana de septiembre, el Estado acudirá al Paraguay, a una audiencia de la Corte IDH sobre el caso de la comunidad Garífuna de Punta Piedra, por el despojo cometido en el año 93, cuando el general Castro Cabus, indujo una invasión de un supuesto grupo campesino para apropiarse de las tierras de esa comunidad. Mientras tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ventilan dos casos en relación a Cayos Cochinos, y San Juan Tela, además de otras peticiones. La mayoría de estos casos y peticiones están cimentados en el Convenio 169 de la OIT y el CPLI

Es hora que el Estado revierta la ignorancia demostrada en materia jurídica y antropológica. Existen pueblos indígenas en todos los confines del planeta. La persistencia en anteponer raza a cultura se convierte en una amenaza para el pueblo Garífuna y los demás pueblos indígenas del país.

Sambo Creek, 19 de Agosto del 2010

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2014/08/20/estado-de-honduras-deniega-condicion-de-indigena-al-pueblo-garifuna/

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CorteIDH verá casos de Honduras y Perú en sesión extraordinaria en Paraguay

19:15
14
Agosto
2014
San José – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, realizará un periodo extraordinario de sesiones en Paraguay entre el 1 y el 4 de septiembre, en el que verá dos casos de Honduras y Perú, informó hoy el tribunal.
La primera audiencia pública se llevará a cabo el 2 de septiembre por el caso conocido como “Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros contra Honduras”, indicó la corte en su página de internet.

La demanda acusa al Estado hondureño de violar el derecho a la propiedad de la Comunidad Garífuna Punta Piedra al incumplir el deber de garantía frente a la invasión por parte de personas no indígenas de las tierras y territorios que le pertenecen a la comunidad.

El día 3 de septiembre, la CorteIDH efectuará la audiencia por el caso llamado “Wong Ho Wing contra Perú”, el cual se refiere a la presunta detención arbitraria de un ciudadano chino, quien fue sometido a un proceso de extradición demasiado extenso que tardó al menos cinco años.

El periodo de sesiones se llevará a cabo en la sede de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, donde también se realizará el día 4 el seminario internacional “La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Control de convencionalidad y el impacto de sus decisiones”.

La CorteIDH es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros.

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/08/14/Term%C3%B3metro/CorteIDH.ver.C/90762.html

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